Amparo ambiental en la provincia de Corrientes

Autor: Brest, Irina D.

Fecha: 26-sep-2017

Cita: MJ-DOC-12008-AR | MJD12008

Sumario:

I. Introducción. II. Amparo. Presupuestos. III. Derecho ambiental. IV. Cuestión procesal. V. Legitimación. VI. Competencia. VII. Innecesidad de extinguir vía alguna. VIII. Plazo de interposición. IX. ¿Limitación probatoria? X. Medidas cautelares. XI. Responsabilidad ambiental. XII. Problemática actual. XIII. Jurisprudencia del Superior Tribunal de Justicia de la provincia de Corrientes. XIV. Consideraciones finales.

Doctrina:

Por Irina D. Brest (*)

I. INTRODUCCIÓN

La acción de amparo como herramienta para tutelar, entre otros, el derecho de todo habitante a gozar de un ambiente sano y equilibrado, se encuentra expresamente contemplado en los arts. 41 y 43 de la Constitución Nacional (CN) y en la Constitución de la provincia de Corrientes en los art. 49 , 52 y 67 .

La defensa del medio ambiental es materia incesantemente examinada y contemplada por la comunidad internacional a través de diversos tratados, especialmente por la Convención Americana sobre Derechos Humanos que adquiere jerarquía constitucional en nuestro país a través del art. 75, inc. 22 , de nuestra CN con su reforma en el año 1994.

En este trabajo, investigaré en particular el amparo ambiental en la provincia de Corrientes como cuestión procesal y su problemática actual en la labor diaria judicial, y la que desde una perspectiva garantista del cese y reparación de los daños ambientales, le sea dado prodigar en el futuro, con el propósito liminar de fortalecer nuestro Estado constitucional de derecho.

II. AMPARO. PRESUPUESTOS

El art. 43 de nuestra CN dispone lo siguiente: «Toda persona puede interponer acción expedita y rápida de amparo, siempre que no exista otro medio judicial más idóneo, contra todo acto u omisión de autoridades públicas o de particulares, que en forma actual o inminente lesione, restrinja, altere o amenace, con arbitrariedad o ilegalidad manifiesta, derechos y garantías reconocidas por esta Constitución, un tratado o una ley. En el caso, el juez podrá declarar la inconstitucionalidad de la norma en que se funde el acto u omisión lesiva».

En el segundo párrafo, contempla el amparo ambiental al decir lo siguiente:«Podrán interponer esta acción contra cualquier forma de discriminación y en lo relativo a los derechos que protegen el ambiente, a la competencia, al usuario y consumidor, así como a los derechos de incidencia colectiva en general, el afectado, el Defensor del Pueblo y las asociaciones que propendan a esos fines registradas conforme a la ley, la que determinará los requisitos y formas de su organización».

La Constitución de la provincia de Corrientes en el art. 67 contempla lo siguiente: «Toda persona puede interponer acción expedita y rápida de amparo, siempre que no exista otro medio judicial más idóneo, contra todo acto u omisión de autoridades públicas o de particulares, que en forma actual o inminente lesione, restrinja, altere o amenace, con arbitrariedad o ilegalidad manifiesta, derechos y garantías reconocidos por la Constitución, un tratado o una ley. Esta acción es admisible sin necesidad de extinguir vía alguna. En el caso, el juez podrá declarar la inconstitucionalidad de la norma en que se funde el acto u omisión lesiva. Pueden interponer esta acción contra cualquier forma de discriminación y en lo relativo a los derechos que protegen al ambiente, a la competencia, al usuario y al consumidor, así como a los derechos de incidencia colectiva en general, el afectado, el Defensor del Pueblo y las asociaciones que propendan a esos fines, registradas conforme a la ley».

Asimismo, el art. 7 de la Ley Provincial 4731 de preservación, conservación, defensa y mejoramiento de aquellos ambientes urbanos, rurales y naturales establece lo siguiente:«Cualquier habitante de la Provincia que se considere afectado en sus intereses, actividades y/o propiedades, por obras contaminantes del medio ambiente y/o que puedan perjudicar la salud de la población y/o afecten a la flora, fauna o recursos naturales, podrá recurrir por la vía de la acción de amparo a cualquier Juez Provincial a efectos de solicitar se ordene la suspensión de las obras, hasta tanto se de cumplimiento a lo preceptuado en la presente Ley».

El amparo constituye un proceso realmente simplificado, tanto en su aspecto temporal como en cuanto a sus formas. Así ocurre porque su principal objeto es reparar de modo urgente y eficaz. Es también, en verdad, un medio de impugnación extraordinario, originalmente acuñado para asistir a todo ciudadano que tuviera interés en restablecer un derecho fundamental vulnerado por la autoridad pública o por un particular. La función del amparo consiste en examinar la legitimidad del o de los actos impugnados con la finalidad de lograr, en su caso, la anulación del acto lesivo del derecho fundamental restableciendo este último (1).

«Lesionar» supone ocasionar un daño específico, mientras que la «alteración» se vincula con cambios o trasformaciones generados en el derecho fundamental; la «restricción» significa ‘reducir, disminuir, impedir o limitar el ejercicio de la garantía consagrada’ (2).

