No existen daños y perjuicios si fueron los propios actores quienes se arrojaron sobre el vehículo en movimiento para detener su marcha

Partes: Suárez Omar Eduardo y otros c/ González Darío Sebastián y otros s/ daños y perjuicios

Tribunal: Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil

Sala/Juzgado: J

Fecha: 12-oct-2017

Cita: MJ-JU-M-108293-AR | MJJ108293 | MJJ108293

La demanda por daños y perjuicios debe rechazarse si se configuró una autopuesta en peligro de la víctima.

Sumario:

1.-La demanda interpuesta por los actores en razón de un accidente de tránsito debe rechazarse, ya que la conducta que asumieron ha consistido en una actitud temeraria desprovista de cualquier raciocinio, ya que han sido los propios accionantes, quienes se han arrojado sobre el vehículo en movimiento a los fines de detener su marcha, tal como se desprende de sus propios dichos y del relato efectuado por los testigos declarantes.

Fallo:

Buenos Aires, a los 12 días del mes de octubre de 2017, reunidas las Señoras Jueces de la Sala “J” de la Excma. Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil, a fin de pronunciarse en los autos caratulados: “Suárez, Omar Eduardo y otros c/ González, Dario Sebastián y otros s/ daños y perjuicios”.

La Dra. Zulema Wilde dijo:

Contra la sentencia de fs.547/555, se alzan la parte actora, quien expresa agravios a fs. 574/578, y citada en garantía, quien hace lo propio a fs. 570/573. Corridos los traslados de ley pertinentes, la parte accionante ha contestado el traslado a fs. 580/581.Con el consentimiento del auto de fs. 583 quedaron los presentes en estado de dictar sentencia.

I. El Código que nos rige ha traído una expresa disposición respecto a la temporalidad de la ley. A fin de interpretar coherentemente las normas contenidas en el art. 7, sobre la base de la irretroactividad de la ley respecto de las situaciones jurídicas ya constituidas o extinguidas, y el principio de efecto inmediato de la nueva ley sobre las situaciones que acontezcan, o relaciones jurídicas que se creen con posterioridad a su vigencia, y a las consecuencias de las relaciones y situaciones jurídicas existentes, ha de tenerse en consideración en este caso, que la situación de que se trata, ha quedado constituida, con sus consecuencias devengadas, conforme a la ley anterior.

Las consecuencias son los efectos, -de hecho o de derecho- que reconocen como causa, una situación ya existente, en este caso, el hecho ilícito imputado. Por lo que al haber nacido al amparo de la legislación anterior, ella es la que regula el presente.

Por una cuestión de orden metodológico, corresponde primero entrar a conocer en lo atinente a la responsabilidad apelada por la parte actora en lo concerniente a la pelea que se generó después del contacto entre los vehículos involucrados.

II.- Responsabilidad

II.a) Se queja la parte accionante por entender, que el encuadre jurídico de la responsabilidad en lo atinente a la pelea desarrollada con posterioridad al choque que nos ocupa, ha sido erróneo.

II. b) Al respecto cabe señalar en primer término que, el principio “iura novit curia” permite al juzgador determinar la normativa aplicable con independencia de las normas invocadas por las partes o por el juez de primera instancia. Son los hechos los que individualizan la acción, y las facultades de este Tribunal se encuentran limitadas a los mismos, pero en la aplicación del derecho y las razones que induzcan a aplicarlo, su criterio es soberano.

La aplicación del derecho está reservada al Estado y sus órganos que constituyen el Poder Judicial.

El juez, como sujeto calificador, interpreta, analiza y determina la aplicación de las normas jurídicas a los hechos expuestos por las partes. Por ello, no sólo es un derecho del tribunal interviniente sino un deber, el de dirimir los conflictos planteados (Art. 15 CC).

De allí que, en la medida que no se modifiquen las circunstancias fácticas, los jueces están obligados a calificar jurídicamente lo planteado, y el principio “iura novit curia” es esa facultad de calificar jurídicamente.

Dicho esto, cabe hacer notar a la quejosa que, más allá del derecho aplicable, no cabe la menor duda que la conducta asumida por los demandantes, ha consistido en una actitud temeraria, desprovista de cualquier raciocinio, ya que han sido los propios accionantes, quienes se han arrojado sobre el vehículo en movimiento a los fines de detener su marcha, tal como se desprende de sus propios dichos y del relato efectuado por los testigos declarantes (cfr. Fs. 242/244; 250/251; entre otras fojas).

Nótese que el propio co actor refiere se “cuelga de la puerta del auto” y continúa diciendo que “Juan Carlos Maritato se acerca a comienza a correr al lado del auto de González, para que éste no se escape” (ver fs. 317).

