El certificado de deuda emitido por la Caja de Asistencia y Previsión Social de Abogados y Procuradores de la Provincia de Jujuy es título hábil para promover ejecución

Partes: Caja de Asistencia y Previsión Social de Abogados y Procuradores de Jujuy c/ Maizares Emilce Carolina s/

Tribunal: Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial de Jujuy

Sala/Juzgado: II

Fecha: 25-oct-2017

Cita: MJ-JU-M-107563-AR | MJJ107563 | MJJ107563

El certificado de deuda emitido por la Caja de Asistencia y Previsión Social de Abogados y Procuradores de la Provincia de Jujuy es título hábil para promover ejecución.

Sumario:

1.-Cabe rechazar la excepción de inhabilidad de título opuesta por el abogado demandado por cobro de aportes adeudados a la Caja de Asistencia y Previsión Social de Abogados y Procuradores de la Provincia de Jujuy, ya que la certificación de deuda suscrita por las autoridades de la Caja sirve de título suficiente y válido para promover las acciones de cobranza (art. 24, Ley 4764/94), acreditando la existencia de una deuda líquida y exigible de dinero en cabeza del demandado.

2.-La Ley 4764/94 de la Provincia de Jujuy se encuentra vigente y establece un régimen anterior y distinto al régimen de la ley 24.241 , por cuanto no es de capitalización exclusivamente, ni tampoco sus fondos administrados por las administradoras de fondo que establecía la referida ley nacional, lo cual implica que el régimen jubilatorio de los profesionales del derecho de la provincia de Jujuy, no fue alcanzado por la ley 24.241 y mucho menos por la 26.425 que modificó y derogó la ley 24.241.

Fallo:

SAN SALVADOR DE JUJUY, a los 25 días de octubre del año dos mil diecisiete, reunidas las Sras. Vocales de la Sala II de la Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial de la Provincia de Jujuy, Dras. MARIA VICTORIA GONZALEZ DE PRADA y LILIAN EDITH BRAVO, bajo la presidencia de la nombrada en primer término, vieron el Expte. Nº 14761/ 16: Ejecutivo: Caja de Asistencia y Previsión Social de Abogados y Procuradores de Jujuy c/ Maizares, Emilce Carolina (Juzgado de Iº Instancia Nº 2 Secr. Nº 3), del cual dijeron:

Se inaugura esta instancia procesal a mérito del recurso de apelación interpuesto a fs. 45/ 49 por la Dra. Maizares Emilce C.H. por sus propios derechos en contra de la sentencia dictada en fecha 28 de junio de 2016 que rola a fs. 33/ 37 de autos.

Se agravia porque la juez rechazó el planteo de inconstitucionalidad, nulidad de ejecución y excepciones de prescripción e inhabilidad de título opuestas por ella. Al relatar sus argumentos dice que planteó la inconstitucionalidad de los arts. 1,4 y 22 de la ley provincial 4764. Que la juez no realizó ningún tipo de análisis, expresando que tal declaración no resulta prudente valorarla en el trámite sumario. Que pidió que se la declare porque está en abierta colisión con la Ley nacional 26.425 que es del 2008 y que creó un sistema único de jubilaciones y pensiones y eliminó el régimen de capitalización que existía hasta ese momento, el que fue absorbido y sustituido por el régimen de repartos. Entiende que por ello, y a partir de su vigencia, todos los fondos existentes en cuentas de capitalización debieron pasar al sistema estatal. Manifiesta que su obligación es aportar al régimen nacional y no a la Caja de Abogados que no es ni la provincia, ni la nación, por lo que al ir a este ente, no es obligación fiscal.Alude también que la ley 4764 establece que cuando llegue a la edad jubilatoria y si no está al día con los aportes, no tendrá derecho a percibir ninguna jubilación y sus aportes caen en saco roto, mientras que el sistema nacional dice que percibirá una jubilación mínima.-Manifiesta que la nulidad de la acción ejecutiva, la fundó en que el artículo 24 de la ley 4764 no establece que el certificado de deuda sea un título ejecutivo hábil ni tampoco el inc. 7 del art. 472 del C.P.C., por lo que entiende que el proceso es a todas luces improcedente. Hace reserva de discutirlo en un proceso ordinario. Por último, se agravia porque entiende excesiva la regulación de los honorarios ya que no se condice con el art. 6 de la ley de aranceles 1687. Refiere que los importes no son una valoración justa de los trabajos profesionales realizados como de su eficacia y extensión. Hace reserva del caso federal.-

