Responsabilidad del sanatorio, pues la dolencia ameritaba una especial atención y estudios de mayor complejidad que no fueron ejecutados

Partes: A. B. V. c/ Clinica Privada Florencio Varela S.A. y otros s/ daños y perjuicios

Tribunal: Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil

Sala/Juzgado: I

Fecha: 8-sep-2017

Cita: MJ-JU-M-108086-AR | MJJ108086 | MJJ108086

Responsabilidad por mala praxis pues la dolencia de la actora ameritaba una especial atención y estudios de mayor complejidad a fin de determinar el diagnóstico. Cuadro de rubros indemnizatorios.

Sumario:

 

 

 

1.-El Sanatorio codemandado resulta responsable por los daños y perjuicios derivados de mala praxis pues desde hacía tres años atendía a la paciente en su dolencia y, su reiteración ameritaba una especial atención y estudios de mayor complejidad a fin de establecer a ciencia cierta cuál podría llegar a ser el mejor tratamiento a seguir no tan sólo respecto a sus problemas de litiasis renal sino por cuanto el abdomen de la paciente era sometido reiteradamente a intervenciones e imponía no solo atender la litiasis sino controlar igualmente el estado de sus restantes órganos.

 

2.-Corresponde rechazar la demanda por mala praxis contra el médico que atendió en guardia a la actora – por un dolor intenso y punzante en región lumbar izquierda, y tenía antecedentes de litiasis renal, cesárea y un nuevo diagnostico reciente de litiasis renal derecha-, ya que mal puede entonces descalificarse la conducta del profesional, pues nada indica que el no haber permanecido más tiempo en observación hubiera determinado la presencia de apendicitis siendo que habían cedido el dolor y estado febril con la ingesta de antipiréticos, por lo que no resultaba inapropiado disponer el alta bajo tratamiento farmacológico domiciliario.

 

 

Fallo:

 

En la Ciudad de Buenos Aires, Capital de la República Argentina, a los 8 días del mes de septiembre del año dos mil diecisiete, reunidos en acuerdo los señores jueces de la Sala “I” de la Cámara Civil, para conocer de los recursos interpuestos en los autos: “A. B. V. c/ CLINICA PRIVADA FLORENCIO VARELA S.A. y otros s/ daños y perjuicios” respecto de la sentencia corriente a fs. 1388/1406, el Tribunal estableció la siguiente cuestión a resolver:

 

¿Se ajusta a derecho la sentencia apelada?

 

Practicado el sorteo resultó que la votación debía hacerse en el orden siguiente: Dras. UBIEDO y GUISADO.

 

Sobre la cuestión propuesta la Dra. UBIEDO dijo:

 

I)La sentencia de fs. 1388/1406 hizo lugar a la demanda deducida por V. B. A. imputando responsabilidad por mala praxis y consecuentemente condenando a la Clínica Privada Florencio Varela S.A., al médico Isaac Patricio Barga, a la Obra Social del Personal de la Construcción y a la Administradora Sanatorial Metropolitana S.A. al pago de la suma de $ 300.000 con mas sus intereses en concepto de resarcimiento a favor de la damnificada.

 

Hizo extensiva la condena a las citadas en garantía Noble Compañía de Seguros S.A. (aseguradora de la Administradora Sanatorial Metropolitana S.A. ) y TPC Compañía de Seguros S.A. ( aseguradora de la Clínica Privada Florencio Varela S.A. Las costas del proceso se impusieron a las vencidas. A su vez se receptaron las defensas de falta de legitimación pasiva respecto de Sanatorio Franchin (opuesta por la OSPC) y por el rechazo de la demanda contra la médica Mariana Ivon Garcia y su aseguradora opuesta por estas ultimas con costas a la actora.

