Entre el veterinario y su suegro existió una relación laboral, pese al vínculo familiar que los unía

Partes: Calvo Claudio Darío c/ Alberto Tobal S.A. s/ laboral

Tribunal: Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial, Laboral y de Minería de General Pico

Sala/Juzgado: II

Fecha: 9-jun-2017

Cita: MJ-JU-M-107901-AR | MJJ107901 | MJJ107901

Entre el veterinario y su suegro existió una relación laboral, conforme al régimen de trabajo agrario, pues el marco familiar en que realizó sus tareas no es incompatible con la realidad del vínculo.

Sumario:

1.-Cabe confirmar la sentencia en cuanto tuvo por acreditada la relación laboral mantenida con el veterinario reclamante, pues si bien éste poseía animales propios, pero en el campo de su suegro, y que inclusive de esa relación participaba su mujer en ese momento y que esa actividad generó las respectivas inscripciones tributarias, ello no produce una incompatibilidad con la relación mantenida con el demandado, sino que al actor, en el mismo momento que trabajaba en las empresas de su suegro, se le permitió comercializar hacienda propia, sin denunciar en ningún momento una actividad incompatible en los términos del art. 88 de la LCT.

2.-El hecho de que el actor no haya efectuado ningún tipo de reclamo está emparentado con su situación familiar, pues mientras el vínculo conyugal permaneció estable, es decir, sin problemas, el trabajador no tuvo necesidad de reclamo alguno, siendo evidente que era su suegro el socio principal en las empresas que prestó servicios, con lo cual es habitual que las relaciones familiares se mantengan alejadas de las formalidades legales, aunque reprochable evidentemente.

3.-La subordinación debe flexibilizarse en cuanto a su concepto originario, con mayor razón en un trabajador calificado como el actor, apreciando el marco familiar en que desempeñó su tarea, en el cual organizaba a los peones, tal como consta en repetidas declaraciones testimoniales, en la que siempre la dirección de esa relación laboral la conservaba su suegro, socio de la empresa.

4.-Cualquiera sea la ley aplicable al caso, es decir, la LCT o la Ley agraria 26.727 , en sus respectivos arts. 31 o 13 , el concepto vertido es el mismo respecto al conjunto económico, porque los dos artículos están redactados en los mismos términos.

5.-Corresponde condenar, en forma solidaria, a las distintas empresas demandadas por el trabajador, a abonarle a éste la indemnización por despido injustificado y demás rubros adeudados, si se encuentra acreditado que el actor inició y mantuvo un contrato de trabajo con una de las empresas, empresa que ha estado bajo la dirección, control y administración de personas que además son integrantes de otras sociedades, que comparten sede social y que se integran además por familiares, pues no cabe duda que estas empresas constituyen un conjunto económico permanente de sociedades, máxime si existen concordancia de objeto social y los integrantes de una o varias de las sociedades demandadas participan de la creación y de los órganos directivos de las otras sociedades controladas o controlantes.

6.-Es muy amplia la gama de actividades que despliega la Ley 26.727 respecto del trabajador rural, y es muy claro también que el actor no fue un peón calificado, sino que desempeñó tareas muy relacionadas con las de un encargado , pero con notas muy especiales teniendo en cuenta el ámbito familiar en el que desempeñó su tarea y en función de su título profesional.

Fallo:

En la ciudad de General Pico, provincia de La Pampa, a los nueve días del mes de junio del año dos mil diecisiete, se reúne en ACUERDO la Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial, Laboral y de Minería de la Segunda Circunscripción Judicial para resolver el recurso de apelación interpuesto en los autos caratulados “CALVO, Claudio Darío C/ ALBERTO TOBAL S.A. S/ LABORAL” (expte. Nº 5748/16 r.C.A.), venidos del Juzgado Civil de Primera Instancia N° 1 de esta Circunscripción. El Dr. Rodolfo Fabián RODRÍGUEZ, sorteado para emitir el primer voto, dijo:

Sentencia Aquo: a fs. 855/873 el a-quo dicta la sentencia cuestionada en las apelaciones vertidas por los recurrentes. El magistrado de Primera Instancia realiza un pormenorizado relato de los hechos del expediente a fs. 855/857 vta., a los cuales me remito por razones de brevedad. El sentenciante advierte que debe encuadrar el presente caso en el contexto familiar que se ha desarrollado, y para ello relata la situación conyugal del actor con la Sra. María Gabriela TOBAL, que concluye con el divorcio del matrimonio; el magistrado señala que realiza este raconto de acontecimientos familiares a los fines de desacreditar la versión referida a que el pleito se origina porque el Sr. CALVO judicializó un conflicto fuera del ámbito laboral, lo que el juez, repito, niega y advierte que el tema matrimonial de CALVO-TOBAL no influyeron en este proceso.

Luego de ello como primer tópico observa que la cuestión laboral aquí planteada debe analizarse bajo el prisma de la primacía de la realidad, citando abundantes citas jurisprudenciales y doctrinarias. En primer lugar analiza bajo este aspecto la ley aplicable. El sentenciante describe lo dicho por CALVO en su demanda referido a las tareas efectuadas durante la prestación de servicios, también describe la negación efectuada por el accionado.Afirma que la ley 26.727 de Trabajo Agrario (en adelante L.T.A.) fue sancionada el día 21/11/2.011 y promulgada el día 27/12/2.011; y siguiendo con los lineamientos del art. 3 del Código Civil de Vélez, afirma que la relación jurídica existe plenamente, ya que la relación laboral se extinguió en marzo de 2.012, por lo cual concluye que se aplica la L.T.A., transcribiendo el artículo 5 de la citada normativa que describe la actividad agraria.

El segundo ítem que el magistrado trata es: la Sociedad Familiar; diciendo que la propia demandada afirma que su empresa es una sociedad anónima familiar constituida por Alberto Juan TOBAL y Norma FUENTES, y que en el contexto de ese vínculo familiar es que se le otorgó al actor diversas gestiones administrativas. La accionada, agrega el juez, afirma que la firma Juan Tobal e Hijos S.A. es una persona jurídica diferenciada de la demandada, con actividades diferentes. El juez observa que respecto de esta última empresa cambia de denominación y pasa a llamarse El Tilo S.A. el 16/02/2.009, modificación que se realiza en el Registro Público de Comercio (fs. 531). El sentenciante explica que de la documental surge que los socios de las empresas Alberto TOBAL S.A. y Alberto Juan TOBAL e Hijos S.A. (hoy El Tilo S.A.) son los mismos, es decir, Alberto Juan TOBAL y Norma FUENTES; el domicilio coincide, siendo el mismo Avda.San Martín N° 515 norte de General Pico, y que el hijo de los socios es el director de El Tilo S.A.

Luego el aquo analiza la prueba testimonial repasando los dichos de cada testigo que depuso en autos, llegando a la conclusión que estas terceras personas no pueden distinguir nítidamente el límite de las actividades de las empresas, ya que ambas se dedican a la actividad agropecuaria, por ello entiende que se está ante un conjunto económico en el cual las dos empresas están entrelazadas por un vínculo permanente, ya que se dan determinados puntos en común conformando una misma explotación comercial. Aclara que no existe una intención fraudulenta sino un propósito de segmentar responsabilidades, pero el principio protectorio y la primacía de la realidad tornan en solidaria la responsabilidad constituyendo un vínculo laboral único; cita jurisprudencia y transcribe el art. 13 de la L.T.A.

Analizadas estas dos cuestiones el aquo entra a tratar la relación que unió a las partes, para ello se remite al poder especial que otorgó la demandada en favor del actor, describiendo las actividades que el apoderado debía realizar. Afirma el juez que la accionada ha acreditado que CALVO se dedicaba la docencia y que durante el año 2.003 al 2.008 estuvo inscripto en el registro de marcas, que realizó negocios vinculados con hacienda a nombre propio; pero aclara que la exclusividad no es una nota característica del contrato de trabajo, salvo que hubiese sido pactada entre las partes, cosa que en el caso no ocurrió, no impidiendo entonces, que el actor tuviese actividades académicas y productivas además de prestar servicios para el demandado.El juez agrega que las actividades que CALVO desarrollaba de manera particular son perfectamente compatibles con la prestación de servicios que desempeñaba para la accionada, la cual debe acreditar que las tareas no pueden ser cumplidas sino estando presente en el lugar y en el mismo horario, cuestión que no ha sido acreditada.

El magistrado examina puntualmente los distintos testimonios en referencia a las tareas que desempeñaba el actor, y expresa que los testigos no han sido impugnados, agregando además que no advierte una contradicción entre los testigos Fernandez y Engraff. Señala que en el legajo penal N° 2.236 por amenazas en la evaluación psicológica realizada a la Sra. María Gabriela TOBAL hace referencia a que el actor ingresó a trabajar como médico veterinario a la empresa de su padre (Alberto Tobal) en 1.986 como veterinario, lo que se condice con los testimonios analizados, resalta el sentenciante. Luego el juez expresa que los testigos ofrecidos por la accionada no le generan “confianza” y son contradictorios, sin perjuicio de analizarlos puntualmente. Examina la prueba documental e informativa llegando a la conclusión de que CALVO prestó servicios para Juan TOBAL e Hijos S.A. y para Alberto TOBAL S.A., ya que el actor llevaba adelante sus actividades con autorización del titular de las diferentes explotaciones. Expone que la relación familiar existente entre las partes no excluye de por sí la aplicación de la legislación laboral.

El magistrado entonces, tiene por acreditado que la familia TOBAL configuraban un grupo económico, habiendo el actor prestado servicios para las empresas Juan TOBAL e Hijos S.A y que culminó su relación con Alberto TOBAL S.A. que fuera de los mismos dueños con el mismo domicilio y siendo ambos del rubro agropecuario, desarrollando el actor las mismas actividades.

Por último el juez entiende que la empresa El Tilo S.A.estaba estrechamente vinculada al grupo empresario, que independientemente de la individualidad de las sociedades, son solidariamente responsables frente al trabajador.

A continuación, y en referencia a la procedencia del reclamo, el magistrado entiende que el desconocimiento de la relación laboral y la falta de registración son injurias que habilitan al trabajador a considerarse despedido y extinguido el vínculo laboral, citando jurisprudencia en su favor. El juez antes de analizar la procedencia de los rubros tratará la fecha de ingreso y el salario del actor. Respecto al primer punto fecha de ingreso, el sentenciante señala que los testigos son coincidentes en manifestar que CALVO trabajó desde que regresó de la facultad, ello sumado a que nunca se declaró la existencia de la relación laboral y no se registró la fecha de ingreso estando a cargo de la demandada acreditar esos extremos, entiende que el actor comenzó a trabajar para Juan Tobal e Hijos S.A. en 1.987 para culminar su relación laboral con Alberto Tobal S.A. en marzo de 2.012.

En cuanto al segundo punto que es el salario percibido por el trabajador, el magistrado entiende que no es aplicable la escala que determina el Colegio Médico Veterinario, habida cuenta que son aplicables a los profesionales con dedicación exclusiva, ya que se refieren a distintas actividades entre las que no realizaba el actor, el cual se dedicaba a la explotación agropecuaria con un feedlot e inclusive cumplía tareas como docente universitario. Torna como relevante la documental agregada a fs. 72 y 73 en la cual el Sr. Alberto TOBAL imputaba un salario al actor en el mes de diciembre de 2.011.Con todo ello el juez tiene por acreditado que el salario de CALVO a diciembre de 2.011 era de $ 11.798,00.

En relación a los otros dos rubros reclamados por el actor, como integradores del salario, que son el equivalentes a 1,5 kg por animal vendido por la empresa y la hotelería de 100 novillos, no los tiene por acreditados, ya que el primero de ellos es coincidente con el aguinaldo; y la segunda que son las supuestas facultades otorgadas por la empleadora para hotelería de animales no fue acreditada. Aclara que los salarios son determinados con pisos mínimos que pueden ser mejorados por las partes, por ello CALVO tenía un sueldo superior al de la escala, ya que sus tareas y responsabilidades eran superiores a las de un encargado simple. Habiendo fijado el salario el juez procede a determinar cada uno de los rubros reclamados por el actor, siendo ellos los salarios impagos; la indemnización por antigüedad; la sustitutiva por falta de preaviso; la integración del mes de despido; las vacaciones no gozadas y sus proporcionales; el S.A.C. y sus proporcionales; las diferencias salariales y las distintas indemnizaciones agravadas, incluyendo la falta de entrega del certificado de trabajo; arribando por el total de los rubros a la suma total de $ 668.227,1; a los que le adiciona intereses a la tasa mix de uso judicial, impone las costas conforme a los rubros que prosperaron y regula los honorarios profesionales.

Agravios del actor: Como primer agravio el apelante entiende que se ha valorado erróneamente la prueba. Fundamenta en que su parte reclamó en función de la Ley de Contrato de Trabajo (L.C.T.), pero el magistrado encuadró la relación laboral en el ámbito de la ley 26.727 de trabajo agrario. Señala que el actor ha acreditado que desarrolló todo tipo de actividades para el demandado dentro y fuera del ámbito rural, ya que CALVO atendía todos los campos de la empresa en lo que se refiere al manejo de haciendas, como del personal y pago de sueldos.Algunas tareas coinciden con la de encargado de una explotación agropecuaria y otras no se tipifican en absoluto con la que aplicó el juez.

El recurrente enumera y analiza cada una de esas actividades desarrolladas por el actor por fuera del marco de la ley 26.727, la primera que examina es el otorgamiento de un poder especial a favor del accionante para actos y gestiones en nombre del empleador, el cual tiene los mismos alcances que los dados al gerente de la empresa, Alberto Fernando TOBAL, describiendo las tareas a las que estaba facultado, que exceden de las atribuidas por la normativa mencionada (ley 26.727). El otro punto que rescata el apelante es la compra de hacienda vacuna para el empleador, trabajo que evidentemente no era el de un encargado, y así enumera los dichos de los testigos que explican que CALVO adquiriera hacienda para su empleador, tarea que no es de un trabajador rural.

El tercer punto que destaca el apelante es su aporte a la empresa como médico veterinario. En este tema observa que su parte pone a disposición su título de médico veterinario para todas las actividades ganaderas de la demandada, por lo que afirma el recurrente, pretender encuadrar la actividad de CALVO en la categoría de trabajador rural es una supina equivocación. La actividad del actor era de lunes a lunes con dedicación exclusiva sin horarios ni descansos, aclarando que la empresa no aportó facturas de pago de ningún otro médico veterinario, reafirmando que la dedicación exclusiva no está contemplada en la ley de trabajo agrario, y transcribe los artículos de la misma, lo que como conclusión de su primer agravio, expresa que debe corregirse el error del juez de grado en cuanto a la ubicación de CALVO como trabajador rural.

En el segundo agravio esgrimido por el actor apelante se refiere a la cuantía del reclamo, que parte de un error del sentenciante en el encuadre de la relación laboral al trabajador agrario. Advierte que el magistrado ha valorado erróneamente la prueba vertida a fs.275 en la que se establecen los honorarios profesionales mínimos para las prestaciones de profesionales de grandes animales, y por otra parte el juez excluye de ciertas actividades al médico veterinario que son meramente enunciativas y no taxativas.

El recurrente expresa que CALVO realizaba todas las actividades, y solo en ocasiones podía recibir la ayuda externa, además nunca tuvo un comercio veterinario, ni facturó a terceros durante los 25 años en los que trabajó para la demandada, y su labor académica no le impedía la dedicación exclusiva para atender las necesidades de los campos de TOBAL. Afirma que impartía clases en la Universidad únicamente los lunes, que utilizaba su condición de profesor para tratar temas de sanidad animal en rodeos de la demandada, y que a su vez, capacitaba alumnos en el campo de la accionada, con la conveniencia que representaba para ésta. Es muy clara la dedicación exclusiva de CALVO, por lo que las tareas docentes no le impedían consagrarse totalmente a las tareas del campo del demandado. Por todo ello entiende que le corresponde un salario de 2.280 gavets establecido por el Colegio Médico Veterinario para los profesionales que desarrollen este tipo de tareas.

Considera un error haber rechazado el adicional de 1,5 kg de novillo por cada animal vendido por el empleador, al no tenerlo por acreditado habida cuenta que de la documental de fs. 72/75 se determina un complemento que aumenta la suma fija del sueldo. Expresa que como resulta de dificultosa producción la prueba para acreditar un salario abonado de manera irregular, lo que vulgarmente se denomina “en negro”, el juez debe interpretar conforme a la sana crítica la documentación mencionada, por la que se le abonaba al empleado un plus adicional sobre su salario, expresando que la demandada no ha aportado un documento de valía para desacreditar esta prueba; y si alguna duda cabe, debe aplicarse el principio indubio pro operario.Por otra parte resulta incongruente restarle fuerza probatoria a este rubro, cuando se lo ha valorado a los efectos de determinar el salario.

