Se indemniza al motociclista por el accidente que sufrió, al perder la estabilidad debido a la presencia de vidrios molidos en el pavimento

Partes: Arrubarrena Miguel Ángel c/ Municipalidad de Carcaña s/ daños y perjuicios

Tribunal: Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial de Rosario

Fecha: 14-nov-2017

Cita: MJ-JU-M-108379-AR | MJJ108379 | MJJ108379

Responsabilidad de la Municipalidad demandada por el accidente que sufrió un motociclista al perder la estabilidad debido a la presencia de vidrios molidos, y caer sobre los mismos sufriendo importantes lesiones. Cuadro de rubros indemnizatorios.

Sumario:

1.-Corresponde responsabilizar a la municipalidad demandada por los daños sufridos por un motociclista al perder la estabilidad y caer sobre vidrio molido, ya que se acreditó la capacidad del referido material para provocar la caída de la moto al encontrarse esparcido sobre el pavimento y si bien la demandada puso en duda el carácter cortante del material alegando que se trataba de escoria de vidrio, ello en todo caso podría haber servido a los efectos de evaluar no la causa de la caída sino de los daños concretos.

Fallo:

En la ciudad de Rosario, a los 14 días del mes NOVIEMBRE de de 2017, se reunieron en Acuerdo los Sres. Jueces de la Sala Tercera Integrada de la Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial, Dres. Mario E. Chaumet, Jéssica M. Cinalli y Ariel C. Ariza, para dictar sentencia en los caratulados “ARRUBARRENA, MIGUEL ANGEL c/ MUNICIPALIDAD DE CARCARAÑA s/ DAÑOS Y PERJUICIOS”, Expte. Cuij Nº 21-05015693-9, venidos del Juzgado de Primera Instancia de Distrito en lo Civil, Comercial y Laboral de la 1ra. Nominación de Cañada de Gomez, en apelación de la sentencia N° 401 de fecha 31 de Marzo de 2016 obrante a fs. 186/207 y habiéndose efectuado el estudio de la causa, se resolvió plantear las siguientes cuestiones:

PRIMERA: ¿Es nula la sentencia recurrida?

SEGUNDA: ¿Es ella justa?

TERCERA: ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar?

Efectuado el sorteo de ley, resultó el siguiente orden de votación: Dres. Chaumet, Cinalli y Ariza.

A la primera cuestión, dijo el Dr. Chaumet: Atento que el recurso de nulidad interpuesto en primera instancia por la accionada no ha sido mantenido en esta sede y no advertirse la existencia de vicio sustancial alguno que implique su declaración de oficio, voto por la negativa.

A la misma cuestión, dijo la Dra. Cinalli: De conformidad con lo expuesto por el Sr. vocal preopinante, voto por la negativa.

A la segunda cuestión, dijo el Dr. Chaumet:

1. Los antecedentes del caso se pueden sintetizar de la siguiente manera:

1.1. A fs. 22/28 vino el Sr. Miguel Angel Arruabarrena “.a formular ordinaria demanda de daños y perjuicios contra la Municipalidad de Carcaraña y/o quien resulte responsable, reclamando el monto de $ 108.000 con más sus intereses y honorarios profesionales.”.

Relató, al efecto, que “.el día domingo 3 de Abril de 2005, siendo las 9,30 hs, (.) volvía de su casa camino desde su taller mecánico conduciendo una motocicleta Juki por la calle Santa Joaquina de Norte a Sur.Cuando dobla por calle Uruguay, la que se encuentra cubierta de vidrio molido que fuera arrojado por la Municipalidad de Carcaraña, sufre un accidente cuando la motocicleta en la que circulaba pierde estabilidad por la existencia de dichos vidrios molidos, y cae sobre los mismos.”; y que “.a causa del violento impacto y del material cortante que se encontraba en la calle, el Sr. Arruabarrena sufre importantes lesiones, principalmente en el lado derecho de su rostro, y en su rodilla, así como también la rotura de su dentadura, celular y lentes que llevaba encima.”.

