La empleadora es responsable por las lesiones en el hombro de la trabajadora que realizaba tareas de esfuerzo como ‘charqueadora’

Partes: Vallejos María del Carmen c/ Galeno ART S.A. y otros s/ accidente de trabajo

Tribunal: Cámara de Apelaciones en lo Laboral de Rosario

Sala/Juzgado: III

Fecha: 11-oct-2017

Cita: MJ-JU-M-108863-AR | MJJ108863 | MJJ108863

La empleadora resulta responsable por las lesiones en el hombro de la trabajadora que se desempeñaba como ‘charqueadora’ (actividad propia en el industria de la carne), realizando para ello tareas de esfuerzo. Cuadro de rubros indemnizatorios.

Sumario:

1.-Corresponde confirmar la procedencia de la reparación integral otorgada a una trabajadora y que lo sea a cargo de la empleadora, ya que quedó demostrado que la actora, en su rol de ‘charqueadora’ (actividad propia en el industria de la carne) debía manipular trozos de materia prima, a razón de más de 1000 reses por día, tarea de esfuerzo físico guarecida bajo el concepto de ‘riesgo’.

2.-Corresponde revocar la sentencia que condenó solidariamente a la ART, pues ni la demanda ni el juez logran citar una norma que prevea la inspección del lugar de trabajo en un lapso específico, y por ello la ART codemandada deberá responder -en los límites del seguro por riesgos del trabajo, y descontando lo ya abonado por el 1,5% de incapacidad fijado primigeniamente- por la contingencia laboral sufrida por la actora.

Fallo:

En Rosario, Santa Fe, a los 11 días de octubre de dos mil diecisiete, se reunieron en Acuerdo los señores vocales de la Sala Tercera de la Excma. Cámara de Apelación en lo Laboral, Dres. A. Ana Anzulovich, Angel Félix Angelides y Eduardo E. Pastorino, para resolver en autos caratulados “VALLEJOS MARIA DEL CARMEN C/ GALENO ART SA y OTROS S/ ACCIDENTE DE TRABAJO” CUIJ 21-05105321-1, venidos en apelación y nulidad del Juzgado de Primera Instancia de Distrito en lo Laboral de la Séptima Nominación de Rosario. Hecho el estudio del pleito se resolvió plantear las siguientes cuestiones:

1.- ¿ES NULA LA RESOLUCIÓN RECURRIDA?

2.- ¿ES JUSTA LA SENTENCIA APELADA?

3.- ¿CUÁL ES EL PRONUNCIAMIENTO A DICTAR?

Practicado el sorteo de ley resultó que la votación debía realizarse en el siguiente orden: Dres. Anzulovich, Pastorino y Angelides.

1.- A la primera cuestión. La Dra. Anzulovich dijo: Los recursos de nulidad interpuestos por ambas codemandadas no resultan fundados expresamente en esta instancia, razón por la cual, corresponde tenerlos por desiertos.

Al interrogante planteado, voto por la negativa.

A idéntica cuestión el Dr. Pastorino dijo: Comparto los fundamentos expresados por la vocal que me precede, por lo cual voto en su mismo sentido.

A igual cuestión el Dr. Angelides dijo: Advirtiendo la existencia de dos votos totalmente coincidentes, que hacen sentencia válida, me abstengo de emitir opinión (art. 26 ley 10.160).

2.- A la segunda cuestión. La Dra. Anzulovich dijo: La sentencia N° 1598 del 23/09/2015, obrante a fs. 200/213, a cuyos fundamentos de hecho y de derecho me remito en razón de brevedad, rechazó las excepciones de falta de legitimación pasiva interpuestas por las codemandadas y declaró abstracta la excepción de prescripción opuesta por JBS ARGENTINA SA.Hizo lugar a la demanda incoada por María del Carmen Vallejos, condenando solidariamente a JBS ARGENTINA SA y MAPFRE ART SA -hoy GALENO- a pagar a la actora la suma de $62.614,03, más las costas y los intereses dispuestos en los considerandos.

