La Municipalidad es responsable por los daños ocasionados al vehículo del actor por la caída de un árbol que se encontraba en la vía pública

Partes: Hernández Patricia Raquel c/ Municipalidad de Rosario s/ daños y perjuicios

Tribunal: Tribunal Colegiado de Responsabilidad Extracontractual de Rosario

Sala/Juzgado: Segunda nominación

Fecha: 28-nov-2017

Cita: MJ-JU-M-109180-AR | MJJ109180 | MJJ109180

La Municipalidad resulta responsable por los daños ocasionados al vehículo del actor a raíz de la caída de un árbol que se encontraba en la vía pública. Cuadro de rubros indemnizatorios.

Sumario:

1.-Corresponde atribuir responsabilidad a la Municipalidad por los daños ocasionados al vehículo del actor a raíz de la caída de un árbol, porque el árbol emplazado en la vía pública representa un accesorio del dominio público, pudiendo sindicarse al ente municipal en el carácter de dueño o guardián, siendo aquélla, entonces, quien debe tomar las precauciones que resulten necesarias para salvaguardar la integridad de las personas y cosas que podrían resultar dañadas por bienes que pertenecen o son accesorios del dominio público.

2.-La caída de un árbol por una tormenta no puede en principio ser clasificado de accidente fortuito o caso de fuerza mayor, ya que un fuerte temporal no es un acontecimiento fortuito y la caída de un árbol provocado por el viento o la lluvia no es un hecho extraordinario ni puede sostenerse que sea imprevisible; se trata de un daño típico de la peligrosidad propia de los ejemplares del reino vegetal en días de condiciones atmosféricas adversas y cuyo cuidado, cuando están ubicados en plazas, aceras o paseos se halla a cargo del municipio, responsable legal en los términos del art. 512 del CCiv.

Fallo:

Rosario,

VISTOS: Los presentes caratulados “HERNÁNDEZ. Patricia Raquel c. MUNICIPALIDAD DE ROSARIO s. Daños y perjuicios”, Expte. Nro. 302/2015 CUIJ: 21-11684219-7, y sus unidos “HERNÁNDEZ. Patricia Raquel c. MUNICIPALIDAD DE ROSARIO s. Aseguramiento de Pruebas”, Expte. Nro. 3,667/2013, ambos en trámite por ante este Tribunal Colegiado de Responsabilidad Extracontractual de la Segunda Nominación de Rosario, venidos a despacho a fin de dictar sentencia, conforme se ordena a fs. 86 de los citados en primer término, de los que surge lo siguiente.

1. A fs. 22 y ss., Patricia Raquel Hernández promueve demanda de indemnización de daños y perjuicios contra la Municipalidad de Rosario tendente a la percepción del siguiente rubro: daño emergente.

Relata que en fecha 10.12.2012, siendo alrededor de las 17.30 horas, el vehículo de su propiedad marca Chevrolet, modelo Agile, dominio KGA-289 se encontraba correctamente estacionado frente de la calle Corrientes a la altura del 4500 de la ciudad de Rosario. Afirma que en virtud de la fuerte tormenta que a esa hora se desataba, un árbol cayó estrepitosamente sobre su automóvil causándole severos daños, los que atento lo costoso que resultaban para sus posibilidades económicas la llevaron a vender el rodado en el estado en que se encontraba, percibiendo por el mismo la suma de pesos veinticinco mil, valor notoriamente inferior al de pesos ciento veinte mil que era el que correspondía en el mercado a un rodado en buenas condiciones de uso y mantenimiento, solicitando ser resarcida por dicha diferencia Endilga responsabilidad a la demandada en virtud de lo normado en el art. 1.113 del Código Civil.

Ofrece pruebas.

2. Citada y emplazada la parte demandada (fs. 28), a fs. 35 y ss.comparece y contesta demanda la demandada Municipalidad de Rosario, con negativa puntual de los hechos afirmados, daños denunciados y responsabilidades endilgadas por la actora en el escrito inicial.

