El reconocimiento de deuda firmado por el apoderado de una UTE en violación a las normas de representación, no puede servir para admitir el pedido de quiebra.

Partes: Fair & Square S.A. le pide la quiebra Cooperativa de Crédito Los Andes Limitada s/

Tribunal: Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial

Sala/Juzgado: D

Fecha: 10-oct-2017

Cita: MJ-JU-M-107860-AR | MJJ107860 | MJJ107860

El reconocimiento de deuda firmado por el apoderado de una UTE en violación a las normas de representación, no puede servir para admitir el pedido de quiebra.

Sumario:

1.-Debe rechazarse el pedido de quiebra cuando la representación de quien firmó el instrumento en que se sustentó el pedido de quiebra se encuentra asaz controvertida y lo cierto, concreto, y jurídicamente relevante es que no ha podido ser acreditada en el ámbito acotado del presente trámite.

2.-Si conforme surge del contrato acompañado, las sociedades participantes de la UTE acordaron que la representación legal se ejercería por intermedio de determinados apoderados en forma conjunta, de ello se desprende que si quien firmó el reconocimiento de deuda carecía de facultades suficientes para obligar por sí solo a la UTE, la suscripción del instrumento en tales condiciones importó una clara violación a lo estipulado contractualmente, correspondiendo el rechazo del pedido de quiebra fundado en el incumplimiento de ese documento.

3.-Conforme lo establecido por la LCQ. 84 in fine, lo único que admite la ley es un trámite abreviado, que se resuelve en unos pocos pasos procesales y cuyo ámbito cognoscitivo es acotado. Ese trámite tiene por única finalidad determinar si el sujeto pasivo ha incurrido en cesación de pagos para someterlo al régimen legal, a punto tal que el pronunciamiento final sólo puede tener por objeto la admisión o el rechazo del pedido de quiebra. Por ello, las cuestiones que exceden a lo estrictamente atinente a esa finalidad, son ajenas al debate propio de la instrucción prefalencial, debiendo ser desestimadas por el órgano judicial, sin perjuicio de su planteo por la vía pertinente N.R.: Sumarios elaborados por Ricardo A. Nissen.

 

Fallo:

 

Buenos Aires, 10 de octubre de 2017.

 

  1. La cooperativa peticionaria de quiebra apeló la resolución de fs. 465/468 que, luego de oír las explicaciones brindadas por la presunta falente, rechazó la solicitud formulada en fs. 3/4 y le impuso las costas del proceso (fs. 471).

 

Los fundamentos del recurso fueron expuestos en fs. 473/477 y resistidos por la sociedad emplazada en fs. 479/482.

 

  1. Liminarmente cabe señalar que la presente petición de falencia se sustentó en un “reconocimiento de deuda” suscripto con fecha 23.10.13 entre “Fair & Square S.A. – Metales Tracomex S.R.L., representación permanente en la Argentina Unión Transitoria de Empresas” y la “Cooperativa de Créditos Los Andes Ltda.” por la suma de $1.995.000 (pesos un millón novecientos noventa y cinco mil).

 

Emplazada que fue en los términos de la LCQ 84 (fs. 97 fs. 101), se presentó en autos “Fair & Square S.A.” solicitando el rechazo de la pretensión (fs. 171/177).

 

Entre otras cuestiones invocó allí, que: (i) quien forma parte de la UTE es “Metales Tracomex S.R.L representación permanente en la Argentina” y no “Metales Tracomex S.R.L.”; (ii) el Sr. Jorge Andrés Mitrakis López -quien firmara el instrumento base del presente pedido de quiebra- no detenta la calidad de representante legal de las sociedades emplazadas, ni de la UTE, por lo que mal puede entenderse que aquellas revistan la calidad de deudoras; y

 

(iii) no es posible presumir la solidaridad de las empresas conformantes de la UTE -“Fair & Square S.A.” y “Metales Tracomex S.R.L.”- pues aquello resulta una clara violación a lo dispuesto en el art. 381 de la ley societaria.

