Daños y perjuicios sufridos por un pasajero cuando descendía por una escalera mecánica del subterráneo la cual en forma súbita se detuvo

Partes: Skorvodovski Maximiliano Luis c/ Metrovías S.A. s/ daños y perjuicios – ordinario

Tribunal: Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil

Sala/Juzgado: H

Fecha: 3-nov-2017

Cita: MJ-JU-M-107836-AR | MJJ107836 | MJJ107836

La empresa de subterráneos resulta responsable por los daños y perjuicios sufridos por un pasajero cuando descendía por una escalera mecánica la cual en forma súbita detuvo su funcionamiento, provocando su inevitable caída sobre la misma.

Sumario:

1.-Corresponde responsabilizar a la empresa de subterráneos por el accidente sufrido por el actor cuando se encontraba sobre las escaleras mecánicas de acceso y a pocos metros de la finalización del descenso, en forma súbita la escalera detuvo violentamente su funcionamiento, provocando su inevitable caída sobre la misma, pues una escalera mecánica debe permitir a los visitantes subir o bajar con un mínimo de comodidad y seguridad, por lo tanto, si el cliente está sometido a peligros, exponiéndose a riesgos meramente por intentar bajar de un piso a otro o cuando lo hacen los restantes visitantes, la responsabilidad es de la propietaria y explotadora que no cuenta con los medios necesarios para prestar un servicio útil a los fines.

2.-Tratándose de daños ocasionados en la persona del viajero durante el transporte, el caso debe quedar aprehendido en la órbita propia de la responsabilidad emanada del contrato de transporte prevista en el art. 184 del Ccom., pues es indiscutible la naturaleza contractual de la responsabilidad del porteador, quien debe responder civilmente por la muerte o lesión del pasajero, salvo que pruebe la presencia de alguna circunstancia obstativa del nexo causal entre el transporte y el daño, es decir, que el accidente provino de fuerza mayor o caso fortuito, o sucedió por culpa de la víctima o de un tercero por el que no debe responder.

3.-El transportador es responsable por el daño que sufran los pasajeros durante el transporte, en razón del deber de seguridad que impone el contrato, en virtud del cual debe transportar o conducir a la persona sana y salva al lugar convenido. Y si algún daño sufre durante el transporte, nace la obligación de indemnizarla por parte del porteador, sin que pueda exonerarse alegando y probando que no hubo culpa de su parte o de sus dependientes o subordinados.

 

Fallo:

En Buenos Aires, a 3 días del mes de noviembre del año 2017, hallándose reunidos los señores jueces integrantes de la Sala “H” de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil, a los efectos de dictar sentencia en los autos:”Skorvodovski Maximiliano Luis c/ Metrovías S.A. s/ Daños y perjuicios – ordinario”,y habiendo acordado seguir en la deliberación y votado el orden de sorteo de estudio, el Dr. Fajre dijo:

I.- La sentencia de fs.662/673, hizo lugar a la demanda promovida por Maximiliano Luis Skorvodovski y condenó a Metrovías S.A., Thyssenkrupp Elevadores S.A. y HDI Seguros S.A. a abonar al actor la suma de $ 148.000, con más sus intereses y las costas del juicio. Contra dicho pronunciamiento apelaron la totalidad de las partes. Los fundamentos del actor obrantes a fs. 723/726, merecieron las respuestas de fs. 765/769 -Thyssenkrupp Elevadores S.A- y de fs. 770/773 -Metrovías S.A.-; la empresa Metrovías S.A. expuso sus quejas a fs. 728/734, que fueron respondidas a fs. 754/761 -actor- y fs. 762/764 -Thyssenkrupp Elevadores S.A-; el terceroThyssenkrupp Elevadores S.A. expresó agravios a fs. 736/746, que merecieron las respuestas de fs. 754/761 -actor- y fs. 770/773 -Metrovías S.A.- y por último HDI Seguros S.A fundamentó su recurso a fs. 747/751, con contestación del actor de fs. 754/761.

II.- Las quejas del accionante redundan en los montos establecidos para atender las partidas correspondientes a incapacidad física sobreviniente -estética-, incapacidad psicológica, gastos médicos, de farmacia, traslados y daño moral. Metrovías S.A., básicamente se centra en la atribución de responsabilidad efectuada en la sentencia. Entiende que ha mediado culpa de la víctima por cuanto la escalera mecánica se hallaba efectivamente detenida al momento de ser transitada por el actor.Sostiene que Thyssenkrupp Elevadores S.A, en carácter de mantenedora técnica ha asumido contractualmente la responsabilidad civil por cualquier daño que por su obligación acaeciera, conforme ello resulta ser responsable del accidente en forma excluyente dado que la escalera se hallaba detenida a raíz de una avería. Cuestiona también la procedencia de los rubros correspondientes a incapacidad sobreviniente, daño psicológico y reconocimiento de gastos, como así también la cuantía de la totalidad de los montos indemnizatorios y la tasa de interés establecida. A su turno, Thyssenkrupp Elevadores S.A se agravia por la imputación de responsabilidad efectuada por el a quo toda vez que con la prueba producida en autos se ha acreditado que sólo tiene a su cargo el mantenimiento funcional de la escalera mecánica en cuestión mas no su guarda. Asimismo cuestiona la omisión de considerar la conducta negligente de la víctima en la ocurrencia del hecho, para culminar sus quejas con el reproche por la procedencia de los rubros correspondientes a incapacidad sobreviniente -en lo que respecta al daño estético-, incapacidad psicológica, daño moral y gastos de farmacia, asistencia médica y traslados como así también respecto de los montos otorgados para atender las mencionadas partidas indemnizatorias. Por último la citada en garantía HDI Seguros S.A. cuestiona la interpretación de las pruebas que efectuó el sentenciante para decidir respecto de la mecánica del accidente; puntualmente las declaraciones testimoniales. Asimismo se queja en cuanto de la responsabilidad atribuida a Thyssenkrupp -su asegurada- en la ocurrencia del accidente, para finalizar sus reproches con el desacuerdo en cuanto a la procedencia de las partidas establecidas en concepto de incapacidad sobreviniente y daño psíquico, los montos allí otorgados y la tasa de interés fijada.III.- Ante todo cabe señalar que, en cuanto al encuadre jurídico que habrá de regir esta litis, atendiendo a la fecha en que tuvo lugar el hecho que la generó, entiendo que resulta de aplicación al caso lo dispuesto en la normativa contenida en el Código Civil y en el Código Comercial, hoy derogados, por aplicación de lo establecido en el art. 7 del Código Civil y Comercial de la Nación, actualmente vigente, sin perjuicio de señalar, claro está, que a idéntica solución se arribaría aplicando al caso las normas pertinentes de este último cuerpo legal.

