Se declara procedente el recurso de inconstitucionalidad interpuesto contra la sentencia que dispuso una tasa de interés que no responde a parámetros del art. 771

Partes: Olivera Miguel Ángel c/ Supermercado San Jorge S.R.L. y otros – C.P.L. – (EXPTE. 91/16) s/ recurso de inconstitucionalidad (queja admitida)

Tribunal: Corte Suprema de Justicia de la Provincia de Santa Fe

Fecha: 31-oct-2017

Cita: MJ-JU-M-107717-AR | MJJ107717 | MJJ107717

Corresponde declarar procedente el recurso de inconstitucionalidad interpuesto contra la sentencia que dispuso una tasa de interés que no responde a ninguno de los parámetros del art. 771, además de apartarse de las que son de uso y costumbre.

Sumario:

1.-Corresponde declarar procedente el recurso de inconstitucionalidad interpuesto contra la sentencia que dispuso que el capital adeudado se incrementará desde la mora según una tasa del 22% anual y hasta el efectivo pago se aplicará la tasa de interés máxima nominal anual que fije el Banco Central de la República Argentina para financiaciones vinculadas a tarjetas de crédito de Empresas no financieras emisoras de tarjetas de crédito , toda vez que en el ejercicio de su función de control de razonabilidad de las decisiones la Corte Provincial, se encuentra legitimada para establecer cuáles son las tasas de interés que se consideran jurídicamente razonables.

2.-El art. 768 del CCivCom. de la Nación -a diferencia del art. 622 del Código de Vélez- veda a los jueces la posibilidad de determinar los intereses en ausencia de tasas convenidas o establecidas por leyes especiales, previendo para dicho supuesto la aplicación en forma subsidiaria de tasas que se fijen según las reglamentaciones del Banco Central.

3.-El último inciso del art. 768 del CCivCom. de la Nación tiene alguna dificultad en su interpretación ante la diversidad de tasas fijadas por el Banco Central, ya que ante ese variopinto de tasas quedará como tarea de los jueces determinar la que corresponda, pero no cualquier tasa que fije el Banco Central sino alguna trasladable y aplicable al caso con suficientes fundamentos que la justifiquen como acto jurisdiccional válido.

4.-Los intereses moratorios constituyen una indemnización impuesta por la ley al deudor de dar sumas de dinero por el retardo en el cumplimiento sin que el acreedor tenga que probar que habría colocado a renta el capital que no le fue pagado o que debió pagar a su vez intereses para obtener ese dinero por otra vía y se debe aunque el deudor pruebe que el acreedor no ha sufrido perjuicio alguno.

5.-El CCivCom. mantiene la prohibición genérica del anatocismo pero regula cuatro supuestos excepcionales a la regla, a saber: a) una cláusula expresa que autorice la acumulación de intereses al capital con una periodicidad no menor a seis meses; b) que la obligación se demande judicialmente, en cuyo caso la acumulación opera desde la fecha de notificación de la demanda; c) que la obligación se liquide judicialmente, en cuyo caso la capitalización se produce a partir de que el juez manda pagar la suma liquidada y el deudor resulte moroso; d) que otras disposiciones legales prevean la acumulación.

6.-Resultaría prudente que los jueces se remitan a las tasas bancarias por ser las establecidas por entidades expertas en el manejo de las correspondientes ecuaciones y ser las de uso y costumbre en el ámbito de la adjudicación judicial (adviértase que el CCivCom. en su art. 1 dispone que los usos, prácticas y costumbres son vinculantes en situaciones no regladas legalmente, siempre que no sean contrarios a derecho).

7.-La suma de intereses moratorios no debe ser excesiva o abusiva y debe mantenerse constantemente dentro de límites razonables y prudentes, respetando los principios consagrados en los arts. 9 , 10 y 771 del nuevo CCivCom., que orientan y condicionan al juzgador en la selección de una tasa.

8.-La respuesta del Tribunal a quo al fijar el interés moratorio resulta descalificable tanto por la remisión a los fundamentos de otro fallo sin la debida justificación, como por la irrazonabilidad de los argumentos que sustentan la aplicación de la tasa propuesta. (Del voto del Dr. Spuler)

Fallo:

En la ciudad de Santa Fe, a los treinta y un días del mes de octubre del año dos mil diecisiete, se reunieron en acuerdo los señores Ministros de la Corte Suprema de Justicia de la Provincia, doctores Roberto Héctor Falistocco, Rafael Francisco Gutiérrez, Mario Luis Netri y Eduardo Guillermo Spuler, con la presidencia del titular doctor Daniel Aníbal Erbetta, a fin de dictar sentencia en los autos caratulados “OLIVERA, MIGUEL ÁNGEL contra SUPERMERCADO SAN JORGE SRL Y OTROS -COBRO DE PESOS LABORAL- (EXPTE. 91/16) S/ RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD (QUEJA ADMITIDA)” (EXPTE. C.S.J. CUIJ N°: 21-05167010-5). Se resolvió someter a decisión las siguientes cuestiones:

PRIMERA: ¿es admisible el recurso interpuesto?; SEGUNDA: en su caso, ¿es procedente?; y TERCERA: en consecuencia, ¿qué resolución corresponde dictar? Asimismo se emitieron los votos en el orden que realizaron el estudio de la causa, o sea, doctores: Falistocco, Netri, Spuler, Gutiérrez y Erbetta.

