Escrituración a favor de quien intervino en la compraventa del inmueble como compradora en comisión

Partes: Petrocelli Claudio Domingo y otros c/ Sterni Mirtha Graciela y otros s/ escrituración

Tribunal: Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil

Sala/Juzgado: F

Fecha: 9-nov-2017

Cita: MJ-JU-M-108179-AR | MJJ108179 | MJJ108179

Se hace lugar a la demanda de escrituración a favor de quien intervino en la operación de compraventa del inmueble como compradora en comisión.

Sumario:

1.- Corresponde hacer lugar a la acción de escrituración a favor de quien intervino como compradora en comisión más allá del conflicto creado por la actitud reprochable de ambas partes contratantes que impidieron el perfeccionamiento del contrato de compraventa, teniendo en cuenta que tanto la parte vendedora como la parte compradora han demostrado su interés en escriturar, la adquirente goza de la posesión del inmueble y sabía de la existencia de problemas que presentaba una sucesión que requería el levantamiento de diversas medidas cautelares.

2.-Quien compra en comisión aunque hace el negocio a nombre propio, se propone transferir a un tercero los derechos y obligaciones derivados del contrato, por ello esta forma de compra se emplea a veces para dejar oculto el nombre del verdadero comprador que por cualquier motivo no quiere aparecer como tal y otras con el fin de gozar de amplia libertad para transferir los derechos y obligaciones emergentes del contrato, para lo cual se cuenta con el consentimiento anticipado del vendedor.

Fallo:

En Buenos Aires, Capital de la República Argentina, a los 9 días del mes de noviembre de 2017, reunidos en acuerdo los Sres. Jueces de la Excma. Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil, Sala “F” para conocer en los autos del epígrafe, respecto de las cuestiones sometidas a su decisión, a fin de determinar si es arreglada a derecho la sentencia apelada.

Practicado el sorteo correspondiente resultó el siguiente orden de votación: Sres. Jueces de Cámara Dres. GALMARINI.

POSSE SAGUIER. ZANNONI.

A las cuestiones propuestas el Dr. Galmarini dijo:

I.- En el expediente nº 51.286/2011, Claudio Domingo Petrocelli y Patricia Mónica Petrocelli dedujeron acción de escrituración y fijación de plazo del inmueble sito en Av. Fleming 1445, de la localidad de Martínez, partido de San Isidro, provincia de Buenos Aires, contra Mirtha Graciela Sterni y Aldo Alejandro Torregiani. La codemandada Sterni opuso la excepción de falta de legitimación pasiva, contestó demanda y solicitó la citación como tercero de “Red Sox S.A”, aduciendo que su intervención en la adquisición del inmueble mediante boleto de compraventa había sido como compradora en comisión para dicha sociedad. El codemandado Torregiani, que actuó como apoderado de la citada codemandada, también opuso la excepción de falta de legitimación pasiva y adhirió a la contestación de demanda de Sterni. “Red Sox S.A.” contestó la citación como tercero, reconoció la calidad de comitente y solicitó el rechazo de la demanda.

En el expediente acumulado nº 108.581/2010 Red Sox S.A. demandó a Claudio Domingo Petrocelli y Patricia Mónica Petrocelli por el cobro de la multa diaria de u$s500 establecida en el boleto de compraventa celebrado el 29 de octubre de 2009, que fue incrementada u$s1.000 al firmarse el 29 de diciembre de 2009 la prórroga de la fecha de la escritura. Patricia Mónica Petrocelli contestó demanda y opuso la excepción de falta de legitimación activa. La contestación del otro codemandado fue declarada extemporánea (fs.198, decisión confirmada a fs. 220).

