Responsabilidad del médico, la empresa prestadora del servicio médico y la aseguradora frente a quien padece limitaciones funcionales en una rodilla debido al cuadro infeccioso sufrido como consecuencia de una intervención quirúrgica

Partes: L. E. del V. c/ Fideicomiso Proyecto Médico Congreso y o. s/ daños y perjuicios

Tribunal: Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil

Sala/Juzgado: J

Fecha: 8-ago-2017

Cita: MJ-JU-M-107592-AR | MJJ107592 | MJJ107592

Responsabilidad del médico, la empresa prestadora del servicio médico y la aseguradora por la limitación funcional que presenta el actor en una rodilla luego de una infección intrahospitalaria. Cuadro de rubros indemnizatorios.

Sumario:

1.-Corresponde confirmar la sentencia que admitió la demanda debido a la limitación funcional que presenta en una rodilla ante al cuadro infeccioso que tiene el actor luego de ser intervenido por una atroscopía programada, pues a los fines de la determinación del actuar del médico, si fue diligente en su tratamiento, y brindó la asistencia médica que el actor requería, se tiene por demostrado que la infección resultaba previsible y además que en su tratamiento se procedió con culpa prestacional.

2.-Tratándose de una infección intrahospitalaria y su origen, entendida como una enfermedad provocada por micro organismos, contraída en un establecimiento por todo paciente después de su admisión, sea por su hospitalización o por recibir allí cuidados ambulatorios y, cuyos síntomas aparecen en el momento de su estadía en el hospital o después que la infección es reconocible en los planos clínicos o microbiológicos, o aún los dos a la vez, y siendo imposible practicar un estudio completo del caso, según la perita, debido a la inexistencia de historia clínica que registrara la atención por consultorios externos cabe confirmar la sentencia que admitió la demanda, pues dicho extremo no puede sino perjudicar a los demandados.

3.-La constancia documental que emana de la historia clínica es una prueba sustancial en casos de mala praxis médica, lo que la convierte en un instrumento de decisiva relevancia para la solución del litigio pues permite observar la evolución médica del paciente y coopera para establecer la relación de causalidad entre el hecho de la persona o de la cosa y el daño.

4.-Debe elevarse prudencialmente el monto concedido en concepto de daño emergente -incapacidad psicofísica- toda vez que por éste concepto se resarce, no solamente la incapacidad física sino la minusvalía en el trabajo habitual porque deriva de una pérdida de aptitud que resulta de la imposibilidad de continuar desempeñando la ocupación que ejercía anteriormente.

Fallo:

Buenos Aires, a los 08 días del mes de agosto de 2017, reunidas las Señoras Jueces de la Sala “J” de la Excma. Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil, a fin de pronunciarse en los autos caratulados: “L. E. DEL V. c/ FIDEICOMISO PROYECTO MEDICO CONGRESO Y OTROS s/ DAÑOS Y PERJUICIOS” La Dra. Beatriz A. Verón dijo: 1.1.- Contra la sentencia de primera instancia obrante a fs. 733/744 vta. se alzan las partes y expresan agravios a fs. 811/814 vta. la actora, a fs. 816/821 vta. Prudencia, y a fs. 822/829 Amerise y Federación Patronal. Las respuestas lucen a fs. 831/833 vta., fs. 835/840 vta. y fs. 860/864. Seguiré dicho orden para sintetizar los motivos de queja.

1.2.- La actora en primer lugar reclama la aplicación de la normativa consumeril emergente del CCyCom. en función de lo previsto por el art. 7°. También asigna relevancia a la confesión ficta de los demandados, para luego agraviarse del tratamiento y justiprecio practicado respecto a la “infección intrahospitalaria” y al “daño emergente”. 1.3.- La citada “Prudencia” cuestiona la atribución de responsabilidad respecto a Nossal S.A. pues aduce que no tenía relación de dependencia con los médicos intervinientes por limitarse a organizar la red de prestadores independientes integrantes de las cartillas.

