El INSSJP debe cubrir en un 100% la cirugía de revascularización miocárdica (CRM) solicitada por los médicos

Partes: S. R. c/ INSSJYP s/ prestaciones quirúrgicas s/ incidente de apelación

Tribunal: Cámara Federal de Apelaciones de Mar del Plata

Fecha: 13-mar-2018

Cita: MJ-JU-M-109689-AR | MJJ109689 | MJJ109689

Se ordena al INSSJP que provea la cobertura, en un 100% a su cargo, de la cirugía de revascularización miocárdica (CRM) conforme lo solicitado por los profesionales tratantes.

Sumario:

1.-Corresponde confirmar la sentencia que decretó la medida cautelar ordenando a la demandada a proveer la cobertura, en un 100% a su cargo, de la cirugía de revascularización miocárdica (CRM) sin circulación extracorpórea (CEC) con apoyo intraoperatorio de balón de contrapulsación intraaórtico (BCPIA), conforme lo solicitado por los profesionales tratantes, pues el ‘fumus bonis iuris’ surge prima facie de las constancias de donde se desprende que la amparista es una mujer de 73 años, afiliada a INSSJYP, que debido a su diagnóstico e internación como consecuencia de un infarto agudo de miocardio anterior extenso (IAM) su médico tratando indicó la realización de la cirugía pretendida. ro en la demora consideramos que, sin incurrir en prejuzgamiento, el perjuicio es inminente; responde a una necesidad efectiva y actual y ante la posibilidad que los accionantes triunfen en su reclamo, revocar la medida cautelar otorgada le ocasionaría un perjuicio que se tornaría irreparable o al menos de difícil solución ulterior, ya que resultaría imposible subsanar una circunstancia que deviene agotada por el transcurso del tiempo, como es la falta de cobertura médica, ante un acuciante estado de salud.

Fallo:

Mar del Plata, 13 de marzo de 2018.

VISTOS:

Estos autos caratulados: “S., R. c/ INSSJYP s/ Prestaciones Quirúrgicas s/ Incidente de Apelación”, Expediente FMP 24744/2017/1, provenientes del Juzgado Federal N° , Secretaría N° de esta ciudad; Y CONSIDERANDO:

I.- Que llegan los autos a este Tribunal en virtud del recurso de apelación interpuesto a fs. 40/42vta. por la Dra. Mónica Beatriz Romero-en representación de INSSJY- contra la resolución de fecha 17 de agosto de 2017 obrante a fs. 26/28.

Que a raíz de la pretensión de la amparista el Magistrado de primera instancia decretó medida cautelar ordenando a la demandada a proveer la cobertura, en un 100% a su cargo, de la cirugía de revascularización miocárdica (CRM) sin circulación extracorpórea (CEC) con apoyo intraoperatorio de balón de contrapulsaciön intraortico (BCPIA), conforme lo solicitado por los profesionales tratantes. En relación al lugar donde se llevará a cabo, estableció que su realización en C. A. B. A.queda supeditada a la presentación de un nuevo certificado médico que fundamente dicha necesidad, en el supuesto de no contar el Instituto con prestadores idóneos y con recursos técnicos y humanos suficientes para que sea realizada en la ciudad de Mar del Plata.

II.- En su presentación recursiva se agravia la apelante de la contracautela dispuesta y considera que debe exigirse a la actora una caución real dado el elevado costo de la pretensión requerida.

En otro orden, sostiene que no se encuentra configurada la verosimilitud en el derecho dado que su poderdante no ha incurrido en ningún acto de discriminación o arbitrariedad al no haber incumplido la normativa vigente, y manifiesta que el Instituto -atento el sistema solidario que posee respecto a los fondos de los beneficiarios- debe velar para que no se otorguen y amparen prestaciones innecesarias afectando los intereses del resto de los afiliados.

Finalmente, agrega que no existe peligro en la demora, toda vez que de los hechos narrados por la actora no puede inferirse que se provoque un daño irreparable en su salud siendo que está capitada con su prestador médico.

III.- Conferido el traslado pertinente a la contraria y habiendo sido contestado el mismo -fs. 46 y 47/52.-, quedaron los autos en condiciones de ser resueltos, conforme fs. 55.

IV.- Previo al desarrollo de las cuestiones propuestas a revisión de esta Alzada hemos de señalar que sólo se atenderán aquellos planteos que sean considerados esenciales a los fines de la resolución del recurso.En este entendimiento, hemos de recordar que los jueces no están obligados a considerar todos y cada uno de los planteos de las partes, pues basta que lo hagan respecto de aquellos considerados esenciales y decisivos.

V.- A fin de arribar a una solución ajustada a derecho, debemos merituar la trascendencia de los derechos que se encuentran comprometidos en autos, surgiendo así el derecho a la salud, a la vida, a una buena calidad de vida y a una asistencia médica adecuada, consagrados por Tratados Internacionales que gozan de jerarquía constitucional.

El Cimero Tribunal ha sostenido que “(.) El derecho a la salud -máxime cuando se trata de enfermedades graves (.) se encuentra íntimamente relacionado con el derecho a la vida que está reconocido por la Constitución y por los tratados internacionales que tienen jerarquía constitucional (art. 75, inc. 22 de la Ley Suprema), por lo que la autoridad pública tiene la obligación impostergable de garantizar ese derecho con acciones positivas, sin perjuicio de las obligaciones que deban asumir en su cumplimiento las jurisdicciones locales, las obras sociales o las entidades de la llamada medicina prepaga (.)” (C.S.J.N. “L. de V., C. V. v. AMI y otros” – 02/03/2011, Cita online: 70069472).

