Se ordena la confección de un Plan de Manejo del Río Arenales, un Plan Sanitario de Emergencia y un Plan de Monitoreo, a fin de evitar las constantes inundaciones de las urbanizaciones ribereñas y la continua contaminación del curso de agua

Partes: Mercado Amelia Emilia y otros c/ Municipalidad de la Ciudad de Salta y otros s/ amparo

Tribunal: Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial de Salta

Sala/Juzgado: 3

Fecha: 14-ago-2017

Cita: MJ-JU-M-106704-AR | MJJ106704 | MJJ106704

Se ordena la confección de Planes de Manejo del Río Arenales, Sanitario de Emergencia y de Monitoreo, a fin de evitar las constantes inundaciones de las urbanizaciones ribereñas y la continua contaminación del curso de agua.

Sumario:

1.-Corresponde acoger la acción de amparo colectivo deducida, ordenándose la confección de un Plan de Manejo del Río Arenales, un Plan Sanitario de Emergencia y un Plan de Monitoreo, a fin de evitar las constantes inundaciones y la continua contaminación del curso de agua, siendo que existe coincidencia en cuanto a las tareas de saneamiento que deben realizarse, tanto para reparar el daño ambiental ocasionado, como para evitar la reiteración de estos sucesos en el futuro, y siendo que también confluyen las posiciones de las partes en cuanto a la realización de un plan de trabajo coordinado o manejo integral de cuenca, y al monitoreo o auditoria ambiental permanente, como también a la necesidad de contar con un plan de contingencia.

2.-El juicio refiere al curso de agua más trascendente que tiene la ciudad Capital, alrededor del cual se instalan cientos de familias ribereñas caracterizadas por su situación de vulnerabilidad económica y socio-ambiental, habiendo sido afectados por la inundación de enero de 2011 once barrios y asentamientos urbanos, siendo que las posibilidades de inundación de aquellas urbanizaciones sigue latente, en tanto la línea de inundación fijada en los estudios y gráficos aportados comprenden espacios urbanizados; esta circunstancia, de por sí grave en extremo, a su vez se ve magnificada por el estado de contaminación del río, lo que implica que el agua que desborda en situación de crecidas conlleva posibilidades muy altas de generar patologías muy diversas a los habitantes ribereños.

3.-Si bien en el devenir del dilatado proceso tanto la Provincia de Salta como la Municipalidad de la Ciudad enfrentaron diversos planes de saneamiento del Río Arenales, hay un dispendio de recursos públicos carentes de efectividad en tanto la inundación del año 2011 fue posterior a todos estos trámites, y no puede dejar de ponerse de resalto que se reiteraron en estos años de litigio -si bien con menor gravedad- inundaciones que mantienen en vilo a la comunidad, sin que los ámbitos de poder propios y propicios para la ejecución de las obras necesarias para garantir la salud y la vida de los salteños que habitan en la ribera del río hubiesen concretado los emprendimientos idóneos y necesarios para desarticular los problemas que, la propia administración ha marcado como existentes de vieja data.

4.-En los procesos colectivos, en razón de la naturaleza de los derechos en juego, tanto los naturalmente colectivos como los individuales homogéneos, y la legitimación extraordinaria vigente para su reclamo, la extensión subjetiva de la sentencia no coincide con el alcance clásico de la cosa juzgada; en estos casos son los miembros del grupo o la clase a quienes alcanzarán los efectos de la sentencia independientemente de su participación personal y directa en el proceso o no.

5.-La función preventiva del derecho ambiental se encuentra hoy con un marco normativo general con el que debe convivir, y tomar de él todo aquello que sea de utilidad para lograr una plena tutela para el derecho constitucional a un ambiente sano.

Fallo:

Salta, 14 de agosto de 2017

Y VISTOS: Estos autos caratulados “MERCADO, Amelia Emilia y otros vs. MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD DE SALTA y otros – Amparo”, Expte. Nº CAM 380.533/12 de esta Sala Tercera, de trámite ante el doctor Marcelo Ramón Domínguez y R E S U L T A N D O

I) A fs. 347/368, la Corte de Justicia de Salta, en decisión mayoritaria (conformada por los votos de los doctores Ernesto R. Samsón, Sergio Fabián Vittar, Guillermo Alberto Catalano y Guillermo Alberto Posadas, que adhirieron al voto de los doctores Guillermo Félix Díaz y Susana Graciela Kauffman, aunque reformulando el considerando 13), decidió revocar la sentencia dictada por el entonces Juez del presente amparo, doctor Mario Ricardo D´Jallad, por considerarla prematura, y dispuso “encomendar al tribunal a quo adopte todas las medidas necesarias para actualizar la información relativa al objeto perseguido en autos -definido en la audiencia de fs. 252 y vta.-, esto es, en lo relativo a las actividades cumplidas y a realizar para evitar las previsibles consecuencias sobre personas y bienes que pudieran derivarse de nuevas crecientes del Río Arenales y para sanear de contaminación su cauce, efectuando las inspecciones oculares que resulten pertinentes para verificar el efectivo cumplimiento de las tareas encomendadas a la Unidad Ejecutora de Recuperación y Saneamiento del Río Arenales, creada por el Decreto nº 3249/11″.

Luego, a fs. 382, la parte actora pidió que, por haberse acogido a la jubilación el entonces Juez interviniente, continuara el trámite del presente proceso ante el Suscripto, asumiendo mi intervención a fs. 387.A fs. 409, dispuse -ante el pedido de la accionante y lo ya ordenado por la Corte de Justicia en el considerando 14 de fs. 366 vta., respecto a la publicidad del presente proceso-, fijar audiencia para el día 5 de febrero de 2015, a fin de dar continuidad al trámite y efectuar el control de representatividad adecuada del colectivo actor, con la presencia de todos los implicados en el amparo.A dicha convocatoria concurrieron 60 personas de los barrios Ceferino, 13 de Abril y Villa Angelita (v. lista confeccionada por personal policial a fs. 427/428), y también los representantes de la Municipalidad de la Ciudad de Salta, de la empresa Néstor Marozzi S.A., de Aguas del Norte, de la Secretaría de Recursos Hídricos, y el señor Fiscal de Cámara Civil y Comercial de todo lo cual da cuenta el acta labrada en tal ocasión que rola a fs. 431.

A fs. 447, solicité informes a las demandadas y ordené la realización de una inspección ocular en las zonas afectadas.

A fs. 450/465, se agregó al expediente un Resumen de Informes Anuales realizado por la Unidad Ejecutora para la Recuperación y Saneamiento del Río Arenales (según Decreto N° 3249/11, reza su encabezado).

A fs. 482 se glosó el acta realizada en ocasión de concretarse el reconocimiento judicial en la zona afectada, el día 17 de marzo de 2015, respecto de la cual, a fs. 485, la parte actora manifiesta que de ella se desprende que, para solucionar definitivamente los problemas de erosión, inundación y contaminación del Río Arenales, corresponde definir obras y acciones en un plan maestro, y pide en lo inmediato la adopción de decisiones protectorias y precautorias. Dichas medidas fueron ordenadas en las resoluciones dictadas por el Tribunal a fs. 536/537, 576/577 y 676/678 (esta última, a pedido de la Secretaría de Recursos Hídricos de la Provincia). A fs. 492, la empresa Néstor A. Marozzi S.A., informó que mantiene su paquete accionario, socios e idénticas autoridades; que el predio donde funciona el fondo de comercio es el ubicado en Av. Tavella Nº 2.242, y que el catastro más cercano al Puente Blanco se encuentra alquilado a la empresa Brindar S.A. (es la Matrícula N° 88.825 del Departamento Capital).

A fs. 494/516, el señor Secretario de Recursos Hídricos de la Provincia contestó el pedido de informes ordenado a fs.447, y a fs. 530/533 el funcionario acompañó un informe del doctor Víctor Omar Viera respecto a la ubicación de la propiedad de Marozzi S.A. en orden a la línea de ribera y su probable afectación al curso del río.

A fs. 548/574 se agregó informe de la aludida Secretaría sobre los resultados de la puesta a prueba del sistema empleado para la eliminación de los vuelcos de líquidos cloacales crudos en el Barrio Ceferino.A fs. 590/591, la Municipalidad de la Ciudad de Salta informó el plan diseñado para el servicio de limpieza integral de los canales pluviales que desembocan en el cauce del Río Arenales.

A fs. 595, el señor Fiscal de Cámara Civil y Comercial, Dr. Ramiro Michel Cullen, puso en conocimiento de este Tribunal un suceso periodístico del cual surgiría la existencia de contaminación por rotura de un caño cloacal, y pidió se realice un muestreo e inspección de la zona en cuestión a través del Departamento Técnico Científico dependiente del Centro de Investigaciones Fiscales del Ministerio Público y que, de corresponder, se proponga un plan de trabajo.

A fs. 631/633, el doctor Ramiro Michel Cullel acompañó el Plan de Trabajo elaborado por el Cuerpo de Investigadores Fiscales -Departamento Técnico Científico-, en el cual se propuso la realización de una inspección ocular y la toma de muestras del Río Arenales, medidas que se concretaron a fs. 646 y 682/683, adjuntándose el Informe respectivo a fs. 743/764._A fs. 711/715 el ingeniero Armando Omar Zapata, Jefe del Programa de Monitoreo Hídrico de Contaminantes de la Secretaría de Recursos Hídricos, y la doctora Silvia F. Santamarina, Jefe del Programa de Fiscalización y Control de la misma Secretaría, acompañaron copias de muestreos de agua del Río Arenales. A fs.728/733, aportaron copia de la Resolución Nº 011/01 de la SEMADES de la cual surgen los máximos tolerables para volcamientos a cursos de agua y desagües pluviales._A fs. 720/721, Aguas del Norte informó los resultados de efluentes, que son cuestionados por la actora a fs. 723/725. Luego, a fs. 789, la misma empresa sostuvo -el 24 de octubre de 2016- haber concluido las obras programadas para el saneamiento del Río Arenales y, a fs. 813, informó -el 16 de noviembre de 2016- que no realizó propuesta de saneamiento alguna en relación al Río Arenales, tarea que, según afirma no resultaría de su incumbencia.