Por todo ello reclamó $90.000.- en concepto de lesiones, $15.000.- de daño moral y $3.000.- correspondientes a gastos médicos, arribando al antes referido total de $ 108.000.

1.2. La demandada compareció a fs. 42 y contestó demanda a fs. 44/49 formulando una negativa general de los hechos relatados por la accionante.

Igualmente, aclara que “.el hecho cierto de colocarse como una forma de mejorado en las calles, como reemplazo de la piedra basáltica que se utiliza en las mejoras de las calzadas, la escoria de vidrio, que no tiene elementos cortantes, por cuanto no se trata de vidrio, sino se trata de ‘escoria de vidrio’, que no es otra cosa que rezago de la fundición del vidrio que no puede ser utilizado para nuevas aplicaciones como vidrio y pierde la característica de ser cortante.”.

En tal sentido, sostiene que “. ha sido culpa de la víctima, la virtualidad de excluir total o parcialmente la responsabilidad de la Municipalidad que no es dueño ni guardian de las calles de la ciudad.”.

1.3. Finalmente, mediante Sentencia N° 401 de fecha 31 de Marzo de 2016 (fs.186/207), el juez de primera instancia resolvió: “.I- Hacer íntegro lugar a la demanda en los términos y con los alcances mencionados, en consecuencia, condenar a la accionada a abonar a la actora la suma pesos ciento ocho mil ($ 108.000.-) dentro del plazo de diez días hábiles de notificada la presente; II- Disponer que la anterior devengará un interés conforme lo explicitado al punto 39 de los considerandos; III- Costas: en su totalidad a la accionada vencida; IV- Diferir la regulación de honorarios al estadío oportuno, la práctica de planilla con estimación pertinente.”.

2. Contra dicho resolutorio se alzaron ambas partes, interponiendo la actora recurso de apelación a fs. 208 y la demandada recursos de apelación y conjunta nulidad a fs. 210.

2.1. El memorial de la actora obra glosado a fs. 220/225, y del mismo surgen los siguientes agravios:

2.1.1. Primeramente se agravia “.en cuanto el juez a quo limitó el monto resarcitorio de la pretensión (.) al estimado en la demanda ($ 108.000) por no haber mi parte supuestamente ‘.efectuado reserva por lo que en más o en menos pudiese surgir de la prueba producida y su valoración sana y crítica por V.S., déficit que, colacionando lo expuesto acerca congruencia y sus límites, impide otorgar más de lo pretendido aún cuando la mayor cuantía se desprenda de la colectado”; con lo cual -dice- “.privilegió el mentado principio procesal de congruencia, frente a un derecho consagrado supranacionalmente como es el de reparación integral.”.

2.1.2. A continuación sostiene que “.desprendimiento del primer agravio, pero particularizándolo en los distintos rubros, agravia en consecuencia a mi parte que el Juez a quo haya establecido en cuanto a la reparación del daño a la integridad física: ‘.entiendo prudencial fijar como indemnización lo solicitado para este particular en la demanda, es decir, la suma de pesos noventa mil ($90.000.-)’.”.

2.1.3.Lo mismo con respecto al tercer agravio, pues dice que “.agravia también por supuesta a mi parte que en relación a la reparación a la integridad moral el juez a quo dispusiese: ‘No habiendo dejado librada el actor su cuantificación definitiva a las resultas de la prueba -lo que hubiese arrojado un monto mayor-, conforme y por razón de congruencia ya brindada, no habré de sobrepasar lo pretendido -$15.000-, suma que por lo que infra se verá quedará recién alcanzada, ergo, satisfecha, con la respectiva por daño psíquico, a lo cual, el presente habrá de prosperar por la de pesos doce mil ciento veinte ($12.120)”; y que ello así “.adhiriendo en este punto a lo ya arduamente explicitado en cuanto a la reparación plena y el injusto límite otorgado por el Juez a quo en miras al respeto del principio de ‘congruencia’, que como ya vimos, es de una prelación normativa inferior, consideramos que VE debe fijar un quantum indemnizatorio superior también en este rubro.”.

