Se declara la constitucionalidad del art. 730 del Código Civil y Comercial de la Nación que limita la responsabilidad de los costos del proceso al veinticinco por ciento del monto de la sentencia.

Partes: Chaumont Matías Alberto c/ Lee Seong Soo y otros s/ daños y perjuicios (accidente de tránsito con lesiones o muerte)

Tribunal: Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil

Sala/Juzgado: A

Fecha: 6-nov-2017

Cita: MJ-JU-M-107910-AR | MJJ107910 | MJJ107910

Se declara la constitucionalidad del art. 730 del Código Civil y Comercial de la Nación que limita la responsabilidad de los costos del proceso al 25% del monto de la sentencia.

Sumario:

1.-La disposición del art. 730 del Código Civil y Comercial que sostiene que el pago de las costas del proceso – incluidos los honorarios profesionales – no deben exceder del veinticinco por ciento del monto de la sentencia no es inconstitucional, por cuanto esta limitación no importa la restricción del derecho de propiedad, sino más bien una distribución equitativa de los costos del proceso, no advirtiéndose tampoco una desigualdad de trato entre las partes, toda vez que la igualdad ante la ley establecida por el art. 16 de la Constitución Nacional importa que las consecuencias de que todas las personas sujetas a una legislación determinada dentro del territorio de la Nación sean tratadas del mismo modo, siempre que se encuentren en iguales circunstancias y condiciones.

 

Fallo:

Buenos Aires, 6 de noviembre de 2017.

Y VISTOS Y CONSIDERANDO:

I.- Que vienen estos autos a la Alzada a fin de resolver el recurso de apelación interpuesto por la citada en garantía a fs. 1045 – fundado a fs. 1047/1048 -cuyo traslado no fue contestado-, contra la resolución de fs. 1034/1040, en cuanto el Sr. Juez de primera instancia admitió los planteos de inconstitucionalidad formulados contra el art. 730 del Código Civil y Comercial de la Nación, y 61 de la ley nro. 21.839.

II.- Respecto de la primera cuestión, cabe recordar que constituye un principio elemental de nuestra organización constitucional la atribución y deber que tienen los tribunales de justicia de examinar las leyes en los casos concretos que se traen a su decisión, comparándolas con el texto de la Constitución, para averiguar si guardan o no conformidad con ésta, y abstenerse de aplicarlas, si las encuentran en oposición con aquél (CSJN, 27/11/12, “Rodríguez Pereyra, Jorge Luis y otra c/ Ejército Argentino s/ daños y perjuicios”, LL 2012-F, 559; ídem, 13/7/07, “Bussi, Antonio D. c/ Estado Nacional”, LL 2007-E, 33; ídem, 19/8/04, “Banco Comercial Finanzas (en liquidación banco Central de la República Argentina) s/ quiebra”, LL 2005-F, 453; ídem, 21/3/00, “González, Antonio Humberto c/ Provincia de Chubut s/ acción declarativa de inconstitucionalidad”, LLOnline 04_323V1T098, entre muchos otros precedentes). Así las cosas, es preciso tener en cuenta el criterio restrictivo vigente en materia de declaración de inconstitucionalidad de las leyes (esta Sala, R. 32.550/12, del 7/6/13; íd., R. 618.914, 9/5/13; íd., R.98.614, del 31/10/91, entre otros precedentes), en tanto es un acto de suma gravedad, a ser considerado como ultima ratio del orden jurídico (CSJN, “Rodríguez Pereyra, Jorge Luis y otra c/ Ejército Argentino s/ daños y perjuicios” , 27/11/2012, LL 2012-F, 559; ídem, “Terán, Felipe Federico s/ causa n° 11.733”, 2/3/2011, LLOnline AR/JUR/10487/2011, ídem, “Bordón, Gustavo Fabián”, 8/6/2010, LLOnline AR/JUR/36499/2010; ídem, “Droguería del Sud S.A. c/ Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires” , 20/12/2005, IMP 2006-7, 957; ídem, “Lapadu, Oscar Eduardo c/ Dirección Nacional de Gendarmería” , 23/12/2004, LLOnline AR/JUR/13719/2004, entre otros precedentes). Corolario de lo expuesto es la necesaria sustentación del pedido en un sólo desarrollo argumental, y contar con no menos sólidos fundamentos que puedan ser atendidos (CSJN, “Terán, Felipe Federico s/ causa n° 11.733”, 2/3/2011, LLOnline AR/JUR/10487/2011, íd., “Bordón, Gustavo Fabián”, 8/6/2010, LLOnline AR/JUR/36499/2010), recaudos que no concurren en la especie. Es que, como ya lo ha dicho este Tribunal, la limitación establecida en la ley 24.432 -ahora prevista expresamente en el art. 730 del Código Civil y Comercial de la Nación— no constituye una restricción al derecho de propiedad cuando ella se inscribe con sujeción del monto de la demanda, y en modo alguno cercena el crédito para el profesional, quien puede reclamarlo a su cliente (esta Sala, LH 528.925, del 29/12/09).