A fs. 792/807, se adjuntó el informe correspondiente al período 2015/2016 del avance y estado actual de los trabajos realizados en el Río Arenales de parte de la Secretaría de Recursos Hídricos de la Provincia._ A fs. 833/839, se glosó el Informe Técnico de la Unidad Ejecutora de Saneamiento del Río Arenales sobre los trabajos realizados, cuya incorporación fue cuestionada por la accionante a fs. 843/844._A fs. 854/868, se anejó el alegato de la actora; a fs. 869/874, el presentado por la Municipalidad de la Ciudad de Salta, haciendo lo propio con el de la Provincia de Salta, a fs. 875/879; el de Néstor A. Marozzi S.A., a fs. 880/886, y el de Aguas del Norte S.A. (Compañía Salteña de Agua y Saneamiento S.A.), a fs. 887/888.

A fs. 892/896, dictaminó el señor Fiscal de Cámara, Dr. Ramiro Michel Cullen, quien se pronuncia por la procedencia de la demanda expresando que corresponde dictar sentencia en la que se destaque la necesidad de continuar con las acciones tendentes al saneamiento del Río Arenales y la prevención del daño ambiental, debiendo orientar el decisorio a fijar los criterios generales para lograr el cumplimiento efectivo de la finalidad perseguida.Opina que debe condenarse a los distintos organismos involucrados junto con el Estado Provincial y Municipal para que se concreten las obras y acciones pendientes incluidas en el plan a corto, mediano y largo plazo, presentado y explicado en la audiencia del 5 de febrero de 2015. En especial, dice que debe condenarse a efectuar un plan de forestación de espacios recuperados en las márgenes del río y tomar las medidas necesarias a fin de evitar la instalación de nuevas familias en aquellos lugares que queden comprendidos dentro de las zonas inundables determinadas en autos y en las que se determinarán en el futuro; establecer la línea de ribera; relocalizar, de manera progresiva y de acuerdo a un orden de prioridad, a las familias que continúan habitando en sectores de riesgo de inundación; continuar con las tareas de encauzamiento del río y construcción y recuperación de defensas de manera permanente; establecer un sistema de control efectivo y permanente para evitar que se continúe arrojando basura y escombros, como así también impedir el ingreso de nuevos ocupantes en las zonas con riesgo de inundación. Por último, el dictamen fiscal se refiere a que debe condenarse a Néstor A. Marozzi S.A. a que retire los metros necesarios para que los límites del Catastro 88.825 coincidan con los estribos del puente sobre la Avenida Tavella y, de corresponder, oportunamente retire también la franja de terreno que eventualmente surja luego de fijada la línea de ribera.

C O N S I D E R A N D O

I) La vía del amparo: La acción de amparo es admisible frente a cualquier decisión, acto u omisión de la autoridad pública, excepto la judicial, o de particulares que, en forma actual o inminente, lesionen, restrinjan, alteren o amenacen, con arbitrariedad o ilegalidad manifiesta, los derechos y garantías explícita o implícitamente reconocidos por las Constituciones Nacional y de la Provincia, a los fines del cese de la lesión consumada o de la amenaza (art.87); ello, con excepción de la libertad ambulatoria del individuo, tutelada por el habeas corpus (art. 88), y el conocimiento de los datos referidos a la persona o a sus bienes, y de su finalidad, que consten en registros o bancos de datos públicos, o los privados destinados a proveer informes, que protege el habeas data (art. 89 de la Carta Magna local)._En términos generales, puede afirmarse, según el pensamiento del más alto Tribunal de la Nación, que el amparo es un proceso excepcional, utilizable en las delicadas y extremas situaciones e n las que, por carencia de otras vías legales aptas, peligra la salvaguarda de derechos fundamentales y exige, para su apertura, circunstancias muy particulares caracterizadas por la presencia de ilegalidad o arbitrariedad manifiestas, que ante la ineficacia de los procedimientos ordinarios, origina en el amparista un daño concreto y grave, sólo eventualmente reparable por este camino urgente y expeditivo (C.S.J.N., 19/03/87, en E.D. 125-544 y doctrina de Fallos, 294:152; 301:1061, 306:1253, entre otros; C.J. Salta, Tomos 45:333; 47:395; 56:1181; 64:233)._ Entonces, constituyendo el amparo un proceso excepcional, cabe analizar si la conducta cuestionada en autos resulta inequívoca y manifiestamente ilegal, por cuanto no es ni puede ser discrecional la facultad de los tribunales de revisar los actos emitidos por demandados. En efecto, no se justifica que los jueces sustituyan a los cuerpos competentes o actúen en calidad de tribunal de alzada en cuestiones que hacen directamente al ejercicio de los poderes conferidos por las leyes, sus estatutos o reglamentos.Un criterio diverso significaría menoscabar el principio de autoridad, necesario para mantener el orden social (C.J.Salta, Sala I, Tomo 23:845), pues el remedio excepcional del amparo no altera el juego de las instituciones vigentes (C.J.Salta, 28/01/2000, Tomo 67:933/945). Más específicamente, se ha sostenido que la razón de ser de la acción de amparo no es la de someter a la supervisión judicial el desempeño de los funcionarios y organismos administrativos, ni el contralor del acierto o error con que ellos cumplen las funciones que la ley les encomienda, sino la de proveer un remedio adecuado contra la arbitraria violación de los derechos y garantías reconocidos por la Constitución. Es elemental que la acción de amparo no resulta apta para autorizar a los jueces a irrumpir en asuntos ajenos a la jurisdicción que por ley tienen conferida, en tanto la finalidad del remedio no es subrogar a la autoridad administrativa por la judicial, sino lograr una efectiva protección de derechos fundamentales, sólo cuando son amenazados o lesionados en forma arbitraria y manifiesta y de modo directo, por actos u omisiones de la autoridad estatal (CJ Salta, 24/05/99, Tomo. 65: 257/270)._Sin perjuicio de lo señalado en el párrafo anterior, es del caso reparar que en el presente, la parte actora -genéricamente hablando- ha invocado el principio in dubio pro actione, según el cual el Magistrado, ante la duda, deberá estar a la vía escogida a los fines de dar vigencia al derecho constitucionalmente reconocido. Dicho criterio fue sustentado en distintas ocasiones por esta Cámara (CApel. CC. Salta, Sala IV; t. XXV, fº 789), precedente en el que, con cita de Gozaíni se dijo:”que ante la idoneidad de vías concurrentes y frente a tener que resolver sobre la admisibilidad formal del amparo, debe estarse a favor de la eficacia de la acción intentada (in dubio pro actione) pues éste es el deber de colaboración que la Constitución pide a los jueces para realizar suficientemente la defensa y eficacia de la eventual vulneración de las garantías constitucionales”. Este principio cuenta con expresa recepción legal en el artículo 32 de la Ley General del Ambiente cuando dice: “El acceso a la jurisdicción por cuestiones ambientales no admitirá restricciones de ningún tipo o especie”.Pero, a más de ello, y de definitoria trascendencia para el sub lite es la resolución dictada por la Corte de Justicia en la que se hizo expresa referencia a la habilitación constitucional emergente del artículo 43 de la Constitución Nacional para accionar por la vía de amparo (fs. 347/368), por lo que todos los cuestionamientos realizados por las demandadas respecto a la improcedencia de la vía escogida deben ser desestimados.