2.1.4. Finalmente, expresa que “.agravia a mi parte que en cuanto al daño psíquico solicitado, se haya establecido ‘.el rubro procederá estrictamente por el costo del tratamiento dictaminado, el cual, por lo supra transcripto y partiendo de un valor de $120 la sesión a razón de una sesión semanal por seis meses de tratamiento -24 sesiones-, arroja pesos dos mil ochocientos ochenta ($2.880).”; debiéndose -a su entender- “.revocar la sentencia apelada (.), fijando en consecuencia el costo de las sesiones actualizado al momento del fallo a dictarse.”.

2.2. La demandada, por su parte, presenta el correspondiente memorial a fs. 227/229, del que surgen los reproches que siguen:

2.2.1.Sostiene en primer lugar la mencionada, que el Juez de Sentencia ha omitido analizar y merituar elementos probatorios arrimados a autos, que le permiten sostener que debe cambiarse definitivamente la sentencia; por cuanto de las constancias de autos surge que el material utilizado por la Municipalidad de Carcaraña no era vidrio molido como lo expresa la actora, sino de escoria de vidrio, perdiendo dicho material la condición de cortante, sirviendo solamente como relleno estabilizante.

2.2.2. Se agravia seguidamente de “.la falta de elemento causal por parte del demandado, y sí la exclusiva responsabilidad del accidente sufrido por el Sr. Arruabarrena, a causa de la inexperiencia y negligencia en el uso de su conducido.”.

2.2.3. En tercer lugar, aduce que “.en autos no se ha probado o surjen elementos idóneos a efectos del cálculo mandado por la norma en estudio, con lo cual la justipreciación del daño sufrido por la actora, deberá surgir de las características personales de la víctima.”.

2.2.4. Finalmente, manifiesta que “.se ve agraviada por lo resuelto en cuanto a la imposicion de costas.”.

3. Llegados a este punto, es momento de dar tratamiento a cada uno de los reproches vertidos por las partes en relación a la resolución cuestionada, a fin de dilucidar si la misma resulta o no ajustada a derecho.

3.1.Se comenzará dando respuesta a los formulados por la demandante, con la aclaración de que ello se efectuará en forma conjunta, ya que a partir de lo transcripto más arriba es posible concluir que sus cuatro agravios se encuentran íntimamente vinculados unos a otros.

Inicialmente, debe hacerse notar que si bien es cierto que han habido casos en los que la jurisprudencia ha optado por flexibilizar el principio procesal de congruencia en orden a garantizar ciertos derechos cuya vigencia resultaría de una trascendencia mayor, sobre la base de algunos de los argumentos aquí esgrimidos por la recurrente; lo cierto es que ello no puede suponer llegar al extremo de que deba ser el juez, en un caso como el de autos y atento lo pretendido por la actora, el que termine elevando el monto de la condena en forma cuasi oficiosa -si se quiere-, es decir, sin contar en el memorial respectivo con una petición concreta y precisa formulada en tal sentido.

Porque aunque no quepan dudas de lo pretendido por la recurrente a través de su impugnación, en el sentido de que se eleve el quantum de la condena dispuesta en primera instancia, que se condice con lo estrictamente peticionado en la demanda; en ningún momento viene aquella ante este Tribunal de Alzada a puntualizar en forma precisa y determinada cuál sería el monto que pretende en concreto por cada rubro, esto es, cuál es la apreciación pecuniaria que correspondería a cada uno de los mismos, según su entendimiento.

