Responsabilidad del Hospital por entregar a una paciente un hijo recién nacido que no era el suyo

Partes: S. C. G. y M. A. J. c/ Hospital Julio C. Perrando y/o Provincia del Chaco s/ daño moral

Tribunal: Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial de Resistencia

Sala/Juzgado: IV

Fecha: 18-abr-2018

Cita: MJ-JU-M-110754-AR | MJJ110754 | MJJ110754

El hospital público es responsable por la prestación deficiente del servicio a su cargo en tanto entregó a una paciente un hijo recién nacido que no era el suyo. Cuadro de rubros indemnizatorios.

Sumario:

1.-Corresponde concluir que la Provincia demandada es responsable ante el daño sufrido por la actora que se internó en un hospital público a fin de obtener atención médica adecuada durante el nacimiento de su bebé y, obviamente, tenía derecho a recibir a su hijo recién nacido, obligaciones que asumió el nosocomio al admitirla como paciente, lo cual no ocurrió en tanto le fue entregado un hijo que no era suyo, lo cual configura un supuesto de servicio deficiente, puesto que sin perjuicio de que el hecho tuvo lugar sin mala fe y pudo solucionarse relativamente en forma rápida, ello no borra el yerro acaecido y ocasionó una lesión con dañosas en los actores.

2.-La responsabilidad de los establecimientos asistenciales públicos es de carácter contractual, lo que se sustenta en base a dos líneas argumentales: a) la naturaleza jurídica del vínculo existente entre el paciente y el ente asistencial, y b) la protección de principios de raigambre constitucional que permiten la subsistencia de la acción impetrada.

Fallo:

En la ciudad de Resistencia, Capital de la Provincia del Chaco, a los Dieciocho días del mes de Abril del año Dos Mil Dieciocho, reunidos en Acuerdo los Sres. Jueces de esta Sala Cuarta de la Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial Dra. MARTA IN-S ALONSO DE MARTINA y el Sr. Juez DIEGO GABRIEL DEREWICKI, tomaron en consideración para resolver en definitiva los autos caratulados: “S., C. G. Y M., A. J. C/ HOSPITAL JULIO C. PERRANDO Y/O PROVINCIA DEL CHACO Y/O QUIEN RESULTE RESPONSABLE S/ DAñO MORAL”, Expte. Nro. 18263/02-1- C, venidos en grado de apelación del Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial No 05 de esta Capital.- Practicado oportunamente Sorteo para determinar el orden de votación (fs. 501), resultó el siguiente: Sr. Juez DIEGO GABRIEL DEREWICKI y Dra. MARTA IN-S ALONSO DE MARTINA, como Jueces de Primer y Segundo Voto, respectivamente.

I.- RELACIÓN DE LA CAUSA, EL SR. JUEZ DIEGO GABRIEL DEREWICKI, dijo:

La efectuada por la Sra. Juez A-quo se ajusta a las constancias de la causa, por lo que en mérito a la brevedad a la misma me remito, dándola por reproducida en este acto. Por lo demás, la sentencia de fs. 444/450 vta. resolvió hacer lugar a la demanda de indemnización de daños y perjuicios promovida por los Sres. y contra el Hospital Julio C.

Perrando y la Provincia del Chaco, en consecuencia, condenó a estos últimos a abonar a los primeros en el término de 10 días de quedar firme el fallo, la suma de $50.000,00. Impuso costas a la demandada vencida y reguló honorarios a los profesionales intervinientes.- Contra dicho decisorio se interpusieron dos recursos de apelación:

1) el de fs. 451 incoado por el Dr. Alejandro Varela contra sus honorarios, los del Dr. Mielnik y los del Dr. Robaina, por bajos, el que se concedió a fs. 463, sin que fuera fundado por el recurrente; y 2) el de fs. 454 interpuesto por el Estado Provincial, que fue concedido a fs.463, fundado a fs. 466/469 vta. y contestado por la actora a fs. 471/472.-

Elevadas las actuaciones, tuvieron radicación ante esta Sala Cuarta de la Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial (fs. 495) de lo que se notificaran los interesados vía electrónica, conforme dan cuenta las constancias de fs. 496/497.- A fs. 500 se dictó la pertinente providencia de Autos, con lo que practicado Sorteo según Acta de fs. 501, la causa se encuentra en condiciones de ser resuelta.

II.- LA DRA. MARTA INS ALONSO DE MARTINA, dijo: Que presta conformidad a la relación de la causa efectuada por el Sr. Juez de Primer voto.