IV.- Antes de abocarme al análisis de los planteos formulados por las recurrentes, he de señalar que los jueces no están obligados a hacerse cargo de todos y cada uno de los argumentos expuestos por las partes, ni a analizar las pruebas producidas en su totalidad, sino tan solo aquellos que sean conducentes para la correcta decisión de la cuestión planteada (art. 386 del Código Procesal). Asimismo, creo oportuno efectuar un resumen de los hechos que motivaron el presente pleito. El actor, en su escrito de demanda (fs. 7/18) relató que el 30 de enero de 2013, aproximadamente a las 21.20hs., se encontraba sobre las escaleras mecánicas de acceso a la estación Tronador de la Línea B de subterráneos, cuando a pocos metros de la finalización del descenso, en forma súbita la escalera detuvo violentamente su funcionamiento, provocando su inevitable caída sobre la misma. Debido a la inercia del interrumpido descenso el accionante golpeó su rostro -especialmente su boca, con la consiguiente pérdida de algunas piezas dentales centrales y laterales superiores-, sufrió contusiones y lesiones en el tórax y hombro izquierdo por consecuencia del arrastre sobre las ranuras de la escalera. Momentos más tarde fue trasladado de urgencia con la intervención del SAME al Hospital Tornú de esta Ciudad.La demandada Metrovías S.A., en oportunidad de contestar esta acción, señaló que del informe de Novedades acompañado por el propio actor junto a su demanda, surge que la caída no ocurrió por una detención abrupta de la escalera sino como consecuencia del mal uso de la misma, al haber descendido el reclamante cuando ésta se encontraba detenida, acción que se encuentra prohibida conforme lo indica la cartelería existente al inicio y pie de la escalera. Entendió que el hecho ocurrió por la exclusiva culpa de la víctima, extremo que interrumpe el nexo causal, eximiendo a la empresa demandada de responsabilidad por el accidente. Por último solicitó la citación como tercero, en los términos del art. 94 del Código Procesal, de Thyssenkrupp Elevadores S.A Por su parte, Thyssenkrupp Elevadores S.A negó la ocurrencia del hecho y sostuvo que, aún en el supuesto de haber ocurrido el siniestro, se estaría en presencia de un caso de culpa de la víctima, pues el actor descendió corriendo por la escalera mecánica cuando se encontraba detenida, pese a la existencia de carteles informativos respecto de su correcto uso y advertencias de seguridad. Entendió que no existe fundamento para merecer la atribución de responsabilidad contractual, toda vez que se dedica a la instalación y mantenimiento funcional de elevadores y ningún vínculo la liga con el reclamante, como así tampoco ha celebrado con él un contrato de transporte en los términos del art. 184 del Código de Comercio. Consideró que tampoco cabe encuadrar la responsabilidad imputada dentro de la esfera extracontractual, dado que ni el accionante ni Metrovías S.A. describieron conducta alguna de su parte que pudiera ser calificada como culpable o negligente. Ni siquiera corresponde que sea aplicable la responsabilidad objetiva, dado que no puede considerarse que la empresa sea dueña o guardiana de la escalera en cuestión.Su citada en garantía, HDI Seguros S.A., refirió que al momento del hecho su asegurada -Thyssenkrupp- tenía a su cargo únicamente la obligación de mantenimiento de las escaleras mecánicas en funcionamiento de la estación Tronador, que era cumplida con eficiencia y puntillosidad. Destacó que las escaleras funcionaban correctamente y que el accidente fue exclusivamente a causa del obrar negligente e imprudente del propio actor al intentar descender por las mismas corriendo mientras se encontraban detenidas.

 

V.- En cuanto al marco legal en el que corresponde encuadrar la cuestión debatida creo oportuno recordar que las cosas inertes, o sea objetos que por su naturaleza están destinados a permanecer quietos, pueden tener normalmente un peligro estático. Una escalera que es inerte puede excepcionalmente tener un peligro estático si los escalones fuesen resbalosos o se hallaren en mal estado de conservación. Lo mismo puede decirse de la calzada o vereda (Conf. Bustamante Alsina, Teoría General de la Responsabilidad Civil, pág. 316). En el caso, debe tenerse presente que la escalera mecánica no es una cosa inerte, sino en movimiento, y desde esta perspectiva en cuanto a la idea de riesgo creado, parecería estar estadísticamente más asociada a cosas en movimiento que a las que se encuentran inertes, al existir una mayor probabilidad de intervención causal en aquel supuesto. Sin embargo, cualitativamente, nada permite disociar al riesgo creado del carácter inerte de una cosa, pues ésta puede haber intervenido activamente en la producción del resultado, como ocurre con el piso anormalmente resbaladizo o deteriorado, que provoca la caída de un peatón (Conf. Pizarro, Ramón Daniel: “Cosas inertes, riesgo creado y arbitrariedad judicial”, en RC y S, 1999-305). Por otra parte, para establecer si una cosa es riesgosa es necesario averiguar, frente al caso concreto, las características de la que ha intervenido en el evento dañoso, para saber si ofrecía un riesgo especial, intrínseco, normal y extraordinario, tal como se analizan las características de una conducta acorde con el art.512 del Código Civil, para saber si ha sido o no culpable. El riesgo de la cosa nunca es la causa exclusiva del daño, pues éste siempre resulta de una agravación o deformación del riesgo que encierra la cosa: manipuleos o uso erróneo, falta de adopción de medidas de seguridad, deficiencias en la conservación o custodia, es decir, de actos que desencadenan la potencialidad dañosa (Conf. Zavala de González, Matilde, “Responsabilidad por riesgo”, 2ª. ed., págs. 56 y sigs.). Por lo tanto, a tenor de las características del hecho discutido, el caso debe quedar aprehendido en la órbita propia de la responsabilidad emanada del contrato de transporte prevista en el art. 184 del Código de Comercio, pues es indiscutible la naturaleza contractual de la responsabilidad del porteador, quien debe responder civilmente por la muerte o lesión del pasajero, salvo que pruebe la presencia de alguna circunstancia obstativa del nexo causal entre el transporte y el daño, es decir, que el accidente provino de fuerza mayor o caso fortuito, o sucedió por culpa de la víctima o de un tercero por el que no debe responder. En otras palabras, tratándose de daños ocasionados en la persona del viajero durante el transporte, nace automáticamente en favor de la víctima una doble presunción: la primera en cuanto a la causalidad, toda vez queda inferido “prima facie” que el daño sufrido tuvo conexión adecuada con el transporte, y la segunda, la de responsabilidad de la empresa en la producción del perjuicio. Más como son presunciones “juris tantum”, el transportador deberá demostrar la presencia de alguna de las causas de liberación de responsabilidad antes mencionadas (Conf. Brebbia, Roberto, “Problemática jurídica de los automotores”, Tomo 2, pág. 22). Ateniéndonos a la ya tradicional clasificación de las obligaciones en obligaciones de medio y de resultado, es incuestionable que la asumida por el porteador debe ubicarse en la segunda categoría.En efecto, en la denominada obligación de resultado, el deudor asume el compromiso de conseguir un objetivo o efecto determinado, que es en definitiva, el resultado que espera obtener el acreedor (Conf. Llambías, Jorge, Obligaciones, Tomo I, pág. 209). En ella la conducta está absorbida por el resultado y se agota recién en la obtención del mismo, de modo que como lo que el deudor debe es el resultado y no la conducta en sí misma, es indiferente para determinar su responsabilidad que él no hubiese incurrido en culpa (Conf. Bustamante Alsina, Jorge, “Prueba de la culpa”, en L.L. 99-892). Así el transportador es responsable por el daño que sufran los pasajeros durante el transporte, en razón del deber de seguridad que impone el contrato, en virtud del cual debe transportar o conducir a la persona sana y salva al lugar convenido. Y si algún daño sufre durante el transporte, nace la obligación de indemnizarla por parte del porteador, sin que pueda exonerarse alegando y probando que no hubo culpa de su parte o de sus dependientes o subordinados (Conf. Bustamante Alsina, Jorge, Teoría General de la Responsabilidad Civil, pág. 319). Sentados tales principios que habrán de regir para la solución de esta litis, corresponde analizar, en primer lugar, si se dan los requisitos necesarios para que funcionen las presunciones de causalidad y responsabilidad establecidas por el art. 184 del Código de Comercio, esto es, daños ocasionados a la persona del viajero, y que los mismos se hayan producido durante el transporte.