A la primera cuestión, el señor Ministro doctor Falistocco dijo:

Mediante resolución registrada en A. y S. T. 274, págs. 47/50, esta Corte admitió la queja por denegación del recurso de inconstitucionalidad interpuesto por la demandada contra la sentencia del 9.8.2016 dictada por la Sala Segunda de la Cámara de Apelación en lo Laboral de esta ciudad, por entender que la postulación de la recurrente contaba “prima facie” con suficiente asidero en las constancias de la causa e importaba articular con seriedad planteos que pueden configurar hipótesis de inconstitucionalidad con idoneidad suficiente como para lograr la apertura de esta instancia de excepción.

El nuevo examen de admisibilidad que corresponde realizar de conformidad a lo dispuesto por el artículo 11 de la ley 7055, efectuado con los principales a la vista, me conduce a ratificar esa conclusión, tal como lo propicia el Señor Procurador General (fs.211/219).

Voto, pues, por la afirmativa.

A la misma cuestión, los señores Ministros doctores Netri, Spuler y Gutiérrez y el señor Presidente doctor Erbetta expresaron idéntico fundamento al vertido por el señor Ministro doctor Falistocco y votaron en igual sentido.

A la segunda cuestión, el señor Ministro doctor Falistocco dijo:

1. El caso, en lo que aquí resulta de interés, puede resumirse así:

1.1. El Juzgado de Primera Instancia de Distrito en lo Laboral N° 4 de esta ciudad admitió parcialmente la demanda interpuesta por Miguel Ángel Olivera y ordenó a Supermercado San Jorge SRL, Leila Yanina Bugnon y Alejandro Marcelo Donnet abonar al actor la suma que resultara de la liquidación a practicarse conforme las pautas establecidas. Asimismo dispuso que las sumas que se determinara se incrementarán desde la mora y hasta su efectivo pago según una tasa de interés del 22% anual hasta el 31.12.2013 y del 30% anual a partir del 1.1.2014 hasta el 31.12.2014 y del 36% anual a partir del 1.1.2015.

Dicho pronunciamiento fue apelado parcialmente por el actor en relación a la tasa de interés fijada.

1.2.Mediante resolución 147 de fecha 9 de agosto de 2016, la Sala Segunda de la Cámara de Apelación en lo Laboral de Santa Fe hizo lugar al recurso de apelación interpuesto por el actor y modificó la sentencia recurrida disponiendo que el capital adeudado se incrementará desde la mora según una tasa del 22% anual y desde el 1.8.2014 hasta el efectivo pago se aplicará la “tasa de interés máxima nominal anual” que fije el Banco Central de la República Argentina para “financiaciones vinculadas a tarjetas de crédito” de “Empresas no financieras emisoras de tarjetas de crédito”, con un incremento del 15% que abarca en forma estimativa el “CFT” (sic) del monto adeudado y con capitalización efectiva cada cuatro meses consecutivos desde el 1.8.2015 de conformidad a lo dispuesto en la sentencia “Ibarra” dictada por la misma Sala.

2. Contra dicho decisorio interpone la demandada recurso de inconstitucionalidad, tachándolo de arbitrario por afectar el debido proceso, el derecho a la defensa en juicio, el derecho de propiedad y no resultar derivación razonada del derecho vigente.

Sostuvo que los Sentenciantes, sin aludir a los hechos de la causa ni a razones jurídicas que lo justifiquen, consideraron que le asistía razón al actor teniendo en cuenta los fundamentos vertidos por ese Tribunal en el precedente “Ibarra”, el cual -afirma el recurrente- difiere del caso en análisis.

Adujo que la decisión de la Sala no satisface el derecho a la jurisdicción por carecer de motivación alguna, apartarse de la realidad económica y haber desatendido las consecuencias patrimoniales de lo decidido.

En apoyo a su postura, resaltó que el artículo 768 del Código Civil y Comercial de la Nación -a diferencia del artículo 622 del Código de Vélez- veda a los jueces la posibilidad de determinar los intereses en ausencia de tasas convenidas o establecidas por leyes especiales, previendo para dicho supuesto la aplicación en forma subsidiaria de tasas que se fijen según las reglamentaciones del Banco Central.

Expresó que elTribunal incurre en arbitrariedad por apartamiento expreso del texto de la ley que rige el caso, al fijar una tasa de interés que no aplican los bancos sino empresas no financieras emisoras de tarjetas de crédito, violando abiertamente las disposiciones de los artículos del Código Civil y Comercial.

Afirmó que la argumentación de los Juzgadores referente a que el trabajador recurre para financiar sus consumos a las tarjetas de créditos emitidas por entidades no financieras es producto del desconocimiento de la realidad de los trabajadores desempleados e indicó que tal financiamiento proviene, generalmente, del acceso al mercado laboral sea informal o formal y del crédito otorgado por los comercios de barrio, sumado ello al subsidio o ayuda estatal por desempleo.

