La madre no está legitimada para reclamar diferencias de alimentos respecto de un hijo mayor de dieciocho años que no convive con ella

Partes: C.C.A. c/ S.C.R.A. s/ alimentos

Tribunal: Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial y Laboral de Gualeguaychú

Sala/Juzgado: I

Fecha: 23-ago-2017

Cita: MJ-JU-M-107399-AR | MJJ107399 | MJJ107399

La madre no está legitimada para reclamar diferencias de alimentos respecto de un hijo mayor de dieciocho años que no convive con ella.

Sumario:

1.-Corresponde concluir que la madre carece de legitimación para reclamar el pago de diferencias en la cuota de alimentos por los meses posteriores a la mayoría de edad al no estar controvertido que el hijo cumplió dieciocho años, estuvo radicado en otra ciudad donde cursó estudios y recibió del obligado una mensualidad que era depositada conforme surge de los comprobantes aportados, y que desde su regreso convive con su padre, por lo cual se trata de un hijo mayor de dieciocho años que no convive con aquella.

2.-Aún cuando el importe de la cuota alimentaria haya sido establecido en forma global para los beneficiarios, no hay duda que hasta los 18 años de edad la madre tiene derecho a reclamar las cuotas atrasadas, pues debe entenderse como el reembolso de lo que ha debido atender con su peculio.

3.-El art. 540 del CCyC posibilita al hijo mayor renunciar a los alimentos devengados y no percibidos, sin que tal aspecto haya merecido motivación suficiente para desoír tal planteo y el art. 662 del CCyC contempla la posibilidad para los supuestos de hijos mayores de 18 años hasta los 21 años de edad, aunque lo supedita a que el hijo conviva con el progenitor reclamante.

Fallo:

GUALEGUAYCHÚ, 23 de agosto de 2017.

V I S T O Y C O N S I D E R A N D O:-

I.- Vienen los autos a conocimiento del tribunal en virtud de los recursos deducidos a fs. 815, por el letrado coapoderado del demandado C. RA. S., y a fs. 817 por el beneficiario F. S. C., quien lo hace en ejercicio de su propio derecho y con patrocinio letrado, contra la interlocutoria de fs. 811/813, mediante la cual el Señor Juez de Familia rechazó la excepción de pago opuesta por el primero, aprobó la planilla de liquidación por las diferencias entre el importe de la cuota alimentaria debida y el efectivamente depositado, transformó en ejecutivo el embargo decretado a fs. 783 y fijó fecha para la designación de martillero público; a la vez que también desestimó las argumentaciones formuladas por el hijo adulto respecto al crédito ejecutado. Impuso las costas al ejecutado y reguló honorarios.

II.- En el memorial de fs. 844/846 vta., los Dres. JUAN IGNACIO WEIMBERG y ALEJANDRO IGNACIO FIDELIO, quienes actúan en representación de C. RA. S. (Poder Especial de fs. 706/706 vta.), califican de arbitraria la providencia apelada, refiriendo que el juez ha incurrido en una valoración incorrecta e injusta de las constancias. Destacan que a pesar de reconocer en la última parte del Considerando 6 los gastos y depósitos efectuados en el sostenimiento de F., no les otorgó el carácter de pago en el marco del convenio no modificado, contrariando, según entienden, el principio de realidad. Apuntan que tampoco tuvo en cuenta que el hijo nombrado admitió que desde el año 2011 vive con su padre, siendo quien a partir de ese momento ha solventado todos sus gastos.Enfatizan que los depósitos fueron realizados en una cuenta bancaria de titularidad del hijo mayor de edad, quien tuvo a su disposición los importes, quedando así en evidencia la buena fe del obligado, sin que ello fuera atendido por el judicante de grado, quien simplemente se limitó a hacer una cuenta formal en el expediente. Hacen hincapié en la falta de valoración de la actuación en el expediente de F. S., destacando que el art. 540 del CCyC posibilita al hijo mayor renunciar a los alimentos devengados y no percibidos, sin que tal aspecto haya merecido motivación suficiente para desoir tal planteo. Cuestionan se haya aceptado la legitimación de la progenitora para formular el reclamo de alimentos por su hijo F., dado que si bien el art. 662 del CCyC contempla la posibilidad para los supuestos de hijos mayores de 18 años hasta los 21 años de edad, aunque lo supedita a que el hijo conviva con el progenitor reclamante. Hacen reserva del Caso Federal y, en síntesis, piden se haga lugar al recurso y se dicte nueva sentencia acorde a su pretensión.