Otro error que destaca el apelante en la sentencia del aquo es no haber considerado el adicional por 100 novillos en hotelería, y ello implica un valor mensual por tener encerrado en sus corrales, alimentar, atender su sanidad y manejo de 100 novillos de entre 350 kg. y 400 kg. Así advierte que a fs. 95 se presentó un contrato de hotelería y a fs. 96 una autorización para ingreso de hacienda al feedlot como hotelería. El apelante afirma que es evidente que al no haber aportado factura alguna por parte del demandado por los servicios de hotelería de los animales, la empresa completaba el salario que le abonaba a CALVO con ese servicio y con ello eludir el cumplimiento de las leyes laborales, impositivas y previsionales en desmedro del trabajador, por lo que este importe debe ser sumado al salario de CALVO.

En cuanto al tercer agravio del apelante se queja por cada rubro indemnizatorio en función de que el a quo tomó un salario inferior al que corresponde. Por todo ello solicita se revoque la sentencia en los términos expuestos en estos agravios, con costas.

A fs. 908/915 la demandada contesta de manera fundada cada uno de los agravios vertidos por la actora, solicitando el rechazo de los mismos, con costas. Agravios del demandado: Que a fs. 918/947 expresa agravios el demandado. En primer término realiza una síntesis de cómo quedó trabada la litis, luego de ello efectúa también un compendio del fallo de primera instancia, para sobre esa base esbozar los agravios pertinentes.

Siendo el primer agravio la falta de ponderación de las defensas opuestas en el escrito de contestación y sobre la valoración de la prueba, al igual que las presunciones desfavorables a su parte sobre el reclamo retroactivo del actor interpretadas por el aquo.Se queja el apelante que el magistrado en el análisis del “thema decidendi” de este proceso, comienza el mismo por la legislación aplicable, luego por el desarrollo de sociedades familiares que forman un conjunto económico, y por último sobre la existencia de la relación laboral.

Señala el apelante que esta última cuestión debió ser la primera en su examen, por lo cual la sentencia vulnera el principio de congruencia; luego le achaca al aquo que analiza un hecho que no fue demandado por la actora, tal como es que las empresas Juan Tobal e Hijos S.A., devenida en El Tilo S.A., y Alberto Tobal S.A. constituyen una única sociedad conformando un grupo económico, a su vez teniendo por probada la prestación de servicios, con la sola prueba testimonial ofrecida por el actor. Se pregunta el recurrente cómo pudo haber condenado el juez al demandado por servicios que el actor prestó en otras empresas que no fueron demandadas en autos, y el propio apelante se responde manifestando que la respuesta que da el magistrado es que conformaban un grupo económico; pero ello no fue reclamado por el actor en su demanda, violentando la resolución judicial el principio de congruencia. Advierte que los dichos expuestos en la demanda debieron ser acreditados, y ninguna prueba se produjo en apoyo de ellos.

En la demanda se establece que Juan Tobal e Hijos se disolvió en 1.999, pero luego se afirma que le facturó durante los años 1.999 a 2.008, y el fallo en crisis no reparó en ello, sino que se basó en la prueba testimonial exclusivamente. El recurrente repasa la prueba informativa que da cuenta del inicio de cada sociedad comercial afirmando que Juan Tobal e Hijos S.A.subsistió durante diez años en forma conjunta con Alberto Tobal S.A., y que la primera no se disolvió sino que cambió de denominación como “El Tilo S.A.” en el año 2.009.

Dice el recurrente que otra cuestión que no fue ponderada por el sentenciante es que CALVO trabajaba como veterinario, docente y productor agropecuario independiente, siendo que en la sentencia solo expresa que la exclusividad no es determinante para configurar la relación laboral. También critica la sentencia en cuanto a que valora de manera desigual a los testigos ofrecidos por el actor en relación con los de la demandada, y que además ignoró que el actor era un importante productor agropecuario autónomo y un activo docente en la Universidad Nacional de La Pampa, cuestión que el informe de fs. 404/407 da cuenta de la dedicación semi-exclusiva en forma continua, siendo que a partir del 28 de marzo de 2.006 fuera un docente con dedicación exclusiva, ello demuestra que su actividad no pudo desarrollarse “full time” para Alberto Tobal S.A., incluyendo el informe del Banco de La Pampa que da cuenta del pago de haberes entre enero de 2.000 hasta el 31 de diciembre de 2.012.

El apelante luego describe detalladamente la prueba de informes en que se acreditan las actividades de CALVO como productor autónomo e independiente, y prueba de ello es que obtuvo guías para transporte de 1.179 animales propios; también indica otra prueba, que es la reservada en Secretaría, la que demuestra que el actor y su ex-esposa eran productores independientes; por último transcribe el informe del contador público Marcelo TOSSO que da cuenta de que CALVO era productor autónomo para realizar invernada de ganado bovino, y además cita una serie de documentos que acreditan tal extremo por parte del apelante.

Como segundo agravio se queja porque el juez ha realizado una errónea valoración de la prueba para arribar a la conclusión de la existencia de una relación laboral.Dice que fragmentó el análisis de la prueba testimonial para llegar a la conclusió n de la existencia del vínculo laboral. Ninguno de esos testimonios acreditó el cúmulo de tareas que CALVO describió en su demanda, sino aspectos generales e imprecisos, y ello evidencia imparcialidad del aquo en ese análisis. Por ello seguidamente el apelante puntualiza cada aspecto vertido por cada uno de los testigos, en los que resalta la imprecisión de los mismos, y que el sentenciante no tuvo en cuenta. También dice que no existe prueba documental que avale los dichos de los testigos de las innumerables tareas que dice haber realizado CALVO en sus 25 años con la demandada. Por su parte critica el análisis realizado por el magistrado de las facturas acompañadas por el médico veterinario Juan Manuel CIVIT que dan cuenta de servicios prestados en esa calidad para el demandado.

Critica las consideraciones que efectúa el magistrado respecto a las declaraciones que hizo el testigo RAMIREZ, concluyendo que cuando lo hace en favor de CALVO dice la verdad, y que a su vez el aquo presume una conexión entre el despido del testigo con su declaración en autos. Agrega el recurrente que resulta llamativo que el actor en ningún momento de la relación pretendió que se regularizara su situación laboral, lo que evidencia la presunción de que no fue real la relación laboral. Expone que durante 25 años nunca se tuvo una documentación que avale el trabajo, solo es la documental de fs. 72 y 73, se pregunta el recurrente; entendiendo que esa documental no corresponde al actor y no surge de ella que CALVO percibiera una remuneración, menos aún del demandado.Manifiesta que el accionante oculta que facturaba servicios a Juan Tobal e Hijos S.A., pero luego acredita que lo hacía hasta el año 2.009, extrayendo el sentenciante una conclusión contraria al demandado, por ello entiende que el agravio debe prosperar.

Como tercer agravio se queja que el magistrado de grado haya interpretado que entre las sociedades Juan Tobal e Hijos S.A., luego El Tilo S.A. y Alberto Tobal S.A. existía la conformación de un grupo económico, y que se extienda solidariamente la responsabilidad. Como primer tópico afirma que el actor no tuvo esa pretensión al demandar, y aclara que el art. 31 de la L.C.T. estipula maniobras fraudulentas o conducción temeraria que no fueran invocadas por el actor. El fallo además, no tiene en cuenta que Juan Tobal e Hijos S.A. sigue funcionando, y que CALVO invocó la cesión de personal del art. 229 de la L.C.T., pero no acreditó ningún extremo de esa norma. Por lo cual observa el recurrente que no se ha realizado una ponderación de los presupuestos fácticos de la norma para acreditar un grupo económico, y solo se lo ha hecho a través de las declaraciones de testigos.

En el cuarto agravio expone que se ha condenado por rubros que no se corresponden con la relación laboral.

El quinto agravio señala que subsidiariamente para el caso que se haga lugar al reclamo, se tenga en cuenta que el aquo ha condenado al demandado en forma solidaria siendo que no se ha demostrado la existencia de grupo económico en los términos del art. 31 de la L.C.T., que no se ha probado la cesión de personal conforme al art. 229 de la L.C.T. y por ello no puede hacerse lugar a los rubros que no reúnen los requisitos legales para ello.

Como sexto agravio advierte que los montos a los que ha arribado el magistrado de grado son infundados, ya que se basan en la documental de fs.72 y 73, forzando una interpretación sobre esa documental que no corresponde al actor, ya que éste no acreditó que perciba salario alguno y que, además, el aquo no explica por qué no aplica la escala salarial del trabajador agrario.

Como séptimo agravio advierte que no puede condenarse a Alberto Tobal S.A. sobre cuestiones anteriores a su constitución. Como octavo agravio se queja porque el aquo no impuso las costas por su orden a pesar de darse todos los presupuestos para ello, ya que en función de lo que se reclamó en la demanda, solo prosperó en el 33%, es decir, menos del 50%, conforme el art. 65 del C.Pr.

Por todo lo expuesto solicita se haga lugar a la apelación, con costas, manteniendo la reserva de caso federal.

A fs. 958/964 la actora contesta de manera fundada cada uno de los agravios vertidos por la demandada, solicitando el rechazo de los mismos, con costas.

Argumentación: En principio debo aclarar una cuestión, en función de que en autos se discute la relación laboral, la legislación aplicable y la existencia de un grupo económico, es que trataré en primer término los tres primeros agravios del demandado, y conjuntamente con ellos el primer agravio del actor, que refiere a la legislación aplicable; luego de ello y en caso de corresponder, trataré las quejas vertidas tanto del actor como del demandado sobre la procedencia y quantía de los rubros reclamados.

Primer agravio de la demandada: Se refiere a que la sentencia del aquo contradice el principio de congruencia ya que le faltó la ponderación de las defensas opuestas en el escrito de conteste y en el análisis de las pruebas ofrecidas por esa parte.Así el quejoso advierte que el magistrado lo primero que debió analizar es la existencia de la relación laboral, pero lo hace examinando la legislación aplicable contra toda lógica, luego trata un hecho no invocado por la demandada, tal como es la existencia de un grupo económico y, por último la existencia de la relación laboral.

En este agravio el recurrente expone una conjunción de elementos que se entrelazan con los agravios posteriores de su parte. Advierte que Juan Tobal e Hijos S.A. se transformó en la empresa El Tilo S.A. al cambiar su denominación, pero siguió subsistiendo, preguntándose luego el apelante ¿cómo el aquo pudo condenar a Alberto Tobal S.A. por una prestación de servicios para Juan Tobal e Hijos S.A.?, y se responde que el juez lo fundó en la conformación del grupo económico, pero ello no se demandó incurriendo en incongruencia. Sin perjuicio que analizaré esta cuestión en el agravio pertinente referido a la conformación del grupo económico, adelanto que el aquo no violó el principio de congruencia.

Es cierto que el análisis que introduce el sentenciante es metodológicamente inadecuado, pero ello no implica para nada un prejuzgamiento, ya que el magistrado examina el caso como un todo en su conjunto y solo divide metodológicamente su explicación, con la cual el apelante disiente. Por otra parte, observa el recurrente, que el sentenciante no se atuvo a la prueba y la valoró inadecuadamente. Adelanto que no coincido con el recurrente en este punto, ya que el juez de grado ha valorado la prueba que creía conducente, explicando ese criterio, siendo que el juez sentenciante puede apreciar la prueba que considera más adecuada y desechar la que no le resulte convincente; esta es una libre apreciación del juez que tiene esa libertad para elegir los elementos probatorios y así se ha dicho:”Los jueces no se encuentran obligados a seguir a las partes en todos y cada uno de sus argumentos ni a refutarlos uno por uno, pues poseen amplia libertad para ordenar el estudio de los hechos y de las distintas cuestiones planteadas en forma metódica, asignándoles el valor que corresponda a aquellas que realmente lo tengan y prescindiendo de las que no influyan para formar convicción o no sirvan a los fines de la justa solución del litigio.” (Cámara de Apelaciones en lo Laboral y de Paz Letrada de Corrientes – Márquez Sanabria, Juan A. c. Amcor S. A. y/u otros – 25/04/1997 – LLLitoral 1998-1, 62 – AR/JUR/3176/1997).

El recurrente advierte que se condenó a una empresa por servicios prestados para otra, pero el magistrado dio su fundamento de ello, al decir que se formó un grupo económico, el cual en materia laboral no necesariamente requiere demandarse a la sociedad en la que el trabajador comenzó prestando servicios, porque de configurarse el grupo todas las sociedades integrantes responden solidariamente por la actividad de la otra, ya que el conjunto actúa como una sola empresa, y por ello en este sentido el aquo no se contradijo. Ahora bien, en posterior agravio determinaré si existió o no un grupo económico, pero en el tratamiento de este agravio y conforme a los fundamentos del sentenciante, no considero que haya violado el principio de congruencia como pretende el apelante. La doctrina acompaña ese criterio al decir “. se instituye la solidaridad pasiva entre todas las empresas integrantes del grupo, por lo que el trabajador puede reclamar sus créditos laborales contra cualquiera de ellas sin que importe cuál lo contrató o para cual trabaja efectivamente.” (Ley de Trabajo, Comentada y Concordada, Raúl Horacio OJEDA, T° 1, pág. 341, Ed.Rubinzal Culzoni, segunda Edición actualizada); repito el análisis referido al conjunto económico en este agravio refiere solo al planteo de congruencia de la sentencia en crisis, en otro agravio analizaré su existencia.

Vuelvo a la queja sobre la falta de valoración de la prueba, comienzo por la documental referida a la facturación entre los años 1.999 y 2.008. El recurrente disiente con el pensamiento del magistrado pero no puede reprocharle su falta de análisis de la prueba, así es que éste a fs. 865 vta. de la sentencia el juez examina la facturación reservada en Secretaría y valora esa prueba; también a fs. 863 vta. tercer párrafo en referencia a la relación laboral, y posteriormente a fs. 865 vta. considera a las facturas para acreditar el entramado familiar de las empresas y llegar a la conclusión de la conformación del grupo económico; es evidente que no se ha vulnerado aquí el principio de congruencia, ya que que el apelante discrepa naturalmente con su posición en autos, pero el juez ha realizado el análisis de esa prueba. Es cierto que el sentenciante no observó en su examen la coexistencia de las dos sociedades, es decir, que la empresa Juan Tobal e Hijos S.A., la que a partir de 2.009 se transformó en el Tilo S.A, coexistió con la sociedad Alberto Tobal S.A., pero tampoco negó tal circunstancia, simple mente el juez entendió que estas empresas conformaban un conjunto económico, por lo cual la circunstancia de su coexistencia no afecta las razones que expone el magistrado de grado y que se analizarán en el agravio pertinente, por lo que aquí tampoco se ha violado el principio de congruencia, como pretende el recurrente.

Con respecto a la defensa de que CALVO trabajó como veterinario independiente, el magistrado claramente señaló que la exclusividad no es determinante en la relación laboral. Las pruebas de autos acreditan primordialmente algunas cuestiones a saber: que CALVO trabajaba como docente universitario con dedicación “semi-exclusiva”, conforme a la documental de fs.404/407 y la reservada en Secretaría, que el juez examinó y llegó a la conclusión de que no le impedía al trabajador desempeñarse en el trabajo para el demandado. Está claro, que la actividad docente no le impedía desarrollar otras actividades, inclusive tal como es acreditado en autos, la docencia se complementaba con su trabajo para la demandada, y prueba de ello es el convenio suscripto con la Universidad de La Pampa que glosa a fs. 7/13. La jurisprudencia de esta Alzada y la nacional es conteste en cuanto a la exclusividad de la tarea: “Probada que fue la frecuencia y habitualidad con que Mollard desarrollaba sus tareas, hace que sea innecesario demostrar en el juicio la subordinación jurídica de quien invoca el carácter de dependiente (Cfr. Rep.LL, XXXIX, A-I, p.437, sum 29; p.437, sum. 30), puesto que la libertad que tenga éste para realizar sus tareas, conforme a su competencia, no le quita la condición de subordinado (Cfr. DT, 1976, p.591). No obsta a esta conclusión la circunstancia que el actor resultaba representante en el medio de la “Casa Fernandez Prada S.A.”, ya la exclusividad de trabajo para un sólo empleador no es una nota típica del contrato de trabajo, no existiendo inconveniente alguno en que una persona trabaje para dos o más patronos celebrando otros tantos contratos de trabajo (Cfr. DT, 980-541; 982-578) (“MOLLARD, Wolmer Alcides c/ BERTONE, Luis s/ PROCESO LABORAL; expte. n° 160/94 r.C.A.)”La circunstancia de que un trabajador -en el caso, ingeniero agrónomo- pudiera prestar servicios para otras personas en nada obsta a la posible existencia de un vínculo laboral con la empresa demandada, pues la exclusividad no constituye una nota típica del contrato de trabajo” (Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo, sala III – Ayerza, Ricardo E. c. Agropecuaria El Valle S.A.- 28/04/2005 – JA 2005-II , 147 – AR/JUR/7320/2005).