En la sentencia única dictada en ambos expedientes acumulados (fs. 409/419 del expte. nº 51.286/2011 y fs. 486/496 del expte. nº 108.581/2010), se decidió: 1º) hacer lugar a las excepciones de falta de legitimación pasiva opuesta por Mirtha Graciela Sterni y Aldo Alejandro Torregiani en los autos sobre escrituración, con costas a los actores; 2º) rechazar la demanda entablada por Patricia Mónica Petrocelli y Claudio Domingo Petrocelli, sin perjuicio de que éstos, morosos en otorgar el acto, deberán realizar la escritura del inmueble sito en la Avda. Sir A. Fleming 1445, en la localidad de Martínez, partido de San Isidro, Pcia. de Buenos Aires; 3º) rechazar la excepción opuesta por los demandados en los autos promovidos por Red Sox S.A., con costas a aquéllos; y 4º) hacer lugar a la demanda entablada en el expte. nº 108.581/2010, sin perjuicio de disponer la reducción de la multa en la suma de $1.000 por cada día de retardo en la obligación de escriturar a favor de la compradora Red Sox S.A., suma que deberá estimarse en el momento de la ejecución de sentencia o compensada al momento de la escritura con el saldo de precio, a elección del acreedor. Finalmente se impusieron las costas de ambos procesos a Patricia Mónica y a Claudio Domingo Petrocelli.

En el expediente nº 51.286/2011 sobre escrituración apelaron por sus representados el letrado apoderado de “Red Sox S.A.”, Sterni y Torregiani y los actores. El letrado apoderado de la demandada expresó agravios a fs. 486/488 y la letrada apoderada del coactor Claudio Domingo Petrocelli lo hizo a fs. 490/492, cuyo traslado fue respondido a fs. 496/497. El recurso de Patricia Mónica Petrocelli fue declarado desierto a fs. 499.

En el expediente nº 108.581/2010 apelaron la sociedad actora y los demandados. La actora expresa agravios a fs. 563/565 y la apoderada del codemandado Claudio Domingo Petrocelli a fs.

567/569, cuyo traslado fue contestado a fs.571/572. El recurso de Patricia Mónica Petrocelli fue declarado desierto a fs. 574.

II.- En el boleto de compraventa obrante a fs. 383/384 del expediente sobre escrituración nº 51286/2011 -y fs. 371/372 del expte. nº 108.581/2010-, celebrado el 29 de octubre de 2009, intervino Aldo Alejandro Torregiani en nombre y representación de Mirtha Graciela Sterni como compradora en comisión del inmueble antes mencionado.

Es de recordar que quien compra en comisión aunque hace el negocio a nombre propio, se propone transferir a un tercero los derechos y obligaciones derivados del contrato. Se ha entendido que “esta forma de compra se emplea a veces para dejar oculto el nombre del verdadero comprador que por cualquier motivo no quiere aparecer como tal y otras con el fin de gozar de amplia libertad para transferir los derechos y obligaciones emergentes del contrato, para lo cual se cuenta con el consentimiento anticipado del vendedor.” (Guillermo A. Borda, “Tratado de Derecho Civil- Contratos”, T. I, p. 354, nº 435, 9ª. ed., actualizada por Alejandro Borda, La Ley, Bs. As. 2008). En tal caso “el comprador en comisión debe revelar antes del momento de la escrituración (o del plazo que se hubiere estipulado en el contrato) el nombre de la persona que ha de asumir la calidad de comprador; si así no lo hiciera queda él como único responsable” (Borda, op. y loc. cit. p. 355); y “para que el comprador en comisión quede desobligado es preciso no sólo dar a conocer oportunamente el nombre del comitente, sino también que éste ratifique la operación” (Borda, op. cit. p. 358, nº 438).

En el mencionado boleto de compraventa se había establecido el precio de u$s400.000, de los cuales en ese acto los vendedores recibieron a cuenta de precio y como principio de ejecución u$s140.000.El saldo de u$s260.000 la compradora se obligaba a abonarlo en la siguiente forma u$s120.000 el día 15 de diciembre de 2009 contra la entrega de la posesión del inmueble libre de ocupantes e intrusos a excepción de los inquilinos entonces existentes y en esa misma fecha le sería transferido el contrato de alquiler a la compradora. La suma de u$s140.000 debía abonarse contra la escrituración dentro de los 60 días corridos a contar de la fecha de dicho instrumento.