III.-SEGUIDAMENTE: El Tribunal en la opinión coincidente de sus integrantes se plantea como cuestiones a decidir las siguientes: 1) ¿Qué decisión corresponde adoptar respecto al recurso de apelación articulado a fs. 454 contra la sentencia de fs. 444/450 vta., debe ser revocada, modificada o confirmada? y 2) ¿ Qué decisión corresponde adoptar respecto a los honorarios regulados a favor de los profesionales que representan a la actora?.

IV.- A LA PRIMERA CUESTIÓN PLANTEADA, EL SR. JUEZ DIEGO GABRIEL DEREWICKI, dijo:

1. Cuestiona el apelante la sentencia recaída en la causa, solicitando su revocación en razón de los fundamentos que expone.

Asevera que el fallo no tuvo en cuenta que en el caso existió un error involuntario que fue advertido por la Pediatra el día 13/05/2002, cuando el nacimiento se produjo el 11/05/2002.Que queda así demostrado que en modo alguno se configuró en autos falta de servicio o servicio deficiente de los agentes intervinientes.- Sostiene que el pronunciamiento de grado desdeñó pruebas claras y contundentes y que el error fue inmediatamente reconocido y salvado con un sinfín de medidas al efecto, no aparejando daño de ninguna índole.

Critica la interpretación parcializada de normas y pruebas y la insuficiencia en la fundamentación de la condena que no se ajusta a la veracidad de lo acontecido, lo que habilita la apertura de la segunda instancia de la mano de la doctrina de la arbitrariedad.- Cuestiona que se atribuya responsabilidad a su parte desde el factor “falta de servicio”, calificando al error de inexcusable, sin tener en cuenta elementos de gravitación denunciados y acreditados en autos, como el retiro del hospital de la Sra. A sin esperar el alta médica.

Que la magistrada aquo desdeña las medidas adoptadas por el nosocomio para dar certeza a las madres y no considera la clara responsabilidad de la Sra. A, por quien el Estado Provincial no debe responder. Advierte que el hecho que la Sra. A escapara del Hospital sin el alta médica no es responsabilidad del nosocomio, que en todo momento adoptó las medidas de control, y adecuada prueba de ello son las pulseras de identificación de las bebes.

Señala que no medió un accionar previsible como señala la sentenciante y que se omitió merituar los elementos que operarían como ruptura del nexo causal.- Efectúa otras consideraciones, a las que en aras a la brevedad corresponde remitir, mantiene la introducción de la Cuestión Constitucional y la reserva del Caso Federal y finaliza con petitorio de rigor.

2.Como cuestión previa, resulta pertinente dejar aclarado que habiendo acaecido el hecho objeto del presente en fecha 11/05/2002 el análisis realizado por el aquo conforme las pautas normativas del Código Civil de la Nación resulta correcto.- La aplicación de dicho cuerpo legal se impone en tanto el hecho dañoso ocurrió durante su vigencia, con lo que el tipo de responsabilidad y su extensión derivada de dicho evento quedan amparadas por la ley vigente al momento de la ocurrencia de éste. Ello es así porque la situación jurídica que cada uno de los sujetos (activo/s y pasivo/s) ocupa en la relación jurídica que emerge de ese evento o hecho y las consecuencias previstas en la normas que regulan el derecho de daño se verifican y quedan establecidas al momento en que ocurre el hecho dañoso.- a. Determinado lo anterior, cabe exponer suscitamente la normativa aplicable al caso en consideración.- En tal tarea es dable señalar que cuando un paciente es atendido en establecimientos asistenciales públicos o privados hay una coexistencia de actos de carácter hospitalarios o paramédicos y de actos medicales propiamente dichos.

Estos últimos suponen una relación contractual entre el hospital o clínica y el o los médicos que integran su cuerpo médico. Dicho contrato contiene una estipulación a favor de terceros (art. 504, Cód. Civ.), o sea del paciente que requiere asistencia y/o intervención en el establecimiento sanatorial (Conf. Jorge Bustamante Alsina, Teoría general de la responsabilidad civil, 9a ed., Ed. Abeledo Perrot, p. 539).- Este Tribunal, en anterior oportunidad, señalando que si bien existen distintas posiciones relacionadas con la naturaleza de la responsabilidad de los establecimientos asistenciales públicos, se ha inclinado por la que la califica como contractual, lo que se sustenta en base a dos líneas argumentales: a) la naturaleza jurídica del vínculo existente entre el paciente y el ente asistencial, y b) la protección de principios de raigambre constitucional que permiten la subsistencia