En cuanto a la prueba informativa el recurrente se queja que el juez la interpreta de manera sesgada en su contra; pero ello no es así habida cuenta que en ese elemento probatorio se advierte que el actor se desempeñó como médico veterinario pero facturando exclusivamente a la empresa de su suegro, nada más, no se acreditó que CALVO tuviera relación comercial con otra empresa. Es cierto que de la prueba informativa se desprende que CALVO tuvo hacienda propia, pero el apelante no acredita que ésta se obtuviera producto de una actividad independiente de la prestación de servicios, así la jurisprudencia vuelve a resaltar el criterio de exclusividad: “La circunstancia de que el trabajador figurara como monotributista y que facturara para otros establecimientos, no modifica la existencia de una vinculación laboral entre los demandados y él, ya que la exclusividad no constituye un elemento que defina la presencia de un contrato de trabajo” (Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo, sala IV – Sánchez, Nicolás Adolfo c. Di Tullio, Daniel Bruno y otros s/despido – 28/09/2012 – DT 2013 (marzo) , 563 – AR/JUR/53355/2012).

Por otra parte es cierto que CALVO poseía animales propios, pero en el campo de su suegro, y que inclusive de esa relación participaba su mujer en ese momento; también es cierto, que esa actividad generó las respectivas inscripciones tributarias, pero ello no produce una incompatibilidad con la relación mantenida con el demandado, sino que CALVO en el mismo momento que trabajaba en las empresas de su suegro se le permitió comercializar hacienda propia, sin denunciar en ningún momento una actividad incompatible en los términos del art. 88 de la L.C.T., y el informe de su contador de fs. 631/632 solo confirma estos hechos. Inclusive el testimonio de fs.286 de Hernán Gabriel BARTOLOME, médico veterinario, acertadamente define lo siguiente; “. CALVO como cualquier persona que trabaja en un establecimiento puede tener hacienda propia en la medida que reúna ciertas condiciones, hay un concepto que yo lo tengo, no es lo mismo ser tenedor a ser productor agropecuario, el productor agropecuario necesita tener campo propio, lo que el tenedor de hacienda no.” .Estas palabras del testigo, calificado por cierto por su profesión, se ven corroboradas con la documental de fs. 95 y 543, que dan cuenta de que CALVO era un tenedor de hacienda y como tal realizaba un negocio por el cual se encontraba inscripto ante los organismos tributarios, sin que ello le impidiera trabajar en relación de dependencia para el demandado; esto es lo que interpretó el magistrado de grado y por ello no incurre en incongruencia en la valoración probatoria. Por los motivos expuestos considero que el primer agravio no alcanza a conmover los fundamentos del magistrado de primera instancia, solo marca una discrepancia en la valoración de la prueba y, a mi criterio, no aporta nuevos elementos a examinar por esta Alzada, y por ello debe rechazarse. Así esta Cámara lo ha dicho reiteradamente: “. el presunto “agravio” se ciñe a expresar sólo una disconformidad con lo sentenciado, con olvido de que “criticar” es un concepto muy distinto al de “disentir”, pues mientras aquél importa un ataque directo y objetivo de la fundamentación, procurando la demostración de los errores contenidos en la misma, el segundo es meramente la exposición del desacuerdo con lo decidido”. (PREGNO, María Gabriela C/DIEZ, Graciela Araceli S/ESCRITURACIÓN; expte. Nº 4211/09 r.C.A.). En el mismo sentido en expedientes Nros. 4243/09, 5596/15, 5584/15, 5649/15 y 5722/15, todos r.C.A.

Segundo agravio de la demandada: Éste se refiere a la existencia de la relación laboral, y en su queja el recurrente ataca la prueba testimonial, denunciando una interpretación fragmentada y favorable al actor por parte del sentenciante. Esto, a mi criterio, adelanto no es correcto.El análisis de los testigos que realiza el apelante es una discrepancia con los dichos de los testigos pero sin una refutación concreta. Observo en referencia a los testimonios ofrecidos por la actora, que cuando su declaración se incorpora al expediente y el testigo no es tachado o denunciado por falso testimonio, la prueba deja de pertenecer a la parte que la ofreció y pasa a incorporarse al expediente por el principio de adquisición probatoria, así se ha dicho: “El principio de adquisición procesal de la prueba, hace posible que cualquiera sea la procedencia de las probanzas que obran en el expediente, su valoración por los jueces de mérito sea siempre conducente, cualquiera fuere la parte perjudicada o favorecida por ellas.” (Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires – Ugarte y Compañía S. A. c. Valente S. R. L. – 14/06/1996 – La Ley Online – AR/JUR/3497/1996). “En virtud del conocido principio de adquisición, la prueba no pertenece a quien la aporta, y es improcedente sostener que sólo a éste beneficia, puesto que una vez que es introducida legalmente al proceso debe tenérsela en cuenta para determinar la existencia o inexistencia del hecho a que se refiere, sea que resulte en beneficio de quien la adujo, o de la parte contraria que bien puede invocarla” (Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial, sala B – Hernando, Julián c. Peñalba, Daniel – 19/04/1991 – LA LEY 1991-C , 216 – DJ 1991-2 , 265 – AR/JUR/246/1991). Ello le otorga libertad al sentenciante para poder valorar los testimonios de acuerdo a la restante prueba y al otro principio procesal de sana crítica.No se advierte que el juez de grado haya incurrido en una errónea valoración de estos testimonios, habida cuenta que cada testigo relató sus apreciaciones o vivencias conforme a la época en que le tocó conocer los acontecimientos, pero en todos los casos no deja de haberse acreditado una prestación de servicios en relación de dependencia con la demandada, que en el próximo agravio aclararé qué se entiende como empresa demandada.

Es evidente que los testigos en general no son precisos en definir cada empresa para la que prestó servicios el trabajador, pero sí esta claro que CALVO “trabajaba para las empresas de su suegro”. Los testigos acreditan la prestación de servicios, las actividades realizadas y las instrucciones que aquellos indicaron que recibía (ver fs. 284; 288; 293; y 299/300). En cuanto a la crítica del apelante con la valoración del testigo RAMIREZ no es preciso, ya que dice que es parcial o errónea la interpretación del sentenciante, pero no aclara cuáles de esos conceptos vertidos en esa declaración son los interpretados equívocamente. En cuanto a que el actor CALVO no haya efectuado ningún tipo de reclamo está emparentado con su situación familiar, pero no como lo expone el recurrente, sino que al contrario, mientras su estado familiar permaneció estable, es decir, sin problemas, el trabajador no tuvo necesidad de reclamo alguno. Es evidente que era su suegro el socio principal en las empresas que prestó servicios, con lo cual es habitual que las relaciones familiares se mantengan alejadas de las formalidades legales, aunque reprochable evidentemente.

Esa cuestión está estrictamente vinculada a la apreciación de la documental de fs. 72 y 73, que por otra parte es reconocida a fs.184 y 185; sin perjuicio que el recurrente manifieste que esa documental no pertenecía al actor, lo cierto es que esa instrumental estaba en manos de CALVO, sin dar razón, por parte del accionado, de las causas o por qu é se emitieron esas liquidaciones, que analizada con el conjunto del material probatorio, en el caso la prueba testimonial, da cuenta de que esos documentos correspondían a CALVO. Un elemento importante en la hora de sopesar esta documental es ponderar el principio contenido en el art. 9 de la L.C.T., aplicable al presente caso, es decir, que si estos elementos probatorios generan dudas en el juzgador luego de analizado el plexo probatorio de autos, debe realizarse su interpretación siempre en favor del trabajador, así esta Cámara con su anterior composición lo ha entendido: “. Este tribunal ha dicho que: “. el art. 9º, LCT, ha sido modificado por la ley 26.428, que restituyó a la norma su alcance original, alterado por la ley 21.297; ahora, también cuando la duda recae sobre “la apreciación de la prueba” el juez debe inclinarse por la decisión más favorable al trabajador. El art. 9º constituye una manifestación procesal del principio protectorio (.) e importa una directiva para el juez.” (Expte. nº 4021/08 r.C.A.). La regulación introducida en el art. 9º, LCT -en cuanto establece que si la duda recayese en la apreciación de la prueba en los casos concretos, los jueces o encargados de aplicarla se decidirán en el sentido más favorable- apunta al “conocimiento de los hechos”; la regla “in dubio pro operario” en la apreciación de la prueba se ubica en un contexto de incertidumbre (duda) para resolver el problema de conocimiento de los hechos en un caso judicial.” (OVIEDO, Luciana Ángela C/BRISAS PAMPEANAS S.A. S/DESPIDO ; expte.Nº 4458/10 r.C.A.). Otra cuestión es el alcance de estos documentos que analizaré en otro agravio referido a los ingresos, pero lo cierto es que dicha documental es un indicio de que el trabajador percibía una remuneración, no siendo una interpretación sesgada del sentenciante en este punto. Debe tenerse presente el art. 15 de la L.C.T. que estipula que toda prestación de servicios en relación de dependencia se presume onerosa, con lo cual a ello debe sumarse esta documental de fs. 72 y 73 como parámetro de un ingreso del trabajador.

Por otra parte, las tareas desempeñadas por CALVO y que describen la mayoría de los testigos se relacionan con una organización empresaria que no se corresponden con un trabajo gratuito más allá del ámbito familiar, tal como lo ha decidido la jurisprudencia: “Toda relación que se traba entre trabajadores y empleadores es de naturaleza laboral, también todo pago que se efectúa al dependiente durante el curso de dicha relación o con motivo de su extinción, se presume que tiene fundamento en el contrato de trabajo, es decir, que es un acto espontáneo pero retributivo de la labor prestada (oneroso).” (Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo, sala I – Estonllo, Carlos A. c. Indupa S. A.- 15/02/1994- DT 1995-A , 220 – AR/JUR/3373/1994). También en este contexto cabe apreciar que la subordinación se flexibiliza en cuanto a su concepto originario, con mayor razón en un trabajador calificado como CALVO, apreciando el marco familiar en que desempeñó su tarea, en el cual organizaba a los peones, tal como consta en repetidas declaraciones testimoniales, en la que siempre la dirección de esa relación laboral la conservaba su suegro, socio de la empresa, y prueba de ello son los testimonios brindados en autos, ya sea de los ofrecidos por la actora o la demandada (fs. 284, 287, 293, 359 y 692). La doctrina ha interpretado este concepto de subordinación atenuada de la siguiente manera:”La educación en general y la formación profesional en particular, han sido mencionadas, también, como factores de dilución de la subordinación. En efecto, un trabajador educado y calificado no sólo mejora su empleabilidad y competitividad, sino que además está en mejores condiciones para ser un”trabajador-ciudadano”:para comprender y ejercer sus derechos, para tomar iniciativas, para participar, todo lo cual, de ser efectivamente ejercido, puede provocar -no en el plano jurídico, pero sí en el de la práctica de las relaciones laborales-, una aminoración de su dependencia fáctica. Así, puede darse la doble circunstancia de que, para los trabajadores altamente calificados que permanecen en el “núcleo duro” de una empresa en régimen de subordinación jurídica, el grado de su subordinación real sea bajo o tenue, mientras que para otros, esa su alta calificación sea una especie de señuelo que aliente la tentación de vestirlos con ropajes de autonomía.” (Crítica de la subordinación; Ermida Uriarte, Oscar Hernández Álvarez, Oscar; Publicado en:DT 2003-B , 1168; cita noline AR/DOC/10768/2003). Por lo dicho está configurada una relación laboral en dependencia, y conforme al criterio sustentado por esta Cámara hacen que el demandado tenga la carga de acreditar que la relación que mantenía CALVO no era de dependencia y en este punto los argumentos del recurrente no alcanzan a conmover los fundamentos y valoración de la prueba realizada por el sentenciante.

En este sentido debo decir que la valoración de la documental referidas a la facturación del médico veterinario Juan CIVIT, si bien está comprendida dentro del período laboral denunciado por el actor, solo es abarcativa en un corto espacio de este lapso laboral, ya que se extienden desde 09/2.010 al 02/2.012, habida cuenta que la relación laboral, según el magistrado de grado comenzó en 01/10/1.987 y se extinguió en marzo de 2.012, con lo cual en una relación laboral de 25 años, la facturación del veterinario CIVIT lo fue solo por un año y medio, y por las cuales el juez de grado observó que los valores de dichas facturas son inferiores al total de la facturación presentada en fechas posteriores a la extinción de la relación laboral, lo que estaría demostrando que cuando las tareas de CALVO eran excesivas se llevaba un colaborador, y por eso el veterinario CIVIT ha facturado durante un lapso corto de tiempo y percibiendo sumas inferiores acordes con las tareas que desempeñó. Está muy claro lo dicho por el juez en el análisis de la documentación y en el marco del expediente, por lo cual el recurrente mas allá de su discrepancia no logra enervar el sólido argumento del sentenciante. Independientemente de la normativa a aplicar en el siguiente caso, en virtud de que la ley de trabajo agrario 26.727 remite a la L.C.T.(Ley de Contrato de Trabajo), es importante resaltar lo que ya he dicho en otros precedentes en cuanto a que probados los servicios subordinados opera la presunción del contrato de trabajo. Cabe observar el art. 21 de la L.C.T. y allí se define al contrato de trabajo de manera clara: “. Habrá contrato de trabajo, cualquiera sea su forma o denominación, siempre que una persona física se obligue a realizar actos, ejecutar obras o prestar servicios en favor de la otra y bajo la dependencia de ésta, durante un período determinado o indeterminado de tiempo, mediante el pago de una remuneración.”, el elemento característico y delimitador es la adopción de la dependencia o subordinación, lo que implica que quien se beneficia con el trabajo ajeno impone las condiciones temporales, especiales y materiales en que el mismo debe prestarse, dentro del marco de poderes disciplinarios; además si nos adentramos en la ley también encontramos otra figura importante que es la relación de trabajo, que estipula el art. 22: “Habrá relación de trabajo cuando una persona realice actos, ejecute obras o preste servicio en favor de otra, bajo la dependencia de ésta en forma voluntaria y mediante el pago de una remuneración, cualquiera sea el acto que le dé origen.” Aquí el legislador a ha querido realizar una distinción entre el negocio constitutivo y por otra parte a la relación de trabajo misma, es decir, el negocio jurídico.”La relación de trabajo en sentido propio, coincide con aquella parte de la ejecución del contrato que se inicia en el momento y por efecto de la prestación de trabajo y existe mientras dure la misma.” (Contrato de trabajo y relación de trabajo- Deveali, M.L.- DT 1942 , 1 – DT 2015 (febrero) , 475 – DT 2015 (marzo) , 703 – AR/DOC/444/2010). Por lo tanto es claro que puede haber innumerables prestaciones de servicios que no constituyen un contrato de trabajo, porque no existió relación de trabajo; pero hecha efectiva la presunción de la existencia de un contrato de trabajo, debe acreditarse por parte del empleador que las tareas desempeñadas por el trabajador fueron referidas a una determinada actividad independiente y por fuera de la relación de dependencia; y el agraviado en su escrito de expresión de agravios no ha traído nuevos elementos que permitan desprenderse de los argumentos expuestos por el juez de grado. La jurisprudencia resalta estas cuestiones resumidas en esta cita: “El contrato de trabajo prescinde de las formas frente a la evidencia incontrastable de los hechos, por lo que ninguna relevancia tienen las manifestaciones que pudieren haber realizado las partes de buena o mala fe para calificar sus relaciones, o incluso, el silencio que el dependiente pudiera haber observado, durante el curso de la relación. Así, ni el lugar de trabajo, ni el cumplimiento de horarios, ni la falta de exclusividad ni la percepción de honorarios, ni el carácter de monotributista u otra serie de elementos netamente formales, resultan determinantes de la inexistencia de una relación laboral, cuando, como en el caso se trata de la prestación de servicios personales e infungibles a favor de otro, según sus órdenes e instrucciones y bajo su dependencia jurídico-personal (Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo, sala II – Romero, Natalia Silvina c. Appaloosa S.R.L. y otros – 22/12/2009 – La Ley Online – AR/JUR/62165/2009). Por los motivos expuestos cabe rechazar el presente agravio.

Tercer Agravio: El apelante se agravia porque el aquo consideró que las empresas Juan Tobal e Hijos S.A., luego denominada EL TILO S.A. y la demandada Alberto TOBAL S.A., integraron un conjunto económico y sobre esa base extiende la respon sabilidad.El primer punto en que pone énfasis el recurrente es que dicha circunstancia no fue objeto de la demanda, sin perjuicio que también es desmentida por la prueba objetiva desarrollada en el expediente; por otra parte considera que el juez no aplica correctamente el art. 31 de la L.C.T. en función de los hechos acaecidos.