Propone como hecho eximente de responsabilidad el caso fortuito o fuerza mayor, ya que conforme los propios dichos de la actora, el árbol cayó como consecuencia de la tormenta que azotaba la ciudad. Estima inadmisible la demanda ya que la responsabilidad patrimonial del Estado debe ser examinada a la luz de las normas y principios del derecho administrativo, lo que en la materia se traduce en la aplicación del art. 1.112, CC.

Ofrece pruebas 4. Proveídas las pruebas (fs. 61), constan como producidas en autos las siguientes: a)Informativas: Asociación de Concesionarias de Automotores de la República Argentina (fs. 62), Municipalidad de Rosario (fs. 63 y ss.; b) pericial: mecánica (fs. 53 y 61 autos unidos sobre aseguramiento de pruebas); y c) testimonial: de los Sres. Claudio Daniel Facca, Claudio Petrocelli y María Marta Pastori (fs. 84, 85 y 86 respectivamente); d) absolución de posiciones: rendida vía informativa por la Sra. Intendenta de la Ciudad de Rosario (fs. 66).

Designada la audiencia a los fines del art. 555, CPCC (fs. 61), y habida la misma (según dan cuenta las actas de fs. 83 y ss.), quedan los presentes en estado de emitir pronunciamiento definitivo.

Y CONSIDERANDO:

1. Liminarmente ha de tenerse presente que el accionante en fecha 14.02.2013 formuló reclamó ante la Administración, en cumplimiento de la exigencia legal del art. 1° de la Ley de Defensa en Juicio del Estado (Nro. 7.234, texto según Ley Nro. 9.040), pretendiendo se lo indemnice por los daños denunciados que aquí reclama, él que no resuelto por la accionada dio lugar a la interposición de Pronto Despacho en fecha 28.05.2013, sin que la Municipalidad de Rosario se expida al respecto (Expte. Nº 4918/2013 H, fs. 75 y ss., y 78 y ss. respectivamente), con lo que queda expedita la vía judicial.

2.Cabe agregar, como previo al análisis de los hechos expuestos por la actora, que el hecho aquí debatido no dio lugar a la iniciación de Sumario Penal, no dándose entonces presupuesto de prejudicialidad alguno (cfme. Arts. 1774 y ss., CCC (de aplicación inmediata por tratarse de norma de índole procesal).

3. De las constancias probatorias rendidas, que se evaluarán bajo la perspectiva de dilucidar sólo los aspectos controvertidos dado que las cuestiones admitidas no requieren prueba (arg. art. 145, CPCC), surge lo siguiente.

3.1. En autos unidos sobre aseguramiento de pruebas se encuentra la prueba pericial mecánica llevada a cabo por el experto desinsaculado a tales fines, en fecha 24.04.2014 en la calle Corrientes Nº 4650 y 4550 B. Allí obran diez fotografías del rodado denunciado en autos (fs. 53/54) y se encuentran detallados los daños corroborados por el experto, siendo ellos: “Rotura faro trasero izquierdo. Deformación de puerta trasera izquierda. Deformación de puerta delantera izquierda. Deformación de parantes lado izquierdo. Rotura de manija de apertura de puerta delantera izquierda. Rotura de cerradura portón trasero. Deformación lateral izquierdo. Deformación lateral derecho. Abollón y deformación en capot. Abollón y deformación de techo. Rotura de ventana puerta delantera izquierda. Rotura de ventana puerta trasera izquierda. Abollón en portón trasero. Deformación y abolladura en parante delantero izquierdo. Rotura parabrisas. Tapizado de techo. Rotura de parasol delantero izquierda y derecho”. (fs. 54 vta.).

Continúa diciendo el experto, al responder al punto 2 de pericia propuesto por la actora en torno a si el rodado previo al accidente se encontraba en perfectas condiciones de uso, conservación y mantenimiento: “No se observan en la inspección realizada daños o deterioros que no sean compatibles con los que se producen cuando un árbol cae encima de un vehículo, las partes no dañadas se encuentran en óptimo estado de conservación y uso” (fs.54 vta.).

