La empresa de servicios funebres deberá indemnizar por daño moral, a raíz de su incumplimiento en el servicio de sepelio brindado en relación al padre fallecido del actor, quien tuvo que ser cremado al estar mal sellado el féretro

Partes: Romero Miguel Ángel c/ Morassut Javier Ivan s/ abreviado- cumplimiento – resolucion de contrato

Tribunal: Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial de Córdoba

Fecha: 10-nov-2017

Cita: MJ-JU-M-107622-AR | MJJ107622 | MJJ107622

Procedencia el daño moral reclamado a raíz del incumplimiento del demandado en el servicio de sepelio brindado en relación al padre fallecido del actor, quien tuvo que ser cremado al estar mal sellado el féretro y despedir un olor nauseabundo. Cuadro de rubros indemnizatorios.

Sumario:

1.-Corresponde acoger el daño moral reclamado a raíz del incumplimiento del demandado en el servicio de sepelio brindado en relación al padre fallecido del actor, pues se produjo una pérdida de líquido cadavérico en el nicho por falla en el sellado metálico del féretro, debiendo el demandado arbitrar los medios para su cremación ante los olores nauseabundos; así, el daño se ve configurado por haber tenido que exhumar el cadáver y cremarlo, cuando no fue lo que primigeniamente tenía planeado hacer.

2.-Para fijar la cuantía del daño moral, el juzgador ha de sortear las dificultades de imaginar el dolor que el evento le produjo en la esfera íntima del actor, y que no ha experimentado por sí mismo, para luego transformarlo en una reparación en dinero que compense el dolor y el trastorno espiritual sufrido; motivos éstos por los que el magistrado, más que en cualquier otro rubro, debe atenerse a una prudente apreciación y a las características particulares de la causa.

Fallo:

N.R: Se advierte que este fallo no se encuentra firme.

CORDOBA, 10/11/2017.

Y VISTOS:

Estos autos caratulados “ROMERO, Miguel Ángel c/ MORASSUT, Javier Ivan- ABREVIADO- CUMPLIMIENTO/ RESOLUCION DE CONTRATO. EXPTE. 5719464”, en los que a fs. 1/13 comparece el Sr. Miguel Ángel Romero, DNI 23.246.244, con el patrocinio letrado de los Dres. Virginia Ríos y Gabriel A. Martoglio, quien entabla formal demanda en contra del Sr. Javier IvanMorasssul, DNI 27.921.647, persiguiendo el pago de la suma de pesos veintinueve mil trescientos ochenta y siete con sesenta centavos ($ 29.387,60) o lo que en más o en menos resulte de la prueba arrimada a la causa, en concepto de indemnización por los daños y perjuicios ocasionados, más intereses desde la fecha del incumplimiento contractual, actualización y costas, y art. 104 Ley 9459.

Manifiesta que, el demandado se dedica a la prestación de servicios de pompas fúnebres y servicios conexos, mediante la explotación de una casa de sepelios llamada “Los Capuchinos”, ubicada en calle Ibarbalz 1175 de esta Ciudad de Córdoba.

Relata que, con fecha 12 de marzo de 2012 se produjo en la ciudad de Córdoba el fallecimiento de su padre Sr. Rafael Fermafin Romero, DNI 6.461.995, y que por dicho motivo, viajo a la ciudad de Córdoba desde su domicilio en la provincia de Santa Fe, y contrato los servicios de pompas fúnebres que presta el demandado para brindarle a su difunto padre su sepelio. Agrega que, la contratación del servicio al demandado implico la adquisición del féretro correspondiente, donde se depositaron los restos mortales de su padre.

Señala que, luego de finalizado el velatorio, se procedió al traslado de los restos mortales de su difunto padre hasta el cementerio municipal de la ciudad de Santa Fe, manteniéndose el cadáver dentro del mismo ataúd que había sido suministrado por el demandado.Indica que, por la totalidad de los servicios de pompas fúnebres y traslado brindados por el demandado, este percibió la suma de pesos ocho mil ciento setenta y cinco ($ 8.175).

Expresa que, una vez finalizado el traslado, el ataúd que contenía los restos mortales de su padre fue depositado en un nicho del cementerio municipal de Santa Fe, que el actor había adquirido con la finalidad de que allí reposaran. Destaca que, era su finalidad mantener los restos de su padre en este nicho para poder honrar su memoria de acuerdo a sus creencias morales y religiosas.

