Daño punitivo: ¿Cuándo hay enriquecimiento sin causa y cuándo no?

Autor: Díaz Cisneros, Adriano P.

Fecha: 8-nov-2017

Cita: MJ-DOC-12262-AR | MJD12262

Sumario:

I. Introducción. La crítica al daño punitivo. II. La refutación a la crítica. III. ¿Cuándo hay enriquecimiento sin causa, entonces, por aplicación del daño punitivo? IV. Acerca de las figuras alternativas al daño punitivo y sus graves inconstitucionalidades. V. Conclusiones.

Doctrina:

Por Adriano P. Díaz Cisneros (*)

I. INTRODUCCIÓN. LA CRÍTICA AL DAÑO PUNITIVO

Los críticos del «daño punitivo» -con destino al consumidor- suelen basar su recelo en lo que señalan que podría conformar un enriquecimiento sin causa de la víctima.

Como dice Shina, el enriquecimiento sin causa es la crítica favorita de los detractores de los daños punitivos (1).

En efecto, desde que se comenzó la discusión sobre la incorporación del daño punitivo al derecho argentino, estuvo -en algunos autores- la idea sobre un supuesto enriquecimiento sin causa del consumidor.

Puede mencionarse, al respecto, la postura de Picasso: el autor opina que el daño punitivo sería inconstitucional, entre otras cosas, por afectar la igualdad ante la ley al consagrar un enriquecimiento sin causa a favor del actor y no a favor de otras personas (2).

En diversas iniciativas legislativas, se intentó, con eco en esta corriente preocupada por un supuesto enriquecimiento sin causa de la víctima, darle a la multa un destino diferente.

La versión original del art. 1587 del Proyecto de Código Civil de 1998, fue concebido en los siguientes términos: «El tribunal tiene atribuciones para aplicar una multa civil a quien actúa con grave indiferencia respecto de los derechos ajenos o de los intereses de incidencia colectiva. Su monto se fija tomando en consideración las circunstancias del caso, en especial los beneficios que aquel obtuvo o que pudo haber obtenido con su conducta, y tiene el destino que le asigne el tribunal por resolución fundada».

Como se ve, fruto del argumento acerca del supuesto enriquecimiento sin causa, se pretendía darle al Tribunal la atribución de decidir este destino, dotándolo de una discrecionalidad tan grande, como grande sería la incerteza del consumidor respecto del resultado de su juicio.

Luego de su paso por la Cámara de Diputados quedó redactada de la siguiente forma:El Tribunal tiene atribuciones para aplicar una multa civil a quien actúa con grave indiferencia respecto de los derechos ajenos cuando afecte o pudiere afectar intereses de incidencia colectiva. Su monto se fija tomando en consideración las circunstancias del caso, en especial los beneficios que aquel obtuvo o pudo haber obtenido con su conducta. La multa se destinará al “Fondo de garantía para víctimas” con el objeto de cubrir las indemnizaciones fijadas por sentencias contra deudores insolventes que se creen en las respectivas jurisdicciones. El tribunal podrá destinar a la víctima del caso un porcentaje de la multa no mayor al treinta por ciento. La multa solo podrá imponerse una vez por los mismos hechos. A tal fin, el Ministerio de Justicia centralizará en un registro especial la información sobre las multas que se impongan por los distintos tribunales del país, informe que deberán pedir los tribunales antes de resolver sobre su imposición».

Como se ve, en esta redacción, se forzaba al juez a quitarle por lo menos un 70% de la multa civil al consumidor y a destinarla a fines sociales.

En el Anteproyecto de Código Civil y Comercial, también -en un nuevo intento- se procuraba despojar al consumidor accionante de recibir la totalidad del monto.En efecto, esta vez con el nombre de la «Sanción Pecuniaria Disuasiva», se le confería al juez la atribución -otra vez- de decidir el destino de la multa, y todo ello porque algunos autores consideran que el daño punitivo -por sí mismo- genera un enriquecimiento sin causa.

