Quien conduce una ambulancia no está revestido de un “bill” de indemnidad para actuar con desatino

Partes: Tebas Alicia Susana y otros c/ Mino Cristian Rubén y otros s/ daños y perjuicios (accidente de tránsito con lesiones o muerte)

Tribunal: Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil

Sala/Juzgado: B

Fecha: 3-ago-2017

Cita: MJ-JU-M-107745-AR | MJJ107745 | MJJ107745

Quien conduce una ambulancia no puede así sin más violar las normas de tránsito, sino que tienen que existir razones que lo acrediten y cumplir con varios recaudos en lo que hace a la señalización.

Sumario:

1.-La empresa de emergencias médicas y quien conducía la ambulancia son responsables por la colisión con una moto, toda vez que no se ha logrado acreditar fehacientemente que la ambulancia circulaba con los recaudos necesarios previstos en el art. 61 de la Ley 24.449, especialmente en lo que hace a la señalización – sirena y balizas distintivas de emergencia -, sumado a la velocidad con la que se desplazaba la misma y la forma en que ésta atravesó la encrucijada sin aminorar su marcha.

2.-La condena por daños se extiende a la aseguradora hasta el límite máximo de la cobertura acordado en la póliza, dado que en el contrato de responsabilidad civil la suma asegurada no depende del valor de la cosa, sino de la voluntad de las partes; si se la obligara resarcir en forma integral al damnificado, se terminaría lesionando el derecho de propiedad y la garantía de la defensa, al obligarle a afrontar una condena que carecería de causa.

Fallo:

Buenos Aires, Capital de la República Argentina, a los 3 días del mes de Agosto de dos mil diecisiete, reunidos en Acuerdo los Señores Jueces de la Excma. Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil, Sala “B”, para conocer en los recursos interpuestos en los autos caratulados: “Tebas, Alicia Susana y Otros c/ Miino, Cristian Rubén y Otross/ daños y perjuicios” respecto de la sentencia de fs. 713/728, el Tribunal estableció la siguiente cuestión a resolver:

¿Es ajustada a derecho la sentencia apelada?

Practicado el sorteo resultó que la votación debía efectuarse en el siguiente orden Señores Jueces Doctores: CLAUDIO RAMOS FEIJOO – MAURICIO LUIS MIZRAHI – ROBERTO PARRILLI –

A la cuestión planteada el Dr. Claudio Ramos Feijóo, dijo:

I. La sentencia de fs. 713/728 resolvió: 1) hacer lugar parcialmente a la demanda entablada. En consecuencia, condenó concurrentemente a Cristian Rubén Miino, “Socorro Médico Privado S.A.” (Vittal) y a “Technology Net S.A.” (v. f. 718) a abonar -en el plazo de diez días de quedar firme la presente- la suma de pesos ciento cinco mil quinientos ($105.500), discriminada de la siguiente manera: a) para Alicia Susana Tebas la suma de $65.000; b) para Gastón Ceballos la suma de $32.500; y c) para Liliana Sonia Paredes la suma de $7.300; con más sus intereses (v. cons. “D” a f. 723/vta.) y costas del proceso; 2) declarar inconstitucional la cláusula de la póliza que establece el límite de cobertura, con costas por su orden, conforme lo dispuesto en el considerando “E” (v. fs. 723vta./726); 3) hacer extensiva la condena a “Paraná S.A. de Seguros” en los términos del art. 118 de la ley 17.418.

II. Contra dicho pronunciamiento apelaron las codemandadas “Socorro Médico Privado S.A.” (Vittal) y “Technology Net S.A.” a f. 732/vta, la citada en garantía “Paraná S.A. de Seguros” a f. 735 y la parte actora a f. 739/vta.

III. A fs.796/800 fundó su recurso la citada en garantía.

Cuestionó la atribución de responsabilidad endilgada en la anterior instancia y la inconstitucionalidad declarada por el Juez de grado respecto del límite de cobertura estipulado en la póliza de seguro.

Dicha pieza fue contestada por la parte actora a fs. 811/812.

III. Las codemandadas “Socorro Médico Privado S.A.” (Vittal) y “Technology Net S.A.” hicieron lo propio a fs. 801/806, agraviándose -al igual que la anterior- en razón de la responsabilidad endilgada en primera instancia y del quantum fijado para cada uno de los coactores, el cual consideran excesivo.

A fs. 813/817 luce agregada la contestación de la parte actora.

IV. A su turno, la parte actora expresó agravios (v. fs. 805/808). Únicamente se quejó de la tasa de interés aplicada.

La mencionada presentación fue contestada a fs. 821/822 por la citada en garantía “Paraná S.A. de Seguros”.

V. A fs. 824/827vta. obra el dictamen del Sr. Fiscal General por ante esta instancia en el que se expide acerca de la procedencia de la cláusula limitativa de la responsabilidad invocada por la citada en garantía, cuya inoponibilidad a la parte actora resolvió la Sra. Juez, declarando la inconstitucionalidad del límite de cobertura.