Expone que, con fecha 10 de mayo de 2012, es decir dos meses después del fallecimiento de su padre, fue citado por personal del Panteón Nuestra Señora de Guadalupe del Cementerio Municipal de la ciudad de Santa Fe, donde habían sido depositados los restos del fallecido, para informarle que era necesaria la apertura del nicho donde estaba depositado, debido a que el mismo presentaba una extraña mancha posiblemente debido a una falla del féretro. Alega que, abierto el nicho en presencia de testigos, se verifico efectivamente que el féretro presentaba una severa e importante falla en su sellado metálico que ocasionaba una pérdida de material cadavérico con la consecuente afluencia de líquido cadavérico al exterior del mismo y la contaminación de todo el nicho. Postula que, siendo imposible el traspaso a otro ataúd, debido al avanzado estado de descomposición y fermentación del cuerpo, fue necesario e indispensable la cremación del mismo. Señala que, en definitiva, los restos mortales de su padre fueron cremados por personal del cementerio municipal de la ciudad de Santa Fe.

Refiere que, a fin de acreditar lo sucedido, le fue expedido por la administración del panteón un certificado expedido por el Lic.Héctor González en representación de “Panteón Nuestra Señora de Guadalupe” de fecha 11 de mayo de 2012, el cual transcribe.

Afirma que, esta circunstancia ocasionada exclusivamente por un defecto en el ataúd provisorio por el demandado, le ocasiono un daño emergente de pesos un mil doscientos cinco ($ 1.205), en concepto de tasas que fue necesario abonar a la Municipalidad de Santa Fe para lograr la exhumación, cremación y limpieza del nicho contaminado.

Expresa que, con fecha 21 de noviembre de 2012 se remitió al responsable una Carta Documento Nº 16094733 CD 14671987 3, a través de su mandante Dr. Gabriel Alejandro Martoglio, por la cual se puso en conocimiento del demandado la situación vivida y el daño sufrido, y se lo íntimo para que abonara la indemnización correspondiente. Indica que, a pesar de haber sido recibida el día 22 de noviembre de 2012 en el domicilio del demandado, no obtuvo respuesta alguna. Manifiesta que, por lo tanto, habiendo constituido en mora al deudor y habiendo vencido el plazo otorgado para el cumplimiento, se ve obligado a iniciar la presente demanda de daños y perjuicios.

A continuación analiza la responsabilidad del demandado.

Entiende que, el factor de atribución de responsabilidad que pesa sobre el demandado es contractual, por cuanto el actor celebro con el demandado una convención por la cual se reglaron una serie de derechos y asumieron obligaciones. Explica que, el demandado se comprometió a brindar un servicio de pompas fúnebres y provisión de ataúd, mientras que el suscripto se comprometió a abonar por ello el precio estipulado. Señala que, esta relación se encuentra amparada por el principio de buena fe y la obligación de seguridad que establece el art.1198 CC.

Postula que, en consecuencia, la obligación del demandado se extendía más allá de la mera provisión de un ataúd, sino que el mismo debe ser de una calidad tal que pudiera conservar los restos mortales del difunto durante el tiempo suficiente para soportar el proceso de descomposición cadavérico, y permanecer depositado en un nicho. Afirma que, esta obligación se entiende implícita en este tipo de contratos, y que, por lo tanto ha existido un incumplimiento contractual culposo por parte del demandado, quien al brindar un producto defectuoso, no ha obrado con la debida diligencia que requiere este tipo de obligaciones. Cita legislación que considera aplicable al caso. Destaca que, es indudable que el demandado, quien es una persona que hace de los servicios de pompas fúnebres su profesión habitual tiene un mayor deber de obrar con prudencia, por lo que mayor debe ser su obligación por las consecuencias de sus hechos.

Agrega que, además debe tenerse presente que nos encontramos ante una relación de consumo, y por lo tanto resultan aplicables las normas de la Ley de Defensa del Consumidor Nº 24.240. Expone que, en el caso, se presenta una prestación de servicios defectuosa por parte del demandado, y asimismo la entrega de un producto vicioso o defectuoso, siendo en consecuencia responsable directo de la indemnización de los daños producidos con un factor de atribución objetivo conforme el art. 40 ley 24.240.

Expresa que, la relación de causalidad entre el incumplimiento del demandado y el daño sufrido por el suscripto es evidente. Manifiesta que, la finalidad del contrato era que el ataúd que el demandado proporciono como parte de su servicio fuera de una calidad idónea para conservar adecuadamente los restos mortales y soportar el proceso de descomposición. Esgrime que, el incumplimiento de dicha obligación ha sido la causa directa de que los restos mortales que su padre no pudieran ser conservados en la forma deseada, y hayan tenido que ser cremados en contra de su deseo.Alega que, mediante el método de inclusión mental hipotética, y de acuerdo a las reglas de la experiencia, se puede determinar claramente que en caso de que el ataúd no hubiera fallado en su sellado, no se hubieran desencadenado los hechos que produjeron el daño que ahora se reclama.