JBS ARGENTINA SA interpuso recurso de apelación parcial a fs. 215. Por su parte, la ART codemandada apeló totalmente el acto decisorio (fs. 238).

Concedidos los recursos interpuestos, y elevadas las actuaciones a esta instancia, GALENO ART SA expresó sus agravios conforme memorial de fs. 252/261 vta. La codemandada JBS contestó en ocasión de expresar los suyos (fs. 264/266 vta.). La ART no respondió a dichas críticas, pese a haberse corrido el traslado pertinente (fs. 269). Finalmente, la actora contestó ambas expresiones de agravios a fs. 271/273 vta.

AGRAVIOS.

GALENO ART SA se agravia por cuanto el sentenciante condenó solidariamente a su parte por aplicación del art. 1074 CC, en relación a supuestos incumplimientos en materia de seguridad e higiene.

En relación a los agravios de JBS ARGENTINA SA, cabe destacar que dicha parte oportunamente definió su recurso de apelación como “parcial”, dirigiéndolo a: 1) el rechazo de la excepción de falta de legitimación pasiva; 2) la incidencia de las labores de la actora como causa de su incapacidad, y el carácter de “cosa riesgosa” de dichas labores; 3) el monto otorgado en concepto de daño material; 4) la suma por daño moral; 5) intereses fijados; 6) imposición de costas.

En su memorial, la codemandada JBS expresa agravios únicamente respecto a la condena a abonar una indemnización integral -como consecuencia de tener probados los presupuestos de responsabilidad civil-, y la imposición de costas. Consecuentemente, cabe tener por desistido el recurso apelatorio, respecto al rechazo de la excepción de falta de legitimación pasiva, los montos de condena y la tasa de interés.

TRATAMIENTO.

Cotejados los agravios con el desarrollo argumentativo del sr.juez de la causa, basado en las razones que expone y aplicando el derecho vigente, concluyo que sólo la queja de la codemandada GALENO ART SA posee suficiente entidad como para modificar la sentencia impugnada.

Todo así conforme la argumentación que seguidamente desarrollo:

1.-

Trataré en primer lugar los agravios de JBS ARGENTINA SA, por considerarlo metodológicamente más adecuado.

Dicha codemandada critica al a quo en tanto tuvo por probados los presupuestos de responsabilidad civil, y condenó a su parte a abonar a la actora una indemnización integral.

Refiere que “disiente diametralmente con el juzgador (.) quien entiende que se ha acreditado en el sub examine la relación de causalidad; la existencia de riesgo y/o vicio de la cosa como factor de atribución de responsabilidad”. Continúa exponiendo que “Contrariamente a lo entendido por el juez A Quo, en forma respetuosa considero debidamente acreditado en el caso bajo examen que JBS Argentina S.A. (en adelante “JBS”) ha demostrado el cumplimiento de todas las obligaciones que se encuentran a su cargo y asimismo que las tareas no dan lugar a la existencia de riesgo y/o vicio de la cosa” (sic, fs. 265).

Al respecto, corresponde afirmar que no cualquier descontento o desacuerdo con el criterio sostenido por el juez de la anterior instancia, es hábil para ser considerado agravio. en este caso, puede comprenderse la crítica como postura obvia si se contempla el carácter de vencido del apelante en esta causa; pero de ningún modo, satisface la exigencia normativa prevista por el legislador en el art. 118 del CPLSF. Es que el mismo exige una crítica pormenorizada, concreta, fundada y razonable en contra de los argumentos de la sentencia, articulación no evidenciada en el tema que me ocupa.

Asimismo, noto que la recurrente no indica de qué manera habría quedado demostrado el cumplimiento de las obligaciones como empleadora (las que ni siquiera identifica ni enumera). No ha efectúado referencia alguna a las pruebas de la causa.Carencia inadmisible en cualquier memorial crítico.

La codemandada JBS también critica el dictamen del perito médico. Le endilga: “.ausencia total de fuerza convictiva” por no conocer, dice, “a ciencia cierta cuales han sido las circunstancias del infortunio referido” por la actora (sic, fs. 265 vta.).

