Defensa del ambiente. Defensa de los vulnerables

Autor: Suhr, Ingrid E.

Fecha: 14-mar-2018

Cita: MJ-DOC-12763-AR | MJD12763

Sumario:

I. Introducción. II. Desarrollo. III. La legitimación y los distintos tipos de acciones ambientales. IV. Acción de amparo. Requisitos de admisión. V. Conclusión. VI. Bibliografía.

Doctrina:

Por Ingrid E. Suhr (*)

I. INTRODUCCIÓN

Cuando hablamos de «derecho ambiental», nos ponemos a pensar a muy grandes rasgos qué es el derecho del ambiente. Pero… ¿qué es en sí? El derecho ambiental es un sistema de normas jurídicas que regulan las relaciones de las personas con la naturaleza, con el propósito de preservar y proteger el medio ambiente en su afán de dejarlo libre de contaminación, o mejorarlo en caso de estar afectado.

Algunos de sus objetivos son, la lucha contra la contaminación, la preservación de la biodiversidad, y la protección de los recursos naturales, para así lograr que exista un entorno humano saludable.

A partir del año 1994, en la Argentina, se hace efectivo el reconocimiento del derecho al ambiente sano, consagrándose a través del art. 41 de nuestra Constitución Nacional.

Dicho artículo de la Constitución Nacional ha establecido, en su párr. 1.°, el derecho de todos los ciudadanos al ambiente sano, el deber de preservación del mismo, y la obligación de recomposición con carácter prioritario en caso de daño ambiental.

Asimismo, prevé las funciones estatales, según sus respectivas competencias, esto es: a. proveer la protección del derecho al ambiente; b. proveer la utilización racional de los recursos naturales; c. proveer la preservación del patrimonio natural y cultural, y de la diversidad biológica; d. proveer la información y educación ambientales.

Ese artículo dice lo siguiente: «Todos los habitantes gozan del derecho a un ambiente sano, equilibrado, apto para el desarrollo humano y para que las actividades productivas satisfagan las necesidades presentes sin comprometer las de las generaciones futuras; y tienen el deber de preservarlo».

Podemos observar que en el artículo nos hablan tanto de un derecho como de un deber, siendo ellos dos caras de una misma moneda.El objeto tutelado y por el cual debe velarse es el ambiente, y se tiene el deber de preservarlo, cuidarlo, protegerlo, ya que como todos sabemos, es único.

Si bien en la actualidad existen numerosas acciones tendientes a la protección del ambiente, pasa por un cuestionamiento humano personal que debe cambiarse para lograr poner en marcha todas las políticas ambientales que propondrán una mejora en el suelo que habitamos. Como grupo humano, somos los únicos responsables, en tomar decisiones conscientes a la hora del cuidado del espacio en que vivimos.

Decimos que «vulnerabilidad» es la desigualdad, la desventaja, la incapacidad de resistirse cuando se presenta un fenómeno amenazante, o la incapacidad para reponerse después de que ha ocurrido un desastre. Si esto lo aplicamos a ejemplos concretos en lo cotidiano, podemos observar cómo se dejan a un lado cuestiones básicas de protección, por cuestiones puramente económicas y de rédito personal y patrimonial al momento de elegir entre cuidar el ambiente o encontrar una ventaja.

Vemos que el ambiente está dañándose, y debemos hacer algo al respecto, desde nuestro lugar, desde lo básico, desde la Constitución Nacional, en el art. 43 , tenemos garantizada la aplicación del amparo ambiental.

El amparo es una acción tendiente, a la reparación inmediata cuando un derecho se ve vulnerado. En este caso, si no gozamos de un ambiente sano, nuestras próximas generaciones se verán perjudicadas en su vida, por ellos y por los que estamos, es que debemos tomar conciencia de la importancia de la aplicación de la protección del ambiente.

Uno de los métodos de mejoramiento, o de cese o reparación de un daño, es la aplicación del amparo ambiental.