«Ilegalidad» es sinónimo de «ilícito»; es decir, una conducta contraria a la ley. Sin embargo, muchas veces un acto lesivo surge de comportamientos ajustados a derecho que siendo legales (por su encuadre de «iure») son ilegítimos por no estar respaldados por la razonabilidad y criterio de justicia que todo acto constitucional porta intrínsecamente (3).

Por lo tanto, el amparo es, además de ser una acción, un derecho constitucional que llama a los Tribunales a intervenir proactivamente, en este caso, a una protección efectiva al derecho a la salud, calidad de vida y preservación del ambiente sano, equilibrado y apto para el desarrollo humano respetando el principio de equidad intergeneracional.

III. DERECHO AMBIENTAL

El art. 41 crea un derecho nuevo.En nuestro país, el derecho a un ambiente sano fue considerado como uno de los derechos «no enumerados» de la CN (4). Y reconocido como derecho humano por los Tratados Internacionales con jerarquía constitucional (art. 75, inc. 22, de la CN) como la Convención Americana de los Derechos Humanos, la Declaración Universal de los Derechos Humanos y la Declaración Americana de los Derechos Humanos y Deberes del Hombre. Asimismo por las Convenciones de Estocolmo de 1972, la Declaración de Río de Janeiro de 1992, el Acuerdo de Cooperación y Asistencia Técnica entre el Gobierno de la República Argentina y el Gobierno de la República de Costa Rica sobre protección del medio ambiente, el Plan de Aplicación de las Decisiones de la Cumbre Mundial sobre el Desarrollo Sostenible y la Declaración Política de la citada Cumbre Mundial realizada en Johannesburgo (Sudáfrica) en 2002 y otros instrumentos de carácter supralegal.

Entre ambiente y salud, existe una estrecha relación. Así, se ha dicho que el derecho a la tutela del ambiente o derecho al ambiente salubre puede considerarse una expresión del derecho a la salud (5).

Del art. 41 de la CN, que enmarca el espacio y la finalidad en asuntos de conciencia ambiental y de interacción ecológica, se infiere el dogma ambiental del ordenamiento jurídico argentino, a través de reglas básicas que definen a nivel de principios el contenido jurídico de la «ecuación ambiental» en la vida social. A saber: 1. el derecho universal al ambiente sano; 2. el deber universal de preservación ambiental; 3. la preservación del patrimonio natural y cultural y de la diversidad biológica; 4. la obligación de recomponer el ambiente dañado; 5. la utilización racional de los recursos naturales; 6. la prohibición de ingresar residuos peligrosos y radiactivos al territorio nacional y 7. la concurrencia de la legislación ambiental en complementariedad entre nación y provincias (6).

El constituyente ha hecho aquí un desdoblamiento a los efectos de evitar la anarquía jurídica.Mantiene un criterio político sobre el marco de la legislación ambientalista general o común y, al mismo tiempo, procura ser respetuoso de las autonomías locales para legislar sobre otros aspectos del medio ambiente de manera complementaria (7).

Por lo tanto, las provincias conservando su potestad no delegada, asimismo los municipios por ser autónomos (art. 123 de la CN, art. 161 de la Constitución Provincial y cartas orgánicas respectivas) podrán complementar la legislación nacional -y la provincial los municipios- como la Ley General del Ambiente 25.675 , en donde acentúa principios ambientales como los de prevención, precautorios, solidaridad, cooperación, progresividad, responsabilidad, sustentabilidad y equidad intergeneracional.

En nuestra Constitución Provincial, está contemplada esencialmente en el art. 49: «Toda persona tiene el derecho a gozar de un ambiente sano y equilibrado y el deber de preservarlo para las generaciones presentes y futuras».

Y en el art. 52: «Toda persona puede interponer la acción prevista en el artículo 67 de esta Constitución, en protección del ambiente o con el objeto de hacer cesar las actividades que en forma actual o inminente causen o puedan causar daño ambiental, entendido como cualquier modificación o alteración negativa relevante al equilibro del ecosistema, los recursos, los bienes o valores colectivos».

Resultando importantísima esta última parte de la norma que establece lo siguiente: «Quien promueva la acción está eximido del pago de tasas judiciales. Las pericias, estudios, trámites o pruebas requeridas en el proceso para demostrar la afectación o daño producido serán solventados por el Estado, salvo que las costas fueran impuestas al demandado y conforme lo determine la ley».

IV. CUESTIÓN PROCESAL

Las reglas procesales para la tramitación del amparo ambiental a nivel nacional surgen de los arts. art. 43 de la Constitución Nacional, la ley 16.986 de Amparo y art. 321 del CPCCN. En la Provincia de Corrientes se acude al art.67 de nuestra Constitución Provincial, a la Ley 2903 de Amparo, y al art. 321 del CPCC de la provincia de Corrientes. Además de la Jurisprudencia y doctrina imperantes en la materia.

Específicamente el art. 321 del CPCC Provincial establece lo siguiente: «Será aplicable el procedimiento sumarísimo: 1. (…) 2. Cuando se reclamase contra un acto u omisión de un part icular que, en forma actual o inminente, lesiones, restrinja, altere o amenace con arbitrariedad o ilegalidad manifiesta algún derecho o garantía explícita o implícitamente reconocidos por la Constitución Nacional, siempre que fuere necesaria la reparación urgente del perjuicio o la cesación inmediata de los efectos del acto, y la cuestión, por su naturaleza, no deba sustanciarse por alguno de los procesos establecidos por este Código u otras leyes».