También sostiene que los daños no se derivan de cosas de su propiedad y aduce que el caso no encuadra en un supuesto de responsabilidad objetiva ni se verificó causalidad adecuada. Finalmente critica las sumas establecidas por daño emergente y daño moral por considerarlas exageradas, así como se agravia de la tasa de interés fijada. 1.4.- El demandado Amerise y Federación Patronal, a su turno, también critican la imputación de responsabilidad, pues consideran que no fue probada la culpa del galeno, y que en todo caso el germen causante de perjuicios no lo aportó el profesional sino que obedeció a una infección intrahospitalaria.En lo tocante a las sumas reparatorias, impugnan los montos establecidos por considerarlos elevados (daño emergente y daño moral), y en cuanto a los intereses requiere que se aplique la tasa del 6 u 8%.

2.1.- Previo a todo análisis cabe señalar que el Código Civil y Comercial de la Nación aprobado por ley 26.994, contempla de manera expresa lo tocante a la “temporalidad” de la ley. Es menester interpretar coherentemente lo dispuesto por su art. 7° sobre la base de la irretroactividad de la ley respecto de las situaciones jurídicas ya constituidas, y el principio de efecto inmediato de la nueva ley sobre las situaciones que acontezcan, o relaciones jurídicas que se creen con posterioridad a su vigencia, así como a las consecuencias de las relaciones y situaciones jurídicas existentes. Por ello, corresponde ponderar que en el caso sub examine se trata de una relación o situación jurídica que ha quedado constituida conforme a la ley anterior, y también -por tanto- las consecuencias que emanan de ella, por lo que al haber nacido al amparo de tal legislación, es en definitiva la que se aplica, sin perjuicio de lo cual habré de ponderar también los extremos alegados por la actora en lo tocante a la normativa consumeril de acuerdo a lo previsto por el art. 7° in fine del CCyCom. Atribución de responsabilidad 3.1.- Por razones de método, comenzaré por el análisis de las quejas orientadas a la materia de fondo. Al respecto, en grado de adelanto y por las razones que paso a desarrollar, propiciaré la confirmación del fallo en crisis.

3.2.- En efecto, a tenor de los agravios vertidos por los apelantes, encuentro que el aspecto medular del debate se enmarca en la compleja aporía de la causalidad, y sobre este aspecto se ha decidido en numerosas oportunidades que la prueba de la relación causal, cuando menos en su fase primaria o puramente material, incumbe a su pretensor, lo que resulta una simple aplicación del principio que fluye del art.377 del CPCCN (esta Sala en autos “Botiglieri, Carlos A. c/ Mercado, Hugo y otro s/ Ds. y Ps.”, Expte. 11.027/2.010, del 10/7/2.012; ídem, “Burcez, Elizabeth c/ Aguas Argentinas S.A s/ Ds. y Ps.”, Expte. N° 115.335/2005, del 22/4/2010; ídem, “Bay, Roberto Antonio c/ GCBA s/ Ds. y Ps.”, Expte. N°66.857/02, del 23/10/07; ídem, “Rodriguez Saldivar, Pedro Cayetano c/ Ttes. Aut. Riachuelo S.A. (Línea 100) s/ Int. Presc.”, Expte. N° 64.480/2002, del 22/03/07, entre muchos otros; Brebbia, Roberto, Hechos y actos jurídicos, Astrea, 1979, p. 141; Vázquez Ferreyra, Roberto, Responsabilidad por daños. Elementos, Depalma, 1993, ps. 226-30; Bustamante Alsina, Jorge, Teoría General de la Responsabilidad Civil, Abeledo, pág. 269). Es cierto que la tendencia en materia de derecho de Derecho de daños es aligerar la carga de la prueba en beneficio de las víctimas, por ejemplo, a través de presunciones de responsabilidad, de culpa, e incluso (en un plano subjetivo) la doctrina de las “cargas probatorias dinámicas”, todas manifestaciones del carácter tuitivo del sistema, y el CCyCom. sigue esta línea (art. 1735). No obstante, ello no alcanza a enervar el régimen probatorio en materia de “relación de causalidad” en los términos señalados, pues su carga pesa sobre quien reclama la reparación del daño, tanto en materia contractual como extracontractual.