II) Legitimación Extraordinaria: La demanda fue presentada por los señores Amelia Emilia Mercado, Ariel Fernando Mamaní, María Ester Ortega, Silvia Cristina Flores, Cristina del Valle Vega, Marcelo Vicente Solorza, Marcelo Melitón Solorza, Ester Liliana Cardozo, Eugenia Eduvige Salina, María Cristina Ruiz, Lino Balladares, María Belén Balladares, Yolanda Adela Solorza, Héctor Hugo Sarmiento, Cecilio Carlos Fernández, Carlos Daniel Fernández, Alicia Vibas, Ramón López, Silvia Leonor López, Silvia Suárez, Claudia Beatriz López, Cesar Ricardo López, Miriam Isabel Yapura, Milagro de Jesús Aramayo, Ivana Rosalía Burgos y Cayetano Dolores Solorza (v. fs.2), invocando la calidad de afectados y actuando en pos de la protección del bien jurídico medio ambiente._Los procesos llevados adelante para resolver conflictos de carácter colectivo, conllevan una singularidad que se traduce en numerosos aspectos, entre ellos quiénes son los legitimados para reclamar en virtud de un derecho colectivo en cualquiera de sus subespecies -naturalmente colectivos o individuales homogéneos-. Dicha legitimación es la denominada como extraordinaria, ya que quien encabeza el reclamo lo hace por sí y por todos los miembros de la clase o grupo que no se encuentran presentes en el pleito, y que serán alcanzados por sus efectos._José María Salgado (Tratado de Derecho Procesal Constitucional, Enrique Falcón Director, T. II, pág. 260/261) puntualiza que “desde el año 1994 debemos buscar la pauta para responder a esta pregunta en el artículo 43, párrafo segundo, de la Constitución Nacional, que enlaza los derechos de incidencia colectiva con los sujetos legitimados para promover la acción respectiva -ejercicio del derecho de petición-: el afectado, el defensor del pueblo y las asociaciones que propendan a esos fines. En nuestra opinión la norma citada establece las legitimaciones extraordinarias a las que se refería Calamandrei, es decir que las personas allí mencionadas poseen dicho atributo -legitimación ad causam- en tanto existe una norma que los habilita para hacerlo. Es claro que el Defensor del Pueblo o una asociación no podrán revestir el carácter de titulares de la relación sustancial colectiva, ya que no tendrán -dejando a salvo la norma mencionada- un vínculo que los ligue con el conflicto. Tampoco podrá revestir la titularidad el afectado.Si bien él podrá encontrarse legitimado en un derecho individual -posee un vínculo directo con la relación material-, no lo estará en la afectación de ese derecho como individual homogéneo o como difuso, sino que será un mero participe de la clase; sin embargo, refiriéndonos al enfoque colectivo de la cuestión, se le concede una legitimación extraordinaria para accionar en nombre de todas las personas que se encuentren con él involucrados en el mismo grupo”._Continúa el autor calificando al afectado como aquél “perjudicado por el hecho y (que) dispone en lo individual de una legitimación directa u ordinaria”, y que “aquel sujeto que se sindique como tal -afectado, legitimado ad causam- deberá necesariamente formar parte del grupo o clase de que se trate” (Salgado, aut. y ob. cit., pág. 263 y 264).En el caso, los actores han acreditado ser vecinos de los barrios que se vieron perjudicados por la inundación producida por la lluvia caída el 31 de enero de 2011, que ocasionó la evacuación de 500 personas y que afectó -entre otros- los barrios Ceferino, Santa Cecilia, 13 de Abril, Solidaridad, Democracia, Villa Lavalle, Asentamiento 20 de Junio, Angelita, San Juan de Dios y Gauchito Gil, circunstancia por la cual estimo que se encuentra probada su calidad de afectados a los fines su legitimación extraordinaria tal como lo prescriben los artículos 43 de la Constitución Nacional, 30 de la ley 25.675, 91 de la Constitución de la Provincia de Salta, y 13 de la Ley 7070._ La Corte de Justicia de Salta en precedente registrado en el Tomo 160: 627/660 dijo que “la demanda de amparo iniciada por los actores invocando su condición de vecinos de la ciudad de Salta y, al mismo tiempo, la de ‘particulares afectados’ por residir en el barrio Alto La Loma, zona donde se proyecta la construcción de la obra cuestionada, puede ser calificada como un supuesto de ejercicio de derechos de incidencia colectiva que tiene por objeto un bien colectivo, tal como lo es la defensa del medio ambiente.Tanto en este supuesto como cuando se trata de la tutela de derechos individuales o de incidencia colectiva referentes a intereses individuales homogéneos, la comprobación de la existencia de un ‘caso’ es imprescindible (artículo 116 de la Constitución Nacional; artículo 2º de la ley 27; y CSJN, Fallos, 310:2342, considerando 7º; 311:2580, considerando 3º; y 326:3007, considerandos 7º y 8º, entre muchos otros), desde que no compete a los jueces hacer declaraciones generales o abstractas, sino decidir colisiones efectivas de derechos (CSJN, Fallos, 2:253; 24:248; 94:444; 130:157; 243: 176; 256:104; 263:397, entre muchos otros) que deben ser actuales. Para ello, deben darse tres recaudos de orden público: a) interés concreto, inmediato y sustancial; b) acto u omisión ilegítimos; c) perjuicio diferenciado, susceptible de tratamiento judicial (Lorenzetti, Ricardo Luis, Justicia Colectiva, Rubinzal Culzoni, 2010, pág. 141). Bajo tales presupuestos, entonces, la legitimación invocada en el carácter de ‘vecinos de la ciudad’, atento su generalidad rayana con la acción popular que trasunta un mero interés en la legalidad objetiva, debe ser rechazada. Ello sin embargo, poseen en carácter de vecinos del barrio Alto La Loma (en virtud de los permisos de tenencia precaria que acompañan), la legitimación que les otorga el artículo 43 segundo párrafo de la Constitución Nacional como afectados, a fin de ejercitar los derechos de incidencia colectiva que tienen por objeto la protección de bienes colectivos, tales como los relativos al goce de un ambiente sano, por lo que concentran la petición en los efectos comunes del daño o amenaza invocados”.

III) Representatividad adecuada: A partir del dictado del fallo en el caso “Halabi” por la Corte Suprema de Justicia de la Nación, el Suscripto sentó criterio en “Code lco” (CApel.CC. Salta, Sala III, t. 2009, fº 369/ 371) en cuanto al control de la representatividad adecuada de quienes se presentan en el proceso arrogándose la calidad de representar los derechos e intereses del grupo o clase.En tal ocasión expresé que la Corte Suprema de Justicia de la Nación en el precedente citado dijo: “La eficacia de las garantías sustantivas y procesales debe ser armonizada con el ejercicio individual de los derechos que la Constitución también protege como derivación de la tutela de la propiedad, del contrato, de la libertad de comercio, del derecho de trabajar y la esfera personal, todos derechos de ejercicio privado. Por otro lado, también debe existir una interpretación armónica con el derecho a la defensa en juicio, de modo de evitar que alguien sea perjudicado por una sentencia dictada en un proceso en el que no ha participado (doctrina de Fallos 211:1056 y 215:357). En la búsqueda de la efectividad no cabe recurrir a criterios excesivamente indeterminados alejados de la prudencia que dicho balance exige”. Dichos lineamientos no pueden soslayarse cuando quienes intervienen efectivamente en el proceso representan a un número indeterminado de individuos a quienes alcanzarán los efectos de la sentencia, motivo que obliga a extremar recaudos a fin de garantizar los derechos de quienes no participan en él, apreciándose -independientemente de la legitimación de los actores- la adecuada representación de la clase, obteniéndose así la mejor representación posible de sus intereses. Así, la Corte Suprema de Justicia en el citado fallo ha dicho que “debe resguardarse el derecho de la defensa en juicio, de modo de evitar que alguien pueda verse afectado por una sentencia dictada en un proceso en el que no ha tenido la posibilidad efectiva de participar. Es por ello que esta Corte entiende que la admisión formal de toda acción colectiva requiere la verificación de ciertos recaudos elementales que hacen a su viabilidad tales como la precisa identificación del grupo o colectivo afectado, la idoneidad de quien pretenda asumir su representación y la existencia de un planteo que involucre, por sobre los aspectos individuales, cuestiones de hecho y de derecho que sean comunes y homogéneas a todo el colectivo.En esta línea de pensamiento debe verificarse que el candidato a representante del grupo o categoría proteja adecuadamente los intereses del grupo en juicio. Este requisito es esencial para que sea respetado el debido proceso legal en cuanto a los miembros ausentes, y por consiguiente, para que aquellos puedan ser vinculados por la cosa juzgada producida en dicho proceso (conf. Abraham Luis Vargas, Legitimación activa en los procesos colectivos, Procesos Colectivos, Editorial Rubinzal Culzoni, pág.240/241). _Sostienen autores como Owen Fiss -sigo diciendo- que “el hecho verdaderamente perturbador es que se crea una situación en la cual puedo ser representado en procesos sobre los cuales nada sé, por alguien que no escogí y que ni siquiera conozco” (conf. Owen Fiss, The Political Theory of the class action, en Washington and Lee Law Review, págs. 21-31 (1996). Reviste vital importancia el análisis de la representación adecuada, puesto que mal puede responsabilizarse a quienes se encuentran ausentes en el proceso por la correcta o incorrecta defensa desplegada, dado que quien se postula como representante de la clase o grupo no ha sido por él elegido, es decir se excede la lógica del proceso tradicional, máxime en casos como el presente donde se representa derechos ajenos por tratarse, no ya de derechos de naturaleza indivisible, sino de invocadas afectaciones patrimoniales a los miembros de la clase” (CApel.CC. Salta, Sala III, t. 2.009, f° 369, in re “Codelco vs. Municipalidad de Salta”, Expte. nº 217.828/08, sentencia del 15/04/09). En esta línea de pensamiento debe verificarse que el candidato a representante del grupo o categoría proteja adecuadamente los intereses del grupo en juicio.Este requisito es esencial para que sea respetado el debido proceso legal en cuanto a los miembros ausentes y, por consiguiente, para que aquéllos puedan ser vinculados por la cosa juzgada producida en dicho proceso._Reviste vital importancia el análisis de la representación adecuada, puesto que mal puede responsabilizarse a quienes se encuentran ausentes en el proceso por la correcta o incorrecta defensa desplegada, dado que quien se postula como representante de la clase o grupo no ha sido por él elegido, es decir se excede la lógica del pleito tradicional._En cuanto a los parámetros de control de la representatividad adecuada, si bien comparto la posición doctrinaria que estima que dicho control integra el derecho de defensa en juicio de los miembros del grupo o clase que se encuentran ausentes en el proceso, quienes han manifestado que “los procesos colectivos son una garantía constitucional en la República Argentina. La Constitución Nacional receptó las legitimaciones colectivas, y por tanto, implícitamente, acogió también la cosa juzgada expansiva (decimos ésto ya que si los efectos de la sentencia no adquieren tal calidad para todos los miembros del grupo afectado, hablar de legitimación colectiva sería un eufemismo). No obstante, tal garantía constitucional no se encuentra aislada, y por tanto debe compatibilizarse con otras. Especialmente, con la del debido proceso legal de los miembros del grupo representado.Teniendo en cuenta el alto sacrificio que implican los procesos colectivos para la autonomía individual de las personas afectadas, y considerando que la presencia de tales personas en el marco del debate atentaría contra la razón misma de establecer este tipo de mecanismos de discusión, la única forma de compatibilizar la existencia de un sistema procesal colectivo con la garantía de debido proceso legal de los miembros del grupo es el ejercicio de un estricto control de parte del juez respecto de la calidad de quien asume su representación (parte y abogados, claro está). En este marco, y por más que no exista regulación positiva al respecto, la necesidad de que el juez controle que el representante y sus letrados ejercerán una vigorosa defensa del grupo configura una verdadera y propia exigencia constitucional. Sólo de tal modo puede justificarse la litigación colectiva del conflicto a la luz de la garantía de debido proceso legal de los miembros del grupo. Y a dicha exigencia no escapan, aun admitiendo algunos matices diferenciales, las entidades intermedias ni los organismos públicos. Es que la posibilidad de que estos actores sociales defiendan adecuadamente los intereses de la clase siempre dependerá del contexto en el cual pretendan ejercer su legitimación colectiva. En “Halabi” la mayoría de la Corte Suprema estableció un verdadero hito al exigir el control de la calidad del representante y considerar este requisito como una de las “pautas adjetivas mínimas” que deben reunir los procesos colectivos. No obstante, creemos que debe seguirse avanzando en la discusión para obtener estándares claros que permitan a los operadores del sistema actuar con mayor seguridad en esta arena, ya que los utilizados en el fallo en comentario no resultan idóneos para lograr el resultado que persiguen” (Oteiza-Verbic, La representatividad adecuada como requisito constitucional de los procesos colectivos.¿Cuáles son los nuevos estándares que brinda el fallo “Halabi?, SJA 10/3/2010, Lexis Nº 0003/014882).

