Criterios de sustentabilidad ambiental y social en las compras públicas de Catamarca

Autor: Aliciardi, M. Belén

Fecha: 4-dic-2017

Cita: MJ-DOC-12320-AR | MJD12320
Doctrina:

Por María Belén Aliciardi (*)

Las compras públicas sustentables son aquellas compras en donde el Estado -en el caso de nuestro país, nacional, provincial o municipal- tiene en cuenta no solo el precio del producto o servicio al momento de la compra, sino también otros criterios ambientales y sociales, «en todas las etapas del proceso de compra y contratación con el objetivo de reducir impactos en la salud humana, en el medio ambiente y en los derechos humanos, de manera tal que pueda conseguir el mayor beneficio por el dinero desembolsado a lo largo de todo su ciclo de vida, dando como resultado crecimiento económico y equidad social, y fomentando a su vez una mejor calidad ambiental».

En la Argentina, existe numerosa normativa nacional sobre criterios de sustentabilidad ambiental y social aplicables a las compras públicas, y asimismo varias provincias también poseen legislación al respecto. En el caso de la provincia de Catamarca, a la luz de los principios generales de contrataciones públicas establecidos en al art. 91, de la Ley 4938/98 de Administración Financiera y su Decr. Reglamentario «Acuerdo» 907/98 y Decr. Acuerdo 2248/08, especialmente los incs. a, b, c, d y e que se describen a continuación:

Art. 91: «Los Principios Generales a que deberán ajustarse las contrataciones, teniendo en cuenta las particularidades de cada uno de los procedimientos son»:

»a. Publicidad»;

»b. Igualdad de posibilidades para los oferentes»;

»c. Posibilitar la mayor concurrencia de proponentes, a efectos de promover la competencia y oposición»;

»d. Flexibilidad y transparencia en los procedimientos».

»e. La defensa de los intereses de la comunidad y del Sector Público Provincial»;

»f. La posibilidad de determinar la responsabilidad inherente a los agentes y funcionarios que intervengan».

Asimismo, encontramos la siguiente normativa:

– Ley 5062/02. Deudores Alimentarios, modificada por la Ley 5134/2004: crea el Registro de Deudores Alimentarios y en su artículo 5 consagra lo siguiente:«Los proveedores de todos los organismos del Estado Provincial deberán como condición para su inscripción como tales, adjuntar a sus antecedentes una certificación en la que conste que no se encuentren incluidos en el Registro como deudores morosos. En el caso de personas jurídicas, tal requisito debe ser cumplimentado por la totalidad de sus directivos. Al momento de abonarse lo adquirido a los proveedores incluidos como deudores morosos en el Registro, el organismo interviniente procederá a retener del pago las sumas adeudadas en concepto de cuotas alimentarias, las que deberán ser depositadas a la orden del Juez interviniente en la causa de alimentos». Este criterio para aquellos que poseen deuda es el mismo que sigue San Juan y la Rioja, y me parece el más adecuado, ya que garantiza el pago al alimentado funcionando como agente de retención. En cambio, otras provincias, como Córdoba, San Luis, Buenos Aires, Chaco, Mendoza, Misiones, Neuquén, Río Negro, Santa Cruz, Formosa, Entre Ríos, Jujuy, Tucumán, La Pampa, Tierra del Fuego, Santiago del Estero y Santa Fe, o ciudades, como la CABA, directamente excluyen a aquellos oferentes que tengan deuda.

– Res. Gral. AGR 62/12, art. 25, que establece la obligatoriedad del Certificado de Cumplimiento Fiscal, conforme al Anexo IV y V de la misma, el cual garantiza que los oferentes se encuentren al día con los impuestos provinciales que recauda la Administración General de Rentas.

– Ley 4268/85, de «Compre y contrate catamarqueño», fue sustituida por la Ley 5038/01 que establece el «Compre y contrate preferentemente catamarqueño» y sus Decrs. Reglamentarios 1122/01, 1123/01 y 445/02; especialmente el art. 1 que establece lo siguiente: «La Administración Pública Provincial y demás sujetos de derecho del sector público quedan obligados en todos los supuestos de actos y procedimientos de contratación, a adquirir en forma preferente bienes producidos en Catamarca, como así también a contratar obras o servicios de empresas o proveedoras locales.La citada ley provincial, sus decretos reglamentarios, y la ley provincial de Administración Financiera de la Provincia 4938, establecen cuáles son los procedimientos, requisitos y pautas a seguir en las contrataciones por subasta o por licitación pública».

Y el art. 6 (preferencia entre el 3 y el 12%). A la misma han adherido varios municipios de la provincia, entre ellos la ciudad de San Fernando del Valle de Catamarca en el año 2012. Los oferentes, para gozar de los beneficios de la Ley 5038, deberán presentar certificados expedidos por la Dirección Provincial de Comercio y Certificado expedido por la Dirección de Inspección Laboral. Debiendo en todos los casos, ser certificados por Autoridad de Aplicación o Escribano Público.

Al respecto, algunos municipios de Catamarca, poseen su propia normativa de compre local, como por ejemplo la Carta Orgánica Municipal de Tinogasta, en su art. 83, establece el «Compre tinogasteño», y dice así: «Los proveedores de bienes y servicios de producción local tienen prioridad en la atención de las necesidades del municipio a igualdad de calidad y precio con las ofertas alternativas de bienes y servicios de otro origen a través de Ordenanza, se reglamentan las condiciones y puntajes aplicados a esas prioridades».