Es una consecuencia lógica de los principios que regulan la carga de la prueba, que ponen en cabeza de quien alega la existencia de un derecho la demostración de los hechos constitutivos de su pretensión. La parte actora está precisada entonces a demostrar la “conexión material” entre un “determinado hecho” y el “resultado”, extremo que revela que la causalidad no está presumida, y a partir de esta prueba podrá a lo suma presumirse el carácter adecuado de la condición.Consecuentemente, en tales supuestos “a lo sumo existe una simplificación en ciertos aspectos de la prueba de la causalidad”, mas no una presunción de su existencia (Pizarro, Daniel, Vallespinos, Carlos, Instituciones de Derecho Privado. Obligaciones, vol. 3, Hammurabi, 2007, pág. 107).

3.3.- Ahora bien, sentado ello, contamos en autos con un completo informe pericial que luce agregado a fs. 575/585, fs. 600 y fs. 605/606 y que meritaré según lo normado por los arts. 386 y 477 del rito. Tengo así por probado que el cuadro presentado por el actor previo a la realización de la cirugía era “artrosis de rodilla y ruptura de meniscos” (fs. 583), dolencia por lo que fue citado a una artroscopía programada (fs. 583), y que según el parte médico de la institución duró una hora y media (fs. 583 in fine). También surge diáfano del mismo que la limitación funcional que presenta en la rodilla se debe al cuadro infeccioso (cfr. fs. 605). Al respecto recuerdo que si bien el médico no se obliga a sanar al paciente, tiene que aportar los elementos de convicción a su alcance en torno a que los actos médicos cumplidos por él fueron a satisfacción, es decir, en seguimiento de la buena medicina, y por tanto que la frustración del “resultado próximo prometido” tiene causas o fundamentos que son ajenos a su gestión de salud, que no ha podido contrarrestar ni evitar y, por tanto, que pueden ser calificados como verdadera “imposibilidad” (esta Sala in re “Onorato, Marta c/ Giani, Diego s/ Ds. y Ps.”, Expte. N° 31.030/06, del 19/12/2.014; Mosset Iturraspe, Jorge, “De la causalidad a la causalidad en la responsabilidad médica”, en Responsabilidad de los profesionales de la salud, Revista de Derecho de Daños, Rubinzal – Culzoni, 2003 -3, pág.12).

La prueba de la culpa del médico resulta indispensable, porque ella, además de la responsabilidad personal que implica, importa la demostración del incumplimiento obligacional de prestar asistencia adecuada que toma a su cargo el ente sanatorial, etc., pues debe responderse de forma diligente a través del profesional del que se vale para cumplir la prestación en forma adecuada (Busso, R., Código Civil Anotado, t. III, pág. 289).

