El Estado provincial debe brindar asistencia a una madre e hijos menores en situación de vulnerabilidad habitacional, económica y social

Partes: A. L. A., A. M. M., A. B. L., A. J. L. y S. J. M. s/ acción de amparo (legajo de apelaciones)

Tribunal: Superior Tribunal de Justicia de la Provincia del Chaco

Sala/Juzgado: I

Fecha: 29-jun-2017

Cita: MJ-JU-M-108002-AR | MJJ108002 | MJJ108002

El Estado provincial debe brindar asistencia a una madre y a sus hijos menores de edad en situación de vulnerabilidad, teniendo en cuenta la precariedad habitacional, económica y social del grupo familiar.

Sumario:

1.-Corresponde rechazar el recurso de inconstitucionalidad deducido contra la sentencia que ordenó al Estado provincial cesar en su omisión de brindar asistencia a una madre que junto con sus hijos menores de edad se encuentran en una situación de vulnerabilidad social extrema porque no media arbitrariedad alguna en tanto los fundamentos del fallo se compadecen con la realidad de los hechos, siendo que la compulsa de las actuaciones da cuenta que la medida de protección integral se inició a partir de una denuncia policial relativa a la situación de vulnerabilidad de la familia y que se elaboraron reiterados informes socio ambientales que acreditaron la situación de precariedad habitacional, económica y social del grupo familiar.

2.-El planteo que motivó el amparo, consistente en que el Estado provincial asista a una madre que junto con sus hijos se encuentran en situación de vulnerabilidad social extrema, encuadra dentro del nuevo paradigma en materia de políticas públicas de protección integral de los derechos de los niños, plasmada en la Ley 26.061 Ley de Protección Integral de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes , la que a su vez encuentra su correlato a nivel local en la ley 7162 de la Provincia del Chaco y da cuenta de los mandatos que se imponen a los responsables institucionales de su ejecución, tomando como referencia las premisas, principios y estándares que la Convención sobre los Derechos del Niño y el Derecho Internacional de los Derechos Humanos establecen en resguardo de las personas menores de edad.

Fallo:

En la ciudad de Resistencia, capital de la Provincia del Chaco, a los veintinueve días del mes de junio del año dos mil diecisiete, reunidos en Acuerdo los integrantes de la Sala Primera Civil, Comercial y Laboral del Superior Tribunal de Justicia, MARIA LUISA LUCAS y ALBERTO MARIO MODI, asistidos por el Secretario Autorizante, tomaron en consideración para resolver el presente expediente: “A.L.A., A.M.M., A.B.L., A.J.L. Y S.J.M. S/ ACCION DE AMPARO (LEGAJO DE APELACIONES)”, No 918/15-6-F, año 2017, venido en apelación extraordinaria en virtud del recurso de inconstitucionalidad interpuesto a fs. 150/157 vta. por la parte demandada- Provincia del Chaco contra el pronunciamiento dictado por la Sala Segunda de la Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial y del Trabajo de la ciudad de Presidencia Roque Sáenz Peña, que obra a fs. 140/145. ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar en autos?

1) Relato de la causa. El remedio se lo tuvo por interpuesto a fs. 160 y se confirió traslado a la contraria, quien no lo efectivizó, y por lo demás fue concedido a fs. 165 y vta. A fs. 176 la presente causa se radicó ante esta Sala Primera Civil, Comercial y Laboral del Superior Tribunal de Justicia. A fs. 221/223 vta. emite su dictamen N° 04/17 la Sra. Defensora General y a fs. 224/228 vta. el Sr. Procurador General. A fs. 229 se llamó autos.

2) Recaudos de admisibilidad. En el análisis de la concurrencia de tales extremos en relación con el remedio en trato, constatamos como obstáculo a la procedencia del mismo, el incumplimiento de las reglas establecidas por la Resolución No 1.197/07 del Superior Tribunal de Justicia y su Anexo, que reglamenta los escritos de interposición de los recursos extraordinarios de inconstitucionalidad y de inaplicabilidad de ley o doctrina legal como asimismo del libelo de queja por denegación de aquéllos.

