Pese a que la vigencia temporal del certificado de discapacidad se encontraba vencida igualmente resulta aplicable la Ley 24.901

Partes: G. J. G. M. c/ OSDE s/ amparo de salud

Tribunal: Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil y Comercial Federal

Sala/Juzgado: II

Fecha: 15-sep-2017

Cita: MJ-JU-M-108433-AR | MJJ108433 | MJJ108433

Pese a que la vigencia temporal del certificado de discapacidad se encontraba vencida, en función de la gravedad de la enfermedad que padece – ACV isquémico con secuelas graves – y de la ausencia de constancias de que haya mediado una curación igualmente resulta aplicable la Ley 24.901.

Sumario:

1.-Corresponde hacer lugar a la medida cautelar solicitada y ordenó a la empresa de medicina prepaga demandada, en el término de dos días, arbitre los medios necesarios para garantizar al actor la cobertura del 100% de las prestaciones especificadas en las órdenes médicas, en forma ininterrumpida, cubriendo el costo de las mismas de acuerdo a las indicaciones y por el tiempo que orden los médicos tratantes, ya que si bien el certificado de discapacidad venció recientemente, lo cierto es que la enfermedad que justificó la extensión de ese certificado se encuentra debidamente acreditada (ACV) y no existen elementos en la causa que permitan suponer que la enfermedad fue superada, por ello la acreditación de la renovación del certificado constituye, en esta etapa preliminar de las actuaciones, un rigorismo formal que puede ser subsanada a la brevedad por el paciente.

Fallo:

Buenos Aires, 15 de septiembre de 2017.

VISTO: el recurso de apelación interpuesto en subsidio por la demandada a fs. 87/92 vta., replicado a fs. 95/104, contra la resolución de fs. 84/85; y CONSIDERANDO:

I.- En el referido pronunciamiento, el señor juez de grado hizo lugar a la medida cautelar solicitada y ordenó a OSDE, en el término de dos días, arbitre los medios necesarios para garantizar al actor la cobertura del 100% de las prestaciones especificadas en las órdenes médicas de fs. 8/9, 10/11 y 79/80, en forma ininterrumpida, cubriendo el costo de las mismas de acuerdo a las indicaciones y por el tiempo que orden los médicos tratantes.

II.- La demandada cuestiona que el a quo pasó por alto que el certificado de discapacidad se encuentra vencido. Que los cuidados que requiere el actor no revisten de gravedad para que su mandante le brinde los servicios de asistencia domiciliaria. Y finalmente, aduce que aun cuando el beneficiario estuviera amparado por la ley 24.901 eso no implica que deba recibir prestaciones que no requiere y que en todo caso deben ser brindadas por su familia o por un cuidador.

III.- Así planteada la cuestión, a juicio de la Sala los argumentos planteados por OSDE no son suficientes para dejar sin efecto la medida precautoria decretada.

No está inicialmente discutida la condición de discapacitado del actor, su condición de afiliado a OSDE, la enfermedad que padece -secuela de enfermedad cerebrovascular ACV isquémico con secuelas graves disartria y hemiparesia leve braquial derecha y severa crural derecha y una reciente fractura de cadera- ni la necesidad de obtener los tratamientos de rehabilitación motora domiciliaria y psicofísica. Si bien el certificado de discapacidad obrante a fs. 3 venció recientemente (4/04/2017) lo cierto es que la enfermedad que justificó la extensión de ese certificado se encuentra debidamente acreditada (ACV) y no existen elementos en la causa que permitan suponer que la enfermedad fue superada.De esta manera, la acreditación de la renovación del certificado constituye, en esta etapa preliminar de las actuaciones, un rigorismo formal que puede ser subsanada a la brevedad por el paciente. Pese a que la vigencia temporal del certificado de discapacidad está vencida, en función de la gravedad de la enfermedad que padece y de la ausencia de constancias de que haya mediado una curación, el Tribunal considera que igualmente resulta aplicable a su caso la ley 24.901.

En efecto, además de las prácticas vinculadas con la rehabilitación del paciente, el mencionado ordenamiento legal también contempla la cobertura de prestaciones asistenciales -hábitat, alimentación y atención especializada-, entre las cuales se encontraría prima facie los cuidados domiciliarios que sean necesarios a los fines de esa rehabilitación (conf. arts. 32 y 39 de la ley 24.901). Y esas disposiciones resultarían aplicables a la especie aun tratándose la demandada de una empresa de medicina prepaga, en función de lo previsto en el nuevo marco legal que las regula (conf. art. 7 de la ley 24.901).

Por otro lado, en lo que se refiere a la prescripción que dio sustento a la medida, cabe señalar que contrariamente a lo expresado por el recurrente sí contendría razones que justifiquen la indicación (ver fs. 8/11 y fs. 79/80). De modo tal que la suficiencia de esa motivación, como así también la controversia que insinúa el apelante respecto a la profesión de quien debería llevar a cabo la prestación -cuidador o enfermero- son cuestiones sobre las que por el momento no hay elementos en la causa para emitir un pronunciamiento, siquiera provisorio. Se tratan de aspectos de la controversia que exceden al trámite cautelar y, lógicamente, deberán discutirse -y eventualmente probarse- durante el trámite de la causa.

Lo expuesto es suficiente, por el momento, para tener por configurada la verosimilitud en el derecho.Ese recaudo de procedencia de la medida cautelar, cabe recordarlo, se refiere a la posibilidad de que el derecho exista y no a una incontrastable realidad que sólo se logrará al agotarse el trámite (conf. Sala 1, causa n° 2849/00 del 30.5.00 y sus citas, entre muchas otras). Como lo ha dicho la Corte Suprema, la naturaleza de las medidas precautorias no exige a los magistrados el examen de certeza sobre la existencia del derecho pretendido, sino sólo su verosimilitud, y que el juicio de verdad en esta materia se encuentra en oposición a la finalidad del instituto cautelar, que no es otra cosa que atender a aquello que no exceda el marco de lo hipotético, dentro del cual, asimismo, agota su virtualidad (conf. Fallos 306:260; Sala 1, causa n° 39.380/95 del 19.3.96 y otras).

En suma, toda vez que se encuentra en juego el derecho a la salud, de rango constitucional (conf. art. 42 de la Constitución nacional; art. 12 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la ONU, ratificado por ley 23.313), no es irrazonable pretender que se le brinde al actora la prestación requerida, teniendo en cuenta su estado de salud y la atención que necesita, hasta que se dirima el amparo interpuesto. Circunstancia que, por lo demás, despeja cualquier duda sobre la existencia del peligro en la demora invocado.

En virtud de lo expuesto, esta Sala RESUELVE: confirmar la resolución recurrida, con costas de alzada a la demandada vencida (arts. 68 y 69 del CPCCN).

Regístrese, notifíquese y devuélvase.

ALFREDO SILVERIO GUSMAN

RICARDO VÍCTOR GUARINONI

EDUARDO DANIEL GOTTARDI