3.4.- Sentado lo expuesto, en el sub examine tengo por demostrado que la infección sufrida por el Sr. L. resultaba previsible y además que en su tratamiento se procedió con culpa prestacional, aspectos sobre los cuales los argumentos desarrollados por los quejosos no conmueven la decisión que atacan. En efecto, en lo tocante al primer punto, la infección intrahospitalaria y su origen, recuerdo que se trata de toda enfermedad provocada por micro organismos, contraída en un establecimiento por todo paciente después de su admisión, sea por su hospitalización o por recibir allí cuidados ambulatorios y, cuyos síntomas aparecen en el momento de su estadía en el hospital o después que la infección es reconocible en los planos clínicos o microbiológicos, o aún los dos a la vez (Prevot, Juan Manuel, “Responsabilidad por infecciones hospitalarias”, RCyS 2005, pág. 237; ver mi voto in re “Aquila, Ema c/ Pero, Jorge s/ Ds. y Ps.”, Expte. N° 42.799/2.001, del 01/10/2.013). Es menester determinar el origen de la infección sufrida por el paciente, las que pueden tener un origen exógeno u endógeno, esta última v.gr. cuando el enfermo se infecta con sus propios gérmenes por un acto invasivo o por su fragilidad (debilidad) en particular (Prevot, ob. cit.), pues desde luego que la intervención médica, estrictamente desde el punto de vista de la conditio sine qua non, “aportó” la causalidad para que la infección tuviera lugar, pero como daré cuenta seguidamente mas allá de tal “activación” del procedimiento causal, está demostrada la deficiente actuación profesional.3.5.- Por lo pronto observo que según la experticia practicada en base a lo informado por la Sociedad Argentina de Infectología, el índice de infecciones intrahospitalarias es del 14 al 16%, siendo el estafilococo aureus el más aislado (32,27%) (ver fs. 584, también fs. 581 ptos. j, k y l). En función de la naturaleza de la intervención practicada, llamada “cirugía limpia” pues no requirió penetración de tracto digestivo, respiratorio, genito urinario o cavidad orofarongea (fs. 583), el índice de infección regis tra una tasa promedio menor al 5% (fs. 582, pto. 7). Ahora, más allá de las características del cuadro presentado por el actor y de los baremos citados, se impone analizar si una vez que la infección se produjo, el actuar médico fue diligente en su tratamiento, pues era en tal marco que los demandados estaban precisados a ejecutar su “plan prestacional” y brindar la asistencia médica que el Sr. L. requería. Para ello, según las incompletas historias clínicas agregadas en autos, el profesional médico codemandado fue quien practicó ambas toilettes quirúrgicas y también quien dio el alta, mas no existen constancias del correspondiente seguimiento (fs. 585 primer párrafo; también fs. 582 pto. 5). Asimismo, también en lo tocante a la actuación de tal profesional, me detengo en el lapso temporal durante el cual el actor fue internado, operado y dado de alta, que alcanzó las siete horas (ver la impugnación de fs. 596, pto. 3). Sobre este aspecto, la perito lo consideró inadecuado a los fines de evitar el contagio, pues según el parte ingresó al quirófano a las 11:15 y recién fue dado de alta a las 14 hs. (ver pto. 3 a fs.605).

3.6.- Precisamente en torno a la activación del proceso infeccioso se pudo dar por dos vías, y ambas comprometen la responsabilidad de los demandados, pues por un lado pudo obedecer a una deficiente asepsia al tiempo de la intervención quirúrgica, o bien en el hecho que la medicación utilizada no logró el efecto profiláctico deseado en tiempo oportuno. Sobre este último punto, sin dudas central, se impone resaltar que no surge del parte quirúrgico la hora en que fue aplicada la droga “keflin”, y por tanto no resulta posible determinar si lo fue durante la inducción anestésica o antes de la hora y media como según informa la perito debió haber sido suministrada (ver fs. 580 in fine). A su vez, la perito también fue terminante al informar la imposibilidad de practicar un estudio completo del caso debido a la inexistencia de historia clínica que registrara la atención por consultorios externos (fs. 582 pto. 5), extremo este que desde luego no puede sino perjudicar a los demandados, y lo propio respecto a la inexistencia de historia clínica de consultorio externo desde el día de alta de la internación post-quirúrgica hasta la internación del 05/02/09 (fs. 582 pto. 5).

