El gestor procesal en el CPL santafesino

Título: El gestor procesal en el CPL santafesino

Autor: Fiorenza, Alejandro A. – Mainoldi , M. Soledad

Fecha: 29-sep-2017

Cita: MJ-DOC-12010-AR | MJD12010

Doctrina:

Por Alejandro A. Fiorenza (*) y M. Soledad Mainoldi (**)

De conformidad con lo establecido por el art. 16 del CPL, «en casos de urgencia, la personería podrá invocarse y acreditarse según lo establecido en el Código Procesal Civil y Comercial», y además «los actos de representación se entenderán convalidados mediante la ratificación personal por el representado o el otorgamiento de apoderamiento a quien lo hubiera invocado dentro del plazo que el juez determine».

En segundo lugar, se ocupa la norma antes citada, esto es el art. 16 del CPL, de un instituto procesal que suele ser mal entendido por gran parte de los operadores jurídicos y que es el del llamado «gestor procesal»; que ha sido definido por Palacio como aquel que, limitándose a invocar la representación de un tercero, o careciendo de poder suficiente, comparece en nombre de aquel para realizar uno o más actos procesales que no admiten demora, aunque con la condición de acreditar personería o de obtener la ratificación de su actuación dentro de un plazo determinado (1).

Puede asimilarse así la figura del gestor procesal a la del gestor de negocios prevista en el art. 1781 del nuevo CCivCom, conforme al cual hay gestión de negocios siempre que una persona asume oficiosamente la gestión de un negocio ajeno por un motivo razonable, sin intención de hacer una liberalidad y sin estar autorizada ni obligada convencional o legalmente. Ello así porque, en efecto, existe gestión procesal cuando el individuo que actúa en nombre del sujeto procesal lo hace sin contar con poder para ello; es decir, sin ser realmente representante de aquel -aun cuando diga lo contrario-, en tanto que no fue investido o habilitado para actuar frente a terceros en su nombre.Se trata, en suma, de un particular supuesto en el que la ley adjetiva admite que una persona actúe en nombre de otra sin estar autorizada para ello, ni convencional ni legalmente, aunque quedando supeditada la eficacia de los actos procesales realizados por el mismo a la posterior ratificación del interesado o al ulterior otorgamiento por este del respectivo apoderamiento. De ahí que pensemos nosotros que la gestión procesal, que requiere la posterior ratificación de lo actuado sin la debida personería, solo es posible en los supuestos de representación convencional, por ser esta voluntaria. Puesto que no sería lógico, por ejemplo, que un incapaz de hecho, es decir alguien que no puede ejercer actos procesales por sí mismo, como ser un menor, ratifique lo actuado en su nombre por quien no resultaba ser su representante legal. Cuanto mucho, podría admitirse también en el caso de la representación necesaria de una persona jurídica, siempre y cuando la ratificación provenga del órgano de aquella que se encuentra autorizada a tales efectos, es decir, para otorgar autorización a terceros a actuar en nombre de la misma (2).

A partir del reconocimiento expreso de esta figura, se supera ampliamente lo dispuesto por el CPCC en su art. 42 ), respecto del cual autorizadas voces han dicho que constituye un verdadero anacronismo, una anomalía en el sistema jurídico argentino, un injustificado rigorismo, que conlleva a una disvaliosa litigiosidad; especialmente al no admitirse la ratificación del mandato; lo que no se condice con la dinámica habitual de la relación profesional-cliente (3). Incluso el máximo Tribunal de la provincia ha llegado a sostener que el art. 42 del CPCC que rechaza de plano la posibilidad de ratificar los actos realizados sin poder se encuentra en franca oposición con la normativa general del Código Civil, de allí que dicha norma deba ser interpretada restrictivamente (4).

Debe quedar bien en claro, entonces, que el gestor no cuenta con poder alguno al momento de su comparendo.No es que no lo exhibe o acompaña (como en el caso regulado por el art. 42 del CPCC), sino que directamente el instrumento no existe (5). A consecuencia de ello, no existe verdadera gestión cuando el compareciente invoca un poder que en realidad posee (solo que no lo acompaña en ese momento), pero que por la urgencia se compromete a acompañarlo más adelante. Tal individuo es realmente un representante, porque cuenta con poder, solo que se encuentra pendiente su agregación a autos.

Ponemos mucho énfasis en esto porque si bien lo lógico sería que tal diferenciación entre la figura del gestor procesal y la del apoderado, que es tal aunque no acredite su carácter al comparecer, no trajera mayores problemas para los operadores jurídicos, constituye el caso de nuestra provincia una verdadera excepción a raíz de lo normado por el art. 42 del CPCC.