Sostuvo que de confirmarse lo principal que decide la sentencia en crisis, debería confirmarse la declaración de inconstitucionalidad de la legislación aquí analizada, desestimando así, la queja de la apelante sobre el particular (v. f. 827).

VI. Pasaré a examinar los agravios expresados, en la inteligencia que en su estudio y análisis corresponde seguir el rumbo de la Corte Federal y de la doctrina interpretativa. De modo previo al tratamiento de los agravios, ante la inconsistencia de numerosos capítulos de la expresión de agravios, los jueces no están obligados a analizar todas y cada una de las argumentaciones de las partes, sino tan sólo aquéllas que sean conducentes y posean relevancia para decidir el caso (ver Fallos:258:304; 262:222; 265:301; 272:225; Fassi Yañez, Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, Comentado, Anotado y Concordado, T° I, pág. 825; Fenocchieto Arazi, Código Procesal Civil y Comercial de la Nación. Comentado y Anotado, T 1, pág. 620).

Asimismo, en sentido análogo, tampoco es obligación del juzgador ponderar todas las pruebas agregadas, sino únicamente las que estime apropiadas para resolver el conflicto (art. 386, in fine, del ritual; Fallos: 274:113; 280:3201; 144:611).

VII. La demanda se inició a fin de obtener un resarcimiento por los daños y perjuicios sufridos como consecuencia del accidente sucedido el día 16 de mayo de 2009, aproximadamente a las 18.50 hs. Los coactores Tebas y Ceballos relataron que el día de la fecha se encontraban circulando en la motocicleta marca Zanella, modelo RX 150, dominio 112-DXH- de propiedad de la coactora Liliana Sonia Paredes, por la calle Virrey Cevallos (de esta ciudad) hacia el sur. Sostuvieron que encontrándose habilitados por la luz verde del semáforo, se dispusieron a cruzar la intersección que la mencionada arteria conforma con la Av. Independencia y metros antes de trasponer la totalidad de la avenida, se cruzó de manera intempestiva e imprudente una ambulancia de la firma “Vittal” (marca Mercedes Benz, modelo Sprinter, dominio FNI-635), la cual circulaba por la Av. Independencia y era conducida en la oportunidad por el demandado Cristian Ruben Miino.

Como consecuencia de ello, surge de la narración de los hechos que fue imposible evitar el impacto de la moto contra el lateral derecho de la ambulancia, lo que provocó la caída de las persona a bordo de aquella.

Sufrieron distintos daños por los cuales reclaman la suma de $124.650 -o en lo que más o menos resulte de las pruebas a producirse- con más sus intereses y costas del proceso.

VII. El thema decidendum de esta Alzada quedó circunscripto a determinar: a) la atribución de responsabilidad por los hechos acaecidos; y si correspondiere:b) la procedencia y cuantía de los rubros indemnizatorios; c) la tasa de interés aplicable; y d) la inconstitucionalidad de la cláusula de la póliza que establece el límite de cobertura.

VII. a) La atribución de responsabilidad Repárese que no se encuentra discutido en esta Alzada el encuadre jurídico establecido en la instancia de grado sino el modo en que se produjo el hecho dañoso.

Por un lado, la parte actora afirmó que al encontrarse circulando con la motocicleta marca Zanella, modelo RX-150 (dominio 112-DXH), por la calle Virrey Cevallos, de esta ciudad, con el semáforo habilitándole el paso, colisionó en la intersección que la misma conforma con la Av. Independencia, con la ambulancia de la firma “Vittal” (dominio FNI-635) -la cual era conducida en la oportunidad por el demandado Cristian Rubén Miino- a causa de que éste último violó la señal lumínica, circulando a gran velocidad, sin baliza ni sirena (v. f. 181); mientras que -por el otro- la parte demandada y la citada en garantía adujeron que la ambulancia circulaba con prioridad de paso (por el tipo de vehículo en cuestión) con las balizas y la sirena encendida (v. f. 296vta. y sgtes.).

Ante dicha discrepancia, no cabe más que proyectarse a las constancias arrimadas a la causa las que serán evaluadas en su conjunto a la luz de la sana crítica (art. 386 del CPCCN).

Reconocido como se encuentra el acaecimiento del evento dañoso, tratándose de dos rodados en movimiento, es de aplicación al casus la doctrina plenaria emergente de los autos “Valdez, Estanislao F. c/ El Puente SAT y otro s/ daños y perjuicios”, por el cual la responsabilidad del dueño o guardián emergente de accidentes de tránsito producidos como consecuencia de una colisión plural de automotores en movimiento, no debe encuadrarse en la órbita del artículo 1109 del Código Civil.Por consiguiente, rige el factor objetivo de atribución de responsabilidad normado en el párrafo 2° del artículo 1113 del citado cuerpo legal.