Según doctrina de la CSJN, la constancia documental que emana de la historia clínica es una prueba sustancial en casos de mala praxis médica, lo que la convierte en un instrumento de decisiva relevancia para la solución del litigio pues permite observar la evolución médica del paciente y coopera para establecer la relación de causalidad entre el hecho de la persona o de la cosa y el daño (CSJN, 04/09/2001, LL 2002-A-731; esta Sala in re “Onorato, Marta c/ Grani, Diego s/ Ds. y Ps.”, Expte. N° 31.030/2.006, del 19/2/2015; ídem, “Braccia, Mariana c/ Swiss Medical S.A. s/ Ds. y Ps.”, Expte.N° 3.431/2.006, del 18/02/2.014; ídem “Bozzi, María Alejandra y otros c/ Rositto, Víctor y otros s/ Ds. y Ps.”, Expte. N° 105.718/2.004, del 17/5/2011; ídem, “Di Gregorio, Constanza c/ Tango 1921 S.A. s/ Ds. y Ps.”, Expte. 85.966/05, del 18/08/2009; ídem, “R., E. M. c/ Maenza, María Marta s/ Ds. y Ps.”, Expte. Nº 38.942/1996, del 07/05/2009; “Zubiria, María del Carmen c/ Dia Argentina SA s/ Ds. y Ps.”, Expte. N° 77.714/01, del 22/09/2005, entre muchos otros; Falcón, Enrique, Tratado de la prueba, Ed. Astrea, 2003, t. I, pág. 278 y ss.).

3.7.- Ahora bien, en lo tocante a la queja formulada por Prudencia sobre la actuación que cupo en la emergencia a “Nossal S.A.”, también corresponde su desestimación. En efecto, tal defensa no resulta idónea ya que aún cuando su actividad se haya limitado a organizar la red de prestadores independientes que integran las cartillas, que los profesionales médicos no sean sus dependientes, o incluso que los daños no se derivan de cosas de su propiedad, lo cierto es que su responsabilidad se sostiene o apoya en el riesgo creado – provecho. Recuerdo que el paciente se encuentra ligado con el organizador del servicio médico a través de la suscripción de un contrato, por cuyo medio se le promete al beneficiario o asociado una asistencia médica determinada como contrapartida al pago de una suma de dinero, generalmente de manera periódica (Müller, Enrique C., “Responsabilidad civil de las obras sociales”, Revista Derecho de Daños, 2003-3, “Responsabilidad de los profesionales de la salud”, Rubinzal, pág. 371), y en la especie no se encuentra en debate que el accionante se encontraba afiliado.Así se ha decidido que la obra social, aún en el marco de un sistema “abierto”, es responsable con basamento en la obligación de seguridad, sin poder excusarse por la mala praxis de los médicos prestadores, solución que tiene apoyo en normas de talla constitucional (esta Sala in re “Parra, Cristian Damián c/ Tacus, Edgardo David s/ Ds. y Ps.”, Expte. N° 13.745/2.009, del 16/02/2.017; Sala I, “Fernández, María Nélida Dalila c/ Valerio, Guillermo Daniel s/ Ds. y Ps.”, del 23/6/2.000).

Esta codemandada es deudora de las prestaciones médicas -aunque las haga ejecutar materialmente por otro-, y en esa medida responde por el incumplimiento de la obligación, cualquiera sea el sujeto que de hecho haya materializado esa inejecución (CNCiv., Sala “A”, L. N° 581.002, “Leguizamón, Hilda del Valle c/ De La Fare, Mauricio”, del 8/3/2012; ídem, L. n° 571.184, “Peralta, Ricardo, c/ Obra Social Ferroviaria”, del 23/2/2012; Picasso, Sebastián, “La singularidad de la responsabilidad contractual”, Abeledo-Perrot, Buenos Aires, 2011, p. 29 y ss.; Bénac-Schmidt, Françoise y Larroumet, Christian, “Responsabilité du fait d’autrui”, en Encyclopédie juridique Dalloz, Répertoire de droit civil, París, 2002, t. IX, p. 4; Larroumet, Christian, “Pour la responsabilité contractuelle”, en Le droit privé français à la fin du XX siècle, homenaje a Pierre Catala, Litec, París, 2001, p. 15). En suma, el criterio de imputación seguridad el que, nutrido de la doctrina del riesgo creado – provecho y en la que también confluye la garantía, confiere el fundamento profundo de esta solución, política legislativa encaminada a fortalecer el crédito resarcitorio ante la tutela de derechos como la vida y la integridad física (art. 42 de la Constitución Nacional). 3.8.- A tenor de las circunstancias de hecho relatadas y razones de derecho desarrolladas, propicio confirmar la sentencia apelada.