Indicó que en el caso “Ibarra” la Sala se irrogó funciones de política legislativa por cuanto elucubró que deben desalentarse conductas patronales que pretenden postergar el cumplimiento de las obligaciones laborales amparándose en bajas tasas judiciales para los créditos laborales, no siendo, por lo demás, el sistema de tasas de interés moratorio el medio para idóneo para hacerlo y señaló que existen otros más adecuados.

Argumentó que la capitalización de intereses cuatrimestral que propone el fallo contradice abiertamente la norma del artículo 770 del Código Civil y Comercial que los prohíbe y sólo admite su acumulación en determinados supuestos.

También afirmó que la decisión cuestionada, sin fundamentación ni explicación racional, agregó a la tasa de interés que fija un 15% de incremento que “estima” hacen al costo financiero total, no resultando ello una derivación razonada del derecho vigente.

Finalmente, refirió que siendo la sentencia de baja instancia apelada sólo por el actor y únicamente en relación a los intereses, se aparta la Sala del texto legal aplicable al caso (artículos 6 y 8 de la ley 12851) al fijarlos en el cincuenta por ciento de los que corresponda regular en baja instancia por el trámite principal.

3.Liminarmente cabe recordar que, si bien la materia objeto de debate -determinación de la tasa de interés a aplicar- se ubica, en principio, en el espacio de la discrecionalidad de los jueces de la causa, esta Corte provincial ya se ha expedido en casos anteriores afirmando que, en el ejercicio de su función de control de razonabilidad de las decisiones, se encuentra legitimada para establecer cuáles son las tasas de interés que se consideran jurídicamente razonables (“Gómez, Sixto”, A. y S., T. 117, pág. 405).

En el mismo orden de ideas la Corte Suprema de Justicia de la Nación a partir de la causa “Banco Sudameris contra Belcam S.A. y otra” (Fallos:317:507) desfederalizó la cuestión y dejó tal determinación al libre albedrío de los jueces “.con arreglo a la realidad vivida y con el solo valladar de no caer en absurdo.” (criterio reiterado en “Piana contra INPS-Caja Nacional de Previsión de la Industria, Comercio y Actividades Civiles”, Fallos: 323:2122 , y “Banco Comafi S.A. contra Cardinales, Miguel Ángel y otro” , del 25.02.2003).

En consecuencia, la existencia de “caso constitucional” podrá configurarse “.no por la índole de la materia -tasa de interés- que se pretenda traer a esta Corte sino si se dan los requisitos de admisibilidad y procedencia del recurso de inconstitucionalidad local.” (“Gómez, Sixto”, ant. cit.).

3.1.El caso en análisis.

La Sala hizo lugar al recurso de apelación deducido por la parte actora y modificó la sentencia recurrida disponiendo que el capital adeudado se incrementará desde la mora según una tasa del 22% anual, y desde el 1.8.2014 hasta el efectivo pago se aplicará la “tasa de interés máxima nominal anual” que fije el Banco Central de la República Argentina para “financiaciones vinculadas a tarjetas de crédito” de “Empresas no financieras emisoras de tarjetas de crédito”, con un incremento del 15% que abarca en forma estimativa el “CFT” (sic) del monto adeudado y con capitalización efectiva cada cuatro meses consecutivos desde el 1.8.2015, remitiendo a los fundamentos vertidos por esa Sala en el precedente “Ibarra”.

Los principales fundamentos del antecedente jurisprudencial en que la Sala sustenta su respuesta pueden resumirse así: el interés moratorio integra el concepto de indemnización debida al acreedor laboral; es insuficiente la tasa fijada en primera instancia (36% anual) realizando un enfoque en términos económicos y desde el punto de vista del empresario-deudor; la tasa de interés judicial para ser eficiente no debería ser nunca inferior a la tasa del interés en que la empresa se financia en el mercado, pues frente a tasas judiciales bajas al deudor le conviene no pagar, lo que provoca un incremento en los juicios laborales y a su vez mayor demora en la resolución de conflictos; se beneficia -en definitiva- al empresario-deudor en perjuicio del trabajadoracreedor; para reparar debidamente el daño produci do por la mora en el pago, siendo el trabajador un consumidor de bienes y servicios, habrá que reconocerle los costos de la financiación alternativa del consumo; ésta incluye no sólo la tasa de interés que debió pagar en la búsqueda de financiamiento sino también los costos adicionales (CFT); los intereses moratorios reparan un daño legalmente presumido pero ante la inexistencia de presunción sobre el “quantum” indemnizatorio respecto de la tasa interés ello será materia de prueba; el “onus probandi” se encuentraen cabeza del trabajador y ante su ausencia la determinación debe ser judicial; la tasa aplicable es la tasa de interés máxima nominal anual que informe el Banco Central de la República Argentina para financiaciones vinculadas a tarjeta de crédito de empresas no financieras emisoras de tarjetas de crédito, la que se incrementará un 15% para comprender el “Costo Financiero Total” del crédito al consumo con capitalización de intereses cada cuatro meses.