 

La decisión fue apelada por la actora, quien expresara agravios a fs.1474/1475 reprochando la tasa de interés fijada y la imposición de costas a su cargo tanto por el rechazo de la demanda respecto de la codemandada Garcia como por la recepción de la excepción por la falta de legitimación pasiva del Sanatorio Franchin. Sus quejas son contestadas a fs. 1493/1495 por Administradora Sanatorial S.A. y fs. 1518/1519 por la OSPC. A su vez apela el codemandado galeno Patricio Barga obrando sus reproches a fs. 1476/1487 tanto en lo que hace a su responsabilidad como al reconocimiento de los daños y montos fijados, quejas que son respondidas a fs. 1591/1593 por la contraria. En cuanto a los recursos deducidos por TPC Compañía de Seguros S.A. -aseguradora de la codemandada Clínica Florencio Varela S.A.-, Administradora Sanatorial Metropolitana S.A. y su aseguradora y Obra Social del Personal de la Construcción sus quejas obran respectivamente a fs. 1501/1505; 1497/1499; 1508/1510, 1512/1514 hacen a la atribución de responsabilidad, reconocimiento de daños y montos fijados para su resarcimiento y son contestadas las planteadas por los demandados, conforme presentación de la actora de fs. 1528. Una atenta lectura de los agravios, lleva a entender que se encuentra cuestionada la atribución de responsabilidad, la errónea valoración de los elementos probatorios adunados a la causa referida a las actividades médicas y prestaciones brindadas a la actora y la escasa fundamentación del pronunciamiento al respecto.Destacan que ninguna prueba conduce a afirmar que hubiera habido un error o demora en el diagnostico y/o tratamiento pues se brindaron prestaciones integrales, acordes a un cuadro que fue superado, no generándose complicaciones con nexo causal en ese supuesto error o demora en el diagnóstico como se imputa.

 

  1. II) Previo al análisis de los reproches en que se fundan los recursos estimo del caso destacar que, dada la vigencia del nuevo ordenamiento de fondo Código Civil y Comercial de la Nación, ley 26994 y en consonancia con el alcance que ha de darse a lo establecido en su art. 7, el marco legal aplicable resulta ser el contenido en el Código Civil, ley 340, vigente a la época de ocurrencia de los hechos (conf. Aída Kemelmajer de Carlucci “La Aplicación del Código Civil y Comercial a las relaciones y situaciones juridicas existentes”, ed. Rubinzal Culzoni, doctrina y jurisprudencia alli citada). Si bien otro ha sido el criterio de la magistrada de grado (v. párrafos 4, 5 y 5ª de fs. 1385 vta. y 1386) sobre lo que nada han dicho los recurrentes esta aclaración hace a una adecuada fundamentación de las normas aplicables, ello con sustento en los principios generales iura novit curia y congruencia y en el caso no se altera la pretensión y marco en el que quedara trabada la litis, cualquiera sea el resultado al que he de arribar.

 

Tampoco he de desarrollar in extenso argumentos que llevan a la conclusión de que la responsabilidad médica es de medios y no de resultados visto que no es objeto de reproche el criterio sentado por la magistrada a fs.1395 -segundo párrafo- y es a su vez sostenido por este Tribunal -por lo que se dirá- se ajusta al caso en análisis.

 

En post de un elemental orden metodológico, que permita un mejor entendimiento de éste mi voto, he de considerar en primer lugar los agravios de las demandadas condenadas, analizando por separado la conducta desplegada por cada una durante el espacio temporal que insumiera el tratamiento de la dolencia en los centros asistenciales involucrados. En este sentido destaco que el relato de los hechos y fundamentos volcados por la paciente al deducir la demanda, constancias de autos y términos en que quedara trabada la litis, permite escindir la conducta del co-demandado Barga -integrante del staff de la codemandada Clínica Florencio Varela S. A.- de las prestaciones y servicios a la paciente en el Sanatorio Franchin. Ello, claro está, sin perjuicio de una valoración unívoca de sendas intervenciones en relación a las consecuencias que pudieran haber generado ambas en la salud de la paciente.

 

Veamos.