Entiende también que, la antijuricidad surge evidente, toda vez que el demandado ha incumplido o ha cumplido de manera defectuosa una obligación principal del contrato, al proveer un producto defectuoso. Cita legislación.

Prosigue y describe los daños que demanda.

En primer lugar, reclama daño material. Manifiesta que, como consecuencia del incumplimiento del demandado, ha incurrido en una serie de gastos que debieron ser efectuados de manera necesaria para corregir las nefastas implicaciones que derivaron de la falla del ataúd provisto. Encuadra estos gastos en el rubro de daño emergente, y los enumera: 1) la suma de pesos trescientos cincuenta ($ 350) en concepto de limpieza especial del nicho por pinchadura del metálico, abonado a la Asociación Mutual de Empleados de Sancor Seguros, administradores del Panteón Nuestra Señora de Guadalupe donde fueron depositados los restos de su padre. 2) la suma de pesos ciento noventa y siete con sesenta y siete centavos ($ 197,60) en concepto de tasa por “inhumación de cadáver o restos a panteón, mausoleo, bóveda” e “introducción de cadáveres o restos al municipio” abonado a la Municipalidad de la ciudad de Santa Fe de la Vera Cruz; 3) la suma de pesos trescientos cuarenta ($ 340) en concepto de tasa municipal por “cremación, exhumación, traslado” abonado a la Municipalidad de la ciudad de Santa Fe de la Vera Cruz; 4) la suma de pesos ocho mil ciento setenta y cinco ($ 8.175) que fueron abonados al demandado en concepto de pago por los servicios de sepelio ofrecidos por Los Capuchinos. Señala que, todo hace un total de pesos nueve mil sesenta y dos ($ 9.062) en concepto de indemnización por daño emergente.

En segundo lugar, reclama daño psiquiátrico y lucro cesante.Refiere que, conforme demostrara en la etapa procesal oportuna, los hechos padecidos le han causado un daño psiquiátrico, que se manifiesta en una limitación de su capacidad obrera generándole un lucro cesante futuro. Estima que, el monto del mismo podrá ser cuantificado una vez realizada la pertinente pericia psiquiátrica que arrojara el porcentaje de incapacidad que padece.

Finalmente demanda daño moral. Manifiesta que, los terribles acontecimientos ocurridos con relación a los restos mortales de su padre le han producido un terrible padecimiento moral, del cual exige inde mnización, la cual debe ser abonada por el demandado, ya que este padecimiento es una consecuencia directa de su incumplimiento contractual. Cita legislación y doctrina que considera avala sus dichos.

Afirma que, respecto a la prueba del mismo, es criterio unánime de la jurisprudencia presumir la existencia a partir de la producción del hecho dañador. Cita jurisprudencia.

Entiende que, resulta indudable que, por la naturaleza de los eventos dañosos, ha padecido un importante menoscabo en el normal desenvolvimiento espiritual. Resalta que, debe quedar claro que no se confunde el dolor producido por la muerte del padre con el padecimiento moral producido por las consecuencias del incumplimiento del demandado. Manifiesta que, en efecto, este incumplimiento ha tenido como consecuencia un nuevo padecimiento espiritual para el suscripto, quien ha debido presenciar las macabras escenas y consecuencias de la falla del sellado metálico del ataúd proporcionado por la empresa funeraria demandada. Expresa que, sumado a ello, el padecimiento se genera también por el hecho de haber tenido que cremar el cadáver de su padre, en contra de su voluntad y la de su familia, quienes, con motivo de sus creencias religiosas, querían conservar el cuerpo de su difunto padre. Explica que, a tal fin habían adquirido el nicho donde fue depositado, con la esperanza de mantener allí sus restos, para poder conservarlo y rendirle el correspondiente homenaje que los difuntos merecen.Alega que, debido a la negligencia del demandado han tenido que cremar el cadáver de su padre, perdiendo de esta manera la posibilidad de conservar su cuerpo en la forma deseada, y en contradicción con sus creencias religiosas cristianas.

Cita jurisprudencia.