Como muestra de que (lamentablemente) el tema no se superó, hoy tramita en Cámara de Diputados un proyecto de ley que pretende resucitar la figura (3) y volver a implantar una sistema donde el destino de la multa terminaría siendo decidido por el juez a su discreción.

Además, en un reciente fallo de Cámara de Tucumán, el voto de la minoría decidió negarle al consumidor el destino de la multa y destinarlo a una Sociedad de Beneficencia (4).

Por lo tanto, la discusión es actual: Para una rama de la doctrina, todo monto de la indemnización al actor que esté por encima de la reparación plena equivaldrá a un enriquecimiento sin causa.

II. LA REFUTACIÓN A LA CRÍTICA

A mi entender, hay dos argumentos que refutan esta teoría. Los podemos llamar así: el «argumento teleológico» y el «argumento deontológico».

El argumento «teleológico» apunta a que, si la víctima no se lleva el premio, será desalentada para reclamar.

En efecto, nadie plantearía una demanda de montos altos con todos los riesgos que ello tiene -no olvidemos que no toda la jurisprudencia reconoce con alcance amplio la justicia gratuita y que, además, aún está el incidente de solvencia- si la parte más alta del monto de la demanda será destinada a otros fines distintos a su persona.

Es el argumento más utilizado por los defensores del daño punitivo, que lo ven como un premio necesario para estimular el reclamo (5).

El argumento «deontológico», en cambio, se concentra en el beneficio social de la sentencia y en la misma teoría del enriquecimiento sin causa.Los críticos del daño punitivo, en mi opinión, hacen una mala aplicación de la figura del enriquecimiento sin causa, en tanto no consideran bien todos los aspectos de la situación que les preocupa: sobre todo dejan de considerar la externalidad que tiene la sentencia.

En efecto, mientras que una sentencia con daños resarcitorios tiene efectos que se agotan en las partes; una sentencia con daños punitivos los proyecta a terceros en tanto que se busca disuadir.

Ilustrativo de esto es el fallo «Castro Adriana» (General Roca, provincia de Río Negro) (6) donde se reconoció un daño punitivo de 200.000 pesos (20 salarios mínimos a valores actuales) -por haber imputado a la consumidora de un servicio de tarjeta de crédito una falsa deuda y haber publicado la falsa información en el Veraz-, y respecto de esta figura, se expresó lo siguiente: «No opera esencialmente como una retribución o castigo por la mala conducta, sino que acuerda un plus a la reparación integral a modo de ejemplaridad con una finalidad de prevención tanto para el empresario pasible de la misma de modo que no reincida, como para todos los operadores del Mercado que verían que no resulta finalmente conveniente seguir tal senda, aunque en principio les tentare por sus iniciales réditos económicos» (7).

Como se ve, no se trata de una sentencia con efectos apuntados a las partes, sino que se los proyectan terceros, ya que se busca «prevenir» hechos que impactarían en terceros y dar una señal al mercado.

Esta externalidad de la sentencia debe ser cuidadosamente estudiada, porque se advierte que es un beneficio social: «la prevención de daños a partir de la disuasión». ¿De qué se trata este beneficio? ¿Qué valor tiene? ¿Qué es este sobrante de la sentencia?No se ve en la doctrina crítica del daño punitivo que haya mucha atención en la forma en que corresponde -de acuerdo con el Derecho- procesar económicamente este «sobrante» o externalidad de la sentencia.

Al prestar atención a esta externalidad, se advierte que la sociedad paga por la disuasión, en tanto se mantienen oficinas administrativas que colocan multas administrativas y que luego luchan en la Justicia por lograr que las multas queden firmes. Como estas oficinas son deficitarias, se observa que la sociedad considera que la disuasión de daños es 1. un beneficio social, 2. un beneficio por el que está dispuesta a pagar, y 3. está dispuesta a pagar por cada multa aun más que su valor.