Aclaro en principio que cualquiera sea la ley aplicable al presente caso, es decir, la L.C.T. o la ley agraria 26.727, en sus respectivos artículos 31 o 13, el concepto vertido es el mismo respecto al conjunto económico porque los dos artículos están redactados en los mismos términos, con lo cual analizaré el art. 31 de la L.C.T. que de una u otra manera deviene aplicable, teniendo en cuenta lo estipulado por el art. 2° inc. 2 de la ley agraria 26.727 que remite a la L.C.T. Veamos cuál es el ámbito de aplicación de estas normas para analizar posteriormente las demás cuestiones planteadas en el agravio pertinente. El art. 31 de la L.C.T. dice expresamente:”Siempre que una o más empresas, aunque tuviesen cada una de ellas personalidad jurídica propia, estuviesen bajo la dirección, control o administración de otras, o de tal modo relacionadas que constituyan un conjunto económico de carácter permanente, serán a los fines de las obligaciones contraídas por cada una de ellas con sus trabajadores y con los organismos de seguridad social, solidariamente responsables, cuando hayan mediado maniobras fraudulentas o conducción temeraria.”; el doctrinario Plá Rodríguez sostiene que el conjunto económico posee las siguientes características:a) unidad de domicilio patrimonial de la empresa; b) similitud o analogía de los giros por concomitancia o sucesividad; c) utilización en común de implementos industriales; d) identidad de organización administrativa o comercial; e) utilización de locales comunes; f) identidad en la integración de los directores o mandatarios de las empresas referidas a alguno o algunos de sus miembros; g) imposición de una empresa a otra de condiciones o lugar de comercialización de sus productos o con referencia a sus servicios de manera de crear una situación real.” (PLA RODRIGUEZ, Curso de Derecho Laboral, T° 1, pág. 154). Es evidente que de la prueba producida en autos, comenzando con la documental de fs. 79/84 y 527/531 demuestran claramente lo afirmado por el juez de grado a fs. 859, en cuanto a que las sociedades de Juan TOBAL e Hijos S.A., que pasó a denominarse El TILO S.A., tiene denominadores comunes con la sociedad Albeto TOBAL S.A., ya que el domicilio social es idéntico, los socios son los mismos y desarrollan las mismas actividades, más allá de que sean sociedades independientes.

También es cierto lo afirmado por el magistrado en su análisis probatorio, y es lo referente a la prueba testimonial en cuanto que los tetigos manifestaron que CALVO se desempeñó en “las empresas de TOBAL”, desarrollando tareas en los diferentes establecimientos rurales de estas sociedades, así cabe mencionar los testimonios que obran a fs. 284/285, 293/296, 339/342, 359/366, 649/651 y 701/705. Estos testigos si bien no distinguen las distintas sociedades sí tienen en claro que CALVO trabajó para una empresa familiar de Alberto TOBAL, esgrimiendo, por ejemplo, que Fernando TOBAL director de la empresa EL TILO S.A. se desempeñaba también en la sociedad demandada, y que estas sociedades se dedicaban a la explotación agropecuaria, por lo que si bien actuaban como sociedades diferenciadas confluían como una sola empresa en cuanto al despliegue de actividades, así lo explica Daniel Edgardo POLLERO al decir:”El grupo económico y sus miembros se mantienen entonces como empresas distintas para el Derecho del Trabajo; pero a menudo las distintas relaciones entre el grupo económico y sus miembros se refuerzan a punto tal de actuar como una sola y misma empresa.”(La responsabilidad solidaria de los integrantes de los grupos económicos, Revista de Derecho Laboral, Rubinzal Culzoni, N° 2.001-1, pág. 359 y ss.).

Es muy claro que en el contexto que se desarrolla la actividad empresaria, es de carácter familiar, y aquí el término empresa debe utilizarse en un sentido de género a especie para con las sociedades, es decir que cada una de las dos sociedades, que como bien dice el recurrente, se encuentran en pleno funcionamiento, constituyen una empresa en su conjunto y ellas son Juan Tobal e Hijos, con cambio de denominación en “EL TILO S.A.” y la demandada “ALBERTO TOBAL S.A.”. Ahora bien, en el agravio anterior he arribado a la conclusión de que CALVO mantenía una relación de dependencia para con la sociedad Juan TOBAL e Hijos desde 1.987, y que luego pasara a desempeñarse para la demandada Alberto TOBAL S.A., en una continuidad de carácter permanente hasta el distracto, tal como lo ha dicho el sentenciante de Primera Instancia, con lo cual esta circunstancia está indicando que CALVO laboró para la empresa familiar de Alberto TOBAL y delineando la presencia de un conjunto económico.

El recurrente expresa que el actor al demandar no mencionó al grupo económico ni nada advirtió al respecto, pero recuerdo que estamos ante un proceso de carácter laboral en donde tiene lugar la primacía de la realidad y en ella el juez, conforme la prueba, debe desentrañar si efectivamente existió un grupo económico y si lo hace no viola el principio de congruencia por ese motivo, ya que el trabajador invocó en su demanda haber trabajado desde el año 1.987 para la empresa Juan TOBAL e Hijos S.A.y luego para la demandada, más allá de que no se configure de manera exacta la previsión de la norma invocada en la demanda del art. 229 de la L.C.T., sino que el juez sobre la base del principio de la realidad vislumbró del análisis de la prueba que la empresa familiar, en la que el suegro del trabajador, Alberto Tobal, era su principal socio, estaba constituida por las sociedades nombradas conformando un conjunto económico en los términos del art. 31 de la L.C.T. El proceso laboral tiene un alto corte de proceso inquisitivo, en función de respetar el orden público laboral y la irrenunciabilidad de los derechos del trabajador, por ello cabe interpretar el principio de congruencia como bien lo resume este artículo doctrinario: “. la congruencia estará dada por el vínculo indisoluble e insoslayable de las circunstancias probadas en la causa con el derecho positivo irrenunciable para el trabajador; dado que el origen y la razón de sus decisiones reside en la Constitución Nacional, en el Derecho Básico Universal y en las leyes que tratan derechos irrenunciables, con prescindencia del planteo de las partes. Como dice el Protocolo de San Salvador: jamás puede justificarse la violación de unos derechos en aras de la realización de otros.” (Sentencia laboral “extra petita” propuesta de rescate y puesta en valor de una “Cenicienta” procesal; Laguyás, Beltrán Jorge; Publicado en: D.T. 2.012 agosto, 2003).

La otra cuestión relacionada con la congruencia es que el actor demandó solo a ALBERTO TOBAL S.A.y no lo hizo respecto de las sociedades del resto del conjunto económico, pero ello no es un requisito necesario, habida cuenta que al configurarse un conjunto económico las sociedades responden solidariamente por las obligaciones contraídas por la sociedad empleadora (deudor principal), siendo las otras sociedades, vicarias de aquella, sin necesidad que el actor demande al resto, sino que puede hacerlo respecto de su último empleador, lo que no empece a que este último responda por la antigüedad del trabajador en el conjunto económico, ya que lo contrario implicaría una fragmentación de la antigüedad que no puede convalidarse, tal como lo ha remarcado la jurisprudencia: “La fragmentación de la antigüedad del trabajador que derivaría de la existencia de dos vínculos distintos, cuando en verdad se trata de uno solo (conjunto económico), hace presumir la existencia de una evasión de normas laborales que hace responsables a las codemandadas en forma solidaria. (LA LEY, 2001-A, 35)”. “Aun cuando existan dos personas jurídicas y se cambie la titularidad del empresario, si no se modificó la relación laboral -acreditado el traspaso del personal-, la antigüedad del trabajador queda salvaguardada. El hecho que el actor sólo haya reclamado a una de esas empresas, no basta para eximir a la otra, vinculada al grupo económico, del resultado de la condena, en atención a lo normado por el art. 229 de la ley de contrato de trabajo (Adla, XXXIV-D, 3207; XXXVI-B, 1175).” (Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo, sala I – Expósito, Enrique c. Palasur S. A. y otros – 09/08/1995 – AR/JUR/3467/1995). De hecho el último empleador de CALVO fue la sociedad ALBERTO TOBAL S.A. y a esa se demandó, es decir, no se demandó al codeudor solidario, como por ejemplo pudo ser “EL TILO S.A.”, sino que al contrario se reclamó al deudor principal, ya que este último fue su empleador.Es cierto que el denominado deudor vicario no es el empleador actual de CALVO, pero al constituir un conjunto económico igualmente debe responder por el efecto solidario establecido en la norma. Así la jurisprudencia lo ha receptado: “Corresponde condenar, en forma solidaria, a las distintas empresas demandadas por el trabajador, a abonarle a éste la indemnización por despido injustificado y demás rubros adeudados, si se encuentra acreditado que el actor inició y mantuvo un contrato de trabajo con una de las empresas, empresa que ha estado bajo la dirección, control y administración de personas que además son integrantes de otras sociedades, que comparten sede social y que se integran además por familiares, pues no cabe duda que estas empresas constituyen un conjunto económico permanente de sociedades, máxime si existen concordancia de objeto social y los integrantes de una o varias de las sociedades demandadas participan de la creación y de los órganos directivos de las otras sociedades controladas o controlantes.” (Cámara 1a del Trabajo de Mendoza – Dominguez, Juan Pedro c. John A Walker S.A.C.I. y otros – 27/12/2010 – LLGran Cuyo 2011 (abril), 282 – IMP 2011-5 , 261 – AR/JUR/85803/2010).

Con lo cual tampoco aquí se ha violado la congruencia en el fallo en crisis, habida cuenta que se condena al demandado en forma solidaria por integrar el conjunto económico, con la sociedad Juan Tobal e Hijos S.A., hoy denominada “El Tilo S.A.” para la cual comenzó a trabajar el actor en el año 1.987. El último aspecto a considerar por la normativa del art. 31 de la L.C.T. es el relacionado con el fraude, y aquí cabe puntualizar ¿qué debe entenderse por fraude en los términos de la ley?, ya que éste no implica dolo ni un propósito fraudulento en el empleador, es decir, una intención subjetiva, por lo que basta acreditar, por parte del trabajador, por ejemplo que la patronal se sustrajo a las mormas referidas a la registración laboral, así al doctrina lo ha entendido:”Son aquellas conductas o actitudes tendientes a burlar los derechos del trabajador, en el caso, a través de empresas relacionadas o subordinadas y por ende a través de traspasos, artificios o bien de manejos, cualesquiera que sean, con la finalidad de sustraerse de las obligaciones que impone la legislación laboral o de la seguridad social. Habrá acciones de este tipo, por ejemplo, cuando exista empleo total o parcialmente no registrado, o se haga aparecer al trabajador como empleado de una empresa en la que efectivamente no presta servicios, con la finalidad de sustraerse a la aplicación de un convenio juzgado más oneroso que el que rige en la actividad donde trabaja en realidad , o bien cuando se trata de fraccionar la antigüedad de un dependiente para diluirla en el tiempo de modo que la indemnización que pueda corresponderle o cualquier otro beneficio en función de la misma se vea reducido a la correspondiente al último período. Creo trascendente destacar, en la inteligencia propia de la norma, como también en su literalidad, que el término “maniobras” excede la mera intención subjetiva de evadir, aludiendo al liso y llano incumplimiento de las normas imperativas que es lo que en tal perspectiva deberá acreditarse.” (La responsabilidad solidaria de los integrantes de los grupos económicos, Revista de Derecho Laboral, Rubinzal Culzoni, N° 2.001-1, pág. 359 y ss.). En el caso de autos es muy claro que CALVO trabajó fuera de toda registración laboral, prueba de ello es la pericia contable de fs. 269, agregando que no ha acompañado la documental exigida por el art. 55 de la L.C.T., lo que constituye una presunción en su contra, como se ha dicho reiteradamente por esta Alzada: “. el trabajador no registrado no figura en los libros del empleador y por lo tanto, en caso de controversia, se admitirá como cierta la fecha de ingreso como la remuneración que denunciare el trabajador en su demanda, salvo prueba en contrario.Se trata de una presunción”iuris tantum” que admite prueba en contrario por cuanto la ley no la establece como iure et de iure.(conf. López Justo, Centeno Norberto y Fernández Madrid Juan, “Ley de Contrato de Trabajo Comentada”, Tomo I, p. 451; Edit. Contabilidad Moderna, año 1997). Por cierto la presunción alcanza a la fecha de ingreso y a la remuneración del trabajador dado que esos datos deben constar necesariamente en tales asientos obligatorios, como es el caso, entre otros, del libro especial regulado por el art. 52 LCT.” (EMILIO, Manuel Agustín c/ DÍAZ, Marcelo Adrián y otros S/ PROCESO LABORAL; expte. Nº 4496/10 r.C.A.), con lo cual a mi criterio se cumple el último requisito exigido por la normativa y así lo refrenda la jurisprudencia: “Si bien el fraude a la ley es un recaudo esencial para que se configure la responsabilidad solidaria prevista en el art. 31 de la ley de contrato de trabajo (t.o. DT, 1976-238) ello no implica que deba probarse el dolo del empleador o un propósito fraudulento pues no se requiere una intención subjetiva de evasión de normas laborales tuitivas del trabajador, bastando para cumplir la exigencia normativa que la conducta empresarial se traduzca en una sustracción de esas normas.” (Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo, sala VII – Pérez, Cecilia Mabel c. Edesur S.A. y otro – 29/03/2006 – IMP 2006-13 , 1668 – AR/JUR/693/2006). Por todo estos motivos considero que se ha configurado un conjunto económico de tipo familiar; por lo tanto llego a la conclusión de que el juez aquo ha analizado adecuadamente la normativa del art. 31 de la L.C.T o del mismo art. 13 de la ley agraria 26.727, por lo que estimo que cabe rechazar el agravio vertido sobre este punto.

Ahora debo analizar el primer agravio del actor referido a la legislación aplicable al presente caso, como así también el segundo agravio respecto a la procedencia y cuantía del reclamo.

Primer agravio del actor:Éste se queja porque entiende que las actividades desarrolladas por el accionante superan a las enmarcadas en la ley 26.727, considerando que el juez equivocó su aplicación al presente caso. Para ello veamos, en primer término el juez manifestó que CALVO era un “encargado” calificado, por ello cabe apreciar la definición legal de las tareas del encargado rural contenida en la vieja resolución N°144/52 del Ministerio de Trabajo que dice: “Persona que se halla al frente de una explotación con o sin personal a sus órdenes, que ejerce sus funciones con relativa autonomía, es decir sin Intervención inmediata y continuada de sus superiores”; esta definición normativa si bien es muy amplia contempla en definitiva las actividades que CALVO realizaba conforme a la prueba de los testigos oportunamente analizada. Los artículos 5 y 6 de la ley nuevo estatuto del peón rural definen el concepto de actividad agraria como el ámbito rural donde ésta se desarrolla, pero para no parafrasear la ley, transcribiré la misma:”ARTÍCULO 5º : Actividad agraria. Concepto. A los fines de la presente ley se entenderá por actividad agraria a toda aquella dirigida a la obtención de frutos o productos primarios a través de la realización de tareas pecuarias, agrícolas, forestales, hortícolas, avícolas, apícolas u otras semejantes, siempre que éstos no hayan sido sometidos a ningún tipo de proceso industrial, en tanto se desarrollen en ámbitos rurales. ARTÍCULO 6º: Ámbito rural. Definición. A los fines de la presente ley, se entenderá por ámbito rural aquel que no contare con asentamiento edilicio intensivo, ni estuviere efectivamente dividido en manzanas, solares o lotes destinados preferentemente a residencia y en el que no se desarrollaren en forma predominante actividades vinculadas a la industria, el comercio, los servicios y la administración pública.Sólo a los efectos de esta ley, se prescindirá de la calificación que efectuara la respectiva autoridad comunal.”; así Horacio Maiztegui Martínez dice lo siguiente:”. podría hablarse de las siguientes actividades agrarias o agroeconómicas principales a desarrollarse, para poder determinar si un peón es peón rural o no lo es y si se aplica la ley 26.727, por lo que se individualizan las siguientes actividades: Cultivo del fundo (cereales y oleaginosas), cultivos industriales (textiles, sacaríferos, tintóreos, aromáticos, medicinales, gomeros, forrajeras, etc.); cría de animales, fomento o aprovechamiento de ganado bovino, ovino, equino, porcino, caprino, mular, asnal, camélicos y avestruces, etc.).también hemos visto las actividades conexas, y allí incluimos, en las citas, a la enajenación o comercialización, mejoramiento, saneamiento, transformación, manipulación, conservación y valorización como actividades conexas a las primarias.” (El nuevo estatuto del peón de campo, pág. 121, Rubinzal Culzoni – Ed. 2.012).