3.2. La respuesta del Tribunal se sustenta en un antecedente al cual remite y esta Corte ha admitido la suficiencia de motivación en los términos del artículo 95 de la Constitución provincial de los fundamentos vertidos en otro fallo análogo al que se resuelve, afirmando que integra la argumentación de la sentencia, el antecedente del mismo Tribunal, remitido por ella (A. y S., T. 41, pág. 402).

Sin embargo, la remisión que formula la Cámara a las consideraciones vertidas en otra causa no está seguida de las contingencias de hecho y procesales de cada una de las controversias de manera tal de poder trazar la analogía pretendida y ello per se le resta validez constitucional a la argumentación “per relationem” propuesta por la Sala; al menos, una mínima referencia al caso en estudio debía efectuarse a fin de fundar la remisión al precedente.

Al respecto, es sabida la exigencia constitucional de que las sentencias sean debidamente fundadas por el juzgador. Así, incurre en arbitrariedad quien desatiende ese deber sea por falta absoluta o inexistencia de fundamentos, fundamentos aparentes o inhábiles o fundamentación insuficiente.Se admite que la sentencia posea motivación implícita adecuada o “per relationem”, con adopción, adhesión o remisión a dictámenes obrantes en autos o a sentencias de instancias anteriores, cuyos fundamentos se afirma compartir, pero es necesario que esa fundamentación implícita sea clara e inequívoca y no incompleta o inadecuada.

Así por ejemplo, es inadecuada la fundamentación que remite a lo resuelto en fallos anteriores dictados en otras causas cuando tal extremo no contiene referencias razonadas a los concretos agravios interpuestos y a los hechos de la causa no tratados por el A quo (Guastavino, Elías “Recurso extraordinario de insconstitucionalidad” Tomo I, Ediciones La Rocca, 1992, pág. 537)

Más todavía, la inadecuada fundamentación de la remisión a lo resuelto en el fallo dictado en otra causa se patentiza, en el distinto iter procesal de uno y otro caso, habida cuenta que en el sub judice la parte demandada consiente la sentencia de primera instancia, siendo recurrida sólo por la actora.

En consecuencia, esta sustancial diferencia entre uno y otro caso deja vacío de contenido el argumento que el accionado pretende beneficiarse con la demora del proceso laboral, articulando mecanismos procesales que sólo importen alongar el juicio, cuando en la presente causa la apelación había sido interpuesta únicamente por el actor.

Por otra parte, aún cuando la materia de remisión sea igual (intereses) a lo resuelto en otro fallo (“Ibarra”), la orfandad de todo análisis sobre el contenido sustancial de las pretensiones y defensas, de los antecedentes de la causa, de las circunstancias personales, culturales, económicas de las partes, de la conducta procesal de las mismas y de la realidad económica general y propia del lugar del conflicto, entre otros aspectos de la relación jurídica, aparece como la utilización de una doctrina judicial que sirve de módulo intercambiable para cualquier proceso de suerte tal que lo decidido no es derivación razonada del derecho vigente con sujeción a los hechos comprobados de la causa.

3.3.El déficit denunciado importa, por sí solo, la arbitrariedad de la decisión de la Alzada.

No obstante ello, corresponde analizar la razonabilidad de los argumentos sostenidos por los Magistrados para fundar la aplicación de la tasa que proponen al caso.

3.4. El primero de los postulados que sienta el Tribunal se basa en que los intereses moratorios son de naturaleza indemnizatoria (crédito laboral) y esa reparación o resarcimiento debe referirse al costo de la financiación alternativa del consumo a la que tuvo que recurrir el extrabajador.

Luego, los Magistrados explican la naturaleza de los intereses moratorios como indemnización tarifada del perjuicio sufrido por el acreedor, que opera como una suerte de tarifación legal del daño derivado del incumplimiento, que se materializa en los intereses con abstracción del perjuicio real sufrido.

Continúan los Jueces su razonamiento afirmando que presumida por la ley la existencia del daño por el incumplimiento en el pago de la indemnización corresponde determinar el “quantun” del mismo, el que, ante la inexistencia de presunción legal, será materia de prueba.

Para luego concluir la Sala que -en primer lugardebe estarse a la prueba del trabajador sobre el costo del financiamiento alterno al que tuvo que recurrir ante la falta de pago de la indemnización debida y a falta de prueba, la determinación de la cuantía debe ser judicial; en consecuencia -dijeron-, teniendo en consideración las fuentes usuales de financiamiento del consumo, deberá aplicarse “la tasa de interés máxima nominal anual” que informe el Banco Central de la República Argentina para financiaciones vinculadas a tarjetas de crédito de “Empresas no financieras emisoras de tarjetas de crédito”, la que se incrementará un 15% (para cubrir los costos adicionales de ese financiamiento).

Este razonamiento judicial resulta contradictorio y además se sustenta en una serie consecuencial de afirmaciones dogmáticas.

En efecto, parte la Sala de afirmar -como lo entiende la doctrina y conforme un criterio universalmente aceptadoque el daño producido por el incumplimiento en el pago de una obligación dineraria que se intenta resarcircon la aplicación de los intereses moratorios se presume por la ley y, por ende, se encuentra exento de prueba.