 

La cooperativa accionante se opuso a las explicaciones vertidas por su contraria y, finalmente, el señor juez a quo rechazó la petición de falencia, con fundamento en que el título en que ésta se sustentó resultaba insuficiente a tales fines.

 

3.Descripto el escenario fáctico que gobierna el caso, la Sala juzga que la decisión de grado no admite reproche.

 

Ello es así, pues en el sub lite aparece evidente que con los elementos arrimados por las partes no es posible determinar, con el grado de certeza que el caso amerita, la existencia y exigibilidad del crédito invocado.

 

En efecto, nótese que la representación de quien firmó el instrumento en que se sustentó el presente pedido de quiebra se encuentra asaz controvertida; y lo cierto, concreto, y jurídicamente relevante es que no ha podido ser acreditada en el ámbito acotado del presente trámite.

 

En este sentido, no puede soslayarse que la peticionaria acompañó a los fines de fundar su pedido un “reconocimiento de deuda” firmado por Jorge Andrés Mitrakis López en calidad de socio gerente de “Metales Tracomex

 

S.R.L.” y apoderado de “Fair & Square S.A.” (a mayor abundamiento, puede observarse del referido instrumento acompañado en fs. 76, que se dejó expresa constancia que; “.el Sr. Mitrakis (.) concurre por la primera en su carácter de socio gerente y por la segunda en su carácter de apoderado.”), mas lo cierto es que se omitió adjuntar el poder identificado como “Anexo I”, del cual surgiría acreditada su representación.

 

Así, ante el expreso requerimiento efectuado por el a quo en fs. 226, manifestó -en referencia al mencionado poder- “.que el mismo no ha podido ser hallado. “, aduciendo con posterioridad que no obstante ello, la representación invocada se encontraría igualmente acreditada con las constancias acompañadas por la Administración de Infraestructura Ferroviaria Sociedad del Estado mediante la contestación de oficio obrante en fs. 235/462.

 

Ahora bien, de lo expuesto puede concluirse que: (a) la suscripción del reconocimiento de deuda habría sido efectuada en representación de las sociedades ut supra mencionadas mas no así de la UTE en cuestión y, (b) la representación invocada no pudo ser acreditada.

 

Y si lo expuesto no resultara suficiente, existe otra circunstancia fáctica que impone el rechazo del recurso sub examine.Esto es que, conforme surge del contrato acompañado en fs. 82/84 las sociedades participantes de la UTE acordaron que la representación legal se ejercería por intermedio de sus apoderados Jorge Andrés Mitrakis y Genaro Antonio Cortanese en forma conjunta. De lo cual se sigue que Mitrakis carecía de facultades suficientes para obligar por sí solo a la UTE -menos aún a Fair & Square S.A en calidad de apoderado- y por tanto la suscripción del instrumento en tales condiciones importó una clara violación a lo estipulado contractualmente.

 

Así las cosas, es claro que la elucidación y análisis que ahora se pretende excede largamente el limitado marco del presente juicio, debiendo necesariamente efectuarse en el ámbito de un proceso de naturaleza evidentemente distinta al prefalencial.

 

Recuérdese que, conforme lo establecido por la LCQ 84 in fine, lo único que admite la ley es un trámite abreviado, que se resuelve en unos pocos pasos procesales y cuyo ámbito cognoscitivo es acotado. Ese trámite tiene por única finalidad determinar si el sujeto pasivo ha incurrido en cesación de pagos para someterlo al régimen legal, a punto tal que el pronunciamiento final sólo puede tener por objeto la admisión o el rechazo del pedido de quiebra. Por ello, las cuestiones que exceden a lo estrictamente atinente a esa finalidad, son ajenas al debate propio de la instrucción prefalencial, debiendo ser desestimadas por el órgano judicial, sin perjuicio de su planteo por la vía pertinente (conf. esta Sala, 8.3.16, “Didafe S.A. le pide la quiebra Consorcio de Propietarios del edificio México 1750/1770 de Capital Federal” ; íd., 13.4.10 “Radio Mitre S.A. s/ pedido de quiebra promovido por Álvaro Vargas Lerena”).