Aquí debo detenerme en función de los argumentos brindados por el recurrente, y decir que la actividad de CALVO siempre se desarrolló en un ámbito familiar, habida cuenta que el actor se desempeñó en establecimientos en los cuales su suegro era el socio principal de las sociedades empleadoras. Esta relación familiar no puedo dejar de sopesarla porque las pruebas de autos así lo demuestran; es cierto que se suscribió un poder a favor de CALVO que glosa a fs. 2/6 de autos autorizándolo para realizar una serie de actividades, aclarando que siempre en el marco del ámbito rural, pero debo recalcar que no todas las actividades descriptas en el poder han sido acreditadas como efectivamente realizadas por CALVO, lo cierto es que la confianza que le generaba éste a su suegro hacía que se le delegaran una serie de tareas extras a las de un encargado común de un establecimiento rural, y prueba de ello son los dichos del testigo Ricardo FERNANDEZ, quien depuso a fs. 363/364, testimonio que por otra parte no me merece reproche alguno.También se ha acreditado que el actor en algunas oportunidades compró hacienda para la firma (testimonios de fs. 288, 296, 298, 339 y 367), como así también le sirvió a la empresa con sus aportes como médico veterinario. Es evidente que a lo largo de la relación extendida por 25 años CALVO fue creciendo en su actividad, habida cuenta que al comienzo de la misma estaba claramente definida en el marco de la ley agraria, luego con el correr del tiempo sumado a la confianza despertada en su suegro, éste le fue delegando otra actividades, de hecho el poder otorgado en su favor data del año 1.999, es decir, recién después de mas de doce años de trabajar en la sociedad Juan TOBAL e Hijos S.A.

Ahora bien, es muy amplia la gama de actividades que despliega la ley 26.727 respecto del trabajador rural, y es muy claro también que el actor no fue un peón calificado, sino que desempeñó tareas muy relacionadas con las de un “encargado”, pero con notas muy especiales teniendo en cuenta el ámbito familiar en el que desempeñó su tarea y en función de su título profesional. Siguiendo con la doctrina se ha dicho: “. analizando las tareas de un establecimiento rural, podríamos decir que son típicas de un establecimiento agropecuario las tareas de arado, siembra, cuidado de plantacio nes, vigilancia y cura de animales, preparación de alimentos, recorrida y cuidado de aguadas, instalación y cuidado de alambrados, mantenimiento general de bienes e instalaciones del establecimiento, control de plagas o malezas, poda y plantación de árboles, conducción de vehículos, acondicionamiento y arreglo de máquinas, vacunación, marcación, castración apartes, pesadas, y tratamiento general de animales, tareas de limpieza de monte.” y como tareas conexamente agrarias dice:”. las actividades clasificadas como conexas serían las referidas a la enajenación o transformación de los productos que se obtienen de las actividades primariamente agrarias, es decir, de las derivadas del cultivo del fundo, la crianza del ganado y la silvicultura.” (El nuevo estatuto del peón de campo, pág. 135, Rubinzal Culzoni – Ed. 2.012). Es evidente que en todas estas tareas se encuentran descriptas las labores desempeñadas por CALVO, inclusive la venta de hacienda por cuenta de las sociedades o su trabajo veterinario, enmarcados dentro de la relación familiar que unía al actor en su momento. Desde ya repito que CALVO no era un peón especializado ni mucho menos, sino un profesional que puso sus servicios con gran responsabilidad para la empresa en que trabajó, pero ello no quita que el encuadre legal corresponda con la categoría de un “encargado”, tal como fuera definido por el decreto N°144/52 al comienzo de este agravio y que, por otra parte, es la categoría más alta del escalafón.

Respecto de la jornada laboral no puede afirmarse que CALVO desarrollará tareas full-time conforme a la prueba producida, independientemente del grado de responsabilidad que tenía, y tampoco se ha acreditado que los servicios como médico veterinario se diferenciaran de las tareas de un encargado rural. Insisto es claro que este caso es muy particular y con aristas propias muy diferentes al común de trabajadores que se desempeñan en el ámbito rural. La nueva ley 26.727 en su artículo 2° inc. b) especifica que se aplica la L.C.T. para todo lo no previsto en la presente ley, inclusive el art. 16 de este estatuto rural remite a la L.C.T. en lo referente a la extinción del contrato de trabajo, que se rige por las disposiciones de la L.C.T., con lo cual ningún perjuicio tiene la aplicación de la ley 26.727 en este caso. Por los motivos expuestos cabe rechazar el presente agravio.

Segundo agravio actora: Procedencia y cuantía del reclamo:En primer término la actora se queja porque el quo no aplica la escala de aranceles para los médicos veterinarios prevista por el Colegio Médico de esa profesión; luego se agravia porque el magistrado de grado rechazó el adicional o comisión de 1,5 kg. por cada animal vendido y consideró que no integraba su salario, y por último se agravia porque el sentenciante afirma que el contrato de hotelería no se corresponde con una parte más de su remuneración.

Con respecto al primer punto debo decir que es cierto que CALVO aportaba sus conocimientos veterinarios, pero como dije en el agravio anterior, no lo hacía de manera exclusiva, por lo menos esto no está acreditado en autos. El trabajador desempeñó las tareas para la sociedad demandada en un contexto de una diversidad de labores, tales como las que fueron enumeradas en el agravio anterior, incluyendo su trabajo en el feedlot, pero a su vez comercializaba animales de su propiedad (test. fs. 284/286), con lo cual si bien no le impedía esa circunstancia trabajar en dependencia demuestra que sus servicios se brindaban de manera parcializada; por lo que a mi criterio la dedicación exclusiva como veterinario de la empresa full-time no se encuentra acreditada en autos y por ello deviene inaplicable la escala arancelaria del Colegio Médico Veterinario, por lo cual cabe rechazar este punto del agravio.

La segunda cuestión a tratar en este agravio es la comisión por un porcentaje de hacienda vendida, que el apelante pretende su incorporación como salario. Es cierto que de la misma manera que se acreditó, a mi criterio, el pago de un salario a través de la documental de fs. 72/75 que obraba en poder de CALVO, considero a contrario de la opinión del aquo, que está también probado el cobro de este porcentual independientemente que el pago coincida con el aguinaldo, por lo que cabe valorar aquí es la habitualidad en la percepción de este adicional o comisión, por otra parte así se ha dicho:”. el pago de una bonificación anual no importa la exclusión de su carácter remuneratorio, pues la anualidad no es negación de la habitualidad sino uno de los modos en que esta última se constituye” (Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo, sala V – Tait Malcolm c. Servicio Electrónico de Pago S.A. s/ despido – 20/11/2013 – La Ley Online – AR/JUR/88895/2013). Para evaluar su habitualidad debo hacerlo bajo el prisma de la sana crítica en función de la prueba adjuntada al respecto, que es sumamente escasa, por lo que también debo apreciarla con en el conjunto del plexo probatorio. Sobre esta base advierto que CALVO ha trabajado en el ámbito de una empresa familiar, siendo el yerno del principal socio de las mismas y padre de los nietos de éste, es evidente que esa relación debe tenerse en cuenta a la hora de valorar la documental de fs. 72/75 y los otros elementos probatorios relacionados con la remuneración.

Debo observar, como lo he hecho en el agravio anterior, que el actor no fue un simple peón, sin perjuicio del respeto que me merece esa tarea, sino que tal como se apreció en toda la prueba testimonial, sus funciones eran más amplias sin salirse del contexto de la ley agraria, y por ello debo entender que esas otras funciones relacionadas con la hacienda, eran retribuidas con esta comisión sobre la hacienda vendida, y si bien no puedo establecer si aquella se abonó durante toda la relación laboral, lo cierto es que lo fue al menos en los últimos años; por supuesto que no puedo apreciar solo las fechas puestas en la documental de fs. 72, sino analizarla en conjunto con los testimonios de fs. 284/286 y 339/342 que claramente señalan que CALVO adquiría hacienda desde el comienzo del Feedlot en el año 2.006, y ello es dicho de manera coincidente con el testimonio de fs. 367 y el testimonio de fs. 694/700.Es muy claro que este trabajo merecía una recompensa especial y, conforme dije antes, entiendo que efectivamente el importe de 1,5 kg. de novillo por animal vendido constituía una comisión habitual integrante del salario interpretado de acuerdo a la sana crítica descripta por la doctrina de la siguiente manera: “. En la compleja tarea de impartir justicia los jueces muchas veces se encuentran con la difícil tarea de arribar a una reconstrucción histórica de los hechos, de lo que en verdad ha sucedido. Y esto se muestra palmario ante versiones de los hechos, afirmadas por las partes, totalmente contrapuestas. De ahí que la prueba tienda a formar la convicción del juez, a llevar a su espíritu la certidumbre de la verdad del hecho invocado. Para que esto sea así, resulta de vital importancia, en la apreciación de la prueba, la sana crítica, traducida como la lógica, experiencia o el más sentido común, que es encontrar, también, el sentido normal en que ocurren las cosas de la vida común y corriente.” (Sana crítica. Lógica, experiencia y sentido común – Ondarcuhu, José Ignacio – LA LEY 28/05/2013, 6 – LA LEY 2013-C, 367 – AR/DOC/1911/2013.).

Ahora bien, volviendo sobre la habitualidad, ésta es la persistencia en el tiempo del pago de esta comisión, la cual es por la venta de hacienda, y en este sentido la prueba testimonial da cuenta que CALVO adquiría y vendía hacienda a partir de la constitución del Feed-Lot, es decir, desde el año 2.006 y esto constituía una habitualidad que se retribuía con el pago de la comisión, acreditado a mi criterio, con la documental de fs. 72/75 que obraba en poder del actor analizada en el contexto en que se desarrolló su labor en la empresa familiar, tal como se explicó en el considerando que trató el segundo agravio del demandado. Por otra parte, “comisión” ha sido definida por Raúl Horacio OJEDA de la siguiente manera:”La comisión es un ingreso salarial consistente en una suma fija o un porcentaje relacionado con el resultado de un negocio realizado por o para el empleador. Es la forma de retribución que se determina en relación a uno o varios negocios determinados. Justo Lopez ha dicho que es la remuneración cuya unidad de cómputo es un negocio. Consiste en un salario por rendimiento de trabajo, pues se tiene en cuenta, para establecer su monto, la gestión del empleado en la obtención de resultados concretos a favor del empleador, traducido por lo general en la concertación de negocios.” (Ley de Contrato de Trabajo, Comentada y Concordada, Segunda Edición actualizada, T° II, pág. 205). La venta de hacienda que realizaba CALVO para su empleador fue retribuida con esta comisión tal cual la ha definido la doctrina. También advierto que el demandado más allá de haber negado la relación laboral y la pertenencia de la documental de fs. 72/75 respecto de CALVO, en este último aspecto el empleador no pudo acreditar bajo qué concepto poseía el trabajador esa documental si no le pertenecía o a qué tipo de operación obedecía; y ello sumado a la prueba testimonial la que probó la negociación de compraventa con hacienda que efectuaba el trabajador; el demandado frente a ello no acreditó otra cuestión que permita inferir que ese adicional o comisión no se le abonaba al trabajador con habitualidad, tal como lo manifiesta la jurisprudencia: “Corresponde a la empleadora probar que los premios o comisiones liquidados no responden a la normal o habitual estructura salarial del trabajador -a los fines del cálculo de la indemnización por antigüedad-, máxime cuando dada la naturaleza variable de los rubros en cuestión, su mayor o menor cuantía, no se constituye en un elemento diferenciador que permita por tal motivo excluirlos del concepto de remuneración normal.” (Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo, sala II – Martino, Marco A. c. Siembra A.F.J.P. S. A.- 29/03/2001 – DJ 2001-3, 900 – AR/JUR/388/2001).

Entiendo entonces, que este punto del agravio debe prosperar considerando que debe integrarse la comisión abonada por cada animal vendido conforme al valor de 1,5 kg de novillo al salario de CALVO, sin perjuicio de analizar en el agravio pertinente cómo se hará el cálculo para la indemnización por antigüedad. Para ponderar la remuneración del trabajador siendo que las comisiones son variables conforme al negocio concretado, es que debo efectuar, a manera de excepción del viejo plenario “Brandi”, un promedio de las comisiones acreditadas en autos, además de las características probatorias de este rubro ya analizadas, y por otra parte en función que la comisión que se describe en la documental de fs. 72 es mucho mayor en relación con el resto de las comisiones mencionadas en la documental de fs. 73/75; por ello repito debo tomar el promedio de todas, lo cual ya se ha dicho de manera análoga en los expedientes tratados por esta Alzada Nros. 1.244/99, 1940/01 y 2.440/03, todos r.C.A.; por lo tanto ese promedio arroja una suma de $ 9.371,00 por comisiones abonadas de manera mensual.

El último punto de este agravio es por el cual el apelante pretende incorporar al salario el adicional por manutención de 100 novillos de su propiedad en hotelería, pero entendiendo que el punto no debe ser acogido, y digo esto porque justamente el contrato de hotelería ha demostrado que se refirió a una cuestión concreta sobre operaciones con hacienda en las que CALVO operaba de manera particular, si bien no abonaba nada en concepto de hotelería o al menos esto no está acreditado, pero aquí también juega la relación familiar explicada en los anteriores agravios, mediante la cual se le permitía al actor tener hacienda propia en hotelería y por lo cual no se le cobraba el concepto.Tampoco puedo advertir en este punto la habitualidad necesaria de ese negocio como para considerar este rubro como retributivo del salario, máxime cuando se refería a un negocio puntual del propio CALVO, por lo tanto este punto del agravio debe ser rechazado.

Por lo dicho, el segundo agravio debe ser acogido parcialmente ya que considero que debe admitirse la comisión pactada de 1.5 kg de novillo por animal vendido y su incorporación al salario como concepto remunerativo. Es muy claro lo dicho con respecto a la remuneración de convenio por parte del juez aquo, en cuanto a que las escalas salariales constituyen pisos mínimos, lo que no impide que aquellas puedan ser superadas por el propio empleador que crea conveniente abonar un salario mayor o comisiones, por ello la remuneración del trabajador la constituye el salario de $ 11.798,00 más la comisión de $ 9.371,00, siendo la remuneración total el importe de $ 21.169,00.

Tercer agravio del actor: debo decir que se relaciona con los agravios cuarto y sexto del demandado. El primer punto es el referido al salario impago de diciembre de 2011: el aquo como en este voto ya se ha explicado valoró la documental de fs. 72, por entender que fue reconocida por el demandado (fs. 184/185), y en la misma figura que resta abonar un saldo de $ 10.000,00 de esa liquidación, por lo cual habiendo admitido esa prueba para acreditar salario y comisión también debo atenerme a ella en cuanto a su liquidación, tal como lo hizo el sentenciante, y no encuentro razones valederas en el agravio de la actora como para apartarme de esa decisión.

Respecto de los meses de enero y febrero de 2012 deberán ajustarse a los parámetros de la remuneración otorgada en este voto.

En cuanto al cuarto y sexto agravio de la demandada, no ha realizado una crítica razonada porque solo se basa en la negación de la documental de fs.72/75 en conjunto con la negación de la relación laboral, y siendo aspectos ya analizados, por lo que me remito a esos fundamentos dados en los agravios pertinentes, reiterando lo dicho en referencia a la escala salarial del trabajador rural, la cual puede ser aumentada por acuerdo del empleador, en el presente caso este acuerdo es tácito y está dado por entender que a CALVO se le abonaba un salario superior por las tareas desempeñadas, conforme a la prueba ya analizada en los agravios anteriores, por lo expuesto también cabe el rechazo de ambos agravios.

Indemnización por Antigüedad: Aquí debo detenerme para explicar una cuestión central para el progreso de este rubro, como he dicho la extinción de la relación laboral se rige conforme a lo dispuesto por el art 16 de la ley 26.727, que remite a la “Ley de Contrato de Trabajo” (en adelante L.C.T.), por lo cual debo aplicar para el cálculo de la indemnización por antigüedad el art. 245 de la L.C.T., el cual fija un tope indemnizatorio para este rubro remitiéndose al salario de convenio, así el aquo aplicó correctamente este tope en su sentencia, dictaminando que el salario de convenio era de $ 9.136,22 al momento del distracto, conforme con la resolución N° 71/2.011 de la Comisión Nacional de Trabajo Agrario. Es cierto que en la causa denominada “Vizzotti” la Corte Suprema de Justicia de la Nación declaró la inconstitucionalidad de dicho tope en la medida que el mismo supere el 33% de la indemnización por considerarlo invasivo del derecho de propiedad del trabajador. Ahora bien, en autos el trabajador no solicitó la declaración de inconstitucionalidad del citado artículo con base en que se aplicaba la L.C.T.y por ende otra escala salarial, pero lo cierto es que no podría este Tribunal de Alzada ir más allá de lo peticionado en la demanda por el trabajador so pena de violar el principio de congruencia, además que, la misma Corte Suprema de Justicia en un fallo del año 2.014 dijo claramente referido a este tema puntual: “La sentencia que declaró la inconstitucionalidad del art. 245 de la LCT, considerando a los fines indemnizatorios la remuneración del trabajador sin mengua alguna, debe ser dejada sin efecto por arbitraria, pues importó un claro apartamiento de los términos en que había quedado trabada la litis, ya que en la demanda, el trabajador propuso la aplicación de un tope determinado. Toda vez que la sentencia impugnada fijó la indemnización por antigüedad del trabajador sin el tope del art. 245 de la LCT, yendo más allá de su competencia, por haberse pronunciado sobre un punto que no había sido objeto de reclamo implicó la afectación del derecho de propiedad de la empresa demandada en violación al principio de congruencia y defensa en juicio (del voto de la Dra. Argibay).” (Corte Suprema de Justicia de la Nación – Mansilla, Carlos Eugenio c. Fortbenton Co. Laboratories S.A. y otros s/ despido – 06/03/2014 – IMP 2014-5, 187 – DT 2014 (mayo), 1194).