III.- A fs. 852/861 luce agregado el memorial de F. S. C., quien de manera preliminar aclara las razones que lo impulsaron a intervenir en estos obrados, quejándose que no se lo haya escuchado a pesar de ser parte sustancial del proceso, así estar expresamente contemplado por el art. 706 y ss del CCyC y por los nuevos paradigmas sobre la función del juez en los procesos de familia, aseverando en síntesis que el decisorio recurrido es arbitrario, en tanto no tiene en cuenta quien es el titular de la pensión alimentaria, que al irse a vivir con su padre sus progenitores acordaron que el importe proporcional de la cuota dejara de depositarse.Insiste en que desde mayo de 2011 ha sido su padre quien solventó todos sus gastos; que ello revela lo erróneo de lo decidido en cuanto a la legitimación de la progenitora para demandar alimentos por el período posterior; que no se ha tenido en cuenta tampoco que conforme lo prevé el art. 629 del CCyC, los alimentos pueden entregarse directamente al beneficiario y que el art. 662 del mismo ordenamiento supedita el reclamo a que el hijo viva con el reclamante. Advierte que al solicitarse el aumento de la cuota, mediante el incidente promovido el 14 de octubre de 2014, su madre no reclamó las cuotas atrasadas, interesando a este respecto se aplique la doctrina de los actos propios. Formula reserva del Caso Federal y, en definitiva, solicita se admita el recurso articulado y se revoque la sentencia, otorgándosele la calidad de acreedor de los créditos alimentarios reclamados en su nombre o bien que se los tengan por abonados o eventualmente renunciados a los mismos.

IV.- En la réplica de fs. 863/876, la Dra. JULIETA IRIGOYTÍA, que actúa en representación de la accionante C. A. C. (Poder Especial de fs. 737), en primer lugar propicia la deserción de los respectivos recursos, indicando que los escritos de fundamentación exhiben meras conjeturas, así como expresiones carentes de contenido fáctico, concluyendo que las argumentaciones vertidas resultan inidóneas para posibilitar la apertura de la instancia revisora. Aduce que la aplicación del art. 662 del CCyC no fue planteada al inferior, por lo que resulta improcedente su articulación en esta instancia, añadiendo que tampoco correspondería aceptar el planteo de admitir el depósito de la pensión en una cuenta distinta, pues ello importaría convalidar la violación a una orden judicial. Afirma la accionante requirió de sus servicios profesionales dada la falta de adecuada respuesta de su anterior asistencia letrada, precisando que la reducción pretendida por el obligado y su hijo, por el período de mayo/2011 hasta mayo/2015, alcanza la suma de $ 178.694, 51.Advierte que ninguno de los argumentos desarrollados para justificar la disminución fueron oportunamente puestos en conocimiento del juez a quo, que no cuentan con soporte probatorio. Apunta que la contraria persiste en pretender otorgarle entidad a los tickets de fs. 713/730 y con ello se pretende suplir la omisión de S. de haber prescindido de plantear el respectivo incidente de disminución de la cuota alimentaria, interpretando que lo único que prueban es la apertura de una cuenta en el Banco de la Nación Argentina a nombre de Facundo, sin que ello tenga entidad de pago. Enfatiza que S. violó una orden judicial, disociando por su cuenta qué parte del importe total correspondía a su hijo mayor. Sobre la falta de valoración de la intervención del alimentado explica que se trata de una suma de suposiciones sin acreditación alguna en el expediente y que su mandante niega que F. conviva con el alimentante desde 2011. En relación a la legitimación para solicitar cuotas atrasadas, explica que las devengadas y no percibidas son de titularidad de la representante legal del menor que ejerce su tenencia, que en el 2011 Facundo tenía 16 años de edad, que se trata de una deuda de valor no siendo aplicable el art. 539 CCyC. En cuanto a las supuestas contradicciones del juez en los considerandos 6 y 7, nuevamente advierte que trata de introducirse en esta instancia cuestiones que no fueron sometidas a la decisión del magistrado de grado, negando la existencia de acuerdo verbal entre S. y su representada. Finalmente y en relación a la falta de valoración del incidente de cuota alimentaria entiende que, en tanto se trata de reiteración de fundamentos y elucubraciones absurdas, merecen sólo la declaración de deserción. En suma, reclama el rechazo de los recursos; con costas.