En efecto, esta limitación no importa la restricción del derecho de propiedad, sino más bien una distribución equitativa de los costos del proceso, no advirtiéndose tampoco una desigualdad de trato entre las partes, toda vez que la igualdad ante la ley establecida por el art.16 de la Constitución Nacional importa que las consecuencias de que todas las personas sujetas a una legislación determinada dentro del territorio de la Nación sean tratadas del mismo modo, siempre que se encuentren en iguales circunstancias y condiciones (CSJN, in re “Zeballos de Aramayo, Elena y otros c/ Prov. de Córdoba”, Fallos 184:592). Así las cosas, corresponde admitir los agravios vertidos por la recurrente.

III.- Sobre el restante planteo, corresponde indicar que este Tribunal se encuentra facultado para examinar de oficio la admisibilidad del recurso, pues sobre el punto no se encuentra ligado ni por la conformidad de las partes ni por la decisión del juez de primer grado, aún cuando esta última este consentida (esta Sala, R. 614.308, del 26/12/12; íd. 613.372, del 11/12/12; íd. 611.852, del 14/11/12; íd., 611.701, del 11/11/12; íd., R. 605.217, del 7/8/12; íd., R. 313.392, del 26/12/00, entre otros precedentes). Así las cosas, la cuestión debatida en autos -inconstitucionalidad del art. 61 de la ley 21.839- se circunscribe a la diferencia entre aplicar la tasa activa o la pasiva a los emolumentos correspondientes al letrado de la actora, la cual, conforme a las cuentas que él mismo realizó a fs. 1027, asciende a la suma de $ 968,65. En tales términos, fácil resulta concluir que el remedio deviene inadmisible, pues el monto comprometido no supera el límite previsto en el art. 242, segundo párrafo del Código Procesal.

En mérito de lo expuesto, y de conformidad con lo dictaminado por el Sr. Fiscal de Cámara, SE RESUELVE: 1) Revocar la decisión recurrida en cuanto admite el planteo de inconstitucionalidad del art. 730 del Código Civil y Comercial de la Nación. Con costas, por aplicación del principio objetivo de la derrota (art. 68 del Código Procesal). 2) Declarar inadmisible el remedio intentado en lo que atañe al planteo de inconstitucionalidad del art. 61 de la ley 21.839. 3) Sin costas en la Alzada, atento a no haber mediado controversia. Notifíquese al Ministerio Público Fiscal en su despacho, y a los interesados en los términos de las Acordadas 38/13, 31/11 y concordantes. Publíquese en el Centro de Comunicación Pública de la C.S.J.N. (conf. Acordadas 15 y 24/2013 -del 14 y 21 de agosto de 2013, respectivamente-) y oportunamente devuélvanse, haciéndose saber que en primera instancia deberá notificarse la recepción de las actuaciones y el presente fallo a los restantes involucrados si los hubiere, en forma conjunta.

 

Hugo Molteni

Sebastián Picasso

Ricardo Li Rosi