Las acciones ambientales intentan tanto la recomposición del ambiente como el resarcimiento de los daños y perjuicios. Existen distintas acciones a través de las cuales se ha intentado acceder a la justicia a los fines de la tutela del derecho al ambiente sano de acuerdo con las disposiciones del art.41 de la CN, y ello se ha prestado a diversas interpretaciones respecto del caso.

El constituyente argentino previó una acción colectiva frente a un derecho de incidencia colectiva a todos los titulares del mismo, y el legislador, al reglamentar la prescripción constitucional, no legitima a cualquiera que no sea el titular del derecho a ejercer una acción, porque se trataría de una acción popular, y en la Argentina ella no existe.

Se detallará cómo es su implementación y realización del proceso, a los fines de que esta sea una manera de creación de capacidades de mejoras en la formación de un ambiente sano y limpio.

Tenemos que proteger a los vulnerados, tenemos que proteger el ambiente.

II. DESARROLLO

1. Defensa del ambiente

El derecho al ambiente y los derechos de incidencia colectiva en general fueron incluidos en la reforma constitucional de 1994. Las acciones ambientales intentan tanto la recomposición del ambiente como el resarcimiento de los daños y perjuicios.

La reforma de la Constitución consagró un nuevo derecho para los habitantes, pero además un objetivo nacional que establece en definitiva un imperativo jurídico del cual se pueden derivar efectivas acciones para la tutela de este bien social (1).

Al tratarse de una nueva concepción de daño, nuestras normas referentes a la reparación de los daños y perjuicios ocasionados no son suficientes para cubrir la falta de regulación del mismo, como tampoco existe la posibilidad de aplicar analógicamente las reglas que otorgan protección a los derechos subjetivos, toda vez que el tipo de daño conlleva otro tipo de prerrogativas que el constituyente de 1994 dio en llamar «derechos de incidencia colectiva» (2).

Cuando hablamos de daño ambiental, nos referimos a un daño potencial y no respecto de un daño concreto que se produce como consecuencia de una conducta concreta. Ya que lo que se intenta es evitar que se produzcan los daños para no tener luego que remediarlos.Es por ello por lo que, al momento de la realización de cualquier actividad que se realice, se deben evaluar los posibles daños que se pueden generar con el desarrollo de distintas actividades. Actualmente se ha evolucionado, tecnológica y científicamente, logrando evaluar previamente los resultados para evitar potenciales daños que pudieran ocurrir mediante los estudios de impacto ambiental.

Se ha dicho que la definición de «daño al medioambiente» se encuentra actualmente afectada por dos categorías:

a. en función de que el medioambiente dañado atente contra la salud,

b. en la medida en que afecte a los bienes de las personas o al medio natural en cuanto tal. Los estudios de impacto ambiental son el mecanismo legal para prevenir los potenciales daños al medioambiente, y su cumplimiento se exige con anterioridad o durante la continuación de una actividad, y tiene por objeto comprobar los efectos nocivos que una actividad pueda provocar sobre el medioambiente (3).

Aclarado lo anteriormente expuesto, podemos afirmar que la Constitución Nacional intenta contemplar el tema ambiental con una orientación dinámica, ya que la política medioambiental se dirige a posibilitar el pleno desarrollo de la persona y la calidad de vida, que marcan su horizonte teleológico. Implica, por último, una concepción concreta de la interacción entre el hombre y el ambiente, a través de la cual se tienen en cuenta los sujetos históricos que operan en un determinado medio en el que desarrollan su personalidad (4).

Asimismo, es del caso destacar que el art. 43 de la CN, en su párr. 2.°, dispone lo siguiente: «Podrán interponer esta acción contra cualquier forma de discriminación y en lo relativo a los derechos que protegen al ambiente, a la competencia, al usuario y al consumidor, así como a los derechos de incidencia colectiva en general, el afectado, el defensor del pueblo y las asociaciones que propendan a esos fines, registradas conforme a la ley, la que determinará los requisitos y formas de su organización.