 

III) El conflicto de autos encuentra su génesis en la atención dispensada a la actora por las demandadas a partir del momento en que concurriera a la Clínica Privada Florencio Varela S.A. (en horas de la noche previa al 13 de febrero de 2006), siendo atendida por guardia a las 2,50 a.m. con dolor intenso y punzante en región lumbar izquierda, y habría referido como antecedentes de litiasis renal, cesárea y un nuevo diagnostico reciente de litiasis renal derecha. La paciente fue atendida en el referido centro de salud una primera instancia por la Dra. Marquez quien hizo constar como impresión diagnóstica “cólico renal” y litiasis renal izquierda, solicitando internación la que se concretó a las 3 am. y se mantuvo hasta el alta otorgada por el galeno Barga el 15 de ese mes.Durante las 48 horas siguientes fue controlada en tres oportunidades por el nombrado profesional quien el día 13 asienta en la HC que “la paciente se interna por síntoma de cólico renal izquierdo; es portadora de litiasis renal y tiene turno por su Obra Social para operarse en 10 días aproximadamente y está operada de litiasis .

 

Consta asimismo que muestra escaso dolor espontáneo y a la puñopercusión.”.

 

Consta también que recibió durante ese lapso tratamiento con medicación antifebril, antihipertensiva y antiinflamatoria (AINE) realizándose estudios de laboratorio y control evolutivo otorgándosele el alta el 15 de febrero con recomendación de continuar el tratamiento farmacológico referido ( v. hoja de guardia a fs. 69 e HC a fs. 56/68 del expte. N° 3747/ 08 que por la misma causa tramitara en jurisdicción de Quilmes Pcia. de Buenos Aires , proceso ese en el que la actora desistiera de la acción y obra por cuerda ad efectum vivendi y fs. 17/ 19 de esta causa que ahora ocupa al Tribunal).

 

La actora ha señalado en su escrito de demanda que los dolores se presentaron en zona lumbar derecha y esta manifestación no guarda concordancia con lo que surge de la H.C. ya que allí consta “lumbar izquierda”. Sea que la información fuera brindada por la paciente o un tercero, lo cierto es que nada lleva a concluir que los profesionales que atendieran a la actora y asentaran el dato en la HC hubieran incurrido en error alguno ni hace presumir que fuera fraguado, alterado o manipulado con miras a colocarse galeno y clínica demandados en una situación faborable a sus intereses.

 

A su vez, de la HC correspondiente a la atención brindada en el sanatorio Franchin, la que obra en fotocopias certificadas en sobre reservado 1701, surge que B.V.A.ya era paciente de ese establecimiento, fue intervenida quirúrgicamente de litiasis renal en el año 2004 y que habiéndosele diagnosticado litiasis renal derecha el 11 de enero de 2006 se le indicó turno para intervención quirúrgica para el 26 de febrero de 2006 (v. 378 de dicho elemento probatorio).

 

Destaco que el cuestionado “diagnóstico de litiasis renal es definido por el diccionario terminológico de ciencias médicas, 13a edición, ed. Masson -consultado por la suscripta- como formación de cálculos en una parte del organismo, especialmente en las vías biliares o urinarias”. En este sentido y visto los síntomas (dolor lumbar) y antecedentes queda fuera de toda duda que el profesional Barga no tuvo duda alguna en punto a que se encontraba frente a un cólico renal, diagnóstico éste que en igual sentido fuera anticipado por la médica de guardia, Dra. Márquez, resultando coincidentes ambos profesionales en cuanto a que el cuadro se presentaba como cólico renal por litiasis renal izquierda.

 

El perito médico designado de oficio efectúa una reseña de lo actuado en la Clínica Florencio Varela S.A. pero no brinda una conclusión puntual acerca de la presencia de un error de diagnóstico. Señala que los síntomas con que ingresara la paciente no son compatibles con una apendicitis aguda (v. fs. 1212) pero señala que no consta en la HC un control diferenciado del estado febril ni la realización de maniobras para detectar el punto de Score (v. fs. 121 vta. punto p) más de ningún modo se extrae de lo dicho la opinión de que la impresión diagnóstica fuera errónea y/o injustificada, la medicación inadecuada (v. dictamen a fs.1213 y 1213 vta. puntos l y m. n.) ni el alta apresurada. Por o tra parte dictamina a fs.1218 que difícilmente un síndrome apendicular se exprese con dolor en la región lumbar izquierda y en lo que hace al diagnóstico de cólico renal da cuenta de que no se presenta con fiebre.