Por otra parte, al avanzar en el estudio del dictamen, se ven tres fotografías tomadas frente a la vivienda sita en calle Corrientes Nº 4550 B, pudiendo observarse los restos de un gran tronco de árbol podado y cortado y removido parcialmente y al ser consultado el perito en relación a la existencia y estado de árboles frente al domicilio referido, expuso: “La calle Corrientes entre Uriburu y Milán es una cuadra con árboles añosos con gran altura y en ambas veredas, hay también restos de árboles que se han intentado extraer y el trabajo no ha sido concluido”. En torno a si había señales de que alguno hubiera sido podado, respondió: “Se observan en las fotos que los árboles han sido podados y que se ha intentando su extracción y que la misma no ha concluido. Sobre la fecha de realización de los trabajos, consulté a vecinos del lugar y me manifestaron que hace como un año o más que vino la Municipalidad y que cortó los árboles después de una tormenta y que se le había caído uno arriba de un auto y que dejaron todo así y no volvieron más”.Al ser requerido acerca de si alguno había sido extraído de raíz, explicó: “A la altura donde estuvo estacionado el auto siniestrado hay en ambas veredas restos de árboles que fueron talados y se ha intentado extraerlos de raíz y el trabajo no fue terminado”. (fs.55 y vta.) En audiencia de vista de causa, el testigo Claudio Petrocelli tras indicar que dijo conocía a la actora del barrio, más no personalmente puesto no tenía ningún tipo de relación (Respuesta por las generales de la ley), a las preguntas 2° y 3° respondió: “.había un árbol, enfrente de mi casa, lo vi toda mi vida, setenta y cinco años en el barrio, calle Corrientes al 4600, hubo una gran tormenta, el árbol estaba medio seco, grandísimo, una tormenta atroz, y se cayó arriba de un vehículo, era nuevito el auto, no recuerdo el modelo o marca, era el auto de un muchacho rubio que lo estacionaba ahí, la casa donde está esta gente, era una casa que era de mis tos abuelos, no recuerdo el dominio, ni que vehículo era, no recuerdo la fecha, recuerdo que la tormenta fue grosa (.) el auto estaba estacionada donde para la gente usualmente, es un lugar habitual de estacionamiento”. Tras esto manifestó haber visto “.un palo arriba, en el medio del vehículo.” (respuesta a pregunta 5°). Acerca de las condiciones del árbol, dijo: “Para mi no estaba bien ese árbol, no se por qué, no conozco del tema, estaba fulero, muy alto y muy pasado de ramas, era una sombrilla”. Al ser consultado acerca de si se habían formulado denuncias asociadas a la existencia de árboles en mal estado, respondió: “.una vez lo hice, mucho antes de este hecho, relacionado a ese árbol y a uno que había enfrente”. Tras esto fue preguntada por la demandada por la ubicación del auto, respondiendo “.Corrientes N° 4521B, es la casa de al lado, donde empieza, en la casa siguiente a esa numeración es donde se encontraba estacionado el vehículo”. (fs. 84 y vta.) A su turno la testigo Marta Pastori brindó una declaración de similares características a la reseñada en el párrafo precedente, en particular al tratar sobre las preguntas 2°, 3° y 4°, dijo:”sentimos como una explosión, fue hace como cinco años, empezó una tormenta muy fuerte, y salí afuera porque sentí una explosión, había un árbol arriba del auto, las luces prendidas y sonaba la bocina, me asusté mucho, yo vivo en calle Corrientes 4538B, el árbol que cayó enfrente de mi casa, cruzando la calle estaba estacionado el auto, de forma reglamentaria, el auto era blanco, no se marca o modelo, el auto estaba tapado por las hojas y por las ramas, el árbol cayó en la mita del auto, esto fue al mediodía, de repente se levantó la tormenta, y la explosión fue terrible.”.(fs. 85) En lo que hace a la venta del rodado propiedad de la actora (vide copia certificada de título del caso, fs. 01), el Sr. Claudio Daniel Facca manifestó: “. yo compré el vehículo para repararlo, estaba dañado el techo, las dos puertas, del lado del conductor, estaba aplastado (.) pagué algo como veinticinco mil pesos” (respuestas a preguntas 3° y 4°). Al ser preguntado por la demandada para que dijera como se vinculó con la actora, respondió: “yo tengo un taller de Chaper ía y Pintura, y a veces compro vehículos para repararlos, lo tuve unos seis meses aproximadamente, demoró repararlo porque es complicado conseguir repuestos de la parte de arriba, luego lo vendí.”. (fs. 83) 4. Por la confirmación de la mecánica del hecho, de acuerdo a la prueba rendida dentro del proceso, ha de analizarse la responsabilidad siniestral.