Asimismo de la declaración obrante en la causa penal a fs.67/68, el hijo de Maritato refiere que el conductor del Ford Falcón, le propinó a su padre un golpe de puño en el rostro provocándole daños en el labio y dos dientes.

Ahora bien, nótese que del propio relato de la demanda, no surgen tales detalles, y de los propios dichos de Maritato, refiere que se golpeó los dientes pero no sabe contra que, agrega que se golpeó la boca contra el parante de la ventanilla del conductor (ver fs. 22 causa penal), aclarando que en ningún momento el conductor del Ford Falcón le propinara algún golpe.

La declaración obrante a fs. 23/25 de la instrucción criminal da cuenta de que a consecuencia del impacto entre los vehículos y la supuesta intención de fuga del vehículo demandado, Suárez se colgó, no sabe si del cuello del conductor del Falcón o del rodado en movimiento, y luego, preguntado acerca de si el Sr.Maritato se acercó al automotor del demandado una vez que se hallaba detenido, respondió que no, que Maritato se interpuso frente al rodado y trató de introducirse al auto a fin de sacarle la llave.

De lo dicho hasta aquí, no cabe la menor duda que, la actitud desplegada por los coactores, ha sido totalmente irreflexiva y desproporcionada con los acontecimientos, configurándose de ésta manera la denominada “culpa de la propia víctima”.

Tal causal de eximición ha sido la aludida por la parte demandada.

Los comportamientos imprudentes desplegados por los damnificados constituyen, como Claus Roxin, han dado en llamar “autopuesta en peligro de la víctima”, dando lugar así a la producción del daño a sí misma, como consecuencia de la concreción del riesgo corrido y al cual se expuso voluntariamente (por violación de medidas de autoprotección exigibles); o lo que Günter Jakobs ha denominado “acción a propio riesgo”, en la que el curso lesivo le debe ser atribuido a la víctima por haber aquélla violado un deber de autoprotección, al darse un quebrantamiento imprudente y no poder así distanciarse de las consecuencias nocivas por ese comportamiento, que, conforme a un pronóstico objetivo, son previsibles.

Por lo que, los coactores han actuado con negligencia e impericia. Se ha definido a la impericia, como la falta de pericia, es decir; la falta de habilidad, sabiduría o experiencia en una ciencia o arte, mientras que el segundo concepto, la negligencia, es la falta de actividad o del cuidado necesario en un asunto por quien no está impedido de tenerlo y deba prestarlo. La impericia implica un estado carencial de conocimientos, técnicas o habilidades.Mientras que en la negligencia, el sujeto sí posee esos conocimientos o técnicas pero, o no los ejerce cuando está obligado a ello, o lo hace con descuido.

A los fines, es dable destacar que, en efecto, el artículo 1111 del código de Vélez prescribe que “el hecho que no cause daño a la persona que lo sufre, sino por una falta imputable a ella, no impone responsabilidad alguna”, norma reconoce como primer antecedente el texto de Pomponio del Digesto: quod quis ex culpa sua damnum sentit non intelligitur damnum sentire (“el que por su culpa sufre un daño, se entiende que no sufre daño alguno”).

Con acertado criterio Vélez Sársfield regló expresamente a la falta imputable a la propia víctima como causal de eximición de responsabilidad, y ello así toda vez que es justo que quien causa su propio daño soporte las consecuencias de su intervención protagónica en el evento nocivo. En suma, la víctima no puede quejarse sino de ella misma (Sagarna, Fernando, Código Civil y Normas Complementarias, Ed. Hammurabi, t. 3 A, pág. 417; ver, entre otros, mis votos in re “Figueroa Leyva, Víctor Vicente c/ Romero, Miguel Leonardo y otros s/ Daños y Perjuicios”, Expte. n° 11.406/2002, del 29/10/2010; ídem, “Luque, Rolando Alfredo c/ Herrera, José María y otros s s/ Ds. y Ps.”, Expte. n° 89.610/2004, del 30/12/2009, entre otros).

La víctima debe soportar el daño sufrido por ella misma en razón de su culpa, culpa que opera como causa extraña al hecho del autor (concausa) que suprime o desvía el curso de los sucesos y genera una relación causal propia que resulta ajena a la responsabilidad de dicho autor (cfr. Alterini, Atilio, Ameal, Oscar, López Cabana, Roberto, Derecho de Obligaciones Civiles y Comerciales, Abeledo Perrot, pág.191).

Sentado ello, y habiendo la parte demandada logrado demostrar la causal de exoneración alegada, esto es, la culpa de las propias victimas, sólo cabe el rechazo de los agravios vertidos por la parte apelante y en consecuencia, firme la sentencia a su respecto.

III.- Seguidamente, la parte citada en garantía plantea la arbitrariedad de la sentencia.