 

Así, lo dicho por el experto y demás circunstancias señaladas, me llevan a la convicción de que el cuadro no se presentaba confuso en esa primera instancia y no podía ser diagnosticado como apendicitis. Ahora bien, no soslayo que el experto también opinó (en el marco de sus conocimientos) que hubiera sido prudente mantener la internación pero esto no lleva a entender que el diagnóstico fuera errado visto que se trataba de una paciente con antecedentes de litiasis renal y que fueran informados al momento de la consulta tanto relativo a una intervención anterior como un diagnóstico previo de litiasis renal derecha con turno de cirugía para el 23 febrero de 2006 ( v. atención del día 11 de febrero de 2006 a fs. 378 de la HC Sanatorio Franchin) .

 

Mal puede entonces descalificarse la conducta del profesional máxime que nada indica que el no haber permanecido mas tiempo en observación hubiera determinado la presencia de apendicitis siendo que habían cedido el dolor y estado febril con la ingesta de antipiréticos, por lo que no resultaba inapropiado disponer el alta bajo tratamiento farmacológico domiciliario, como fuera dispuesto.

 

En este sentido considero relevante el informe que obra a fs. 982/985, emitido por la Comisión Médica del Colegio Profesional de Médicos de la Provincia de Buenos Aires, Distrito II, en el que los profesionales opinaron conforme constancias de las HC de la Clínica Florencio Varela S.A. y del Sanatorio Franchin, que la atención de los días 13/15 fue acorde a los síntomas y éstos se correspondían con un cólico renal y no apendicitis, que el alta dispuesta fue correcta y no apresurada y que el Dr.Patricio Barga no tuvo ingerencia en las posteriores circunstancias que llevaron a las prestaciones efectuadas en el Sanatorio Franchin.

 

Me permito recordar que para identificar la relación de causalidad jurídica adecuada, cabe establecer el motivo u origen “eficiente” del daño y es ciertamente valiosa la distinción que Mosset Iturraspe marca entre los factores que caracterizan a la “causa jurídica” frente a los que hacen a la causa médica reconociéndose que ésta puede presentarse de manera compleja y confusa por lo que el derecho no requiere para pronunciarse cual de ellos ha sido en rigor la causa, bastando que sean conexos entre si y dependientes de aquel que constituye la causa primera. (v. este autor “Responsabilidad civil del médico” pags. 255/257). Así -desde la perspectiva jurídica- “la causa” del resultado dañoso es la condición que rompe el equilibrio de los factores favorables y adversos para la producción del daño. Condición ella sine qua non pero no cualquiera, sino la que entre todas las que concurren ha influido decisivamente en la dirección del resultado operado (v. Orgaz “el daño resarcible n. 18 p. 70, Llambias, “Tratado de Derecho Civil -Obligaciones” T 1. nos. 286,287 y 288 ps.372/374).

 

Arribo así a la conclusión de que el cuestionamiento a la conducta del profesional por no haber efectuado una revisación mas profunda para detectar la presencia de “apendicitis” y haber dispuesto el alta apresuradamente no se encuentra avalado por probanza alguna que lleve a mi ánimo la suficiente convicción en punto a un mal desempeño de su parte.

 

Por tanto propicio se rechace la demanda deducida contra el nombrado y contra la Clínica Florencio Varela S.A.- Paso a considerar lo relativo a las prestaciones brindadas en el Sanatorio Franchin.