El derecho a la vida, y a una buena calidad de vida, tienen un papel central en la sistemática de los derechos humanos, siendo la asistencia médica un aspecto fundamental de la misma (cfr. CFAMdP en autos “T, S c/ SAMI s/ Amparo s/ Incidente de apelación de medida cautelar”, sentencia registrada al T° CXI F° 15.840; “A, Z E c/ INSSJYP y otro s/ Amparo s/ Incidente de apelación de medida cautelar”, sentencia registrada al T° CX F° 15.687; entre muchos otros).

Es por ello que, siguiendo a Bidart Campos (“Casos de Derechos Humanos”, Ediar, pág.311) entendemos que no se puede caer en la abstracción de teorizar el derecho a la salud y a la atención médica sin asignarle en cada situación el contenido de la prestación posible que es debida al paciente enfermo.

La valoración, sin duda, no está ausente en este itinerario que, sobre todo a cargo de los jueces, exige recorrer la Carta Magna para que cada caso reciba, con su aplicación, la cobertura más justa posible.

Debemos considerar aquí el carácter de la medida cautelar debatida.

Recordemos que la finalidad de toda medida cautelar consiste en evitar que se tornen ilusorios los derechos de quien las solicita, ante la posibilidad de que se dicte una sentencia favorable. Es decir, que se trata de sortear la posible frustración de los derechos de las partes a fin de que no resulten inútiles los pronunciamientos que den término al litigio (cfr. CFAMdP en autos “Antonio Barillari S.A. s/ Medida Cautelar Autónoma”, sentencia registrada al T° CX F° 15.689; entre otros).

Este tipo de remedio -en este caso innovativo- implica una decisión excepcional, pues altera el estado de hecho o de derecho existente al tiempo de su dictado. Como configura un anticipo de jurisdicción favorable respecto del fallo final de la causa -que no por ello comporta prejuzgamiento sobre el fondo de la cuestión- resulta justificada una mayor prudencia en la apreciación de los recaudos que hacen a su admisión (cfr. CFAMdP in re “Incidente de apelación de medida cautelar incoado por la Dirección de Salud y Acción Social de la Armada en autos: “R., N. A.c/ Dirección de Salud y Acción Social de la Armada s/ Amparo”, sentencia registrada al Tº LXXVII Fº 12.356).

En el estadio cautelar en el que nos encontramos, consideramos que se encuentran reunidos prima facie los recaudos legales exigidos para este tipo de medidas.

En efecto, el primero de los recaudos que debe concurrir es el “fumus bonis iuris” que surge prima facie de la documentación acompañada en autos, en particular de las constancias agregadas a fs. 3, 7 y 8 de donde se desprende que la amparista es una mujer de 73 años, afiliada a INSSJYP, que debido a su diagnóstico e internación como consecuencia de un infarto agudo de miocardio anterior extenso (IAM) su médico tratando indicó la realización de la cirugía pretendida en autos.

En relación al peligro en la demora consideramos que, sin incurrir en prejuzgamiento, el perjuicio es inminente; responde a una necesidad efectiva y actual y ante la posibilidad que los accionantes triunfen en su reclamo, revocar la medida cautelar otorgada les ocasionaría un perjuicio que se tornaría irreparable o al menos de difícil solución ulterior, ya que resultaría imposible subsanar una circunstancia que deviene agotada por el transcurso del tiempo, como es la falta de cobertura médica, ante un acuciante estado de salud.

A lo solicitado por la recurrente en cuanto a la posibilidad de ampliación de la contracautela prestada por la amparista, no habiendo cumplimentado el peticionante con lo establecido en el art. 201 del CPCCN, el tratamiento de dicha pretensión en esta instancia deviene improcedente.

Por lo expuesto, a partir de una apreciación atenta de la realidad aquí comprometida, a nuestro juicio es procedente, por ahora, el mantenimiento de la medida cautelar decretada en primera instancia; ello sin que este pronunciamiento implique sentar posición frente a la cuestión de fondo.

Aclarado ello, y toda vez que se encuentran comprometidos derechos amparados por la Constitución Nacional (y Tratados Internacionales), que poseen jerarquía internacional (en particular: Derecho a la salud y a una adecuada prestación médica), corresponde mantener la medida cautelar dictada por el Juez de grado, hasta tanto se dicte pronunciamiento definitivo.

Finalmente, merece aquí ponerse de resalto que no se han analizado en esta instancia algunas cuestiones planteadas por el apelante, en virtud de exceder el limitado marco cognoscitivo en procesos como el de marras (sobre todo en esta etapa cautelar), como así también a los fines de evitar prejuzgamiento.

Por todo lo expuesto, este Tribunal RESUELVE:

Rechazar la apelación interpuesta y confirmar la resolución atacada, con costas a la recurrente vencida (art. 14 Ley 16.986).

REGÍSTRESE. NOTIFÍQUESE. DEVUÉLVASE.

Se deja constancia que el Dr. Ferro se encuentra en uso de licencia (art. 109 del R.J.N.).

ALEJANDRO OSVALDO TAZZA