Al respecto, cabe señalar que destacar que, reiteradamente se ha sostenido que no es procedente invalidar la sentencia dictada por defectos u omisiones de la misma, si los agravios puedan ser reparados o enmendados en esta instancia por vía del recurso de apelación instaurado. (C.N.Civ. sala A, junio 3-76,E.D. 69-394, sala B, junio 11-75, E.D., 66-521, idem, julio 2-75,E.D. 64-514, idem, julio 18, 75,E.D.,65-169, sala C, abril 4 -975, E.D.65-201, idem, julio 8,76, E.D.,68-165, sala D, octubre 2-74, E.D. 65-503, y Notas de Jurisprudencia, E.D, 51-426 y 59- 448, esta Sala en autos “Seren Marina c/Ohtake Minoru y otro s/Desalojo (Expte. Nº 24.491/96) ).

Por otra parte nuestro Supremo Tribunal ha sostenido que la tacha de arbitrariedad no debe encubrir las discrepancias del apelante en lo referente a la apreciación y selección de la prueba, mas cuando es un remedio estrictamente excepcional y de su exclusivo resorte.(C.S., mayo 11-976, E.D., 64-407).

“La doctrina de la arbitrariedad reviste carácter excepcional y su aplicación no tiene por objeto corregir en tercera instancia pronunciamientos equivocados o que el recurrente considera como tales, ni cubre las discrepancias planteadas respecto de la valoración y selección de la pruebas efectuadas por el Tribunal de la causa, ni autoriza a suplir el criterio de los jueces en cuestiones que, por su naturaleza le son propias si la sentencia expone argumentos suficientes que bastan para sustenta rla” (CS, noviembre 27-1979, “Poblet S.M.c/ Colegio San José Obrero”, ídem junio 5-1980, “Knaus, Silverio c/ Kilstein, Leonardo”; ídem junio 24-1980, “Moyano, Juan C.”, ídem julio 22-1980, “Mois Ghami SA” RED. 14, página 893, sum. 416). (CNCiv., Sala “H”, “Lucero SA c/ López Vidal s/ prescripción adquisitiva”. R. 494841, 03/09/2008).

Sentado ello, no se advierte en el supuesto bajo examen cuestión que permita tachar la sentencia apelada de arbitraria, por lo que nada cabe modificar de lo decidido.

IV.- Intereses

IV. a) Por último, se agravia la empresa aseguradora por la tasa de interés aplicable al caso.

IV. b) La sentencia de grado ha dispuesto la tasa activa desde el hecho hasta el efectivo pago.

IV. c) Caber señalar que según la doctrina y jurisprudencia mayoritaria vigente en el fuero corresponde aplicar desde el inicio de la mora y hasta el efectivo pago del capital de condena la tasa activa cartera general (préstamos) nominal anual vencida a treinta días del Banco de la Nación Argentina salvo que su aplicación, en el período transcurrido hasta el dictado de dicha sentencia, implique una alteración del significado económico del capital de condena que configure un enriquecimiento indebido. Por ello, ninguna duda cabe que si se determinaron los distintos montos indemnizatorios a la fecha de ocurrencia del hecho ilícito, corresponde aplicar la tasa activa desde el inicio de la mora hasta el cumplimiento de la sentencia (C. N. Civ., esta Sala, 28/09/2009 Expte. Nº 101.903/2005 “Ochoa, Raúl Vladimiro c/ Recoletos Argentina S. A.”; Idem., id.,19/11/2009, Expte. Nº 115.969/2003 “Rodríguez Ayoroa, Hilda Mabel c/ Deconti S.A. y otros”; Id., id., 4/5/2010 Expte. Nº 28.910/2003, “Colombo, Aquilino Manuel c. De Rosso, Héctor Eduardo”; entre otros).Sin embargo, distinto criterio sostenemos cuando todos los rubros han sido estimados a la fecha de la sentencia de primera instancia (C. N. Civ., esta Sala, 11/02/2010, Expte.Nº 52.629/2005, “Solimo, Héctor Marcelo c/ Trenes de Buenos Aires y otro” ; Idem., Id., 25/02/2010, Expte. Nº 87.802/2000, “Valdez Sandra Noelia c/ Urbano Alberto Daniel y otro”; Id., id., 15/3/2010, Expte. Nº 40.230/2006 “Benzadon, Ricardo José c. Guillermo Dietrich S. A. y otro” ; Id. Id.,21/12/09 Expte. Nº 43.055/99 “Vivanco, Ángela Beatriz c/ Erguy, Marisa Beatriz y otros”; Id., id., 17/11/2009, “Pierigh, Fabiana Claudia c/ Radetch, Laura Virginia y otros”), o al menos algunos de ellos han sido determinados tomando valores vigentes a la fecha del pronunciamiento de grado o de otro momento procesal como, por ejemplo, la fecha del dictamen pericial (C. N. Civ., esta Sala, 11/03/2010, Expte 114.707/2004, “Valdez, José Marcelino c/ Miño, Luis Alberto del 11/3/2010; Idem., id., 27/4/2010, Expte. Nº 92838/2001, “Bertagni, Alberto Eugenio c/ Baron, Martín”, entre otros).