Como consecuencia de ello y atento a las disposiciones del art. 377 del CPCCN, el damnificado que ejerció la acción resarcitoria tiene a su cargo la prueba del daño sufrido y el riesgo o vicio de la cosa de la cual éste provino y la demandada, en su condición de dueña o guardiana de esa cosa, para eximirse de responsabilidad o disminuir la que se le atribuye, debe acreditar la culpa de la víctima, de un tercero por quien no deba responder o el caso fortuito (arts. 1113, 512 y 514 del Cód. Civil).

En este orden de ideas, cabe agregar que la relación de causalidad adecuada jurídicamente relevante es la que existe entre el daño y el antecedente que lo produce normalmente, conforme con el curso natural y ordinario de las cosas, pues no todas las condiciones son equivalentes, sino la que, entre todas las que concurren, ha influido decisivamente en la dirección del resultado operado (conf. Llambías “Tratado de Derecho Civil – Obligaciones” T. I, pág. 372/374).

Tal como fuera manifestado en la instancia de grado, resulta que en el caso de autos el vehículo de la demandada se trata de una ambulancia, por que resulta de aplicación el artículo 61 de la ley 24.449 el cual establece que: “Los vehículos de los servicios de emergencia pueden, excepcionalmente y en cumplimiento estricto de su misión específica, no respetar las normas referentes a la circulación, velocidad y estacionamiento, si ello les fuera absolutamente imprescindible en la ocasión que se trate siempre y cuando no ocasionen un mal mayor que aquel que intenten resolver. Estos vehículos tendrán habilitación técnica especial y no excederán los 15 años de antigüedad.Sólo en tal circunstancia deben circular, para advertir su presencia, con sus balizas distintivas de emergencia en funcionamiento y agregando el sonido de una sirena si su cometido requiriera extraordinaria urgencia. Los demás usuarios de la vía pública tienen la obligación de tomar todas las medidas necesarias a su alcance para facilitar el avance de esos vehículos en tales circunstancias, y no pueden seguirlos. La sirena debe usarse simultáneamente con las balizas distintivas, con la máxima moderación posible.”. La negrita es de mi autoría.

La decisión de la juzgadora, se basó en que ha mediado culpa de los encartados, habida cuenta que el Sr. Miino omitió tomar los recaudos necesarios al circular en la emergencia y efectuar el cruce de la intersección de marras.

De la lectura de la expresión de agravios de la parte demandada y citada en garantía (en lo que respecta a la atribución de responsabilidad endilgada) se extrae que los recurrentes hicieron hincapié en la prueba testimonial, dándole especial relevancia al testimonio del Dr. René Quevedo Lamas, y en la falta de consideración de la presunción de culpabilidad respecto del vehículo embistente (en el caso, la motocicleta) (v. fs. 796 y 802/804).

Con respecto a este último punto, es menester destacar que no se encuentra controvertido en esta Alzada que la motocicleta de la actora revistió el carácter de embestidor físico mecánico. De ahí, pues, que no podemos obviar la presunción de culpabilidad que cabe asignar al conductor del vehículo que exhiba la calidad de embistente (conf. CNCiv., Sala A, in re “Lima c/ Emp. Gral. José de San Martín S.A.T. s/ ds. y ps.”, del 29/10/98; íd., esta Sala, en autos “Borrelli y ot. c/ TARSA (Línea 150) s/ ds. y ps.”, del 24/5/96; íd., Sala C, en autos “Fernández c/ Pappo s/ ds. y ps.”, del 16/2/99; íd., Sala D, in re “Jirecek c/ Barloqui s/ ds.y ps.”, del 15/10/97; íd., Sala E, en autos “Diego c/ Loschiavo s/ ds. y ps.”, del 22/11/99; íd., Sala H, in re “La Caria c/ Zslatkis s/ ds. y ps.”, del 29/9/95; íd., Sala J, en autos “Ferreyra c/ Cabrera s/ ds. y ps.”, del 9/11/95; entre tantos otros).

Por supuesto que lo delineado no es más que una presunción iuris tantum que, como tal, puede ser desvirtuada por prueba en contrario. En definitiva, esta premisa conlleva a analizar pormenorizadamente las demás circunstancias del caso para determinar si es dable mantener aquella presunción o, a la inversa, cabe tenerla por neutralizada ante la presencia de elementos fácticos que la contradicen, afianzados por otras presunciones que puedan intervenir en el hecho.

Asimismo, también se ha establecido respecto al examen de la responsabilidad que compete a los conductores cuando existen señales lumínicas, que se prescindirá de las comunes presunciones de culpa, como ser aquéllas que derivan del derecho preferente de paso que detenta quien aparece por la derecha del otro; o la presunción de culpa que recae sobre el embistente con respecto al embestido; o, en fin, aquélla que surge de la localización del impacto en los rodados. Para decirlo en pocas palabras, en juicios como el de autos la determinación de quien es el responsable sólo puede lograrse estableciendo a cuál de los conductores dichas señales autorizaban el cruce (esta Sala en autos “Mosconi c/ Rizzarello”, del 22/3/2006; CNCiv., Sala K, in re “Guerendiain c/ Lalia y ots. s/ ds. y ps.”, del 30/11/1999; CNCiv., Sala M, in re “Cuevas c/ Lazo y ot.”, del 8/11/1990).

