Los requisitos de las medidas cautelares en materia tributaria en un reciente pronunciamiento de la Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires

Autor: Vidal Quera, Gastón

Fecha: 11-oct-2017

Cita: MJ-DOC-12020-AR | MJD12020

Sumario:

I. Introducción. II. Los hechos del caso. III. El rechazo de la medida cautelar. Fundamentos. IV. Reflexiones finales.

Doctrina:

Por Gastón Vidal Quera (*)

I. INTRODUCCIÓN

En un reciente pronunciamiento, la Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires reafirmó los requisitos de procedencia de las medidas cautelares en materia tributaria, por lo que resulta de utilidad repasar el citado pronunciamiento (1).

II. LOS HECHOS DEL CASO

La empresa actora promovió una acción originaria de inconstitucionalidad en los términos de los arts. 161, inc. 1 , de la Constitución provincial (2) y 683 y ss. del Código Procesal Civil y Comercial, con el objeto de que se declare la invalidez de los títulos V y VI de la Ordenanza fiscal e impositiva 9011/16 dictada por la Municipalidad de Necochea y del respectivo decreto de promulgación del Intendente municipal 3244/16, al considerar que estos vulneraban los arts. 3 , 10, 11 , 15 , 25, 27 , 31 , 37 , 45 , 56, 57 y 190 al 197 de la Constitución Provincial.

La normativa en cuestión, en concreto, gravó con la tasa por inspección de seguridad e higiene y el adicional para la promoción del turismo a los servicios de explotación de máquinas tragamonedas a partir del 1 de enero de 2017, afectando a su entender derechos patrimoniales.

Sostiene que el tributo creado por la normativa local quebranta las disposiciones de la Ley 13.063, la que luego de autorizar el funcionamiento de máquinas electrónicas de juegos de azar exclusivamente en las salas de bingo (art. 1 ) y de establecer el canon para la explotación de máquinas tragamonedas y su distribución entre el Fisco provincial, los municipios y los titulares de estas salas (art.3 ), determina que las comunas no podrán imponer tasas o contribuciones a esta actividad, debiendo entenderse que el reparto determinado en el artículo anterior incluye los gravámenes municipales que pudieren devengarse respecto de las utilidades del juego, salvo el correspondiente abono de la tasa por alumbrado, barrido y limpieza y la contribución por mejoras (art. 4 ).

Finalmente, solicita el dictado de una medida cautelar suspensiva de la normativa reseñada.

III. EL RECHAZO DE LA MEDIDA CAUTELAR. FUNDAMENTOS

El Superior Tribunal Provincial resolvió rechazar la medida cautelar sobre la base de los siguientes argumentos:

1. En primer lugar, reiteró que el examen de los requisitos de las medidas cautelares (verosimilitud en el derecho, peligro en la demora y la fijación de una contracautela) es particularmente estricto en el ámbito de la acción originaria de inconstitucionalidad atento a la presunción de constitucionalidad de la que gozan las normas legales, en el caso las Ordenanzas Municipales dictadas por el Concejo Deliberante.

2. Es procedente el dictado de una medida cautelar, para suspender la ejecución de una ordenanza en casos en que el cumplimiento de la norma impugnada pueda generar un perjuicio grave para el derecho o interés invocado y cuando de las circunstancias se advierte que el planteo formulado por quien objeta la constitucionalidad de la norma posee una seria y consistente apariencia de buen derecho.

3. Al analizar el caso concreto, si la Municipalidad puede cobrar la tasa reclamada, pese a que se abona a nivel provincial un canon por las máquinas tragamonedas, que se coparticipa a los municipios y que la normativa provincial establece que no pueden establecerse tasas a la actividad del juego, la Suprema Corte considera que no es un caso estricto de la acción originaria de inconstitucionalidad, ya que se analizan agravios relativos a una ley provincial.

4.Además consideró que no se ve un agravio constitucional, ya que no se demostró que la imposición de tasas municipales sobre las actividades desarrolladas en las salas de juego, colisione con la Constitución Provincial, considerando que el dictado de ordenanzas impositivas es una atribución que el mismo régimen municipal consagrado en el texto fundamental le otorga a los gobiernos locales (art. 192, incs. 5 y 6, y art. 193 inc. 2 , de la Const. prov.).

5. Finalmente, tampoco se probó el peligro en la demora, ya que no se demostró cómo el cobro de una alícuota del 2% sobre la suma de los ingresos brutos devengados durante el período fiscal impacta sobre el giro comercial de la empresa.

IV. REFLEXIONES FINALES

La Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires reafirma su doctrina en materia de medidas cautelares, las que en materia tributaria se otorgan con particular estrictez, debiéndose acreditar todos los requisitos de verosimilitud en el derecho, peligro en la demora y contracautela.

Asimismo, reafirma la facultad de los municipios de dictar ordenanzas que establezcan tasas retributivas de servicios, no pudiendo vislumbrarse que las mismas obstaculicen de forma irreparable la actividad de la actora.

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(1) «Necochea Entretenimientos S. A. c/ Municipalidad de Necochea s/ inconstitucionalidad Ordenanza 9011/16», del 28 de junio de 2017.

(2) «La Suprema Corte tiene las siguientes atribuciones: 1. Ejerce la jurisdicción originaria y de apelación para conocer y resolver acerca de la constitucionalidad o inconstitucionalidad de leyes, decretos, ordenanzas y reglamentos que estatuyan materia regida por esta Constitución y se controvierta por parte interesada».

(*) Abogado, UBA. Carrera de Especialización en Derecho Tributario, UBA. Docente a cargo del curso de verano, curso de invierno y curso regular de Finanzas Públicas y Derecho Tributario, UBA. Docente en la carrera de posgrado de especialización en Procedimiento Tributario y Previsional, CPBA. Adjunto de Derecho tributario, Cátedra O’Donnell, UCES. Matriculado en el Colegio Público de Abogados de Capital Federal, el Colegio de Abogados de San Isidro y la Cámara Federal de Apelaciones de San Martín. Miembro de la Asociación Argentina de Estudios Fiscales. Ha escrito artículos sobre temas tributarios y constitucionales para publicaciones jurídicas. Coautor de «Régimen tributario argentino», editado por Lexis Nexis.