4.1. Dada la entrada en vigencia del Código Civil y Comercial de la Nación en fecha 01.08.2015, cabe distinguir entre las normas que gobiernan el momento de la constitución y la extinción de una situación jurídica, de aquellas que refieren al contenido y las consecuencias, siendo que cada fase se rige por la ley vigente al momento de esa etapa, lo que no impide la aplicación de las normas del Código Civil hoy derogado, aunque sólo a los hechos ocurridos bajo su imperio (arg. art.7°, CCC, texto análogo al previsto en el art. 3°, CC de Vélez Sarsfield, según Ley Nro. 17.711).

Así, se ha explicado que si el ad quem “revisa una sentencia relativa a un accidente de tránsito, aplica la ley vigente al momento de ese accidente; en agosto de 2015 la revisará conforme al artículo 1113 del Cód. Civil, no porque así resolvió el juez de primera instancia, sino porque la ley que corresponde aplicar es la vigente al momento que la relación jurídica nació (o sea, el del accidente). En cambio, si la apelación versara sobre consecuencias no agotadas de esas relaciones, o lo que atañe a la extinción de esa relación (por ej., una ley que regula la tasa de interés posterior al dictado de la sentencia de primera instancia), debe aplicar esa ley a los períodos no consumidos”.

4.2. Resulta pertinente reseñar que el tipo de situaciones como la tratada en autos han aquilatado una doctrina jurisprudencial uniforme y coherente que, en todos y cada uno de los casos analizados, han determinado que “los daños producidos por la caída de un árbol -en el caso, sobre un rodado- debe encuadrarse en los supuestos del riesgo o vicio de la cosa previstos por el art. 1113 del Cód. Civil, y la municipalidad, como dueño o guardián del mismo sólo puede excusar su responsabilidad acreditando la causa ajena, culpa de la víctima, de un tercero por el que no debe responder o caso fortuito”.

En lo que concierne al llamado daño causado por las cosas, parece oportuno señalar que se trata de daños originados en la intervención autónoma de las cosas, que desbordan la actividad del hombre y el control material que el mismo ejerce sobre ellas.

Si bien la conducta humana está presente, aquí el daño se encuentra en relación de causal directa con la cosa: el accionar humano queda en segundo plano y es absorbido por la presencia de la cosa.Algunos autores entienden inclusive que lo esencial y decisivo es la incidencia causal de la cosa en el resultado nocivo, al margen de su condición de cosa riesgosa (BUSTAMANTE ALSINA, Jorge; “Responsabilidad civil por productos elaborados o defectuosos”, en LL 1992-E, pág. 1064).

Así, la contingencia del daño puede provenir de cualquier cosa riesgosa o no por naturaleza, en tanto y en cuanto, por las especiales circunstancias del caso dado, sea apta o idónea para llegar a ocasionar el perjuicio y pueda tener efectiva incidencia causal en su producción. Se trata en verdad de un problema de relación de causalidad.

En este sentido, cuando se opta por la casuística para dar una definición del riesgo de la cosa, ésta es necesariamente posterior al daño, lo que permite ir ampliando el catálogo progresivamente. De este modo se incluyen cosas que normalmente no son riesgosas y otras que sólo lo son en el caso concreto; cosas que activamente causan el daño y otras que lo producen juntamente con la acción humana; cosas concretas y abstractas (como el medio ambiente).

En estos casos la norma establece una imputación objetiva de responsabilidad, por lo cual la víctima no tiene necesidad de probar la culpa del dueño o guardián, facilitando de este modo el acceso a la reparación, siendo los enunciados más que sólidos fundamentos para considerar apto en auto el tipo legal previsto, dando así adecuado tratamiento y respuesta al planteo vertido por la demandada en cuanto acusara la inaplicabilidad de la norma en comentario.