Entonces siendo de aplicación la ley 26.727, el apelante esgrime que el magistrado de grado omitió asignar la bonificación por antigüedad prevista en el art. 38 de esa ley; pero esta bonificación si bien podría haber integrado la base salarial para el cálculo indemnizatorio, en el caso de autos no corresponde fijarla, habida cuenta del tope establecido por el art. 245 de la L.C.T., y al no peticionarse su inconstitucionalidad, tal como acabo de analizarlo, no puede realizarse esta inclusión en la base indemnizatoria so pena de violar el principio de congruencia, tal como lo ha expresado la propia Corte Suprema en el fallo citado anteriormente.Por los motivos expuestos cabe rechazar el presente agravio.

En cuanto a la indemnización sustitutiva de preaviso, deberá ajustarse a los parámetros de la remuneración otorgada en este voto.

En lo atinente a las vacaciones del año 2011 y las proporcionales al año 2012, deberán adecuarse al salario reconocido en esta sentencia.

Con respecto al S.A.C. 2.011 debo decir que es correcta la apreciación del aquo al tomar la documental de fs. 72, ya que como lo dije en el punto referido al salario impago de diciembre de 2.011, aquella instrumental no puede ser válida para un concepto y no tomarse para su liquidación, por lo que remitiéndome a los fundamentos dados en aquel ítem, entiendo que cabe el rechazo del agravio en este punto.

En referencia al S.A.C. proporcional 2.012 s/ preaviso e integración del mes de despido, aquí también cabe reajustar los importes de acuerdo con la remuneración otorgada en este voto al trabajador.

Diferencias salariales: Al haberse aplicado la ley 26.727 e incluso haber tomado el empleador una remuneración mayor, ya que se ha tenido en cuenta comisión por 1,5 kg. de novillo por animal vendido que integra el salario, no existen diferencias salariales, por ello cabe el rechazo del agravio.

Multas art. 15 ley 24.013, art. 2° de la ley 25.323 y multa art. 80 L.C.T.: Deberán ajustarse los importes a la remuneración fijada en este voto respecto a las multas previstas por el art. 15 de la ley 24.013 y por art. 80 de la L.C.T. Sin embargo en lo referente al art. 2 de la ley 25.323, no hubo agravio sobre el importe expresado en primera instancia, por lo que no cabe su modificación.

Por lo que el tercer agravio del actor será acogido parcialmente en cuanto a los valores a corregirse en función de la nueva remuneración otorgada al trabajador.

Cuarto, quinto y sexto agravio del demandado:En relación al cuarto agravio cabe su rechazo habida cuenta que, a mi criterio, se ha acreditado la relación laboral y, consecuentemente con ello, corresponden los rubros indemnizatorios otorgados por el aquo.

El quinto agravio ha sido tratado anteriormente al analizar el conjunto económico, por lo que cabe su rechazo en función de que se ha acreditado un conjunto económico conformado a través de una empresa familiar en concordancia con lo estipulado en el art. 13 de la ley 26.727 y art. 31 de la L.C.T., tal como se argumentara en el tercer agravio de la accionada a cuyos argumentos me remito.

En cuanto al sexto agravio ya ha sido tratado y cabe también su rechazo por lo dicho respecto de la documenta l de fs. 72/75 y lo argumentado al tratar el tercer agravio del actor a cuyo fundamento me remito.

Séptimo agravio demandado: En este agravio el demandado solicita que la extensión de condena a la demandada ALBERTO TOBAL S.A. solo puede serlo a partir de su constitución. Pero aquí debo aclarar una cuestión, una cosa es la individualidad que cada sociedad mantiene, ya sea Juan Tobal e Hijos S.A. que sigue funcionando bajo la nueva denominación de El Tilo S.A., y Alberto Tobal S.A., demandada en estos actuados; pero al conformar un conjunto económico se interpreta como una sola empresa. Debido a ello se establece una solidaridad pasiva emanada de la ley, para con los integrantes del conjunto económico, la que puede ser definida de la siguiente manera: “En el ámbito laboral, en general, la solidaridad responde a un principio esencial del Derecho del Trabajo que, como ya se anticipara, es fundamentalmente el ´principio protectorio´. Se trata de una solidaridad pasiva, cuya fuente es la ley, en la cual tendremos que existe un obligado directo que es el empleador y uno o más deudores solidarios en base a vínculos que lo relacionan con aquél.La solidaridad pasiva, que es la forma más frecuente e importante de solidaridad, tiene por objeto asegurar al acreedor el pago de su crédito, poniéndolo a cubierto contra la posible insolvencia de alguno de los deudores. Como se advierte, la solidaridad aumenta el número de eventuales deudores y, por ende, de patrimonios a los cuales recurrir para intentar hacer efectivo el crédito insatisfecho. Limitándolo a nuestro ámbito de estudio, es decir al artículo 31, será a consecuencia de que dos o más empresas estén relacionadas de modo tal que´constituyan un conjunto económico de carácter permanente´ pero, reitero, el trabajador será dependiente de una de ellas más allá de la eventual responsabilidad solidaria que, por imperio de la ley, pueda corresponderles a las restantes.” (La responsabilidad solidaria de los integrantes de los grupos económicos, Revista de Derecho Laboral, Rubinzal Culzoni, N° 2.001-1, pág. 359 y ss.).

Ahora bien, la indemnización por antigüedad que es el rubro por el cual se condena al demandado retrotrayéndose a años anteriores a la constitución de la sociedad Alberto Tobal S.A., cabe interpretarlo de manera diferente. Veamos, es cierto que no puede obligase a Alberto Tobal S.A. ha fijar una fecha de ingreso del trabajador antes de su constitución, esto es muy claro, pero cuidado, ello no empece a que deba reconocerle la antigüedad que el trabajador a desarrollado para el conjunto económico. En esta cita jurisprudencial está reseñada esta cuestión:”En cuanto al primer tópico se advierte que la parte actora incurre en una confusión al asimilar el concepto de ´antigüedad´ al de ´fecha de ingreso´. Como se aludiera en los primeros considerandos del presente, la unidad económica que representa el grupo empresario y que justifica su responsabilización en los términos del art. 31 de la L.C.T no autoriza a restar entidad a la personalidad jurídica diferenciada de las sociedades que lo componen.El hecho de que el actor registrara para el conglomerado empresario una antigüedad mayor no implica necesariamente que haya ingresado a las órdenes de las diversas sociedades que lo componen en una fecha distinta a la que realmente aconteciera esa incorporación. En caso de interpretarse de diverso modo se impondría a la sociedad constituida con posterioridad la obligación de registrar un vínculo en fecha anterior incluso a su ´nacimiento´como persona jurídica. Tal como acontece en los casos de transferencia de establecimiento, la cesionaria o adquirente no tiene la obligación de registrar el contrato en una fecha distinta a la que se produjo la incorporación del personal o la adquisición del establecimiento (conf. args. arts. 228 y 229 LCT) sino sólo la de reconocerle los derechos derivados de la antigüedad adquirida en la cedente o transmitente” (Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo, sala II – Giussani, Jorge Guillermo c. ACS Actividades de Construcción y Servicios S.A. y otros s/despido – 06/02/2013 – La Ley Online – AR/JUR/4434/2013). La solidaridad emanada de la norma no admite distingos temporales, y la demandada ha sido condenada a reconocer la antigüedad del actor basada en un principio protectorio del derecho del trabajador a los fines de no fragmentar su antigüedad; se ha dicho también al respecto:”Cabe condenar solidariamente al pago de una indemnización por despido a aquellas sociedades para las cuales el actor prestó tareas de manera indistinta, toda vez que las mismas se encuentran bajo una dirección, control o administración unificada, configurando un conjunto económico en los términos del art. 31 de la ley de contrato de trabajo (t.o. DT, 1976-238), solidaridad que por su amplitud, no admite distingos temporales de cada una de las sociedades frente a las obligaciones contraídas con los trabajadores y con los organismos de seguridad social.” (Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo, sala IX Mascarell, César L. c. Heptagro S.A. y otros – 30/12/2003 Publicado en: DT 2004 (agosto), 1079 Cita online:AR/JUR/6004/2003).

Sin perjuicio que Alberto Tobal S.A. deberá asumir esta condena ello no quita a que pueda repetir la deuda que no generó su sociedad de aquella sociedad que la originó, pero sin dejar de advertir que estas sociedades integran un conjunto económico y en su universalidad es visto como una empresa familiar frente al trabajador; la doctrina ha dicho lo siguiente: “. toda obligación contraída solidariamente respecto de los acreedores se divide entre los deudores, los cuales entre sí no están obligados sino a su parte y porción (ver art. 716 del Cód. Civ.), lo cual refuerza desde esta perspectiva que el deudor vicario podrá repetir del principal la totalidad de lo abonado en virtud de una deuda que no le es propia.” (La responsabilidad solidaria de los integrantes de los grupos económicos, Revista de Derecho Laboral, Rubinzal Culzoni, N° 2.001-1, pág. 359 y ss.), con lo cual el perjuicio en referencia a una deuda generada antes de su constitución no conforma una gravedad que afecte algún derecho de la sociedad demandada. Por lo dicho este agravio también debe ser rechazado.

Octavo Agravio demandado: En cuanto al criterio de imposición de costas debo decir que si bien es cierto que el actor demandó por un salario de $ 35.441,70, prosperó un ingreso del trabajador de $ 21.169,00 representando un 59,73% del reclamo del actor, es decir, que ha superado en más del 50% por cada rubro reclamado en función del cálculo realizado en cada rubro como lo exige el art. 65 del C.Pr. Pero cabe hacer una excepción a lo dicho en el rubro “indemnización por antigüedad”, en el que sí le asiste razón al recurrente ya que ese específico rubro conforme a lo peticionado en la demanda prosperó en menos del 50%, por lo cual de acuerdo a lo prescripto por el art. 65 segunda parte del C.Pr.las costas de ese rubro corresponderán al actor en la medida de su rechazo, es decir, un 24,80% para el demandado y un 75,20% para el actor, debiéndose modificar el fallo en este punto.

En cuanto los rubros rechazados en su totalidad cabrá imponer las costas al actor vencido, tal como lo hizo el aquo. Por lo tanto cabe imponer las costas por los rubros admitidos en mas del 50% al demandado. Siendo ello así cabe acoger parcialmente el agravio del demandado debiéndose modificar la imposición de costas de Primera Instancia solo respecto del rubro indemnización por antigüedad en que se imponen en un 24,80% para el demandado y un 75,20% para el actor.

Liquidación final:

Salarios impagos mes de diciembre 2011 $ 10.000.

Meses enero 2012 $ 21.169 y febrero 2012 $ 21.169: $ 42.338.

Dos días de marzo 2012: $ 789,55.

Indemnización por antigüedad: $ 228.405,50.

Indemnización sustitutiva del preaviso: $ 21.169 x 2: $ 42.338.

Vacaciones año 2011 y proporcionales año 2012: $ 31.330,12.

Sac 2011: $ 4.719.

Sac proporcional 2012: $ 3.518,16.

Sac s/ preaviso: $ 3.528,16.

Integración del mes de despido: fecha del distracto 2/03/2012: divido sueldo $ 21.169 x 31 x 29= $ 19.803,25.

Sac s/ integración del mes de despido: $ 1.650,27.

Subtotal: $ 384.891,85.

Multas:

Art. 15 ley 24013: una suma igual a la antigüedad, preaviso e integración del mes de despido: $ 228.405,50 + $ 42.338 + $ 19.803,25 = $ 290.546,75.

Art. 2 ley 25.323: 50% preaviso, integ. mes de despido y indem x antigüedad: $ 80.000.

Multa art. 80 LCT: 3 veces la mejor remuneración $ 21.169 x 3 = $ 63.507.

Subtotal de multas: $ 434.053,75.

TOTAL A INDEMNIZAR: $ 818.945,60.

Costas de Alzada: En cuanto a las costas de Segunda Instancia cabrá imponerlas en la misma proporción y por rubro, tal como han sido impuestas para Primera Instancia. Este es mi voto.

El Dr.Horacio Alberto COSTANTINO, sorteado para emitir el segundo voto, dijo:

1. Al promover esta demanda laboral, Claudio Darío Calvo dijo que mientras cursaba estudios en la Facultad de Veterinaria comenzó a trabajar para una sociedad denominada “Juan Tobal e Hijos S.A.”, que se dedicaba a la explotación agropecuaria y era integrada por el abuelo, el tío y el padre de su esposa (María Gabriela Tobal), y que continuó haciéndolo full time como encargado general de hacienda una vez recibido. Añadió que la sociedad se separó en el año 1999, pero que siguió trabajando para su suegro, que operaba bajo la razón social “Alberto Tobal S.A.” y “El Tilo S.A.”. Su tarea consistía en la compra de tropas de invernada, inseminación artificial, compra de insumos, venta de hacienda y las demás tareas relacionadas con el ganado vacuno, incluso después que en el año 2006 su suegro -que explotaba varios establecimientos rurales- construyera un feed lot. Su prestigio y experiencia le permitieron desarrollar labores académicas en la Facultad de Veterinaria local. Luego de 25 años de trabajar full time la infidelidad de su esposa provocó la ruptura matrimonial. Aunque su su egro le manifestó que el problema matrimonial no debería afectar la relación laboral, le cambió la totalidad de los candados impidiendo su acceso a los establecimientos donde trabajaba. Pidió entonces que se aclare su situación laboral, pero su suegro negó su existencia. Entonces se consideró injuriado y despedido (fs. 49/65v.).

“Alberto Tobal S.A.” pidió que se rechace la demanda, con costas. Negó la relación laboral y dijo que por haber contraído matrimonio con María Gabriela Tobal -hija de los únicos socios de la sociedad- Calvo fue facultado para realizar una serie de operaciones relacionadas con la producción ganadera, pero en realidad se desempeñaba como trabajador autónomo y se dedicó a la docencia. Como empresario agropecuario se encontraba debidamente inscripto ante la AFIP, SENASA y la Dirección de Ganadería.Explicó que no tiene vinculación societaria con “Juan Tobal e Hijos S.A.” (que a partir de 2009 comenzó a denominarse “El Tilo S.A.”) y que no hubo entre las sociedades tranferencia de establecimiento o cesión del personal. Remarcó que a raíz de la relación parental solo existió con el actor una relación de confianza en cuyo marco se le concedió un poder especial para realizar trámites en ausencia de su representante legal (fs. 105/126, 127 y 129).

2. EL juez hizo lugar parcialmente a la demanda y condenó a “Alberto Tobal S.A.” a pagar al actor la suma de $ 668.227,17, con más intereses (fs. 855/873). Sus principales conclusiones fueron las siguientes: a) que resultaba aplicable la ley 26.727 y eran de aplicación supletoria las disposiciones establecidas por las leyes 24.013, 25.013, 25.323 y 25.345 o las que en el futuro las reemplazaren; b) que las sociedades involucradas (“Juan Tobal e Hijos S.A.”, “El Tilo S.A.” y la demandada, integraban un conjunto económico; c) que Calvo se desempeñó dentro de la estructura empresaria de la familia Tobal aportando su trabajo personal y su capacidad profesional como médico veterinario en el marco de una única relación laboral; d) que las empresas del grupo eran solidariamente responsables por las obligaciones laborales contraídas con el actor.

Apelaron ambas partes.La actora cuestiona la ley aplicada, la procedencia del reclamo, su cuantía y la liquidación practicada.

La demandada, por su parte, se agravia de la falta de consideración de las defensas opuestas, del análisis de la prueba producida y de “las presunciones desfavorables contra el reclamo retroactivo del actor”. Específicamente, se agravia porque el juez tuvo por acreditada la existencia de la relación laboral; consideró que existía entre “Juan Tobal e Hijos S.A.”, “El Tilo S.A.” y “Alberto Tobal S.A.” un grupo económico y extendió la responsabilidad laboral a la sociedad demandada; la condenó solidariamente a pagar rubros que no corresponden dada la inexistencia de la relación laboral; del monto de la condena; y le aplicaron costas.