Ahora bien, a raíz del accidente de autos, se labró la causa penal nº 24.542 caratulada “Miino, Cristinan s/ lesiones – art.94”, que tramitó por ante el Juzgado Nacional en lo Correccional N°13 Secretaría N° 79, que en este acto tengo a la vista.

Al f° 1 de la mentada causa declaró el Subinspector Scaia en la Comisaría 18a a las pocas horas de acaecido el hecho dañoso. Colectó los testimonios de los testigos presénciales Quevedo Lamas, Fernández, Echazarreta y Hernández Babich y dejó constancia que “.la Av. Independencia posee seis (6) carriles de circulación vehicular con orientación Este-Oeste y la calle Virrey Cevallos posee un orientación Norte-Sur con dos carriles de circulación vehicular, ambas con sus capas asfálticas en buen estado de conservación, siendo que estas se encontraban secas, la visibilidad era buena y la luz artificial también, hallándose los semáforos vehiculares en buen funcionamiento.” (f° 2).

En este entendimiento, pasaré a analizar las declaraciones de los testigos mencionados por el numerario.

Tanto el Sr. Fernández como el Sr. Echazarreta -quienes se encontraban circulando a bordo de un Renault 19 por la calle Virrey Cevallosfueron contestes en señalar que “.una Ambulancia de Vittal (.) cruzó la Av. Independencia con luz roja de semáforo.” (fs° 1/2) lo que produjo la colisión con la moto en cuestión.

Por su parte, el Sr. Babich -quien que se hallaba detenido con su vehículo de alquiler marca FIAT modelo SIENA, en el segundo carril de la Av. Independencia (intersección con la calle Virrey Cevallos), aguardando que la señal lumínica autorice su cruce- agregó a las declaraciones precedentes, que:

“.pudo ver a una Ambulancia que circulaba por Independencia, al llegar a Cevallos toma por el carril de la Bicisenda (izquierdo) momento este en que enciende la sirena -no encontrándose encendidas las balizas- y traspone la calle Virrey Cevallos con luz roja de semáforo, siendo que en ese instante una motocicleta que circulaba por Cevallos y trasponía Independencia, conducida por un masculino y acompañante un femenino, colisionan contra la Ambulancia.” (v.f° 2). La negrita me pertenece.

Asimismo, al volver a prestar declaración -meses más tarde- ante el Sr. Fiscal manifestó que la ambulancia “.en ningún momento frenó en la intersección. Que ésta circulaba a una velocidad superior a los 70km., aproximadamente (.) que no aminoró la marcha de circulación al traspasar por la intersección.” (v. fs° 118/vta.); aspecto que se condice con la deposición del Sr. Fernández en cuanto a la velocidad, la cual fue estimada en 100 km/hr. (conf. f° 67).

El testimonio del Sr. Echazarreta brindado en ambas sedes también avala el relato de los hechos efectuado por la parte actora en su escrito de demanda (v. f. 181). Al respecto, éste afirmo (el mismo día del hecho) que se encontraba “.conduciendo su automóvil particular por la calle Virrey Cevallos, metros antes de llegar a su intersección con la Av. Independencia pudo observar una moto la cual venía delante del dicente, quien cruza la Av. Independencia, con el semáforo correctamente en luz verde. Que en ese instante logra observar una ambulancia de la firma VITAL la cual viene circulando a gran velocidad por la Av. Independencia quien esta al cruzar la calle Virrey Cevallos en luz roja, en total violación a la norma de transito vigente, embiste a la moto (.) la ambulancia no realizó ninguna maniobra de evasión ni de frenado para evitar el impacto.” (f° 10/vta.). A lo que agregó -tiempo después- en las presentes actuaciones que el móvil de la accionada: “.venía sin sirena sin luces, no venía aparentemente en estado de emergencia (.) la moto avanzó a poca velocidad.” (sic) (fs. 592/593).

Dicho esto, puede pasarse por alto que el Sr. Fernández al ampliar su declaración en la sede represiva expresó que:”.la ambulancia de la empresa Vittal poseía la sirena prendida.” (f° 8) para luego decir que “.la misma no poseía la sirena encendida, pero sí recuerda que poseía prendidas las luces verdes ubicadas en el techo.” (f° 67vta.); empero considero que dicho detalle -esencial para la libre circulación en la emergencia- debe ser complementado con la explicación brindada por los Sres. Babich (quien – recordemos- circulaba por la misma avenida que el vehículo de la demandada) y Echazarreta (sujeto que circulaba por Virrey Cevallos en el mismo sentido que los coactores).

En este sentido, mientras el primero de aquellos atestiguó que:

“.observa que esta ambulancia al ver la luz roja del semáforo procede a encender su sirena con la intención de poder evitar el semáforo, cruza con el semáforo en rojo e impacta con una moto el cual venia circulando por la calle Virrey Cevallos.” (f° 9/vta.), el segundo dijo que “.recién casi al momento del impacto es que pudo escuchar que ésta enciende la sirena y coloca la baliza, para acto seguido impactar con la moto en cuestión.” (f°65/vta).