Por lo tanto, si la sociedad pretende beneficiarse con esta disuasión resultante de la actividad privada del actor, estaría parasitando su esfuerzo y concretando un enriquecimiento sin causa a su favor y en perjuicio del actor. Resulta que obramos en contra del Principio de la Buena Fe y nos ponemos en contradicción con nuestros actos propios, si no le queremos reconocer al actor la totalidad de la multa, cuando, como sociedad, nos interesa y disfrutamos de la disuasión de daños y, además, pagamos por cada multa aun más que su valor.La Corte Suprema de Justicia de la Nación ha dicho que, en el caso de inexistencia del contrato de locación de servicios, «la doctrina del enriquecimiento sin causa sustentaba la demanda» (8) y también ha dicho que «si bien, como principio, la falta de comprobación de un contrato válido excluye la responsabilidad de la provincia demandada, no es ello obstáculo para la admisión de la obligación de la provincia cuando media efectiva prestación de servicios a ella, por aplicación de la doctrina del enriquecimiento sin causa» (9).

Por lo tanto, basta con advertir que la sociedad considera a la «disuasión de daños» un beneficio social y paga por este beneficio para entender que, en ausencia de disposición expresa, debería reconocer al privado que aportó este mismo beneficio con arreglo a la figura del enriquecimiento sin causa. Si, en ausencia de una disposición que dice que el destino es para el consumidor, lo debería hacer igual; de todas maneras insoslayable resulta hacerlo si así lo dispone la misma ley.

Este último factor podría ser un tercer argumento y quizá sea el más fuerte de todos: los autores que se encolumnan en este aspecto afirman que, si el legislador dispuso el premio, entonces es suficiente antecedente para que el consumidor lo reclame… y punto. (10).

No obstante, este último argumento da blindaje al «daño punitivo» en la legislación actual («de lege lata»), pero no lo blinda contra propuestas de modificación de la ley («de lege ferenda»).

En conclusión: el argumento teleológico y el argumento deontológico destruyen la teoría de que aplicar el daño punitivo equivaldrá, «per se», a un enriquecimiento sin causa por superarse el monto de la reparación plena. En tanto el actor aporta un beneficio social (disuasión de daños), tiene derecho a recibir una compensación económica como sucede regularmente cuando alguien aporta algo de valor a sus semejantes.

III. ¿CUÁNDO HAY ENRIQUECIMIENTO SIN CAUSA, ENTONCES, POR APLICACIÓN DEL DAÑO PUNITIVO?Como primera conclusión, tenemos que el daño punitivo por su sola aplicación no implica un enriquecimiento sin causa, en tanto la sentencia que logra el actor de la causa tiene una externalidad positiva (disuasión de daños) y puede merecer una compensación económica por dicho aporte de valor.

No obstante, puede estudiarse aún con más precisión este tema.

Fábrega Ponce, en su tratado «El Enriquecimiento sin Causa», explica que, en distintos países, se verifica que la figura del enriquecimiento sin causa se aplica para casos donde el empobrecimiento se entiende como el «no aumento» del patrimonio del demandante (11).

En esta dirección -donde hay enriquecimiento sin causa y el empobrecimiento se entiende como «no aumento»- distintos tribunales han considerado supuestos de enriquecimiento sin causa como locaciones de servicios en ausencia de contrato de locación de servicios, el caso de una persona que ocupa una casa deshabitada en ausencia de contrato de locación -el no aumento, sería el canon locativo que no se pagó-, supuestos de uso de derechos intelectuales en ausencia de contratos de regalías, entre muchos otros casos donde se entiende que hay enriquecimiento sin causa aun sin gastos, pero el requisito del empobrecimiento se considera como englobado por el «no aumento» (Ver FABREGA Ponce: El Enriquecimiento sin causa) (12).Por lo tanto, aquí tenemos un caso donde el daño punitivo podría producir un enriquecimiento sin causa. Si el destino de la indemnización no se le reconociera íntegramente al actor, entonces habría un enriquecimiento sin causa en tanto el requisito de empobrecimiento estaría dado por el «no aumento» de su patrimonio y el beneficio injustificado sería el de la sociedad ya que la sociedad obtendría, a sus expensas, un beneficio de disuasión de daños. Se trata de un beneficio social que 1. a la sociedad le interesa 2- la sociedad paga por ese beneficio social en tanto se mantienen oficinas administrativas que ponen multas 3.la sociedad paga por las multas aun más que su valor, porque las oficinas estatales son deficitarias.