Finalmente, analiza la cuantificación del daño moral y afirma que, resulta uno de los rubros más difíciles de plantear puesto que no existen parámetros directos para el cálculo. Sin embargo, afirma que puede cuantificar el mismo de manera provisoria en la suma de pesos veinte mil ($ 20.000) atento la magnitud y gravedad de los hechos ocurridos, los hechos ocurridos, y las particulares características del incumplimiento contractual en que incurrió el demandado. Destaca que, aunque en la carta documento que se envió al demandado en fecha 21/11/2012 se reclamaba la suma de pesos $ 7.500 como indemnización de daño moral, esta suma fue reclamada de manera provisoria y únicamente a los fines de lograr un acuerdo conciliatorio de intereses con el demandado, haciendo expresa reserva de modificar los rubros reclamados o de incluir otros rubros no reclamados. Señala que, por lo tanto, ante esta reserva, y especialmente ante la falta de respuesta del demandado a su intimación, lo que evidentemente agrava su padecimiento moral sufrido por el suscripto en cuanto demuestra una actitud negligente y desinteresada por parte del demandado, puede cuantificar ahora el daño moral en la suma de pesos veinte mil ($ 20.000) con más actualización e intereses desde la fecha del incumplimiento contractual.

A efecto acreditar su postura, ofrece prueba documental, informativa, pericial y constatación.

A fs. 30, se imprime a la presente causa el trámite de juicio abreviado.

Citada la demandada conforme surge de la cédula de notificación obrante a fs. 32, esta no comparece a estar a derecho.

A fs. 35, a mérito de lo solicitado y de las constancias de la causa, se provee a la prueba ofrecida por el actor.

Diligenciada y producida la prueba de autos, a fs. 86 se dicta el decreto de autos.Notificado y consentido el mismo, queda la causa en estado de ser resuelta.

A fs. 93/96, obra dictamen de la Sra. Fiscal Civil a cargo de la Fiscalía Civil, Comercial y Laboral de Segunda Nominación, Dra. Maria Lourdes Ferreyra de Reyna.

Y CONSIDERANDO:

I. Que, a fs. 1/13 comparece el Sr. Miguel Ángel Romero, DNI 23.246.244, con el patrocinio letrado de los Dres. Virginia Ríos y Gabriel A. Martoglio, quien entabla formal demanda en contra del Sr. Javier IvanMorasssul, DNI 27.921.647, persiguiendo el pago de la suma de pesos veintinueve mil trescientos ochenta y siete con sesenta centavos ($ 29.387,60) o lo que en más o en menos resulte de la prueba arrimada a la causa, en concepto de indemnización por los daños y perjuicios ocasionados, más intereses desde la fecha del incumplimiento contractual, actualización y costas, y art. 104 Ley 9459, en virtud de lo reseñado en los vistos que anteceden, a los que me remito en honorar a la brevedad.

Que, citada la demandada a comparecer a estar a derecho y contestar la demanda incoada en su contra, esta no compareció, pese a estar debidamente notificada.

II. La falta de contestación de la demanda por parte del demandado crea una presunción iuris tantum de veracidad de los hechos invocados por el actor en su demanda. No obstante ello, cabe recalcar que tal presunción no exime al accionante de acreditar los hechos sobre los que funda su pretensión.

En este sentido el Tribunal Superior de Justicia ha resuelto que: “la falta de contestación de la demanda, aun cuando exista rebeldía declarada y firme y se trate de hechos pertinentes y lícitos, no implica necesaria y automáticamente la veracidad de los hechos invocados por la actora, porque en definitiva la presunción que crea a favor del accionante debe ser ratificada o robustecida mediante la prueba pertinente” (TSJ, sala C.y C., 3-3-10, sentencia 26 in re “RoattaUrbani, Liliana c/ García, Darío Andrés – Ordinario – daños y perjuicios- Accidente de Tránsito – Recurso Directo”, Zeus Cba Nro. 387. año IX, 11/05/10, Tomo 16, pág. 404).

En este caso, al no haberse evacuado el traslado corrido de la demanda y documental acompañada con el escrito inicial, tengo por auténtica dicha documentación en virtud de lo dispuesto por el art. 192 del CPCC. En efecto, dicha norma establece que respecto a los documentos acompañados que se atribuyan al demandado y la recepción de las cartas y telegramas a él dirigidos que se acompañen, el silencio importa un reconocimiento categórico de los mismos. En este sentido, el Excmo. Tribunal Superior de Justicia ha resuelto que “respecto de ellos (documentos privados y cartas) la norma legal prescribe que el silencio del demandado implicará “opelegis” el reconocimiento de que le pertenecen los primeros y de que recibió las segundas, de modo que el juez deberá- aquí sí – tener necesariamente por ciertas tales circunstancias (art. 192, 2 par). Es claro, entonces que, (…) se conmina el silencio del demandado (…) frente a los documentos con una categórica imposición de la ley (TSJ Cba., Sala C y C TSJ in re: Municipalidad de Córdoba c/ José A. Mira y otro – Ordinario – Recurso de Casación”, Sent. Nro. 95 de fecha 09/09/02).