En otras palabras, se debe el daño moratorio sin necesidad de acreditarlo y se presume irrefragablemente que ese daño fue la consecuencia del incumplimiento.

Esta doble presunción de perjuicio y relación causal se ve contrablanceada por la fijación limitativa del daño que resulta de la ley: el deudor de dinero que no ha cumplido en tiempo debe -en principio- sólo los intereses moratorios, con prescindencia del monto real de los daños y perjuicios que en el caso concreto hubiere experimentado el acreedor (“Código Civil. Análisis doctrinal y jurisprudencial”, Alberto Bueres. Dir. Elena Highton Coord., Tomo 2A, Hammurabi, 2006, pág. 476).

Es uniforme la doctrina al sostener que los intereses moratorios constituyen una indemnización impuesta por la ley al deudor de dar sumas de dinero por el retardo en el cumplimiento sin que el acreedor tenga que probar que habría colocado a renta el capital que no le fue pagado o que debió pagar a su vez intereses para obtener ese dinero por otra vía y se debe aunque el deudor pruebe que el acreedor no ha sufrido perjuicio alguno (Alterini, Atilio “Derecho de Obligaciones”, 2006, pág. 238, en igual sentido Borda, Guillermo “Obligaciones”, Tomo I, 1998, pág. 331, Llambías, Jorge “Tratado de Derecho Civil” Obligaciones Tomo II, 1970, pág.231).

Y bien, la Cámara recoge este principio general que informa la materia -a fuerza de ser reiterativo los intereses moratorios como indemnización tarifada del perjuicio sufrido por el acreedor- pero a renglón seguido se aparta de aquél al entender que “la quantía” del daño debe ser probada por el trabajador.

Esa mayor exigencia probatoria que pretende la Cámara rompe la fijación limitativa del daño por el incumplimiento para pasar a aprehender otro concepto indemnizatorio como lo es el mayor daño sufrido por la mora en el pago.

En tal sentido, para una posición doctrinaria (Lafaille, Busso, Borda) cabría siempre la posibilidad de reclamar todo daño que se invoque y se pruebe derivado del incumplimiento dinerario, por encima de los intereses, cualquiera sea el factor de atribución. Esta solución fue la consagrada por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en el célebre precedente “Vieytes de Fernandez c. Provincia de Buenos Aires” (23.9.76, LL, 1976-D-341).

En ese lineamiento, Lorenzetti al comentar el artículo 768 del Código Civil y Comercial sostiene que, si el acreedor demuestra en juicio que ha sufrido un perjuicio mayor que el derivado de la presunción legal del artículo 768 del Código, sería procedente conceder la mayor indemnización al afectado por el incumplimiento, siempre y cuando acredite debidamente todas estas circustancias (Código Civil y Comercial de la Nación Comentado, Tomo V, Ricardo Lorenzetti Dir., Rubinzal Culzoni, 2015, pág. 144).

La especial naturaleza de la moneda y el principio nominalista determinan que el único perjuicio propio que sufre el acreedor del dinero por el pago con mora consiste en la no percepción de la productividad normal del capital, esto es, la pérdida de los intereses corrientes.Por ello, la expresión “mayor daño” en el impago de sumas de dinero resulta ajena a la teoría monetaria pura, que se asienta en la naturaleza abstracta y fungible de la moneda, y debe aludir entonces, como lo señala Bonet Correa “a un daño distinto al de la privación de la suma de dinero: se trata de un perjuicio concreto, aunque variable, derivado de no haberle podido dar el acreedor un empleo determinado, como ocurre cuando no pudo pagar, a su vez, a sus acre edores y cae en quiebra por ello, o cuando, ante un gasto urgente, se le obliga a que le impongan tasas o intereses más onerosos (cfr. Código Civil Análisis Doctrinal y Jurisprudencial. Tomo 2a, Hammurabi, Dir. Alberto Bueres Coord. Helena Highton, 2006, págs. 478/479).

En consecuencia, la Sala desorbita el ámbito propio de los intereses moratorios al integrar en ese concepto al “mayor daño sufrido” por el incumplimiento.

En tal sentido, cabe destacar que ese daño reparable – al decir de la propia Sala- no fue pretendido por el actor (v. f.9v.), limitando su pretensión a “los intereses que su Señoría estime adecuados” y al cuestionar en la apelación los fijados por el Juez de primera instancia no alegó que haya tenido que financiarse -durante todo el tiempo transcurrido- mediante el uso de tarjeta de crédito emitida por una entidad no financiera u otra de financiamiento alterno.

A este déficit conceptual se le suman al pronunciamiento de la Cámara otras premisas, algunas falsas y otras de imposible comprobación en las constancias de la causa, a saber:

Afirma el A quo que corresponde al trabajador acreditar el daño reparable pero ante la falta de prueba dicho daño debe ser determinado judicialmente.

Esta propuesta hermenéutica implica asumir el “onus probandi” respecto de una pretensión que -como ya se vio- no se dedujo en autos y ello conlleva sin más a violar el principio de congruencia procesal con la consecuente afectación del derecho de defensa en juicio del ahora recurrente.

