¿Puede la IGJ obligar a cambiar el objeto social de una entidad civil?

Autor: Martínez, Silvina A.

Fecha: 08-09-2017

Cita: MJ-DOC-11990-AR | MJD11990
Sumario:

I. Introducción. II. Antecedentes. III. La resolución de Cámara. IV. Conclusiones.

Doctrina:

Por Silvina A. Martínez (*)

I. INTRODUCCIÓN

Las asociaciones civiles pueden tener una gama amplia de objetivos sociales, artísticos, morales, asistenciales, políticos, culturales, deportivos, recreativos, benéficos, educacionales, científicos, etcétera. Sin embargo, en todos ellos existe una característica imprescindible: el bien común. Y preservar este bien común es deber del Estado ejerciendo su rol de fiscalizador. Y el concepto de bien común, entendido como el criterio que se tuvo en miras para aprobar una determinada entidad para funcionar, no puede estar sujeto a cambios políticos ni al criterio arbitrario de los diferentes funcionarios de turno de un organismo.

El objetivo de estas líneas es analizar un reciente fallo de la Sala F de la Cámara de Apelaciones en lo Civil, el cual revoca una resolución de la Inspección General de Justicia (IGJ), la cual obligaba a una entidad civil a cambiar su objeto social.

Claramente, la decisión arbitraria de obligar a una entidad a cambiar su objeto sin que exista una razón que lo justifique, existiendo idéntica normativa vigente, que, al momento de otorgar la autorización para funcionar, vulnera el derecho fundamental y natural de asociarse reconocido en el art. 14 de nuestra Constitución Nacional (CN).

II. ANTECEDENTES

Las actuaciones administrativas se iniciaron con motivo de una denuncia de la entidad Sociedad Argentina de Gestión de Actores Intérpretes (SAGAI), en la cual solicitó a la Inspección General de Justicia (IGJ) que modifique los estatutos de la entidad Inter Artis Argentina (IAA).

Alegó que SAGAI era una asociación civil que tenía como objeto la gestión colectiva del derecho de remuneración de los actores y bailarines por la comunicación al público de sus interpretaciones y citó al respecto el Decr. 1914/2016 y, en tal sentido, interpretó que SAGAI tenía la exclusividad de la gestión de los derechos mencionados.

Agregó que Inter Artis tenía en su objeto social actividades que se superponían con las facultades que eran de carácter exclusivo de SAGAI.Así concluyó que los estatutos sociales de Inter Artis Argentina avanzan sobre facultades propias de SAGAI y que la IGJ tenía las facultades para disponer la modificación de los estatutos sociales de las asociaciones civiles.

La IGJ se consideró competente para entender en el asunto y se ordenó correr traslado de la denuncia. En oportunidad de contestar el referido traslado, IAA manifestó que el Decr. 1914/06 no confería la exclusividad que alegaba la denunciante y que se estaban afectando los derechos adquiridos de la entidad toda vez que fue la propia IGJ quien la autorizó a funcionar como persona jurídica por la Res. IGJ 2013/14.

Posteriormente, la IGJ solicitó la opinión de la Dirección Nacional de Derechos de Autor, del Ministerio de Cultura y de la Secretaría de Medios. Y finalmente resolvió mediante Res. 239 del 13 de febrero de 2017.

Allí intima a Inter Artis Argentina a la modificación de sus estatutos sociales, suprimiendo de su texto toda disposición relativa a la gestión colectiva o administración de los derechos de los artistas intérpretes argentinos y extranjeros referidos a su condición de actores y bailarines, reconocidos por dos decretos -Decr. 1914/06 y Decr. 677/12- en favor de la denunciante y toda mención a la celebración de acuerdos con entidades sobre la referida gestión colectiva de derechos.

En cuanto a la entidad denunciante, la intimó a reformar su estatuto a fin de contemplar la representación de las minorías en la integración de sus órganos de administración y fiscalización y designó a dos contadoras a fin de realizar una veeduría contable a efectos de evaluar la situación económica y financiera de la entidad.

III. LA RESOLUCIÓN DE CÁMARA

Apelada la resolución ante la Cámara de Apelaciones en lo Civil, la sala F revocó la resolución de IGJ y consideró que nada impedía que otra asociación con los mismos fines y con otros socios pudiera percibir los derechos económicos en cuestión.Concluyó que no podía inferirse que SAGAI fuera la única sociedad civil de gestión colectiva que debiera nuclear a los beneficiarios de los derechos emergentes del art. 56 de la Ley 11.723, como lo entendió la Inspección General de Justicia, ya que de ese modo se afectaría la garantía constitucional de libre asociación. Y agregó que toda restricción irrazonable al derecho de asociación es una forma de limitar la libertad de expresión en su más amplio significado.

Resolvió que la resolución de la IGJ era arbitraria por cuanto no podía admitirse que la gestión colectiva debiera ser realizada por una sola sociedad de gestión por ser la primera en formarse en desmedro de cualquier otra que se creara en el futuro. Entendió que el art. 56 de la Ley 11.723, no preveía la aludida exclusividad de una persona o de una asociación colectiva; por ello, mal podría disponerse tal facultad posteriormente por decreto, incorporando una restricción que no surgiera de su letra.

Así concluyó al revocar la resolución de IGJ y al disponer que Inter Artis Argentina quedara facultada de conformidad a sus estatutos autorizados por la IGJ, a percibir los derechos emergentes del art. 56 de la Ley 11.723 de sus asociados.

IV. CONCLUSIONES

Celebramos la decisión de la Cámara, la cual revocó una resolución de la IGJ manifiestamente arbitraria. Los organismos de contralor deben ajustarse a los límites dados por las garantías reconocidas en el Estado de derecho: razonabilidad y legalidad. De modo que solo puede ser ejercida dentro de los límites establecidos por la Constitución Nacional y las normas dictadas en su consecuencia. Cualquier acto de fiscalización contrario a ello resultará violatorio de derechos y garantías individuales y, por ello, inconstitucional e inválido.

La IGJ omite una cuestión fundamental en su decisión arbitraria.Fue la propia IGJ la que autorizó para funcionar a una entidad en 2014; y dos años después, la misma IGJ consideró que esta entidad, con el mismo objeto que el organismo aprobó, violó la normativa vigente. Pero no lo considero así cuando la autorizó. Si la ley vigente era tan clara, entonces cómo se explica el cambio de opinión. O acaso la propia IGJ vulneró la ley cuando la autorizó para funcionar. Claramente no fue así.

No cambió la normativa desde que se autorizó para funcionar a una entidad, sino que cambiaron las autoridades de la IGJ. Claro está que este simple hecho convierte en arbitraria una decisión. Un organismo y las resoluciones que de él emanen deben perdurar en el tiempo y soportar los cambios de gestión y de gobierno. No puede permitirse que se fije este nuevo criterio de la IGJ que permita cambiarles el objeto a las entidades sometidas a su control al solo arbitrio del funcionario de turno y modificando la autorización para funcionar que el mismo organismo concedió sin que cambien las razones de derecho para eso.

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(*) Abogada, UBA. Programa de profundización en la problemática de la Empresa. Universidad Austral. Programa de Formación de Magistrados, Escuela Judicial del Consejo de la Magistratura (en curso). Especialización en Mediación Empresaria. Escuela de Mediación. CPACF. Asesora letrada en la Honorable Cámara de Diputados de la Nación. Exdirectora del Registro Nacional de Sociedades de la Inspección General de Justicia del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación. Autora de publicaciones sobre temas de su especialidad.