 

Así entonces, corresponde a la demandada y a la aseguradora demostrar que se ha producido la ruptura del nexo causal, esto es, caso fortuito, culpa de la víctima o la de un tercero por quien ellas no deban responder. Delimitado el marco jurídico aplicable, corresponde ingresar al análisis de la prueba producida a fin de establecer si concurren los presupuestos para que nazca la responsabilidad civil en cabeza de la accionada.Desde esta perspectiva, me abocaré,en primer término, a analizar las declaraciones testificales, no sin antes señalar que el art. 456 del Código Procesal dispone que “el juez apreciará, según las reglas de la sana crítica (.) las circunstancias y motivos que corroboren o disminuyan la fuerza de las declaraciones”, siendo fundamental la determinación del grado de convicción que le ofrece el testimonio en función de la mayor o menor verosimilitud de los hechos que expone, así como también a la mayor o menor facilidad con que pueden percibirse y recordarse (Conf. Palacio, Derecho Procesal Civil, Lexis Nº 2507/004573). En definitiva, la valoración de la prueba testimonial constituye una facultad propia de los magistrados, quienes pueden inclinarse hacia aquellas declaraciones que les merecen mayor fe para iluminar los hechos de que se trate. La concordancia que puede descubrirse entre el mayor número, y en definitiva, las reglas de la sana crítica, han de señalar caminos de interpretación del juzgador (Conf. Falcón, Enrique, Código Procesal Civil y Comercial ., T. III, pág.365 y sus citas). Así, diré que a fs. 440/441 de estos obrados depuso el testigo Raúl A. Aguirre, quien manifestó que conoce al actor por temas de trabajo – hacen “changas”-. Al ser interrogado acerca de si presenció algún accidente en el mes de enero de 2013 sostuvo “… si, lo ví. Yo estaba con mi otro compañero arriba, todavía no había bajado bajó primero un compañero, después bajo Maxi (actor), iba bajando por la escalera, a mitad de la escalera frena la escalera y se cae de boca. Se lastima toda la boca y se quiere levantar pero se descompensa y llamamos a la ambulancia… pasó mucho tiempo hasta que lo volví a ver.Nos encontramos de nuevo en la calle, somos vecinos, vivía a un par de cuadras de mi casa… Al actor lo conozco desde hace un tiempo, ni mucho ni poco…” Al ser interrogado el testigo Eulalio Cabrera Saldaña, declaró conocer al accionante del barrio desde hace aproximadamente 4 años. En cuanto al momento del accidente sostuvo que “… nos fuimos 4 personas juntas, Luis y Raúl, se quedaron arriba, yo bajé primero y cuando yo bajé el actor bajó atrás mío y se trancó de golpe la escalera y ahí se cayó. Se cayó de boca. Se cayó desde el medio hasta abajo. Yo llamé a un policía… El actor luego de caer no hablaba… El actor es nuestro ayudante, nosotros hacemos colocación y albañilería…” (ver fs. 465/466). A su turno, el deponente Luis Saucedo refirió que “… conozco al actor como compañero de trabajo, desde hace 4 años…”. En cuanto a si presenció el accidente manifestó “… si, lo ví. Yo estaba arriba con mi compañero Raúl (no recuerdo el apellido) y el actor. Lo despedí al actor y él iba bajando porque la escalera estaba andando y nos quedamos esperando que termine de bajar y escuchamos cuando la escalera se paró. Escuchamos como un tope. Y ahí vimos al actor que se cayó hacia adelante, se golpea contra la escalera y contra el piso, después de que perdiera los dientes. Golpea con su cara, y el pecho y estaba todo ensangrentado. Abajo estaba esperándolo Cabrera, mi otro compañero y buscamos a un policía que estaba allí….”(fs. 467/468). De tales manifestaciones, estimo que quedó en evidencia que los testigos mencionados precedentemente vieron el preciso momento en que ocurrió el accidente y los motivos que lo ocasionaron. En consecuencia y al analizar los testimonios en el contexto antes descripto, sin perjuicio del grado de conocimiento con el actor que señalaron en sus declaraciones, lo cierto es que me resultan confiables a los fines de decidir esta litis. En cuanto al resto de la prueba producida, diré que a fs.359/395 se encuentra agregado el peritaje mecánico, en el que el experto informó que al momento de efectuar el peritaje no se le facilitó la documentación técnica respaldatoria que acredite los supuestos mecanismos de seguridad indicados por la empresa Thyssenkrupp respecto de las escaleras mecánicas. Tampoco ha podido acreditar el correcto funcionamiento de la botonera existente en la parte inferior de la escalera que permite su detención en forma inmediata, ni tuvo acceso al libro de Novedades, sino que únicamente se le permitió la compulsa del libro de Registro de Inspecciones y Conservación. Sin perjuicio de haber sido acompañadas las copias de las inspecciones realizadas, el ingeniero destacó que se trata de controles mensuales y sólo acreditan el estado de funcionamiento y/o observaciones al momento de la verificación por el personal interviniente, pero no acreditan en correcto y/o ininterrumpido funcionamiento durante todo el mes. Mencionó la inspección del mes de enero de 2013, de donde no surge que la escalera Nª 2 se encontrara en estado de detención (ver fs. 362/377) Al evaluar los carteles de señalización existentes respecto de la escalera Nº 2, indicó que al momento del informe se encontraban adosados en la parte “media” de la pared derecha y se reiteraron en la parte inferior de la escalera; en consecuencia destacó que sólo resultan visibles cuando el eventual pasajero ya se encuentra en la parte media de la escalera o bien cuando se ingresa en sentido ascendente desde la parte inferior, por lo que entendió que no resultan preventivamente útiles para los pasajeros que acceden desde el nivel de la calle descendiendo. No logró determinar si la mecánica del accidente fue la que sostuvo el accionante al interponer la demanda, o la sostenida por las demandadas al contestarla.Destacó que según el Protocolo de Comunicación Segura por Desperfectos de la Escalera Mecánica de Metrovías S.A.-cuya copia adjuntó al dictamen-, el personal de esta empresa debía poner en marcha un procedimiento de acuerdo al esquema allí indicado que establece que si el lugar tiene personal de vigilancia, en principio se trata de restablecer el funcionamiento de la escalera, de no lograrlo se clausura la misma colocando el vallado correspondiente y se comunica la medida adoptada al boletero; si queda fuera de servicio permanecerá clausurada y vallada, no pudiéndose utilizar bajo ninguna circunstancia como escalera fija excepto en caso de ser necesaria como salida de emergencia. En los nudos de transferencia y estaciones principales, deberá quedar personal de seguridad aportado en el lugar, a los fines de informar a los pasajeros de la no utilización de la escalera mecánica, orientándolo hacia otro acceso alternativo. Según manifestó al experto Metrovías S.A., la escalera fue utilizada por el reclamante al momento en que había sido detenida, pero la empresa no indicó que la misma se enc ontrara vallada o que se hubiera dispuesto personal de seguridad como lo prevén los puntos 3.1 y 3.3 del protocolo aludido (ver fs. 360). La codemandada Metrovías S.A. impugnó la peritación (fs. 447/448), para lo cual adujo que la cartelería se encuentra apenas iniciada la escalera y no en la parte media. Asimismo destacó que se le exhibió la documentación que hacía al caso concreto y se hallaba en su poder. A fs. 452 HDI Seguros S.A. contestó el traslado del peritaje y adhirió al informe del consultor técnico -Ing. Iervasi-, obrante a fs. 449/452. El perito ratificó en todas sus partes el dictamen oportunamente presentado (fs. 521/529). De acuerdo con lo que dispone el art.477 del Código Procesal, la fuerza probatoria del dictamen pericial será estimada por el juez teniendo en cuenta la competencia del perito, los principios científicos o técnicos en que se funda, la concordancia de su aplicación con las reglas de la sana crítica y los demás elementos de convicción que ofrezca la causa. La claridad en las conclusiones del perito es indispensable para allegar el suficiente poder convictivo al ánimo del juez (Conf. Devis Echandía, Hernando, “Teoría General de la prueba judicial”, Tomo II, pág. 336) Pues bien, desde esta perspectiva entiendo que el dictamen del ingeniero mecánico presentado en autos es claro y elaborado a partir de la escasa prueba colectada sin que advierta razones de peso para apartarme de sus conclusiones. Por todo lo dicho, en consideración a las declaraciones testimoniales, así como también las conclusiones del perito mecánico, aun suponiendo que la mecánica del hecho haya sido como la relatada por Metrovías S.A. al contestar esta acción, es decir que la escalera mecánica se encontrara detenida fuera de funcionamiento, lo cierto es que ha quedado debidamente acreditado que en dicha oportunidad no había una valla, ni personal de la empresa de transportes que impidiera el acceso a la misma, tal como lo encomienda el citado Protocolo de Comunicación Segura por Desperfectos de Escalera Mecánica (ver fs. 359/361). Tampoco logró acreditarse que el actor hubiera descendido por las escaleras corriendo con la intención de utilizar el servicio de transporte público sin tomar las correspondientes medidas de precaución, tal como lo sostienen las demandadas. En este sentido se ha dicho que un centro comercial o supermercado en el que se mueven miles de personas, debe ofrecer salidas adecuadas, eficientes y debe contar con personal idóneo y capacitado para cubrir esos menesteres; una escalera mecánica debe permitir a los visitantes subir o bajar con un mínimo de comodidad y seguridad.Por lo tanto, si el cliente está sometido a peligros, exponiéndose a riesgos meramente por intentar bajar de un piso a otro o cuando lo hacen los restantes visitantes, la responsabilidad es de la propietaria y explotadora que no cuenta con los medios necesarios para prestar un servicio útil a los fines (conf. CNCiv., sala F, recurso 369542 del 17/9/03, elDial.com de 16/10/2003, La ley del 11/12/2003).