4.1.- En concepto de daño emergente (incapacidad psicofísica), se fijó la suma de $100.000 que considero debe elevarse prudentemente.4.2.- En efecto, para ello comienzo por recordar que por este concepto lo que se resarce no es solamente la incapacidad física sino la minusvalía en el trabajo habitual porque deriva de una pérdida de aptitud que resulta de la imposibilidad de continuar desempeñando la ocupación que ejercía anteriormente (Lorenzetti, Ricardo, “Daños a la persona”, “Revista de Derecho Privado y Comunitario”, Rubinzal Culzoni, pág. 112). Según reiterada doctrina de esta sala, esta partida se refiere esencialmente a una merma de aptitudes que sufre el individuo para obtener lucros futuros, sea en las tareas que habitualmente suelen desempeñar o en otras; es una chance frustrada de percepción de ganancias. Pero el daño no se agota en ello, ya que, además, comprende cualquier disminución mensurable económicamente que experimente el dañado con los consiguientes trascendidos negativos que esas disminuciones generan en el patrimonio (“Espetxe, Juan c/ Sposito, M. Cristina s/ Ds. y Ps.”, Expte. N° 84.385/2.007, del 16/5/2.017; ídem, “Spen, Bernardo c/ Rodriguez, Martha s/ Ds. y Ps.”, Expte. Nº 13.271/2.010, del 23/4/2013; ídem, “Ferreyra, Néstor c/ Pinasco, Ricardo s/ Ds. y Ps.”, expte. n° 6.369/2007, del 2912/2011; ídem, “Sosa, Jorge c/ López, Carlos s/ Ds. y Ps.”, expte. nº 76.437/1999, del 02/03/2010; expte. nº 34.996/07, “Chiaradia de Carecchio, Rosa c/ Tte. Larrazabal y otros s/ Ds. y Ps.” del 23/03/2010; expte. nº 69.932/2002, “Ledesma, Ramona c/ Acosta, Miguel s/ Ds. y Ps.”, del 30/03/2010, entre muchos otros).

4.3.- En el sub examine tengo por demostrado que el Sr. L. sufrió gonalgia derecha por síndrome meniscal, y a la fecha de su evaluación pericial se le diagnosticó rigidez en la rodilla derecha y secuela de artritis séptica (ver fs. 579). La perito determinó una minusvalía física que alcanza el 13% (fs. 579). A su vez, pondero que en el plano psíquico a través de la experticia obrante a fs.540/548 se constató lesión incapacitante, desarrollo psíquico post traumático de grado severo, por lo que se asignó una minusvalía del 25 al 35% (ver fs. 548), así como se indicó la necesidad de realizar un tratamiento psicoterapéutico de 12 a 18 meses y con una frecuencia que también discrimina y explicita suficientemente (ver fs. 547 in fine/548).

4.4.- En su mérito, considerando que el actor tenía 58 años de edad a la fecha de la cirugía, casado, empleado (cfr. fs. 672 del BLSG e informe de fs. 561 de estos obrados), estimo que la indemnización estipulada por este concepto debe ser elevada a la suma de $150.000 (art. 165 del rito).

5.1.- Se cuestiona también la suma indemnizatoria fijada en concepto de daño moral ($50.000) por considerársela exagerada, quejas que propondré rechazar.