V. LEGITIMACIÓN

El art. 43 de la CN, en el párr. 1.°, establece lo siguiente: «Toda persona puede interponer acción expedita y rápida de amparo»; en el párr. 2.° dispone lo siguiente: «Podrán interponer esta acción contra cualquier forma de discriminación y en lo relativo a los derechos que protegen al ambiente… el afectado, el defensor y las asociaciones que propendan a esos fines». Y el art. 67 de la Constitución de la provincia de Corrientes que podrán interponerla: «… el afectado, el Defensor del Pueblo y las asociaciones que propendan a esos fines, registradas conforme a la ley».

La amplia legitimación, postura que comparto, se ha entendido que también surge del derecho de reclamar el deber de todos los habitantes de preservar el medio ambiente que se desprende del art. 41 de la CN.

La legitimación en los procesos donde se persigue la tutela de derechos de incidencia colectiva, reconoce su fuente en el art. 43 de la CN y en el art. 67 de la Constitución Provincial, que legitiman al «afectado», al «defensor del pueblo« y a las «asociaciones» registradas conforme a la ley, para iniciar esta clase de acciones.No obstante, esta disposición se complementa -en materia ambiental- con lo dispuesto por el art. 30 de la Ley 25.675, que establece: «Producido el daño ambiental colectivo, tendrán legitimación para obtener la recomposición del ambiente dañado, el afectado, el Defensor del Pueblo y las asociaciones no gubernamentales de defensa ambiental, conforme lo prevé el art. 43 de la CN, y el Estado nacional, provincial o municipal; asimismo, quedará legitimado para la acción de recomposición o de indemnización pertinente, la persona directamente damnificada por el hecho dañoso acaecido en su jurisdicción (8).

En la causa «Schroder, Juan c. Estado Nacional -Secretaría de Recursos Naturales-», la CNFed.Cont. Adm., Sala III, el 8/9/1994, falló que el problema de legitimación de los particulares no debe constituir una verdadera denegación del acceso a la justicia de quienes se ven afectados por una medida estatal, según el art. 43 de la CN, cuando se trata de la protección de los derechos relativos al ambiente, la acción podrá ser interpuesta por el afectado.

Respecto del tema, Maite Herrán propone clasificar a los derechos individuales y los derechos colectivos en la forma en que lo ha hecho nuestra Corte Suprema de Justicia de la Nación en la causa «Halabi»: por un lado los derechos sobre bienes jurídicos individuales (modelo tradicional del litigio singular), en segundo lugar, derechos sobre interés individuales homogéneos (tanto el interés como la legitimación son individuales, pero existe una homogeneidad objetiva entre ellos y una sola causa o evento generador del daño), y finalmente los derechos sobre bienes jurídicos colectivos, donde el bien tutelado es colectivo y la titularidad le corresponde al grupo en general, no a cada individuo en particular (9).

VI. COMPETENCIA

En esta materia, la competencia debe ser amplia; es decir, que todos los jueces en turno de todos los fueros e instancias, son competentes para entender en acciones de amparo, preservando la competencia territorial y asegurando el derecho a la doble instancia consagrado en el art. 8, apdo.h, de la Convención Americana de Derechos Humanos, Pacto de San José de Costa Rica.

La Ley General del Ambiente 25.675 dice en el párr. 1.° de su art. 32 lo siguiente: «La competencia judicial ambiental será la que corresponda a las reglas ordinarias de la competencia. El acceso a la jurisdicción por cuestiones ambientales no admitirá restricciones de ningún tipo o especie».

Así, nuestra Ley Provincial de Amparo 2903 establece, en su art. 4, (texto según el art. 14 de la Ley 5846) lo siguiente: «Puede iniciarse la acción de amparo en los tribunales letrados de cualquier fuero, grado o jurisdicción, en que corresponda por razón de competencia y turno, excepto en la Cámara en lo Contencioso Administrativo y Electoral y en el Superior Tribunal de Justicia».

Sin embargo, en la Constitución de la provincia de Buenos Aires, art. 20, inc. 2 , circunscribe la competencia para entender las acciones de amparo a cualquier juez, pero de primera instancia, según lo establece su reglamentación legal (art. 4 de la Ley 7166, t. o. Decr. 1067/95).

Asimismo, la Ley 16.986 establece en su art. 4 , lo siguiente: «Será competente para conocer de la acción de amparo el juez de Primera Instancia con jurisdicción en el lugar en que el acto se exteriorice o tuviere o pudiere tener efecto. Se observarán, en lo pertinente, las normas sobre competencia por razón de la materia, salvo que aquellas engendraran dudas razonables al respecto, en cuyo caso el juez requerido deberá conocer de la acción. Cuando un mismo acto u omisión afectare el derecho de varias personas, entenderá en todas esas acciones el juzgado que hubiese prevenido, disponiéndose la acumulación de autos, en su caso».