de la acción impetrada (Sent.No 03/18).- La circunstancia de ser el Estado uno de los integrantes de la relación jurídica no innova la naturaleza contractual del deber jurídico, pues no hay motivos esenciales para suministrar un tratamiento diverso a la intervención del hospital público o de una clínica privada (Bueres, Alberto, Responsabilidad civil de los médicos, 2a ed., 1a reimp., Hammurabi, Bs.As., t. I, 1994).- La responsabilidad que el establecimiento asistencial asume respecto del paciente es de naturaleza contractual directa, por haber incumplido las obligaciones asumidas con el paciente (CNCiv., sala D, 20/9/98, “Abaca, Alicia c/ Castillo, Lorenzo”, JA 2002-II, síntesis de jurisprudencia); cuales son: 1) La obligación principal asumida para con el requirente de los servicios, surgida del contrato de prestación de servicios médicos, que consiste en prestar la debida atención médica a través de los profesionales idóneos y los medios materiales suficientes y adecuados a tal efecto (ver CNCiv., sala G, 7/4/83, “G.C. de M.L. c/ Municipalidad de Capital”, ED, 104-282); 2) La obligación tácita de seguridad (no regulada ya en el nuevo Código Civil y Comercial por encontrarse subsumida en los factores de atribución de responsabilidad objetivos), de carácter accesorio a la anterior, en virtud de la cual el paciente no debe recibir daño alguno con motivo de la prestación de los servicios médicos requeridos.- Jurisprudencialmente se ha sostenido que ese deber de seguridad encuentra su fundamento último en la mutua confianza que han de inspirarse recíprocamente los contratantes. Esta confianza, en lo que atañe al paciente, ha de consistir en su creencia de que el cuidado y la previsión de la otra parte lo pondrán a resguardo de los eventuales daños que pudiera ocasionar a su persona la ejecución del contrato; tanto más cuanto se trata en la especie de conductas que han de cumplirse, justamente, en directa relación a su cuerpo y a su salud (CNAC, sala H, González, Miguel a. C.Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires, 07/12/1999, Cita Online: AR/JUR/4339/1999).

En consecuencia, demostrada la culpa (profesional o de los facultativos), surge automáticamente la responsabilidad del establecimiento, la cual es inexcusable e irrefragable, ya que aquí el deber de reparar es “objetivo y “directo” descansando en la violación de una obligación generada según art. 504 del Código Civil (hoy art. 1027 CCCN), y que encuentra respaldo legal en el principio de buena fe emergente como principio cardinal para el ejercicio de los derechos y para la celebración, interpretación y ejecución de los contratos con andamiaje en el art. 1198 primera parte del Código Civil (hoy arts. 9 y 961 del CCCN), ya que se consideraba (a la época del hecho) que existía una obligación general tácita de seguridad, como obligación o deber de conducta, junto a la obligación principal (prestar la atención médica convenida), consistente en evitar que el paciente sufra daños corporales por cualquier circunstancias, en razón de haber concurrido al establecimiento a recibir el servicio de salud, la cual configura una obligación de resultado.

En efecto este deber de seguridad es de resultado, atento el establecimiento no sólo responde porque se preste el servicio sino porque se preste de forma tal que el paciente no sufra daños por deficiencias en la prestación prometida; o, dicho de otra manera, que como el establecimiento se obliga a prestar una asistencia médica que sea normalmente eficaz, responde si fue deficiente y ello ha provocado daños (ver Tratado de la Responsabilidad Civil, 2a Edición actualizada y ampliada, Trigo Represas Félix y López Mesa, Marcelo, t. IV, La Ley, pág. 1265).- b. Sentado así el marco legal conforme el cual deberán ser evaluados los hechos acaecidos en la causa, cuadra ahora considerar las cuestiones a resolver.- Arriba incontrovertido a este Tribunal que el día 11/05/2002 la niña llegó al mundo en el Hospital Julio C. Perrando.Por una desafortunada confusión, ella fue sustituida por otra recién nacida, hija de la Sra. G A, y fue entregada a los Sres. M por error. Advertido el yerro el día 13/05/2002 -mediante el brazalete de identificación de las bebés- el personal del Hospital reunió a los padres, les explicó la situación y ofrecieron realizar los exámenes necesarios de ADN para dar certeza a las familias.

