La oposición del Minist. Público Fiscal es vinculante para el otorgamiento del beneficio de suspensión del juicio a prueba

Partes: Suspensión del juicio a prueba de M. G. D. en autos D. M.l G. – C. C. M. s/ estafa

Tribunal: Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Santa Fe

Fecha: 10-oct-2017

Cita: MJ-JU-M-107697-AR | MJJ107697 | MJJ107697

Rechazo del pedido de suspensión del juicio a prueba para el imputado por el delito de fraude en perjuicio de la administración pública, en tanto el Ministerio Público Fiscal no prestó su conformidad.

Sumario:

1.-Corresponde rechazar el pedido de suspensión del proceso a prueba efectuado por el imputado por el delito de fraude en perjuicio de la administración pública, toda vez que el fiscal general sostuvo que el Ministerio Público Fiscal no presta su conformidad para la concesión y dado el protagónico papel que la ley asigna al fiscal en el ejercicio de la acción pública, torna vinculante su oposición -habiendo superado el control de logicidad al estar suficientemente fundado-.

Fallo:

Santa Fe, 10 de octubre de 2017.

AUTOS Y VISTOS: Estos caratulados “”SUSPENSION DEL JUICIO A PRUEBA de M. G. D. en autos D., M. G. – C., C. M. s/ Estafa”, Expte. N?? 86000334/2011/TO1/2; que se tramitan por ante este Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Santa Fe; de los que, RESULTA:

I.- En fecha 25 de septiembre del corriente año el Sr. Juan Carlos D. solicita la suspensión del juicio a prueba conforme lo dispuesto por el art. 76 bis del C. Penal, y de acuerdo a la doctrina sentada por la CSJN en los fallos “Acosta” y “Norberto”. Expresó que no tiene antecedentes penales y que se le imputa un delito de escasa peligrosidad. Asimismo ofrece a modo de reparación del daño causado abonar la suma de cincuenta mil pesos ($ 50.000) y realizar tareas comunitarias en el lugar que el tribunal designe. Puesto en conocimiento del defensor público coadyuvante, el Dr. Julio Agnoli dio el marco técnico correspondiente a la petición.

II.- Corrida vista al Ministerio Públco Fiscal, el Dr. Martín I. Suárez Faisal consideró que no se encuentran reunidos los requisitos para la concesión de la suspensión solicitada. Mencionó que este tribunal en una causa de idénticas características resolvió no hacer lugar a la suspensión del juicio a prueba, habiéndo sido confirmada dicha resolucion por la Cámara Federal de Casación Penal. Reiteró el criterio expuesto en esa oportunidad, considerando que atento que en las conductas delictivas atribuidas a los encausados podrían estar involucrados funcionarios públicos, deviene imperiosa la realización del debate oral y público, a fin de lograr la más amplia discusión sobre los hechos y la eventual responsabilidad que puede haberles cabido. Expuso que acontecimientos como estos, que han llegado a obtener marcada difusión pública, y que incluso han sido materia de análisis por parte del Consejo de la Magistratura de la Nación y del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados de la Nación (vg.”Terán”), generan una expectativa social de investigación y juzgamiento que contrasta con los objetivos del instituto de la suspensión del juicio a prueba; citando el criterio sentado por el Procurador General de la Nación en la Resolución PGN N° 97/09 del 14 de agosto de 2009. Refirió que se encuentran en juego las obligaciones asignadas al Ministerio Público Fiscal de velar por los intereses generales de la sociedad, y la facultad expresamente otorgada por la Ley Orgánica de diseñar a través de instrucciones de carácter general la política de persecución penal del organismo (arts. 1, 33 y cctes. de la ley 24.946); por lo que solicitó que no se haga lugar a la aplicación del beneficio solicitado, al cual formalmente se opuso, no prestando el consentimiento que prevé el cuarto párrafo del art. 76 bis del Código Penal.

En forma subsidiaria sostuvo que el ofrecimiento de reparación efectuado resulta insuficiente, atendiendo a la naturaleza del delito endilgado; y que no se ha siquiera especificado el lugar en que se realizarían las tareas comunitarias propuestas, ni el lapso y periodicidad de las mismas.

III.- En oportunidad de realizarse la audiencia prevista en el art. 293 del CPPN, el imputado ratificó su ofrecimiento y acompañó la conformidad de la institución bneficiaria. A su turno el fiscal general reiteró que ese Ministerio Público Fiscal no presta su conformidad para la concesión de la suspensión del juicio a prueba a favor del imputado D., confirmando los fundamentos por los cuales se opuso al beneficio. Agregó que al encartado se le imputa la posible comisión del delito de fraude en perjuicio de la administración pública. Que las conductas endilgadas a los encartados habrían involucrado la actuación de funcionarios públicos, por lo que deviene imperiosa la realización del debate oral y público a los fines de lograr la más amplia discusión sobre los hechos y la eventual responsabilidad penal que les cupo a los imputados en los mismos.Atento a ello, el tribunal se encuentra en condiciones de resolver; y CONSIDERANDO:

I.- Al analizar las particularidades de la presente causa y evaluadas las circunstancias en que habrían ocurrido las conductas investigadas y reprochadas al imputado M. G. D., es menester realizar el control de logicidad y fundamentación al que se encuentra sujeto el dictamen fiscal, conforme lo ha sostenido este tribunal en anteriores pronunciamientos en consonancia con el fallo “Kosuta” (CNCP l7/08/99). Coincidimos con el fiscal general respecto a que resulta imperiosa la realización del debate oral y público a los fines de lograr la más amplia discusión sobre los hechos, y la determinación de las eventuales responsabilidades penales de los involucrados. Tal criterio ha sido sostenido por este tribunal en la causa N° FRO 86000260/2010 “Acosta, Felipe Atilio y otros s/ defraudación contra la Administración Pública en grado de tentativa” (resoluciones de fecha 23/05/2012 y 24/05/2012, confirmadas por la CFCP en fecha 28/11/2014, reg. N° 2422 y 2423). En ese contexto consideramos que el protagónico papel que la ley asigna al fiscal en el ejercicio de la acción pública, torna vinculante su oposición -habiendo superado el control de logicidad al estar suficientemente fundado-, debiendo rechazare la suspensión del juicio a prueba solicitada. Así lo ha entendido la Sala I de la Cámara Nacional de Casación Penal al resolver el recurso de casación interpuesto en la causa “Fernández Villafañe” (Nº 9415 de fecha 05/02/09), afirmando que de acuerdo a la doctrina plenaria sentada por la CNCP en el plenario “Kosuta” (17/08/99), la oposición del Ministerio Público Fiscal -sujeta al control de logicidad y fundamentación por parte del órgano jurisdiccional- es vinculante para el otorgamiento del beneficio; cuestión que no ha sido modificada por la CSJN en el precedente “Acosta”.

Por lo expuesto y en coincidencia con lo dictaminado por el fiscal general, el Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Santa Fe, RESUELVE: NO HACER LUGAR al pedido de suspensión del proceso a prueba efectuado por el imputado M. G. D. Agréguese el original al expediente, protocolícese la copia y hágase saber.