Concretamente, advertimos que en la respectiva carátula: a) contraviene la regla establecida en el inc. i) del art.2, en cuanto prescinde de citar concretamente los precedentes de este Superior Tribunal de Justicia y de la Corte Suprema de Justicia de la Nación sobre el tema que plantea, si los hubiere. Así, la remisión genérica a bibliografía diversa, no satisface dicha carga; b) apuntó erróneamente la norma que confiere jurisdicción a esta Sala para intervenir en el caso (art. 2, inc. j); en tanto, vigente la ley 6997 al tiempo de la interposición del remedio en trato, la quejosa refirió al decreto ley No 1407/62, siendo que el art. 43 de aquélla normativa expresamente lo derogó. También incumplió con el art. 1 de las Reglas para la interposición de los recursos extraordinarios locales, ya que el impugnante efectúa una presentación de difícil lectura, con un libelo impugnaticio estructurado sobre un formato de treinta (30) renglones en diversos tramos del mismo, lo que contraviene la finalidad de la citada norma, cual es la fácil comprensión de los mismos, en un formato expresamente establecido de veintiséis (26) renglones. Tales deficiencias determinan que deba desecharse el recurso de marras, en un todo de conformidad a lo dispuesto por el art. 11o, 1er. párrafo de la Resolución N°1197/07. No obstante ello y aún superada tal circunstancia, cabe destacar que la parte recurrente no ha demostrado la verificación de una hipótesis que permita excepcionar tal regla a tenor de lo establecido por la última parte del 1er párrafo del precitado art. 11°, en función de las precisiones que se abordarán a continuación. 3) El caso. La señora Asesora de Menores de Edad de la VI Circunscripción Judicial, Evelín Gabriela Toloza, promovió en el mes de agosto/2015 un amparo contra la Provincia del Chaco, con el fin de que se ordene a esta última, cesar en su omisión de brindar asistencia a una madre que junto con sus hijos menores de edad se encontraban en una situación de vulnerabilidad social extrema.Fundó tal presentación en la circunstancia de que pese a haber mediado denuncia policial de los hechos en el año 2013 y tramitado el caso a través de una medida de protección integral, no se había obtenido la cobertura planteada hasta aquella fecha.

El tribunal de primera instancia resolvió hacer lugar a la acción ordenando al Ministerio de Desarrollo Social de la Provincia del Chaco, una serie de medidas específicas (tramitación de documentos de identidad de los niños, gestión de una vivienda digna para el grupo familiar, atención médica, etc.) conforme las necesidades de los beneficiarios, fijando plazos de cumplimiento. Apelado el fallo por la parte obligada, la Cámara de Apelaciones, declaró desierto el recurso de apelación impetrado y en consecuencia, confirmó la sentencia de grado. Disconforme con la decisión, la parte demandada-Provincia del Chaco interpuso el remedio en análisis.

4) Los agravios extraordinarios. Expresa la recurrente que el fallo de Alzada es arbitrario en virtud de las siguientes puntualizaciones: a) la acción de amparo no es la vía idónea para las finalidades perseguidas por la amparista, siendo que se había tramitado previamente una medida de protección integral, a través de la cual se dio cumplimiento con la respuesta a las necesidades demandadas; b) conforme el informe circunstanciado que fuera presentado como prueba por dicha parte, el Ministerio de Desarrollo Social de la Provincia del Chaco, a través de la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia, ya intervino en el caso con anterioridad al dictado de la sentencia de grado, habiéndose cumplido con la satisfacción de las necesidades del grupo familiar en cuestión; c) por dicha circunstancia se debió declarar abstracta la causa.

5) La solución propiciada.Planteada en tales términos la cuestión sometida a conocimiento de esta Sala, el examen del presente remedio permite visualizar que no concurre el supuesto de excepción a la regla general, que autorice la apertura de la instancia extraordinaria, toda vez que los fundamentos dados por los camaristas tienen como base los hechos de la causa, la prueba colectada y el derecho estimado aplicable, lo que confiere al fallo sustento suficiente y razonable, sin que resulte eficiente la mera discrepancia del recurrente para otorgar vida a la arbitrariedad (confr. Sent. No 301/95; No 267/12, entre otras).

Ello así, más aún cuando en definitiva el libelo recursivo luce como una simple repetición, casi idéntica, párrafo por párrafo, del memorial de apelación (v. fs. 119/122), en el cual no se advierte la tarea de una crítica concreta y pormenorizada a la sentencia dictada por la Cámara, de todos y cada uno de los argumentos independientes que contiene (conf. artículo 3°, inciso c), apartado III del Anexo a la Resolución No 1197/07).