El rumbo que propicié en “Codelco”, es el ahora marcado por la Corte de Justicia en el texto de la reciente Acordada Nº 12.100 que remitió como iniciativa legislativa la propuesta de creación del Registro de Procesos Colectivos. Dicha Acordada contiene en su Anexo regulaciones procesales que refieren al control de idoneidad del representante, y que fueron aprobadas por la Ley 7968._Ahora bien, tal como lo destacó la Corte de Justicia de Salta en la sentencia de fs. 347/368 -considerando 14 del voto conjunto de los doctores Díaz y Kauffman-, en el caso se determinó que el debate se encontraba debilitado en razón de: la oscuridad del objeto de la demanda, el infundado desistimiento de la acción contra la Provincia de Salta, la débil gestión de la prueba así como el desistimiento de la pretensión resarcitoria, estrategias procesales que mostraron deficiencias que deben ser consideradas al dictarse esta sentencia en pos de la protección del bien jurídico medio ambiente, en tanto campea en este ámbito el orden público, y fundamentalmente implica a sujetos ajenos al proceso, que revisten situación de vulnerabilidad. Por ello y en tanto los parámetros de control de representatividad no cuentan con recepción legislativa, estimo que el escrutinio debe ser en extremo prudente, pues se actúa en defensa de ausentes, pero no puede convertirse en un obstáculo al ejercicio del derecho de acción cuando -al respecto- la mora del legislador para dictar una regulación sistémica del proceso colectivo, aún hoy y después de ocho años del dictado del fallo “Halabi” por la Corte Suprema de Justicia, continúa presente.

IV) Intervención de tercero – Provincia de Salta (fs.205): la resolución de mención dio intervención a la Provincia de Salta, a través del Ministerio de Ambiente y Producción Sustentable, de conformidad a lo establecido en el artículo 90 inciso 2° del Código Procesal Civil y Comercial, aclarando que su participación es con carácter adhesivo, autónomo y litisconsorcial, es decir, no obligada, en los términos del artículo 94 del mismo ordenamiento._El artículo 90 inciso segundo del ordenamiento citado dice que “Podrá intervenir en un juicio pendiente en calidad de parte, cualquiera fuere la etapa o la instancia en que éste se encontrare, quien: (.) 2) Según las normas del derecho sustancial, hubiese estado legitimado para demandar o ser demandado en el juicio”. Luego, el artículo 91 in fine, dice que en el caso del inciso 2° del artículo 90, el interviniente actuará como litisconsorte de la parte principal y tendrá sus mismas facultades procesales.

El artículo 96 expresa que, en todos los supuestos, la sentencia dictada después de la intervención del tercero o de su citación, en su caso, lo afectará como a los litigantes principales.La Sala Tercera de la Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial que integro, ha dicho al respecto que “si bien existen opiniones encontradas sobre la posibilidad que se condene al tercero traído por el demandado (ver Fenochietto- Arazi, Código Procesal Civil y Comercial, Astrea, Tomo I, pág. 344/345), en el presente caso, atento a sus particularidades, resulta correcta la condena dispuesta por la sentencia en grado teniendo en cuenta que el tercero expresamente ha sido citado por el actor; en la demanda se destaca que el beneficiario de los pagos ha sido el tercero, y expresamente se pide la condena al demandado o a quien resulta responsable; además, en una presentación posterior expresamente alega el actor que el tercero era representado en el contrato por un mandatario. Es decir, el tercero ha tenido la posibilidad de ejercitar adecuadamente su derecho de defensa.Entender lo contrario, sería incurrir en el caso, en un ritualismo exagerado, negando un pronunciamiento que solucione definitivamente el asunto de acuerdo a las circunstancias de la causa y a la verdad real que surge del expediente, sin motivo alguno que lo justifique, teniendo en cuenta la posibilidad del ejercicio de su derecho de defensa que ha tenido en la causa el condenado” (CApel. C. C. Salta, Sala III, t. 1991, fº 497). En el mismo sentido, se dijo por la jurisprudencia nacional que “la existencia de voluntad explícita de la actora, exteriorizada en le proceso de obtener sentencia de condena contra el tercero, hace procedente la ejecutoriedad de las sentencias contra este tipo de sujetos procesales, porque no media violación al principio de congruencia procesal. Si el tercero citado, más que asumir el desenvolvimiento de un papel propio de una intervención adhesiva de índole litisconsorcial pasiva, como el que en principio le corresponde, interviene como un verdadero codemandado, con amplias posibilidades de defensa y prueba, se torna procedente el dictado de sentencia condenatoria en su contra. La tesis de la no condenabilidad del tercero debe ceder cuando por las circunstancias de la causa, la adopción de tal temperamento evidencia su inconveniencia manifiesta” (CNCom, Sala S, DJ 1992-1-835)._Así, en el sub lite, resulta que en el escrito introductorio fue originariamente incluida como demandada la Provincia de Salta (fs. 2), junto a la Municipalidad de Salta, Aguas del Norte S.A. y Marozzi S.R.L.; que, luego, a fs. 51 vta., la actora desistió expresamente de su demanda contra la Provincia, lo que fue proveído en ese sentido a fs. 52. Más, el Municipio de la Capital pidió posteriormente la intervención de la Provincia como tercera (fs. 77), diciendo expresamente que las consecuencias jurídicas de las resoluciones que se dicten deben alcanzarla (fs. 77 vta.); la actora no se opuso a tal solicitud y el Magistrado entonces interviniente dictó la resolución de fs. 205, ya aludida. El desarrollo del proceso contó con la permanente defensa de la Provincia. Así, se dispuso a fs.237 el traslado de la demanda, que luego se reiteró a fs. 249, y -finalmente- ésta presentó el informe circunstanciado de fs. 260/264. Otros diversos actos a lo largo del expediente continúan esta línea, como por ejemplo la contestación del recurso de apelación a fs. 298/301, habiendo llegado incluso a impetrar una medida cautelar en el marco del proceso (fs. 630), a lo que se suma que la actora pidió expresamente, al momento de alegar, que se condene al Estado Provincial (fs. 854/868), extremo con el que coincide el dictamen fiscal de fs. 896._Por ello, y considerando que la intervención otorgada a la Provincia de Salta fue con carácter autónoma y litisconsorcial, habiendo la Corte de Justicia de Salta encomendado a este Tribunal la verificación del efectivo cumplimiento de las tareas que competen a la Unidad Ejecutora de Recuperación y Saneamiento del Río Arenales (fs. 347/368), y calificado -en esa misma resolución- el desistimiento de la demanda contra la Provincia como una deficiencia en la defensa de la parte actora (considerando 14 de la misma resolución), corresponde en este caso dictar sentencia que comprenda en sus efectos al Estado Provincial.

V) Extensión subjetiva de la sentencia en el proceso colectivo: Se ha dicho que “En los procesos colectivos, en razón de la naturaleza de los derechos en juego, tanto los naturalmente colectivos como los individuales homogéneos, y la legitimación extraordinaria vigente para su reclamo, encontramos que la extensión subjetiva de la sentencia no coincide con el alcance clásico de la cosa juzgada. En estos casos son los miembros del grupo o la clase a quienes alcanzarán los efectos de la sentencia independientemente de su participación personal y directa en el proceso o no. En el ya citado fallo “Halabi”, la Corte Suprema ha destacado, como de la esencia de las acciones colectivas el carácter erga omnes de la sentencia emitida en el proceso.El voto de la mayoría del Alto Tribunal en tal precedente distingue, por un lado, los derechos individuales, y por el otro, los derechos de incidencia colectiva. Y entre estos últimos, diferencia los derechos de incidencia colectiva que tienen por objeto bienes colectivos, de los derechos de incidencia colectiva referentes a intereses individuales homogéneos, los que conforman las “acciones de clase”. Con relación a los derechos de incidencia colectiva que tienen por objeto bienes colectivos (como es el presente, donde se pretende la protección y reparación del bien jurídico colectivo ambiente), ha señalado la Corte que cuando en estos casos se ejerce “en forma individual una pretensión procesal para la prevención o reparación del perjuicio causado a un bien colectivo, se obtiene una decisión cuyos efectos repercuten sobre el objeto de la causa petendi, pero no hay beneficio directo para el individuo que ostenta la legitimación” (consid. 11).” (.) “También la Ley General del Ambiente en su artículo 33 regula los efectos de la cosa juzgada en materia de procesos por daño ambiental: “La sentencia hará cosa juzgada y tendrá efecto erga omnes, a excepción de que la acción sea rechazada, aunque sea parcialmente, por cuestiones probatorias.” (Informe Nacional Argentino presentado en la XXV Jornada Iberoamericana de Derecho Procesal y XI Jornadas Brasileras, Recife 2016)._ VI) El derecho reclamado y la pretensión del caso: La sentencia dictada por la Corte de Justicia a fs. 347/368, en el voto conjunto de los Dres. Guillermo Félix Díaz y Graciela Susana Kaufman, que conformó luego la mayoría, realizó el encuadre normativo del caso como un supuesto de daño ambiental; a la pretensión la calificó por su objeto como un litigio de derecho público o litigio en asunto de interés público (considerando 10), y también tipificó a la legitimación como extraordinaria.El objeto de la demanda quedó determinado en el considerando 13 como “actividades cumplidas y a realizar para evitar las previsibles consecuencias sobre personas y bienes que pudieran derivarse de nuevas crecientes del Río Arenales y para sanear de contaminación su cauce, efectuando las inspecciones oculares que resulten pertinentes para verificar el efectivo cumplimiento de las tareas encomendadas, a la Unidad Ejecutora de Recuperación y Saneamiento del Río Arenales, creada por el Decreto nº 3249/11”.