Destáquese que tales declaraciones no son poca cosa ya que los dichos de los testigos en estos casos tienen un valor probatorio relevante habida cuenta que tuvieron oportunidad de presenciar el accidente desde un lugar cercano, a punto tal que casi resultan protagonistas del mismo (conf. CNCiv, Sala E, in re “Rodríguez, Juan B. y otro c/ Taborda, Bernardo A. y otros s/ daños y perjuicios”, del 21/10/1997).

Las declaraciones efectuadas por los coactores Ceballos y Tebas (las cuales lucen agregadas a los fs° 31 y 32 de la causa penal – respectivamente-) son congruentes con el relato de los hechos que surge en su escrito inaugural (arts. 34 inc. 4 y 330 inc. 4 del CPCCN).

Conforme las declaraciones hasta aquí citadas, es posible afirmar que la sirena recién habría sido encendida instantes previos al cruce en cuestión, por lo que la función de advertencia que debía cumplir la misma (conf. art.61 de la ley 24.449) no se encuentra debidamente acreditada por la accionada (art. 377 del CPCCN).

Párrafo aparte merece el tratamiento de la declaración del Sr. Quevedo Lamas Rene (acompañante del codemandado Miino al momento del siniestro), quien declaró a fs° 51/vta. y 120/121 en la causa penal y a f. 551 en las presentes actuaciones.

En este sentido, coincido con la valoración efectuada por la Magistrada que me precedió en relación al mencionado testigo, puesto que sus declaraciones se hallan en total contradicción con el resto de los testimonios.

Nótese que el mismo expresó que la ambulancia circulaba con “.con onda verde.” (f. 551), “.no muy rápido, a unos 40km.” (f°120 vta.) y que “.al momento de salir de la base encendieron la sirena y baliza.” (f° 120 vta.); por lo cual omitiré su consideración.

En reiteradas ocasiones he señalado que la credibilidad de los testimonios depende de su verosimilitud, latitud, seguridad, conocimiento del deponente, razones expuestas y, en fin, de la confianza que inspiran; elementos que deben ser apreciados de conformidad con los arts. 386 y 456 del ritual (v. Rosa, Eliézer, “Diccionario de proceso civil”, Río de J aneiro, 1957, pag. 341; Couture, Eduardo J., en J.A. 71-80 y sgs.; Kisch, “Elementos de Derecho Procesal Civil”, trad. de L. Prieto Castro, pág. 189, 1º ed., Madrid; CNCiv, Sala A, in re “Domínguez, Nelson N. c/ Gómez Eugenio s/ daños y perjuicios”, del 5/5/1998) (v. esta Sala: “Ojeda Luis Pedro c/ Transp. Aut. Riachuelo S.A. s/ daños y perjuicios” (expte. n° 33.424/06) con fecha 24/09/2014 y “Victo, Rubén Abelardo c/ Transportes Santa Fe SACI (Línea 39) s/ daños y perjuicios” (expte.n° 81.294/2007) con fecha 15/08/2014).

A esta circunstancia se le adiciona que no se presenta en autos ningún otro elemento que permita inferir, en sentido contrario, que las antes referidas señalizaciones visual y sonoras estuvieran activadas con la premura del caso; siendo innecesario entrar en mayores consideraciones respecto del argumento de la encartada en el que señala que surgen “suficientes constancias y pruebas en autos que constatan que la ambulancia de mi mandante circulaba con ‘LUCES Y SIRENAS ENCENDIDAS’” (conf. f. 802 vta.).

En el citado marco, y analizando las probanzas arrimadas, concluyo -pues-que los recurrentes no han podido acreditar con prueba fehaciente que estuviera debidamente activada la señalización visual y sonora del rodado con la correspondiente antelación para evitar el accidente.

Sentado lo anterior, destaco que la experticia mecánica obrante a fs. 467/470 nada aporta para desentrañar la mecánica del accidente.

Dejando de lado la cuestión de las señalizaciones, si bien tengo por acreditado -al igual que lo hizo la Magistrada que me precedió- que la ambulancía se hallaba en situación de emergencia al dirigirse a atender una urgencia calificada como de grado 2 (v. fs° 1/2 causa penal y fs. 269/270 de las presentes), ello no significa que los vehículos comprendidos en el articulo 61 de la ley nacional de tránsito estén revestidos de un “bill” de indemnidad para actuar con desatino, desaprensivamente, e ignorando por completo la regulación del tránsito; como tampoco implica que deba tolerarse y/o ampararse la injustificada temeridad con la que pudieren obrar sus conductores.