4.3. Ahora bien, sentado que la responsabilidad en el presente caso ha de ser evaluada a la luz de lo prescripto por el art.1113, CC, la atribución a la Municipalidad por los daños derivados a raíz de la caída de un árbol surge porque el árbol emplazado en la vía pública representa un accesorio del dominio público, pudiendo sindicarse al ente municipal en el carácter de dueño o guardián, siendo aquélla, entonces, quien debe tomar las precauciones que resulten necesarias para salvaguardar la integridad de las personas y cosas que podrían resultar dañadas por bienes que pertenecen o son accesorios del dominio público.

En efecto, conforme a los arts. 2339, 2340 inciso 7°, y 2344, CC, son bienes del dominio público municipal las calles, disponiendo el art. 2520 que “La propiedad de una cosa comprende simultáneamente la de los accesorios que se encuentren en ella, natural o artificialmente unidos”. Así, por ejemplo, un árbol o un edificio pertenecen al dueño del terreno al que están adheridos, el primero en forma natural, y el segundo de una manera artificial.

Ello es consecuencia de haberse adoptado en nuestro Derecho, el principio superficie solo cedit y de no admitir dentro de la legislación argentina el derecho de superficie (art. 2614), con la variante incluida en la actualidad respecto de la superficie forestal, desde la sanción de la ley 25.509.

A su vez, el art. 2519 consagra una aplicación de estas ideas al establecer que “Todas las construcciones, plantaciones y obras existentes en la superficie o en el interior de un terreno, se presumen hechas por el propietario del terreno, y que a él pertenecen, si no se probare lo contrario (.)”.

De tal suerte, el régimen legal de las cosas accesorias de inmuebles públicos presenta analogías con el de las cosas principales y accesorias del Derecho privado. Así, integran también el dominio público los árboles de una avenida o calle o camino.Hay una relación permanente, directa e inmediata, entre el árbol y el destino de la calle.

En realidad, se trata más que de cosas accesorias, de inmuebles por accesión física, natural, en el caso de los árboles, todo lo cual se refuerza en nuestro ámbito en virtud de lo estatuido por la ley provincial Nro. 9.004 (reglamentada por Decreto 763/1983), y la Ordenanza 5.982/1995, que dejan en claro que la Municipalidad de Rosario resulta organismo de aplicación con poder de policía sobre el arbolado público situado en el ejido municipal, debiendo considerarse su carácter de guardián en los términos del art. 1113, CC.

En definitiva, el municipio es dueño y a la vez guardián de esos árboles, por lo que no cabe dudar del poder efectivo de vigilancia, gobierno y control sobre la cosa que en definitiva causó el daño. Resulta oportuno recordar que el dominio es el derecho real en virtud del cual una cosa se halla sometida a la voluntad y acción de una persona (art. 2506, CC), y que, a su vez, lo que caracteriza la guarda no es tanto la tenencia material de la cosa, sino el poder de hecho que se tiene sobre ella, con prescindencia del título o derecho que se tenga. Lo esencial es el poder de mando o dirección intelectual, vale decir, la posibilidad de ejercer un poder autónomo e independiente sobre la cosa y de impartir órdenes respecto de ella, tal como ocurre con los árboles públicos, ya que el municipio debe, a través de la repartición pertinente, realizar inspecciones periódicas a los efectos de evitar sucesos como el que dio origen a estos autos.

Claro está, la omisión de los deberes que el poder de policía conlleva, genera responsabilidad.Siguiendo esa orientación, se ha entendido que la Municipalidad es responsable del accidente “acaecido por la caída de un árbol sobre un automóvil estacionado, en razón de que a la misma le incumbe el cuidado y conservación de los espacios vegetales que se hallan en la vía pública, como así también su oportuno corte o extracción cuando pueden ofrecer algún peligro. En función de esa obligación de guarda tiene la comuna, de hecho, la responsabilidad presumida por los daños que acarrea la caída de un árbol, sin que sea en tal sentido necesario indagar si el mismo se encontraba o no atacado de algún vicio intrínseco capaz de determinar su caída. En ese orden de ideas es entonces evidente que la Municipalidad sólo podrá excusar su responsabilidad acreditando que el hecho se produjo por fuerza mayor o extraña que no puede serle imputable”. Con idéntico criterio, se sostuvo que “al ser un servicio a cargo de la Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires, el cuidado, mantenimiento y conservación de árboles que circundan las calles y paseos de la ciudad, como guardián de ellos debe, si no media caso fortuito, responder por el daño ocasionado en caso de caer total o parcialmente sobre un automóvil estacionado junto a la acera, sin que sea menester indagar si el árbol estaba o no atacado de un vicio intrínseco, capaz de determinar su desplome”.