En el considerando 12 el máximo tribunal local destacó en los sub índices a, b, c y d, las obras que se encuentran pendientes, tanto respecto a la remoción de relleno en el predio de la firma Néstor A. Marozzi S.A., que compromete el libre escurrimiento de las aguas poniendo en riesgo la integridad de las personas vecinas de la zona, la falta de constancias de la completa ejecución de la obra “Saneamiento del Río Arenales – Colección e Impulsión de Líquidos Cloacales – Licitación Pública Nº 33”, mereciendo igual calificativo el “Plan de Saneamiento del Río Arenales – año 2012” presentado por la Municipalidad de Salta. Luego, en el mismo considerando, puntualizaron datos relevantes del expediente penal, en particular el informe del Programa Control de Gestión de la Secretaría de Recursos Hídricos, agregado a fs. 444, de fecha 8 de marzo de 2010, en el que se predijo el suceso que dio origen a estas actuaciones con 10 meses de anticipación.

El marco normativo del sub examen fue definido también en la resolución citada al referirse a los artículos 41 y 43 de la Constitución Nacional, 30 y 83 de la Constitución de la Provincia, las leyes (nacionales) 25.675, 7070 y 7017 (provincia). Y luego, reiterado y ampliado en el informe de los expertos del Cuerpo de Investigadores Fiscales agregado a fs.662, refiriéndose a las leyes 25.675, 24.051, 7070, 7017, 6835, Decreto 3652/10 y Resolución Nº 11/01 de la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Provincia de Salta -sobre parámetros de volcamiento de agua que adopta la Resolución Nº 389/98 de AGOSBA-.

La Corte de Justicia local en un precedente referido a un amparo con objeto ambiental dijo: “en este orden de ideas, el art. 41 de la Constitución Nacional, incorporado por la Convención Constituyente del año 1994, ha consagrado el derecho a un ambiente sano, apto y apropiado. En su primer párrafo establece ‘Todos los habitantes gozan del derecho a un ambiente sano, equilibrado, apto para el desarrollo humano y para que las actividades productivas satisfagan las necesidades presentes sin comprometer las de las generaciones futuras; y tienen el deber de preservarlo.’. Asimismo, el tercer párrafo evidencia una expresa delegación de las Provincias hacia la Nación en cuanto dispone “.corresponde a la Nación dictar las normas que contengan los presupuestos mínimos de protección y a las provincias, las necesarias para complementarlas, sin que aqu éllas alteren las jurisdicciones locales.”. De acuerdo a tal mandato, el Congreso de la Nación dictó la Ley de Gestión Integral de Residuos Industriales y de otras actividades de servicio (25.612), la Ley General del Ambiente (25.675), el Régimen de Gestión Ambiental de Aguas (25.688), la Ley de Presupuestos Mínimos sobre P.C.Bs (25.670) y Ley de Acceso a la Información Pública Ambiental (25.831). En particular, la Ley 25.675, considerada una ley marco en lo referido a la temática de presupuestos mínimos, aclara la problemática abordada en el caso, respecto al daño ambiental colectivo. Cabe destacar que dicha normativa rige en todo el territorio de la Nación y sus disposiciones son de orden público y plenamente operativas (art. 3º). En lo que aquí interesa, su art.2º inciso k) menciona entre los objetivos a cumplir por la política ambiental nacional, el de “establecer procedimientos y mecanismos adecuados para la minimización de riesgos ambientales, para la prevención y mitigación de emergencias ambientales y para la recomposición de los daños causados por la contaminación ambiental”; en igual sentido, el artículo 4º incorpora el principio precautorio, por el que, en casos de peligro de daño grave o irreversible, la ausencia de información o certeza científica no deberá utilizarse como razón para postergar la adopción de medidas eficaces en función de los costos para impedir la degradación del medio ambiente; y el principio de la prevención, donde las causas y las fuentes de los problemas ambientales se atenderán en forma prioritaria e integrada, tratando de prevenir los efectos negativos que sobre el ambiente se pueden producir. Tal principio de precaución se encuentra de igual forma previsto por la Ley provincial 7.070, de protección del medio ambiente, la que también incorpora el concepto técnico de “riesgo”, entendido como “la probabilidad de que una persona, bien, recurso natural o medio ambiente, sufra una consecuencia adversa a raíz de alguna actividad o la exposición a un contaminante” (art. 3º “in fine”). En lo referido al daño ambiental se ha efectuado una distinción entre la situación fáctica, una vez que aquél se ha producido, desde la recomposición ex post, con la anticipación de los problemas ambientales en la faz preventiva, ex ante. Es en este ámbito donde el principio precautorio antes mencionado ocupa un papel central, en cuanto prevención del daño o pérdida de calidad ambiental. Según los mandatos de dicho principio la incertidumbre científica constituye un llamado a la cautela. El fundamento precautorio, por lo tanto, actúa como una virtual inversión del onus probandi de orden científico, con mayor o menor rigor, según el grado de irreversibilidad de las acciones, o la singularidad de los recursos naturales comprometidos (cfr.Walsh, Juan Rodrigo, Di Paola, María Eugenia y otros, Ambiente, Derecho y Sustentabilidad, La Ley, 2000). Surge así el deber de los órganos jurisdiccionales de desplegar la tutela preventiva y sus técnicas con el fin de evitar que el daño temido que preanuncia el riesgo se torne real o, en todo caso, a neutralizar o aminorar en lo posible las consecuencias lesivas que alcanzaría a la comunidad afectada (conf. La Ley, “Suplemento de Derecho Constitucional”, 7 de julio de 2004, pág. 29).” (CJS t. 160: 627/660).

VII) Responsabilidad por daño ambiental, reparación y prevención: _ Radicado este expediente ante el Suscripto, y con la delimitación realizada por la Corte de Justicia respecto al objeto del proceso y su calificación normativa, convoqué a una audiencia pública. A fs. 431/432, se realizó la audiencia en la que el ingeniero Fuertes expuso destacando la tarea que desarrolla la Unidad Ejecutora de Recuperación y Saneamiento del Río Arenales, creada por Decreto Nº 3249/11, respecto del tratamiento de la problemática de cuencas y, luego de relatar diversas acciones realizadas, reconoce que con ellas no se ha dado solución definitiva a la problemática del río, también admitiendo la existencia de basurales. El señor Justo Javier Jurado, en representación de Aguas del Norte, dijo que se encuentran en un proyecto de bombeo cloacal, en el que debió trabajarse en la línea de ribera para ver donde se colocaría la estación de bombeo, y así evitar el vuelco en crudo; reconoce que aún a la fecha de la audiencia se vuelcan cloacales sin tratamiento, y afirmó que la obra se terminaría en cuatro meses.Los vecinos presentes también hicieron uso de la palabra, en primer lugar la señora Amelia Emilia Mercado, quien sostiene que el problema sigue teniendo actualidad y que en el año 2012 el agua del río volvió a llegar a su puerta; luego, el señor Cesar Tapia, la señora Verónica Moyano y el señor Santos Nicolás Juarez destacan la existencia de basurales, y los dos primeros refieren a la falta de cumplimiento de remoción de tierra por parte de la codemandada Néstor A. Marozzi S.A. Dicha audiencia fue registrada digitalmente en soporte que se encuentra reservado a fs. 435._También a fs. 435, se reservó copia de la presentación en power point realizada por el ingeniero Alfredo Fuertes en la que constan imágenes que describen la ubicación geográfica de la cuenca Arias-Arenales. En cuanto a la problemática de la cuenca enumera el riesgo de inundación por reducción de infiltración, anegamiento en épocas de lluvia, colmatación (acumulación de sedimentos) de canales pluviales, también riesgo de erosión (de las barrancas y del lado externo de los meandros, por crecidas, extracción de áridos y terrazas antrópicas) y riesgos de contaminación (por efluentes cloacales e industriales, -y- también por contaminación difusa y basurales). Luego relata las etapas del proyecto de saneamiento con acciones a corto, mediano y largo plazo, entre las cuales se encuentra la limpieza y desmalezamiento, eliminación de micro basurales y fuentes de contaminación, forestación, evitar avances con terraplenes artificiales, determinar la línea de rivera, y campañas de encauzamiento anuales. Enumera a continuación las acciones a mediano plazo:revalorización interfases construidas y protección de márgenes, relocalización de la población en áreas de riesgo, construcción de defensas y regulación de extracción de áridos, saneamiento ambiental con mejoras de infraestructura y servicios, control de procesos de tratamiento de efluentes e implementación de métodos de remediación; por último, las acciones a largo plazo incluyen la realización de un dique de regulación de crecidas, reordenamiento urbano, puentes carreteros y peatonales, paseo costanero, diseño de indicadores, revisión de las actuaciones y monitoreo.En la misma exposición se relataron las acciones realizadas entre los años 2010 y 2014, tales como la determinación de la línea de rivera, los convenios firmados con los municipios de la ciudad de Salta y con el municipio de San Lorenzo para el encauzamiento y defensas, el monitoreo de la calidad de agua, limpieza de márgenes y eliminación de basurales junto a los vecinos (se agregan fotografías que acreditan la existencia de basurales y obstrucciones de los canales pluviales), y el saneamiento cloacal.