III.LA LEGITIMACIÓN Y LOS DISTINTOS TIPOS DE ACCIONES AMBIENTALES

Tradicionalmente la cuestión de la legitimación activa se ha resuelto de manera fácil: «podrá reclamar un daño aquel que lo ha sufrido».

Es decir, el damnificado directo, concreto, personal, inmediato, individual, la víctima del daño diferenciado, aquel que resulta atacado, menoscabado en su patrimonio material o moral, en síntesis, el titular de un derecho subjetivo lesionado es quien reviste la titularidad de la acción reparatoria.

La amplitud de la legitimación activa en materia ambiental deriva:

a. del derecho de disfrutar de un ambiente sano, reconocido en el art. 41 de la CN a todos los habitantes y,

b. del uso del amparo de toda persona agraviada concretamente, o por todo afectado, en un grado menor o potencial, presente o futuro, por el año ambiental (5).

Corresponde al Ministerio Público y al Defensor del Pueblo la legitimación para demandar protección contra el eventual daño ambiental de las generaciones presentes y futuras.

Si nos ponemos a pensar, suena difícil darnos cuenta cuál es la línea que divide los derechos de las generaciones presentes (ej. temas de trabajo, desarrollo, bienestar, etcétera) y las futuras a no recibir un hábitat inhóspito y degradado. Esta delimitación de la que hablo, exige suma prudencia en los funcionarios y en el Poder Judicial, propia de la complejidad que conlleva resolver un problema de esta índole.

La Ley 25.675 (6), de Política ambiental, reconoció y especificó varias legitimaciones activas. Al establecer el deber de informar, de las personas físicas y jurídicas, públicas y privadas, acerca de la calidad ambiental y referida a las actividades que desarrollan, consagró el derecho de todo habitante a obtener de las autoridades la información ambiental que administren y que no se encuentre contemplada legalmente como reservada (art. 16). Como se advierte, esta legitimización tiene limites: a. puede solicitarse a las autoridades; b. sobre la información que administren (provincial o local o que coordinen) y c.que no esté reservada por imperio de una ley específica. No obstante, estos límites y acerca de la reserva o secreto, cabe el control judicial de razonabilidad, efectuado por los jueces en causas concretas. Dado que las autoridades tienen la obligación de informar y, en especial, como el Poder Ejecutivo tiene el deber de presentar un informe anual al Congreso (art. 18), cabe a cualquier habitante la legitimación para efectuar reclamos administrativos y acciones judiciales al respecto.

Asimismo, en el art. 20 de la ley mencionada, se establece el derecho de toda persona a opinar en procedimientos que se relacionen con la preservación del ambiente y participar en audiencias públicas obligatorias sobre actividades que puedan tener efectos negativos o relevantes sobre el ambiente. Si bien estos «no» son vinculantes, deberán fundar los resultados contrarios a la audiencia que aporten y hacer pública esa fundamentación.

En lo que se refiere a materia de recomposición y reparación del daño ambiental producido, está plasmado en el art. 30 de la Ley 25. 675. Respecto de la recomposición la norma indica los mismos legitimados del art. 43 de la CN, ellos son; el afectado, el Defensor del Pueblo y las asociaciones no gubernamentales de defensa del medioabiente. Además se reconoce acción de recomposición al Estado nacional, provincial y municipal, y para la acción de recomposición o de indemnización pertinente, a la persona directamente damnificada por el hecho dañoso acaecido en su jurisdicción.

Según la Dra. María Angélica Gelli: «Constituye una verdadera “acción de clase”, ya que el articulo 30 dispone que deducida la demanda de daño ambiental colectivo por alguno de los titulares señalados, no podrán interponerla los restantes, quienes, no obstante, podrán intervenir como terceros. Por fin se reconoce legitimación activa a toda persona para hacer cesar el daño ambiental colectivo» (7).