Una correcta aplicación de la teoría del enriquecimiento sin causa nítidamente ve que habría enriquecimiento sin causa si la sociedad pretendiera beneficiarse de la actividad privada del actor sin reconocerle por el beneficio que está aportando.

Ahí tenemos un caso de enriquecimiento sin causa: no destinarle el daño punitivo al actor.

No obstante, no es la única forma en que se podría verificar un enriquecimiento sin causa. También podría darse el caso del enriquecimiento sin causa del actor o del consumidor accionante.

Veamos.

Según lo dice cierta prestigiosa doctrina, el daño punitivo no puede ser inferior ni superior a lo que resulte necesario para disuadir (13).

Por lo tanto, si en una sentencia con daño punitivo el monto fuera superior a lo que es necesario para disuadir, sí habría un enriquecimiento sin causa, ya que el actor estaría recibiendo un «Plus» injustificado por el cual no está aportando nada.

En un caso de esas características, habría que reducir el Daño Punitivo hasta lo estrictamente necesario para disuadir, de modo de prevenir el enriquecimiento sin causa del actor.

En conclusión: en la medida en que la sentencia tiene una externalidad (disuasión de daños), y esa externalidad es un beneficio social, resulta que debe destinarse la totalidad de la multa al actor para prevenir un enriquecimiento sin causa de la sociedad a sus expensas, pero también es importante graduar bien la multa para que no supere lo estrictamente necesario para disuadir, ya que cualquier exceso sobre este límite sí podría configurar un enriquecimiento sin causa de parte de quien estaría recibiendo un «adicional» sin aportar un beneficio alguno por el mismo.

IV.ACERCA DE LAS FIGURAS ALTERNATIVAS AL DAÑO PUNITIVO Y SUS GRAVES INCONSTITUCIONALIDADES

Con arreglo a la crítica del «enriquecimiento sin causa» que para algunos autores supondría la sola aplicación del daño punitivo, se discuten distintas formas de solución alternativa.

En general, están los que promueven un destino mixto y aquellos otros que le pretenden conferir al juez la total discrecionalidad de decidir el destino bajo la única condición de resolución fundada, como el caso de la llamada «sanción pecuniaria disuasiva» que contenía el Anteproyecto de Código Civil y Comercial.

Muchos autores se inclinan por soluciones de destino «mixto», en nombre incluso de un pragmatismo, ya que creen que las mismas podrían ayudar a que los jueces aumenten el monto de las indemnizaciones. No obstante, hay que partir del supuesto de que los jueces saben derecho y aplicarán bien las indemnizaciones tal como corresponde; no se puede modificar un instituto bajo la resignación a que los magistrados no conozcan bien una figura o no la sepan utilizar.

Frecuentemente se diferencian dos tesis. La «tesis individualista» (destino total para el consumidor) de la llamada «tesis solidaria», entendida esta última como cuando parte -o todo- del destino de la multa va a fines sociales(14).

A mi entender, la expresión tesis solidaria puede dar lugar a equívocos porque la solidaridad es libre de parte de quien la ejerce, la solidaridad es espontánea. En cambio, cuando la solidaridad es forzada, esto no se llama solidaridad, sino «carga pública».