 

  1. IV) Conforme surge de la HC correspondiente al referido nosocomio, que en fotocopia certificada tengo a la vista y obra en sobre reservado N° 7120 la paciente comenzó a recibir atención médica a través de la Obra Social del Sindicato del Personal de la Construcción, a partir del año 1999, diagnosticándosele el 9/11 litiasis uretral, pielolitiasis derecha. El 13 de mayo de 2003 se efectúa una ecografía renal que arroja la presencia de microlistiasis en ambos senos renales ( v.fs. 348) el 20 de septiembre de 2003 es atendida en el Hospital Luisa C. de Gandulfo de Lomas de Zamora, con diagnóstico de hipertrofia auricular derecha con sobrecarga ventricular izquierda (v. fs. 334) ; dias después es internada en el sanatorio Franchin con diagnostico de uronecrosis derecha siendo sometida a una pielografía ascendente. (v, fs, 335/345). También con diagnóstico de esquenosis pielouretral es tratada a través del servicio de urologia siendo intervenida quirúrgicamente en 13 de septiembre de 2004, permaneciendo internada hasta el 17 del mismo mes (v.fs. 237/302) .

 

Hasta aquí se señalan los antecedentes previos a la ocurrencia de los hechos que motivan estos actuados, que se inician con la cuestionada atención brindada en la Clínica Florencio Varela S.A.sita en la localidad homónima, desde el 13 hasta el 15 de febrero de 2006.

 

Según constancias de la HC del sanatorio Franchin, la actora concurre el 18 de febrero y es internada para observación, egresando con diagnóstico de litiasis renal. Como ya lo señalara el experto a fs. 1207 vta. no consta otra atención hasta el 20 de marzo de 2006 en que es trasladada en ambulancia a dicho nosocomio dando cuenta el profesional médico -según constancias de fs. 225 de la HC que presenta “sínd. Febril, fue intervenida aprox. 5 dias por cuadro peritoneal que levantó fiebre, actualmente más dolor abdominal y (.) solicita traslado en ambulancia común c/ médico”.

 

No obran antecedentes en este proceso en punto a lo ocurrido entre el 18 de febrero y el 21 del mismo mes, siendo presumible dado lo dicho por el Dr. Aguirre quien solicitara la internación el día 20 (v. fs. 225), que cinco días antes -o sea el 15 de marzo-, se habría efectuado una intervención quirúrgica. Nada consta pues referido a la atención que se dispensara a partir del día 18, cuanto estuvo internada; si egresó el mismo día ni cuales fueran las características de tiempo lugar y modo de la prestación a la salud de la paciente en dicho lapso.

 

El día 21 ya internada se le efectúa relaparoscopia surgiendo del protocolo operatorio la presencia de absceso peritoneo, se efectúa apendicectomia y drenaje, permaneciendo internada hasta el 4 de abril, estando pendiente un examen histopatológico por quiste ovárico (v. epicrisis a fs. 5/6 en fotocopia simple de estos actuados y fs. 178 de la HC).

 

Lo hasta aquí reseñado se encuentra a su vez reafirmado por lo informado por el perito médico interviniente, según dictamen de fs.1207/1218 de estos actuados.

 

Tengo para mí la absoluta convicción de que no hubo una atención diligente, rápida y eficiente que permitiera a la paciente superar su cuadro sin las demoras, expectativas y complicaciones a que se vió sometida a partir del día 18 pues aún admitiendo que dados los antecedentes de litiasis de su HC en el Sanatorio Franchin desde hacia tres años presentaba la paciente, su reiteración ameritaba una especial atención y estudios de mayor complejidad a fin de establecer a ciencia cierta cual podría llegar a ser el mejor tratamiento a seguir no tan sólo respecto a sus problemas de litiasis renal sino por cuanto el abdomen de la paciente era sometido reiteradamente a intervenciones e imponía no solo atender la litiasis sino controlar igualmente el estado de sus restantes órganos Por lo demás tampoco escapa a mi entendimiento que la presencia de un absceso bien pudo provenir de diversas circunstancias pero atento que no se encuentran producidos elementos probatorios que lleven a otra conclusión tengo la convicción de que se ha debido a circunstancias totalmente ajenas al accionar o a las particularidades físicas o de salud de la paciente y se dieron por causas imputables a la atención brindada desde demoras o deficiencias en la realización de estudios complementarios, prestaciones, diagnósticos o evaluaciones médicas unidas a una inadecuada técnica en el cierre de la herida que derivaran en padecimientos de la paciente que mostraba ya su complejidad el 18 de febrero y fuera detectado tres días después como apendicitis el 21 de febrero , continuando luego con estudios y tratamientos cruentos derivados de las dificultades para descartar finalmente la presencia de infección.