Es que si bien se refiere específicamente a la demanda, no se puede dejar de tener en cuenta ahora lo dispuesto por el art. 130 del CPCC en cuanto a que la demanda expresará la designación precisa de lo que se demanda y su apreciación pecuniaria; y que cuando no fuere posible fijarla con exactitud, se suministrarán los antecedentes que puedan contribuir a su determinación aproximada.Ello así en la medida en que lo que se pretende ahora no es otra cosa que la elevación de la suma por la cual fuera condenada la accionada, en virtud de responder la misma ni más ni menos que al quantum que fuera estimado originariamente en el libelo inicial.

En consecuencia, una correcta expresión de agravios, acto procesal asimilable a la demanda en tanto se trata de un escrito por el cual se promueve la actuación de un órgano judicial de segunda instancia y contiene en su seno una pretensión recursiva que tiene por objeto la revisión del decisorio emitido en la instancia de grado en el sentido antes aludido, debería de cumplir asimismo con aquél requisito que conforme lo referido se exige en el art. 130 del CPCC y consecuentemente estimar de manera precisa el quantum de la suma por la que se espera resulte condenada la accionada en definitiva, es decir, la apreciación pecuniaria de la diferencia entre lo otorgado por el juez de primera instancia en su sentencia y aquello que finalmente se espera conseguir con la revisión por la Alzada.

Carece el planteo en cuestión, por consiguiente, de las condiciones técnicas que se exigen para la constitución de una verdadera expresión de agravios, en la medida en que se efectúa una crítica generalizada, procurando un aumento del monto de condena pero sin precisar siquiera cuál sería el quantum del mismo.

Puede decirse, en este sentido, que en supuestos como el de marras no basta sólo con decir que la indemnización debería de haber sido fijada en un monto mayor al reclamado por todo concepto en la demanda, en tanto la recepción del principio de congruencia en tal supuesto terminaría violentando al principio de la reparación plena o integral, sino que además debe especificarse el monto en cuestión; o, cuanto menos, como indica el art.130 del código de rito santafesino, demostrar, punto por punto, cuáles son los antecedentes que el órgano judicial de Alzada debe tomar en cuenta a tal efecto, con indicación precisa de las pruebas rendidas en primera instancia y de las normas jurídicas que el recurrente estima le asisten a tal efecto.

Pero nada de ello se encuentra en el memorial presentado por la recurrente. Por el contrario, en el mismo pueden leerse principalmente citas de jurisprudencia y de doctrina referidas a la confrontación entre el principio procesal de congruencia y el principio de la reparación integral, con escasa bajada e individualización a lo acontecido en el caso concreto; específicamente en lo atinente a lo mencionado en los párrafos precedentes con relación a cada uno de los rubros tratados en los diferentes reproches esgrimidos.

De ahí, en suma, que opte por el rechazo de los agravios formulados.

3.2. Sentado lo anterior, corresponde continuar con los agravios expresados por la demandada:

3.2.1. En cuanto al primero de ellos, basta con remitirse al decisorio impugnado para verificar que lo afirmado por la demandada no es acertado. Puntualmente, se encarga el juez de grado de valorar la prueba atinente al material en cuestión a fs. 192 (punto 18), donde se expresa que “.surge constatado por el Sr.Juez Comunal de la ciudad de Carcaraña (.) que efectivamente la calle Uruguay está cubierta por una capa de vidrio molido en toda su superficie, observándose abundancia en los laterales sobre las alcantarillas.”; como así también alude a los testimonios brindados en autos, que corroboran la versión de los hechos relatada por la actora.

Es más que claro, entonces, que no se han omitido elementos probatorios como sostiene la recurrente; es decir, que en modo alguno se configura lo que se ha dado en llamar artbitrariedad fáctica, sobre la cual tiene dicho la Corte Suprema de Justicia de la provincia que “.se produce cuando se ignoran los hechos relevantes y probados en el expediente.” (CSJSF, 30-12-1991, elDial.com – SF16D5).