La sentenciante de grado, evaluadas las pruebas obrantes en la causa, concluyó que “.por error inexcusable, el personal del hospital entregó a cada una de las niñas a padres distintos de los biológicos, como también no adoptó los recaudos pertinentes para evitar que la Sra. A se retirara del hospital sin el alta médica pertinente, lo que posibilitó que saliera prematuramente de su ámbito de control llevando a la niña que no era su hija.” (fs. 448). En función de ello, entendió demostrado el nexo causal entre la indebida prestación del servicio de salud por parte del Hospital Perrando y el resultado dañoso e hizo lugar a la demanda por la suma de $50.000.- Contra ello se alza la accionada en los términos del memorial transcripto supra, del que resulta que sin cuestionar la efectiva existencia del error, alega que el mismo fue involuntario, inmediatamente reconocido y salvado, y que en modo alguno importó la configuración de falta de servicio ni aparejó daño de ninguna índole.- Consecuentemente, reconocidos los hechos y constituyendo el límite de revisión de la Alzada lo que ha sido expresamente motivo de fundamento del recurso, la revisión del pronunciamiento en crisis habrá de circunscribirse a tratar las quejas aludidas.- c.Por una cuestión de orden metodológico, corresponde considerar en primer lugar la efectiva concurrencia y prueba del daño, en tanto presupuesto primordial de la responsabilidad y puesto que su ausencia tornaría abstracto el análisis de las demás cuestiones.

En dicha tarea, cuadra adelantar que de las pruebas agregadas a la causa surge la incidencia lesiva que el hecho demandado generó en la vida de los actores.- Así, en las Apreciaciones Profesionales del Informe Socio Ambiental realizado en la sede del hogar S- M que obra glosado a fs. 385/397 vta. (ref), se lee: “.Si bien este informe no da cuenta de implicancias psicológicas que serán determinadas en la correspondiente pericia psicológica, del abordaje Socio Ambiental y resultado de las entrevistas realizadas se observa a una familia en donde el relato de lo sucedido en el Hospital Julio C. Perrando con el nacimiento de su primer hija, ha marcado su historia familiar, con la descripción a lo largo de los años de distintos hechos que son consignados en el presente informe y que atraviesan y emergen en las nuevas situaciones familiares (nacimiento de la segunda hija, resolución de conflictos escolares).” (fs. 397 ref.).- Asimismo, de la Pericia Psicológica de fs. 428/430 ref. practicada por el licenciado David A. Martínez, resulta: “. Los actores padecen un trastorno de ansiedad reactivo al hecho de autos, derivado del fuerte impacto emocional inicial que produjo en ellos y la posterior persistencia de la situación de incertidumbre respecto de la filiación de su hija. En la evaluación clínica se advirtió un estado de ánimo triste y apesadumbrado, que se han constatado con la administración del cuestionario de Depresión de Beck (BDI-II) obteniéndose puntajes compatibles con estados depresivos intermitentes de moderada intensidad.La Escala de Trauma de Davidson (Davidson y la Trauma Scale, DTS) reveló en ambos padres sintomatología compatible con estrés post traumático y la Escala de Ansiedad de Hamilton (Hamilton Depression Rating Scale, HDRS) también puso en evidencia sintomatología somática y psicológica de intensidad moderada en ambos padres”.- Determinó el perito que “Los trastornos psicológico afectivos de los actores son el resultado directo de un acontecimiento inesperado y sorpresivo que afectó la estructura vital de cada uno de los padres. La lesión psíquica aconteció por la insuficiencia del aparato psíquico de los jóvenes padres para tramitar, desde el punto de vista cuantitativo, un nivel de tensión emocional muy por encima de su capacidad. Desde el punto de vista cualitativo, las separaciones tempranas transitorias o definitivas, breves o prolongadas tienen efectos psicopatológicos comprobados tanto en los niños como en los padres que la han sufrido. Este fenómeno fue extensamente estudiado y se sabe que las madres que son perturbadas en los primeros momentos de contacto con su bebé desarrollan cuadros ansiosos muy duraderos e incluso crónicos.”.

Seguidamente, el experto detalla las consecuencias estudiadas del efecto dañoso de las separaciones violentas de la madre y el bebé y puntualiza, con concreta referencia al matrimonio de autos, que “.Tanto la madre como el padre han sido sometidos a una presión psicológica extrema en un momento crítico de sus vidas. El suceso afectó a un familiar directo (hija). Los síntomas incluyen en la actualidad:

1. Recuerdos angustiosos recurrentes con manifestaciones de llanto y ánimo depresivo.

2. Sueños o fantaseos angustiosos relacionados con el suceso traumático.

3. Reacciones disociativas en las que los padres actúan como si se repitieran los sucesos traumáticos o existiera la posibilidad de una consecuencia semejante (temor a que su hija sea sustraída, robada, secuestrada).