 

Por ello, considero que la queja en este aspecto debe ser desestimada, confirmándose lo decidido por el Sr. juez a quo en cuanto establece la responsabilidad de la empresa de subterráneos Metrovías S.A., en el acaecimiento del hecho, por no haberse podido acreditar que el mismo hubiera ocurrido por la culpa de la víctima o la de un tercero por quienes no debe responder.

 

VI.- En cuanto a los agravios de la empresa citada como tercero, Thyssenkrupp Elevadores S.A.y de su aseguradora HDI Seguros S.A., en torno de la responsabilidad atribuida en la sentencia, ambas señalan que la asegurada, al no ser la dueña ni guardiana de la escalera, como así tampoco presentar actividad riesgosa alguna, no resulta responsable del accidente en los términos del art. 1113 del Código Civil. En tal sentido invocan el contrato acompañado por Metrovías S.A. que determina las funciones a cargo de Thyssenkrupp, entre las que se encuentra el mantenimiento preventivo, correctivo y de conservación de las escaleras mecánicas instaladas en las estaciones de subterráneos de la Ciudad de Buenos Aires (ver copia del contrato de fs. 30/37, cláusula primera), de ahí que pueda concluirse que únicamente era la responsable exclusiva del mantenimiento y conservación de las escaleras a la época de producirse el accidente que motivara esta litis. Ahora bien, de la declaración testimonial de Solari, supervisor de mantenimiento dependiente de la empresa mantenedora, surge que ha concurrido a la estación Tronador a inspeccionar las escaleras en más de una oportunidad.Al ser interrogado acerca de cuál debería ser el proceder de los pasajeros cuando una escalera se encuentra detenida, respondió “… no usarla. Tiene que usar la escalera fija. Siempre en todas las estaciones de subte tiene que haber otro acceso además de la escalera mecánica.”, en tal sentido se le cuestionó acerca de los riesgos de usar una escalera cuando está detenida y el testigo manifestó que “…Por norma se tomó que cuando una escalera está detenida los pasajeros o usuarios, no sea utilizada…”.En cuanto a los motivos que dieran origen a la detención de la escalera, sostuvo que “…se puede detener porque se activó alguna de las seguridades que detallé o a un desperfecto que haya detectado en la escalera…” (ver fs. 438/439). A mi modo de ver, asiste razón a esta codemandada y a su aseguradora, en tanto, lejos de ser responsables de la guarda de la escalera, sus funciones se limitan mantenimiento preventivo, correctivo y de conservación de las escaleras mecánicas instaladas en las estaciones de subterráneos de la Ciudad de Buenos Aires, según surge del respectivo contrato celebrado con la codemandada Metrovías S.A., al que ya me he referido. De ahí que, al no haberse acreditado en autos los motivos por los que la escalera mecánica se detuvo, claramente, no hay elemento alguno que me haga presumir que la causa del accidente haya estado en el deficiente mantenimiento de la escalera, extremo este que tampoco fue señalado por el perito. Por ello, y en base a funciones expresamente establecidas respecto de la empresa mantenedora, entiendo que ninguna responsabilidad le cupo en el hecho, por lo que propongo al acuerdo se revoque la sentencia en crisis en tanto condena a Thyssenkrupp Elevadores S.A.y a su aseguradora HDI Seguros S.A.

 

VII.- Sentado lo que antecede, corresponde analizar las quejas efectuadas por las partes sobre la procedencia y los montos fijados en las partidas indemnizatorias concedidas.En atención a lo decidido precedentemente, deviene abstracto el tratamiento de los agravios vertidos en este sentido por la codemandada Thyssenkrupp Elevadores S.A.y su aseguradora HDI Seguros S.A.