V.- A fs. 877, el Señor juez a quo tuvo por extemporánea la contestación de agravios referida a la presentación de C. RA.S., sin que ello haya sido objetado por la letrada apoderada de la accionante, quien fue debidamente notificada a fs. 877 vta.

VI.- A fs. 890/890 vta., se expide el Defensor Público Nº 2, quien destaca que la resolución puesta en crisis no resulta carente de sustento jurídico, garantizando adecuadamente los intereses de los hijos menores, no obstante lo cual entiende que debió ser considerada la posición exteriorizada por el hijo F. al presentarse al juicio y analizarse de acuerdo a la actual legislación; auspiciando en resumen se acojan parcialmente los agravios vinculados con la situación del antes nombrado.

VII.- Descriptos como quedaran los antecedentes del caso necesarios para dar respuesta a los recursos deducidos, corresponde a continuación abordar el tratamiento de las quejas vertidas.

En ese cometido, es dable observar que los escritos de fundamentación, evaluados con el amplio y tolerante temperamento reiteradamente seguido por esta Sala, suministran un mínimo de crítica aceptable, suficiente para superar la exigencia contemplada por el art. 257 del CPCyC y posibilitar la apertura de esta instancia revisora, imponiéndose por tanto la desestimación sin más de la deserción impetrada por la apelada.

Aclarado lo anterior, y dado que ello guarda relación con la cuestión a resolver, es menester repasar que:-

a)- la cuota alimentaria fue originalmente fijada en $ 1.300, 00, con más la obra social, a través de la sentencia recaída a fs. 391/403, de fecha 22 de octubre de 2007, comprendiendo a los tres hijos menores de los litigantes, llamados F., A. P. y J. I.;

b)- el 1 de diciembre de 2010 C. A. C. promovió incidente de aumento de la cuota alimentaria (fs.663/665), habiendo las partes arribado a un acuerdo en la audiencia celebrada el 13 de abril de 2011, donde se dejó constancia que los menores y la progenitora tenían asegurada la vivienda, hasta que el menor alcanzara la mayoría de edad, que además los hijos contaban con el uso de la obra social a la cual el obligado estaba adherido en razón de su empleo, estipulándose como importe de la pensión alimentaria el veintitrés por ciento (23%) de los haberes que percibe como empleado del Banco de la Nación Argentina (fs. 684/684 vta.), que previa conformidad del representante del Ministerio Público de la Defensa (fs. 685), el 26 de abril de 2011 fue homologado por el juez (fs. 686/686 vta.);

c)- el 21 de octubre de 2014 la actora promueve nuevo incidente de aumento de la pensión alimentaria, limitado en este caso a sus hijos A. P. y J. I., aunque también se aludió a la situación de F., explicándose que si bien era mayor de edad, sólo recibía ayuda de su madre (fs. 700/703), contestando el demandado S. a fs. 731/733 vta., donde relata que el último nombrado, luego de regresar de Buenos Aires, donde estudiaba, se encuentra viviendo con él, aclarando que en ese interín depositó el importe proporcional de la cuota en una caja de ahorro abierta a su nombre en el Banco de la Nación Argentina;

d)- mientras se sustanciaba el incidente precedente y con la intervención de la letrada presentada a fs. 738 (Poder Especial de fs. 737), el 2 de mayo de 2016 la accionante promovió incidente de ejecución de la cuota alimentaria, practicando planilla de liquidación, a la que asigna carácter de parcial (fs. 775/782 vta.).