En lo que respecta al art.30 de la Ley 25.675, existen distintas posturas en cuanto a la interpretación que cabe asignarle, incluso se ha llegado a hablar de una acción de amparo ambiental como acción procesal autónoma. López Alfonsín (8) sigue un criterio interpretativo que otorga gran trascendencia a la postura asumida por el constituyente de 1994. Desplegando una mirada comparativa, encuentra que algunas provincias, por ejemplo Salta, incluyen en forma simultánea con la recepción constitucional del derecho al medioambiente sano una garantía específica en razón de la materia. En cambio, la gran m»sin precisar la especie en cuestión, por ejemplo Río Negro. Esta mirada se repite al volver al dictamen de la Comisión de Nuevos Derechos y Garantías. El autor explica que el mismo, en la redacción del hoy art. 41, incluía expresamente el amparo ambiental. En efecto, luego de los cuatro párrafos que lo integran, aparecía un quinto período: «Toda persona está legitimada para interponer acción de amparo para la protección de este derecho». Un texto similar aparecía al final del hoy art. 42 en relación con la protección de los consumidores y los usuarios. Sin embargo, el «filtro» de la Comisión Redactora hizo que estos últimos períodos de ambas cláusulas de estos nuevos derechos fueran reemplazados por el actual párr. 2.° del art. 43, bajo la figura de la especie «amparo colectivo» del género en cuestión. Se adujeron para ello razones de mejor técnica legislativa, pero lo concreto es que «no existen para estos nuevos “derechos de incidencia colectiva” dos amparos en razón de la materia, sino una sola categoría común -junto a la discriminación- que es la contenida en la cláusula indicada». Por ello, agrega, hay que ser muy cuidadoso en la tipología de estas acciones, las que claramente podrían alterar la voluntad del constituyente. Considera importante resaltar esta voluntad como línea hermenéutica de estas herramientas procedimentales. Y aclara lo siguiente:«No estamos en este punto considerando a dichos instrumentos dentro del concepto de “presupuestos mínimos”». Concluye especificando que el legislador ordinario confunde en su labor reglamentaria los alcances de cada una de las normas constitucionales en juego. La que se origina impulsando un amparo ambiental en razón de la materia, desconociendo que los parámetros del amparo colectivo consagrado en el párr. 2.° del art. 43 de la CN ya lo incluyeron dentro de sus límites procesales junto con el amparo de los consumidores y usuarios, y que hoy coexisten diferentes acciones ambientales, según sean de jerarquía constitucional o infraconstitucional:

a. la acción de amparo colectivo,

b. la acción de recomposición del ambiente,

c. la acción indemnizatoria civil,

Otros autores han considerado que en el último párrafo del art. 30 surge claramente un amparo ambiental (9), al cual incluso lo califican de acción popular (10).

Sagüés (11) indica que se trata de un amparo ambiental aclarando que en relación con la acción de recomposición, no obstante la amplia textura procesal del art. 30 de la ley, que se remite en parte al art. 43 de la CN, «no implica una acción popular, ya que la norma alude específicamente al afectado, al Defensor del Pueblo, a ciertas asociaciones, y al Estado nacional, provincial o municipal (sic), como personas habilitadas para articularla, al par que al particular damnificado, respecto de la acción de indemnización y de recomposición».

Basterra (12) entiende que, de la primera parte de la norma mencionada, surge que una vez producido el daño ambiental colectivo, tendrán legitimación por vía de amparo para obtener la recomposición del ambiente dañado específicamente: a. al afectado, que en el caso es un titular de un derecho de incidencia colectiva, dado que la norma habla de daño ambiental colectivo y no individual.Toda vez que otorga legitimación distinta al afectado en caso de daño ambiental colectivo, y luego al afectado en caso de recomposición o de indemnización pertinente, a la persona directamente damnificada por el hecho dañoso acaecido en su jurisdicción; b. al Defensor del Pueblo; c. a las asociaciones no gubernamentales de defensa ambiental, conforme lo prevé el art. 43 de la CN, y d. al Estado nacional, provincial o municipal.