5.2.- En efecto, para arribar a dicha solución por lo pronto recuerdo que en derredor de esta partida del daño, la Sala que integro participa del criterio que aprehende con amplitud el daño moral, al considerar que este perjuicio no queda reducido al clásico pretium doloris (sufrimiento, dolor, desesperanza, aflicción, etc.) sino que a mas de ello, apunta a toda lesión e intereses (jurídicos) del espíritu cuyo trasunto sean unas alteracionees desfavorables en las capacidades del individuo de sentir lato sensu, de querer y de entender: “El daño moral y su conexión con las lesiones a la estética, a la sique, a la vida de relación y a la persona en general”, en “Revista de Derecho Privado y Co munitario”, Santa Fe, Rubinzal-Culzoni, Nº 1, 1992, p. 237/259 (Pizarro, Ramón D., “Reflexiones en torno al daño moral y su reparación”, en J.A.1986-111-902 y 903; Zavala de González Matilde, “El concepto de daño moral”, J.A., 985-I-727 a 732). El daño moral importa una minoración en la subjetividad de la persona de existencia visible, derivada de la lesión a un interés no patrimonial, o con mayor precisión, una modificación disvaliosa del espíritu, en el desenvolvimiento de su capacidad de entender, querer o sentir, lo que se traduce en un modo de estar diferente de aquél en el que se hallaba antes del hecho, como consecuencia de éste, y anímicamente perjudicial (Pizarro, Ramón D., Vallespinos, Carlos, Instituciones de Derecho Privado. Obligaciones, Hammurabi, t. 2, pág. 641; ver mis votos in re “Luciani, Nelly c/ Herszague, León y otros c/ Ds. y Ps.”, Expte. N° 21.920/2006, del 13/8/2010; “Peralta, Daniel Oscar c/ Transportes Metropolitanos General San Martín y otro s/ Ds. y Ps.”, Expte. N°33.299/2005, del 10/5/2010; “Burcez, Elizabeth Graciela c/ Aguas Argentinas S.A s/ Ds. y Ps.”, Expte. N°115.335/2005, del 22/4/2010, entre muchos otros) A la hora de precisar el resarcimiento, debe examinarse el “resultado de la lesión”, es decir, de qué manera y con qué intensidad el agravio contra la persona le ha causado un perjuicio. Los bienes personalísimos no pueden ser cuantificados en más o menos, pero el sujeto puede sufrir más o menos a consecuencia de la lesión, y también el juez tiene que graduar de la misma manera la indemnización ya que no siempre es igual el daño moral derivado de actividades lesivas análogas. Por tanto, rige el principio de “individualización del daño” y las circunstancias de la víctima suelen dimensionar de distinta manera, inclusive en el ámbito espiritual, las derivaciones de una lesión similar (Zavala de González, Matilde, Código Civil y Normas Complementarias, Bueres-Highton, Hammurabi, t.3A, págs.171/2). 5.3.- Deben ponderarse suficientemente todos los elementos existentes para dimensionar de manera acabada el sufrimiento espiritual padecido por el Sr. L., específicamente, la deficiente atención hospitalaria que recibiera, tal como se desarrollara acabadamente en el acápite N° 3, quien fuera sometido a infructuosos tratamientos que le dejaron dolores y una secuela incapacitante (acáp. N° 4.3). Por tanto, de conformidad con la facultad jurisdiccional que asiste a la suscripta en los términos del art. 165 del rito, considero que aquí corresponde confirmar la indemnización por este concepto.

6.1.- Por último, en lo concerniente a los réditos sobre el capital de condena, se fijó la tasa activa desde la mora debitoris, temperamento que propondré modificar.

6.2.- En efecto, sin perjuicio que según la doctrina y jurisprudencia mayoritaria vigentes en el fuero, corresponde aplicar desde el inicio de la mora y hasta el efectivo pago del capital de condena la tasa activa cartera general (préstamos) nominal anual vencida a treinta días del Banco de la Nación Argentina, lo cierto es que a la par corresponde ponderar si la aplicación de la misma en el período transcurrido hasta el dictado de la sentencia implicaría una “alteración del significado económico del capital de condena que configure un enriquecimiento indebido”. En el caso sub examine, debe considerarse que las indemnizaciones han sido estipuladas a la fecha del dictado del pronunciamiento de grado, por lo que no corresponde retrotraer la aplicación de la tasa activa “a partir de cada daño objeto de reparación”, ello importaría incurrir en un desplazamiento patrimonial injustificado pues se estaría computando dos veces la “desvalorización” o “depreciación” monetaria: una en oportunidad de fijar montos en la sentencia de grado (cristalización) y otra a través de la aplicación de una tasa de interés (la activa) que ya registra ese componente en su misma formulación. Aquí se verifica el supuesto fáctico que este Excmo.Tribunal en pleno tuvo en cuenta en la última parte de “Samudio”, es decir, que la tasa activa no debe computarse cuando su aplicación en todo el período transcurrido “implique una alteración del significado económico del capital de condena que configure un enriquecimiento indebido”.