Sustanciado el recurso, comparece a fs. 53/ 55 el Dr. Martín Sodero en su calidad de representante de la ejecutante. Se opone al progreso del recurso por las siguientes consideraciones: En cuanto al planteo de inconstitucionalidad dice que la sentencia lo resolvió conforme fallos de la Corte Suprema de Justicia de la Nación que establece que el control de constitucionalidad debe ser la última ratio del ordenamiento jurídico y requiere inexcusablemente la demostración del agravio en el caso concreto. Que eso no ha sucedido en autos y manifiesta que el Superior Tribunal de Justicia también se ha expedido en el sentido que no se puede plantear inconstitucionalidad basado en un mero desacuerdo con el modo elegido por la provincia de Jujuy para otorgar los beneficios de la seguridad social y previsional a los profesionales del derecho; que la habilidad ejecutiva surge del art. 24 de la ley 4764/94 y el art. 472 inc.7º del C.P.C., y de un fallo del Superior Tribunal de Justicia que hizo esa interpretación.Por fin, en lo referente a la omisión del a quo de valorar el derecho vigente, sostiene que la ley 4764/94 es anterior a las leyes 24.241 y 26.425, y que no contradice las normas contenidas en la constitución de la provincia. Que la recurrente al haberse acogido a su régimen, sin haber efectuado reserva alguna, de acuerdo al principio de buena fe y a la doctrina de los actos propios, no puede solicitar en estas instancias la declaración de inconstitucionalidad de la mentada ley, invocando una supuesta contradicción con la ley 26.425.

Concedido el recurso, son elevados los autos. Firme la providencia de integración, procede dictar sentencia sin más trámite.-

Que corresponde rechazar el recurso de autos.-

Que los agravios de la apelante son dos, por un lado el planteo de inconstitucionalidad de la ley 4764 y por el otro la inhabilidad del título en ejecución.-

En cuanto al planteo de inconstitucionalidad. Sobre esta cuestión ya nos hemos expedido en numerosas ocasiones (Exptes. 10.772/09; 14.864/17, 14.943/17entre otros) siguiendo la doctrina del Superior Tribunal de Justicia en sentencia registrada en L.A. Nº 55 Fº 1/ 32 Nº 1.Esta sentencia resolvió una acción de inconstitucionalidad: “María Marcela de los Ríos c/ Legislatura provincial”, por lo que tiene efectos erga omnes (ley 4346). Entre sus fundamentos fueron: “La ley provincial Nº 4.764, fue sancionada, en cumplimiento de lo dispuesto por la anterior legislación (transliterada líneas arriba), determinando en su art. 1º que se establecía un régimen de jubilaciones y pensiones para los profesionales del derecho, el que se integra con la Caja de Asistencia Social para abogados en cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 5º de la ley 4.154.Se creó, así, una persona de derecho público con autonomía económica, financiera y funcional, integrada además con la Caja de Asistencia Social para abogados y que continuaría con sus derechos y obligaciones (artículos 1 y 22 inc.i). (…) que, sin duda la ley 4.764/94, que se tacha de inconstitucional en ésta acción, resulta, en primer término, preexistente a la normativa nacional, y sancionada por mandato de una ley anterior que no ha sido sindicada de inconstitucionalidad en ésta acción, imposibilitando su análisis y eventual supresión del ordenamiento jurídico vigente en la Provincia; y en segundo término, conformada estrictamente a lo dispuesto por el artículo 125 último párrafo, de la Constitución Nacional.Cabe puntualizar que la Corte Suprema de Justicia de la Nación ha resuelto que, “Las provincias pueden, en ejercicio de los poderes delegados, crear organismos con fines de asistencia y de previsión social y establecer un régimen estatutario, en el que queden comprendidas determinadas categorías de personas en razón de la actividad profesional que desarrollan en sede provincial. La creación de tales entes no configura una debida injerencia en materia propia del Congreso Nacional.sin que pueda fundarse la tesis contraria en el texto del art. 14 bis, pues la referencia que allí se hace que “El Estado otorgará los beneficios de la seguridad social” abarca tanto al Estado Nacional como a los provinciales. (cfr.: “Marcelino Sánchez y Otro v. Provincia del Chaco”, S 21/08/73). Dicho lo cual, entiendo que la normativa sindicada de inconstitucional en la presente acción, resulta conforme a la normativa contenida, tanto en la Constitución de la Provincia como en la de la Nación, y dictada en cumplimiento de un mandato parlamentario, anterior a la sanción de la ley nacional Nº 24.241″.