 

Como colofón de lo hasta aquí dicho debo señalar que el estudio de la HC ha resultado arduo, dificultando su análisis dado que la compaginación de las fotocopías no guardan un estricto orden cronológico impidiendo que permitiera desandar el camino que siguieran.Máxime que no obra en dicho instrumento constancia alguna acerca de la atención brindada entre el 18 y el 20 de marzo ni nada dicen las demandadas involucradas acerca de si la prestación a que hace referencia el pedido de internación de este último día, fuera dispensada en otro centro asistencial. Así, se ignora qué abordaje se efectuó en esa cirugía ni cuales fueron los estudios previos, resultando insuficientes los datos incorporados luego como aptos para salvar la omisión.

 

Al respecto esta Sala ha sostenido, en criterio que comparto, que la falta o defectuosa confección de la historia clínica puede constituir una presunción en contra del profesional y/o institución médica que tiene a su cargo confeccionarla, quien en tal caso debe desvirtuarla acreditando haber actuado de acuerdo con las reglas del arte de curar (Expte. 100.806/92 del 11/5/00; JA.1886-II- 116 y exptes. 76.790, 77.133 y 82.576), lo que evidentemente no se hizo.

 

Por lo expuesto, arribo a la convicción de que las prestaciones efectuadas a la actora en el Sanatorio Franchin no se ajustaron a las reglas de la ciencia de que se trata por lo que propicio se confirme este aspecto del pronunciamiento.

 

  1. V) Respecto a los cuestionamientos formulados por las partes a las sumas acodadas a los distintos rubros indemnizatorios reconocidas en la instancia de grado, no cumplen mínimamente con la exigencia del art. 265 del Código Procesa l. En efecto, a ese fin debe contener una crítica concreta y razonada de la sentencia, lo cual exige destacar punto por punto los errores, omisiones y demás deficiencias que se le atribuyen y especificar con exactitud los fundamentos de las objeciones, sin que las impugnaciones de orden general resulten idóneas para mantener la apelación (art. 265, Cód. Procesal, Morello y otros “Código.”, t. III, p. 453, ed. 1971; Colombo, “Código.”. t: I, pág. 445; esta Sala, exptes.64.365, 65.029, 65.215, 77.367, entre otros). En la especie, aquéllas se limitas a manifestar su disconformidad, sin hacerse cargo de los fundamentos expuestos por el a quo al tratar la procedencia de las partidas, extendiéndose en conclusiones de índole dogmática y transcribiendo citas jurisprudenciales, sin relacionarlos concretamente con el caso en análisis intentando “ilustrar” al Tribunal acerca de la metodología que a su criterio correspondería aplicar al caso.

 

Por lo expuesto y de conformidad con el art. 266 sus recursos deben considerarse desierto sobre el punto.

 

  1. VI) Finalmente, en lo que hace a los agravios relativos a la tasa de interés la a quo dispuso adicionar, al importe de la indemnización, intereses a la tasa pasiva promedio que publica el Banco Central de la República Argentina, desde la fecha del hecho ilícito hasta la sentencia y a partir de allí la tasa activa. De ello se agravia la actora pretendiendo la aplicación de la tasa activa desde la fecha del hecho, mientas que la codemandada Administradora Sanatorial Metropolitana S.A. solicita una tasa pura desde la fecha del evento hasta el pronunciamiento apelado.

 

En primer lugar corresponde señalar que no soslayo que la reciente ley 26.853 de Creación de las Cámaras Federales de Casación derogó el art. 303 del Código Procesal (art. 12 de la citada ley), norma ésta que asigna fuerza obligatoria a la interpretación de la ley establecida en una sentencia plenaria. No obstante y sin perjuicio de la postura que se adopte sobre la vigencia temporal de tal derogación, lo cierto que es criterio de esta Sala (cfr.