Más aún cuando también tiene dicho el mencionado Tribunal cimero que “.las cuestiones relativas a la valoración de extremos de hecho y derecho procesal, en principio, están reservadas a la decisión de los jueces de la causa y no deparan materia idónea en orden a lograr el acceso a la vía excepcional intentada.” (CSJSF, 10-09-2013, elDial.com – AA827A); y que “.el agravio referido a la prescindencia, contradicción y malinterpretación de prueba por parte del a quo, debe demostrar en su planteamiento que ésta tiene relevancia para lograr una solución distinta, es decir, que se trate de prueba decisiva para revertir el resultado de la causa.” (CSJSF, Zeus 47, R 51, Nº 10.101).

Sobre todo lo segundo, porque conforme lo esgrimido por el autor del fallo en crisis, la caída del Sr.Arruabarrena habría obedecido a la pérdida de estabilidad y dominio que depara la presencia del mejorado; respecto de lo cual en nada influye el carácter cortante o no del material utilizado en cuestión, esto es, aquello sobre lo cual apoya su agravio la demandada, en tanto que sólo se refiere a ello como diferencia entre el vidrio molido y la escoria de vidrio.

En efecto, nunca se pone en duda la capacidad del material referido para provocar la caída de la moto al encontrarse esparcido sobre el pavimento, sino únicamente su carácter cortante. Lo que en todo caso podría haber servido a los efectos de evaluar no la causa de la caída sino de los daños concretos, en particular las lesiones sufridas en el cuerpo del demandante. Pero es necesario resaltar, en tal sentido, lo dicho por la propia accionada respecto de que las heridas del Sr. Arruabarrena pudieron haber sido provocadas en cualquier caída de su moto, máxime contra el hormigón armado del pavimento (v. fs. 45 vta).

3.2.2. Con relación al segundo agravio, ya se dijo en el punto anterior que a criterio del juez de primera instancia “.estan demostradas (.) la presencia de vidrio molido sobre la calzada y la ocurrencia de la caída.”, con lo que “.corresponde ingresar al análisis de la última arista de discusión sobre el hecho, si esta última obedeció a la pérdida de estabilidad y dominio que depara la presencia del ‘mejorado’ -lo afirmado en la demanda-, o a la culpa de la propia víctima -el eximente en definitiva esgrimido por la accionada para eludir la responsabilidad.” (v. fs.192 vta).

Pero debe hacerse notar que con lo dicho aquí en esta Alzada viene a reiterar la demandada lo dicho genéricamente en primera instancia, y respecto de lo cual sostuviera el autor del fallo impugnado que “.la responsabilidad por el injusto lesivo le cabe en forma exclusiva al Municipio accionado, ya que pese a su genérica resistencia, no arrimó elemento alguno cuyo análisis o bien directamente arrojase o bien permitiese conformar presunción judicial u hominis sobre concurrencia de culpa de la víctima.” (v. fs. 193 vta); contrariamente a lo que aconteció con el demandante, conforme puede apreciarse del conjunto de probanzas recolectadas a lo largo del período probatorio que fuera inaugurado en su momento en estos obrados.

En particular, es de resaltar lo exiguo del planteo formulado en su momento al contestarse la demanda, en la que sólo dice la accionada que “.reiteramos que ha sido la culpa de la víctima, la virtualidad capaz de excluir total o parcialmente la responsabilidad de la Municipalidad, que no es dueño ni guardian de las calles de la ciudad, que conforman el patrimonio público, y cuyo deber es asegurar la plena circulación sin obstrucciones ni riesgos, tal como ocurre en la ciudad de Carcaraña, ya que la escoria de vidrio utilizada, no contiene elementos cortantes, no causa riesgos, y reemplaza a la piedra basáltica que se usa en los mejorados de calzada.” (v. fs. 47 y vta).

De modo tal que no puede venir ahora a reiterar el mismo planteo que fuera formulado ya en primera instancia, a modo de defensa, y respecto del cual no emprendiera actividad probatoria alguna en orden a acreditar tales dichos, ni siquiera someramente.