III. Norma aplicable: en el presente caso la relación jurídica es una relación de consumo, por lo que debe resolverse interpretando el ordenamiento jurídico armónicamente con el paradigma protectorio del consumidor consagrado en el art. 42 de la Constitución Nacional y en las leyes especiales de protección al consumidor, Ley 24.240 modificada por la ley 26.361.

Es importante destacar el rango constitucional y el carácter de orden público que le ha designado el legislador a la material consumeril, lo cual determina un cambio en la interpretación y aplicación del ordenamiento jurídico, el cual tiene su eje en la protección a los consumidores.En efecto, pues el consumidor es la parte más débil en cualquier relación.

De ahí la importancia de haber incorporado al nuevo Código Civil y Comercial de la Nación, su regulación.

El Estatuto del consumidor está integrado por todas las normas y principios que del derecho privado patrimonial sean aplicables a las relaciones de consumo, tratándose de un sistema integral para la protección del consumidor, que tiene a la constitución como pauta armonizadora (cfr. Wajntraub, Javier, Régimen jurídico del consumidor, comentado, Ed. Rubinzal-culzoni, Santa Fe, 2017, pag. 11 y 12).

Esta interpretación de las normas, no solo alcanzan a la materia sustancial, sino también procesal. En efecto, pues la tutela del consumidor se alza como una directriz central de todo el ordenamiento jurídico, destacando no solamente su especial protección, sino también exigiendo que los procedimientos sean efectivos y eficaces. Es por ello, que la ley de defensa del consumidor a traviesa todas las ramas del derecho, impactando en la ley sustancial y procesal, cumpliendo así con lo dispuesto por el art. 42 de la Constitución Nacional de neto carácter operativo. (cfr. Junyent Bas Francisco, en sus distintos dictámenes).

Las relaciones de consumo se caracterizan por una desigualdad estructural entre los proveedores y los consumidores o usuarios, que se expresa en la asimetría de información, en las diferencias de poder económico y negocial y, en definitiva, en la totalidad de las esferas de interacción. Este desequilibro es el que justifica la protección adicional que el ordenamiento jurídico debe proporcionar a la parte más débil de dicha relación. Por ello la preceptiva del consumidor tiende a paliar la desigualdad de las partes. (cfr. voto de la Dra. Palacio de Caeiro in re: “COMPAÑIA SOCIAL DE CREDITOS S.R.L. C/ HEREDIA, NESTOR JAVIER – EJECUTIVO POR COBRO DE CHEQUES, LETRAS O PAGARES, Expte. 6025696, Sent. N° 42 de fecha 15/05/17).

Por ello, a los fines de resolver la contienda deben tenerse en cuenta los principios protectorios del consumidor.

IV. Prueba:Del acta de defunción obrante a fs. 15 (la que también es incorporado como informativa a fs. 54/56) surge que, el servicio de sepelio fue realizado por Los Capuchinos. De dicha acta consta en el margen que la Empresa de Sepelios pertenece al demandado, Javier IvanMorassut, a fs. 16 obran recibos de pago de los servicios Los Capuchinos. A fs. 27 obra carta documento de la que surge la intimación realizado a Los Capuchinos. Que al haberse corrido traslado de esta documentación al demandado, conforme surge de fs. 32, en los términos prescriptos por el art. 192 del CPC, tengo por autentica la misma.

De la documental detallada surge que el accionante contrato el servicio de sepelio de su padre, el que fue realizado por la Empresa Los Capuchinos, de propiedad del demandado.

A fs. 66 se recepta la audiencia de exhibición de documentos peticionando por el perito contador, a los fines de poder llevar a cabo la pericia, y contestar los puntos requerido.

El art. 253 del C.P.C.C. establece que: “Exhibición de documentos. Las partes en cuyo poder se encuentren documentos necesarios para la solución del litigio o para el cotejo pericial estarán obligados a exhibirlos o, si se tratare de copia, a designar dónde o en poder de quién se encuentran los originales. La negativa de las partes o el incumplimiento de la obligación de exhibirlos dentro del plazo que se le fije constituirá presunción en su contra, si de otros elementos de juicio resultare verosímil su existencia y contenido”.

Al respecto, Díaz Villasuso ha sostenido que: “…el incumplimiento constituye un indicio en contra del infractor, que analizado -en oportunidad de resolver la causa- con el resto del material probatorio podrá tener por verosímil la existencia misma del documento denunciado y su contenido…” (cfr. Díaz Villasuso, Mariano A. “Código Procesal Civil y Comercial de la Provincia de Córdoba. Comentado y concordado. Doctrina y jurisprudencia”. Ed. Advocatus. 2016. Tomo II. Pág.75).