 

En tal contexto, y siguiendo la profusa línea jurisprudencial que corrobora la solución expuesta (esta Sala, 17.11.08, “Cerica, Roberto María s/ pedido de quiebra por Palazzo, Luis”; íd. CNCom. Sala A, 27.7.93, “Lichtenstein, Alberto s/ pedido de quiebra por Banco de Crédito Arg.S.A.”; íd., 18.11.94, “Matergas S.A. s/ pedido de quiebra por Credivico Coop. De Créd. Viv. y Con. Ltda.”; Sala B, 22.12.94, “Vázquez, Jorge s/ pedido de quiebra por Banco de la Ciudad de Buenos Aires”; íd., 29.10.99, “Martino, Roberto le pide la quiebra Yabkowski, Mario”, entre otros), corresponde confirmar la decisión en crisis.

 

  1. Por último, en cuanto a la crítica vinculada con las costas, cabe señalar que, como recuerda la doctrina clásica, en la mayoría de los sistemas procesales su imposición se funda en el criterio objetivo del vencimiento (conf. Chiovenda, G., Principios de derecho procesal civil, t. II, p. 404, Madrid, 1925; Alsina, H., Tratado teórico práctico de derecho procesal civil y comercial, t. II, p. 472, Buenos Aires, 1942).

 

Y así, como principio, en la ley procesal vigente se ha adoptado también dicho criterio (art. 68 del Código Procesal; Palacio, L. y Alvarado Velloso, A., Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, explicado y anotado jurisprudencial y bibliográficamente, Santa Fe, 1989, t. 3, p. 85), lo que implica que quien provocó una actividad jurisdiccional sin razón suficiente debe soportar el peso de los gastos causídicos (conf. Fassi, S., Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, t. 1, n° 315, Buenos Aires, 1971).

 

En ese esquema la exención de costas al vencido reviste carácter excepcional, pues -como regla- no es justo que el triunfador se vea privado del resarcimiento de los gastos que ha debido hacer para lograr que se le reconozcan sus derechos (conf. CNCom, Sala D, 21.10.06, “Srebro, Brenda c/Red Cellular SA y otro” y sus citas).

 

Por otra parte, cabe recordar que lo atinente a la carga de las expensas no puede decidirse por consideraciones de índole subjetiva, ya que su imposición no responde ni se funda en la idea de una mala fe que castigar (conf. Palacio, L. y Alvarado Velloso, A., ob. cit., t. 2, p.86), como tampoco en valoraciones subjetivas acerca de la conducta moral de las partes (conf. Highton, E. y Areán, B., Código Procesal Civil y Comercial de la Nación. Concordado con los códigos provinciales – Análisis doctrinal y jurisprudencial, Buenos Aires, 2004, t. 2, p. 54).

 

Desde la perspectiva de lo expuesto no se justifica alterar lo decidido por el magistrado de grado, en tanto la solicitud de falencia implicó bilateralidad y controversia y, finalmente, la peticionaria resultó objetivamente vencida en su pretensión.

 

E igual criterio habrá de emplearse con relación a los gastos causídicos generados en esta instancia de revisión.

 

  1. Como corolario de lo anterior, se RESUELVE:

 

Rechazar la apelación de fs. 471 y confirmar el pronunciamiento apelado, con costas (cpr 68, primer párrafo y LCQ 278).

Cúmplase con la comunicación ordenada por la Excma. Corte Suprema de Justicia de la Nación (Ley 26.856 y Acordadas 15/13 y 24/13) y, oportunamente, devuélvase sin más trámite, confiándose al magistrado de primera instancia proveer las diligencias ulteriores (cpr 36: 1°) y las notificaciones pertinentes.

Gerardo G. Vassallo

Juan R. Garibotto

Pablo D. Heredia

Horacio Piatti

Prosecretario de Cámara