En virtud de lo expuesto, considero que el art. 43 de la CN no ha constitucionalizado la acción popular, sino el amparo colectivo. Sin embargo, aunque la Constitución Nacional no lo haya proyectado como acción popular, ello no implica que una ley del Congreso pueda válidamente ampliar la legitimación.

La legitimación deviene de la titularidad, no de la habilitación para ejercer acciones si no se es titular del bien, como ocurre con la acción popular. Si se produce un daño ambiental, cualquier persona está sufriendo directa o indirectamente una afectación. Todos somos los afectados, por lo que todos estamos legitimados para acción por vía del amparo a que de inmediato se cese en la actividad generadora del daño.

Siguiendo esa línea, el hecho de que el medioambiente esté comprendido en el amparo del art. 43, párr. 2.°, no es óbice en modo alguno para que una ley, tal como lo ha hecho la Ley 25.675, lo reglamente, siempre que no disminuya la protección de la normativa constitucional. Esto es, tratándose el medioambiente de un bien colectivo universal no distributivo y no excluyente, todos tenemos la titularidad del bien; por tanto, todos los titulares están legitimados para iniciar una acción.

IV. ACCIÓN DE AMPARO. REQUISITOS DE ADMISIÓN

La admisión de la acción de amparo exige que cumpla con ciertos requisitos, algunos formales y otros sustanciales, a los que queda condicionada la apertura de la instancia jurisdiccional. Respecto del tema formal, se refiere a la competencia.Si bien el principio general establece que cualquier juez es competente para entender, en la realidad las cosas son diferentes y determinar la competencia es una tarea ardua y cuidadosa.

Ello es importante porque equivocar la competencia acarrea demoras en el trámite de la acción, que se traducen en obstáculos para la búsqueda de un resultado, con la importancia de que estamos ante supuestos de lesiones, amenazas actuales o inminentes. Y a su vez, porque el amparista se impone a iniciar un proceso en el cual genera costas. Las reglas de la competencia tiene frecuentes variaciones, y en general deberán estarse a lo que determine el tratamiento de la materia sobre la que versa el derecho lesionado, al momento de interponerse la acción. La competencia en razón de materia estará al principio de especialidad, que rige la distribución de tareas en la organización judicial (civil penal, administrativa, etcétera).

En materia ambiental existen pautas propias que se apartan de los principios comunes y ordinarios, reconociéndose el origen de esa diferencia en la misma norma constitucional.

Si la Carta Magna dice en su art. 41, «las autoridades proveerán la protección de ese derecho, con ello no distingue, y donde la ley no distingue no deberíamos distinguir. «Todas» las autoridades, están obligadas a proveer a la protección, y entre ellas están sin dudas, los jueces (13).

Consagrado en el art. 43 de la CN -como lo hemos detallado anteriormente-, la norma definió el remedio como una «acción expedita y rápida» destinada a proteger contra un acto u omisión -de autoridad pública o de particular- que «en forma actual o inminente lesione, restrinja, altere o amenace, con arbitrariedad o ilegalidad manifiesta» derechos y garantías reconocidos por la Constitución, un tratado o una ley.

El artículo además, fija la competencia concurrente entre la nación y las provincias preservando las juridicciones locales. Esto en la práctica, no es tan claro como se manifiesta, porque con igual jerarquía que el art. 41 está el art.124 , que le reconoce a las provincias el dominio pleno sobre sus recursos naturales, y no resultaría razonable que no se le conceda al Estado provincial la facultad de defender lo que se reconoce como propio si no tiene competencia para hacerlo (14).

A modo de referencia, con la sanción de la Ley nacional 25.688 de Recursos Hídricos (norma de presupuestos mínimos), siendo esta de aplicación federal, legislando el tema del agua, un recurso natural de dominio provincial no delegado a la nación. Por eso, en todas las acciones que se promuevan en el marco de esta ley, como en otras que involucren el dominio de los recursos naturales, se presentan conflictos de competencias que habrá que resolver en el momento de promoverlas.