 

a.- Incapacidad sobreviniente (física – estética)

 

El sentenciante otorgó la suma de $ 60.000 por incapacidad físicaestética. El actor estima escaso el importe reconocido por tal concepto y solicita se adecue el monto otorgado a valores razonables, ello en virtud del cálculo matemático que realiza, que arroja un guarismo de $ 8.333,33 por cada punto de incapacidad sobreviniente, parcial y con carácter definitivo. Por su parte, Metrovías S.A. cuestiona la procedencia y el monto otorgado por incapacidad sobreviniente, pues considera que no se han constatado en el accionante limitaciones que lo incapaciten o menoscaben para la realización de tareas productivas. También ataca el quantum reconocido por entender que es elevado, máxime si se tiene en cuenta que se ha dispuesto la aplicación de la tasa activa de interés. Con criterio que comparto, se ha sostenido que el resarcimiento por incapacidad comprende, con excepción del daño moral, todos los supuestos susceptibles de reparación patrimonial, incluso los daños de salud, y a la integridad física y psíquica (Conf. esta cámara, Sala C, 15/09/2003, LA LEY 02/09/2004, 7), en el caso toda vez que el juez de grado ha tratado por separado los acápites referidos a la incapacidad sobreviniente y el daño psíquico, por no existir agravio al respecto y en atención al límite del recurso, dentro de este punto únicamente me abocaré al tratamiento del daño físico como así también la lesión estética en lo atinente a la incapacidad que pueda generar, sobre lo que me explayaré más adelante.Ahora bien, sabido es que cuando se trata de una incapacidad física o psíquica, el daño emergente no puede medirse sólo en función de la ineptitud laboral, sino que ello también debe ser ponderado a partir de toda la vida de relación de la víctima, en consideración a sus condiciones personales, como el sexo, la edad y el estado civil, entre otras. En ese orden de ideas, se decidió que la indemnización por incapacidad sobreviniente procura el resarcimiento de aquellos daños que tuvieron por efecto disminuir la capacidad vital de la persona afectada, no sólo en su faz netamente laboral o productiva, sino en toda su vida de relación y, por ello, no pueden establecerse pautas fijas por cuanto habrá de atenerse a circunstancias de hecho, variables en cada caso particular pues, para que la indemnización sea justa y equitativa deben apreciarse diversos elementos y circunstancias de la víctima, tales como edad, sexo, formación educativa, ocupación laboral y condición socioeconómica (esta sala, 01/08/2003, LA LEY 03/09/2004, 7). En consecuencia, para su valoración no existen pautas fijas, pues para su determinación debe considerarse la persona en su integridad, con su multiforme actividad, debiendo computarse y repararse económicamente todas las facultades propias en la amplia gama de su personalidad en su vida en relación (esta sala, 23/03/2004, LA LEY 2004-C, 1029). Deben ponderarse en concreto las limitaciones que el damnificado padece en su desempeño laboral y social, teniendo en cuenta, entre otras circunstancias particulares, el sexo, las condiciones socioeconómicas, la actividad laboral anterior y la real incidencia de las lesiones en su actividad actual (esta cámara, Sala J, 03/12/2004, LA LE Y 2005-B, 258). Tampoco es preciso atender a porcentajes y baremos de incapacidad, usuales en las indemnizaciones tarifadas del derecho laboral, ya que la reparación civil tiene por finalidad cubrir no sólo las limitaciones de orden laboral, sino también las proyecciones del menoscabo sufrido con relación a todas las esferas dela personalidad de la víctima. Si bien los porcentajes de incapacidad, junto con la edad y las expectativas de vida de la víctima, constituyen un valioso elemento referencial para fijar la indemnización por incapacidad sobreviniente, el resarcimiento en cuestión debe seguir un criterio flexible, apropiado a las singulares circunstancias de cada caso (esta cámara, sala F, 15/11/2004, DJ 16/02/2005, 345, LA LEY 10/02/2005, 8).

 

Sin embargo, para cuantificar la magnitud del perjuicio, no debe asignársele un valor absoluto a los porcentajes de incapacidad establecidos por los peritos, sino que es menester compulsar la efectiva medida en que dicha mengua física y psíquica ha repercutido patrimonialmente en la situación particular del lesionado, tanto sea en la disminución de sus aptitudes para el trabajo, como en otros aspectos de su vida que, de manera indirecta, le han impuesto limitaciones en su vida social y la forma en que esto afectó sus perspectivas de evolución material o en la configuración de un perjuicio (esta cámara, Sala A, 12/08/2004, “Lavezzini, Rubén D. c. Ciudad de Buenos Aires” , Sup. Adm 2004 (noviembre), 74, La Ley on line). En función de estos parámetros analizaré las pruebas producidas. A fs. 443/446 el perito médico informó que el actor presentaba “en relación al accidente denunciado en autos como secuelas físicas la pérdida de 3 piezas dentarias, cicatrices en el rostro y cicatriz en tórax” (sic, fs. 444). En cuanto a la inspección del tórax “… da cuenta de cicatriz formada por 4 líneas trasversales perpendiculares entre sí, de 2 cm cada una, a la altura del hemotórax derecho; de aspecto hipocrómico y sin adherencias ni retracciones…”; en tal sentido explicó que “… las lesiones en el tórax resultan del traumatismo directo contra los escalones de la escalera mecánica, reproduciendo las características de la cicatriz la grilla metálica de los escalones…”. Al efectuar el examen odontológico advirtió “ausencia de los dos incisivos centrales, y el incisivo lateral izquierdo.Resto de las piezas dentarias en óptimo estado de conservación …”. Al efectuar la observación de la cabeza y rostro evidenció la existencia de cicatrices que presentaron las siguientes características “… labio inferior, 0,5 cm lineal, en tercio medio, sin retracciones ni adherencias. Labio superior 0.5 cm lineal en tercio medio sin retracciones ni adherencias, y otra de 1 cm, con orientación transversal, con ligera retracción de la comisura lindera.”. Estimó la incapacidad física del actor de tipo permanente, parcial y definitivo en un total de 7,20% según los términos establecidos por el Baremo para el fuero Civil de los Dres. Altube-Rinaldi.

 

A fs. 480 Metrovías S.A. impugnó el diagnóstico, la incapacidad y la relación causal que otorgó el galeno, por las razones que manifestó al presentar su alegato a fs. 603/606; allí sostuvo que si bien el perito médico indicó un porcentaje de incapacidad, éste resulta ser elevado atento a que las piezas dentarias pueden ser repuestas y no se advierte que ello haya de generar un menoscabo en las capacidades laborales o patrimoniales del actor de ninguna índole. Al respecto diré que el peritaje me impresiona como sólidamente fundado y el impugnante no contó con la asistencia de un consultor técnico que hubiere brindado sustento científico a sus objeciones, por lo que estaré a las conclusiones del perito médico. Así las cosas, advierto que el actor era un hombre que a la fecha de accidente tenía 26 años de edad, se desempeñaba como albañil en forma independiente, sin contar con otro ingreso, habitaba en una vivienda sencilla en la localidad de Ezeiza, Provincia de Buenos Aires, no posee propiedades, ni rentas ni ningún otro bien, era soltero, sin hijos, convivía junto a sus padres y cuatro hermanas (conf. fs.4/9 del incidente sobre beneficio de litigar sin gastos). Por todo lo expuesto, dada la entidad de las secuelas que presenta el actor resultante del accidente de autos -conforme a lo antes expuesto-, el porcentual de incapacidad estimado por el experto, y sus características personales que fueron apuntadas, estimo que el importe reconocido por esta partida es adecuado por lo que propondré al acuerdo su confirmación.