Mediante el instrumento celebrado el 29 de diciembre de 2009 las partes convinieron -a pedido de la vendedora- postergar hasta esa fecha la entrega de la posesión y el pago convenido, además de modificar la forma de pago del saldo de precio y la fecha de la escrituración. La vendedora en ese acto entrega a la compradora las llaves y la posesión del inmueble, esta última la acepta, y también se transfiere el contrato de alquiler. La vendedora recibe la suma de u$s145.000 y ambas partes declaran que el saldo de precio de u$s115.000 la compradora lo abonará contra la escrituración a formalizarse como fecha máxima el día 5 de marzo de 2010 (fs. 386/387 del expte. nº 51286/2011 y fs. 369/370 del expte. nº 108.581/2010). En el ejemplar de este último instrumento agregado al expte. nº 108.581/2010, consta que el 12 de julio de 2010 Mirtha Graciela Sterni designó como comitente del boleto de compraventa celebrado el 29 de octubre de 2009 a “Red Sox. S.A.” y Aldo Alejandro Torregiani, como apoderado de dicha sociedad (ver copia de poder agregado a fs. 12/17 del expte. nº108.581/2010) manifiesta que acepta la designación de comitente y los términos en que se encuentra redactado el boleto de compraventa relacionado y su complementario de fecha 29 de diciembre de 2009 (ver fs.370 vta.). Esa designación del comitente por quien había comprado en comisión fue notificada el 22 de julio de 2010 a los vendedores en sus respectivos domicilios mediante las cartas documentos obrantes a fs. 385 y fs. 386 del expediente nº 108.581/2010.

Coincido con el Sr. juez en cuanto considera que frente a esas notificaciones la carta documento del 21 de junio de 2011 remitida por la letrada apoderada de los vendedores a Torregiani (fs. 380 del expte. s/ escrituración) carece de trascendencia, pues los vendedores no pudieron desconocer que Sterni había designado a “Red Sox S.A.” como comitente. También resulta acertado lo advertido por el Sr. juez en el sentido de que cuando Patricia Mónica y Claudio Domingo Petrocelli iniciaron la acción por escrituración el 2 de agosto de 2011, “Red Sox S.A.” ya les había notificado el traslado de la demanda por cobro de sumas de dinero, por la cláusula penal estipulada en el boleto de compraventa, junto con la prueba documental (ver cédula de notificación del 12 de abril de 2011 fs. 152; y acta notarial del 20 de julio de 2011 a fs. 179/180 de esos autos).

De modo tal que hizo bien el magistrado al considerar que era claro que en esas fechas la sociedad accionaba como parte compradora y ya no actuaba como comisionista Mirtha Graciela Sterni, por lo que mal pudo accionar contra esta última el 2 de agosto de 2011. De ahí que resulta acertado lo decidido por el Sr. juez en cuanto hizo lugar a las excepciones de falta de legitimación pasiva opuestas por Sterni y por Torregiani (fs. 413 vta/414), ya que de lo expuesto anteriormente surge que esa designación como comitente a “Red Sox S.A.” había sido debidamente notificada a los vendedores y dicha sociedad había aceptado la designación.Es decir, antes del momento de la escrituración se comunicó a los vendedores la persona que asumía la calidad de compradora y la comitente aceptó los términos de la operación, con lo cual quedó desobligada la comisionista.

Aquí surge otra cuestión, esto es la relacionada con la insistencia de la parte vendedora de que la condena a escriturar recaiga sobre la compradora en comisión y su apoderado que firmó el boleto. Cabe preguntarse si pese a esa insistencia de las reclamantes la escrituración de la compraventa puede ser decidida en estas actuaciones en favor de la comitente cuya intervención coactiva como tercera citada en los términos del art. 94 del Código Procesal fue admitida por esta Sala mediante la resolució n recaída el 28 de octubre de 2013 en el expediente n° 36.475/201 sobre incidente art. 250 C.P.C.