La «tesis solidaria» debería considerar que el monto de la solidaridad que una sociedad exige a sus individuos (solidaridad forzada, carga pública) debería ser igualitaria porque, de otra manera, se podría producir una gran injusticia. La única forma justa de establecer un «régimen mixto» o «solidario» para los daños punitivos consistiría, entonces, en grabarlos con el impuesto a las ganancias. Por ejemplo, muchos autores hablan del famoso 50/50 solidario del destino de la multa. Pero la única forma justa de establecer el 50/50 sería 1.grabarlos con el impuesto a las ganancias, 2. subir el impuesto a las ganancias al 50% ¿Es mucho el 50% de impuesto a las ganancias? Bien, si el 50% de «solidaridad forzosa» parece mucho para los empresarios, entonces también será mucho para los consumidores.

No es justo que al consumidor le saquen más que al empresario para fines sociales y, por ello, la intuición moral, con la fotografía completa, aprueba rápidamente la solución que dispone nuestra Constitución Nacional: la «igualdad de las cargas públicas» (art. 16 de la CN).

En realidad, el consumidor demandante se asimila a quien tuvo ganancias sin ser «habitualista» (ya que no es su oficio habitual demandar a proveedores), y, por lo tanto, está exento. Cobrarle ganancias por el daño punitivo sería violatorio de la garantía de la igualdad de las cargas públicas, ya que a otros no habitualistas no se les cobra por casos similares de ganancias fortuitas. Pero, en todo caso, si acaso la postura de cierto sector que pregona la solidaridad a todo trapo prevaleciera, podría instrumentarse legislativamente mediante una modificación de la ley de impuesto a las ganancias que estableciera que el daño punitivo está grabado. De esa manera, la intención de solidaridad se aplicaría de forma justa, porque no le quitarían al consumidor para fines sociales (y por «solidaridad») más que lo que se les quita a los empresarios.

Por eso, la llamada «sanción pecuniaria disuasiva» -y otras soluciones distintas al daño punitivo, donde se pretende autorizar a un juez a sacarle a un consumidor para fines sociales aun más de lo que les sacan a los empresarios- resulta injusta, regresiva y violatoria de una garantía constitucional esencial como lo es «la igualdad de las cargas públicas». No se les puede poner a los daños impositivos un «régimen impositivo sui géneris» más gravoso sin caer en una situación profundamente injusta, regresiva y violatoria de la «igualdad de las cargas públicas» (art.16 de la CN).

Además, si el afán de solidaridad se canaliza grabando el daño punitivo con el régimen del impuesto a las ganancias, entonces será el Congreso de la Nación quien fije la escala y los topes -hoy el 35% es el tope de la escala, a montos menores se paga menos- . Reconocer al Congreso como el espacio propio para esta discusión resulta mucho más transparente, porque el pueblo, a partir del voto a sus representantes, decidirá qué tanta solidaridad se les puede exigir a los ciudadanos. Lo importante es que la discusión acerca de cuánta solidaridad la sociedad le puede exigir a un individuo (solidaridad versus individualismo; socialismo versus capitalismo) se lleve en el plano del Congreso de la Nación y no en un despacho judicial.

Ello no sucede en la llamada «Sanción Pecuniaria Disuasiva». Este tipo de artículos, bajo el loable objetivo de la solidaridad, le dan al juez la discrecionalidad amplia para meter mano en la indemnización («sacar a los que más tienen») y utilizar una parte de ella para destinos sociales («darles a los que menos tienen»). Cuando se trata de «solidaridad forzada», entiendo que se conceptualiza, entonces, como carga pública. Por lo tanto, se trata de una delegación de facultades que son propias del Congreso de la Nación, en tanto el Poder Judicial se las estaría atribuyendo: establecer cargas públicas -sean impuestos, contribuciones, etc.- es facultad exclusiva del Congreso (arts. 4 y 75, inc. 1 , de la CN), ya que el pueblo soberano la delegó en sus representantes. La delegación de esta facultad hacia el Poder Judicial implica una grave inconstitucionalidad.