 

b.- Daño psicológico

 

En la sentencia apelada se estableció por este concepto la suma de $ 45.000. El actor se agravia de esta decisión, para lo cual se apoya en la pericia psicológica en la que se determinó que presentaba una incapacidad del 30%, por ende sostiene que el monto considerado en la sentencia arroja un guarismo de tan sólo $ 1.500 por cada punto de incapacidad establecido, que califica de insignificante. La codemandada Metrovías S.A. se agravia por la procedencia del rubro en análisis por considerar que la perito efectuó consideraciones que contrarían la pericial médica, en cuanto estableció que el actor tiene “signos neuropsicológicos compatibles con TEC”. En tal sentido entiende que el hecho de autos resulta ser un hecho menor que no le generó secuelas físicas al accionante y por ende considera que no puede ponderarse que presente una incapacidad psicológica que amerite el monto reconocido por el anterior sentenciante. La perito psicóloga presentó su dictamen a fs. 453/458. Concluyó: “el Sr.Skorvodovski Maximiliano Luis presenta al momento de la peritación, indicadores de deterioro adquirido de las funciones cognoscitivas, presentado fallas en la eficiencia cognitiva, potenciado por cefalea post conmocional y las secuelas psíquicas incapacitantes que deja el trastorno por estrés post traumático cronificado, que son impedimentos concretos para pasar cualquier evaluación laboral…” Al abordar el análisis de la incapacidad presentada al momento de la evaluación, destacó que “…presenta signos neuropsicológicos compatibles con TEC moderado, mas cefalea post traumática, estimando el grado de incapacidad Neuropsicológica de la eficiencia cognitiva en de 15%. Con respecto al trastorno por estrés pos traumático agudo sufrido a partir del accidente de autos, este se encuentra cronificado, generando secuelas psíquicas incapacitantes que se observan en plena evolución, en estado moderado, implica todas las áreas de la personalidad del Sr. Skorvodovski, Maximiliano Luis y es de carácter permanente… el trastorno de estrés pos traumático cronificado evaluado mediante técnicas psicodiagnósticas, genera secuelas psíquicas incapacitantes, que determinan un daño psicológico del 15% de acuerdo a los Baremos consultados…”. A fs. 479 Metrovías S.A. impugnó el dictamen y sostuvo que durante la entrevista con la psicóloga medió simulación en el actor, dado que en modo alguno le manifestó al perito médico que tuviera dolores de cabeza constantes y demás situaciones que refirió a la psicóloga. La impugnación mereció la respuesta de la Lic. Broussalian, quien a fs. 518/519 sostuvo que la demandada no presenció la pericia, ni designó consultor técnico especialista, sino que únicamente la letrada se limitó a criticar el informe sin contar con conocimientos que la habiliten para ello. En tal sentido ratificó el informe presentado en cuanto a sus conclusiones diagnósticas, metodología de trabajo, porcentuales de incapacidad y tratamientos sugeridos. A partir de lo antes expuesto, he de señalar que entiendo que el dictamen aparece como debidamente fundado.En tal orden de ideas, considero que un accidente de estas características puede tener entidad suficiente para generar trastornos psicológicos en la víctima, máxime si sufre lesiones físicas aunque ellas no dejen secuelas. En autos se encuentra acreditado que el actor sufrió un accidente por el que fue asistido médicamente, se le asignó un porcentaje de incapacidad física permanente, y con la pericia psicológica se acreditó que presenta una incapacidad psíquica y que debe realizar tratamiento por ello. Entonces, a mi modo de ver, se encuentra acreditada la relación de causalidad entre el hecho de autos y el daño psicológico que presenta el actor. Por todo ello, considero que debe admitirse el reclamo y dadas las secuelas que presenta la demandante, resultantes del accidente de autos – conforme a lo antes expuesto-, su edad y sus restantes condiciones personales ya señaladas, propondré al acuerdo que se confirme la sentencia apelada en este punto.

 

c.- Daño moral

 

El magistrado concedió la suma de $ 40.000 por esta partida indemnizatoria. El accionante y Metrovías S.A. se agravian respecto del monto otorgado para atender este acápite en sentidos opuestos. De conformidad con los términos del art. 1078 del Código Civil, considero que se trata de un daño resarcible, que no tiene por objeto sancionar al autor del hecho, sino a reparar los padecimientos físicos y morales que debió soportar el damnificado como consecuencia del accidente, intentando compensarlos. No es fácil traducir en una suma de dinero la valoración de los dolores, sufrimientos, molestias, angustias, incertidumbres o temores padecidos por la víctima, pues sólo ella puede saber cuánto sufrió.

 

Por ello se ha sostenido que para estimar pecuniariamente la reparación del daño moral falta toda unidad de medida, pues los bienes espirituales no son mensurables en dinero.Sin embargo, al reconocerse una indemnización por este concepto, no se pone un precio al dolor o a los sentimientos, sino que se trata de suministrar una compensación a quien ha sido injustamente herido en sus afecciones íntimas (Conf. Orgaz, Alfredo, “El daño resarcible”, pág. 187; Brebbia, Roberto, “El daño moral”, Nº 116; Mosset Iturraspe, Jorge, “Reparación del dolor: solución jurídica y de equidad”, en L.L. 1978-D-648). Sentado ello, diré que la determinación del daño moral no se halla sujeta a parámetros objetivos, pues las aflicciones se producen en el ámbito espiritual de la víctima, por lo que su valoración debe efectuarse según la cautelosa discrecionalidad del juzgador ceñido a considerar la situación personal de aquélla (arts.163, inc. 5°, 165, 386, 456, 477 y concs., Cód. Procesal Civil y Comercial; arts.1078, 1083 y concs., Cód. Civil) (conf. esta sala, 18/10/2002, Suraniti, Juan S. c. Ranz, Mónica A. y otro, DJ 2003-1, 247; id. 07/11/2007, Conti, María Elvira c. Autopistas del Sol S.A. y otro s/daños y perjuicios, La Ley Online, id. “Mora de Zabala, Ana c. Lucero, Alberto s/daños y perjuicios”, 18/07/2008, ED Digital, (23/09/2008, nro 18251; id. “Martínez, Adriana Edith c. Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires s/daños y perjuicios” , 23/06/2008, ED Digital, (04/09/2008, nro. 04/09/2008). Además, la indemnización por este concepto tiene carácter autónomo y no tiene por qué guardar proporción con los daños materiales (conf. sala G, 01/03/2000, Zalazar, Mario A. c. Transporte Metropolitanos General Roca S. A.). Está acreditado que el demandante debió haber padecido dolores producto del accidente y de las lesiones que sufrió. También se encuentra acreditado que presenta incapacidad psicológica. Considero que es indudable que tanto ello como la propia vivencia del accidente debieron haberle provocado sentimientos de angustia que deben ser reparados.De todas maneras, y atento a las facultades que me confiere el art. 165 del Código Procesal, estimo que el monto reconocido es adecuado para resarcir este aspecto del reclamo, por lo que propiciaré su confirmación.

 

d.- Gastos de farmacia, asistencia médica y traslados.

 

En la sentencia se otorgó la suma de $ 3.000 por estos conceptos. El actor se queja porque considera que esta suma es escasa, mientras que Metrovías S.A. la considera excesiva, para lo cual sostiene que el reclamante fue asistido en un hospital público y que el monto reconocido resulta excesivo por lo que solicita se revoque el rubro o bien se reduzca el quantum establecido. Debo recalcar que en esta clase de gastos (médicos y farmacéuticos) no resulta necesaria una prueba concreta y específica, sino que su erogación se presume en orden a la entidad de los hechos acreditados, aun cuando la atención haya sido prestada en hospitales públicos o por una obra social, de ordinario, no cubren la totalidad de los gastos en que incurren los pacientes (esta cámara, Sala A, 27/12/2011, “Morteyru, Juan Alberto y otro c. Juan, Gustavo Gabriel y otros s/daños y perjuicios”, RCyS 2012-VI, 251).