VII.INNECESIDAD DE EXTINGUIR VÍA ALGUNA

La exigencia de agotar las vías administrativas como requisito previo a la interposición de la acción de amparo contempladas en la Ley 16.986 en el plano federal y en la Ley 2903 en el orden local quedaron totalmente superadas por la reforma constitucional nacional de 1994 (art. 43) y por la reforma constitucional provincial de 2007 mediante el art. 67 que taxativamente agrega la innecesaridad de extinguir vía alguna.

Sin embargo, la doctrina dice que, antes de plantearse la tutela jurisdiccional, el acceso al proceso colectivo debe contemplar la posibilidad, en caso de ser necesario y conveniente, pero no siendo un paso obligatorio, de una etapa previa de acceso a un sistema de solución de conflictos que no esté restringido solo al judicial aunque su camino esté enderezado hacia él.

Además de los sistemas alternativos, se citan los adversariales constituidos no solo por el proceso judicial, sino también por el arbitral. En idéntico sentido, deberán ponderarse mecanismos lo suficientemente ágiles, no solo un adecuado contralor de su realización y efectiva concreción apostando a esa, la tutela efectiva, principio de rango constitucional (10).

El mero señalamiento de la existencia de otras vías procesales implica desconocer que no se debe resistir dogmáticamente la admisibilidad del amparo para ventilar un asunto que, como cualquier otro que se promueva a través de esa acción, contraría con dichas vías alternativas, pues de otro modo cabría considerar que el art. 43 de la CN establece una garantía procesal que resulta intransitable (11).

VIII. PLAZO DE INTERPOSICIÓN

La Dra. Altabe de Lértora señala que si bien las leyes regulatorias de la acción de amparo contemplan un plazo reducido para el ejercicio de la misma, debe tenerse en cuenta el caso de la lesión continuada o reiterada, donde la doctrina sostiene que existe una renovación continua del plazo, y la jurisprudencia se ha pronunciado en tal sentido.Por ejemplo, la Corte Suprema de Justicia de la Nación en fecha 6 de junio de 1995 en la causa «Video Club Dreams c/ Instituto Nacional de Cinematografía s/ Amparo», manteniendo a la fecha tal doctrina. El Superior Tribunal de Justicia de Corrientes, en la causa «Elias, Jaime Arturo c/ Estado de la Provincia de Corrientes e Instituto de Previsión Social de la Provincia de Corrientes s/ Amparo», Expte. N.º ELI 10.348/5 del 18/12/2008, se pronunció en igual sentido (12).

Incluso algunos autores afirman -criterio que comparto- que, al no mencionar plazo la norma constitucional del art. 43, no resultan aplicables las leyes ordinarias referidas al tema.

Este criterio es procedente en los casos para reclamar tutela para preservar el medio ambiente.

IX. ¿LIMITACIÓN PROBATORIA?

Martha H. Altabe de Lértoba dice que no resultan aplicables a estos procesos las limitaciones probatorias de la Ley 16.986 ni las contenidas en leyes provinciales, como la Ley de Amparo 2903 de Corrientes, ni las propias de los procesos sumarios y sumarísimos contenidas en los Códigos de rito por ser incompatibles con el art. 32 de la Ley General del Ambiente 25.675. Rigen a ultranza, dice la autora, los principios procesales clásicos de inmediación, de impulsión de oficio y los propios del derecho ambiental (13).

La Ley General del Ambiente 25.675, en el 2.° párr. de su art. 32, nos dice lo siguiente: «El juez interviniente podrá disponer todas las medidas necesarias para ordenar, conducir o probar los hechos dañosos en el proceso, a fin de proteger efectivamente el interés general. “Asimismo, en su sentencia, de acuerdo con las reglas de la sana crítica, el juez podrá extender su fallo a cuestiones no sometidas expresamente a su consideración por las partes”».

Asimismo, en su art. 33 , establece el valor probatorio de los informes de la Administración Publica:«Los dictámenes emitidos por organismos del Estado sobre daño ambiental, agregados al proceso, tendrán la fuerza probatoria de los informes periciales, sin perjuicio del derecho de las partes a su impugnación. La sentencia hará cosa juzgada y tendrá efecto «erga omnes», a excepción de que la acción sea rechazada, aunque sea parcialmente, por cuestiones probatorias».

Es así como sentencias que deciden cuestiones de derechos de incidencia colectiva relativos a intereses individuales homogéneos tienen alcances «erga omnes». Debiéndose publicar ella según el art. 87 de la Ley 4106 provincial.

Es importante resaltar que aquí la carga probatori a se invierte; es decir, que se aplica la teoría de la carga probatoria dinámica.

X. MEDIDAS CAUTELARES

Las medidas cautelares como medidas preventivas de situaciones de daños ambientales graves -y muchas veces irreversibles- adquieren un rol predominante en los fallos ambientales.

La Ley General del Ambiente en el párr. 3.° de su art. 32 legisla al respecto: «En cualquier estado del proceso, aun con carácter de medida precautoria, podrán solicitarse medidas de urgencia, aun sin audiencia de la parte contraria, prestando debida caución por los daños y perjuicios que pudieran producirse. El juez podrá, asimismo, disponerlas, sin petición de parte».