6.3.- Por tanto, a partir de la fecha estipulada y hasta la fecha de la sentencia definitiva de la instancia de grado, se aplicará la tasa pasiva B.C.R.A., y recién a partir de allí y hasta el efectivo pago, se liquidará a la tasa activa cartera general (préstamos) nominal anual vencida a treinta días del Banco de la Nación Argentina. 7.- En suma, por las consideraciones efectuadas, doy mi voto para: a) Elevar la indemnización correspondiente al daño emergente (incapacidad psicofísica) a la suma de $150.000; b) Modificar la tasa de interés según lo desarrollado en el acápite N° 6; c) Rechazar el resto de las quejas formuladas; d) A tenor de la naturaleza de los cuestionamientos practicados, las costas de Alzada se imponen a los demandados perdidosos (art. 68 CPCCN). La Dra. Zulema Wilde adhiere al voto precedente.- Con lo que terminó el acto, firmando las Señoras Vocales por ante mí que doy fe.- Se deja constancia que la Vocalía N° 29 se encuentra vacante (art. 109 del R.J.N.).-

Buenos Aires, agosto de 2017.-

Y VISTOS: Lo deliberado y conclusiones establecidas en el Acuerdo precedentemente transcripto el Tribunal RESUELVE: a) Elevar la indemnización correspondiente al daño emergente (incapacidad psicofísica) a la suma de $150.000; b) Modificar la tasa de interés según lo desarrollado en el acápite N° 6; c) Rechazar el resto de las quejas formuladas; d) A tenor de la naturaleza de los cuestionamientos practicados, las costas de Alzada se imponen a los demandados perdidosos (art. 68 CPCCN). En atención a lo normado por el art. 279 del CPCCN, corresponde revisar las regulaciones de honorarios practicadas en la sentencia a fs. 744 y vta. para, eventualmente, modificarlas.En atención al monto de capital por el cual prospera la demanda, naturaleza del proceso, calidad, eficacia y extensión del trabajo realizado, cantidad de etapas cumplidas, resultado obtenido y de conformidad con lo dispuesto por los arts. 1, 6, 7, 8, 9, 10, 19, 37, 39 y ccds. de la ley 21.839, se confirman los honorarios regulados a favor de los letrados intervinientes. Asimismo y de conformidad con lo normado por el art. 478 del CPCCN, también se confirman los honorarios fijados a favor de los peritos actuantes así como los correspondientes al mediador (cfr. art. 21 inc. 3°y art. 23 decreto 91/98 reglamentario de la ley 24.573, y la modificatoria por el art. 4° del Decreto 1465/07).

Por último, por la labor realizada en la Alzada y de conformidad con las pautas fijadas por el art. 14 de la ley 21.839, regúlense los honorarios del Dr. J. L. Z., en la suma de pesos ($.), los correspondientes al Dr. C. J. B., en la de pesos ($.), y los del Dr. J. E. M. también en la suma de pesos ($.). Se deja constancia que la Vocalía N° 29 se encuentra vacante (art. 109 del R.J.N.).- Regístrese, notifíquese, comuníquese a la Dirección de Comunicación Pública de la Corte Suprema de Justicia de la Nación (Acordada N° 15/13 art. 4°) y oportunamente devuélvase.