En este aspecto, es sabido que la pericia médica por lo general, detalla con precisión las dolencias de la peritada, pero no permite tener por configurado el nexo de causalidad con el accidente o las tareas descriptas por el mismo. Es que el perito médico resulta ser el profesional capacitado específicamente para dictaminar sobre el estado de salud de la actora y la existencia -o no- de incapacidad laborativa. Pero el nexo de causalidad que establece, lo es (lo sería en el mejor de los casos) entre la incapacidad que comprueba, y las condiciones de trabajo que relata la trabajadora. Las circunstancias fácticas del trabajo, a las que se hace referencia, deben ser acreditadas por otros medios.

Y en el sentido dicho, existe en autos una prueba objetiva, que es la referida a la ocurrencia del accidente de trabajo. Evidencia que surge de las declaraciones de los testigos Candia y Stizza, conforme la fundamentación brindada por la sentenciante, que no fue atacada en esta instancia (fs. 206 y vta.).

Por último, JBS afirma que “debió realizarse una pericial TÉCNICA para acreditar si las tareas eran riesgosas” (sic, fs.266).

Tal afirmación no constituye crítica a aspecto alguno de la sentencia -razón suficiente para que se tornen efectivos los apercibimientos del art 118 CPL-. Tampoco responde a la inversión de la carga de la prueba operada en autos, ni al principio de “cargas dinámicas de la prueba” imperante en el sistema laboral.

Por lo expuesto, cabe tener por acreditada la dolencia que constató el perito médico (7,03% de incapacidad de la T.O.), la ocurrencia del accidente laboral (conforme relato de los testigos), como así también por configurada la relación de causalidad entre ambos.

En relación al factor de atribución -y conforme expuso el juez de grado-, el art. 1113 CC (vigente en el tiempo del evento dañoso) no ha formulado una categoría rígida de “cosas riesgosas”, y cualquiera puede serlo en la causación de un daño, bastándole al damnificado acreditar el daño y el contacto con la cosa. El factor de imputación de responsabilidad es, en definitiva, el riesgo creado.

En autos quedó demostrado que la actora, en su rol de “charqueadora” (actividad propia en el industria de la carne) debía manipular trozos de materia prima, a razón de más de 1000 reses por día, tarea de esfuerzo físico guarecida bajo el concepto de “riesgo”. Fundamento éste que fue oportunamente desarrollado por el a quo y que llega firme a esta instancia (cfr. fs. 207 vta.).

Creo oportuno citar el Acuerdo Plenario N° 266 de la CNAT, “Pérez, Martin I. c. Maprico SAICIF” del 27/12/1988 que estableció: “en los límites de la responsabilidad establecida por el art . 1113 Cód.Civil, el daño causado por el esfuerzo desplegado por el trabajador para desplazar una cosa inerte, puede imputarse a riesgos de la cosa”.

En consecuencia, corresponde confirmar la procedencia de la reparación integral otorgada por el sentenciante, y que lo sea a cargo de la empleadora, tal cual lo decidido.

En virtud del resultado arribado, y teniendo en cuenta el carácter de accesorio de las costas, la crítica relativa a la distribución causídica resulta de inoficioso tratamiento.

Los agravios quedan rechazados.

2.-

Por otra vertiente, se agravia la ART codemandada por cuanto el juez de grado condenó solidariamente a su parte por supuestos incumplimientos en materia de seguridad e higiene. Refiere que el a quo se limitó a desarrollar cuáles serían las obligaciones a cargo de las aseguradoras de riesgos de trabajo en general, “pero no detalla concretamente y menos aún lo fundamenta con elementos de prueba, cuáles serían exactamente los incumplimientos en que incurrió mi mandante en el caso concreto y por el cual resulta a su criterio responsable en los términos de la condena”. En suma, la ART interpreta que una acción de derecho común sin demostración de un adecuado nexo de causalidad entre el daño sufrido por el trabajador y el cumplimiento deficiente de sus deberes legales, la exonerarían de responder civilmente, en el caso, conforme el art. 1074 del Código Civil. Reclama también la imposición de costas a la contraria (sic, fs. 252 vta.).