Por si fuera poco el Tribunal suple la ausencia de prueba sobre la extensión del daño en base a una realidad fáctica que no guarda correspondencia con el expediente.

En efecto, sostener que el trabajador desempleado se financia usualmente mediante el uso de tarjetas de crédito emitidas por entidades no financieras no deja de ser la aserción de una posibilidad sin que importe la comprobación de hecho alguno.

Lo mismo acontece con la afirmación en torno que “la realidad es que el trabajador -que por lo general permanece desocupado durante buena parte de la sustanciación del juicio- se financia en mercados informales de préstamo o recurre a la financiación de saldos en tarjetas de crédito o de consumo, cuyos intereses moratorios o punitorios triplican caso a la mentada “tasa activa” de la cartera general de tomadores (del voto del dr.Machado)”.

Este fundamento es solo aparente producto de la voluntad de quienes lo afirman por no tener correspondencia en las circunstancias concretas del caso (recuérdese la omisión ostensible de todo fundamento de hecho y de derecho del caso en estudio).

Por otra parte, también resulta reprochable la decisión de la Sala al establecer que se capitalicen los intereses cada cuatro meses desde el 01.08.2015.

En efecto, el Código Civil y Comercial mantiene la prohibición genérica del anatocismo pero regula cuatro supuestos excepcionales a la regla, a saber: a) una cláusula expresa que autorice la acumulación de intereses al capital con una periodicidad no menor a seis meses; b) que la obligación se demande judicialmente, en cuyo caso la acumulación opera desde la fecha de notificación de la demanda; c) que la obligación se liquide judicialmente, en cuyo caso la capitalización se produce a partir de que el juez manda pagar la suma liquidada y el deudor resulte moroso; d) que otras disposiciones legales prevean la acumulación.

Los Sentenciantes invocan el inciso b) del artículo 770 y establecen la capitalización cuatrimestral considerando que la norma no establece la frecuencia de la misma para ese supuesto.

Ahora bien, el legislador fija un límite temporal de seis meses para las convenciones particulares que dispongan la capitalización anticipada de intereses con la finalidad de evitar situaciones abusivas.

Por tanto, no sería razonable que el Juzgador dispusiera un término inferior al mínimo fijado en inciso a) el que fue establecido con la clara intención de evitar la usura o el enriquecimiento indebido del acreedor.

3.5. Sabido es que el juzgador debe elegir la tasa adecuada dentro de un prudente marco de libertad, orientándose en base a las circunstancias específicas de cada pleito y las condiciones variables de la economía.

El artículo 768 del Código Civil y Comercial dispone:

Intereses moratorios: A partir de su mora el deudor debe los intereses correspondientes. La tasa se determina:a) por lo que acuerden las partes; b) por lo que dispongan las leyes especiales; c) en subsidio, por tasas que se fijen según las reglamentaciones del Banco Central.

Se innova respecto a la determinación de la tasa de interés. En el artículo 622 del código derogado, en defecto de pacto de las partes o de una disposición de ley, era el juez quien debía establecerla. Ahora, para tal supuesto, la tasa se determina conforme las que se fijen según las reglamentaciones del Banco Central.

El último inciso del artículo 768 tiene alguna dificultad en su interpretación ante la diversidad de tasas fijadas por el Banco Central. Ante ese variopinto de tasas quedará como tarea de los jueces determinar la que corresponda, pero no cualquier tasa que fije el Banco Central sino alguna trasladable y aplicable al caso con suficientes fundamentos que la justifiquen como acto jurisdiccional válido.

En el ejercicio de dicha potestad el juez debe tomar como criterio orientador, haciendo una armónica y racional interpretación del ordenamiento jurídico, las pautas que surgen del artículo 771 del Código al limitar la libertad de las partes a la hora de pactar los intereses.

Concretamente este precepto atribuye a los jueces la facultad de morigerar las tasas fijando como parámetro el costo medio del dinero para deudores y operaciones similares en el lugar donde se contrajo la obligación, es decir considerar las tasas fijadas para situaciones análogas, comparables o extensibles al supuesto en análisis.

Trasladando todas estas pautas rectoras se advierte que la Sala adopta una tasa de interés que no responde a ninguno de los parámetros del artículo 771, además de apartarse de las que son de uso y costumbre sin justificarlo razonadamente, por cuanto refiere a deudores y operaciones que no tienen relación entre sí, esto es:el deudor del crédito laboral y el de saldo deudor de tarjeta de crédito.

Por otra parte, la tasa fijada por la Sala presenta distintos componentes que no pueden ser trasladados sine die a un interés moratorio de una pretensión laboral, tales como, la ganancia de la entidad financiera, infraestructura técnica y humana, el riesgo cambiario, tasa de seguridad por el riesgo de restitución del capital, entre otros.

En tal sentido, como lo afirma Pizarro, esta última escoria (prima por seguro de insolvencia) ha tenido efectos particularmente graves en el incremento de las tasas de interés que se cobran en determinados créditos particularmente aquellos que financian compras efectuadas por tarjeta de crédito dado que el índice de morosidad general es muy alto y que el riesgo de incobrabilidad se potencia, se suele elevar hasta extremos sorprendentes la tasa de interés, procurando diluir dicha pérdida previsible entre aquellos que pagan (Pizarro, Ramón y Vallespinos, Carlos “Instituciones de Derecho Privado. Obligaciones”, Tomo 1, Hammurabi, pág. 400).