3. Como se ha dicho en el punto anterior, la demandada expresa que el juez no consideró las defensas opuestas ni la prueba que avala la contestación de la demanda ni las presunciones desfavorables contra “el reclamo retroactivo del actor”. Reafirma que Calvo trabajaba como Veterinario, docente y productor agropecuario autónomo. Básicamente, se agravia de que el juez haya tenido por probada la existencia de la relación laboral y sostiene, con razón, que el a quo debió tratar como cuestión inicial la existencia o inexistencia de una relación laboral entre Calvo y Alberto Tobal S.A.

Por consiguiente, debemos preguntarnos, en primer lugar, si Calvo prestó servicios para Alberto Tobal S.A. y si lo hizo en relación de dependencia en el ámbito de un contrato de trabajo.

4.A tales efectos, es conveniente repasar los elementos de juicio que el juez tuvo en cuenta para arribar a sus conclusiones, es decir, las pruebas por las que tuvo por acreditada la existencia de la relación laboral.

Según el a quo, los testigos propuestos por el accionante coinciden en que primero desarrolló tareas a favor de “Juan Tobal e hijos S.A.” y luego los prestó para “Alberto Tobal S.A.”.

Al evaluar los testimonios el juez señaló lo siguiente:

* Que Bartolomé, que trabajó en SENASA desde 1987 hasta 2011, dijo que Calvo trabajó en las empresas de Tobal y recordó que en alguna oportunidad lo acompañó personalmente a realizar un muestreo para la Comunidad Económica Europea, lo recibió en el campo que explotaba la empresa de Tobal y firmó como responsable del establecimiento.

* Que Corti manifestó que Calvo trabajó con Tobal hasta que se separó de la hija y que éste le manifestó que atendía el feed lot; que el actor retiraba mercaderías de varios comercios, que compraba hacienda para la demandada y que junto con Alberto y Fernando, hijo del anterior, sacaba guías de hacienda para la empresa.

* Que Paoli, por haberle entregado hacienda a capitalizar, sabía que el actor trabajó para “Alberto Tobal S.A.”, y que si tenía algún problema sanitario relacionado con la hacienda se dirigía a él de acuerdo a las instrucciones que le dieron Eduardo y Alberto Tobal, porque era el encargado de la sanidad. También dijo que al venderse hacienda capitalizada, Calvo solía ir a pesar a la balanza pública de Caleufú y que estuvo presente en el momento en el que le daba órdenes a algún encargado o peón de la empresa para que cambiara hacienda de parcela.Además, en una oportunidad en que ofreció a Tobal 300 vaquillonas para la venta, le dijo que se dirigiera a Calvo.

* Que Cravero expresó que desde 1990 conoce a Calvo y ya desde entonces trabajaba para “Juan Tobal e Hijos S.A.” y tenía a su cargo compras, ventas, trabajos de campo y el cuidado y sanidad de la hacienda. También que en algunos viajes revisaban campos, hacían las tropas de hacienda, marcas, etc., y mandaba a los empleados a realizar tareas y encerrar hacienda, todo lo cual lo siguió haciendo para “Alberto Tobal S.A.”.

* Que Lamberti, amigo del actor, afirmó que desde que se recibió trabajó siempre en la empresa familiar. Que dijo conocer el feed lot y que lo visitó en varias oportunidades con Calvo, quien manejaba el emprendimiento y llevaba habitualmente estudiantes de veterinaria. Que además, manifestó que el actor realizaba operaciones de compra y venta de hacienda para la empresa.

* Que Fernández declaró que Calvo trabajó con “Juan Tobal e Hijos S.A.” y “Alberto Tobal S.A.” y que lo sabía por haber sido proveedor de la empresa. Agregó que Alberto Tobal le manifestó que Calvo era muy eficiente y que era una suerte tenerlo trabajando en la empresa.

* Que Engraff dijo haber sido comisionista de hacienda y que vendió unas 15 o 20 jaulas a “Alberto Tobal S.A.” negociando en todos los casos con Calvo, que estaba como empleado de la empresa y revisaba y hacía los reclamos respecto de la calidad o peso de los animales. También que visitó el feed lot de la empresa y que era Calvo quien estaba a cargo del manejo operativo del mismo.

Al continuar su análisis el a quo siguió diciendo:

* Que en el marco de la investigación penal del delito de amenazas atribuído a Calvo, la psicóloga de la oficina forense informó que María Gabriela Tobal le manifestó que el actor se integró rápidamente como veterinario a la empresa de su padre.Es notorio que el análisis pasó por alto que estaba frente a una evaluación psicológica y en todo caso el impedimento fijado por el art. 407 del Código Procesal.

* Que los testigos propuestos por la demandada no le brindaban demasiada confianza y eran bastante contradictorios, para concluir afirmando que los que favorecen a la posición del actor son de un peso muchísimo mayor que los que no lo hacen.

* Que Cabello dijo que algunas veces vio a Calvo en el feed lot de Tobal, que alguna vez llevó hacienda -no mucha- y que desconocía la función que tenía Calvo, quien en alguna oportunidad le alcanzó guías para llevar hacienda que salía de dicho emprendimiento.

* Que Ramírez -empleado de la demandada que se desempeñaba en el feed lot- trató de hacer aparecer al actor como independiente pero luego de distintas preguntas terminó afirmando que era el encargado, daba instrucciones al personal, organizaba las vacunaciones, desparasitaciones y demás trabajos de hacienda, hacía los reclamos a los proveedores y en general, respondía a las necesidades del personal llevándole mercaderías para su consumo, ropa y materiales; además, supervisaba las tareas de construcción.A continuación el juez destacó que el testigo declaró mientras era empleado de Tobal, y que inmediatamente después de declarar en contra de los intereses de su empleador se originó un conflicto que terminó con su despido y un juicio laboral contra “Alberto Tobal S.A.”.

* Que Schmith declaró que a pesar de ir seguido al feed lot no ha visto a Calvo en él, que sólo alguna vez lo encontró en un asado y que no sabía si trabajó para la demandada.

* Que Ortiz dijo que Calvo era el veterinario de “Juan Tobal e Hijos S.A.” y que andaba con la hacienda y las herramientas.

* Que Cora incurrió en graves contradicciones y fue denunciado por falso testimonio por su declaración brindada en este expediente, habiendo obtenido la suspensión del juicio a prueba.

El a quo también se refirió a la prueba documental e informativa. Sostuvo que en los dos talonarios de facturas reservados existen facturas mensuales y consecutivas, a razón de una por mes y por sumas iguales todos los meses, hechas a “Juan Tobal e Hijos S.A” entre diciembre de 1998 y enero de 2003 y desde julio de 2007 a junio de 2008. Les restó importancia probatoria porque las facturas mensuales iguales y consecutivas realizadas a favor de un único cliente durante un período más o menos prolongado esconde una relación laboral entre las partes.

En cuanto a la prueba informativa el a quo sostuvo: a) que según el informe de Daniel Ernesto Pechin (fs. 253) Calvo realizaba compras con una autorización que se agregaba a la factura, aunque apunta que el informe fue impugnado; b) que Sivet S.H.informó que Calvo compraba medicamentos para la empresa y los pagos se hacían desde el escritorio de “Tobal S.A.”, pero que el informe también fue impugnado; c) que en los casos anteriores se aportó el resumen de cuenta de “Alberto Tobal S.A.”, pero no se indicaron los documentos de los que surgía la información sobre la intervención del actor); d) que de acuerdo al informe del médico veterinario Civit, recién a partir de marzo de 2012 -cuando Calvo abandonó la empresa demandada- su facturación subió de manera abrupta (de $ 1.000 mensuales a más de $ 7.000), lo que le permitió inferir que antes la tarea la realizaba otro veterinario, que supuso era Calvo.

Por otro lado, al referirse a la procedencia y cuantía del reclamo, el a quo acordó suma importancia a la supuesta liquidación de haberes de que darían cuenta los manuscritos agregados a fs. 72 y 73, a los que calificó “en cierta medida” de prueba “contundente” (fs. 867).

En definitiva, las conclusiones del a quo fueron las siguientes: Calvo estaba autorizado mediante poder especial a realizar gestiones relacionadas con la explotación agropecuaria de la demandada (fs. 861); según los testigos ofrecidos por el accionante (Bartolomé, Corti, Paoli, Cravero, Lamberti, Fernández, Enfraff) Calvo tenía una función muy importante dentro de las empresas de la familia Tobal, aunque los testigos ofrecidos por el accionante no pudieron diferenciarlas bien (fs. 862); Calvo estaba autorizado a obtener guías y realizar trámites relativos a la hacienda de la empresa (fs. 862); Calvo prestó servicios para “Juan Tobal e Hijos S.A.” y para “Alberto Tobal S.A.”, y Alberto Tobal dirigía las empresas y aquél llevaba adelante sus actividades con autorización de éste (fs. 864 v.); Calvo se desempeñó dentro de la estructura empresaria de la familia Tobal aportando su trabajo personal y su capacidad profesional como médico veterinario para el desarrollo de un emprendimiento ajeno (fs.865 v.).

El juez también tuvo por acreditado que Calvo desempeñaba tareas en la Universidad Nacional de La Pampa y que esa circunstancia no sólo no fue negada por él, sino que fue denunciada en la demanda. Además, tuvo por probado que desde 2003 a 2008 -según el informe de la Dirección General de Agricultura y Ganadería de fs. 545- Calvo estuvo inscripto en el registro de marcas y realizó negocios con hacienda a nombre propio. No obstante, luego de hacer hincapié en que la exclusividad no es una nota característica del contrato de trabajo, sostuvo que no habría impedimento alguno para que el actor, además de prestar servicios de manera contínua para un empleador, tuviera actividades académicas o productivas, sobre todo porque en el caso, tales actividades “extras” son perfectamente complementarias de las que dice haber cumplido para la demandada (que pueden llevarse a cabo de múltiples maneras: órdenes verbales, telefónicas, controles semanales, delegación, etc.). Por ello, a su criterio, correspondía a la demandada explicar y probar a qué se debían las actividades que Calvo dice haber realizado para “Juan Tobal e hijos S.A.” y “Alberto Tobal S.A.” (fs. 860 v.).

5. Conviene a esta altura hacer un paréntesis para recordar que “el hecho de la prestación de servicios hace presumir la existencia de un contrato de trabajo, salvo que por las circunstancias, las relaciones o causas que lo motiven se demostrase lo contrario” (art. 23 LCT).

El contrato de trabajo tiene como eje la relación de dependencia y por ello es central establecer cuándo puede afirmarse que la prestación de servicios se ha desarrollado en relación de dependencia.

Para algunos, como Vázquez Vialard y Justo López, la presunción opera cuando el trabajador prueba que los servicios prestados lo fueron en relación de dependencia.Pero de acuerdo al criterio amplio mayoritariamente aceptado, la sola demostración de la existencia de la prestación de servicios para otro hace presumir la existencia del contrato de trabajo (ver, entre otros, Ojeda, “Ley de contrato de Trabajo .”, T. I, p. 284, Grisolía, “Tratado de Derecho del Trabajo”, T. I, p. 406).

La presunción es juris tantum, por lo que admite prueba en contrario (Ojeda, ob y T. cit., p. 285; Grisolía, ob. y T. cit., p. 407). Pero la carga probatoria se invierte, de manera que cuando la presunción opera recae sobre el empleador la carga de acreditar que esos servicios personales no tienen su razón de ser en un contrato de trabajo (ver, entre muchos otros, Grisolía, Tratado de Derecho del Trabajo, T. I, p. 406).

En cuanto a la dependencia, en general se acepta que se manifiesta en los planos jurídico, económico y técnico (Ojeda, ob y T. cit., p. 250).

Tanto la doctrina como la jurisprudencia se han encargado de conceptualizar la dependencia jurídica. Así se ha dicho, por ejemplo que la dependencia jurídica existe cuando se incorpora al trabajador a una organización jerarquizada, “. con subordinación al orden establecido, quedando excluída, en principio, la posibilidad de disponer sobre lugar y tiempo de trabajo y modalidades de ejecución, quedando en cabeza del empleador la facultad de dirigir y controlar la prestación” (Ackerman Tosca, “Tratado de Derecho del Trabajo, T. I, Teoría General .”, p. 161, citando a calificada doctrina). La jurisprudencia ha entendido, en tal sentido, “que la habitualidad y permanencia dan la pauta de la subordinación jurídica encuadrable en el Derecho Laboral, como también lo hace la incorporación personal del dependiente a la mecánica de la empresa mediante la utilización de la fuerza de trabajo en el tiempo de trabajo que se halla a su disposición” (CNAT, sala I, cit. en ob. y t. cit., p. 162).

6.Vale la pena recordar los conceptos que desarrolló el juez al aludir a la relación familiar existente entre Calvo y la familia Tobal. A ellos puede ahora agregarse que esa relación se resquebrajó abruptamente a raíz de un grave conflicto suscitado entre el actor y la hija de los titulares de la demandada. Los hechos desembocaron en un sonado juicio de divorcio que no hace mucho fue resuelto por esta Cámara.

Al respecto, citando a Rodríguez Mancini, el juez puntualizó que el “trabajo familiar” es uno de aquéllos en los cuales los servicios “se prestan con una finalidad que no es la propia del contrato de trabajo”, de modo que “quien realiza la actividad no puede ser considerado trabajador”. Añadió que los servicios excluídos del ámbito laboral “se brindan en virtud del espíritu de colaboración, el afecto y la solidaridad entre los miembros de la familia”.

No obstante, sostuvo que en el caso bajo análisis se da una situación no habitual: una “relación familiar mezclada en el ámbito del trabajo”. El sentenciante no motiva esta afirmación y a pesar de que sostiene que “no pueden aplicarse al caso una serie de presunciones que podrían darse en el marco de una relación que no tuviera vínculos familiares como raíz” y de afirmar que “tampoco puede presumirse que exista un contrato de trabajo por el sólo hecho de la prestación de servicios”, debido a que “la existencia de una relación de parentesco entre trabajador y empleador, configura una de las circunstancias que hacen caer la presunción de existencia de contrato de trabajo”, llegó a una contradictoria conclusión.

En efecto, “en función de la valoración de la prueba aportada”, consideró que Calvo “se desempeñó dentro de la estructura empresaria de la familia Tobal aportando su trabajo personal y su capacidad profesional (como médico veterinario)” y tuvo por probado el carácter laboral de la relación (fs.865 v.). Para ello tuvo en cuenta que no se acreditó que el actor tuviera acciones en las sociedades familiares ni que participara en sus ganancias o fuera partícipe de un patrimonio común familiar, y por probado que recibía un pago mensual por sus servicios (fs. 865).

7. Puede aceptarse que los elementos de juicio que tuvo en cuenta el sentenciante demuestran que Calvo prestó servicios para la demandada. No obstante que dicha circunstancia pone en marcha la presunción establecida por el art. 23 LCT, las pruebas reunidas no confirman que entre las partes existió un contrato de trabajo ni la existencia de una prestación de servicios en relación de dependencia. Por el contrario, lo desmienten.

Mediante el instrumento cuya copia obra a fs. 4/6, Alberto Juan Tobal otorgó, por “Alberto Tobal S.A.”, poder especial a favor de Claudio Darío Calvo y Alberto Fernando Tobal para que actuando en nombre y representación de la citada sociedad, en forma conjunta o separadamente, soliciten les sean extendidas guías de campaña y/o certificados de venta de ganado mayor y/o menor relacionadas con las marcas y/o señales que la otorgante tiene registradas a su nombre o se registren en el futuro, con destino a la venta y/o traslado de ganado a pastoreo o de hacienda que se encuentre afectada con contratos de capitalización en diferentes campos de terceros propietarios, autorizándolos a que se presenten ante las distintas autoridades competentes y completen y firmen la respectiva documentación y realicen los trámites, gestiones y diligencias que fueren menester a los fines indicados.

Como se aprecia, las facultades otorgadas a los apoderados estaban limitadas a solicitar guías de campaña y/o certificados de venta de ganado mayor y/o menor destinados a la venta y/o traslado de ganado a pastoreo o de hacienda afectada a contratos de capitalización.Queda rápidamente en evidencia que se trata de trámites que lejos están de configurar actividades dirigidas a la obtención de frutos o productos primarios a través de tareas pecuarias, agrícolas, forestales, hortícolas, avícolas, apícolas u otras semejantes en ámbitos rurales (arts. 5 y 11 RTA). Por otra parte, el contrato de trabajo agrario tiene como objeto la realización de actos, ejecución de obras o prestación de servicios en el ámbito rural (arts. 6 y 11 RTA), mientras que los trámites y gestiones para los que fue facultado el actor se realizan en otros ámbitos. En suma, el poder especial está más cerc a de la autorización para realizar gestiones administrativas que esgrimiera la demandada que del contrato de trabajo invocado por el actor.