Ello así, por cuanto tal como sostuvimos las integrantes de esta Sala en oportunidad de pronunciarnos con la mayoría en el plenario Samudio, la aplicación de la tasa activa, que tiene por objeto mantener incólume la significación económica de la condena, puede implicar como un efecto no querido un resultado contrario y objetivamente injusto, produciendo una alteración del significado económico del capital de condena que configure un enriquecimiento indebido (Conf. C.N.Civ., esta Sala, 10/8/2010, Expte. Nº 69.941/2005, “Gutiérrez, Luis Alfredo y otro c/ Luciani, Daniela Cyntia y otros s/ daños y perjuicios”).

Cabe destacar que en la sentencia objeto de apelación se ha fijado una indemnización a “valores actuales”, es decir, en tal oportunidad se ha producido la cristalización de un quid, no el reconocimiento de un quantum por lo que en el caso de autos, retrotraer la aplicación de la tasa activa “a partir de cada daño objeto de reparación” importaría incurrir en un desplazamiento patrimonial injustificado.En tal caso, se estaría computando dos veces la “desvalorización” o “depreciación” monetaria: una en oportunidad de fijar montos en la sentencia de grado (cristalización) y otra a través de la aplicación de una tasa de interés (la activa) que ya registra ese componente en su misma formulación.

Ello implica que la tasa activa no debe computarse cuando su aplicación en todo el período transcurrido “implique una alteración del significado económico del capital de condena que configure un enriquecimiento indebido”.

Por ello, a los efectos de no llevar a un enriquecimiento sin causa del peticionante y al correlativo empobrecimiento de su contraria, situación que no puede merecer amparo jurisdiccional, corresponde acoger los agravios vertidos por la parte apelante sobre el particular y disponer que, desde el hecho hasta el pronunciamiento de primera instancia corresponde la aplicación de la tasa pasiva del Banco Central y de allí en adelante hasta el efectivo pago, la tasa activa cartera general (préstamos) nominal anual vencida a treinta días del Banco de la Nación Argentina.

En consecuencia, doy mi voto para que:

I. Se modifique parcialmente la sentencia recurrida.

II. Rechazar los agravios vertidos por la parte actora en lo relativo a la responsabilidad por la pelea suscitada con posterioridad al choque que nos ocupa.

III. Rechazar las formulaciones efectuadas en lo atinente a la arbitrariedad de la sentencia .

IV. Disponer la aplicación de las tasas de interés conforme lo establecido en el apartado IV.

V. Se confirme la sentencia en crisis en todo lo demás en cuanto decide y ha sido materia de apelación y de agravios.

VI. Costas de Alzada a la demandada y citada en virtud del principio de reparación plena (art. 68 CPCCN).

La Dra. Beatriz A.Verón adhiere al voto precedente.- Se deja constancia que la Vocalía N° 29 se encuentra vacante (art.109 del R.J.N.).

Con lo que terminó el acto, firmando las Señoras Vocales por ante mí que doy fe.

Buenos Aires, octubre 12 de 2017.

Y VISTOS; Lo deliberado y conclusiones establecidas en el Acuerdo precedentemente transcripto el Tribunal RESUELVE:

I.- Modificar parcialmente la sentencia recurrida.

II.- Rechazar los agravios vertidos por la parte actora en lo relativo a la responsabilidad por la pelea suscitada con posterioridad al choque que nos ocupa.

III.- Rechazar las formulaciones efectuadas en lo atinente a la arbitrariedad de la sentencia .

IV.- Disponer la aplicación de las tasas de interés conforme lo establecido en el apartado IV.

V.- Confirmar la sentencia en crisis en todo lo demás en cuanto decide y ha sido materia de apelación y de agravios.

VI.- Costas de Alzada a la demandada y citada en virtud del principio de reparación plena (art. 68 CPCCN).

VII.- Difiérase la regulación de los honorarios para su oportunidad.

Se deja constancia que la Vocalía N° 29 se encuentra vacante (art. 109 del R.J.N.).

Regístrese, notifíquese y comuníquese a la Dirección de Comunicación Pública de la Corte Suprema de Justicia de la Nación (Acordada N° 15/13 art. 4°) y oportunamente devuélvase.

BEATRIZ ALICIA VERON

ZULEMA WILDE

JUEZ