La Corte Suprema de Justicia de la Nación ratifica la inhabilitación del Tribunal Oral en lo Criminal Federal N° 9

Título: ACORDADA N° 7/2018 – Poder Judicial. Tribunal Oral en lo Criminal Federal N° 9. Habilitación. Rechazo. Acordada N° 4/2018. Ratificación.

Tipo: ACORDADA

Número: 7

Emisor: Corte Suprema de Justicia de la Nación

Fecha B.O.: N.R: La norma no ha sido publicada en el Boletín Oficial.

Localización: NACIONAL

Cita: LEG92603

En Buenos Aires, los días once del mes de abril del año dos mil dieciocho, los señores Ministros que suscriben la presente,

CONSIDERARON:

I. Que ante las consideraciones efectuadas por la mayorfa de esta Corte para sostener lo decidido en la acordada 4/2018 -de no hacer lugar a la habilitación del Tribunal Oral en lo Criminal Federal N° 9-, el Consejo de la Magistratura de la Nación el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación concurren esta sede fin de solicitar, mediante las presentaciones respectivas -escritos 845/18 847/18-, que se precisen las consecuencias que da lugar la posición adoptada por el Tribunal frente diversas situaciones que senalan.

II. Que el Senor Presidente del Consejo de la Magistratura de la Nación comunicó la resolución n° 104/2018 dictada por el plenario de dicho órgano, que dispuso -por un lado- remitir a esta Corte la consulta efectuada por la Cámara Federal de Casación Penal, concerniente la situación del tribunal oral en lo criminal y correccional que habia sido transformado mediante resolución 491/2017 de dicho Cuerpo, así como la de sus respectivos magistrados; y, por el otro, ante la diversidad de interpretaciones que los consejeros formularon en el debate producido en la reunión plenaria de dicho órgano, se solicitó que se precise el sentido y alcance de la acordada 4/2018.

III. Que el Seilor Ministro de Justicia y Derechos Humanos de la Nación formuló una presentación originada también por las consideraciones que sostienen la conclusión alcanzada en dicha acordada por la mayoría del Tribunal, solicitando que se efectúen las precisiones necesarias a fin de que esa instancia pueda disponer lo pertinente para la continuidad de los trámites en curso destinados al traslado de magistrados, a cuyo fin diferenció tres situaciones.

Por un lado, el traslado de magistrados titulares de Juzgados, Tribunales o Cámaras nacionales de la Capital Federal otros órganos de ese mismo fuero nacional; la segunda situación, referida al traslado de magistrados de Juzgados, Tribunales o Cámaras del fuero federal otros órganos similares de la misma naturaleza federal; y por último, aquellos trámites que tienen por objeto concretar traslados de magistrados integrantes de Juzgados, Tribunales o Cámaras nacionales a otros órganos del fuero federal.

Asimismo, solicitó que este Tribunal se pronuncie “sobre la validez de los traslados realizados por el citado Consejo y/o aprobados por el Poder Ejecutivo Nacional, con anterioridad a la referida Acordada, y de los actos emitidos por los magistrados que fueron objeto de esos traslados.”

IV. Que las presentaciones no pueden encuadrarse, por tanto responderse, dentro de los cauces correspondientes a las funciones jurisdiccionales de este Tribunal, pues es inequívoco que se refieren un acto dictado por esta Corte en ejercicio de las funciones connatu rales de gobierno del Poder Judicial de la Nación que le asisten con carácter exclusivo, por su condición de titular de este Departamento del Gobierno Federal (Constitución Nacional, arto 108).

A lo expresado se suma que las consultas formuladas exceden ampliamente el marco de lo específicamente resuelto por la acordada 4/2018, e incluso refieren supuestos relacionados con otros órganos jurisdiccionales diversos de los considerados por el Tribunal en dicha decisión.

V.