Ahora bien, llega firme a esta instancia por falta de crítica respecto a que Vallejos sufrió un accidente de trabajo el 19/08/2008, en JBS ARGENTINA SA (ex Swift), donde al levantar una nalga (de 4 o 5 kg) sintió un tirón a nivel del hombro que le impidió continuar con sus tareas.En razón de tal hecho, el actor cobró una prestación dineraria de parte de Galeno ART SA por el 1,5% de incapacidad fijada por entonces por la Comisión Médica.

No obstante, inició el presente pleito para reclamar un mayor porcentaje de incapacidad en cuanto al reclamo tarifado, como así también la reparación integral contra la empleadora mencionada y su ART (cfr. fs. 4 de la demanda).

Sin embargo, el sentenciante afirmó que “el actor reclamó en base a las normas del código civil, y dejó de lado el reclamo sistémico”, sin que exista crítica alguna a cargo de la parte accionante. Consecuentemente también arriba firme y consentido dicho encuadramiento (sic, fs. 205 vta.).

Continuando con tal razonamiento, el litigio en esta instancia revisora refiere centralmente a si la ART omitió cumplir deberes legales que constituyan causa adecuada del siniestro acaecido, haciéndola solidariamente responsable de la condena civil recaída (y confirmada) sobre la empleadora.

El fundamento esencial del juzgador para imputar a la aseguradora una omisión antijurídica y lesiva directamente contra Vallejos se resume en lo siguiente: “.La orfandad probatoria de la A.R.T., denota la evidencia que demuestra la conducta negligente de la aseguradora consistente en la falta de adopción de medidas preventivas adecuadas con respecto a las condiciones laborales en las que desarrollaba sus tareas la reclamante, lo que constituyó el obrar antijurídico que culminó con las dolencias examinadas precedentemente”. “es lo mismo que afirmar que las consecuencias invalidantes constatadas en el reclamante también pudieron haberse eficazmente haber sido evitadas (o atenuadas) si, en lo que respecta a la A.R.T., ésta hubiera cumplido con sus deberes preventivos a su cargo” (sic, fs. 209 vta.). El resto de la motivación es una construcción jurisprudencial (cfr. fs. 209 vta. in fine y ss.).

Realizada esta reseña, argumentaré respecto de ciertas cuestiones, intentando colocarlas en el exacto contexto adecuado.

Así, el simple cotejo del escrito inicial del proceso, revela que no se individualiza ni siquiera un incumplimiento de un deber legal concreto de la ART.Simplemente, se dice que la actora sufrió un accidente laboral y se reclaman los rubros: daño moral, daño emergente, lucro cesante e indemnización tarifada ley 24557 (cfr. fs. 4/9).

Tal ostentosa carencia torna inoperante la aplicación de las reglas de onus probandi y la consecuente inversión de la carga probatoria referida en la sentencia, puesto que no se puede probar en contrario hechos que no figuran en el escrito de demanda (arts. 44 y 50 CPL).

De este modo, la postura del juicio de primera instancia estaría -implícitamente- responsabilizando a la ART codemandada por no constatar el lugar de trabajo, pero no distingue cómo -o de qué manera- la realización de tal acción tendría implicancias para eludir con alto grado de probabilidad, la ocurrencia del “tirón” que experimentó la actora. Es en ese orden de ideas donde la recurrente afirma con tino “.la ART no puede imponer una modalidad de trabajo determinada a trabajadores que no son los propios porque carece de la potestad de dirección que tiene el empleador” (fs. 253 vta.).