En las sentencias citadas, como integrantes de la Sala II y de la Sala I (por habilitación) de esta Cámara dijimos: “La ley 26.425 modificó el sistema previsional existente en el orden nacional creado por la ley 24.241. En ese sentido dispuso la derogación del régimen de capitalización existente a ese momento, cuyos fondos eran administrados por las AFJP y la transferencia de dichos fondos al Estado Nacional (ver arts.1, 7 y todo el articulado de la misma). En esos términos el art. 20 dispuso que la ley es de orden público quedando derogada toda disposición legal que se le oponga”.

“La ley 24.241 que reglamentó y creó el sistema de capitalización e instauró dicho régimen jubilatorio en la nación, en el art. 3 inc. 4 disponía que era voluntario el sistema para quienes se encontraran obligatoriamente afiliados a los regímenes jubilatorios provinciales para profesionales, como a los que ejerzan una profesión no académica autorizada con anterioridad a la promulgación de la ley. Por lo tanto los regímenes provinciales regulatorios de las jubilaciones y pensiones de los profesionales, no fueron obligatoriamente alcanzados por esta ley, debiendo para ello firmarse convenios de participación con las Cajas provinciales, porque el sistema requería transferencias de fondos a las administradoras”.-

“La ley 4764/94, es una ley provincial que creó el sistema de jubilaciones para abogados y procuradores de la provincia de Jujuy. Establece un sistema previsional que rige obligatoriamente para los abogados y procuradores que se encuentren habilitados para ejercer la profesión y matriculados en el Colegio de Abogados de Jujuy.-Creó la Caja privada CAPSAP como administradora de los fondos destinados a las jubilaciones de los profesionales referenciados. En esa inteligencia rezan los artículos: ARTICULO 1º: Determinase en cumplimiento de lo dispuesto por el Artículo 5º de la Ley Nº 4723 un Régimen de Jubilaciones y Pensiones para los Profesionales del Derecho que se integrará con la Caja de Asistencia Social para Abogados -Ley Nº 3329-, bajo la denominación de CAJA DE ASISTENCIA Y PREVISION SOCIAL DE ABOGADOS Y PROCURADORES DE LA PROVINCIA DE JUJUY (C.A.P.S.A.P.), que mediante la presente Ley se crea con personería jurídica de derecho público y autonomía económica, financiera y funcional confiriéndole una amplia capacidad de acuerdo a sus disposiciones y objeto para adquirir derechos y contraer obligaciones.En ningún caso el Estado Provincial responderá por las obligaciones presentes o futuras que asuma la C.A.P.S.A.P. Las disposiciones de la presente Ley son de orden público. ARTICULO 2º: La Caja de Asistencia Social y Previsión Social de Abogados y Procuradores de la Provincia de Jujuy (C.A.P.S.A.P. ) tiene domicilio legal en la ciudad de San Salvador de Jujuy, lugar donde tendrá sede y asiento su administración y dirección. ARTICULO 3º: La Caja tiene por objeto realizar y cumplir un régimen de previsión y asistencia fundado en los principios sociales de solidaridad, cuyos beneficios son destinados a los Abogados y Procuradores radicados en la Provincia, como a los Jubilados y sus causahabientes. ARTICULO 4º: Quedan obligatoriamente comprendidos en el régimen de la presente Ley todos los Abogados y Procuradores inscriptos en la matrícula respectiva y quienes lo hagan en el futuro y mientras subsista su habilitación para el ejercicio profesional, aun cuando estuvieran afiliados a otros regímenes jubilatorios de previsión o seguridad social cualquiera fuere su naturaleza, independiente de la compatibilidad del beneficio que esta Ley establece. La suspensión temporal de la matrícula cualquiera sea su causa implica la suspensión de la actividad profesional por el mismo término en la Caja.En definitiva CAPSAP es una caja privada con fondos también privados, provenientes del aporte de los abogados y procuradores radicados en la provincia de Jujuy, que tiene por objeto realizar y cumplir un régimen de previsión y asistencia, fundado en los principios sociales de solidaridad.Es un régimen jubilatorio provincial creado en el año 1994 y que proviene de una la ley provincial vigente, anterior y distinto al régimen de la ley 24.241, por cuanto no es de capitalización exclusivamente, ni tampoco sus fondos administrados por las administradoras de fondo que establecía la referida ley nacional.Por consiguiente, el régimen jubilatorio de los profesionales del derecho de la provincia de Jujuy, no fue alcanzado por la ley 24.241 y mucho menos por la 26.425 que modificó y derogó la ley 24.241. En consecuencia, el régimen instaurado por la ley 26.425 no lo alcanza, y por lo tanto no lo deroga, pues no se opone al sistema de reparto que ella instaura, ni tampoco fue ese el objetivo de la ley conforme surge de su articulado, en especial de los arts. 1 y 2”.-

Por tales razones, el agravio de inconstitucionalidad es inconducente.-

En cuanto al agravio referido a la inhabilidad del títuloy la supuesta falta de norma que reconozca la vía ejecutiva. También nos hemos expedido sobre la habilidad del certificado de deuda emitido por las autoridades de C.A.P.S.A.P. y su fuerza ejecutiva, haciendo una interpretación integradora de la ley Nº 4764/94.