4. Malestar psicológico de moderada intensidad ante situaciones o ideas que tienen algún parecido (Por ejemplo, realizar estudios amigos y familiares).

6.Percepción distorsionada persistente de la causa o las consecuencias de los sucesos traumáticos que hace que el individuo se acuse a sí mismo o a los demás.

7. Estado emocional negativo persistente (por ejemplo, miedo, terror, enfado, culpa, vergu¨enza)”.- con los hechos traumáticos vividos.

5. Conductas de evitación temor a quedar embarazada, ansiedad ante la posibilidad de de ADN para establecer parentesco o evitar hablar del tema con

Tras realizar otras consideraciones, el perito concluye: “Los actores poseen una merma en su capacidad psíquica del 20% correspondiente a un Trastorno Adaptativo Crónico reactivo a un episodio traumático de larga data. Descripción: Aparecen manifestaciones ligadas a situaciones cotidianas pero con algún grado de relación con el conflicto generador de la reacción, no hay alteración de las relaciones laborales pero sí incide en la vida familiar, presentan acentuación de rasgos característicos de la personalidad base, no hay trastornos de memoria, ni de la concentración y puede ser tratado mediante terapias leves.”.

Finalmente cabe mencionar el informe de la Asesora Técnica de la Fiscalía de Estado, Dra. Carolina Gómez Llugdar, obrante a fs. 434 ref. en el que la médica señala: “.cabe destacar que las respuestas a cada punto de pericia fueron claras, contundentes y explicativas de las patologías presentes y existentes en los entrevistados”. Seguidamente, cuestiona la asignación del porcentaje mayor aplicado por el perito en un rango de entre 10% y 20%, por no especificar las causas objetivas que motivaron tal valoración.

A fs.437, el licenciado Martínez explica el porcentaje asignado a la incapacidad psíquica determinada respecto de los actores, ratificando el 20% asignado.

Que de las pruebas reseñadas surge con contundencia la existencia de lesiones psíquicas en los actores que el perito actuante liga directamente con el hecho discutido en autos, circunstancia que ha sido reconocida incluso en el informe de la asesora técnica de la Fiscalía de Estado, cuando afirma la claridad con que se explicaron las “patologías presentes y existentes en los entrevistados”.- De las constancias reseñadas, surge acreditada adecuadamente la existencia de un perjuicio de índole moral originado en el evento dañoso que se analiza en autos, tal lo sostenido por el experto en su informe.- Debe destacarse que tratándose de una cuestión que requiere conocimientos específicos, lo prudente para el juez es atenerse al mismo en tanto no surjan de autos ni sean aportados por las partes elementos que demuestren la sinrazón o el yerro del profesional al dictaminar a través de elementos que tengan el mismo rango de validez. Ello por cuanto, siendo que el dictamen importa el resultado de una actividad específica propia del saber del perito, – conocimiento éste ajeno al hombre de derecho- la sana crítica aconseja seguirlo cuando no se oponen a ello argumentos que objetivamente demuestren el error del experto, caso contrario, se estaría incurriendo en arbitrariedad.

Tal ha sido el criterio sostenido por esta Sala -con su actual integración- al puntualizar que si bien el dictamen pericial no obliga al juez, no lo es menos, que cuando es suficientemente fundado y uniforme en sus conclusiones debe acordársele valor probatorio. La sana crítica aconseja seguirlo cuando no se oponen a ello arg umentos científicos o artísticos legalmente bien fundados (Sent. 130/16).- Consecuentemente, la crítica efectuada a su respecto debe desestimarse.- d. Acreditado el daño, corresponde considerar las restantes cuestiones planteadas por la recurrente, a saber, la imposibilidad de imputar a su parte falta de servicio y la intervención de la Sra.A como un supuesto de ruptura del nexo causal.

Se ha sostenido en párrafos precedentes que la responsabilidad del centro hospitalario descansa en la existencia de un “deber de seguridad” que se adeuda al paciente como obligación principal y de resultado. Ello es así por cuanto el establecimiento no sólo responde porque se preste el servicio, sino porque se lo preste de forma tal que el paciente no sufra prestación prometida (cit. en Derecho de las Trigo Represas, T. V., Ed. La Ley, 2010, p. 773).