En definitiva lo cierto es -como bien dice Barberio- que aunque suela caracterizarse al supuesto regulado en el art. 42 del CPCC como de gestión procesal, no es ello estrictamente correcto, porque allí se autoriza a comparecer sin «exhibir» el poder, pero el postulante debe ser apoderado, no gestor; es decir, que el poder ya debe existir al momento en que se lo invoca siendo tajante la norma cuando remarca que la ratificación de los actos celebrados sin poder es inadmisible (6). En otras palabras, el poder debe existir a la fecha en que se lo invoca, y lo que dispensa (o licencia) el artículo aludido es la oportunidad de su exhibición o agregación a los autos (7). Por tanto, salvo el particular caso previsto en el art.43 del CPCC (8), quien no cuente en el fuero civil y comercial con poder otorgado el mismo día en que se lo invocó, no puede presentarse en el expediente (9).

Continuando con el análisis de la regulación que de la gestión procesal hace el artículo que ahora ocupa nuestro interés, se ha dicho que el mismo resulta aplicable indistintamente a la gestión en la persona del actor o demandado, del trabajador, empleador o entidad y puede ser utilizada desde su inicio (para demandar) como en cualquier otra etapa del proceso (10).

Por otro lado, en lo que atañe a la convalidación, dice Pastorino que tiene efectos retroactivos y puede darse, bien ratificando el interesado en forma personal y posterior lo actuado por el gestor (11); bien acompañando el correspondiente poder celebrado en fecha posterior (12). Teniendo ambos supuestos idéntico efecto saneador de los actos anteriores cumplidos sin poder (13). Algún autor ha sostenido, incluso, que la enunciación referida no es taxativa, y que por consiguiente la ratificación puede allegarse de cualquier modo en que surja indubitable la manifestación de voluntad en tal sentido. Al tiempo que otros han dicho que lo más prudente sería -a fin de evitar inconvenientes- que en el mismo poder se ratifique lo actuado con posterioridad de manera expresa.

En cuanto al plazo para convalidar los actos realizados, debemos decir que a diferencia de lo que ocurre con el art. 42 del CPCC, el art. 16 del CPL no establece un plazo máximo para la ratificación, sino que la misma se realizará dentro del plazo que el juez determine.Por tanto, el legislador no solo le otorgó al juez la facultad de fijar el término dentro del cual el justiciable deberá ratificar lo actuado y, en su caso, otorgar el apoderamiento necesario para continuar las actuaciones; sino que además resulta de toda evidencia que al no establecerse un término específico, la decisión resulta ser absolutamente discrecional del magistrado (14).

De todos modos, debe tenerse presente que tal discrecionalidad no supone, en modo alguno, habilitar la arbitrariedad del juez laboral a la hora de indicar el plazo en cuestión, ya que como todo el actuar debe ser razonable, es decir contar con razones que lo justifiquen, caso contrario podría plantearse algún tipo de recurso enfundado en la llamada arbitrariedad procesal (15). Debe, por tanto, ser consecuencia de la razonabilidad, como bien sostiene Vitantonio, quien propone -además-, teniendo en cuenta tanto la agilidad de las comunicaciones como la vigencia del principio de celeridad, uno que no sea mayor de diez días (16).

Con respecto a los efectos de la ratificación, podemos remitirnos directamente a lo dispuesto por el art. 369 del CCivCom, que se refiere al acto de ratificación como aquel que suple el defecto de representación, porque desde el momento en que la misma se realiza, debe darse por autorizada la actuación -en este caso procesal-, con efecto retroactivo al día del acto.

Diferente es la cuestión, sin embargo, cuando no se lleva a cabo la posterior ratificación y / o convalidación. En tal caso, la consecuencia no puede ser otra más que la declaración de nulidad de todo lo actuado por quien carece de personería y no ha logrado la convalidación vía ratificación o poder posterior; porque aunque no lo establezca en forma puntual la norma que comentamos, y rijan al respecto los principios de legalidad y especificidad, lo cierto es que la debida representación constituye un presupuesto procesal que -como ya se ha dicho- hace a la debida integración de la litis.

En efecto, dispone el art.124 del CPCC, primeramente, que ninguna actuación ni otro acto de procedimiento será declarado nulo si la ley no le ha impuesto expresamente esa sanción; aunque a continuación aclara que, sin embargo, la omisión de un elemento substancial autorizará al juez, apreciando las consecuencias materiales y jurídicas que se hayan derivado, a pronunciar la nulidad aun a falta de toda sanción expresa. Así lo ha entendido también Mana, al decir que si bien la norma no lo establece expresamente, conforme la remisión efectuada por el primer párrafo del presente artículo, será la nulidad de lo actuado con costas a cargo de quien hubiera invocado la representación, según lo dispone el art. 42 del CPCC y lo previsto en los arts. 124 y siguientes del mismo cuerpo legal respecto de la ineficacia de los actos procesales (17).