En este caso, conforme se indicó, se fijaron audiencias a los fines de la exhibición de los documentos requeridos por el perito a los fines de poder llevar a cabo la pericia, y no lo hicieron, sin dar ninguna explicación al respecto. Por lo tanto, se transforma en operativa la presunción en contra del demandado.

A fs. 78 obra informativa del Panteón Ntra. Sra. De Guadalupe, de la que surge que, “3) Se produce una pérdida de líquido cadavérico en el nicho por probable falla en el sellado metálico comunicándose inmediatamente al Sr. Romero quien arbitra los medios para su cremación ante los olores nauseabundos atentando contra el normal acceso del público. … 4) …El costo del procedimiento fue de $ 350 que fuera abonado por el Sr. Romero. … 6) Reconozco como auténtica la copia de certificación de fecha 11/05201 que fuera generada a pedido del Sr. Miguel Angel Romero.”

De la prueba analizada ha quedado debidamente probado que entre las partes existió una relación de consumo, en virtud de la cual el demandado presto un servicio de sepelio para el padre del actor. Asimismo, quedo acreditado que, con motivo de que el féretro no estuvo cerrado adecuadamente, hubo que hacer una limpieza del ataúd y posteriormente se debió realizar la cremación.

Ahora bien, corresponde analizar los rubros reclamados.

V.Rubros reclamados:

1) Reclama la suma de $ 350 en concepto de limpieza del nicho por desperfecto del cajón, que fuera abonado a los Administradores del Panteón Nuestra Señora de Guadalupe.

Que conforme surge de la informativa obrante a fs. 78, el actor tuvo que abonar por la limpieza la suma de $ 350. Por lo tanto, corresponde condenar por este rubro al demandado, con más los intereses desde que fueron abonados esto es 15/06/12 (conforme surge de fs. 17) hasta su completo y efectivo pago.

2) Peticiona la suma de $ 197,60 en concepto de tasa por inhumación de cadáver emitido por la Municipalidad de la Ciudad de Santa Fe, obrante a fs. 19.Al emanar dicho documento de una entidad pública, el documento es un instrumento público, por lo que tiene el valor de plena prueba en los términos prescriptos por el art. 296 del CCCN. En virtud de lo cual, se condena al demandado al pago de la suma de $ 197,60, con más intereses que se determinaran infra desde que los mismo fueron abonados, esto es 11/05/12, hasta su completo y efectivo pago.

3) La suma de $ 340 en concepto de tasa municipal por cremación, exhumación, traslado. A fs. 22 surge el pago en concepto de tasa abonado a la Municipalidad de la Ciudad de Santa Fe de la Vera Cruz. Por lo tanto, siendo un instrumento público, corresponde condenar al pago de dicha tasa, por la suma de $ 340 con más los intereses desde que fue abonada, esto es 10/05/12, hasta su completo y efectivo pago.

4) Reclama la suma de $ 8.175 en concepto de servicio de sepelio realizado por Los Capuchinos. De acuerdo a las constancias de la causa, surge que el servicio fue efectivamente prestado. También ha quedado demostrado que el féretro no estuvo correctamente cerrado, y que ello fue el motivo por lo que el accionante se vio en la obligación de contratar los servicios de limpieza y exhumación del cadáver y su posterior cremación. En razón de ello, no existe justificativo alguno que determine el reembolso por el servicio, pues el mismo fue realizado.

5) Daño psiquiátrico. Lucre cesante: Este reclamo no ha sido fundamentado ni cuantificado. Pero a más de ello, tampoco fue acreditado el daño invocado. Por lo tanto, y siendo que por expresa disposición legal, el que alega un daño debe probarlo (art. 1744 del CCCN) se rechaza el mismo.

6) Daño moral: Asimismo el accionante reclama indemnización por daño moral y estima el mismo en la suma de pesos veinte mil ($ 20.000), por las aflicciones y los padecimientos propios del hecho sufrido.

El art.1078 del Código Civil prescribe que la obligación de resarcir el daño causado por los actos ilícitos comprende, además de la indemnización de pérdidas e intereses, la reparación del agravio moral ocasionado a la víctima.

Constituye daño moral toda modificación negativa del equilibrio espiritual de la persona y su resarcimiento tiene carácter compensatorio, procurando la recuperación del equilibrio espiritual del sujeto, por la vía indirecta de una indemnización pecuniaria.

En autos, con las pruebas aportadas está acreditado el actor ha sufrido los padecimientos propios de la situación desencadenada a raíz del hecho ventilado en la causa.