 

“Aguirre Lourdes Antonia c/Transporte Automotores Lanús Este S.A.s/daños y perjuicios” del 17 de marzo de 2009 y sus citas; “Martínez, Eladio Felipe c/Díaz, Hernán Reinaldo s/ daños y perjuicios” del 15 de marzo del año 2013, entre otros) que sobre los importes determinados en el pronunciamiento de grado y en atención al alcance del recurso, deben liquidar intereses desde la fecha del hecho ilícito hasta la sentencia de primera instancia a la tasa del 8% anual y a partir de entonces y hasta el efectivo pago a la tasa activa cartera general (préstamos) nominal anual vencida a treinta días del Banco de la Nación Argentina.

 

VII) En lo que hace a la imposición de costas relativas a las defensas de falta de legitimación pasiva deducida por las codemandas García y Obra Social que llevaran a que Sanatorio Franchin y la médica demandados no resultaran condenados en autos estimo que no puede atribuirse a la actora el haber involucrado a sendas partes en la pretensión resarcitoria.

 

Es que si arduo resulta determinar la causa eficiente de un daño derivado de una prestación médica o de atención a la salud en general, harto dificultoso resultará establecer a quien o a quienes podrá imputarse responsabilidad en un contexto en el han intervenido variados actores, especialmente profesionales de la salud.

 

En cuanto a que Sanatorio Franchin sea un nombre de fantasía, tampoco asegura a ciencia cierta y desde un punto de vista estrictamente jurídico, quien se encuentra involucrado tras ese sello.

 

De tal suerte, las aludidas dificultades tornan improcedente aplicar a raja tabla lo establecido por el art. 68 del ordenamiento de rito, máxime que precisamente esta norma brinda en su segundo apartado la facultad de apartarse de lo establecido cuando el magistrado encontrare mérito para ello.

 

Por lo expuesto, siendo que el proceso que me ocupa constituye a mi juicio no es un devenir de actos procesales escindibles y que la codemandada García ha debido mantenerse atada al proceso hasta ver satisfecho su interés.Mal puede entonces afirmarse -como se estableciera en el pronunciamiento, que las costas del proceso eran a cargo de los vencidos en tanto que los correspondientes a la vencedora debía soportarlos la actora, más allá de su condición de vencida por ese reclamo.

 

A su vez, a igual conclusión arribo en lo que hace a la las costas impuestas a la actora por su pretensión contra Sanatorio Franchin ya que tampoco se anticipó decisión alguna a ese respecto hasta arribarse a la decisión final.

 

Considero que las particularidades del caso, el que se está ante una pretensión resarcitoria que -si mi criterio es compartido- prospera, las costas deben ser soportadas in totum por los demandados vencidos, haciéndose extensiva la condena a sus aseguradoras.

 

Por lo expuesto propicio: Hacer lugar a los agravios del galeno Barga y de la citada en garantía TPC Cia de Seguros S.A., aseguradora de la Clínica Florencio Varela S.A. revocando el pronunciamiento en lo tocante a la condena impuesta a ambas codemandadas; Disponiendo que los intereses se liquiden de conformidad con lo establecido precedentemente y confirmando el pronunciamiento en todo lo demás que decide, salvo en lo tocante a la costas que se imponen en su totalidad a las condenadas Obra Social del Personal de la Construcción y Administradora Sanatorial Metropolitana S.A. Propongo que las costas de la Alzada se impongan a las nombradas atento el tenor de sus agravios y resultado al que arribo. En relación a lo que hace a la tasa de interés tratándose de materia opinable y atendiendo a las posturas de las partes en este tópico propicio se impongan por su orden.

 

Por razones análogas, la Dra. GUISADO adhiere al voto que antecede.

 

La Dra. CASTRO no interviene por hallarse en uso de licencia (art. 31, R.L.J.N.).

 

Con lo que terminó el acto.