4.4. En ese contexto, cabe indagar la eventual existencia de interrupciones en el nexo causal entre el hecho de la cosa y el daño, habida cuenta que la demandada invoca la configuración del caso fortuito por la ocurrencia de una tormenta el día del siniestro.

Sobre las eximentes de responsabilidad se ha explicado que “Puede ocurrir que el incumplimiento de la obligación le sea impuesto al deudor por un hecho ajeno a él: es lo que se denomina caso fortuito o fuerza mayor.Es éste un supuesto de inimputabilidad, ya que no es el autor moral del incumplimiento y no debe responder del daño que se siga”.

En la nota al art. 514, el codificador menciona, con cita de Troplong, que el caso fortuito se refiere a lo producido por la naturaleza y la fuerza mayor a lo generado por el hombre. En la misma nota, Vélez vuelve a c itar a Troplong y sostiene que “Mas los accidentes de la naturaleza no constituyen casos fortuitos mientras que por su intensidad no salgan del orden común”. Como vemos, el codificador no ha determinado una diferencia entre caso fortuito y fuerza mayor en la propia normativa legal. Tanto es así que no se establece distinción en los arts. 513, 893, 1522 y 1568, entre otros.

Pues bien, aunque la cuestión puede presentar matices opinables en relación a lo que debe interpretarse como imprevisible o inevitable, parece conveniente recordar que, para que los hechos de la naturaleza constituyan caso fortuito o fuerza mayor, tienen que asumir caracteres extraordinarios.

Sobre esta cuestión se ha dicho que “la caída de un árbol por una tormenta no puede en principio ser clasificado de accidente fortuito o caso de fuerza mayor. Un fuerte temporal no es un acontecimiento fortuito y la caída de un árbol provocado por el viento o la lluvia no es un hecho extraordinario ni puede sostenerse que sea imprevisible. Se trata de un daño típico de la peligrosidad propia de los ejemplares del reino vegetal en días de condiciones atmosféricas adversas y cuyo cuidado, cuando están ubicados en plazas, aceras o paseos se halla a cargo del municipio, responsable legal en los términos del art. 512 del Código Civil”.

Para eximirse de responsabilidad en la especie, debe la accionada demostrar que la tormenta revistió caracteres de excepción que la tornaron imprevisible, y que fue tal fenómeno atmosférico el causante del desplome de la rama del árbol sobre el automóvil del actor.

4.5.Este Tribunal adelanta que no luce debida acreditación en autos de los extremos mencionados.

Es oportuno dejar sentado que, en lo que respecta a las ráfagas de viento, es reiterada la jurisprudencia que sostiene que cuando aquéllas registran una velocidad de hasta 120 kilómetros horarios, no puede considerarse configurado el caso fortuito o la fuerza mayor, si a la vez no se demuestra que los demás elementos callejeros no sufrieron ese mismo día el destrozo por causa del vendaval. Es decir, la inevitabilidad que debe probar quien invoca la eximente de culpa, requiere tener características muy acentuadas y claras, a través de una apreciación general y abarcadora.

Sobre esta cuestión, y como se anticipara, no puede soslayarse que una tormenta por si misma no se presenta causalmente adecuada en abstracto (cf.arts. 900 a 911, CC, que adoptan un sistema de causalidad que coincide con la teoría de la “causa adecuada”, aclarando que decimos coincide toda vez que la fuente del codificador fue el Código de Prusia de 1784, y la teoría indicada fue expuesta por Von Kries alrededor de 1888) como para producir por sí la caída de la rama de un árbol, si es que el árbol se encuentra en pleno estado sanitario.