Aun cuando en la presentación de “Red Sox S.A.” a fs. 197/210 del expediente sobre escrituración, a la que la mencionada resolución le dio curso, solicitó el rechazo de la demanda (ver fs. 210 vta.), dado que entre los fundamentos allí esgrimidos se encuentra la alegación de que como comitente designada por quien compró en comisión, una vez cumplida la notificación a los vendedores, ella adquirió el carácter de compradora, entiendo que su pedido de rechazo de demanda está ceñido a que se escriturara la compraventa a favor de quien originariamente había sido la compradora en comisión -Mirtha Graciela Sterni- o de quien intervino como su apoderado -Aldo Alejandro Torregiani-, y como no se opone a la escrituración a su favor, sino que por el contrario invoca que fue precisamente la parte compradora quien ha intimado fehacientemente a escriturar, juzgo que en el caso nada obsta a que se acceda a la escrituración, teniendo en cuenta que fue admitida la intervención coactiva como tercero de “Red Sox. S.A.” en los términos del art.94 del Código Procesal, cabe concluir en que una vez admitida la calidad de compradora de dicha sociedad, su intervención en autos la ha convertido en parte principal. Más aún si se tiene en cuenta que el art. 96 del Código Procesal dispone que después de la intervención del tercero la sentencia lo alcanzará como a los litigantes principales, y según la previsión de esa norma actualmente vigente los efectos de la sentencia lo alcanzará aun en los casos en los que la citación hubiese sido solicitada por la parte demandada o, como sucedió en estas actuaciones, por presentación espontánea ante el rechazo de la citación que había sido decidido a fs. 185, que fuera luego revocado por la Sala en el expediente n° 36.475/201 sobre art. 250 C.P.C., por ser su intervención necesaria como parte legitimada en la operación de compraventa objeto de estos procesos acumulados.

Sobre el alcance del pronunciamiento volveré más adelante, luego de definir los agravios relacionados con la aplicación de la cláusula penal.

III.- Con respecto a lo decidido acerca de la acción de cobro de pesos, fundada en la cláusula penal estipulada cuando se convino la prórroga del plazo de escrituración, se quejan ambas partes. La actora en el expediente nº 108.581/2010 -“Red Sox S.A.”- en cuanto la sentencia dispone reducir la multa diaria pactada en u$s1.000 a la de $1.000 por cada día de demora en escriturar. El codemandado Claudio D.Petrocelli cuestiona el rechazo de la falta de legitimación de la sociedad actora, aduciendo que en este proceso acumulado la contraparte no ha probado su legitimidad para actuar; que la intimación del 10 de junio de 2010 lo haya constituido en mora el 21 de ese mismo mes en su obligación de escriturar; el importe diario fijado en $1.000, por considerarlo excesivo; y la imposición de las costas.

Lo relacionado con la falta de prueba de la legitimación de la sociedad reclamante, más allá de que esa defensa había sido opuesta por la codemandada Patricia Mónica Petrocelli (fs. 159) y no por el apelante Claudio Domingo Petrocelli -cuya contestación de demanda fue declarada extemporánea (fs. 198, fs. 201 y fs. 220)-, lo cierto es que para decidir la cuestión sin duda deben tenerse en cuenta los elementos de juicio aportados en ambos procesos acumulados y por las razones expuestas en el considerando anterior se encuentra debidamente comprobada la calidad de compradora de “Red Sox S.A.”. Consecuentemente en tal carácter está legitimada a formular el reclamo referido a la claúsula penal.

En lo atinente a la mora, la alegación del vendedor apelante no deja de ser una mera discrepancia insuficiente para rebatir los fundamentos del Sr. juez, pues nada dice de lo acertadamente decidido por el magistrado en cuanto a que los vendedores no escrituraron en el plazo pactado, por lo que quedaron constituidos en mora el 6 de marzo de 2010, dado que en la cláusula tercera, apartado II del documento glosado a fs. 386/387 del juicio de escrituración, las partes estipularon que el plazo de escrituración era hasta el día 5 de marzo de ese año, fecha hasta la que se había prorrogado el plazo originariamente establecido (29 de diciembre de 2009). En ninguna de esas fechas los vendedores se encontraban en condiciones de escriturar como habían pactado.De ahí que la intimación por la compradora mediante carta documento del 10 de junio de 2010 a escriturar en el plazo de diez días bajo apercibimiento de iniciar acciones judiciales de escrituración, destacando que en el momento de la firma de la escritura se descontaría el saldo de precio de la multa pactada, importó -como señala el magistrado- que la mora de los vendedores en el pago de esa multa operó desde el 21 de junio de 2010.