En definitiva, y para decirlo claramente, las prerrogativas de las que gozan los conductores de ambulancias tienen como fundamento – y límite- la necesidad de urgencia que poseen los servicios que prestan; pesando también sobre aquéllos -diría con mayor intensidad- el deber de seguridad y prudencia, dado que -de no ser así- lejos de contribuir a la loable labor que brindan, su actuación sería susceptible de ocasionar graves daños (conf.CNCiv, Sala A, “Gianni, Hernán P. c/ Prego, Pablo D. s/ daños y perjuicios”, del 08/10/1999).

En consecuencia, toda vez que no se ha logrado acreditar fehacientemente que la ambulancia circulaba con los recaudos necesarios previstos en el art. 61 de la ley 24.449, especialmente en lo que hace a la señalización (sirena y balizas distintivas de emergencia); sumado a la velocidad con la que se desplazaba la misma y la forma en que ésta atravesó la encrucijada sin aminorar su marcha, propongo al Acuerdo confirmar la responsabilidad apelada en este aspecto (arts. 34 inc. 4), 163 inc. 5), 386, 456, 477 del CPCCN).

Habiéndose confirmado la responsabilidad, pasaré a analizar los agravios vertidos en relación a la procedencia y al quantum otorgado por las distintas partidas indemnizatorias en la instancia de grado.

VII. b) La indemnización.

Respecto a los agravios vertidos por las codemandadas “Socorro Médico S.A.” (Vittal) y “Technology Net S.A.”. acerca de “los excesivos montos fijados en la condena” (v. f. 806), es menester destacar que los agravios vertidos en tan sólo un párrafo, no cumplen con los requisitos de admisibilidad del recurso que determina el artículo 265 del CPCCN, en cuanto a que no resultan una crítica razonada y concreta del fallo recurrido, sino que se trata de una mera disconformidad con lo resuelto por la a quo (conf. CNCiv. Sala C, 15-5-81 LL 1983-B-769, ídem Sala D, 7-3-75 ED 65-386), por cuya consideración el recurso en este agravio especifico debe ser declarado desierto.

VII. c) Tasa de Interés.

En lo atinente a la crítica vertida por la parte actora respecto al punto de partida de los intereses y a la tasa de interés fijada en la instancia de grado (8% anual), es dable destacar que esta Sala viene sosteniendo atento a la doctrina plenaria en autos “Samudio de Martinez, L.c/ Transportes Doscientos Setenta S.A.” s/ daños y perjuicios”, que los intereses deben aplicarse a la tasa activa cartera general (préstamos) nominal anual vencida a treinta días del Banco de la Nación Argentina desde el momento del hecho y hasta el efectivo pago (art. 303 del CPCCN). Por otra parte, cabe destacar que en el caso se impone la vigencia del art. 303 del ritual, precepto que considero vigente en su redacción originaria conforme lo decidido por esta Sala (R. 621.758, del 30/08/2013, “Pérez Horacio Luis c/ Banco Saez S.A s/ ejecución de honorarios, La Ley, cita online: AR/JUR/55224/2003).

El mentado plenario admite una solución diversa cuando acontezca “una alteración del significado económico del capital de condena que configure un enriquecimiento indebido”. Pero esa singular especie comporta una situación harto excepcional, que se aparta de la regla general, y que -para que pueda tener lugar- debe ser acreditada fehacientemente y sin el menor asomo de duda en el marco del proceso. A mi juicio no obran en la causa constancias que certifiquen que, con la aplicación de la tasa activa desde el día del evento, se configuraría el mentado “enriquecimiento indebido”; como tampoco existen elementos que siquiera lo hagan presumir.

En función de lo expuesto, y en cumplimiento de la doctrina plenaria, he de proponer al Acuerdo que se aplique la tasa activa cartera general (préstamos) nominal anual vencida a treinta días del Banco de la Nación Argentina desde el momento del hecho y hasta el efectivo pago para todas las partidas indemnizatorias (art. 303 del CPCCN).

VII. d) Límite de cobertura Surge de la póliza 2258568, emitida el 07/01/2009 que la aquí demandada “Technology Net S.A.” contrató con la citada en garantía “Paraná S.A.de Seguros” un seguro de responsabilidad civil por los daños que pudiere causar a personas no transportadas la ambulancia Mercedes Benz, Sprinter, modelo 2006, dominio FNI-635 con un límite de cobertura por responsabilidad civil hacia terceros (transportados o no, con exclusión del paciente) de hasta $200.000 (v. fs. 338/339).

Como fuera manifestado, se agravia la citada en garantía en cuanto a que la Jueza de grado declaró inconstitucional la cláusula de la póliza que establece el límite de cobertura. Hace referencia a distintos precedentes donde la CSJN se ha pronunciado por la oponibilidad a la víctima de los límites de cobertura como el que se cuestiona en el caso de marras.

Por su parte, a fs. 824/827 el Sr. Fiscal de Cámara se postula a favor de la declaración de inconstitucionalidad por las razones que allí expone.

En este entendimiento, pasaré a analizar si el límite de cobertura pactado en la póliza de seguro entre “Paraná S.A. de Seguros” (aseguradora) y “Technology Net S.A.” (asegurado) resulta oponible o no a la parte actora (damnificado).