En el caso de autos, la actora se internó en Perrando a fin de obtener atención médica adecuada durante el nacimiento de su bebé y, obviamente, que se le entregue el hijo que iba a nacer, obligaciones que asumió el nosocomio al admitirla como paciente. Por lo tanto, realizado el parto de manera exitosa, todo hacía prever que tomando las precauciones mínimas, según el curso normal y ordinario de las cosas, la Sra. S debía recibir a la niña que había alumbrado y no un bebé distinto.- Ahora bien, ello no ocurrió y a la accionante le fue entregada la hija de otra persona, tal como surge acreditado de las constancias de la causa y reconocido por la misma demandada.- En tal contexto, no puede alegarse que no se configuró un supuesto de servicio deficiente, puesto que sin perjuicio de que el lugar sin mala fe y pudo solucionarse relativamente en forma rápida, ello no acaecido y que conforme los informes rendidos ocasionó una lesión con dañosas en los actores.- De ello puede concluirse que los deudores de la obligación incurrieron en una comprobada falta de diligencia en la observancia de un deber de conducta que les era exigible, como es la adecuada prestación del servicio para evitar que ocurriera lo que en definitiva ocurrió, que las bebés recién nacidas fueran entregadas intercambiadas a sus madres.- daños por deficiencias en la Obligaciones, Cazeaux y el Hospital Julio C.hecho tuvo borra el yerro consecuencias

Derivación de ello, el Hospital demandado y el Estado Provincial, en tanto responsables de la prestación de dicho servicio de salud, deben responder frente a las víctimas, indemnizándolos Integralmente, tesitura conforme la cual se ha sostenido que “.así como el “valor vida” es en sí mismo indemnizable, también debe serlo todo déficit que gravite sobre el valor igualmente jerarquizado de la plena capacidad.” (La Ley Online, supra cit).- Finalmente, en atención a la alegada intervención de la Sra. A en el hecho, debe señalarse que la conducta de la misma no exime de responsabilidad a la demandada, tal como ésta aduce.- En primer lugar, por cuanto la conducta de la citada que se alega como interruptiva del nexo causal -salida del Hospital- no fue sino posterior al yerro que se analiza; adviértase que el hecho dañoso fue la entrega de un bebé distinto al propio a cada una de las madres y no el abandono del nosocomio por parte de la Sra. A.- La prueba de la diferencia temporal entre ambos sucesos surge de la nota manuscrita obrante a fs. 19 de la fotocopia de Historia Clínica reservada en Sobre N18263/02 letra “S”, la jefa del Servicio de Neonatología se dirige al Director del Hospital solicitando “sanción disciplinaria al personal de enfermería que incurrió en el error de cambio de recién nacidos el día sábado 11/05/2002 en horario del mediodía.”, al tiempo que el alta de la Sra. A consta en su ficha de pacientes obrante a fs. 149 el 13/05/2002.- Por otro lado, en cuando al retiro de la Sra. A del centro hospitalario sin haber firmado el alta, conforme alega la demandada, ha de puntualizarse que al ser consultada en la audiencia testimonial obrante a fs. 108/111 sobre “.si al retirarse del hospital Perrando con la bebé, que no era la suya, firmó o no firmó el alta”, la Sra.respondió “.Sí, firmé el alta, el mío.”. Así surge acreditado de la fotocopia de Ficha de Pacientes obrante a fs. 149, donde consta consignada en el sector correspondiente a Internación: “Fecha de Ingreso 11/05/2002 y Fecha de Egreso 13/05/2002. Sala: Pre parto. Tipo de Alta: Hosp.”, todo ello con la firma final del médico responsable”.

En virtud de ello, la conducta de la Sra. A que la demandada invoca como eximente de responsabilidad en modo alguno es ajena a su propia conducta, pues no puede negarse que el proceder de la aludida, que pudo abandonar el nosocomio dejándose constancia de ello en el Alta consignada en la ficha supra aludida, se encuentra indisolublemente ligado a la negligente actividad del Hospital, que no controló debidamente qué bebé se llevaba consigo.-

Y aún en el caso de que hubiese partido sin firmarse el alta de la criatura, tampoco puede pretenderse imputable a ella, pues no tenía porqué conocer los protocolos de ingreso o egreso del Hospital. Ello, nuevamente, resulta íntegramente atribuible al personal del ente asistencial, a quien correspondía asegurarse de que ambas altas se firmaran y controlaran debidamente.- Sostiene destacada doctrina que: “Todos los fenómenos del mundo jurídico, como los del mundo físico, están sujetos al principio de causalidad. En efecto, todo lo que acontece con alguna relevancia en el derecho, responde a un hecho anterior que le sirve de causa o antecedente e influye en otro u otros hechos concomitantes o consecuentes.”(Conf. Llambías, Jorge J. Código Civil Anotado, To II – B, pág. 22).