A fs. 792/793, comparece al juicio F. S. C., con el patrocinio letrado del Dr.MARCELO ARTIGAS JOSÉ ARNOLFI, explicando que desde el mes de mayo de 2011 convive con su progenitor (el aquí incidentado), aseverando que desde esa fecha el mismo ha asumido la exclusiva responsabilidad de atender a todos los gastos inherentes a su manutención, puntualizando que el mismo no le adeuda ningún importe por tal concepto, agregando que a todo evento renuncia a la percepción de los mismos.

Por su parte, el incidentado-ejecutado impugnó la liquidación practicada por la ejecutante, oponiendo excepción de pago respecto el reclamo que incorpora a su hijo F., reiterando que vive con él desde el 2011 y que para solventar los gastos de sus estudios depositó sumas de dinero en la caja de ahorro que identifica, abierta a nombre de aquél en el Banco de la Nación.

e)- en uso de las facultades propias, el a quo convocó a las partes a la audiencia que fijó (fs. 805), que se celebró a fs. 807 sin arribar a acuerdo alguno, conviniendo sí que primeramente se resuelva lo atinente a la ejecución de la cuota alimentaria; dictando a fs. 811/813 la resolución apelada, desestimando las defensas opuestas por el obligado, refiriendo que

f)- A fs. 811/813 el magistrado de grado dictó la interlocutoria venida en revisión, desestimando la defensa de pago opuesta, haciendo hincapié en que el cambio en el régimen de custodia de uno de los beneficiarios no importaba la disminución en forma automática de la parte proporcional, sino que en tal caso debía ocurrir por la vía prevista por el art. 633 del CPCyC, por lo que no podían ser descontados; agregando que del art.662 del CCyC emerge la legitimación de la progenitora para reclamar alimentos por sus hijos hasta los 21 años, que el juez, a petición de pare, es el único que puede determinar la porción administrable por el hijo en forma directa, agregando que en el supuesto ello no era aplicable, pues entendió vigente para los dos hijos que actualmente conviven con la madre, el importe de la cuota oportunamente convenido para los tres; concluyendo que la liquidación practicada se ajustaba a las constancias instrumentales y oficios contestados por el Banco de la Nación Argentina, disponiendo la aprobación de la efectuada a fs. 767/777.

Establecido lo anterior, no está demás recordar que en la liquidación en cuestión se determinó la diferencia entre lo que correspondía depositar (23% del importe de los haberes que percibe el accionado, conforme el acuerdo homologado) y lo efectivamente depositado, por el período mayo/2011 a mayo/2015, con más los intereses calculados a la tasa activa que percibe el Banco de la Nación Argentina.

Ahora, habida cuenta la fecha en que fue dictada la resolución objetada, no existe discusión en torno al régimen aplicable, esto es las normas del nuevo Código Civil y Comercial -Ley 26.994- (arg. art. 7), que comenzó a regir a partir del 1 de agosto de 2015 (art. 1 Ley 27.077), tal la postura de esta alzada (in re:- “G., M.C. c/ P., C.E. S/ Incidente de aumento de cuota alimentaria”, 19/11/2015, Nº 5123/F; “A., M.B. en nombre y representación de su hijo menor c/ T., J.I. S/ Alimentos”, 30/11/2015, Nº 5074/F; “M.B., A.D. c/ M., C.M. S/ Incidente aumento cuota alimentaria”, 30/11/2015, Nº 5149/F; “E., M.N. c/ B., M.R. S/ Alimentos”, 4/2/2016, Nº 5055/F; entre otros), contemplando el art.662 del referido ordenamiento:- “El progenitor que convive con el hijo mayor de edad tiene legitimación para obtener la contribución del otro hasta que el hijo cumpla veintiún años” (el párrafo segundo del art. 265 del Código Civil derogado -t.o. Ley 26.579-, establecía también la subsistencia de la obligación alimentaria hasta esa edad), agregándose en la parte final del párrafo primero, “.Tiene derecho a cobrar y administrar las cuotas alimentarias devengadas”.