Nótese que la legislación laboral sindica al empleador como el facultado y responsable de la dirección de la organización empresaria y del trabajo de sus dependientes (arts. 5, 64 y 65 LCT) En un caso análogo, la Corte provincial sostuvo que el ilícito omisivo no puede responder a un principio amplísimo cual es del “neminem laedere”, aunque tampoco se requiera una tipificación a la manera del delito penal. Sin embargo, ha insistido en que el juzgamiento de omisiones es más delicado que el de las acciones porque se coloca al magistrado en la necesidad de valorar los efectos que pudo tener una acción, un actuar que en el plano de la realidad no ocurrió. En fin, la causa invocada no puede operar en dirección genérica y difusa (CSJSF, “Álvarez”, A. y S., t. 239, p.406, 12/04/2011).

Como vengo advirtiendo, en la demanda no figuró una referencia relativamente concreta -sobre la omisión de cumplimiento de alguna obligación-, por lo tanto, no le asistía al demandante presunción alguna en su favor. Tal comportamiento le impone la carga de probar el nexo de causalidad entre un imaginario control sobre la forma en que deben levantarse los trozos de carne y el “tirón” experimentado por Vallejos. En dichos términos, sostener la tesis del juez equivale a considerar que cada ART debe poner un inspector del trabajo permanente en los establecimiento de sus afiliadas. Y al extremo, se podría suponer un inspector por cada trabajador, razonamiento totalmnte reñido con el más mínimo sentido común,y como tal, inaceptable.

Sin perjuicio, también es real que la Corte nacional jamás desatendió los presupuestos de la responsabilidad civil a la hora de sopesar la responsabilidad de la ART. No se duda que el Estado le impuso a las ART un rol esencial dentro del sistema, concediéndole facultades para colaborar en las tareas de control y supresión de los riesgos en el ámbito laboral. Sin embargo, no se define la cuestión por una sola y única respuesta.

El más alto Tribunal de la Nación esclareció que: “.no existe razón alguna para poner a una ART al margen del régimen de responsabilidad previsto por el Código Civil, por los daños a la persona de un trabajador derivados de un accidente o enfermedad laboral, en el caso en que se demuestren los presupuestos de aquél, que incluyen tanto el acto ilícito y la imputación, cuanto el nexo causal adecuado (excluyente o no) entre dichos daños y la omisión o el cumplimiento deficiente por parte de la primera de sus deberes legales.Tampoco las hay, dada la variedad de estos deberes, para que la aludida exención, satisfechos los mentados presupuestos, encuentre motivo en el solo hecho que las ART no pueden obligar a las empleadoras aseguradas a cumplir determinadas normas de seguridad, ni impedir a éstas que ejecuten sus trabajos por no alcanzar ciertas condiciones de resguardo al no estar facultadas para sancionar ni para clausurar establecimientos. Esta postura, sin rebozos, conduciría a una exención general y permanente, por cuanto se funda en limitaciones no menos generales y permanentes. Asimismo, pasa por alto dos circunstancias. Por un lado, al hacer hincapié en lo que no les está permitido a las ART, soslaya aquello a lo que están obligadas: no se trata, para las aseguradoras, de sancionar incumplimientos o de imponer cumplimientos, sino de algo que antecede a ello, esto es, prevenir los incumplimientos como medio para que éstos, y los riesgos que le son anejos, puedan evitarse. Por el otro, olvida que no es propio de las ART permanecer indiferentes a dichos incumplimientos, puesto que la ya citada obligación de denunciar resulta una de sus funciones preventivas” (CSJN, en el conocido y tan comentado precedente “Torrillo, Atilio Amadeo y otro c. Gulf Oil Argentina S.A7. y otro” , considerando 8° del voto de la mayoría, de 31 de marzo de 2009; el destacado es propio).

Lo detallado, más el contexto general de aquel precedente, demuestra que la justa medida de la responsabilidad civil de la Aseguradora de Riesgo de Trabajo se ciñe a la reunión de los presupuestos ordinarios exigidos por la legislación común. Así, no hay razón para estimar que la abstracción que se decidió pueda significar más que -justamente- una abstracción, y cómo tal, no evalúa las peculiaridades de los presupuestos que confluyen en la responsabilidad civil (de mi voto en “Bas, Carlos Daniel C/ Mapfre Argentina ART”, Acuerdo N° 219 de 25/08/2015).