Si bien vemos que no es tan claro el tema de la competencia, no debemos olvidarnos de las cuestiones que se suscitan en la nombrada anteriormente Ley General del Ambiente, que es de alcance federal, en orden a la delegación de facultades operada en el art. 41 de la CN. Por estos principios, la aplicación de la LGA es local, porque si la norma genérica es la concurrencia, ello no debe alterar las juridicciones locales. Existen a su vez muchas excepciones, entre ellas a. cuando en la materia de que se trate se hubiere fijado competencia federal con anterioridad a este nuevo régimen por normas no derogadas (por ej., hidrocarburos) (15), b. cuando la nueva normativa haya considerado a la materia en cuestión como incluida en los presupuestos mínimos de protección y hasta ese límite (16), c. cuando la ley federal específica que fija esos presupuestos determina competencia federal para alguno de sus aspectos y silencia otros (17), d. cuando los menciona expresamente y hasta ese límite (18), e. cuando una ley federal determina competencia federal, porque considera que la delegación de facultades hecha por las provincias incluyó la potestad de determinar la competencia, f.cuando corresponda la competencia originaria de la Corte Suprema, porque alguna provincia u otro país están involucrados en la litis, o por aplicación de algún otro supuesto constitucional, g. cuando demandada una provincia ante fuero incompetente no articula la excepción pertinente (19) o porque la cuestión está reglada por algún tratado internacional, todo lo que también tiene sus excepciones.

Esos inconvenientes descriptos, más la gravedad que conlleva hablar de daños ambientales y la necesidad y obligación de prevenirlos, llevo a una generalización de competencia en la materia.

La jurisprudencia de la Corte suprema de Justicia de la Nación, privilegia como regla, la competencia ordinaria provincial, aunque en aquellos casos en que la lesión ambiental pueda afectar a más de una jurisdicción provincial, corresponde a la competencia de la justicia federal. Con relación a la materia, y en el orden nacional, la competencia ambiental será contencioso administrativa o civil, según el caso (20).

Esta generalización de la competencia se vincula a una concepción globalista del ambiente, según la cual la gravedad de los asuntos ambientales impone ser indiferentes a las regulaciones estrictas (21).

La acción de amparo siempre va acompañada de alguna petición de una medida cautelar, que el juez debe resolver «in audita pars» el primer despacho de la causa. Esa medida ordenará al demandado «no innovar» sobre la situación de un hecho existente, o en su caso hacerlo, disponiendo el cambio fáctico con una medida innovativa. Estas medidas tiene carácter cautelar y son de cumplimiento inmediato, por lo que solo con su otorgamiento, la actuación del juez sale del ámbito del expediente para emplazarse en el mundo real, ya desde el primer despacho de la causa (22).

V. CONCLUSIÓN

En virtud del trabajo realizado conforme los temas relacionados, vemos que toda persona se encuentra facultada para intervenir contra actos que violen sus propios derechos o que estos se encuentren vulnerados. Hablamos de derechos reconocidos en la Constitución Nacional o por la ley.Por eso, contemplamos la materia ambiental, como garantía constitucional, en la que recordamos que todo habitante tiene derecho a ser oído.

Los seres humanos tenemos derecho a un ambiente adecuado para vivir en dignidad y bienestar y el consecuente deber de protegerlo y mejorarlo.

Resulta complejo poder elegir las opciones que existen para conservar y delimitar el ejercicio de los derechos constitucionales (de propiedad, contractuales, de comerciar y de establecer y desarrollar industrias protegidos por los arts. 14 y 17 de la CN) que puedan dañar el ambiente, implica una cuestión que debe sí o sí resolverse en diferentes ámbitos demográficos.

La contaminación ambiental no reconoce fronteras, ni banderas políticas, ya que sus efectos se expanden a través de límites territoriales. La disminución o pérdida de los recursos naturales -y la extinción de las especies- genera perjuicios en varios ámbitos territoriales. Es por ello por lo que la cuestión ambiental requiere políticas activas de conservación y coordinación, donde el ciudadano cumpla con sus obligaciones como tal respecto del ambiente.