En la materia que nos ocupa, el criterio seguido por la Corte Suprema de Justicia de la Nación respecto de la causalidad es que esta debe ser directa inmediata y exclusiva, este último requisito el máximo tribunal nacional lo adicionó a partir del precedente “LEDESMA” (Fallos, 312: 2022). A partir de ahí, consideró que el daño debe producirse sin intervención externa que pudiera interferir en el nexo causal.Con lo cual implica que el órgano estatal puede deslindar su responsabilidad si acredita que ha ocurrido una circunstancia externa o ajena que determine la ruptura del nexo causal.- Ahora bien, para que tenga lugar tal exclusión el hecho del tercero debe ser la causa del daño. En este sentido, se ha puntualizado que “.la simple intervención de un tercero que no es la razón adecuada de la lesión sufrida no tiene incidencia alguna.”. A su vez, la conducta del tercero no debe ser imputable al demandado, debe ser imprevisible e inevitable y exclusiva del tercero (conf. Aida Kemelmajer de Carlucci, en Código Civil. Belluscio- Zannoni, T. 5, Ed. Astrea, 1994, p. 564/565).- Abonando la línea expuesta la jurisprudencia ha sostenido que “la causa ajena puede ser definida como todo hecho, o acontecimiento extraño y no imputable al responsable, que tiene por efecto esencial alterar el nexo causal, exonerando de responsabilidad o al menos atenuándola. La causa ajena, valga la redundancia, es un hecho ajeno, lo que significa que el sujeto no debe haberla provocado de ninguna manera, porque no tiene nada que ver con lo sucedido” (López Herrera Edgardo, cit. por CACCyT de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, sala I, G. de L. W. A. y otros c. GCBA. y otros, 27/06/2008, La Ley Online, cita AR/JUR/6139/2008).

Evaluados los hechos acaecidos a la luz de las premisas reseñadas surge -tal lo anticipado- la imposibilidad de alegar la conducta de la Sra. A como supuesto de culpa de un tercero por quien no se debe responder, lo que importa desestimar los agravios a este respecto.- Derivación de los fundamentos fácticos y jurídicos expuestos en párrafos precedentes, propicio la confirmación del fallo en revisión.- 3.- De compartirse el sentido de mi voto, y no habiendo el apelante revertido su calidad de vencido, las costas de Alzada deberán imponerse a su cargo en virtud del principio objetivo de la derrota del cual informa el art.83 CPCC.- Vale aclarar que no modifica dicha determinación la decisión que se adopta respecto a la apelación de honorarios del Dr. Alejandro M. Varela, por cuanto es posición adoptada de este Tribunal -con su actual conformación- que las apelaciones de estipendios, por ser una cuestión sujeta a disparidad de criterios, no determinan imposición de costas respecto del recurrente, aunque no prosperen en la medida pretendida.

En cuanto a los honorarios, propicio tomar en cuenta el capital de condena -$50.000,00- el que se actualiza al solo efecto de la regulación desde la fecha del evento dañoso (11/05/2002) y hasta el 08/04/2018 (última actualización de la tasa activa verificada en la página oficial de la Caja Forense del Chaco).

Efectuado el cálculo pertinente se arriba a la suma de $181.368,12 en concepto de intereses, lo que adicionado al capital permite arribar al monto de $231.368,12.

Sobre el mismo, se aplican las pautas establecidas en los arts. 3, 5 (16%) y 11 (25%) de la L.A. vigente.- Consecuentemente, se establecen como sigue: Dr. Alejandro Manuel Varela, en $. y $. en el doble carácter.

Dejo debidamente aclarado que no se regulan honorarios a favor de la representante de la demandada en atención a la forma en que se imponen las costas y lo dispuesto por el art. 3 de la Ley Nro.457-C (Antes ley 2868). ASí VOTO.

V.- A LA SEGUNDA CUESTIÓN PLANTEADA, EL SR. JUEZ DIEGO GABRIEL DEREWICKI, dijo:

1. En su escrito el Dr. Alejandro Manuel Varela apela sus honorarios Martinez, de apelación de y los regulados fs. 451 al Dr. Mielnik y Robaina, por bajos.

2. En primer lugar corresponde desestimar el remedio incoado en relación a los últimos letrados aludidos.

Ello por cuanto, se ha señalado en numerosas oportunidades la existencia de agravio personal y concreto es recaudo ineludible de la apelación, como de toda pretensión en justicia.En tal entendimiento, no puede un profesional apelar la resolución que regula honorarios a otro s por considerarlos exiguos, pues carece de interés jurídico tutelable para alzarse contra una resolución que no le afecta.