Como ya sabemos, el control judicial de la Administración no se limita a los actos, sino que se extiende sobre las otras conductas estatales y, por su parte, las medidas cautelares son diferentes según cuáles sean las pretensiones procesales.Sin perjuicio de ello, cierto es que el instrumento cautelar típico es la suspensión del acto estatal cuyo objeto consiste en hacer cesar -de modo provisorio- la obligatoriedad de cumplir con el acto cuestionado (14).

Sin embargo, el acto lesivo también puede provenir de particulares, como son las fábricas privadas.

Sin perjuicio de la suspensión del acto, el juez también puede hacer cesar las vías de hecho y ordenar prestaciones de dar o de hacer en caso de omisiones estatales, registrándose en estas acciones, medidas cautelare positivas (15).

Generalmente, se invocan junto a la demanda de amparo medidas cautelares de innovar o de no innovar.

Las medidas cautelares innovativas implican, a la inversa de las de no innovar, la obligación de revertir una situación jurídica cumpliendo determinada conducta; en vez de tener que abstenerse de alterar la situación que queda sometida a no innovación, estamos frente a un tipo de «injuction» anglosajón (16).

Autorizan su aplicación los arts. 15 y 17 de la Ley 16.986 y el art. 230 y cctes. del CCivCom.

El art. 17 de la Ley 2903 de la provincia de Corrientes contempla lo siguiente: «Al interponerse la acción de amparo, el tribunal -a pedido de parte y si lo creyera imprescindible- podrá dictar una medida de no innovar en relación con el acto atacado. Contra la denegatoria de una medida peticionada en tal sentido, no hay recurso alguno».

XI. RESPONSABILIDAD AMBIENTAL

Para la LGA, quien cause un daño ambiental de incidencia colectiva, por actos jurídicos lícitos o ilícitos, por acción u omisiones, es «objetivamente responsable de su restablecimiento al estado anterior a su producción». Si ello no es técnicamente factible, «la indemnización sustitutiva que determine la justicia ordinaria interviniente, deberá depositarse en el Fondo de Compensación Ambiental» que crea la misma ley (art. 28) (17).

La exención de responsabilidad, según el art.29 de la LGA, solo se producirá acreditando que los daños se produjeron por culpa exclusiva de la víctima o de un tercero por quien no debe responder.

Y según el art. 31 de la LGA, si el daño fuera producido por personas jurídicas, la responsabilidad se hará extensiva a sus autoridades, en la medida de su participación.

En el tema, tratamos el deber del Estado, que es no sólo el de la defensa de daños, sino también y primordialmente, la preventiva, la de constituir y fundamentar decisiones positivas de cualquier rango y forma que impidan perturbaciones o lesión de los derechos fundamentales de los particulares (18).

En el caso «Mendoza» (19), la Corte Suprema de Justicia de la Nación dijo que «se encuentran en juego el poder de policía de salubridad o medio ambiente, al que resultan aplicables idénticas conclusiones que las expuestas por este tribunal en materia de responsabilidad por el ejercicio del poder de policía de seguridad».

Por lo tanto, debe tenerse en cuenta que el principio «pro homine» del derecho internacional de derechos humanos debe primar antes que cualquier ley que limite a la tutela judicial de un medio ambiente sano, incluso si se trata de la Ley 26.944 de Responsabilidad del Estado.

XII. PROBLEMÁTICA ACTUAL

Es un común justificante de los jueces para no dar lugar a la acción de amparo, aludir a algún pretexto como sentenciar que el caso requiere de una producción de mayor debate y prueba, si bien tiene aval en el art. 43 de la CN, leyes provinciales, como el art. 1 de la Ley 2903 de amparo de la provincia de Corrientes y constituciones provinciales, tal el art.67 de la Constitución de la provincia de Corrientes, tiene que tenerse en cuenta que, para no caer en vacío el fundamento sentencial, solamente es exigible cuando se requiere otra vía para una mayor investigación cuando la arbitrariedad y la ilegalidad no es manifiesta, así lo señaló la Corte Suprema de Justicia de la Nación: «. limitada la procedencia de la acción de amparo a que el acto impugnado sea manifiestamente ilegal y arbitrario, conforme lo dispone el art. 1 de la Ley 16.986, resultan excluidas de su ámbito las cuestiones opinables que requieren debate y prueba» (20).

Respecto de ello, debe tenerse primordialmente en cuenta que la CSJN ratificando la obligatoriedad del cumplimiento de las recomendaciones de la Comisión de Derechos Humanos y de los fallos de la CIDH dijo lo siguiente: «El reconocimiento de status constitucional del derecho al goce de un ambiente sano, así como la expresa y típica previsión atinente a la obligación de recomponer el daño ambiental no configuran una mera expresión de buenos y deseables propósitos para las generaciones del porvenir, supeditados en su eficacia a una potestad discrecional de los poderes públicos, federales o propios de las provincias, sino la precisa y positiva decisión del constituyente de 1994 de poder enumerar y jerarquizar con rango supremo a un derecho preexistente, que frente a la supremacía que establece el art. 31 de la CN y las competencias regladas en el art. 116 de esta Ley Fundamental para la jurisdicción federal, sostienen la intervención de este fuero de naturaleza excepcional para los asuntos en que la afectación se extienda más allá de uno de los estados federados y se persiga la tutela que prevé la Carta Magna» (21).