Resultaría prudente que los jueces se remitan a las tasas bancarias por ser las establecidas por entidades expertas en el manejo de las correspondientes ecuaciones y ser las de uso y costumbre en el ámbito de la adjudicación judicial (adviértase que el Código Civil y Comercial en su artículo 1 dispone que los usos, prácticas y costumbres son vinculantes en situaciones no regladas legalmente, siempre que no sean contrarios a derecho).

La tasa de interés que se fije debe tender a restablecer el valor original de la deuda y conservar en condiciones reales la sentencia, de tal modo que el acreedor acceda íntegramente a su acreencia sin verse disminuida por la demora del deudor en satisfacerla.Además de mantener incólume el monto de la condena, la tasa también debe comprender el resarcimiento por la privación del uso del capital.

En suma, la tasa de interés fijada debe contribuir a mantener la entidad de los créditos laborales y evitar el deterioro de los mismos ante los acontecimientos económicos.

Por otra parte, es importante señalar que la suma de intereses moratorios no debe ser excesiva o abusiva y debe mantenerse constantemente dentro de límites razonables y prudentes, respetando los principios consagrados en los artículos 9, 10 y 771 del nuevo Código Civil y Comercial, que orientan y condicionan al juzgador en la selección de una tasa.

Es que, si bien la jurisprudencia en muchas ocasiones, como en “Banco Sudameris”, entendió que la fijación de los intereses es una tarea reservada a los jueces, dicha potestad no escapa a los cánones de razonabilidad y proporcionalidad porque de no ser así podríamos envilecer la suma adeudada o estar generando un capital enriquecido sin causa.

El criterio rector en este punto, como en otros, es la razonabilidad frente a la ponderación de la realidad económica y su contracara es la arbitraria discrecionalidad, tal como acontece en autos.

Cabe recordar que el Código Civil y Comercial de la Nación en el artículo 3 expresa: el deber de resolver que tiene el juez los asuntos que sean sometidos a su jurisdicción mediante una decisión razonablemente fundada. Es decir, se requiere una sentencia que contenga una razonamiento con estructuras lógicas reconocibles y un esquema de inferencia válido, basado en premisas sólidas y verdaderas.

Así, una adecuada fundamentación debe permitir comprender cómo y por qué a los hechos probados se le aplica la norma que se invoca y proporcionar una pauta clara que los vincule con lo decidido.Si ese hilo conductor no existe, el fallo es arbitrario, porque en lugar de basarse en las circunstancias concretas de la causa, debidamente ponderadas, tiene su raíz nada más que en la pura voluntad del juzgador .

En consecuencia, atento que habrá de juzgarse, en cada caso, si la sentencia impugnada satisface el derecho mínimo a la jurisdicción (art. 1, inciso 3, ley 7055) y ostenta motivación suficiente (art. 95, C.P.), la descalificación constitucional sobrevendrá, en definitiva, ante a una respuesta jurídica que no exhiba un criterio de razonalibilidad frente a la ponderación de la realidad económica y sólo se soporte en una arbitraria discrecionalidad judicial. Por ello y, luego de las consideraciones vertidas “supra”, considero que puede afirmarse que tales circunstancias se verifican en autos, correspondiendo -en consecuencia- la anulación del pronunciamiento impugnado.

En virtud de lo expuesto, voto, pues, por la afirmativa.

A la misma cuestión, el señor Ministro doctor Netri expresó idénticos fundamentos a los vertidos por el señor Ministro doctor Falistocco y votó en igual sentido.

A la misma cuestión, el señor Ministro doctor Spuler dijo:

Adhiero a los fundamentos y consideraciones expuestas en su voto por el señor Ministro doctor Falistocco en orden a declarar procedente el recurso de inconstitucionalidad interpuesto, anulando la sentencia impugnada en cuanto dispuso la forma en que el capital adeudado se incrementará desde la mora, conforme a lo establecido en la sentencia “Ibarra” dictada por la misma Sala.

En efecto, cabe destacar que si bien el tema debatido, vinculado a la tasa de interés aplicable, cae en principio dentro de esfera propia de los jueces de la causa, y no resulta revisable -por regla- en la instancia excepcional prevista por la ley 7055, ello no es óbice para que esta Corte pueda efectuar un control de razonabilidad de lo decidido al respecto, conforme lo ha señalado in re “Gómez, Sixto” (A. y S. T. 117, pág.405); dado que -más allá de la discrecionalidad judicial- no podría aceptarse una tasa de interés que caiga en el “absurdo” (ver “Banco Sudameris”, Fallos:315:507), lesionando así el derecho a la jurisdicción que asiste al justiciable.

En autos, la respuesta del Tribunal a quo al fijar el interés moratorio resulta descalificable tanto por la remisión a los fundamentos de otro fallo sin la debida justificación, como se pone de manifiesto en el voto al que adhiero, al tratarse de causas con matices diferentes; como por la irrazonabilidad de los argumentos que sustentan la aplicación de la tasa propuesta.