A su vez, si bien el importe de la cuota fue establecido en forma global para los beneficiarios, a pesar de los argumentos ensayados no hay duda que hasta los 18 años de edad (12/10/2012 -cfr. testimonio de nacimiento de fs. 4-), la madre tiene derecho a reclamar las cuotas atrasadas, pues debe entenderse como el reembolso de lo que ha debido atender con su peculio, sin que lo manifestado por F. a fs. 792/793, resulte un impedimento para ello, en tanto se trata de una cuestión que eventualmente debió ser puesta en conocimiento del magistrado al tiempo de verificarse (mayo de 2011); por lo cual la queja referida a dicho período no habrá de tener favorable acogida.

Empero, distinta suerte llevará le pretensión vinculada con las diferencias reclamadas por los meses posteriores a la mayoría de edad de F., en tanto entre las partes no se controvierte que el mismo estuvo un tiempo radicado en Buenos Aires, donde cursó estudios, recibiendo del obligado una mensualidad que era depositada conforme surge de los comprobantes aportados (fs. 717/730), ni que desde su regreso convive con su padre; lo cual más allá de la inadecuada manera en que se efectivizó la reducción de la pensión, pone de relieve la falta de legitimación de la progenitora para reclamar, ya que se trata de un hijo mayor de 18 años que no convive con ella, tal como fue denunciado por el propio beneficiario en la presentación de fs.792/793, que no fue debidamente considerada.

Por último, tampoco resulta atendible el argumento del judicante de grado, relacionado a que la cuota convenida para los tres hijos debía entenderse vigente para los dos que actualmente conviven con la madre, dado que como lo había adelantado en la audiencia celebrada a fs. 807, únicamente iba a resolver lo atinente a la ejecución de la cuota alimentaria (incluyendo claro está la liquidación de lo adeudado), apareciendo dicho fundamento en contradicción con la doctrina de los actos propios, que resulta aplicable no únicamente a las partes, sino a todos los sujetos procesales, incluidos los organismos integrantes del poder judicial (EISNER, “La doctrina de los propios actos compromete también al obrar del tribunal (“Venire contra factum propium non valet”)”, LL 1987-C, pág. 280; C.S.J.N., autos:- “ARAUCO SA. c/ Empresa SIR S.A. s/ rescisión de contrato”, 10/6/1992).

Acorde los fundamentos explicitados, corresponde hacer lugar parcialmente a los recursos bajo estudio y en consecuencia, revocar la interlocutoria de fs. 811/813, dejando sin efecto la aprobación de la liquidación allí dispuesta, debiendo en la instancia de grado disponerse se practique una nueva, teniendo en consideración las pautas aquí señaladas, primordialmente la fecha de corte (12 de octubre de 2012); manteniéndose la imposición de costas respecto la instancia de origen y por su orden las de la alzada (art. 65 CPCyC), dejándose sin efecto también la regulación de honorarios allí fijada (art. 271 código citado).

Por ello y de conformidad con lo dictaminado a fs. 890/890 vta. por el representante del Ministerio Público de la Defensa,

S E R E S U E L V E:-

1.- HACER LUGAR parcialmente a los recursos articulados a fs. 815 y 817, dejando sin efecto la aprobación de la liquidación dispuesta a fs. 811/813, debiendo en la instancia de origen procederse a practicar una nueva con el alcance de las pautas aquí explicadas. 2.- MANTENER la condena en costas decidida en la instancia de origen y determinar por su orden las originadas en esta alzada; dejando sin efecto los honorarios regulados por el juez a quo, debiendo procederse a su nueva cuantificación, difiriéndose los correspondientes a la actuación profesional aquí cumplida, hasta tanto sean determinados aquellos (arts. 65 y 271 CPCyC).

REGÍSTRESE, notifíquese y, en su oportunidad, bajen.

Ana Clara Pauletti

Gustavo A. Britos

Guillermo Oscar Delrieux

Joaquin Maria Venturino – Secretario Int. Subrogante