Aún más.Ni la demanda ni el juez logran citar una norma que prevea la inspección del lugar de trabajo en un lapso específico, siendo tan importante esa obligación cuando se trata de imponer efectivamente responsabilidad por omisión: “Toda persona que por cualquier omisión hubiese ocasionado un perjuicio a otro, será responsable solamente cuando una disposición de la ley le impusiere la obligación de cumplir el hecho omitido” (art. 1074 del Código Civil aplicable al caso).

Por lo expuesto se recepta el agravio. En consonancia, propongo al Acuerdo revocar la condena solidaria por reparación integral contra la aseguradora, eximiéndola también de la correspondiente imposición de costas.

Los agravios quedan receptados.

3.-

Ahora bien, pese al rechazo de la condena solidaria que propongo, igualmente deberá considerarse que la demandada JBS ARGENTINA S.A. cumplimentó su obligación de contratar un seguro de riesgos del trabajo. Tiene derecho a ser mantenida indemne en la medida expuesta.

La situación resulta ilustrada con meridiana claridad en la siguiente cita: “.si el accidente sufrido se encuentra dentro de los cubiertos por el seguro de riesgos de trabajo, la indemnización que se reconoce en los términos del derecho común, por ser plena, incluye los montos que la aseguradora debió haber liquidado en los términos de la ley 24557. Como no existe la posibilidad de que el trabajador perciba indemnizaciones distintas por el mismo hecho, es decir, no hay duplicación en tal sentido, se impone la condena a la apelante. Nótese que la exención de toda responsabilidad a Liberty A.R.T. S.A. implicaría una lesión a la empleadora del actor, que se encontraba obligada a contratar el seguro y, consecuentemente, cubierta en esa medida frente a los eventuales infortunios de sus dependientes, y un e nriquecimiento de la propia aseguradora, dada la existencia de un hecho que la habría obligado a pagar las sumas previstas por la ley 24557” (CNAT, sala 3 in re “MÉNDEZ ALEJANDRO DANIEL c/ MYLBA S.A. Y OTRO s/ ACCIDENTE – ACCIÓN CIVIL” – 28/04/08.Id SAIJ: FA08040068) En el sentido señalado, jurisprudencia de esta misma sala -que integro. expresa: “.el hecho de que el trabajador opte por entablar su demanda con fundamento en el derecho civil, no implica que el empleador deba necesariamente afrontar en forma exclusiva la reparación de las contingencias derivadas de los infortunios laborales y exonerar de toda responsabilidad a las aseguradoras, [quienes] en caso de producirse una contingencia cubierta, deben tomar a su cargo las prestaciones de la normativa individualizada” (CAL Ros. sala 3, “MANDATO HECTOR F. C/ BENITO ROGGIO S.A. Y OT. S/ INCAPACIDAD” Expte. N° 70 Año 2014. Acuerdo N° 61 del 09/04/2015).

A mayor fundamentación, nótese que en la actualidad, la cuestión se encuentra así reglada para accidentes ocurridos con posterioridad a la entrada en vigencia de la ley 26773/2012. Es que, más allá del sistema excluyente que determina dicho cuerpo normativo para que el trabajador reclame por la vía tarifada o la civil, el propio art. 6 establece que “Cuando por sentencia judicial, conciliación o transacción se determine la reparación con fundamento en otros sistemas de responsabilidad, la Aseguradora de Riesgos del Trabajo (ART) deberá depositar en el respectivo expediente judicial o administrativo el importe que hubiera correspondido según este régimen, con más los intereses correspondientes, todo lo cual se deducirá, hasta su concurrencia, del capital condenado o transado. Asimismo, la Aseguradora de Riesgos del Trabajo (ART) interviniente deberá contribuir en el pago de las costas, en proporción a la parte del monto indemnizatorio que le hubiera correspondido respecto del total del monto declarado en la condena o pactado en la transacción.Si la sentencia judicial resultare por un importe inferior al que hubiera correspondido abonar por aplicación de este régimen de reparación, el excedente deberá depositarse a la orden del Fondo de Garantía de la ley 24.557 y sus modificatorias”.