6) Repárese que la Alzada declaró desierto el recurso de apelación interpuesto por la parte recurrente y en consecuencia, confirmó la sentencia de grado. Para arribar a tal conclusión, los sentenciantes comenzaron por clarificar que la medida promovida en autos era un proceso especial de rango constitucional, como manifestación real y operativa del acceso a la jurisdicción (art. 18 C.N.) y no una acción residual o subsidiaria como lo planteara el apelante; dando así respuesta a su postura referida a la improcedencia formal de la vía intentada. Por otra parte, se dispuso la declaración de deserción del remedio interpuesto por la parte demandada, porque del memorial de agravios no surgía que el recurrente haya efectuado una crítica concreta sobre cada punto de la sentencia de grado, sino que se limitó a reiterar argumentos anteriores al fallo (en oportunidad del informe circunstanciado), los que fueron debidamente tratados en la instancia anterior.En este sentido, fundamentalmente el Tribunal de Apelaciones remarcó la falta de refutación del fundamento esencial expresado por la juez a quo en lo relativo a que la presente acción se justificó frente al hecho de que si bien se había tramitado previamente un expediente de protección integral -por cuerda-, sin embargo la asistencia material brindada por el Ministerio de Desarrollo Social de la Provincia del Chaco, no solo había sido insuficiente sino que tampoco tuvo continuidad en el tiempo, para el restablecimiento de los derechos conculcados de los accionantes; contrariamente a la argumentación defensiva del recurrente que reitera su tesitura respecto a que la medida promovida era innecesaria y sobreabundante atento la tramitación de la causa anterior. Debemos señalar en este aspecto, que de una simple compulsa de las actuaciones, surge que la medida de protección integral aludida se inició a partir de una denuncia recepcionada en sede policial de la situación de vulnerabilidad de la familia en cuestión, habiendo tomado intervención la señora juez de familia de la localidad de Juan José Castelli en fecha 26/09/2013. Así se elaboraron reiterados informes socio ambientales que daban acabada cuenta de la situación de precariedad habitacional, económica y social del grupo familiar. Frente a la falta de acciones concretas en respuesta a dichas necesidades por el órgano técnico administrativo de la provincia, la señora Asesora de Menores actuante, expresó en fecha 14/08/2015 que frente a tales omisiones resultaba ineludible la promoción de la presente acción (v. fs. 137, del Expte. N° 975/13). Luego, iniciado el amparo en trato en el mes de agosto/2015 y en el marco del informe circunstanciado elevado por la Subsecretaría de Niñez, Adolescencia y Familia, se pone en conocimiento que en la misma fecha de promoción de la acción, se empezó a dar respuestas -parciales- (módulo de alimentos, colchones, frazadas, gestión de turnos médicos) frente al estado de vulnerabilidad de las personas involucradas.Todo lo cual se corrobora con las constancias del informe obrante a fs. 206/213 de autos.

7) Entonces, advertimos que surge evidente que los fundamentos dados en el fallo recurrido se compadecen con la realidad de los hechos acaecidos en el marco de la causa. Así, frente a las sólidas argumentaciones re feridas, los agravios de la parte recurrente pierden convicción, ya que no logra rebatir las motivaciones de la Alzada basadas en la norma aplicable y el plexo probatorio colectado, desde que sólo repite idénticas quejas insistiendo en su postura, habiendo merecido respuesta por parte de los magistrados de segundo grado (en coincidencia con la juez a-quo). Desde este ángulo, reiteradamente se ha precisado que el recurrente debe rebatir de manera adecuada y eficaz todos los fundamentos desarrollados por el fallo impugnado (C.S.J.N., Fallos 310:1147; 311:1695; 313:1077; “Herrera, Mario H. c/ Empresa Ferrocarriles Argentinos”, 12/03/1998), ya que cada escrito, actividad o gestión debe en sí ser óptimo, bastarse a sí mismo: ser autosuficiente, efectivo, útil de acuerdo a las circunstancias y a su finalidad.

8) A más de todo lo hasta aquí desarrollado, no podemos soslayar que el planteo que motivó la acción de amparo promovida por la señora Asesora de Menores, se encuadra dentro del nuevo paradigma en materia de políticas públicas de protección integral de los derechos de los niños, plasmada en la ley nacional 26.061 “Ley de Protección Integral de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes” -la que a su vez encuentra su correlato a nivel local en la ley 7162-. Dicha normativa da cuenta de los mandatos que se imponen a los responsables institucionales de su ejecución, tomando como referencia las premisas, principios y estándares que la Convención sobre los Derechos del Niño y el Derecho Internacional de los Derechos Humanos establecen, en resguardo de las personas menores de edad. Resulta esclarecedor en dicha temática, los conceptos vertidos por la doctrina, en cuanto ha expresado:”.En primer lugar, la ley define al Estado como el responsable inmediato de la satisfacción de los derechos de los niños. Para ello, establece, en forma expresa, la responsabilidad de los Organismos del Estado en el establecimiento y control de la política pública (art. 5) [.] De este modo, se hace explícita la asunción formal del estándar de obligación de satisfacción de los derechos sociales, en tanto la ley identifica al Poder Ejecutivo, a través de los organismos creados al efecto, como el principal responsable de la generación de una política social que garantice, a través de acciones positivas, el ejercicio de los derechos de los niños. Por ello, en su mayor parte, la ejecución del sistema y sus modalidades de intervención quedan en cabeza de estos organismos [.] Por su parte, el Poder Judicial, con la pérdida de sus facultades tutelares, no desaparece como actor en el escenario de la política social [.] La función del Poder Judicial, como poder que marque el incumplimiento y ordene la acción de los otros poderes frente a la amenaza o vulneración de derechos, aparece como un enclave insoslayable en la construcción de estados que efectivamente garanticen el goce de los derechos, tal como postula el nuevo modelo [.] En este contexto, los defensores de menores, que continúan en sus funciones, pueden constituirse como actores que impulsen el control de legalidad de la política social, en resguardo del cumplimiento de la ley.” (“Las políticas públicas en la ley 26.061: de la focalización a la universalidad” por Mabel López Oliva; publicado en “Protección Integral de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, Análisis de la Ley 26.061”; Emilio García Méndez (compilador); págs.143/145; año 2006; Editores del Puerto).