Que no obstante lo dicho, en razón a la naturaleza e implicancias de la cuestión que constituye el objeto de las consultas formuladas tanto por el Consejo de la Magistratura de la Nación como por el Seflor Ministro de Justicia y Derechos Humanos, corresponde que este Tribunal intervenga fin de evitar situaciones potencialmente frustratorias del servicio de justicia o que puedan implicar un retardo en su prestación.

En oportunidad de dictar la acordada 231/2005 este Tribunal enfatizó, en palabras que son inmediatamente aplicables esta situación, que frente a las consecuencias que se derivaban de una decisión jurisdiccional tomada por esta Corte sobre la validez constitucional de una disposición legal:

. esta Corte tiene el deber Institucional de adoptar las medidas razonables apropiadas para preservar la validez de los procesos, futuros en trámite, en que la aplicación de la regla descalificada por el Tribunal dé lugar la violación de las garantfas constitucionales en juego, además de incurrir en una grave afectación de uno de los pilares fundamentales de la administración de justicia en un estado democrático.

Se trata, pues, de enfrentar con la rapidez que exige la naturaleza de los intereses comprometidos una situación que dista de ser novedosa en la doctrina de los precedentes de esta Corte, que ante casos que guardan analogra con el presente ha debido tomar decisiones con la mayor celeridad para evitar situaciones frustratorias de garantras constitucionales de atolladero institucional en la administración de justicia (acordadas 15/87, 6189, 45/96, 75/96, 3412002, sus citas).

VI.

Que en las condiciones expresadas, antes de dar puntual respuesta los distintos supuestos consultados a este Tribunal, dado que en ellos se hace referencia a tribunales federales con asiento en la Capital Federal y a tribunales nacionales ordinarios, resulta imprescindible recordar que esta Corte, al resolver la cuestión de competencia suscitada en la causa en que se investiga la muerte del fiscal Natalio Alberto Nisman (Fallos 339:1342, sentencia del 20 de septiembre de 2016, considerando 5° del voto mayoritario), ratificó la doctrina sentada en la decisión adoptada en el año 2015 en el caso “Corrales” (Fallos 338:1517), para lo cual abandonó el criterio anterior que partia de considerar que todos los magistrados que integraban la judicatura de la Capital de la República revestían el mismo carácter nacional.

En tales pronunciamientos se consideró que los tribunales nacionales ordinarios no tienen competencia en aquellas materias

reservadas a la justicia federal y, a diferencia de lo que se venia sosteniendo, se resolvió que el carácter nacional de sus magistrados no modifica ni suple esta circunstancia. Es en este sentido que se afirmó . de aqui en más, a los efectos de dirimir cuestiones de competencia, no corresponde equiparar los tribunales nacionales ordinarios con los federales . (Fallos 338:1517), por lo tanto, partir de ese pronunciamiento, corresponde dirimir estas controversias atendiendo la competencia material del tribunal (federal o local) y no a la naturaleza o carácter del juez que la ejerza.

VII. Que, a la luz de los precedentes citados, la hipó- tesis del traslado -consultada por el sellor Ministro de Justicia y Derechos Humanos de la Nación- de un magistrado nacional de la Capital Federal para desempellar funciones de la misma jerarquia dentro de la jurisdicció nacional, con igualo similar competencia material, mediando el consentimiento respectivo, resulta diametralmente diferente de la considerada y definida en la acordada 4/2018.

De ahi, pues, que en tales situaciones cabe concluir que no es necesaria la instrumentación de un nuevo procedimiento de designación conforme las exigencias del articulo 99, inc.

4°, de la Constitu ció n Nacional.

Idéntico criterio corresponde aplicar con relación al supuesto de traslado de magistrados federales para desempellar funcio-

nes de la misma jerarquía dentro de la jurisdicción federal, con igualo similar competencia material, mediando consentimiento del magistrado respectivo, que hace referencia el mismo solicitante en el último párrafo de fs. 1 de su escrito.