Frente a estas circunstancias, las endebles argumentaciones del apelante de fs. 568 vta, apartado c), no dejan de ser meras discrepancias con la fundamentación del Sr. juez.

De las quejas manifestadas por las apelantes resta pronunciarse sobre la posición asumida por cada una de ellas respecto de la entidad de la multa diaria establecida como cláusula penal. La compradora insiste en que se mantenga el importe diario de u$s1.000 y el vendedor apelante considera excesiva aun la multa diaria de $1.000 establecida por el Sr. juez.

Ninguna de las partes contratantes ha colaborado para que se lograra el perfeccionamiento del contrato. Cada una se ha obstinado en una posición inaceptable adoptando actitudes extremas que impidieron la ejecución del contrato en un tiempo más razonable, si se tiene en cuenta que ninguna de ellas se oponía a la escrituración. La vendedora por insistir en que debían escriturar a nombre de la compradora en comisión cuando ésta ya había denunciado y comunicado a la comitente. Ésta última por insistir en una multa diaria notablemente abusiva frente al transcurso del tiempo, a la circunstancia de que gozaba de la posesión del bien adquirido desde el 29 de diciembre de 2009 y al hecho de que sabía de la existencia del proceso sucesorio en trámite que -como señala el magistrado- requería el levantamiento de diversas medidas cautelares.

Al emitir pronunciamiento el 23 de octubre de 2008, en los autos “Belart, Liliana c/ Lupiano, Hugo René y otro s/ daños y perjuicios” (R.510.906, Expte.nº 38922/04), la Sala ha resuelto lo siguiente: “la reducción de las penas abusivas ha sido contemplada por el art. 656 del Código Civil y deben ser apreciadas las circunstancias del caso a fin de determinar si se presentan los elementos contemplados en esa norma legal.” “El marco jurídico dentro del cual los jueces están facultados a reducir las penas pactadas por los contratantes surge debidamente esclarecido del texto del agregado introducido por la ley 17.711 al art. 656, el cual es revelador de que es aplicable cuando por su monto desproporcionado con la gravedad de la falta que sancionan, habida cuenta del valor de las prestaciones y demás circunstancias del caso, configuren un abusivo aprovechamiento de la situación del deudor.” “Se ha entendido que la apreciación por los jueces de la desproporción entre el monto de la pena y la gravedad de la falta es eminentemente prudencial, aunque aquéllos no están eximidos de toda orientación, sino que la ley menciona entre los factores computables para apreciar la desproporción el “valor de las prestaciones” -no sólo el valor económico, sino el de afección perjudicado por el incumplimiento (función compulsiva de la cláusula penal)- y las “demás circunstancias del caso” -el efectivo daño sufrido por el acreedor (función resarcitoria)- (Llambías, Jorge Joaquín, “Obligaciones”, T III, pág. 448/9, N° 336 bis 1, Bs.As., ed. 1973). Además se destaca otro elemento que configura una pena objetable, el aprovechamiento abusivo, que se define por la obtención de una ventaja desproporcionada y sin justificación (art. 954, cláusula segunda), que es como la ley 17.711 caracteriza la explotación de una persona por otra a los fines de alterar o anular los contratos por el vicio de lesión (Llambías, op. cit., pág. 450; CNCiv., Sala C del 8/8/03, L 367.172, “Sabre Internacional Inc. c/ Sadia Constructora S.A.y otro s/ cobro”, LL 2004-A-441).” “A su vez se ha sostenido que no hay explotación cuando el deudor no está en una situación subordinada respecto del acreedor y le es indiferente el monto exorbitante de la cláusula penal porque, de buena fe, piensa cumplir la obligación principal. Si en ese supuesto igualmente incumple, la carencia de efectivo aprovechamiento por parte del acreedor no puede obstar al reajuste de la pena. Por un lado, porque tal desproporción hace presumir el aprovechamiento y por otro, porque en todo caso subsiste la inmoralidad o la ilicitud del objeto de la cláusula penal excesiva (art.653, que sólo admite como objeto de la pena el que pueda ser objeto de obligaciones) (Alterini- Ameal-López Cabana, “Derecho de Obligaciones-Civiles y Comerciales”, págs. 301/302, N° 701, Bs. As., ed. 1995).” Aun cuando la determinación de u$s1.000 diarios establecidos el 29 de diciembre de 2009, al acordarse la prórroga fijando como fecha máxima para formalizarse la escrituración el 5 de marzo de 2010, ese importe pudiera considerarse adecuado al fin perseguido de lograr en un lapso relativamente breve la remoción de los obstáculos que presentaba el trámite sucesorio, el largo transcurso del tiempo producido desde entonces sin que se concretara la escrituración tornó a esa multa diaria en una cláusula excesiva frente a las circunstancias que presenta el caso.