Es cierto que una primera mirada sobre los testimonios recibidos confirma que Calvo prestó servicios para la demandada. Pero un repaso más profundo pone en evidencia las limitaciones de las versiones testimoniales.

En efecto, es innegable que aquéllos a los que el juez atribuyó un peso muchísimo mayor y que favorecen la posición del actor, aportan una suma de generalizaciones que evidencian una notoria escasez de precisiones.

Así, por ejemplo, los testigos no dieron datos precisos acerca de la fecha en que el actor había comenzado a trabajar para las empresas de la familia Tobal. Además, ninguno lo vio trabajar como “tractorero” y no aportaron datos lo suficientemente concretos acerca de la provisión de “agroquímicos e insumos a contratistas y empleados” , ni sobre los”muchos otros trabajos” que habría realizado a las órdenes de la sociedad familiar “Juan Tobal e hijos S.A.” desde el año 1985, como afirmara la actora en la demanda (fs. 50).

Bartolomé (fs.284/286) dijo que conoció a Calvo como estudiante y que desde que se convirtió en esposo de la hija de Tobal “siempre” lo ha “relacionado en actividades tipo familiares” y a “todas las empresas de actividad ganadera”. Es significativo que no supiera quien le daba las órdenes al actor, y no debe sorprender que en una oportunidad lo recibiera en un establecimiento de la demandada y firmara -según su estimación- como autorizado o apoderado, porque en realidad lo era.

Corti manifestó que le comprendían las generales de la ley por ser su esposa hermana de Tobal y debido a un pleito familiar. Dijo que en reuniones familiares era habitual hablar del trabajo y que a Calvo siempre lo tuvo “por veterinario, hacía ese trabajo y apartar hacienda” ; añadió que lo encontró haciendo trámites en SENASA y retirando insumos, pero dijo no saber si era encargado (fs. 287/291).

Paoli (fs. 293/296), de profesión ganadero, dijo que Calvo trabajaba para la firma demandada y que se dirigía a él cuando tenía un problema sanitario, porque creía que era el veterinario de la firma. Tampoco puede llamar la atención -dado el poder que le habían otorgado y la íntima relación familiar- que fuera a controlar el peso de hacienda capitalizada o a sacar guías para la firma.

Cravero (fs. 298/301), de profesión comerciante, dijo conocer al actor desde el año “90” por haber trabajado en el mismo edificio. Afirmó que Calvo estaba a cargo de todo: compra y venta de hacienda, trabajo de campos, cuidado y sanidad de los animales, y también daba órdenes a los empleados, lo cual debe relativizarse dada la cercana relación que tuvo con el actor.

Los testigos Lamberti y Engraff también relacionaron a Calvo con la compra y venta de hacienda. El primero, que dijo ser su amigo, lo vinculó al manejo del feed lot de la demandada.Añadió que la sociedad realizó un convenio con la Universidad por el que Calvo llevaba estudiantes al feed lot.

El testimonio de Ramírez -que mereció un análisis detenido por parte del sentenciante- es notoriamente favorable a Calvo. Como luego de dar su testimonio el testigo inició un proceso contra la demandada, el juez conjeturó que el conflicto pudo ser producto de que Ramirez declaró contra los intereses de la demandada. Sin embargo, no explica porqué descartó la hipótesis contraria, es decir, que el conflicto era preexistente y por ello derivó en una versión tan favorable al actor.

A esta altura, es necesario puntualizar que los testimonios que muestran la clara intención de favorecer al actor, no contribuyen a la aplicación del principio sentado por el art. 9, segunda parte, LCT, pues la norma tiene por objetivo “brindar una solución aceptable para los casos de duda insalvable respecto de la veracidad de las afirmaciones de las partes”, y de ningún modo “el de afectar las reglas procesales básicas que regulan la carga de la prueba y el principio de congruencia, que es corolario directo de la garantía de defensa en juicio, .” (Ojeda, “Ley de Contrato de Trabajo .”, T. I, p. 119).

Desde ya que el convenio de “Alberto Tobal S.A.” con la Universidad, por el cual Calvo llevaba estudiantes al feed lot para realizar prácticas, no es prueba de la supuesta relación laboral entre el actor y la demandada. El mismo se celebró entre la Universidad Nacional de La Pampa, representada por el Decano de la Facultad de Ciencias Veterinarias y “Alberto Tobal S.A.”, y aunque prevé la designación de un tutor académico, no hace referencia a la supuesta participación de Calvo. En todo caso, si el actor acercó a las partes, lo hizo en su carácter de docente universitario (certificado de fs.71). Este documento, que así lo prueba, no es válido para acreditar su carácter de “encargado de los establecimientos agropecuarios” de la demandada, aunque sea razonable suponer que pudo haber acercado a las partes gracias a su vínculo familiar con los integrantes de “Alberto Tobal S.A.”.

Otra prueba que a mi juicio tiene particular significación es el contrato de hotelería agregado a fs. 95/95 v. Se celebró el dos de julio de 2008 entre Alberto Juan Tobal, como propietario del feed lot de la sociedad situado en el establecimiento “La Isleta”, y Calvo, como propietario de la hacienda. Tobal se comprometió a proveer los servicios complementarios para poder lograr el engorde de la hacienda, particularmente a la recepción y almacenado de los componentes de las raciones, su preparación y su transporte hasta los comederos, a la provisión de agua, traslado de rollos y mantenimiento de su provisión, a la recorrida diaria de la hacienda, a llevar a cabo vacunaciones preventivas (con provisión de vacunas), traslados internos de animales, colaboración para apartarlos y marcado de los mismos con las marcas provistas por el propietario de la hacienda, carga de los mismos para despacho final, provisión de maquinarias, combustibles y operarios para los trabajos antes descriptos (cláusula tercera), más la provisión del cereal y demás componentes de la ración en tiempo y forma, como así también a afrontar aquéllos gastos que eventualmente pudieran surgir como consecuencia del cuidado de los animales (cláusula cuarta).

Es muy significativo que el propietario de la hacienda se haya comprometido a hacerse “cargo de la vigilancia de la hacienda, seguridad, control, sanidad, transportes, daños a terceros, seguros necesarios, etc, quedando facultado para visitar su hacienda cuando lo considere necesario. como así mismo proveer su personal para las tareas descriptas .” (cláusula quinta), pues el ejercicio de tales atribuciones bien pudieron dejar en los testigos la imagen de que estaban frente al encargado del feed lot.Claro está que lo dicho no es incompatible con el cuidado que el actor haya podido brindar a la hacienda de la demandada en su calidad de veterinario, pero las tareas que pudo haber desarrollado como tal no prueban por sí mismas la prestación de servicios en relación de dependencia.

Párrafo aparte merece la documental obrante a fs. 72 y 73 (que es la misma agregada en fotocopia a fs. 43 y 44). El juez la calificó de prueba contundente. Dice que Alberto Tobal “escribió sobre una planilla que imputaba un importe al sueldo del mes de diciembre de 2.011 y no puede decirse que la misma no tiene ninguna vinculación con el caso”. Más adelante sostuvo que se trata de una liquidación del mes de diciembre de 2011 y se indica que el importe corresponde al “sueldo con aumento 25 %”, descontándose al final dos cantidades mediante “operaciones realizadas de puño y letra del Sr. Alberto Tobal”.

El juez argumentó que no encontró “una explicación lógica al documento -y tampoco fue dada por la demandada- que no se vincule con la liquidación del sueldo mensual del actor”. A mi entender no se trata de encontrar explicaciones, sino de juzgar si el manuscrito es o no efectivamente un recibo que prueba el pago que la demandada habría hecho de los haberes de Calvo.

En ese terreno, es visible que las liquidaciones son absolutamente informales y que ni siquiera mencionan a Calvo. Vale aquí recordar que la demandada negó categóricamente “que la documentación que refieren los anexos 19, 20, 21 y 22 hayan provenido de Alberto Tobal S.A. y que de algún modo refieran a salarios y/o remuneración laboral del actor .” (fs. 115/115 v.). La afirmación que hizo a continuación el juez de que la liquidación de fs.73 realizada por la hija de Alberto Tobal “vuelve a establecer el sueldo de Calvo” es francamente infundada, lo cual es particularmente grave y trascendente teniendo en cuenta que el juez tuvo por cierto que Calvo cobraba el sueldo consignado en los manuscritos.

Los informes de fs. 253 y 262 no acreditan la intervención del actor en la compra de mercaderías por orden de la demanda, pues carecen de apoyatura documental (fs. 308 y 323). La informativa no es resultado de documentos que la avalen y el juez no explica razonadamente porqué del último le sirve para inferir una relación de trabajo y no la prestación de servicios profesionales como veterinario.

Por otra parte, la conclusión de que la facturación de servicios veterinarios por parte de Juan Civit prueba que la demandada debió acudir a otro profesional luego del alejamiento de Calvo, puede valer para acreditar su desempeño profesional para la empresa, pero no que estaba vinculado a sus suegros en el marco de una relación de dependencia.

El juez afirmó además que los talonarios de facturas por honorarios y asesoramiento técnico siempre a nombre de “Juan Tobal e Hijos S.A. “es una muestra más del entramado societario familiar en el cual se desarrolló la relación laboral” (fs. 865 v.). Añado que el análisis integral de la referida facturación y la documental antes aludida, aleja la hipótesis de que Calvo cumplía servicios para la demandada en el contexto de un contrato de trabajo, y menos que lo hacía full time cuando él mismo ad mitió que ejercía la docencia en la facultad de Veterinaria de la Universidad Nacional de La Pampa.

El juez no está obligado a valorar todas las pruebas, sino solo las conducentes y útiles para deslindar la realidad de los hechos y cuestiones planteadas.En ese camino, el mérito de aquellas que llevaron al a quo a la conclusión de que existió un vínculo laboral entre el actor y la demandada, me convence de todo lo contrario y me exime del tratamiento de los restantes agravios sometidos a consideración.

8. Voto, en consecuencia, para que se rechace el recurso de la actora y se haga lugar al de la demandada. En consecuencia, debe revocarse la sentencia dictada y rechazarse la demanda, con costas a la actora. Los honorarios deberían adecuarse a esta decisión.

Ante las disidencias que anteceden y conforme a lo establecido por el art. 51 L.O.P.J. y Acuerdo Nº 25, se pasan las actuaciones al Dr. Mariano Carlos MARTÍN, quien dijo:

1. Discrepan mis colegas en torno a la existencia de la relación laboral pronunciada en el fallo apelado. Así, mientras el Dr. Rodríguez propone ratificar lo decidido en primera instancia en relación a ese aspecto controversial, el Dr. Costantino sugiere la revocación de la sentencia, pues considera que no ha existido vínculo laboral entre el actor y la sociedad demandada, y consecuentemente, propicia el rechazo de la demanda instaurada.

2. Anticipo que, por sus fundamentos, he de adherir íntegramente al voto que emitiera el Dr. Rodríguez. Solamente, como argumento corroborante de la decisión a la que suscribiré, estimo propicio añadir y destacar las siguientes breves consideraciones.

Más allá de su respetable convencimiento, debo decir que, en términos generales, discrepo con la valoración probatoria que el Dr. Costantino plasmara en su voto. Es que, luego de un análisis integral al amparo de las reglas que gobiernan la sana crítica, en mi opinión, el balance probatorio se inclina en favor de la existencia de la relación laboral invocada por el actor en su escrito constitutivo, tal como fuera acertadamente expuesto por el juez de primera instancia y en el voto del Dr.Rodríguez, al cual adhiero.

En este punto entiendo adecuado señalar que, entre las distintas probanzas colectadas y a los fines del esclarecimiento de la contienda, la prueba testimonial rendida ostenta la relevancia acreditativa asignada en la instancia de grado. A su vez, en el terreno de ese medio probatorio, emerge con suma notoriedad la descriptiva declaración de Ignacio Ramón Ramírez (fs. 692/700), habida cuenta que dicho testigo declaró de modo contrario a los intereses de su oferente y empleador al momento de prestar testimonio, Alberto Tobal S.A., con la significación que desde luego detenta ese singular suceso procesal.

En efecto, con sustento en una directa y personal intervención en diversos aspectos del vínculo que uniera a los litigantes, puede enunciarse que Ramírez -quien dijo desempeñarse laboralmente en un feed lot de propiedad de la accionada situado en el establecimiento rural denominado “La Isleta”- testimonió que Calvo trasladaba a ese predio provisiones e insumos (20ma.), que fue el encargado de la sanidad de la hacienda del mencionado emprendimiento (7ma., 10ma. y 18va. rep.), que en ese carácter impartía instrucciones al testigo y al resto del personal (16ta. y 17ma. rep.), que recurría a Calvo cuando faltaba alimento balanceado o éste llegaba en malas condiciones y para entregarle la lista de mercaderías para consumo y vestimenta del personal (21ra., 24 ta., 26ta. y 29 rep.), y que el actor era quien supervisaba las labores del testigo (46ta. rep.) acudiendo casi diariamente al feed lot y sino haciéndolo telefónicamente a efectos de cumplir con las tareas de control (52da. rep.).

Todo ello, entre otras variadas actividades que según el testigo habrían sido prestadas por Calvo para el emprendimiento productivo de Alberto Tobal S.A., viene a colisionar frontalmente con la articulación defensiva planteada por la demandada con sustento en la inexistencia de un contrato de trabajo que lo vinculara con aquél.Al mismo tiempo, el extenso y descriptivo aporte testimonial de Ramírez, en diversos pasajes, se condice con cada una de las declaraciones de los distintos testigos arrimados a la causa por la parte actora.

Frente al tenor y contundencia de dicho relato, es dable señalar que, al menos de las constancias obrantes en esta causa, no se advierte que previamente al desarrollo de la audiencia testimonial existiera algún conflicto de gravedad entre el declarante (empleado) y su oferente (empleador) que llevaran al testigo a declarar del modo en que lo hizo. De todos modos, lógico es presumir que, de haber existido una real situación conflictiva, la accionada bien pudo desistir de la declaración del testigo en cuestión, mas está a la vista que no ha ejercido esa facultad.

En definitiva, más allá de la controversia doctrinaria y jurisprudencial existente en cuanto a las condiciones de operatividad de la presunción prevista en el art. 23 de la LCT y, por ende, de la adhesión a la postura sostenida por una u otra corriente interpretativa, en mi consideración, el escenario de prueba de las presentes actuaciones -minuciosa e integralmente abordado por el magistrado de primera instancia- revela que entre las partes integrantes de este juicio ha existido una relación subordinada en los términos de la LCT, a la cual vale añadir remite la ley 26.727 en su articulado.

Siendo ello así, reitero, por sus fundamentos adhiero al voto del Dr.

Rodríguez. Así voto.

En consecuencia, la CÁMARA DE APELACIONES:

RESUELVE:

I.- Hacer lugar parcialmente al recurso de apelación interpuesto por el actor a fs. 877, admitir la comisión pactada de 1,5 kg. de novillo por animal vendido e incorporarla al salario como concepto remunerativo, y en consecuencia elevar el monto de condena a la suma total de OCHOCIENTOS DIECIOCHO MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS CON SESENTA CENTAVOS ($ 818.945,60), con más los intereses fijados en primera instancia.

II.- Hacer lugar parcialmente a la apelación articulada por el demandado a fs.879 y en consecuencia, imponer las costas de primera instancia del rubro “indemnización por antigüedad” en un 24,80% al demandado y en un 75,20% al actor.

III.- Imponer las costas de Alzada de los rubros admitidos a la demandada vencida y las derivadas de los rechazados al actor, salvo las atinentes al item “indemnización por antigüedad” que se aplican en un 24,80% al demandado y en un 75,20% al actor.

IV.- Regular los honorarios de segunda instancia de los Dres. Claudia C. GUAZZARONI y Sergio A. ESCUREDO -en forma conjunta- en el 30%, y los de los Dres. Alina ACÉBAL, Leticia GONZÁLEZ, Bernabé L. SÁNCHEZ y Adrián A. SÁNCHEZ -en conjunto- en el 30%, porcentajes a calcularse sobre los estipendios fijados en los puntos III y V de la parte decisoria del fallo apelado.

V.- Disponer que en todos los casos se compute capital más intereses y se adicione el IVA si correspondiere. Protocolícese, notifíquese y oportunamente devuélvase al juzgado de origen.

Dr. Rodolfo F. RODRÍGUEZ

Juez de Cámara

Dr. Mariano C. MARTÍN

Presidente Subrogante

Dr. Horacio Alberto COSTANTINO

Juez de Cámara

Dra. María Teresa SALVATIERRA

Secretaria de Cámara Civil