El art. 32 de la Ley General de Medio Ambiente establece lo siguiente: «El acceso a la jurisdicción por cuestiones ambientales no admitirá restricciones de ningún tipo o especie.El juez interviniente podrá disponer todas las medidas necesarias para ordenar, conducir o probar los hechos dañosos en el proceso, a fin de proteger efectivamente el interés general».

Es aquí un tema central el principio precautorio consagrado en la Ley General del Ambiente 25.675 (art. 4) definido por el principio 15 de la Convención de Río de 1992, al decir que cuando haya peligro de daño grave o irreversible, la ausencia de información o certeza científica no deberá utilizarse como razón para postergar la adopción de medidas eficaces, en función de los costos, para impedir la degradación del medio ambiente (22).

En el nuevo marco procesal, es papel irrenunciable del juez el que hace a su participación activa, con miras a la prevención del daño ambiental, donde debe buscarse «prevenir más que curar» (23).

No es suficiente aplicar la fría letra de la ley a través de una mera operación de subsunción jurídica, sino que ahora se requiere una ponderación mucho más acabada, a la luz de la Ley Fundamental y de los tratados internacionales (24).

No obstante, a veces, la solución definitiva y eficaz de los problemas relacionados con la protección del medio ambiente solo puede otorgarse con base en una profusa actividad probatoria y, entonces, ya no el amparo ni la medida autosatisfactiva, sino el proceso ordinario por recomposición ambiental podrá ser el continente adecuado para tramitar ese tipo de peticiones (25).

XIII. JURISPRUDENCIA DEL SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA PROVINCIA DE CORRIENTES

En materia ambiental a nivel nacional, los «leading cases» son Mendoza (26), Kattan (27) y Schröeder (28), entre otros fallos relevantes.

A nivel provincial sobre amparo ambiental, tema del presente trabajo, tenemos, además de otros, los siguientes casos:

En el Expediente N.º ED4 – 2575/5 caratulado así: «Cosimi María del Carmen c/ Dirección Provincial de Energía de Corrientes s/ Acción de Amparo Ambiental» (29) nuestro Superior Tribunal de Justicia de Corrientes, el 13/9/2013, sentencia lo siguiente:«… la circunstancia de que no se hayan producido daños resulta óbice para esta solución, pues en materia ambiental, precisamente los principios rectores son la “prevención” y “precaución”».

Además: «Solo cabe efectuar una precisión respecto de los transformadores que deberán ser reubicados, puesto que de acuerdo al informe pericial técnico producido en autos los transformadores que representan un potencial riesgo por su ubicación son los transformadores 3 y 4, es decir los ubicados en Rivadavia y Vélez Sarsfield (SET 348) y Belgrano y Perú (SET N.º 138) respectivamente, y no el de calle Rivadavia y Roca (SET N.º 110), como lo dispone la parte resolutiva de la sentencia impugnada».

En la causa caratulada así: «Zini María Catalina y otras c/ Municipalidad de Santa Lucía Ctes. y/o quien resulte responsable s/ Amparo» (30), Expediente GXP – 2397/8, el 14/3/2013, nuestro Máximo Tribunal Provincial dispone rechazar el recurso de apelación deducido por el Municipio contra la sentencia pronunciada por el Sr. Juez Civil y Comercial 3 de la ciudad de Goya que al hacer lugar a la acción de amparo ordenó el cese definitivo de las tareas que se venían efectuando en cumplimiento de la Res. 1026/08 del Departamento Ejecutivo Municipal de la ciudad de Santa Lucía y de la Ordenanza 11/08 del Honorable Concejo Deliberante, en el terreno comprendido en la zona declarada de interés Municipal y Reserva Ecológica, creada mediante la Ord. 5/95 del Concejo Deliberante de Santa Lucía, por contrariar los der echos garantizados en el art. 41 de la CN y en el art. 49 de la Constitución Provincial.

En el Expediente ED4 – 2988/6, caratulado así: «Cirignoli, Sebastián c/ Sánchez María Valentina; Sánchez Carlos César y Sánchez María Antonia y / o Q. R. R. P. del inmueble y/o Instituto Correntino del Agua y el Ambiente (ICAA) s/ amparo» (31), el STJ ordena lo siguiente:Rechazar el recurso de apelación interpuesto contra la Sentencia 9, de fecha 14/6/2009, dictada por la Sala IV de la Excma. Cámara en lo Civil y Comercial de esta ciudad a fs. 308-312, que rechazó la acción de amparo deducida.

El STJ para así sentenciar, dice lo siguiente: «. la sentencia al haber receptado la acción de amparo contra el Estado provincial y contra el Instituto Correntino del Agua y el Ambiente, hace cosa juzgada respecto de lo resuelto en ese sentido y expande sus efectos para los terceros que no han intervenido en esa causa.

Ello es así, toda vez que las medidas allí ordenadas, consistentes en la realización de un Proceso de Evaluación de Impacto Ambiental estratégico y acumulativo de todas las plantaciones de arroz existentes en la Reserva del Iberá, favorece no solo a la parte actora, sino a terceros que no han participado en la causa y obliga a todas los emprendimientos arroceros de la zona a someterse a los Estudios de Impacto Ambiental estratégicos y acumulativos ordenados, suspendiendo en algunos casos toda actividad, y dejando en otros, sujeto a las resultas de los trámites administrativos correspondientes».