Por último, con relación al supuesto de traslado de magistrados integrantes de órganos jurisdiccionales nacionales ordinarios de la Capital Federal a tribunales federales con asiento en esta ciudad -caso invocado en el primer párrafo de fs. 1vta. del escrito mencionadola respuesta dada por el Tribunal ha sido suficientemente clara, por lo que deberá estarse a lo resuelto por este Tribunal en la Acordada 4/2018 (vr. considerandos XIX, XX, XXI).

VIII. Que por ende, los traslados que se hubieran dispuesto fuera de las condiciones señaladas precedentemente deberán cesar cuando concluya el procedimiento constitucional previsto para la cobertura de los cargos respectivos.

IX. Que, asimismo, este Tribunal considera imprescindible remarcar que el mecanismo de traslado de magistrados, objetado por al acordada 412018, resulta un sistema de marcada excepcionalidad, que en ningún caso podría desnaturalizar el procedimiento constitucional de selección de magistrados, con el consecuente riesgo de generalizar la permanencia en el cargo de jueces que no cumplieron con el procedimiento constitucional exigido.

X. Que, por otro lado, es menester recordar que -conforme jurisprudencia consolidada de este Tribunal en casos en los que se ha analizado la intervención de magistrados que accedieron sus cargos sin el debido cumplimiento de las exigencias constitucionales de designación de jueces federales- . elementales razones de seguridad jurídica obligan a rechazar cualquier inteligencia que admitiese obstruir, o más aún paralizar, la administración de justicia” (Fallos 330:2361, considerando 21 338:1216, considerando 35).

En tal sentido, corresponde memorar el criterio de esta Corte conforme al cual la autoridad institucional de tales decisiones no priva de validez a los actos procesales cumplidos (conf.

doctrina de “Barry”, Fallos 319:2151 y sus citas; “Itzcovich”, Fallos 328:566 y “Anadón”, Fallos 338:724). Ello es así toda vez que la aplicación en el tiempo de los nuevos criterios ha de estar presidida por una especial prudencia, con el objeto de que los avances propuestos no se vean malogrados en ese trance (Fallos 338:1216, considerando 35).

En esta Ifnea de razonamiento, la Corte estimó que resultaba claro que, decisiones con las repercusiones de la presente, no pueden dictarse desatendiendo las graves consecuencias que, de modo inmediato, derivarán de ella (Fallos 330:2361, considerando 22; Fallos.

338:1216, considerando 35). Para satisfacer ese objetivo, con el fin de descartar de plano cualquier solución que someta a los litigantes a una

suerte de retrogradación del proceso (situación que justamente se procuró conjurar mediante la solución consagrada en los mencionados precedentes “Barry” e “Itzcovich”), el Tribunal resolvió que devenia imprescindible admitir la validez de las actuaciones procesales ya practicadas por ellos.

XI. Que, finalmente, al haber rechazado esta Corte la habilitación del Tribunal Oral en lo Criminal Federal n° 9, la disolución del Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional n° 10 de la Capital Federal prevista en la ley 27.307 -como consecuencia de la transformación de tribunales que dispone- no ha tenido lugar, desde el momento en que estaba condicionada a la creación del tribunal federal que no fue habilitado por esta Corte, conformando un todo indivisible.

De ahí, pues, que el Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional n° 10 de la Capital Federal deberá continuar en pleno funcionamiento, integrando el sorteo de causas de competencia penal ordinaria.

Por todo lo expuesto, ACORDARON:

1. Reiterar la plena vigencia de la acordada 4/2018 .

2. En función a las consultas formuladas, poner en conocimiento del Consejo de la Magistratura del Poder Judicial de la Nación y del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación la presente acordada.

3. Hacer saber la Cámara Federal de Casación Penal que, en los términos de lo señalado en el considerando XI de la presente, el tribunal involucrado en la resolución 491/2017 del Consejo de la Magistratura debe continuar en el sorteo de causas de competencia penal ordinaria, como Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N° 10 de la Capital Federal.

Todo lo cual dispusieron, mandaron y ordenaron que se comunicase, publicase en la página web del Tribunal y registrase en el libro correspondiente, por ante mí, que doy fe.