Respecto al saneamiento ambiental del Río Arenales, el representante de Aguas del Norte brinda explicación sobre la obra de “Colección e impulsión de líquidos cloacales”. Al relatar el objetivo principal de ésta, reconoce la existencia de un importante volcamiento de efluentes sin tratar a la altura de la calle Ituzaingó, y otro de la calle Amancio Pardo, sumándose conexiones domiciliarias que vuelcan efluentes de modo directo al río, dado que carecen de redes colectoras. Informan que los efluentes cloacales de las nuevas redes colectoras y de los volcamientos serán recolectados por gravedad hacia una estación elevadora de líquidos cloacales, y que todos estos efluentes colectados, se transportarán hasta la planta depuradora sur. Afirman que la obra se encuentra en un 99 % de avance de la obra y que beneficiará a unos 32.000 habitantes aproximadamente.

A fs. 523, se reservaron copias simples de los Informes Anuales presentados por la Unidad Ejecutora de Recuperación y Saneamiento del Río Arenales.Allí está agregado un documento titulado “Diagnóstico Sintético de la Problemática del Río Arenales” donde se afirma que la altura máxima de la crecida alcanzó a 6 metros, el caudal pico superó los 1000 metros cúbicos e inundó un área urbana de 71,5 metros, y ha damnificando a 1.600 familias. Continua dicho documento identificando necesidades donde expresamente se dice: “muchas manos en el plato hacen mucho garabato” refiriéndose a la falta de coordinación en las tareas de los distintos organismos del Estado en sus distintas esferas, poniendo énfasis en la necesidad del trabajo coordinado y conjunto para cubrir el encauzamiento del río, la concreción de una nueva red cloacal y equipamiento para el saneamiento hídrico y ambiental de la cuenca. Por último, enumera tareas a corto plazo._Se encuentra reservado en estos autos el Proyecto de Saneamiento del Río Arenales, el que en su carátula cuenta con dicho nombre y la leyenda que dice “Haciendo realidad la esperanza 2010”. Dicho Proyecto -según allí consta- fue el fruto del trabajo de la Comisión de Saneamiento del Río Arenales, quienes reconocen de modo explícito la necesidad de abordar la problemática de la contaminación del río en cuestión y proponen una serie de cursos de acción a corto, mediano y largo plazo. En particular, en ese documento consta que se identificaron los canales pluviales que desembocan en el río, los micro basurales y los puntos de explotación de áridos, también las descargas de líquidos cloacales crudos. Este Proyecto dio origen al marco institucional que luego se concretó en el Decreto 3.249/11 que creó la Unidad Ejecutora de Recuperación y Saneamiento del Río Arenales._La restante documentación reservada a fs. 523, muestra la existencia de diversos planes, tanto provinciales, municipales, como también vecinales, algunos de ellos superpu estos y hasta contradictorios (véase como ejemplo el trámite del expediente administrativo Expte. Nº 625477).

De las constancias del Expte.Nº 625477 del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable (ver documentación reservada en Sobre 7), surge que en el año 2009 se realizó -en tres etapas- por parte del municipio de la Capital, la tarea de saneamiento del cauce del Río Arenales. Labor similar fue informada por el ingeniero Alfredo Fuertes a fs. 171/172, y resulta ser la misma a la que ahora acredita haber llevado a cabo la Secretaría de Recursos Hídricos con las copias presentadas a fs. 833/839. _En la documentación reservada, e identificado como “Sobre 7”, se encuentra copia de la Resolución Nº 242/12 de la Secretaría de Recursos Hídricos que determinó la línea de ribera propuesta por la Comisión Técnica integrada por el doctor en Geología Omar Viera y por la ingeniera Mariela Nieva con fecha 3 de octubre de 2012, con las coordenadas Posgar que allí se individualizan para ambas márgenes del río. Según la documentación resguardada a fs. 531, por Línea de Ribera se entiende las que unen los puntos cuyas cotas o niveles corresponden a las más altas crecientes ordinarias y que limitan las márgenes del cauce. La trascendencia de esta línea resulta del artículo 126 del Código de Aguas y su Decreto Reglamentario Nº 1989/02 (Boletín Oficial de la Provincia del 11 de noviembre de 2002), en tanto fija la zona de despeje que debe mantenerse a los fines de evitar que las crecidas del río afecten personas y bienes que se encuentren en dicho espacio. En el informe agregado a fs. 517/518, el señor Secretario de Recursos Hídricos, al referirse al avance de los catastros ribereños sobre el Río Arenales, dice que la situación “se modificará con la determinación de la línea de ribera que contribuirá a delimitar el nivel hasta donde han llegado las aguas del Río Arenales en sus más altas crecidas ordinarias” (fs. 518). Dicho extremo, luego es reiterado a fs.530 en el informe del doctor Omar Viera, quien precisa que “debe aclararse que la Secretaría de Recursos Hídricos no ha realizado un levantamiento sistemático de líneas de ribera para el Río Arenales en el área urbana de la ciudad de Salta, porque existe una imposibilidad fáctica para ello”, refiriéndose a la propiedad de las tierras comprendidas en la línea de ribera según surge del artículo 126 del Código de Aguas y su Decreto Reglamentario 1989/02. Expone a continuación que es de mayor importancia conocer cuáles son los terrenos urbanos amenazados por futuras inundaciones para subsanar los inconvenientes planteados por las líneas de ribera formales, y que se procedió a elaborar líneas de inundación, para determinar hasta donde avanzaron las aguas de la última gran inundación en el año 2011, adjuntando el mapa que obra agregado a fs. 532.

En el documento “Propuesta para control de crecidas en los ríos Arias-Arenales”, se fija la línea de inundación que son las líneas que unen los puntos cuyas cotas o niveles corresponden a la creciente del año 2011 y que limitan los márgenes del cauce (fs. 531).El informe de fs. 517 presentado por el Secretario de Recursos Hídricos refiere a los barrios y asentamientos afectados por la inundación (Anexo 4 del CD – línea de inundación y Anexo 15 del informe del doctor Omar Viera, remitiendo a la información obrante en los anexos 14 y 17 sobre los Acuerdos realizados con los Municipios de Salta, San Lorenzo y Cerrillos).A fs. 590, y luego del dictado de la resolución de fs.536/537 por la que dispuse la limpieza por la Municipalidad de la Ciudad de Salta de los canales y ductos de desagüe urbano que desembocan en el Río Arenales, esta última informó el plan de trabajo diseñado al efecto con plazo de ejecución en el mes de agosto de 2015.Es oportuno poner énfasis y resaltar que el presente juicio refiere al curso de agua más trascendente que tiene nuestra ciudad Capital, alrededor del cual se instalan cientos de familias ribereñas caracterizadas por su situación de vulnerabilidad económica y socio-ambiental, habiendo sido afectados por la inundación del 31 de enero de 2011 once barrios y asentamientos urbanos. Las posibilidades de inundación de aquellas urbanizaciones -si es que así puede llamárseles- sigue latente en tanto la línea de inundación fijada en los estudios y gráficos aportados en estos autos comprenden espacios urbanizados. Esta circunstancia, de por sí grave en extremo, a su vez se ve magnificada por el estado de contaminación del río, lo que implica que el agua que desborda en situación de crecidas conlleva posibilidades muy altas de generar patologías muy diversas a los habitantes ribereños. El pedido de los vecinos que aquí demandan la intervención de la justicia se justifica cuando los propios demandados afirman que la evacuación de líquidos cloacales crudos se viene dando desde hace 40 años, sin poder dar una solución definitiva. En el expediente penal Nº 17246/09, reservado en estos autos, consta -a fs. 444- un informe del ingeniero Carlos Enrique Cerezo, Jefe del Programa Control de Gestión de la Secretaría de Recursos Hídricos donde dice que las inundaciones del lugar son recurrentes desde hace 50 años o más y que los barrios están localizados dos metros por debajo del nivel superficial de la margen derecha.Es evidente que los trabajos del año 2009 y la planificación concretada en el año 2010, no contaron con la eficiencia suficiente para mantener indemnes a los habitantes de las márgenes del río, ni tampoco para evitar la contaminación de ese cauce, en tanto las inundaciones y los desbordes del río que originaron estas actuaciones ocurrieron en el mes de enero de 2011, y se repitieron en el año 2013 (v. fs. 328/335) y también en el 2015 (v. fs. 444), por lo que sin hesitación se concluye que la presentación realizada a fs. 839 no configura -como allí se pretende- el cumplimiento de la sentencia de fs. 347/368.Asimismo, habiendo realizado la inspección ocular en la zona en cuestión en el mes de marzo del año 2015 (fs. 82), resulta patente que los vuelcos de líquidos cloacales al río continuaban a esa fecha, como también la obstrucción de los canales de desagüe y los basurales y avances de terrazas sobre el río, de lo cual se sigue que las obras a corto plazo propuestas en los planes antes mencionados no se habían concretado, al menos en su integralidad y dando respuesta a los reclamos de los vecinos._En particular, en cuanto a la responsabilidad que le cabe en el caso a la codemandada Aguas del Norte S.A., en estos autos consta en siete biblioratos la Licitación Pública Nº 33/2011, Expte. Nº 11-133455/11 “Obra saneamiento Río Arenales- colección e impulsión de líquidos cloacales”. Allí, en el Anexo I Especificaciones Técnicas, Objeto consta que el objetivo principal de la obra es el saneamiento del Río Arenales, en el tramo comprendido entre el puente de la Avenida Chile y el puente de la Avenida Tavella; y como segundo propósito, el de dotar de servicio cloacal a toda la franja urbana que carece del mismo por falta de cañerías colectoras con sus respectivas conexiones domiciliarias, presupuestadas en $ 3.030.837,66. Advierto que a fs.249/250 de ese expediente, consta el acta de apertura de ofertas; las obras luego fueron adjudicadas a la empresa Incovi S.R.L., en el mes de noviembre de 2011, con un plazo de ejecución de 90 días corridos a partir del 17 de noviembre de 2011 (ver cláusula tercera del contrato de locación de obra de fs. 224/229 del tomo VII del Expte. Nº 11-133-455/11). Se destaca que en la propia planificación de los trabajos (v. fs. 114) se expresa que la estación elevadora de líquidos cloacales debe estar dos metros más arriba respecto del terreno natural, en función del máximo nivel de creciente posible del río, según información de la Secretaría de Recursos Hídricos.