Es dable recordar que el art. 68 de la ley 24.449, establece un seguro obligatorio para automotores y motocicletas, que “cubra eventuales daños causados a terceros, transportados o no” y dispone que deberá serlo “de acuerdo a las condiciones que fije la autoridad en materia aseguradora”, que no es otra que la Superintendencia de Seguros de la Nación, entre cuyos deberes y atribuciones se encuentra “dictar las resoluciones de carácter general en los casos previstos por esta ley y las que sean necesarias para su aplicación” (conf. art.67 inciso “b” de la ley 20.091).

Dicho seguro queda aprehendido dentro del denominado “seguros de responsabilidad civil” regulado en los artículos 109 a 120 de la ley 17.418 y, conforme a lo dispuesto en el primero de esos artículos “el asegurador se obliga a mantener indemne al asegurado por cuanto deba a un tercero en razón de la responsabilidad prevista en el contrato, a consecuencia de un hecho acaecido en el plazo convenido”.

La referida obligación del asegurador de “mantener indemne” lo es “conforme al contrato” aclarándose explícitamente que este sólo responde “hasta el monto de la suma asegurada, salvo que la ley o el contrato dispongan diversamente” (art. 61 ley 17.418) y que la sentencia que se dicte contra el asegurador hará cosa juzgada y será ejecutable contra él, “en la medida del seguro” (art. 118 ley citada).

En ese marco legal, el asegurado no puede pretender quedar indemne por encima de los límites fijados por la Superintendencia de Seguros de la Nación plasmados en la póliza y que él mismo acordara (conf. art. 1197 CC) y tampoco el damnificado por el siniestro puede exigir, como lo hace la parte actora, que la sentencia se ejecute a la aseguradora por encima de la suma asegurada (esta Sala, en autos “Firpo Martín Ezequiel c/ Pellegrini Sebastián y otros s/ daños y perjuicios”, expte. n° 63.796/2012, con fecha 08/03/2017); puesto que la relación obligacional legal que vincula a la víctima con la aseguradora es independiente de aquella que se entabla entre esta y el asegurado, enlazadas únicamente por el sistema instituido por la ley 17.418 (art.118). Ambas obligaciones poseen distintos sujetos -no son los mismos acreedores y los deudores en una y otra obligación- tienen distinta causa -en una la ley, en la otra el contrato- y, demás, distinto objeto -en una la de reparar el daño, en la otra garantizar la indemnidad del asegurado-, en la medida del seguro (CJSN, en autos “Flores, Lorena Romina c/ Giménez, Marcelino Osvaldo y otro s/ ds y ps” , con fecha 06/06/2017).

Así, mientras la obligación de indemnizar al actor, que pesa sobre la aquí demandada es de fuente extracontractual, aquella que cabe a la aseguradora tiene su génesis en el contrato de segu ro por lo que posee naturaleza meramente contractual. En consecuencia, una condena que excediera los límites pactados en este último, carecería de fuente jurídica que la justifique y, por tanto, no puede ser el objeto de una obligación civil (conf. arts. 499, 500, 1195, 1199 del Cód. Civil).

Por otra parte, esta Sala también ha declarado, en casos análogos, que “la condena por daños se extiende a la aseguradora hasta el límite máximo de la cobertura acordado en la póliza, en razón de lo establecido en el art. 109 de la ley 17.418, dado que en el contrato de responsabilidad civil la suma asegurada no depende del valor de la cosa, sino de la voluntad de las partes” (conf. in re “Del Médico, Adriana Marisa c. Chen Jian Kang y otro s/ daños y perjuicios” del 12/02/2015, publ., en La Ley AR/JUR/481/2015) y en la misma dirección la Sala “F” en el precedente “D´Alessandro, Natalia Lorena y otros c. Salvatierra, Patricia y otros s/ daños y perjuicios” del 08/07/2015 (publ., en La Ley On line, AR/JUR/25277/2015), ha señalado- con cita de Stiglitz, Rubén S., Derecho de seguros, 4° ed., Bs. As., La Ley, 2004, t. I, pág.231, n° 188- que “aun cuando el damnificado revista la condición de tercero frente a las partes sustanciales del contrato de seguro, le son oponibles los límites cuantitativos de la cobertura”.

No desconozco que el derecho de las víctimas a obtener una reparación plena e integral ostenta rango constitucional, puesto que el artículo 19 de la Carta Magna establece el principio general “que ‘prohíbe a los «hombres» perjudicar los derechos de un tercero’ (.) que se encuentra ‘entrañablemente vinculado a la idea de reparación'” (Fallos: 327:3753; 335:2333), tampoco paso por alto la función social que cumple el seguro, pero ello no puede llevar a obligar a la citada en garantía a reparar todos los daños ocasionados al tercero víctima sin tener en consideración las pautas del contrato que se invoca (conf. CSJN, “Recurso de hecho deducido por La Perseverancia Seguros S.A. en la causa Buffoni, Osvaldo Omar c/ Castro, Ramiro Martín si daños y perjuicios” del 8-4-2014) pues si así resultara, en procura de resarcir en forma integral al damnificado, se terminaría lesionando el derecho de propiedad y la garantía de la defensa de la aseguradora (art. 17 y 18 de la CN) al obligarle a afrontar una condena que, como ya he dicho, carecería de causa.