En tales términos, “no todas las condiciones necesarias de un resultado son equivalentes. Aquélla que según el curso natural y ordinario de las cosas es idónea para producir el resultado, esa es la causa. Las demás condiciones que no producen normal y regularmente ese efecto, son solamente condiciones antecedentes o factores concurrentes.Para establecer cuál es la causa de un daño conforme a esta teoría, es necesario formular un juicio de probabilidad, o sea considerar si tal acción u omisión del presunto responable era idónea para producir regular o normalmente un resultado; y ese juicio de probabilidad no puede hacerse sino en función de lo que un hombre de mentalidad normal, juzgada ella en abstracto, hubiese podido prever como resultado de su acto”.

A mayor abundamiento, véase que tampoco los testimonios pretranscriptos brindan datos que lleven a considerar extraordinario o desacostumbrado al fenómenos climático como lo describe la demandada, así se puede leer que los testigos dan cuenta de un día de lluvia (cfme. declaración de Ruíz Díaz fs. 185), y de una jornada que estaba para llover, (conforme dijera Flores fs. 183 vta.), con lo que no cabe la extrapolación que la demandada pretende.

4.6. En razón de los argumentos precedentemente brindados, con más la absoluta carencia de elementos probatorios que respalden las eximentes propuestas, es que las mismas no serán receptadas.

Por el contrario, lo que la experiencia indica es que, con alarmante frecuencia, cuando acaecen tormentas o ráfagas de viento de regular intensidad, se produce la caída de árboles cuyo cuidado y custodia se encuentra a cargo del ente municipal, lo cual excluye la existencia del caso fortuito en supuestos de las características del que aquí se debate, porque, por lo general, las tormentas producen las caídas de aquellos árboles que por su estado no resisten a las inclemencias climáticas, hecho que no resulta, en principio, imprevisible ni imposible de evitar para la demandada.

4.7. Por lo expresado, entiende este órgano jurisdiccional que la responsabilidad del presente hecho dañoso debe ser atribuida íntegramente a la demandada Municipalidad de Rosario (cfme. art. 1.113, CC).

5.Despejada la atribución de responsabilidad, debe pasarse revista a los daños cuya indemnización se demanda.

Toda vez que la cuantificación del daño en las obligaciones de valor se efectiviza en oportunidad de dictar sentencia (art. 772, CCC), las normas aplicables, que captan en su antecedente normativo tal presupuesto, son las vigentes al momento de la emisión del decisorio (arg. art. 7°, CCC, texto análogo al previsto en el art. 3°, CC de Vélez Sarsfield, según Ley Nro. 17.711).

No otra conclusión cabe, habida cuenta que se trata de textos normativos que integran las reglas técnicas de la actividad de sentenciar, pudiendo ser reconocidas a través de la facultad del órgano jurisdiccional de seleccionar el Derecho aplicable.

En efecto, la aplicación lisa y llana del Código Civil de Vélez Sarsfield a sentencias dictadas bajo el Código Civil y Comercial de la Nación hoy vigente, por la sola razón de haber tramitado los litigios bajo el primero de los ordenamientos mencionados, implica una postergación de la aplicación inmediata del Código Civil y Comercial sin bases legales, consagrando la regla de la aplicación diferida del Código Civil velezano después de su derogación.

Así, las partes en juicio no adquieren derecho a que la causa se falle conforme a la ley vigente al trabarse la litis, si posteriormente y antes de la sentencia firme se dicta otra ley de orden público que determina su aplicación a los procesos en curso.

5.1. En lo concerniente alrubro daños materiales, solicitado como daño emergente en autos, expresa el art. 1737, CCC, que “Hay daño cuando se lesiona un derecho o un interés no reprobado por el ordenamiento jurídico, que tenga por objeto la persona, el patrimonio, o un derecho de incidencia colectiva”.

El art. 1738, CCC, por su parte, indica que “La indemnización comprende la pérdida o disminución del patrimonio de la víctima (.)”, y el art. 1740, CCC, estatuye que “La reparación del daño debe ser plena.Consiste en la restitución de la situación del damnificado al estado anterior al hecho dañoso, sea por el pago en dinero o en especie (.)”.