Cuando hablamos de principal responsable del cuidado del ambiente, nos referimos al hombre, que si bien tiene sus derechos garantizados de vivir en un ambiente sano, es él quien lo termina dañando. No sin ser pesimista, ni mucho menos, respecto del tema, considero que el bien jurídicamente protegido, el «ambiente» (conjunto de elementos naturales o transformados por la persona humana y creados por ella que permiten el nacimiento y el desarrollo de organismo vivos), los «recursos naturales» (bienes de la naturaleza que aun no han sido modificados por la actividad de la persona humana y que esta emplea para su propia conservación y crecimiento) y la «diversidad biológica o genética» (pluralidad de organismos y sistemas vivos existentes en la naturaleza), son los «vulnerados» en el aspecto tanto práctico como formal.Ya que, en lo que respecta a la cuestión práctica, se ha avanzado tanto tecnológicamente que aun así, no utiliza el ser humano las formas tendientes a un cuidado del ambiente seguro y certero. En lo que respecta a la cuestión formal, vemos cómo se trata de evitar a la justicia para actuar en materia de jurisdicción ambiental.

En la Argentina, nos encontramos ante una falta de implementación de celeridad en la materia, debido a cuestiones de falta de estructuración como también de capacitación, aun sabiendo la importancia que genera la demora en cuestiones de materia ambiental.

Confío en que se establezcan en los próximos años medidas tendientes, que favorezcan al ambiente, y que este deje de ser un vulnerado más que expresa sus quejas cuando ya es demasiado tarde.

VI. BIBLIOGRAFÍA

– BIBILONI, Héctor J.: El Proceso Ambiental. Objeto. Competencia. Legitimación. Prueba. Recursos. Buenos Aires, Lexis Nexis,15 de diciembre 2005.

– Constitución de la Nación Argentina .

– GELLI, M. Angélica: Constitución de la Nación Argentina. Comentada y concordada, 4.a ed., 2da reimpr. ampliada y actualizada, t. 1. Buenos Aires, La Ley, 2009.

– Ley 25.675 .

– PELUFFO, María L.: Las acciones ambientales en el derecho argentino. Amparo ambiental y acción popular. Díkaion 2007, 21 (noviembre). Disponible en ISSN 0120-8942.

– LAGO, Daniel H.: El amparo ambiental y su reglamentación. S. l., s. e., 1 de mayo de 1996.

– Revista Gerencia Ambiental N.° 23, p. 162.

– THIBAUD, LEVIS y Asociados.-Id SAIJ: DACA980190.

– Constitución de la Nación Argentina.

– Ley 25.675.

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(1) JIMÉNEZ, Eduardo P.: «Necesarias precisiones acerca de la prohibición constitucional de ingreso al territorio nacional de residuos actual o potencialmente peligrosos, y de los radiactivos», en Derecho Ambiental (Su actualidad de cara al tercer milenio). Eduardo Pablo Jiménez (coord.). S. l., Ediar, 2004, p. 489.

(2) BASTERRA, Marcela: «La protección del medio ambiente a diez años de la incorporación del artículo 41 en la ConstituciónNacional», en AA.VV., Obra de la Asociación Argentina de Derecho Constitucional. S. l., Editorial Rubinzal Culzoni, 2005, pp. 497-525.

(3) CAFFERATTA, Néstor A.: «Daño ambiental, legitimación, acciones, presupuestos de responsabilidad. Breves reflexiones. A propósito del temario a tratarse en las XI jornadas bonaerenses de jóvenes abogados», en LL, BA, 2000, p. 957.

(4) PRIERI BELMONTE, Daniel A.: «El amparo ambiental», en Revista del Colegio Público de Abogados de la Capital Federal, N.° 22, año 2003.