En los fundamentos dijimos (Expte. Nº10.772/09; 9260/06, 9300, 14.901, 14.943 entre otros):”La ley 4.764/94, establece un sistema previsional que rige obligatoriamente para los abogados y procuradores que se encuentren habilitados para ejercer la profesión y matriculados en el Colegio de Abogados de Jujuy. “Que el art.24 de la citada ley establece que cuando no se deposite el aporte del caso, la Caja debe intimar al profesional para que ingrese el importe, y si no lo hiciere, la Caja debe promover las acciones correspondientes de cobranza, sirviendo de título suficiente y válido la certificación de deuda suscrita por el Presidente y Secretario Administrativo y/o quienes el Consejo lo establezca”. “(…) Que el sistema es obligatorio, encuentra su fuente en la ley, la actividad gravada es la realización de las tareas profesionales por parte de los abogados ( arts. 5, 7, 25; 31 inc. a) y es de orden público” (art. 1)”. “Se basa en principios de solidaridad, en el sentido que los aportes realizados por los profesionales forman el patrimonio de la Caja y benefician a los afiliados que en el momento y/o en el futuro accedan a los beneficios jubilatorios y/o asistenciales que prevé.” (Cfr. Expte. Nº 9260/06, 13/04/2007). Es decir, son fundamentos de solidaridad los que inspiraron la creación de las Cajas de Previsión provinciales, siendo sus únicos beneficiarios los Abogados y Procuradores habilitados para ejercer la profesión en la provincia.Es por ello que se considera reprochable la actitud de los abogados y/o procuradores, afiliados, obligados y beneficiarios del presente régimen que pretenden evadir el cumplimiento de las obligaciones de la presente ley, contrariando los fines para la cual fue estatuida”.”Así, entendemos que la Certificación de deuda suscrita por las autoridades de la Caja (fs. 5, 6/11) sirve de título suficiente y válido para promover las acciones de cobranza (art. 24 ley 4764/94), acreditando la existencia de una deuda líquida y exigible de dinero en cabeza del demandado (Cfr. Expte. Nº 9300/06, 9260/06, 10770/09)”.-

Que en autos, Capsap acompañó la certificación de la deuda que obra afs. 7, la excepcionante no acompañó recibos que demuestren haber abonado los períodos reclamados y algún supuesto de suspensión del ejercicio profesional. En consecuencia, no hay agravios en los términos del art.226 del C.P.C., salvo desacuerdo con la sentencia y con el régimen de jubilación vigente, como tampoco obligaciones prescriptas.-

Por último y en cuanto a los honorarios excesivos, la sentencia los fijó conforme la doctrina sobre honorarios mínimos establecida por el Superior Tribunal de Justicia, por lo que tampoco tiene agravios al respecto.-

Por todo lo expuesto, nos pronunciamos por el rechazo del recurso de apelación.-

Las costas se imponen a la apelante vencida.-

Regular los honorarios profesionales del Dr. Pablo Rafael Sodero, por la labor desarrollada en esta instancia, en la suma de $ 3.500 conforme doctrina sobre honorarios mínimos del Superior Tribunal de Justicia (LA Nº 19 Fº 182/184 Nº 96) respectivamentecon más el I.V.A., si correspondiere, los que en caso de mora devengarán un interés a la tasa activa cartera general (préstamos) nominal anual, vencida a treinta días del Banco de la Nación Argentina (L.A. Nº 54 Fº 673/678 Nº 235) hasta su efectivo pago.-

Por ello, la Sala II de la Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial:

RESUELVE:

1.- Rechazar el recurso de apelación interpuesto en autos por la Dra. Emilce Maizarespor sus propios derechos a fs. 45/49 de autos.-

2.- Costas a cargo de la apelante.-

3.- Regular los honorarios del Dr. Pablo Rafael Sodero, por la labor desarrollada en esta instancia, en la suma de $ 3.500 conforme doctrina sobre honorarios mínimos del Superior Tribunal de Justicia, con más el I.V.A., si correspondiere, los que en caso de mora devengarán un interés a la tasa activa cartera general (préstamos) nominal anual, vencida a treinta días del Banco de la Nación Argentina (L.A. Nº 54 Fº 673/678 Nº 235) hasta su efectivo pago.-

4.- Registrar, agregar copia en autos y notificar.-