En este sentido se ha sostenido que si los agravios en que se sustenta el recurso de apelación están referidos a terceros el recurso es improcedente (Cám. 2a, sala I, La Plata, causa A-6274, reg. int. 667/62) (Conf. Morello, Sosa y Berizonce, “Códigos Procesales”, T. III, Ed. Platense Abeledo- Perrot 1988, pág. 123).

En consecuencia corresponde declarar impetrado respecto de los honorarios Pablo Cesar Robaina y Roberto Edgardo Martinez.

3. Zanjado lo anterior, cuadra ahora de los emolumentos fijados a favor del Dr. Alejandro Manuel Varela, sin perjuicio de que la apelación no ha sido fundada, en tanto facultad prevista por el art. 32 de a ley Ley Nro. 288-C (Antes Ley 2011).

En tal tarea, realizados los cálculos pertinentes, ponderando la base por la que procede la acción ($50.000,00) y las pautas invocadas por el aquo en la fijación de estipendios, arribo a la conclusión de que los mismos no resultan bajos.

En efecto, aplicada sobre la base aludida ($50.000) las pautas invocadas en la sentencia, arts. 2, 3, 5, 6, 7 y 10 de la ley arancelaria, puede advertirse la operación efectuada por el aquo: $50.000 x 21.252% (art. 5) = $10.626,00, suma representativa del total de honorarios regulados a favor de los cinco profesionales actuantes por la actora: Dres. Mario Eduardo Varela, Iván Matías Mielnik, Roberto Edgardo Martinez, Pablo Cesar Robaina y Alejandro Manuel Varela, como patrocinantes (es decir, sin perjuicio de la fijación por su labor como procuradores).

Dicha suma, tal lo previsto por el art. 10 de la LA, se distribuyó entre los citados letrados en función de su etapa de actuación en este proceso ordinario.

Efectuados los cálculos pertinentes se advierte que de la suma de $10626,00 se distribuyó 70% a favor del Dr.Mario Eduardo Varela en atención a su participación hasta después de clausurado el período probatorio. Y para los Dres. Martinez, Varela (Alejandro), Mielnik y Robaina -todos presentados a fs. 286- se fijó un 10%, 10%, 5% y 5% respectivamente.- inadmisible el recurso de los Dres. Iván Matías Mielnik, efectuar la pertinente revisión

A partir de ello puede concluirse que el monto de $1028,00 (0,976% para ser exacto de $10.626,00) por la actuación como patrocinante del Dr. Alejandro Manuel Varela, resulta ajustado a la extensión de su intervención como patrocinante y de ninguna manera exiguo si se advierte que al ponderar el porcentaje de art. 5 la juez tomó como pauta el 21.252%, es decir, casi el máximo de la escala (11-22) previsto en la ley arancelaria.- Consecuentemente, corresponde confirmar la sentencia en revisión, también en este aspecto. ASí TAMBIEN VOTO.

I.- A LAS MISMAS CUESTIONES PLANTEADAS, LA DRA. MARTA INS ALONSO DE MARTINA, dijo: Que en atención a los fundamentos fácticos y jurídicos expuestos por el Sr. Juez preopinante al analizar las cuestiones sometidas a consideración de este Tribunal y compartiendo las conclusiones a que arriba, adhiere al voto precedente y emite el suyo en idéntico sentido. ASÍ VOTO.

Con lo que se dio por terminado el presente Acuerdo, dado y firmado por ante mí, Secretaria, que doy fe.

SENTENCIA:

Por los fundamentos fácticos y jurídicos expuestos en el Acuerdo Civil y Comercial, RESUELVE:

I.- CONFIRMAR la sentencia obrante a fs. 444/450 vta. en todo cuanto fuera materia de recurso.

II.- IMPONER las costas en la Alzada a la apelante vencida, REGULANDO los honorarios del Dr. Alejandro Manuel Varela (MP No 4453) en PESOS.($.) y PESOS.($.) como patrocinante y apoderado respectivamente. Todo con más IVA e intereses, si correspondiere. Notifíquese a Caja Forense y cúmplase con los aportes de ley.

III.- NOTIFIQUESE, regístrese, protocolícese y oportunamente vuelvan los autos al Juzgado de origen.

Dra. Marta Inés Alonso de Martina

Diego Gabriel Derewicki

Dra. Teresa Liliana Blanco

Secretaria Provisoria