Pero, además, hay más problemas. Ese tipo de institutos que pretenden reemplazar el daño punitivo para dejarle al juez que decida su destino, autorizan a que el juez instrumente una política con el fondo recaudado resultante.Sería el caso si el juez, por ejemplo, decide destinar el monto de la indemnización para arreglar una escuela «por resolución fundada». Resulta que la administración de esos fondos y la ejecución es resorte del Poder Ejecutivo (arts. 87 y 99, inc. 1 , de la CN). Por lo tanto, cuando el juez, finalmente, ejecuta una política social de su preferencia, tenemos que, otra vez, hay una delegación a favor del Poder Judicial de funciones que son propias de otros Poderes del Estado, esta vez la ejecución y la administración que es resorte del Poder Ejecutivo (arts. 87 y 99, inc. 1, de la CN).

En conclusión: con base a la crítica del supuesto enriquecimiento sin causa del consumidor, se alientan figuras alternativas al daño punitivo donde se le da al juez discrecionalidad para decidir su destino, pero ellas adolecen de muy serias inconstitucionalidades, a. afectación de la igualdad de las cargas públicas, porque se le puede quitar al consumidor más de lo que corresponde a los regímenes impositivos, b. delegación en el Poder Judicial de una facultad que es propia del Poder Legislativo como lo es la de establecer impuestos y cargas, c. delegación en el Poder Judicial de una facultad que es propia del Ejecutivo como lo es la de administrar los fondos públicos y ejecutar con ellos las políticas, d. afectación del principio republicano, por conformar una delegación de funciones de otros poderes y una situación de «facultades extraordinarias».

V. CONCLUSIONES

Con fundamento en un supuesto enriquecimiento sin causa, algunos autores alientan el reemplazo del «Daño Punitivo por Multas Civiles» donde el mismo juez es quien decide el destino de la multa.O también hay autores que se inclinan en favor de destinos mixtos, donde soluciones incluso del 70% para fines sociales aparecen en la discusión.

A su vez, estas alternativas son palmariamente injustas y gravemente inconstitucionales, en tanto, a pretexto de la solidaridad, se pretende exigirle al consumidor que aporte más a causas sociales de lo que se les exige a los empresarios, violándose la garantía de la igualdad de las cargas públicas (art. 16 de la CN), entre otras inconstitucionalidades muy graves.

Desde esta otra óptica, en cambio, el daño punitivo no constituye por sí mismo un enriquecimiento sin causa, toda vez que la sentencia que logra el actor, con su actividad privada, tiene una externalidad de disuasión de daños que favorece a la sociedad y resulta coherente con el principio de equidad de reconocer el aporte. En cambio, una mala aplicación de la figura sí podría generar enriquecimiento sin causa en dos supuestos puntuales: a. cuando no se le reconoce al actor el destino de la multa, en tanto llevaría a que la sociedad se enriquezca a sus expensas, al parasitar el beneficio social de la disuasión de daños de su actividad privada, b. cuando el daño punitivo es de monto superior a lo estrictamente necesario para disuadir, caso en el cual el consumidor reclamante estaría recibiendo «un plus» por el cual no está aportando nada concreto de valor.

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(1) SHINA, F.: «Los Daños Punitivos en el Derecho Argentino Experiencia en el Derecho comparado», en Eldial. DC1537, 4/3/2011.

(2) PICASSO S.: «Las funciones del derecho de daños en el Código Civil y Comercial de la Nación», en RCyS, 2015-IV, 5, 2015.

(3) Proyecto de Ley 6126-D-2016, firmado por los legisladores Samanta Acerenza y Marcelo Wechler. Modifica el art. 52 bis de la Ley 24.240, reemplaza el «daño punitivo» por la «sanción pecuniaria disuasiva» y dispone que el destino ya no será para el consumidor. Buscar en http://www.hcdn.gob.ar.

(4) «Esteban, Noelia E. c.Cervecería y Maltería Quilmes S. A. s/ daños y perjuicios», Sala II de la Cámara Civil y Comercial de Tucumán. 27/7/2017.