Finalmente, no paso por alto que el sistema seguido por nuestro país en materia de seguro obligatorio de automotores “ha sido cuestionado por la doctrina especializada puesto que se hace necesario recurrir a una ley más específica y reglamentaria. Así por ejemplo la Comisión integrada otrora por Halperín, Morandi y Stiglitz propuso un seguro obligatorio para los propietarios o usuarios de los automotores con ciertas características propias tales como: limitaciones de cobertura, acción directa de la víctima, fondo común de garantía para responder en caso de supuestos excepcionales dónde no exista seguro. etc” (conf. Sánchez, Marina Lilén -Torres Cavallo, Jaime A, “Límites de cobertura en el seguro de responsabilidad civil.El tercero damnificado, a la luz de la jurisprudencia”, publ., en LLGran Cuyo 2016 (julio) 4, La Ley on line, AR/DOC/1833/2016) pero lo cierto es que el sistema vigente y aplicable al caso no es otro que el de la ley 17.418, pues el legislador no implementó un sistema de seguro obligatorio que protegiera realmente a las víctimas de los accidentes de tránsito, y los jueces debemos juzgar los casos conforme a la ley (art. 15 y 16 del Cód. Civ., ley 17.711 y art. 1 del actual Código Civil y Comercial de la Nación) no la oportunidad, mérito o conveniencia de esta última. De lo contrario, si nos apartamos del sistema vigente con remisiones genérica a la equidad o forzando los textos legales, caeríamos en arbitrariedad y lesionaríamos la seguridad jurídica (v. expte. n° 63.796/2012, previamente citado).

En consecuencia, más allá de que podría resultar abstracto en este caso pronunciarse acerca de la constitucionalidad o inconstitucionalidad del límite de cobertura, a tenor de lo delineado precedentemente, propongo al Acuerdo dejar sin efecto este aspecto del decisorio, en cuanto dispone declarar inoponible a la parte actora el límite de cobertura establecido en la póliza. Las costas por dicha incidencia se imponen en el orden de lo causado, toda vez que no existe criterio uniforme respecto de la cuestión que se decide (art. 68 in fine del CPCCN).

VIII. Por lo hasta aquí expuesto, de compartir mi voto, propongo al Acuerdo: 1) modificar parcialmente la sentencia recurrida, en lo que hace a la tasa de interés conforme lo establecido en el acápite “VII. c)” de la presente; y, 2) dejar sin efecto la inconstitucionalidad decretada en la instancia de grado en relación a la cláusula de la póliza que establece el límite de cobertura, con costas por su orden, conforme lo dispuesto en el apartado “VII d)”; confirmándola en todo lo demás que fuera materia de agravios.Las costas de la Alzada se imponen de igual modo que en la instancia de grado (conf. art. 68 del CPCCN).

Así lo voto.

Los Dres. Mizrahi y Parrilli, por análogas razones a las aducidas por el Dr. Ramos Feijóo, votaron en el mismo sentido a la cuestión propuesta.

Con lo que terminó el acto: CLAUDIO RAMOS FEIJOO – MAURICIO LUIS MIZRAHI – ROBERTO PARRILLI –

Es fiel del Acuerdo.

Buenos Aires, 3 de Agosto de 2017.

Y VISTOS: Por lo que resulta de la votación que instruye el Acuerdo que antecede, se RESUELVE: 1) modificar parcialmente la sentencia recurrida, en lo que hace a la tasa de interés conforme lo establecido en el acápite “VII. c)” de la presente; y, 2) dejar sin efecto la inconstitucionalidad decretada en la instancia de grado en relación a la cláusula de la póliza que establece el límite de cobertura, con costas por su orden, conforme lo dispuesto en el apartado “VII d)”; confirmándola en todo lo demás que fuera materia de agravios. Las costas de la Alzada se imponen de igual modo que en la instancia de grado (conf. art. 68 del CPCCN).

Teniendo en cuenta como se decide en esta instancia, se difiere la adecuación dispuesta por el art. 279 del Código Procesal respecto de las regulaciones practicadas a fs. 727/vta., así como la determinación de los honorarios correspondientes a la tarea desplegada en la Alzada, hasta tanto exista liquidación definitiva aprobada.

Regístrese, protocolícese, notifíquese a las partes y al Fiscal de Cámara en su público despacho y, oportunamente, publíquese (conf. Acordada 24/2013 de la CSJN).

Fecho, devuélvase.

DR. MAURICIO LUIS MIZRAHI

JUEZ DE CÁMARA

DR. CLAUDIO RAMOS FEIJOÓ

JUEZ DE CÁMARA

ROBERTO PARRILLI

JUEZ DE CAMARA