Si como sostuvo la misma compradora “Red Sox S.A.” al presentarse como tercero y contestar demanda, el 27 de abril de 2011 se había logrado el levantamiento del embargo que pesaba sobre los autos “Bufachi, Ana María y Petrocelli, José s/ sucesiones”, y según surge de las cartas documento obrantes a fs. 378 y 379 del expediente sobre escrituración el 30 de abril de ese mismo año los vendedores intimaron a escriturar, en ese momento el proceso sucesorio de hallaba en condiciones de hacerlo.Pero ya en ese momento, en razón del tiempo transcurrido desde el 21 de junio de 2010 en que operó la mora de los vendedores respecto del pago de la multa hasta las fechas indicadas anteriormente, en que se habían removido los obstáculos existentes en el trámite sucesorio, la cláusula penal pactada se había tornado exorbitante en comparación con el precio pactado y la circunstancia de que desde el 29 de diciembre de 2009 la compradora ya se encontraba en posesión del inmueble y que aún adeudaba el saldo de precio de u$s115.000. Todavía más desproporcionada sería ese monto de la cláusula penal si se la computara hasta la fecha de la escrituración.

Si se admite lo afirmado por el magistrado a fs. 416 del expediente sobre escrituración que “los principios legales exigen a las partes preservar la buena fe en la celebración, interpretación y cumplimiento de los contratos y no ampara conductas reprochables que dilatan ‘sine die’ la ejecución de las obligaciones asumidas”, esos mismos principios resultan aplicables tanto en cuanto a la actitud reprochable de los vendedores de no reconocer la calidad de compradora en la sociedad comitente, como la de esta última en aferrarse a la pretensión abusiva de que se mantenga “sine die” la multa de u$s1.000 diarios. Ni siquiera la reducción de la multa diaria decidida por el Sr.juez a la suma de $1.000 por cada día de retardo en la obligación de escriturar a favor de “Red Sox S.A.”, con el alcance estimado en la sentencia, resulta a mi entender adecuada, por considerarla también excesiva y desproporcionada, máxime que ambas contratantes han asumido una conducta reñida con la buena fe, en tanto la adquirente originariamente había limitado su reclamo al cobro de la cláusula penal tal cual había sido pactada y la vendedora insistía en que la escrituración debía celebrarse con la compradora en comisión que ya había quedado desobligada con la comunicación de la comitente.

De modo tal que de conformidad con las circunstancias que presenta el caso, entre las que se destacan que la adquirente goza de la posesión del inmueble desde el 29 de diciembre de 2009 y que -como señala el magistrado- ella sabía de la existencia de los problemas que presentaba la sucesión que requería el levantamiento de diversas medidas cautelares, además de la desproporción entre la multa pactada -aun con respecto a la establecida en primera instancia- y el precio de la compraventa, propongo establecerla en un importe fijo equivalente a la mitad del saldo de precio adeudado, esto es, en la cantidad de u$s57.500.

Por lo que deberá compensarse con el saldo de precio adeudado (u$s115.000), y consecuentemente en el momento de la escrituración los adquirentes deberán abonar por tal concepto el importe u$s57.500.

IV.- Más allá del conflicto creado por la actitud reprochable de ambas partes contratantes que hasta ahora impidieron el perfeccionamiento del contrato de compraventa, teniendo en cuenta que en lo substancial tanto la parte vendedora como la parte compradora han demostrado su interés en escriturar, aunque la vendedora insistiera en hacerlo respecto de quien intervino como compradora en comisión, como ésta ya ha sido desobligada al determinarse la comitente, considero que corresponde hacer lugar a la acción de escrituración pero a favor de “Red Sox S.A.”.