(5) Es muy fuerte la doctrina que sostiene «el argumento teleológico contra la teoría del enriquecimiento sin causa y a favor de destinarle -al menos algo- a la víctima». Según el argumento teleológico, destinarle el monto de la multa al consumidor es necesario para alentar su reclamo. Entre muchos otros: BAROCELLI: Sergio Sebastián: «Incumplimiento del trato digno y equitativo a consumidores hipervulnerables y daños punitivos: la Suprema Corte de Buenos Aires confirma su procedencia», en DJ 29/5/2013, COLOMBRES, Fernando M.: «Los daños punitivos en la ley de defensa del consumidor», en La Ley 2008-E, 1159. SHINA, F.: «Los Daños Punitivos en el Proyecto de Reforma del Código Civil y Comercial Otro retroceso en las precarias relaciones de consumo en la Argentina», en Eldial.com DC1904. 3/8/2012. ÁLVAREZ LARRONDO, Federico M.: «La consistencia de los daños punitivos», en La Ley, 7/4/2009. JUNYENT BAS, Francisco; VARIZAT, Andrés F., y GARZINO, María C.: «Destinatario de la multa en el daño punitivo», en La Ley, 1/3/2013, 1. ROJO, Martina: «De los daños punitivos o la sanción pecuniaria disuasiva. La cuestión del destino de los fondos». 6/3/2014. Microjuris. MJ-DOC-6614-AR.

(6) «Castro Adriana Daniela c/ Compañía Financiera Argentina S.A. y otra s/ cobro de pesos» (Ordinario). Expte. A-2RO-734-C3-15, Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial y de Minería de la Segunda Circunscripción Judicial de la Provincia de Río Negro.

(7) «Castro Adriana Daniela c/ Compañía Financiera Argentina S.A. y otra s/ cobro de pesos» (Ordinario). Expte.A-2RO-734-C3-15 Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial y de Minería de la Segunda Circunscripción Judicial de la Provincia de Río Negro.

(8) Fallos de la CSJN, 255:371.

(9) Fallos de la CSJN, 262:264.

(10) Entre los autores que afirman que el daño punitivo debe ir al consumidor porque así lo dispuso el legislador, y ello es suficiente antecedente puede destacarse a BARREIRO, Rafael: «La constitucionalidad del destino de la multa civil de la Ley de Defensa del Consumidor», en La Ley, 6/9/2017. No obstante, el autor, en el mismo artículo, vuelca su aprecio por modificaciones de la ley, de acuerdo con las cuales parte de la multa -o toda- vaya a causas sociales y no a la víctima. Por otra parte, Martín Frúgoli opina que no hay enriquecimiento sin causa del consumidor en tanto que la causa de la obligación de pagarle es el hecho ilícito y la misma ley. «Daños punitivos hoy, daños punitivos en el proyecto de Código Civil y Comercial 2012 y el futuro pendiente», Frúgoli M., 26/12/2012, MJ-DOC-6125-AR.

(11) FABREGA PONCE, Jorge: El enriquecimiento sin causa. Santa Fe de Bogotá, Plaza y Janés, 1996, t. 1.

(12) Ibídem. FABREGA PONCE, Jorge: El enriquecimiento sin causa. Santa Fe de Bogotá, Plaza y Janés, 1996, t. 1.

(13) Sobre cuantificación del daño punitivo y la importancia de que no sea inferior ni superior a lo que resulte necesario para disuadir. Véase IRIGOYEN TESTA, Matías: «Monto de los daños punitivos para prevenir daños reparables», en Revista de Derecho comercial, del consumidor y la empresa, La Ley, diciembre de 2011, p. 94.

(14) Véase, por ejemplo, BRUN, Carlos: «¿Aplicación de daños punitivos por analogía?», en RCyS, 2016-II , p. 51.

(*) El autor fue abogado parte actora en la jurisprudencia «Díaz Cisneros, Adriano Patricio c/ CTI PCS S. A. s/ordinario», Sala B, Cámara Comercial. Es director del Instituto de Derecho del Usuario y del Consumidor del CPACF, miembro de la Comisión de los Derechos de Usuarios y Consumidores de la AABA y autor de artículos sobre su especialidad.