 

Se deja constancia de que la publicación de la presente sentencia se encuentra sometida a lo dispuesto por el art. 164 2° párrafo del Código Procesal y art.64 del Reglamento para la Justicia Nacional, sin perjuicio de lo cual será remitida al Centro de Informática Judicial a los fines previstos por las Acordadas 15/13 y 24/13 de la C.S.J.N.

 

Buenos Aires, 8 de septiembre de 2017.

 

Por lo que resulta de la votación sobre la que instruye el Acuerdo que antecede, se resuelve:

 

1) Hacer lugar a los agravios del galeno Barga y de la citada en garantía TPC Cia de Seguros S.A., aseguradora de la Clínica Florencio Varela S.A. y revocar el pronunciamiento en lo tocante a la condena impuesta a ambas codemandadas; 2) Disponer que los intereses corran en la forma establecida en al considerando VII del primero de los votos emitidos en el acuerdo que antecede y confirmar todo lo demás que decide, salvo en lo tocante a la costas que se imponen en su totalidad a las condenadas Obra Social del Personal de la Construcción y Administradora Sanatorial Metropolitana S.A.; 3) Las costas de la Alzada se imponen a las nombradas atento el tenor de sus agravios y resultado al que arribo. En relación a lo que hace a la tasa de interés tratándose de materia opinable y atendiendo a las posturas de las partes en este tópico propicio se impongan por su orden.

 

Para conocer en los recursos de apelación interpuestos a fs.1412, 1416, 1418 y 1420 contra las regulaciones de honorarios practicadas en la sentencia dictada a fs.1388/1406,| cabe ponderar las constancias de autos, la labor profesional apreciada en su calidad, eficacia y extensión, la naturaleza del asunto, el monto comprometido, las etapas cumplidas, el resultado obtenido y las demás pautas establecidas en los arts.1, 6, 7, 9, 19, 33, 37, 38 y concordantes de la ley 21.839 modificada por la ley 24.432. Teniendo ello en cuenta, los honorarios regulados a los letrados patrocinantes de la parte actora Dres.Juan Carlos Colela y Manuela Negreira resultan reducidos, por lo que se los eleva a la suma de pesos.($.).

 

Considerando los trabajos efectuados por los expertos, el Decreto 16.638/57, el art.478 del código procesal y la ley de arancel para abogados de aplicación supletoria en lo pertinente, los honorarios regulados a los peritos psicóloga Mónica Liliana Azurmendi y contador Héctor Daniel Bianchi no resultan elevados, por lo que se los confirma. Por resultar reducidos los honorarios regulados al perito médico Bernardo Guillermo Soler D´Angelo, se los eleva a la suma de pesos.($.).

 

En cuanto a los honorarios de consultores técnicos, cabe mencionar que sus honorarios, deben fijarse en una proporción menor de la que se establece para el perito designado de oficio puesto que revisten el carácter de profesionales coadyuvantes a la postura de la parte que los propuso (esta Sala exps. 71.055, 90.591, 132.261/98, 27368/07 entre otros). Por ello, los honorarios regulados a los peritos consultores Catalina María Amato y Cristina Margarita Batista no resultan elevados, por lo que se os confirma.

 

Por la actuación en la alzada, atento el interés debatido en ella y las pautas del art. 14 de la ley 21.839, regúlense los honorarios del Dr. Juan Carlos Colela en la suma de pesos.($.) .

 

En cuanto a los restantes profesionales visto que han trabajado en forma conjunta e indistinta tratándose de un litisconsorcio; de conformidad con el art. 11 de la ley de arancel y etapas cumplidas no corresponde por el momento entender en los recursos contra los honorarios fijados. En consecuencia, previo a ello, se deberá notificar a los patrocinados y/o poderdantes de dichas regulaciones. A su vez, los profesionales deberán manifestar lo que en derecho corresponda en punto a las etapas en que intervinieran y porciones que a su juicio les cabe, ello en función de sus respectivos trabajos.

 

Regístrese, notifíquese y devuélvase.

 

CARMEN N. UBIEDO

 

PAOLA M. GUISADO