XIV. CONSIDERACIONES FINALES

La reglamentación de la garantía procesal del amparo a nivel nacional 16.986 y en el orden local 2903 restringen en varios aspectos -como vimos más arriba- respecto del plazo de interposición, agotamiento de la vía administrativa como requisito previo, etc., al acceso a la tutela judicial efectiva, principio de rango constitucional y supralegal.

Es misión de los legisladores nacionales y los de nuestra provincia de Corrientes modificar estas leyes con los principios que derivan de la Ley General del Ambiente Ley 25.675, de la doctrina y de la jurisprudencia más actualizada que llama a la proactividad del Poder Judicial, hacia la protección efectiva de estos intereses superiores de los individuos y de la comunidad, y en donde se encuentra en juego indudablemente el orden público.Pero como la preservación del medio ambiente es un mandato constitucional que deben cumplir no solamente las autoridades, sino también los ciudadanos, se propone que estos últimos se interesen a presentar proyectos de leyes en defensa del medio ambiente, es decir a la salud, calidad de vida y dignidad de la población.

La labor preventiva y activa del Poder Judicial comprende que el Juez o Tribunal cumpla con lo siguiente: 1. Debe buscar en cada caso la interpretación más favorable al ejercicio de la acción evitando su rechazo “in limine” para no obstruir ni entorpecer el derecho a la tutela judicial efectiva. 2. Asimismo la impulsión de oficio, como de disponer medidas de urgencia precautorias sin petición de parte inclusive, en cualquier estado del proceso y aun sin audiencia de la parte contraria (párr. 3.° del art. 32 de la Ley General del Ambiente 25.675). 3. Usar la sana crítica hacia la verdad real pudiendo, como lo dice nuestra Ley General del Ambiente 25.675 en el párr. 2.° de su art. 32, extender su fallo a cuestiones no sometidas expresamente a su consideración por las partes. 4. Y también no utilizar la ausencia de información o certeza científica como razón para postergar la adopción de medidas eficaces, en función de los costos, para impedir así la degradación del medio ambiente cuando haya peligro de daño grave o irreversible (art. 4 definido por el principio 15 de la Convención de Río de 1992).

El correcto funcionamiento de la Justicia se logra a través de la independencia de los jueces y de su especialización constante en disciplinas complejas, como la ambiental, y es la garantía fundamental que los ciudadanos necesitan para el resguardo de sus derechos y para lograr su plena confianza en nuestro Poder Judicial y por ende, en nuestro Estado Constitucional de Derecho.

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(1) Cfr. DÍAZ SOKIME, Omar L.: Juicio de Amparo, Colección Procesos Civiles, vol. 13. Buenos Aires, Hammurabi, 2003, p. 47.

(2) Cfr.GOZAÍNI, Osvaldo A.: Presupuestos del proceso de amparo, en Revista de Derecho procesal, t. 4-I. Santa Fe, Rubinzal Culzoni, 2000, p. 62.

(3) Cfr. GOZAÍNI: op cit., p. 65.

(4) ZARINI, Helio J.: Constitución Argentina. Comentada y concordada. Buenos Aires, Astrea, 1996, p. 187.

(5) BALBÍN, Carlos F.: Curso de Derecho Administrativo, Buenos Aires, La Ley, 2008, t. 2. Allí invoca la obra siguiente. SACRISTÁN, Estela: La motivación como requisito esencial del acto administrativo, p. 43. S. d.

(6) DROMI, Roberto: Derecho Administrativo, 10.a ed., Buenos Aires – Madrid, Ciudad Argentina, 2004, p. 68.

(7) DROMI, Roberto, y MENEM, Eduardo: La Constitución reformada; comentada, interpretada y concordada. Buenos Aires, Ciudad Argentina, 1994, p. 143.

(8) STJ de Corrientes, 6/10/2011, Sentencia 198, Expte. ED4 2988/6 «Cirignoli, Sebastián c/ Sánchez María Valentina»; «Sánchez Carlos César y Sánchez María Antonia y / o Q. R. R. P. del inmueble y / o Instituto Correntino del Agua y el Ambiente (ICAA) s/ amparo», disponible en http://www.juscorrientes.gov.ar/wp-content/infojuris/docs/3904.pdf.

(9) Conf. HERRÁN, Maite: Los procesos colectivos a la luz del principio «In dubio pro action», en Revista de Derecho Procesal 2012. Número Extraordinario. S. l., Rubinzal Culzoni, 2012, p. 101 y ss.

(10) Cfr. ROJAS, Jorge A.: «La Legitimación y los Sistemas de Acceso al Proceso Colectivo», en Revista de Derecho Procesal 2012, número extraordinario. Santa Fe, RubinzalCulzoni, 2012, p. 133 y ss.

(11) CSJN, fallos 331:1755.

(12) ALTABE de LÉRTORA, Martha H.: La Acción de Amparo en la Constitución Nacional y en los Tratados Internacionales. Resistencia, Contexto, 2011, p. 22.