Los reclamos de los vecinos respecto de la necesidad de contar con tales emprendimientos datan según ha quedado acreditado en este expediente del año 2007 (fs. 123/124), habiéndose expresado por parte del Ente Regulador de Servicios Públicos el 21 de noviembre de 2008, que la estación de bombeo de líquidos cloacales del Barrio Ceferino resultaba prioritaria y que estimaban su ejecución en el plazo de 120 días, cuyo incumplimiento fuera a su vez reclamado por la diputada provincial señora Virginia Cornejo en el mes de septiembre de 2009 (fs. 138), habiéndose informado este periplo de la obra inconclusa en el mes de abril de 2012 al entonces Juez de este amparo (fs. 143). Es recién en fecha 19 de diciembre de 2011 que se labra el acta correspondiente (fs. 146)._Las noticias locales en el mes de mayo de 2012 daban cuenta del reinicio de los trabajos de la red colectora cloacal._En el mes de julio de 2015 se informó en este expediente (fs.548/574) la eliminación de los vuelcos crudos en el sector que se encuentra entre los puentes de Avenida Chile y Tavella, como así también de la ampliación de la red cloacal de más de 2.100 metros de redes colectoras de PVC con 203 conexiones domiciliarias y la realización parcial de la colectora máxima, sifón cloacal y estación de bombeo cloacal que permitirá transportar los efluentes a la Planta Depuradora Sur, mostrando luego cómo en el monitoreo de aguas resultó una mejora tras de la prueba realizada respecto de la disminución de coliformes fecales y aumento de oxígeno disuelto._Más tarde, en el mes de agosto de 2015 (fs. 594/595), se hizo pública la noticia sobre contaminación del Río Arenales por rotura de un caño cloacal, ante lo cual el señor Fiscal de Cámara peticionó la realización de un muestreo e inspección en la zona mencionada a través del Departamento Técnico Científico dependiente del Centro de Investigaciones Fiscales (CIF) del Ministerio Público. A fs. 631/632, se presentó un Plan de Trabajo, constando en acta de fs. 646 la fijación de los puntos de toma de muestra (ver también fs. 660/663) y a fs. 682, su concreción en el lugar del vuelco._Finalmente, a fs. 743 /764, se agregaron los informes del Cuerpo de Investigaciones Fiscales, organismo que a fs. 745 concluye que los valores de cromo total y zinc superan los niveles de calidad de agua para protección de vida acuática establecidos por la Ley Nacional 24.051 de Residuos Peligrosos, motivo por el cual se giraron las actuaciones a la Fiscalía Penal en Turno (fs. 770).

El informe agregado a fs.803/807, aporta datos de monitoreo de agua que, en los meses de mayo y octubre de 2016, arrojan como resultado, que los vuelcos del Barrio El Tipal y el primer caño de descarga de la Planta Depuradora Sur, no cumplen con la normativa provincial para vuelcos a cursos de agua, específicamente referidos al parámetro de coliformes fecales (v. fs. 802). No puede dejar de destacarse -a esta altura del análisis- que en estos autos se ha afirmado que los vuelcos de crudo cloacal al Río Arenales cuentan con más de 40 años y que el Informe de fs. 833/839 deja en claro las múltiples necesidades que aún restan satisfacer en el sector afectado._Respecto a Néstor A. Marozzi S.A., el inmueble de su propiedad identificado con el Catastro N° 88.825 del Departamento Capital, según lo informado por el Secretario de Recursos Hídricos a fs. 517/518, tendría un avance de aproximadamente dos metros que deberían retirarse a los fines que el límite de la propiedad coincida con los estribos del Puente de la Avenida Tavella, y que debería suavizarse el meandro que existe a esa altura, cuanto que el mantenimiento de ese meandro debería ser permanente dado que el mismo río constantemente deposita sedimentos y erosiona._El resultado de la causa penal no es obstáculo para la presente decisión en tanto no hace cosa juzgada lo decidido en el expediente en cuanto al daño ambiental que ocasionó la localización de la terraza antrópica del Catastro Nº 88.825 de esta capital, al modificar el curso de río, poniendo en permanente riesgo de inundación a los vecinos ribereños del margen contrario del Río Arenales.A fs. 478, el arquitecto Guido Gabriel Kosiner explica que la firma Néstor A. Marozzi S.A. ocupó y cercó parte del talud formado y, en razón de ello, la Municipalidad no puede concluir con el trabajo de remoción. Estas afirmaciones son reiteradas en el Informe de fs.482/484 y pueden advertirse en las fotografías de fs. 486, coincidiendo el informe practicado por el doctor Víctor Omar Viera a fs. 502/503. También fue motivo de las actuaciones administrativas labradas en expediente Nº 29-625477/09 de la Secretaría de Recursos Hídricos (v. fs. 491/494). _Resultan esclarecedoras las placas fotográficas de fs. 506/510, donde la interpretación de la imagen muestra el margen estimado del lecho del río y el avance de las terrazas antrópicas.

VIII) La solución del caso: Si bien vemos en el devenir de este dilatado proceso que tanto la Provincia de Salta como la Municipalidad de la Ciudad enfrentaron diversos planes de saneamiento del Río Arenales, hay un dispendio de recursos públicos carentes de efectividad en tanto la inundación del año 2011 fue posterior a todos estos trámites, y no puede dejar de ponerse de resalto que se reiteraron en estos años de litigio -si bien con menor gravedad- inundaciones que mantienen en vilo a la comunidad, sin que los ámbitos de poder propios y propicios para la ejecución de las obras necesarias para garantir la salud y la vida de los salteños que habitan en la ribera del Río hubiesen concretado los emprendimientos idóneos y necesarios para desarticular los problemas que, la propia administración ha marcado como existentes de vieja data._Se ha probado entonces el alcance de la inundación producida y que la zona en cuestión es pasible de permanentes situaciones similares; también se ha reconocido la existencia de vuelcos cloacales en crudo al Río, coincidiendo los diversos actores de esta problemática que debe actuarse de modo conjunto y coordinado con una planificación de tareas que logre la efectividad hasta hoy no concretada, graficada en la frase de la administración ya transcripta respecto a la multiplicidad de abordajes superpuestos. A su vez, también coinciden las partes en el comportamiento dinámico del Río Arenales (v. fs. 466) el que mantiene los permanentes peligros en la zona.Evalúo asimismo los “riesgos” enumerados por la Unidad Ejecutora del Plan Integral de Saneamiento del Río Arenales (reservada a fs. 435), referidos a las concretas posibilidades de inundación, erosión y contaminación._Es de la esencia de la protección del bien jurídico ambiente, que deba actuarse no sólo en la restauración del ambiente dañado, sino también en la prevención de los futuros daños, tal como surge del marco legal al que ya aludiera, en particular con el principio de prevención marcado por la Ley General del Ambiente en su artículo 4. _La mentada función preventiva del derecho ambiental, se encuentra hoy con un marco normativo general con el que debe convivir, y tomar de él todo aquello que sea de utilidad para lograr una plena tutela para el derecho constitucional a un ambiente sano. Respecto de esta coexistencia normativa se dijo: “Este nuevo marco lo brinda el Código Civil y Comercial y sus reglas, respecto a la función preventiva de la responsabilidad civil según surge primordialmente del artículo 1.708. El novel texto prevé normas de carácter preventivo. En el artículo 1.710 incorpora el deber de prevención del daño, y seguido a ello, los artículos 1.711, 1.712 y 1.713 del Digesto vigente, disponen la acción preventiva propiamente dicha, la legitimación para su reclamo y previsiones respecto a la sentencia a dictarse respectivamente. En particular, el artículo 1711 dice: “La acción preventiva procede cuando una acción u omisión antijurídica hace previsible la producción de un daño, su continuación o agravamiento. No es exigible la concurrencia de ningún factor de atribución. Están legitimados para reclamar quienes acreditan un interés razonable en la prevención del daño”, y luego el artículo 1713 establece:”La sentencia que admite la acción preventiva debe disponer, a pedido de parte o de oficio, en forma definitiva o provisoria, obligaciones de dar, hacer o no hacer, según corresponda; debe ponderar los criterios de menor restricción posible y de medio más idóneo para asegurar la eficacia en la obtención de la finalidad”. El nuevo Código se enrola así en la función bipartita de la responsabilidad que contiene los deberes de prevenir y reparar. Y es respecto de la tutela de la persona humana y los derechos inherentes a ella, como también en los derechos colectivos, que la prevención aparece como prioritaria en tanto, el reconocimiento de estos derechos sin la asignación de una tutela preventiva, es tanto como reconocer derechos de papel, con una efectividad inexistente (Marinoni señala que “afirmar ciertos derechos que por su naturaleza son inviolables y no poner a disposición del justiciable un proceso realmente preventivo, es lo mismo que apenas proclamar estos derechos, con un objetivo meramente demagógico y mistificador” La efectividad de los derechos y la necesidad de un nuevo proceso civil, en http://www.marinoni.adv.br/). _La Ley General del Ambiente acoge los principios de prevención diciendo: “Las causas y las fuentes de los problemas ambientales se atenderán en forma prioritaria e integrada, tratando de prevenir los efectos negativos que sobre el ambiente se pueden producir”, como manifestación del deber de evitar el daño que se cierne sobre el Estado y los ciudadanos. La confesa finalidad preventiva de ambas normas las hermana de modo evidente, arrojando luz sobre el eventual uso de leyes análogas, aún en el caso del empleo de la ley especial -como es en este caso la ley ambiental-, permitiendo la aplicación del Código Civil y Comercial en su regulación preventiva en todo aquello que pueda complementar al sistema de protección ambiental.Por ello a pesar de ser generalmente el caso preventivo ambiental, por su complejidad, un caso difícil, la construcción argumentativa de la coexistencia de estas normas preventivas especiales frente al nuevo sistema general de la función tuitiva de la responsabilidad civil, aparece como un ejercicio simple y por tanto oportuno para empezar a asomarse a la nueva manera de articulación del sistema de derecho civil argentino” (.) “La Ley General del Ambiente en su artículo 4° dice que la interpretación y aplicación de su texto, y de toda otra norma a través de la cual se ejecute política ambiental, estarán sujetas a los principios que enumera, entre ellos los de prevención y precaución” (.) “Claro está que la categoría de Ley de Presupuestos Mínimos que tiene la Ley General del Ambiente, es un marco insoslayable para la tarea que proponemos. Esta calificación que la propia Constitución Nacional le ha asignado al marco general legal ambiental, es complementada por el principio de congruencia previsto en el segundo párrafo del artículo 4° de dicha ley que dice “la legislación provincial y municipal referida a lo ambiental deberá ser adecuada a los principios y normas fijadas en la presente ley; en caso de que así no fuere, éste prevalecerá sobre toda otra norma que se le oponga”. (La función preventiva del sistema de responsabilidad civil en el Código Civil y Comercial y el sistema de protección ambiental argentino. Reflexiones con motivo del fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación en el caso “Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas de la Patagonia c/Santa Cruz, Provincia de y otro s/Amparo ambiental”, en Revista de Derecho Procesal, Año 2017 – 1.Las medidas cautelares en el Código Civil y Comercial de la Nación, Editorial Rubinzal Culzoni).