La jurisprudencia se ha pronunciado en el sentido de que: “Para fijar la cuantía, el juzgador ha de sortear las dificultades de imaginar el dolor que el evento le produjo en la esfera íntima del actor, y que no ha experimentado por sí mismo, para luego transformarlo en una reparación en dinero que compense el dolor y el trastorno espiritual sufrido; motivos éstos por los que el magistrado, más que en cualquier otro rubro, debe atenerse a una prudente apreciación y a las características particulares de la causa”. (CNCiv. Sala, Espinosa Jorge c/ Aerolíneas Argentinas, JA. 1993-I-13 del 30/12/91).

Hoy, el art. 1741 del Código Civil y Comercial establece que el monto de la indemnización debe fijarse ponderando las satisfacciones sustitutivas y compensatorias que pueden procurar las sumas reconocidas.

Para fijar la cuantificación del daño moral debe determinarse una suma de dinero que pueda destinarse a la compra de algún bien o de un electrodoméstico, a la refacción de la vivienda, la realización de algún viaje, etc., que provoquen en el damnificado una compensación en su padecimiento, dolor, molestia.

En ese sentido, la C.S.J.N. ha establecido que: “Aun cuando el dinero sea un factor muy inadecuado de reparación, puede procurar algunas satisfacciones de orden moral, susceptibles, en cierto grado, de reemplazar en el patrimonio moral el valor que del mismo ha desaparecido.Se trata de compensar, en la medida posible, un daño consumado (…). El dinero es un medio de obtener satisfacción, goces y distracciones para reestablecer el equilibrio en los bienes extrapatrimoniales. El dinero no cumple una función valorativa exacta, el dolor no puede medirse o tasarse, sino que se trata solamente de dar algunos medios de satisfacción, lo cual no es igual a la equivalencia. Empero, la dificultad en calcular los dolores no impide apreciarlos en su intensidad y grado, por lo que cabe sostener que es posible justipreciar la satisfacción que procede para resarcir dentro de lo humanamente posible, las angustias, inquietudes, miedos, padecimientos y tristeza propios de la situación vivida” (CSJN, 12/4/2011, “Baeza, Silvia Ofelia c. Provincia de Buenos Aires y otros”, RCyS, noviembre de 2011, p. 261, con nota de Jorge Mario Galdós).

En este caso, el daño se ve configurado por haber tenido que exhumar el cadáver y cremarlo, cuando no fue lo que primigeniamente tenía planeado hacer. Por lo expuesto, considero justo y equitativo reconocer la procedencia de este rubro por la suma de pesos veinte mil ($ 20.000) a favor del actor, con más intereses desde la fecha en que fue citado el actor por el Panteón a los fines de informarle que debía abrir el nicho por la falla del féretro (10/05/12) hasta su completo y efectivo pago, los que se establecen en la tasa de reconocimiento judicial de esta provincia.

Dicho importe puede servir para realizar una compra de electrodomésticos, muebles, alguna refacción de la casa o afectarla a algún viaje de placer. En este sentido, la Excma. Cámara 8va. de Apelaciones en lo Civil y Comercial ha recientemente resuelto: “(…) con respecto a su cuantificación, cabe señalar que la entrada en vigencia del nuevo Código Civil y Comercial de la Nación importa una ruptura en los mecanismos de cuantificación del daño moral utilizados hasta este momento.Es que corresponde tomar en cuenta el nuevo parámetro para la cuantificación de la indemnización de las consecuencias no patrimoniales fijado en el art. 1741 in fine de dicho ordenamiento, el cual expresa que: “El monto de la indemnización debe fijarse ponderando las satisfacciones sustitutivas y compensatorias que pueden procurar las sumas reconocidas”.

Este tribunal, ya ha fijado criterio en torno a que resulta de aplicación el nuevo ordenamiento debido a que la cuantificación del daño debe efectuarse según la ley vigente en el momento en que la sentencia determina su medida o extensión. Es que, como bien ha señalado autorizada doctrina “…la determinación del quantum del daño se efectúa en el momento de la sentencia por lo que a partir de la entrada en vigencia del nu evo Código para la cuantificación del daño se deben acudir a las pautas del nuevo Código. Así para el daño moral corresponde aplicar el art. 1741 “ultima parte”” (Conf. Galdós, Jorge Mario; “La responsabilidad civil y el derecho transitorio”, publicado en: La Ley 16/11/2015, 3).