Son de utilidad también, en esta materia, una serie de precisiones que, en torno de ella formula Barberio (18), las cuales creemos deberían ser tenidas en cuenta. Ellas son las siguientes:

a. Que la falta de ratificación no produce la nulidad de pleno derecho. Es decir, que esta deberá declararse de oficio o a petición de parte.

b. Que si la ratificación se produce vencido el plazo, pero antes de que sea denunciada la falta, la actuación se convalida sin censuras.

c. Que si la ratificación se realiza vencido el plazo y luego o como consecuencia de haberse denunciado la falta y formado incidente, la actuación también se convalida (principio de conservación) desestimándose la nulidad. Aunque, eso sí, se lo condenará a pagar las costas del incidente por haber dado motivo a la reclamación.

d. Que si la ratificación definitivamente no llega o, por caso, el representado expresamente reniega la gestión, corresponderá declarar la nulidad y todas las costas causadas serán a cargo del gestor que asumió la representación.

Llegados a este punto, podría pensarse que en virtud de lo dispuesto por la norma que comentamos, esto es el art.16 del CPL, que habilita la gestión procesal de manera general en el rito laboral, resultaría innecesaria la remisión a lo dispuesto por el art. 43 del CPCC con respecto a tal materia. Sin embargo, creemos nosotros, al igual que Rivera Rúa (19), que ello no es así porque -como ya lo hemos dicho- la gestión procesal que aquí se regula se refiere principalmente a supuestos de representación convencional, que solo puede ser ejercida por procuradores (incluidos abogados y escribanos), con lo cual no quedaría prevista en esta categoría la gestión propia de los parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad y segundo de afinidad, que sí se encuentra regulada en el art. 43 del CPCC. Así, de reconocerse la aplicación de dicha norma al procedimiento laboral, se admitiría un nuevo supuesto de gestión procesal en este, ya se le estaría permitiendo actuar como representante convencional a personas que, salvo este supuesto excepcional, no lo estarían habilitadas en otros. Además, resulta acertado lo dicho por Vitantonio en cuanto a que debe tomarse la reforma en lo propio de su contenido más importante, esto es, en la posibilidad de ratificación de los actos realizados sin mandato y en la presentación tardía del instrumento con fecha posterior a la invocación (20).

En consecuencia, se autoriza la representación de parientes ausentes del país, dentro del cuarto grado de consanguinidad y segundo de afinidad, sin necesidad de acompañar poder, prestando caución de que los actos serán ratificados; bajo apercibimiento de anularse lo actuado por el gestor si no lo fuesen dentro de tres meses, contados desde que comenzó la gestión (art. 43 del CPCC). Caracterizándose y diferenciándose la misma por dos cosas:primero, porque entre sus recaudos de procedencia no figura la urgencia; y segundo, porque en razón de preverse la situación de que el titular del derecho no aprobare la conducta de su pariente gestor o no se presentare al proceso dentro del plazo establecido, se exige la prestación de una cautela antes de ingresar al pleito, a fin de que cubra los daños y perjuicios derivados de su intervención en un proceso finalmente inválido (21).

Finalmente, con relación a los requisitos antes mencionados, se ha dicho que la caución a requerirse deberá estar no solo adecuada al monto en juego en el juicio, sino además al grado de parentesco invocado (22); y que en caso de no prestarse aquella, la contraria podría plantear la falta de caución del gestor pariente (23). También, en cuanto al plazo de tres meses, que el mismo es improrrogable, contados desde que comenzó la gestión (24); entendiéndolo así también Chiappini, quien ha sostenido que comienza el mismo a correr desde que se inició la gestión y debe computarse por unidad mensual completa, es decir, incluyendo los días inhábiles, porque cuando la ley habla de «meses» debe pensarse en lapsos «corridos» (25); es decir, que debe calcularse de corrido (26).

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(1) PALACIO, Lino E.: Manual de Derecho Procesal Civil. Buenos Aires, LexisNexis, 2003, p. 235.

(2) Aunque igualmente entendemos que, en estos casos, la cuestión debe ser analizada e interpretada en forma estricta.

(3) MEROI, Andrea A.: «Representación procesal, mayoría de edad y Código Procesal Civil santafesino (o de cómo hacer inteligente y correcta integración de un derecho anacrónico en esta materia)», en Boletín Zeus N.º 11514 del 4/4/2011.

(4) CSJSF: 10/5/85, JS, 3-135.

(5) MANA, Adriana M.: «Código Procesal Laboral de la provincia de Santa Fe comentado», dirigido por José D. Machado, t. 1. Santa Fe, Rubinzal-Culzoni, 2010, p. 108.(6) BARBERIO, Sergio J.: «Gestión y representación en la reforma al Código Procesal Laboral», Boletín Zeus, N.º 11301, del 3/5/2010.