En este sentido de aplicación coherente ya me he pronunciado en estos autos al sostener que “tanto nuestro sistema constitucional, como el previsto en la Ley 25.675, y el novel ordenamiento civil y comercial, habilitan la actividad jurisdiccional destinada a la prevención del daño, posibilitando el dictado de medidas cautel ares que, bajo los criterios de medio más idóneo y menor restricción posible, imponga obligaciones de dar, hacer o no hacer” (CApel.CCom. Salta, Sala Tercera, “Mercado, Amelia Emilia y otros vs. Municipalidad de la Ciudad de Salta; Provincia de Salta; Marozzi S.R.L.- Amparo Ambiental”, Expte. N° 380.533/12 de noviembre de 2015).

La Corte Suprema de Justicia de la Nación en la sentencia dictada en el caso “Mendoza” en fecha 8 de julio de 2008 dijo que el objeto decisorio se orienta hacia el futuro y fija los criterios generales para que se cumpla efectivamente con la finalidad indicada, pero respetando el modo en que se concreta, lo que corresponde al ámbito de discrecionalidad de la administración. De tal manera, el obligado al cumplimiento deberá perseguir los resultados y cumplir los mandatos descriptos en los objetivos que se enuncian en la sentencia, quedando dentro de sus facultades la determinación de los procedimientos para llevarlos a cabo._Resulta del extenso análisis de la prueba rendida en autos, que existe coincidencia en cuanto a las tareas de saneamiento que deben realizarse, tanto para reparar el daño ambiental ocasionado, como para evitar la reiteración de estos sucesos en el futuro, y siendo que también confluyen las posiciones de las partes en cuanto a la realización de un plan de trabajo coordinado o manejo integral de cuenca (fs. 597/599, 778/779, declaración del ingeniero Kosiner a fs. 482), y al monitoreo o auditoría ambiental permanente (v. fs. 574), como también a la necesidad de contar con un plan de contingencia, posición con la coincide el dictamen fiscal de fs.892/896, es que la resolución que en este pronunciamiento se dicta ordena la confección de un Plan de Manejo del Río Arenales, un Plan Sanitario de Emergencia y un Plan de Monitoreo con los objetivos y las pautas que se enumeran._Los objetivos genéricos del Plan de Manejo del Río Arenales a presentar serán la recomposición del ambiente en el Río y la prevención de daños, así como la mejora de la calidad de vida de los habitantes ribereños, objetivos que coinciden con los enumerados en la Ordenanza Municipal Nº 11.557 de creación del Plan de Manejo del Río Arenales, debiendo para ello procederse bajo los lineamientos mínimos que a continuación se fijan:a) Saneamiento de basurales y prevención de futura conformación._ b) Permanente limpieza del cauce y márgenes del Río Arenales, construcción de defensas en puntos críticos._c) Continua limpieza y mantenimiento de desagües y canales pluviales. d) Saneamiento cloacal, traducido en el inmediato cese de vertido de líquidos cloacales._e) Delimitación de la línea de ribera, evitando la instalación de familias en las zonas comprendidas en ella._f) Forestación de espacios recuperados en las márgenes del río. g) Presentación al Tribunal de un Plan Sanitario de Emergencia para aplicar en situaciones de crisis como la que dio origen a este proceso y un Plan de Monitoreo._Dado que el Estado Provincial, a través del Decreto Nº 3249/11, creó en el ámbito del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Provincia, la Unidad Ejecutora de Recuperación y Saneamiento del Río Arenales, integrada por el Ministro de dicha cartera, los Secretarios de Recursos Hídricos, de Política Ambiental, Minería, Obras Públicas, Derechos Humanos, los Subsecretarios de Gestión de Salud, Tierra y Hábitat, Defensa Civil, el Coordinador General del Ministerio de Desarrollo Económico, y un representante por los siguientes organismos:Instituto Provincial de Vivienda, Dirección General de Inmuebles, Ente Regulador de Servicios Públicos, Parque Industrial de Salta, Dirección General de Asistencia Crítica y Catástrofe y Compañía Salteña de Agua y Saneamiento (CoSaySA), a la que le asignó la función de diagnóstico de situación ambiental y socio económica, a fin de elaborar el plan maestro de acción, e implementar un programa de operaciones y mantenimiento de las obras e infraestructura, y que a su vez, dicho decreto invita a formar parte de la Unidad que crea, a los Municipios de la Provincia de Salta que forman parte del Río Arenales, su cuenca o sus áreas de influencia, entiendo que corresponde poner a dicho organismo, junto a quien/es designe el Municipio de la Ciudad de Salta, y dos miembros por los actores, a fin de que determinen los planes aludidos, los que deberán ser presentados ante este Tribunal en el plazo de tres meses desde la conformación que aquí se dispone, para la cual se confiere a la parte actora y al Municipio un plazo de siete días hábiles a los fines de designar a los miembros aludidos.

En dicha Comisión se dará debida intervención al Ministerio Público Fiscal, tal como fuera impuesto en la sentencia dictada en estos autos por la Corte de Justicia de la Provincia, con la finalidad de garantizar el orden público que se encuentra en juego en este proceso y velar por la defensa de los miembros del grupo que integran la faz activa de este proceso.Asimismo, se dispone que deban acompañarse los proyectos ejecutivos de cada uno de los planes, en los que se informarán los recursos materiales y humanos afectados a ellos y los plazos de ejecución.

IX) Las costas del proceso se deciden por el orden causado, dado las singularidades del caso, los distintos pronunciamientos dictados, la necesidad de asegurar la participación ciudadana en amparos colectivos como el presente y el hecho cierto que su transcurso ha permitido dilucidar muchas cuestiones en la que se advierte nosólo omisiones de los estados provincial y municipal, sino asimismo comportamientos disvaliosos de los vecinos en la ejecución de obras clandestinas con claro efecto contaminante del Río.

Por ello, y coincidiendo sustancialmente con las conclusiones del dictamen del señor Fiscal de Cámara, a las que hice mención en detalle en los resultandos de la presente, entendiendo que deben ser consideradas parte de ella,

F A L L O

I) HACIENDO LUGAR a la acción de amparo deducida en autos. En consecuencia, ORDENANDO a los codemandados Provincia de Salta, a la Municipalidad de la Ciudad de Salta y a CoSAySa, a confeccionar, presentar y ejecutar un Plan de Manejo del Río Arenales, un Plan Sanitario de Emergencia, y un Plan de Monitoreo en los plazos, con los objetivos y las pautas enumeradas en el considerando VIII.

II) CONDENANDO a la razón social Néstor A. Marozzi S.A. a retirar los metros necesarios de avance de su propiedad, para que los límites del inmueble Catastro 88.825 del Departamento Capital coincidan con los estribos del puente sobre la Avenida Tavella y, de corresponder, oportunamente retire la franja de terreno que eventualmente surja luego de fijada la línea de ribera, todo ello en un plazo no mayor de 60 días corridos del dictado de la presente.

III) IMPONER las costas del presente por el orden causado.

IV) MANDAR se copie, registre y notifique personalmente o por cédula a los demandados y al señor Fiscal de Cámara, en su público despacho.