(5) La Jurisprudencia reconoció legitimación de dos vecinos de sendas localidades de la provincia de Buenos Aires, para reclamar mediante una acción de amparo, el cese del funcionamiento de una planta de incineración de residuos y que la Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente Humano efectuará la evaluación del impacto ambiental que producía la actividad de la planta en cuestión. Conf. «Schroeder Juan y otro c/ Estado Nacional – SRNYAH-s/Amparo». Cám. Nac. de Ap. en lo Cont. Ad. Fed., Sala I, 28 de noviembre de 1996, La Ley, 21/10/1997.

(6) Ley 25675 (B0: 28 de noviembre de 2002).

(7) Con buen tino, la ley estableció una acción de clase, pero, como se ha dicho, con una regulación mínima. Conf. LORENZETTI, Ricardo L.: «La Nueva Ley ambiental argentina», en La Ley 2005-C-1332.

(8) ALFONSÍN, Marcelo L.: «Las acciones ambientales», en AA. VV.: Derecho Procesal Constitucional, Pablo Luis Manili (coord.), Buenos Aires, Universidad, 2005, pp. 209-228. 13 Ibíd., p. 225. Año 21, N.° 16. Chía, Colombia, noviembre de 2007.

(9) PRIERI BELMONTE, Daniel A.: «El amparo ambiental», en Revista del Colegio Público de Abogados de la Capital Federal, N.° 22, febrero de 2003.

(10) PRIERI BELMONTE, Daniel A.: «Los efectos erga omnes de la sentencia en la acción de amparo ambiental», en JA, 2003-III-1284.

(11) SAGÜÉS, Néstor P.: «El amparo ambiental (Ley 25.675)», LL 2004-D, p. 1196.

(12) BASTERRA, Marcela: «El amparo ambiental, ¿acción popular o acción colectiva? El caso “Cirignoli”», LL, Sup. Const. 2006 (julio), p.56.28Díkaion, ISSN 0120-8942.

(13) BIBILONI, Héctor J.: El Proceso Ambiental. Objeto. Competencia. Legitimación. Prueba. Recursos. S. l., LexisNexis, p. 380.

(14) Art. 124 de la CN: «Corresponde a las provincias el dominio originario de los recursos naturales existentes en su territorio». «Esta disposición debe ser considerada como cuidado en la medida en que el titular del dominio de algún bien como regla general le corresponde el ejercicio de la jurisdicción sobre el mismo. Es decir que el titular de dominio de una cosa, en nuestro caso de recursos naturales, le compete el ejercicio de las jurisdicciones susceptibles de ser ejercitadas sobre los mismos. Cada una de dichas jurisdicciones se corresponderá con alguna función de gobierno que hace a la utilización del recurso sobre el cual ella se ejerce. (SABSAY, Daniel A.: Doctrina Judicial, año III, N.° 28, 23/7/1997. Buenos Aires, La Ley, pp. 783-787).

(15) Ley 17.317 y sus modificatorias.

(16) Ley 25.688 . ADLA 2003-A-16.

(17) Ley 25.670. Cap. III. Art. 11, inc. c .

(18) Ley 25.670, art. 21 .

(19) En la causa «Flores» (Fallos 315:2137), la Corte Suprema permitió a los tribunales inferiores de la Nación juzgar a un Estado provincial siempre que dicho Estado lo consienta, no reclamando la competencia originaria al comparecer al juicio.

(20) SAGUÉS, Néstor: «El Amparo Ambiental», en LL 11/6/2004, T-2004-D.

(21) PIGRETTI Eduardo A.: «El Derecho ambiental…», op. cit.

(22) BIBILONI, Héctor J.: El Proceso Ambiental. Objeto. Competencia. Legitimación. Prueba. Recursos. S. l., Lexis Nexis, p. 383.

(*) Abogada, Universidad de Morón. Empleada de la Subsecretaría de Juventud del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación. Ejerce la profesión en forma independiente en materia civil.

N. de la R.: Trabajo presentado en el marco de la Diplomatura de Derecho y Política Ambiental. Universidad Austral. Colegio Público de Abogados de la Capital Federal. Curso lectivo 2017.