(13) ALTABE de LÉRTORA, Martha H.: Op. cit., p. 43.

(14) BALBÍN, Carlos F.: op. cit. pp. 850 y 851.

(15) BALBÍN, Carlos F.: op. cit. p. 852.

(16) Cfr. CAMPOS, Germán, y HERRENDORF: «La Corte de Santa Fe en un caso de jurisdicción constitucional con medida cautelar innovativa», en ED, pp. 136-690.

(17) DROMI, Roberto: op. cit., p.70.

(18) CAFFERATTA, Néstor A., invocando a HUTCHISON, Tomás: «La responsabilidad por omisión en cuestiones ambientales», en Daño ambiental, Universidad de Externado de Colombia, 2007, t. I, p. 49, «Responsabilidad del Estado por omisión ilegítima ambiental», en Revista de Derecho de Daños, p. 224.

(19) MENDOZA Beatriz S. y otros: CSJN Fallos 326:2316.

(20) CSJN, ED, 117-571; reiterada en Fallos 308:1726, citados en DÍAZ, Silvia A.: Acción de Amparo, Buenos Aires, La Ley, 2001, p. 111, al aludir a la exigencia del art. 2, inc. d, de la Ley de AMPARO NACIONAL.

(21) CSJN, Fallo del 20/6/2006; originario; MENDOZA, Beatriz S. y otros c/ Estado Nacional y otros s/ daños y perjuicios (daños derivados de la contaminación ambiental de la cuenca de los ríos Matanza-Riachuelo; M. 1569, XL).

(22) Cfr. RODRÍGUEZ, Carlos: Derecho ambiental argentino. Moglia, Corrientes, 2005, pp. 44 y 45.

(23) S. C. B.: A 19/5/98, «Almada Hugo v. Copetro S. A. y otro»; «Irazú, Margarita v. Copetro S. A. y otro», en LLBA, 1998-94.

(24) ROJAS, Jorge A.: La Prueba, 1.a ed. revisada. Santa Fe, Rubinzal-Culzoni, 2016, p. 606.

(25) ESAÍN José A.: Derecho Ambiental. Su actualidad de cara al tercer milenio, obra en colaboración coordinada por Eduardo Pablo Jiménez. Buenos Aires, Ediar, 2004, p. 210.

(26) CSJN, Fallo del 20/6/2006; Originario; Mendoza, Beatriz Silvia y otros c/ Estado Nacional y otros s/ daños y perjuicios (daños derivados de la contaminación ambiental de la cuenca ríos Matanza-Riachuelo; M.1569.XL).

(27) JNFed.Contencioso adm. N.° 2; «Kattan, Alberto E.y otro c/ Gobierno Nacional – Poder Ejecutivo 10/5/1983». Causa en la que se persigue la prohibición de cazar o pescar toninas overas en nuestro mar «hasta tanto existan estudios acabados acerca del impacto ambiental y faunístico que dicha caza pueda provocar». La acción fue motivada por dos autorizaciones dadas por el Poder Ejecutivo, para pescar (o cazar) 14 toninas overas, a una empresa extranjera que llevara especímenes de toninas overas de nuestro mar Argentino, para acuarios de su país, «Sunshine International Aquarium» y «MatsushimaAquarium».

(28) CNFed: Contencioso administrativo, Sala III, 8/9/1994. – «Schroder, Juan c. Estado Nacional – Secretaría de Recursos Naturales», 2.ª Instancia. Buenos Aires, 8/9/1994.

(29) STJ Corrientes, Sentencia 228, 13/9/2013, ED4 2575/5, «Cosimi María del Carmen c/ Dirección Provincial de Energía de Corrientes s/ Acción de Amparo Ambiental, disponible en http://www.juscorrientes.gov.ar/wp-content/infojuris/docs/4848.pdf.

(30) STJ de Corrientes, Sentencia 58 14/3/2013, «Zini María Catalina y Otras c/ Municipalidad de Santa Lucía Ctes. y/o quien resulte responsable s/ Amparo», Expte GXP 2397/8, disponible en http://www.juscorrientes.gov.ar/wp-content/infojuris/docs/4624.pdf.

(31) STJ Corrientes, 9/6/2009, Sentencia 198, N.º ED4 – 2988/6, «Cirignoli, Sebastián c/ Sánchez María Valentina; Sánchez Carlos César y Sánchez María Antonia y / o Q. R. R. P. del Inmueble y / o Instituto Correntino del Agua y el Ambiente (ICAA) s/ Amparo», disponible en http://www.juscorrientes.gov.ar/wp-content/infojuris/docs/3904.pdf.

(*) Procuradora y abogada, Universidad Nacional de Lomas de Zamora, extensión Goya, provincia de Corrientes. Diplomada en Dirección del Servicio Nacional de Facilitadores Judiciales de la Organización de los Estados Americanos (OEA). Lugar: Universidad de la Cuenca del Plata, Goya, provincia de Corrientes. Posgrado de especialización en Derecho Administrativo, Facultad de Derecho y Ciencias Sociales y Políticas de la UNNE. Carrera de especialización en Teoría y Técnica del Proceso Judicial, Colegio de Abogados, Goya, provincia de Corrientes (en curso).