En consecuencia, la ART codemandada deberá responder -en los límites del seguro por riesgos del trabajo, y descontando lo ya abonado por el 1,5% de incapacidad fijado primigeniamente- por la contingencia laboral sufrida por la actora.

La suma abonada así por la ART, se deducirá de la indemnización integral que debe abonar la empleadora JBS ARGENTINA SA.

4.-

La imposición de costas merece un capítulo especial. En el presente juicio, se acumularon dos pretensiones: una contra la empleadora JBS ARGENTINA SA y otra contra GALENO ART SA. En consecuencia, no hay demasiada duda en que los gastos del proceso exigen tratamiento desmembrado.

La pretensión de reparación integral esgrimida por la actora contra JBS fue receptada por el a quo, condena que se confirma con los argumentos expuestos en el tratamiento del acápite 1. En consecuencia, debe mantenerse la imposición de costas de primera instancia a la empleadora, e imponérsele a dicha parte las de la Alzada.

Diversa suerte corre la pretensión contra la ART, respecto de la cual propicio su revocación. En efecto, dicha codemandada se erige como vencedora del reclamo civil. Esto así pese a la obligación de concurrir hasta el límite del seguro por el pago que deberá efectuar la empleadora tomadora. En consecuencia, cabe imponer las costas de ambas instancias por la pretensión en estudio en el orden causado.

A la segunda cuestión, voto parcialmente por la afirmativa.

A igual cuestión el Dr. Pastorino dijo: Comparto los fundamentos brindados por la Dra. Anzulovich, por lo tanto, voto en igual sentido.

A similar cuestión el Dr. Angelides dijo: Por análogas razones a las expresadas respecto de la primera cuestión, me abstengo de votar.

3.- A la tercera cuestión. La Dra. Anzulovich dijo:

1) Declarar desiertos los recursos de nulidad interpuestos por las codemandadas.2) Rechazar el recurso de apelación incoado por JBS ARGENTINA SA

3) Hacer lugar al recurso de apelación deducido por GALENO ART SA, modificándose en consecuencia la sentencia de grado de la siguiente forma: Revocar la condena solidaria a GALENO ART SA por la reparación integral, debiendo sólo responder en la medida del seguro.

4) Confirmar, en lo demás, la sentencia impugnada, en cuanto fue materia de recursos y agravios.

5) Costas conforme lo expuesto en el punto 4 y los honorarios se regulan en el 50% de los que en definitiva se fijen en primera instancia.

A igual cuestión el Dr. Pastorino dijo: Adhiero a la decisión propuesta por la Dra. Anzulovich, por lo cual voto en su mismo sentido.

A similar cuestión el Dr. Angelides dijo: Que como dijera precedentemente y de conformidad al art. 26 de la ley 10.160, me abstengo de emitir opinión.

Practicada la votación pertinente, la Sala Tercera de la Excma. Cámara de Apelación en lo Laboral; RESUELVE:

1) Declarar desiertos los recursos de nulidad interpuestos por las codemandadas.

2) Rechazar el recurso de apelación incoado por JBS ARGENTINA SA

3) Hacer lugar al recurso de apelación deducido por GALENO ART SA, modificándose en consecuencia la sentencia de grado de la siguiente forma: Revocar la condena solidaria a GALENO ART SA por la reparación integral, debiendo sólo responder en la medida del seguro.

4) Confirmar, en lo demás, la sentencia impugnada, en cuanto fue materia de recursos y agravios.

5) Costas conforme lo expuesto en el punto 4 y los honorarios se regulan en el 50% de los que en definitiva se fijen en primera instancia. Insértese, hágase saber y fecho, bajen.

ANZULOVICH

PASTORINO

ANGELIDES

GUTIERREZ

Secretario