En autos se encuentra debidamente acreditada la titularidad registral del dominio KGA-289 en cabeza de la actora, lo que la legitima adecuadamente de conformidad a lo normado en el art. 1772, CCC cuando dispone que “La reparación del menoscabo a un bien o a una cosa puede ser reclamado por: a) El titular de un derecho real sobre la cosa o bien.” A su vez el perito mecánico, tal como se indicara en el punto 3.1 de los considerandos se explayó detenidamente al tratar sobre los daños de la unidad y de como los mismos derivaban derivaban de la caída de un árbol sobre la unidad (puntos 3° y 2° respectivamente), indicando que el valor total de la reparación de la unidad ascendía a la suma de $ 87.455 (cfme. ampliación de pericia mecánica, fs. 61 vta.). En cuanto a la desvalorización de la unidad, la estimó entre un 5 a un 8 por ciento menor al valor que se podría haber obtenido por un vehículo similar Sin embargo, la actora requiere el resarcimiento del perjuicio económico derivado “. de la diferencia que surge del valor en plaza del vehículo a la fecha del siniestro, y si no hubiera ocurrido la caída del árbol encima, y el valor en que se vio obligada a venderlo, por el estado en que se encontraba.” (segundo párrafo fs. 26).

Aquí corresponde referir que a fs.62 mediante prueba informativa, la Asociación de Concesionarios de Automotores de la República Argentina indicó que un rodado Marca Chevrolet, modelo Agile 1.4 LT 5 puertas, año 2011, al mes de marzo del año 2014, en buenas condiciones de uso y conservación, tenía un valor de $ 81.000, siendo menester remarcar que el mismo actor reconoció haberlo vendido en fecha 20.03.2014 por la suma de $ 25.000, interponiendo la presente demanda en pos de obtener el pago de la diferencia derivada entre los montos indicados.

En consecuencia, teniendo en cuenta las facultades legalmente conferidas al Tribunal por el art. 245, CPCC, y las circunstancias que se explicitan precedentemente, se declara procedente el presente rubro, fijándose el mismo en la suma de pesos cincuenta y seis mil ($ 56.000).

6. Toda vez que el art. 1747, CCC, expresa que “El resarcimiento del daño moratorio es acumulable al del daño compensatorio o al valor de la prestación (.)”, el capital devengará un interés no acumulativo de acuerdo a las siguientes pautas: a) desde el día del hecho (arg. art. 1748, CCC), y hasta el vencimiento del plazo que la normativa aplicable otorga para el pago (Ley Nro. 7.234, texto según Ley Nro. 12.036; art. 13, Decreto Nro. 953/2011), se aplicará, siguiendo la doctrina legal establecida por la Alzada, una tasa del 8 % anual; b)en caso de incumplimiento a los términos del procedimiento de cancelación de sentencias referido y hasta su efectivo pago, el capital indemnizatorio devengará un interés equivalente al doble de la tasa referenciada (arg. art. 12, Decreto Nro. 953/2011).

7. En relació n a las costas, y en aplicación del criterio objetivo de la derrota, se impondrán íntegramente a la demandada (cfme. Aert.251 del CPCC).

Por el mérito de los fundamentos que anteceden, el Tribunal Colegiado de Responsabilidad Extracontractual de la Segunda Nominación de Rosario, RESUELVE:I) Hacer lugar a la demanda y, en consecuencia, condenar a la Municipalidad de Rosario a pagar a la actora Patricia Raquel Hernández la suma de pesos cincuenta y seis mil, con más los intereses fijados en el punto 6 de los mismos considerandos que anteceden. II) Imponer las costas de conformidad a lo indicado en el punto 7° de los considerando. III) Los honorarios se regularán oportunamente, firme que estuviera la planilla a practicarse en autos, difiriéndose para tal oportunidad el prorrateo previsto en el art. 730, CCC. IV) Insértese, agréguese copia y hágase saber.

Autos: “HERNÁNDEZ. Patricia Raquel c. MUNICIPALIDAD DE ROSARIO s. Daños y perjuicios”, Expte. Nro. 302/2015 CUIJ: 21-11684219-7, y sus unidos “HERNÁNDEZ. Patricia Raquel c. MUNICIPALIDAD DE ROSARIO s. Aseguramiento de Pruebas”, Expte. Nro. 3,667/2013.

CINGOLANI

JUEZA

ANTELO

JUEZ

BONOMELLI

JUEZ

BITETTI

SECRETARIO