 

Asimismo, una constante y antigua jurisprudencia ha entendido que los gastos en que incurre quien sufre un ilícito no necesitan de una acabada prueba documental. Se presume que quien ha sufrido lesiones que requirieron tratamiento médico debe realizar gastos extraordinarios en concepto de medicamentos, sin que obste a tal solución que el damnificado haya sido atendido en hospitales públicos o a través de su obra social, ya que también en estos supuestos debe afrontar ciertos pagos (por ejemplo, medicamentos) que le ocasionan un detrimento patrimonial (esta sala, 28/06/2013, “Lapietra, Sandra Marcela c/ Transportes 27 de Junio S.A.C.I.F. y otros s/ daños y perjuicios”, L. 617.694). Entiendo que la misma solución debe aplicarse a los gastos de traslado.Como vimos, se encuentra demostrado que el demandante sufrió lesiones en su rostro y torso -ver fotografías de fs. 8 y fs. 9- de lo que se infiere que al menos durante unos días debió movilizarse en automóviles de alquiler.

 

En relación a los gastos médicos, como ya expliqué, aunque el actor se haya atendido en un hospital público, seguramente debió afrontar ciertos gastos. En consecuencia, y en virtud de lo dispuesto por el art. 165 del Código Procesal, considero que la suma reconocida por la partida en tratamiento es adecuada, por lo que propondré al acuerdo que se la confirme.

 

VIII.- La codemandada Matrovías S.A. se queja de la aplicación de la tasa activa desde el hecho y hasta el efectivo pago, tal como se establece en la sentencia apelada. Sentado ello, diré que hasta la entrada en vigencia del nuevo Código Civil y Comercial esta Sala venía aplicando el plenario “Samudio de Martínez Ladislaa c/Transporte Doscientos Setenta SA s/daños y perjuicios” (20-4-2009), que establece que, para el caso de intereses moratorios, corresponde aplicar la tasa activa cartera general (préstamos) nominal anual vencida a treinta días del Banco de la Nación Argentina allí fijada por todo el período indicado en la sentencia apelada (cfr. art. 303 del Cód. Procesal). En este punto debo aclarar que la aplicación de los plenarios se debió a que si bien no se desconocía que el art. 303 del CPCCN había sido derogado por el art. 12 de la ley 26.853, en virtud del art. 15 de esa misma normativa, tal disposición recién entraría en vigor a partir de la efectiva integración y puesta en funcionamiento de los tribunales que allí se creaban, razón por la cual continuaría vigente hasta ese momento la doctrina plenaria. Sin embargo, si bien el artículo antes mencionado establecía la obligatoriedad de los fallos plenarios, ello suponía -claro está- la subsistencia de las normas legales en que aquellos se fundaban.(ColomboKiper, Código Procesal y Comercial de la Nación. Comentado y Anotado, La Ley, Buenos Aires, 2011, pág. 267). Ahora bien, desde el 01/08/2015 entró en vigencia el Código Civil y Comercial que en su artículo 7 fija las pautas de derecho transitorio. Como los intereses son consecuencia de una relación jurídica existente, debe aplicarse la nueva ley. Esta Sala viene aplicando desde hace tiempo la tasa activa de interés, ya sea por aplicación del fallo plenario obligatorio, ya por considerar que no había motivos para cambiarla por una tasa pasiva. Sin embargo, en virtud de lo expuesto en el párrafo precedente, y efectuado un nuevo examen de la cuestión permite advertir que la tasa activa que aplica este tribunal no compensa al acreedor, para quien el costo del dinero es mucho más alto, por lo que considero que de acuerdo con la pauta establecida en el artículo 768, inc. c), desde el 01/08/2015 y hasta el efectivo pago, correspondería aplicar una tasa mayor. Así las cosas, no creo posible afirmar que la sola fijación en la sentencia de los importes indemnizatorios a valores actuales basta para tener por configuradouna alteración del significado económico del capital de condena que configure un enriquecimiento indebido para el acreedor en perjuicio del deudor. Ello por cuanto, en primer lugar, y tal como lo ha señalado un ilustre colega en esta cámara, el Dr. Zannoni, la prohibición de toda indexación por la ley 23.928 -mantenida actualmente por el art. 4 de la ley 25.561- impide considerar que el capital de condena sea susceptible de esos mecanismos de corrección monetaria. En palabras del mencionado colega:”La circunstancia de que, cuando se trata de resarcimientos derivados de hechos ilícitos, el juez en la sentencia estima ciertos rubros indemnizatorios a valores actuales -como suele decirse-, a los fines de preservar en equidad el carácter resarcitorio de la indemnización, no significa que se actualicen los montos reclamados en la demanda o se apliquen índices de depreciación monetaria”, pues tales mecanismos de actualización están prohibidos por las leyes antes citadas (Zannoni, Eduardo A., su voto in re “Medina, Jorge y otro c/ Terneiro Néstor Fabián y otros”, ésta cámara, Sala F, 27/10/2009, LL Online, entre otros). Ahora bien, dispone el art. 768 del Código Civil y Comercial que: “Intereses moratorios. A partir de su mora el deudor debe los intereses correspondientes. La tasa se determina: a) por lo que acuerden las partes; b) por lo que dispongan las leyes especiales; c) en subsidio, por tasas que se fijen según las reglamentaciones del Banco Central”. En el caso, como sucede en todas las demandas de daños y perjuicios derivados de accidentes de tránsito, no hay una tasa acordada entre víctima y responsable, y tampoco una establecida por leyes especiales. Por ende, solo resta acudir a tasas fijadas en alguna reglamentación del Banco Central. Por otro lado, el art. 771 prevé que el juez debe valorar “el costo medio del dinero para deudores y operaciones similares en el lugar donde se contrajo la obligación”. Esto significa que, en lo que aquí interesa, que desde el día del hecho el acreedor (víctima) se ha visto privado del capital al que tiene derecho, y que entonces se debe evaluar cuánto le hubiera costado el dinero si lo hubiera buscado en el mercado. Pero, además, la tasa debe ser importante, para evitar la indeseable consecuencia de que el deudor moroso especule o se vea beneficiado por la demora del litigio, en desmedro de la víctima.Es sabido que la fijación judicial de intereses para las deudas en mora procura resarcir al acreedor por la demora en percibir su crédito y castigar al incumplidor, quien se apartó de los términos de la obligación asumida en origen. La jurisprudencia ha resaltado el contenido disvalioso del incumplimiento y la necesidad de desalentarlo, conceptos que conviene recordar y tener presentes (véanse consideraciones de la mayoría en el caso “Samudio”). El orden jurídico requiere, como pauta general de conducta, que toda persona cumpla con las obligaciones que legítimamente asume y así lo ratifican las normas del CCCN. Cuando se asigna a las deudas en mora una tasa menor a la que abonan -con arreglo a la ley, los reglamentos en vigencia y los pactos válidos- las personas que cumplen sus obligaciones con regularidad, se desplazan las consecuencias ya apuntadas de la morosidad hacia la sociedad y, en paralelo, se beneficia a los incumplidores. Lo dicho no obsta en absoluto a la garantía de los derechos del deudor, en particular cuando, en su calidad de consumidor, se haya visto sometido a abusos que las normas protectoras imponen reparar. Son cuestiones distintas que pueden tra tarse de manera independiente (Drucaroff Aguiar, Alejandro, “Los intereses en los contratos bancarios y el nuevo Código Civil y Comercial de la Nación”, RCCyC 2015 -agosto-, 162). Como ya dijera, esta Sala viene aplicando desde hace tiempo la tasa activa de interés, ya sea por aplicación del fallo plenario obligatorio, ya por considerar que no había motivos para cambiarla por una tasa pasiva. Sin embargo, un nuevo examen de la cuestión permite advertir que la tasa activa que aplica este tribunal no compensa al acreedor, para quien el costo del dinero es mucho más alto. Parece entonces que una tasa adecuada para estos casos sería la que surja de aplicar dos veces la tasa activa, pues su resultado refleja el costo del dinero en el mercado para muchos usuarios.No puede dejar de mencionarse que el artículo 16° de la ley 25.065, de Tarjetas de Crédito, prevé que “el límite de los intereses compensatorios o financieros que el emisor aplique al titular no podrá superar en más del 25%” a la tasa que aplique a las operaciones de préstamos personales en moneda corriente para clientes. Este límite, que fue convalidado por la Corte Suprema (“Proconsumer c. Banco Itaú Buen Ayre S.A. s/ sumarísimo , del 17/05/2016, LA LEY 2016-D, 159) al no intervenir en el caso resuelto por la sala C de la Cámara Nacional en lo Comercial (fallo del 20/04/2012, publicado en el mismo lugar), es mayor -por el momento- a la tasa que en esta decisión se establece.