(7) BARBERIO, Sergio J.: «Apuntes sobre la representación de parientes ausentes», en Doctrina y Jurisprudencia Procesal Civil y Comercial N.º 3, dirigida por Hernán Carrillo, Marcela García Solá y Marcos Peyrano. Rosario, Juris, 2002, p. 28.

(8) Se consagra allí el único supuesto en que se admite la ratificación de lo actuado por un gestor, vale decir de lo actuado sin poder (CARRILLO, Hernán; EGUREN, María Carolina; GARCÍA SOLÁ, Marcela, y PEYRANO, Marcos: Código Procesal Civil y Comercial de la Provincia de Santa Fe. Comentado con doctrina procesal especializada. Rosario, Juris, 2006, p. 75).

(9) PEYRANO, Jorge W. y CHIAPPINI Julio: El proceso atípico, 2.a parte. Buenos Aires, Universidad, 1984, p. 186 y ss.

(10) BARBERIO, Sergio J.: «Gestión y representación en la reforma al Código Procesal Laboral», Boletín Zeus, N.º 11301, del 3/5/2010.

(11) Con ello se sigue la posición que hoy adopta el CCivCom en materia de ratificación de los actos llevados a cabo por el gestor sin representación, ya que habilita aquel la ratificación «a posteriori» por parte del titular del interés defendido por el gestor.

(12) PASTORINO, Eduardo E.: Código Procesal Laboral de la Provincia de Santa Fe Comentado. Rosario, Juris, 2014, p. 44.

(13) MANA, Adriana M.: «Código Procesal Laboral de la provincia de Santa Fe comentado», dirigido por José D. Machado, t. 1. Santa Fe, Rubinzal-Culzoni, 2010, p. 108.

(14) VITANTONIO, Nicolás J. R.: «Código Procesal Laboral de la Provincia de Santa Fe. Comentario a la reforma introducida por la Ley 13.039». Rosario, Nova Tesis, 2010, p. 74.

(15) FIORENZA, Alejandro A.: «Una primera aproximación al concepto de arbitrariedad procesal», en DJ, 2014 (noviembre), 5/11/2014, 51; Cita Online: AR/DOC/3299/2014.

(16) VITANTONIO, Nicolás J. R.: «Código Procesal Laboral de la Provincia de Santa Fe.Comentario a la reforma introducida por la Ley 13.039». Rosario, Nova Tesis, 2010, p. 74.

(17) MANA, Adriana M.: «Código Procesal Laboral de la provincia de Santa Fe comentado», dirigido por José D. Machado, Tomo I, Rubinzal-Culzoni, Santa Fe, 2010, p. 111.

(18) BARBERIO, Sergio J.: «Gestión y representación en la reforma al Código Procesal Laboral», en Boletín Zeus, N.º 11301, del 3/5/2010.

(19) RIVERA RÚA, Néstor H.: «Código Procesal Laboral de la Provincia de Santa Fe. Doctrina y Jurisprudencia», t. 1, Santa Fe, Panamericana, 2010, p. 364 y ss.

(20) VITANTONIO, Nicolás J. R.: «Código Procesal Laboral de la Provincia de Santa Fe. Comentario a la reforma introducida por la Ley 13.039». Rosario, Nova Tesis, 2010, p. 75.

(21) CARRILLO, Hernán G.: «Código Procesal Laboral de la Provincia de Santa Fe. Comentado. Concordado con el CPL de Corrientes», dirigido por Nicolás J. R. Vitantonio y coordinado por María C. Eguren, t. 1, Rosario, Nova Tesis, 2006, p. 202.

(22) RIVERA RÚA, Néstor H., «Código Procesal Laboral de la Provincia de Santa Fe. Doctrina y Jurisprudencia», t. 1. Santa Fe, Panamericana, 2010, p. 365.

(23) GRAD, Mirtha G.: «Excepciones de arraigo y caución», en Revista de estudios procesales N.º 34, Rosario, 1980, p. 62.

(24) BARRIOS, Eduardo J.: «La demanda en el proceso civil y comercial». Rosario, Vélez Sarsfield, 1986, p. 46.

(25) CHIAPPINI, Julio O.: El proceso incidental. Buenos Aires, Universidad, 1984, p. 55.

(26) CHIAPPINI, Julio: «Código Procesal Civil y Comercial de la provincia de Santa Fe comentado», t. 1. Rosario, Fas, 2009, p. 531.

(*) Abogado, UCA Rosario. Ayudante de las cátedras de Teoría General del Proceso y Derecho Procesal Civil y Comercial, UCA Rosario. Auxiliar, Sala III de la Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial de Rosario. Autor de publicaciones sobre temas de su especialidad.

(**) Abogada especializada en derecho laboral. Mediadora. Exadscripta de la cátedra de Derecho Laboral a cargo del Dr. Bof, UNR. Especialización en Derecho del Trabajo en la Escuela de Graduados, UNR (en curso).