En este último punto, creo necesario destacar lo dicho en cuanto a que el daño moratorio se debe sin necesidad de acreditarlo y que se presume indiscutiblemente que ese daño fue la consecuencia del incumplimiento, lo que se ve contrabalanceado por la fijación limitativa del daño que surge de la ley: el deudor de dinero que no ha cumplido en tiempo debe -como regla- sólo los intereses moratorios, con prescindencia del monto real de los daños y perjuicios que hubiera experimentado el acreedor. Este es el principio general.

De allí que la Cámara se equivoca al integrar en el concepto de intereses moratorios el “mayor daño sufrido” por el incumplimiento, entendiendo que “la quantía” del daño si no es probada por el trabajador, debe ser determinada por el juzgador. Por que está yendo más allá de la presunción legal, teniendo por cierto un mayor daño sin prueba en concreto producida por el acreedor, supliendo la conducta que debería haber asumido éste. Es más, sin siquiera pretenderlo, dado que en ningún momento siquiera aludió a que haya tenido que acudir para financiarse al uso de tarjeta de crédito como supone la Sala.A lo que se suma la irrazonable capitalización de intereses cada cuatro meses con sustento en el artículo 770, inciso b) del Código Civil y Comercial, sin interpretarlo armónicamente con el inciso a), cuyo límite temporal indudablemente tiende a evitar situaciones abusivas.

Llegando a este punto, y quedando en claro que la sentencia impugnada resulta descalificable constitucionalmente -no sólo por lo dicho, sino por todas las consideraciones efectuadas en el voto al que adhiero-, creo oportuno señalar en cuanto al tema de fondo debatido que, como señala el señor Ministro doctor Falistocco, el Código Civil y Comercial innova respecto a la determinación de la tasa de interés. En defecto de acuerdo de parte o disposición legal, ya no puede el Juez establecer los intereses moratorios libremente, sino que la tasa se determina conforme las que se fijen según las reglamentaciones del Banco Central; y que ante la diversidad de tasas fijadas por dicho organismo, corresponde al sentenciante seleccionar aquella que en las particulares circunstancias del caso no desborde los límites de razonabilidad tolerables.

Al respecto, cabe efectuar un análisis integrador de las distintas normas que el legislador plasmó en el Código Civil y Comercial.En especial resulta una pauta clarificadora la que surge del artículo 771, al atribuir a los jueces la facultad de morigerar las tasas pactadas por las partes, fijando como parámetro para evitar abusos el “costo medio del dinero para deudores y operaciones similares en lugar donde se contrajo la obligación”. Como así también podría tenerse en cuenta las que son de uso y costumbre (artículo 1), particularmente las tasas bancarias por ser las que mejor se adecúan al ámbito judicial, a diferencia de la utilizada por la Sala.

En suma, si bien la fijación de los intereses es tarea propia de los jueces de la causa, en dicha tarea debe primar la razonabilidad en atención a las circunstancias concretas de la causa, buscando un equilibrio, de forma tal que por exiguos no vulneren los derechos del trabajador, ni por excesivos generen un enriquecimiento sin causa y hagan peligrar la fuente del empleo, tomando como pautas orientadoras los principios que surgen de los artículos 1, 2, 3, 9, 10, 768 y 771 y cc.del Código Civil y Comercial.

Sin lugar a dudas, estamos frente a una materia que puede variar según las circunstancias concretas de cada caso, pero ello no implica que la potestad que poseen los sentenciantes de ponderar la realidad económica buscando la justicia del caso, pueda consentir soluciones que -conforme se expusiera- excedan el límite de lo razonable.

Voto, pues, por la afirmativa.

A la misma cuestión, el señor Ministro doctor Gutiérrez y el señor Presidente doctor Erbetta expresaron idénticos fundamentos a los vertidos por el señor Ministro doctor Falistocco y votaron en igual sentido.

A la tercera cuestión, el señor Ministro doctor Falistocco dijo:

Atento al resultado obtenido al tratar las cuestiones anteriores, corresponde declarar procedente el recurso de inconstitucionalidad interpuesto y, en consecuencia, anular la resolución impugnada, disponiendo la remisión de los autos al subrogante legal a fin de que dicte nueva resolución.

Así voto.

A la misma cuestión, los señores Ministros doctores Netri, Spuler y Gutiérrez y el señor Presidente doctor Erbetta dijeron que la resolución que se debía adoptar era la propuesta por el señor Ministro doctor Falistocco y así votaron.

En mérito a los fundamentos del acuerdo que antecede, la Corte Suprema de Justicia de la Provincia RESOLVIÓ: Declarar procedente el recurso de inconstitucionalidad interpuesto y, en consecuencia, anular la resolución impugnada, disponiendo la remisión de los autos al subrogante legal a fin de que dicte nueva resolución.

Registrarlo y hacerlo saber.

Con lo que concluyó el acto, firmando el señor Presidente y los señores Ministros por ante mí, doy fe.

ERBETTA

FALISTOCCO

GUTIÉRREZ

NETRI

SPULER

FERNÁNDEZ RIESTRA

Secretaria