Asimismo, cabe señalar que, aun en caso de que se considerase que corresponde la aplicación del Código Civil derogado, de igual modo correspondería la aplicación del art. 1741 in fine del CCCN pues, siendo que aquel ordenamiento carece de disposición alguna que establezca el modo en que debe cuantificarse el daño moral, la nueva normativa opera como doctrina interpretativa. El silencio normativo del Código Civil derogado respecto de esta cuestión, implica una inexistencia de conflicto normativo y una vigencia plena del Principio de aplicación inmediata del nuevo Código emanado del art. 7 del CCCN”. (cfr. Cám. 8° C.C., Sent. N° 66 de fecha 01/06/17 in re: “DEHNER, Paulo Martin c/ ARCOS DORADOS S.A. – ORDINARIO – DAÑOS Y PERJ. – OTRAS FORMAS DE RESPONS. EXTRACONTRACTUAL – EXPTE. N° 5614135”).

VI. Conclusión:a mérito de lo expuesto en los considerandos precedentes, la demanda de autos prospera parcialmente por la suma de pesos veinte mil ochocientos ochenta y siete con sesenta centavos ($ 20.887,60), con más intereses.

VII. Intereses: a las sumas reconocidas corresponde añadir el interés equivalente a la tasa pasiva promedio que publica el B.C.R.A. con más el 2% nominal mensual desde que cada rubro fue determinado y hasta la fecha de su efectivo pago.

VIII. Costas: a mérito del principio objetivo de la derrota, las costas se imponen a la demandada. (art. 130 del CPCC).

IX. Honorarios: corresponde regular honorarios a favor de los letrados de la parte actora -Dr. Gabriel A. Martoglio y Virginia Rios-, conforme las pautas dadas por los arts. 31 inc. 1°, 36, concordantes y correlativos de la ley 9459; tomando como base -en consecuencia-, el monto de la sentencia.

Realizados los cálculos correspondientes, la base regulatoria asciende a la fecha del dictado de la presente resolución a la suma de $ … -equivalente a 0,39 U.E.-, por lo que, aplicándose el punto medio de la escala dispuesta en inc. “a” del art. 36 (esto es el 22,5 %), los honorarios de los letrados nombrados se regulan de manera definitiva y en conjunto y proporción de ley en la suma de pesos centavos ($ …), con más la suma de pesos ($ …), a mérito de lo dispuesto en el inc. 5° del art. 104 de la ley n.° 9459.

– Honorarios de los peritos oficiales intervinientes en autos: a mérito de lo dispuesto por el art. 49 de la ley arancelaria, los estipendios profesionales de los peritos oficiales -Psiquiatra Abdon Cristian Gladys y Contador Gabriel A. Céspedes- se regulan en la suma equivalente a cuatro (4) Jus, al valor actual de la unidad arancelaria (art. 125) -a favor de cada uno-, habida cuenta que, habiendo aceptado el cargo, las respectivas pericias no fueron llevadas a cabo por causas ajenas a su voluntad (desistimiento de la prueba pericial psiquiátrica de fs.61 y renuncia tácita a la prueba pericial contable, según constancia de fs. 73, 74, 75 y 79).

Los estipendios de los peritos oficiales deberán ser soportados en un cincuenta por ciento (50%) por cada parte, debido a la renuncia a la prueba por parte de la parte actora y la posición procesal asumida en la causa por la demandada. Recuérdese que la prueba ofrecida por cada parte se incorpora al proceso.

Todos los honorarios aquí regulados devengarán un interés equivalente a la tasa pasiva promedio que publica el B.C.R.A. con más el 2 % nominal mensual, desde el dictado de esta resolución y hasta su completo y efectivo pago.

Por todo lo expuesto,

RESUELVO:

1. Hacer lugar parcialmente a la demanda incoada en los presentes por el Sr. Miguel Ángel Romero en contra del Sr. Javier Morassut, D.N.I. 27.921.647, y -en consecuencia- condenar a este último a abonar al actor, en el término de diez días de quedar firme la presente resolución, la suma de pesos veinte mil ochocientos ochenta y siete con sesenta centavos ($ 20.887,60), con más intereses, conforme lo expuesto en los considerandos precedentes.

2. Imponer las costas del presente proceso a cargo de la parte demandada.

3. Regular de manera definitiva y en conjunto y proporción de ley los honorarios de los Dres. Gabriel A. Martoglio y Virginia Rios en la suma de pesos ($ …), con más la suma de pesos ($ .), a mérito de lo dispuesto en el inc. 5° del art. 104 de la ley n.° 9459.

4. Regular de manera definitiva los honorarios de los peritos oficiales -Psiquiatra Abdon Cristian Gladys y Contador Gabriel A. Céspedes- en la suma de pesos ($ …), a favor de cada uno. Estos estipendios deberán ser soportados en un cincuenta por ciento (50%) por cada parte.

PROTOCOLÍCESE, HÁGASE SABER Y DESE COPIA.

Cordeiro, Clara María