– Decr. 2248/08 en el art. 20 sobre las notas de pedido reza: «Para la adquisición de un bien determinado o contratación de un servicio, el titular de la Unidad Ejecutora de Presupuesto, deberá presentar en el Servicio Administrativo Financiero que corresponda, la Nota de Pedido, la que deberá contener lo siguiente: a. Descripción de las características de los bienes y / o servicios a contratar, consignando la calidad exigida y en su caso, las normas cualitativas que deban requerirse, indicando además si los elementos deben ser “nuevos, usados o reacondicionados”, y sí se aceptarán tolerancias» y el art. 29 sobre los Pliegos de Especificaciones Técnicas expresa lo siguiente: «Las especificaciones técnicas deberán consignar en forma clara y precisa: a.Las características y especies de los bienes o servicios, detallando unidad de medida o tipo de envase. Si los envases fueren retornables, de ser posible se debe fijar el plazo para la devolución. En caso de envases especiales se debe especificar quien se hará cargo del costo. (….) c. Si los elementos deben ser nuevos, usados o reacondicionados (…). g. Los bienes y servicios a contratar deberán agruparse por renglones o ítems afines o de un mismo rubro comercial, de modo que se facilite la presentación de “ofertas parciales” por uno o varios renglones». Como vemos, los incisos a. del art. 20 y el a y c del art. 29 incentiva los criterios sustentables de los productos a adquirir y el inc. g del art. 29 incentiva el criterio social de participación de PYMES.

– Ley 5024, Decr. 18/01 DE micro-, pequeñas y medianas empresas, especialmente el inc. b del art. 5: Las MiPyMEs que cumplan con los requisitos señalados en el art. 1, gozarán de los siguientes beneficios: «… b. Preferencias en las compras que realice el Estado Provincial, de acuerdo a las modalidades y condiciones que establezca el Poder Ejecutivo Provincial».

Asimismo, Catamarca exige el cumplimento de la Res. Gral. 3758/15 de AFIP, por la cual los oferentes debe llenar el Formulario 931, que es una declaración jurada que se utiliza para determinar nominativamente e ingresar los aportes y contribuciones con destino a los distintos subsistemas de la seguridad social, como obligatorio para aquellos que tengan hasta doscientos (200) empleados a partir del mes de abril de 2015 y en forma optativo para aquellos que posean entre doscientos y trescientos empleados (200-300), con lo cual se promueve el trabajo registrado.

Además, debemos tener en cuenta que los empleadores que llenen el Formulario 931 gozan de un beneficio establecido por la Ley 26.940 de Promoción del Trabajo Registrado y Prevención del Fraude Laboral. El mismo es un régimen que constituye una reducción en el pago de contribuciones para empleadores en función de la cantidad de trabajadores que poseen.Este régimen busca estimular el blanqueo de personal actualmente no registrado. Las reducciones que pueden gozar los empleadores son las siguientes:

– Los Microempleadores que posean hasta 5 trabajadores contratados a jornada completa por tiempo indeterminado gozan de una reducción del 50% de las contribuciones patronales en forma permanente. En caso de contar con personal contratado a tiempo parcial, la reducción será del 25%.

– Para aquellos empleadores que tengan hasta 15 trabajadores, en el caso de ingreso de un nuevo trabajador, gozarán de un beneficio para los primeros 12 meses del 100% de las contribuciones y para los segundos 12 meses del 75%.

– En los casos de empleadores que tengan entre 16 y 80 trabajadores, gozarán de un beneficio del 50% de las contribuciones para los primeros 24 meses, en el supuesto de ingreso de un nuevo trabajador.

Cabe aclarar que quedan excluidos del presente régimen el personal de casas particulares y los empleadores incluidos en el REPSAL (Registro Público de Empleadores con Sanciones Laborales).

Como vemos, Catamarca ha incorporado criterios de sustentabilidad ambiental y social a sus compras públicas. Ojalá que siga en ese camino y que otras provincias puedan imitar por el bien del planeta y de la sociedad.

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(*) Abogada, notaria y mediadora; UNC. Especialista en Derecho Ambiental, UBA. Tesista en Gestión Ambiental, UMSAM. Exjueza de Faltas Municipales de Villa Ascasubi. Exasesora ACUMAR. Jefa Legal Ambiental y de Higiene y Seguridad. Coordinadora de la Diplomatura de Derecho y Políticas Públicas, CPACF y Universidad Austral.

N. del A.: Trabajo final elaborado sobre la base de los trabajos grupales obtenido como culminación del curso de Compras Públicas Sustentables, de la Universidad Austral, brindado para el Gobierno de Catamarca, el 15 de septiembre del 2017. Participaron del curso los siguientes alumnos: Raúl González, María Laura Reyes Salas, María Soledad Vega Romero, Ana Guadalupe Vera, Cyntia Elizabeth Agüero, Giselle Barros Prisnni, María Guadalupe Pérez Llano, Pablo Gallardo, Mario Aguirre, Gordillo Pacheco, David Bracamonte, Adriana Barrios, Lorena Ponce, María Reales, Rosa Rodríguez, Luis Néstor Segovia, Luis Fernando Luna, Cristian Ovejero, Rosa Ana Azurmendi, Mauricio Bruno Hezze Aguiar, Ana Skarzauskas, Laura Sánchez, Yésica Díaz, Verónica Díaz, Patricia Pastoriza, Gabriel Tolosa, Belén David, Nancy Romero, Gimena Vázquez, Rocío Ramayo.