Por lo expuestovoto porque se confirme la sentencia en cuanto hace lugar a las excepciones de falta de legitimación pasiva opuestas en los autos “Petrocelli Claudio Domingo y otros c/ Sterni, Mirtha Graciela y otros s/ escrituración”, con costas a los actores; y porque se la modifique, haciendo lugar a la acción de escrituración de la compraventa del inmueble sito en la Avda. Sir A. Fleming 1445, en la localidad de Martínez, partido de San Isidro, Pcia. de Buenos Aires, aunque disponiendo que los vendedores Patricia Mónica y Claudio Domingo Petrocelli deberán escriturar dicha compraventa a favor de la compradora “Red Sox S.A.”, dentro del plazo de veinte días, oportunidad en la que la compradora deberá abonar -o haber abonado con anterioridad- en concepto de saldo de precio la suma de u$s57.500, bajo apercibimiento -en caso de incumplimiento- de lo previsto por el art. 512 del Código Procesal, de ser ello posible. Con las costas de ambas instancias devengadas en el juicio de escrituración en el orden causado, atento las características del caso y al resultado al que se arriba (args. arts. 68 segundo párrafo y 71 del Código Procesal.

En cuanto al expediente acumulado nº 108.581/2010 caratulado “Red Sox S.A. c/ Petrocelli Claudio Domingo y otro s/ cobro de sumas de dinero”, voto porque se confirme la sentencia de fs. 486/496 en cuanto rechaza la excepción opuesta por Patricia Mónica y Claudio Domingo Petrocelli, con costas a la demandada.

Asimismo, voto porque se modifique el pronunciamiento en cuanto la reducción de la multa por cláusula penal se la determina en la cantidad única y global de u$s57.500, que se compensa con el saldo de precio adeudado. Con las costas de ambas instancias también en el orden causado, atento las características del caso y el resultado al que se arriba (args. arts. 68 segundo párrafo y 71 del Código Procesal).

Por razones análogas a las aducidas por el vocal preopinante los Dres.POSSE SAGUIER y ZANNONI votaron en el mismo sentido a la cuestión propuesta. Con lo que terminó el acto.

José Luis Galmarini

Fernando Posse Saguier

Eduardo A. Zannoni

Buenos Aires, 9 noviembre de 2017.

AUTOS Y VISTOS:

Por lo que resulta de la votación que instruye el acuerdo que antecede, se confirma la sentencia en cuanto hace lugar a las excepciones de falta de legitimación pasiva opuestas en los autos “Petrocelli Claudio Domingo y otros c/ Sterni, Mirtha Graciela y otros s/ escrituración”, con costas a los actores; y se la modifica, haciendo lugar a la acción de escrituración de la compraventa del inmueble sito en la Avda. Sir A. Fleming 1445, en la localidad de Martínez, partido de San Isidro, Pcia. de Buenos Aires, aunque disponiendo que los vendedores Patricia Mónica y Claudio Domingo Petrocelli deberán escriturar dicha compraventa a favor de la compradora “Red Sox S.A.”, dentro del plazo de veinte días, oportunidad en la que la compradora deberá abonar -o haber abonado con anterioridad- en concepto de saldo de precio la suma de u$s57.500, bajo apercibimiento -en caso de incumplimiento- de lo previsto por el art. 512 del Código Procesal, de ser ello posible. Con las costas de ambas instancias devengadas en el juicio de escrituración en el orden causado.

En cuanto al expediente acumulado nº 108.581/2010 caratulado “Red Sox S.A. c/ Petrocelli Claudio Domingo y otro s/ cobro de sumas de dinero”, se confirma la sentencia de fs. 486/496 en cuanto rechaza la excepción opuesta por Patricia Mónica y Claudio Domingo Petrocelli, con costas a la demandada. Asimismo, se modifica el pronunciamiento en cuanto la reducción de la multa por cláusula penal se la determina en la cantidad única y global de u$s57.500, que se compensa con el saldo de precio adeudado. Con las costas de ambas instancias también en el orden causado.

Notifíquese y devuélvase.