3.2.3.Lo mismo que se acaba de argumentar podría ser trasladado a este punto para justificar el tercero de los reproches postulados por la demandada.

Ello así porque la misma se limita a decir que no se encuentra probado en autos la justipreciación del daño sufrido; pero basta con remitirse al fallo recurrido para visualizar que allí se hace mención de las pruebas producidas de las cuales surge la misma; mientras que no se logra apreciar de qué elementos se habría valido la contraria para sostener los postulados ahora traídos también ante este Tribunal.

Dicho de otra forma, se limita la recurrente a manifestar que no está de acuerdo con el cálculo que surge de las constancias y pruebas de autos, conjuntamente con la manera en que de ellas se toma el juez de primera instancia para estimar el valor de los daños sufridos por la actora. Pero nada más. Porque no sólo no produjo prueba en la instancia de grado que logre desvirtuar ello, sino que ahora, además, en su memorial, no dice en ningún momento cuál debería ser el valor en su lugar.

Por consiguiente, me queda claro, a partir del examen del memorial recursivo arriba referenciado, que el mismo también carece -al igual que el de la actora- de las condiciones técnicas exigidas para constituir una verdadera expresión de agravios, en la medida en que se efectúa una crítica generalizada al fallo sin precisar cuáles serían los errores puntuales que supuestamente habría cometido el a-quo, sobre todo su decisividad para arribar a una conclusión distinta.

3.2.4. Respecto del cuarto agravio, no habiéndose modificado en nada el decisorio impugnado en la forma requerida por la deman dada, no puede hacerse lugar al mismo, debiendo permanecer incólume la imposición de costas dispuesta en aquél.Particularmente porque es la propia recurrente la que supedita el aludido cambio al previo reconocimiento de los restantes reproches, al expresar que “.como consecuencia de lo expresado precedentemente, mi mandante se ve agraviado por lo resuelto en cuanto a la imposición de costas.”.

Voto, en fín, por la afirmativa.

A la misma cuestión, dijo la Dra. Cinalli: Compartiendo los argumentos expuestos por el Dr. Chaumet, adhiero a su voto.

A la tercera cuestión, dijo el Dr. Chaumet: Corresponde en consecuencia:

1. Rechazar ambos recursos deducidos por las partes, imponiendo las costas de esta instancia en el orden causado.

2. Confirmar la Sentencia N° 401/16 (fs. 186/207).

3. Fijar los honorarios de Alzada en el 50% de los que resulten regulados en la instancia de origen A la misma cuestión, dijo la Dra. Cinalli: El pronunciamiento que corresponde dictar en los presentes autos, es el que formula el Dr. Chaumet. En tal sentido voto.

Seguidamente, dijo el Dr. Ariza: Habiendo tomado conocimiento de los autos, y advirtiendo la existencia de dos votos coincidentes que en lo sustancial hacen sentencia válida, me abstengo de emitir opinión (art. 26 ley 10.160).

Con lo que terminó el Acuerdo, y atento sus fundamentos y conclusiones, la Sala Tercera de la Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial, integrada; RESUELVE:

1. Rechazar ambos recursos deducidos por las partes, imponiendo las costas de esta instancia en el orden causado.

2. Confirmar la Sentencia N° 401/16 (fs. 186/207).

3. Fijar los honorarios de Alzada en el 50% de los que resulten regulados en la instancia de origen.

Insértese, hágase saber, bajen y déjese nota marginal de esta resolución en el protocolo del juzgado de origen. (“ARRUBARRENA, MIGUEL ANGEL c/ MUNICIPALIDAD DE CARCARAÑA s/ DAÑOS Y PERJUICIOS”, Expte. Cuij Nº 21-05015693-9).

CHAUMET

CINALLI

ARIZA

SABRINA CAMPBELL

Secretaria