9) Por consiguiente y bajo tales valoraciones también podemos concluir que la declaración de abstracción pretendida por la parte recurrente, en atención a que se ha dado cumplimiento prácticamente en su totalidad con el fin perseguido a través de esta acción, tampoco puede prosperar. Dicho principio de abstracción no se adecua al presente, por cuanto frente a la complejidad que representa la situación de vulnerabilidad social advertida en el grupo familiar objeto de protección, requiere, cuanto menos, ser monitoreadas por los organismos técnicos administrativos responsables de la materia con la modalidad de intervención inmediata, la que debe ser sostenida a lo largo del tiempo a fin de alcanzar sus finalidades. En razón de lo cual, corresponde ordenar a la magistrada de grado, que una vez que bajen los autos al juzgado de origen, deberá realizar un seguimiento del estado de situación y atención de las necesidades sociales de los integrantes de la familia en cuestión, para que en el caso que considere pertinente, disponga la adopción de las medidas administrativas o judiciales que considere adecuadas para el restablecimiento de los derechos sociales de las personas afectadas. Tales intervenciones cobran razón de ser si se repara que: “.La vulnerabilidad social no se refiere exclusivamente a la situación de pobreza como carencia de recursos materiales, sino también a la falta de capacidad y de organización necesaria para mejorar la calidad de vida y acceder a diferentes bienes y servicios. El individuo se integra a la sociedad a través de un doble eje: el trabajo y su mundo de relaciones familiares y comunitarias. La situación de vulnerabilidad social se vincula con la precaria situación laboral, con la fragilidad institucional (a nivel de organismos intermedios y de acciones protectoras del Estado) y con el debilitamiento o ruptura de la red de relaciones familiares, comunitarias y sociales.Este es el tejido que debemos recomponer.” (“La situación de vulnerabilidad social de la infancia y la adolescencia-Modos de intervención”; Dirección General de Coordinación Operativa y Capacitación; Secretaría de la Mujer, Niñez, Adolescencia y Familia, Gobierno de la Provincia de Córdoba; pág. 2).

10) Concluimos que lo resuelto por el Tribunal de Apelaciones no contiene un vicio de gravedad tal que lo haga descalificable como acto jurisdiccional válido, por lo que deberá desestimarse el recurso extraordinario en trato.

11) Costas. Dado el resultado que propiciamos y lo dispuesto por el art. 68 del Código Procesal Civil y Comercial del Chaco, las correspondientes a esta instancia extraordinaria se imponen a la parte recurrente vencida. Con lo que terminó el Acuerdo, dictándose la siguiente: I.- DESESTIMAR el recurso de inconstitucionalidad deducido a fs. 150/157 vta. por la parte demandada-Provincia del Chaco, contra el pronunciamiento dictado por la Sala Segunda de la Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial y del Trabajo de la ciudad de Presidencia Roque Sáenz Peña, que obra a fs. 140/145.

II.- ORDENAR a la magistrada de grado, que una vez que bajen los autos al juzgado de origen, deberá realizar un seguimiento del estado de situación y atención de las necesidades sociales de los integrantes de la familia en cuestión, para que en el caso que considere pertinente, disponga la adopción de las medidas administrativas o judiciales que considere adecuadas para el restablecimiento de los derechos sociales de las personas afectadas. III.- IMPONER las costas de esta instancia extraordinaria a la parte recurrente vencida.

IV.- REGÍSTRESE. Protocolícese. Notifíquese. Remítase la presente por correo electrónico al Sr. Presidente de la Sala Segunda de la Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial y del Trabajo de la ciudad de Presidencia Roque Sáenz Peña y a la Sra. Presidente de dicha Cámara, dejándose por Secretaría la respectiva constancia. Oportunamente bajen los autos al juzgado de origen. Alberto Mario

Modi María Luisa

Lucas Fernando

Adrián Heñin