 

Sin perjuicio de ser este mi criterio, toda vez que se han expresado agravios únicamente a fin de reducir la tasa activa de interés, propongo al acuerdo se confirme la sentencia de grado en lo que hace a este punto.

 

IX.- Propiciaré que las costas de alzada sean impuestas a la codemandada Metrovías S.A. por haber resultado sustancialmente vencida.

 

X.- Por lo expuesto, si mi voto fuera compartido, propongo al Acuerdo de mis distinguidos colegas se modifique la sentencia apelada, revocándose la condena contra Thyssenkrupp Elevadores S.A. y su aseguradora HDI Seguros S.A. y se la confirme en todo lo demás que decide y ha sido materia de apelación y agravios.

 

El Dr. Kiper y la Dra. Abreut de Begher por las consideraciones expuestas por el Dr. Fajre, adhieren al voto que antecede. Con lo que se dio por terminado el acto firmando los señores Jueces por ante mí, que doy fe. Fdo. José Benito Fajre Claudio M. Kiper y Liliana E. Abreut de Begher.

 

Buenos Aires, 3 de noviembre de 2017.

 

Y VISTO: lo deliberado y conclusiones establecidas en el acuerdo transcripto precedentemente por unanimidad de votos, el Tribunal decide: I.- modificar la sentencia apelada, revocándose la condena contra Thyssenkrupp Elevadores S.A.y su aseguradora HDI Seguros S.A.y confirmarla en todo lo demás que decide y ha sido materia de apelación y agravios. Imponer las costas de alzada de conformidad con lo dispuesto en el considerando IX. II. En atención a lo dispuesto por el artículo 279 del Código Procesal, corresponde dejar sin efecto las regulaciones establecidas en la instancia de grado y fijar los honorarios de los profesionales intervinientes adecuándolos a este nuevo pronunciamiento. En lo que se refiere a la base regulatoria, este Tribunal considera que, de conformidad con lo establecido por el art. 19 de la ley 21.839, debe considerarse como monto del proceso a los fines arancelarios al capital de condena con más los intereses reclamados y reconocidos en la sentencia (autos “Prevención Aseguradora de Riesgos del Trabajo SA c/Medina Juan José y otros s/cobro de sumas de dinero” del 27/09/11). A tales efectos, se tendrá en cuenta el objeto de las presentes actuaciones y el interés económicamente comprometido, naturaleza del proceso y su resultado, etapas procesales cumplidas, y el mérito de la labor profesional apreciada por su calidad, eficacia y extensión, considerando además lo dispuesto por los artículos 1, 6, 7, 9, 10, 19, 33, 37, 38 y concs. de la ley 21.839 -t.o. ley 24.432-.

 

En consecuencia, regúlanse los honorarios de los Dres. Gustavo Alberto Palma y Fernando D. Yuan, letrados patrocinantes de la parte actora, en la suma de ($.), en conjunto, por sus actuaciones en las tres etapas del proceso. Los de las Dras. Gisela Viviana Mori y Claudia Rua letradas apoderadas de Metrovías S.A., en la suma de ($.), en conjunto, por sus actuaciones en las tres etapas del proceso. Los de los Dres. Agustín M. Amura y María Belén Portela letrados apoderados del demandado Thyssenkrupp Elevadores S.A., en la suma de ($.), en conjunto, por sus actuaciones en las tres etapas del proceso. Los de los Dres.Mariano Nicolás Solari, Norma Catalina Strella y Federico Martín Fiorda letrados apoderados de la citada en garantía HDI Seguros S.A., en la suma de ($.) III. En cuanto a los honorarios de los peritos, se tendrá en consideración el monto del proceso conforme lo decidido precedentemente, la entidad de las cuestiones sometidas a sus dictámenes, mérito, calidad y extensión de las tareas, incidencia en la decisión final del litigio y proporcionalidad que debe guardar con los estipendios regulados a favor de los profesionales que actuaron durante toda la tramitación de la causa (art. 478 del CPCC). Bajo tales pautas se fijan los emolumentos de los peritos: ingeniero mecánico Pablo Osvaldo Mauro, psicóloga Lic. Elisa Rosa Broussalian y médico Antonio Santiago Cosentino en la suma de ($.), para cada uno de ellos. Respecto del mediador, Dr. Carlos Guillermo Renis, este Tribunal entiende, que debe aplicarse la normativa vigente al momento de la regulación (cfr. autos “Brascon, Martha Grizet Clementina c. Almafuerte S.A. s/ds. y ps.”, del 25/10/2013, Exp. 6618/2007, en igual sentido, “Olivera, Sabrina Victoria c/ Suárez, Matías Daniel y otro s/daños y perjuicios”, del 1/03/2016, Exp. 9.288/2015, ambos de esta Sala).

 

En consecuencia, teniendo en cuenta lo dispuesto por el Decreto 2536/2015, Anexo I, art. 2°, inc. f) -según valor UHOM desde el 1/8/17-, se fijan en la suma de ($.). IV. Por la actuación cumplida ante esta alzada, que culminara con el dictado del presente pronunciamiento, regúlase el honorario del Dr. Fernando D. Yuan en la suma de ($.). Los de la Dra. Claudia Trinidad Rua en la suma de ($.). Los de la Dra. María Belén Portela en la suma de ($.). Los del Dr. Mariano Nicolás Solari en la suma de ($.), (art. 14 del Arancel).

 

Regístrese, comuníquese a la Dirección de Comunicación Pública, dependiente de la CSJN (conf. Ac. 15/13), notifíquese y oportunamente devuélvase.