Pena de muerte. Segunda parte

Autor: Gómez Haiss, Dante D.

Fecha: 23-ago-2017

Cita: MJ-DOC-11971-AR | MJD11971
Sumario:

I. La pena de muerte en países americanos. II. La cuestión de la pena de muerte en los niveles religiosos, sociales y culturales. III. Bibliografía.

Doctrina:

Por Dante D. Gómez Haiss (*)

I. LA PENA DE MUERTE EN PAÍSES AMERICANOS

1. Breve repaso por la evolución de la pena de muerte del hermano país de Perú

En el antiguo Perú, aquel de la época preincaica y la incaica, se establecieron ciertas reglas consuetudinarias, ligadas a una costumbre profundamente enraizada en la llamada «época precolombina». Se trataba de normas férreas ligadas a la idea de lo religioso y lo moral, que conjugaban en un solo cuerpo, lo que podríamos llamar «normas civiles y penales», donde las penas eran realmente crueles y empleadas para castigar casi a todos los hechos ilícitos o delitos. El inca -considerado un «dios»- fue soberano, su persona sagrada y su poder absoluto.

El gran imperio inca ha logrado, por mucho tiempo, imponerse sobre otras aldeas y tribus de la época en aquella región del alto Perú; su hegemonía y reinado ha logrado traspasar fronteras llegando incluso a la dominación de lo que hoy es Bolivia y parte norte de la Argentina. Todo este imperio y sus enormes riquezas perduraron hasta el siglo XVI al ser invadidos saqueados y aniquilados por la colonia española.

Las leyes incas debían cumplirse de manera inexorable, sostenía Garcilaso de la Vega en sus «Comentarios Reales», cuando decía así: «. las leyes de los Incas estaban hechas, no simplemente para asombrar a los súbditos, sino para ser observadas punto por punto» (GARCILASO de la VEGA, Inca: Comentarios reales de los incas. Buenos Aires, Emecé, 1943, p. 1609). De manera que el imperio inca ejecutaba de manera despiadada e inhumana las penas impuestas a sus súbditos; es que el sistema penal inca se caracterizó justamente por su crueldad.

El delito era considerado como un acto lesivo para la propia persona y fundamentalmente un acto que iba en contra del mandato o el mandamiento inca. Así pues, el castigo alcanzaba no solo a la persona castigada o condenada, sino que se generalizaba a toda su familia e incluso a sus ancestros ya muertos.Las penas no solo eran injustas y crueles, sino que también resultaban desiguales, según la clase social a la que pertenecía el delincuente o insurrecto o víctima. Así pues, si un miembro de la nobleza era condenado, la pena se ejecutaba «degollándolo» muchas veces en la plaza pública. En cambio el descuartizamiento fue reservado para los plebeyos o gente común.

Si el acto delictual era leve, pero si a la persona se la encontraba «reincidente», la condena era la muerte. Aquellos osados que atentaban contra la vida de un inca eran despedazados, sus partes eran quemadas y a todos los miembros de su linaje se los asesinaba.

En el imperio inca, había pocas oportunidades para pedir clemencia; pues la finalidad de la pena era «la intimidación»; y por ello las penas eran enormemente crueles.

Situándonos en la época colonial existían dos tipos de penas: 1. la horca para los delincuentes comunes y 2. el degollamiento para los caballeros. Luego sobrevino «el agarrotamiento», como una pena intermedia y, después, la utilización del método de «la picota».

Un ejemplo patente de la pena de muerte inhumana y cruel lo constituye sin dudas el famoso suplicio de Túpac Amaru, este indio rebelde peruano se traba de José Gabriel Condorcanqui, vivió entre los años de 1740 o 1742 y de 1782, reinando Carlos III. Así decía la sentencia:«Que sea sacado de la cárcel donde se halla preso, arrastrado de la cola de una bestia de albarda, llevando soga de esparto al pescuezo, atados pies y manos, con voz de pregonero que manifieste su delito, siendo conducido de esta forma por las calles públicas, acostumbradas al lugar del suplicio, en el que, junto a la horca, estará dispuesta una hoguera con sus grandes tenazas, para que allí, a la vista del público, sea atenazado, y después colgado por el pescuezo y ahorcado, hasta que muera naturalmente, sin que de allí le quite persona alguna sin nuestra licencia, bajo la misma pena, siendo después descuartizado su cuerpo, su cabeza llevada al pueblo de Tungasuca, un brazo a Lauramarca, el otro al pueblo de Carabaya, una pierna a Pancartambo, otra a Calca, y el resto del cuerpo puesto en una picota en el camino de Caja del Agua de esta ciudad», ref. el libro de Boleslao Lewin: «Tupac Amaru, el Rebelde», Buenos Aires, 1943.

La mujer de Tupac Amaru, Marcela Castro, fue asimismo, ahorcada, descuartizada. Se ordenó que su cabeza se colocara en una picota. Similares penas tuvieron sus más fieles seguidores.

Durante la llegada del tiempo histórico, en que se conformó la república peruana aproximadamente 1820-1821 en adelante. Las tres primeras constituciones del país -esto es, la de 1823; 1826 y 1828- contenían normativas expresas referidas a la aplicación de la pena de muerte «solo para casos en que exclusivamente la merezcan». Esto permitía la aplicación discrecional y, por lo tanto, el abuso de las autoridades competentes.Luego, hubo intentos de abolición de la pena capital, por ejemplo, en 1856, pero ello duró apenas cuatro años, ya que en 1860 se reestableció la pena de muerte para delitos calificados y traición a la patria.

Desde 1868 a 1979, no pudo abolirse la pena capital en el hermano país de Perú. Por supuesto que la pena de muerte se encontraba establecida también en el Código Militar Peruano; fijándose el método del fusilamiento para caso de espionaje y traición a la patria.

Perú había aceptado la competencia de la CIDH. El 22 de noviembre de 1969, este país firmó la Convención Americana sobre los Derechos Humanos «Pacto de San José de Costa Rica». Además, a ello debe sumarse lo dispuesto en la propia constitución del Perú, que sienta el principio de «la dignidad humana» como fin supremo del Estado y la sociedad (art. 1, Constitución política del Perú).

Se entiende que la pena no puede ser aplicada como «venganza» de parte del Estado, esto es el reo no puede ser visto o utilizado como objeto de la política criminal del Estado negándole su calidad de persona humana, incurriendo en un acto tan repugnable como la cometida por el supuesto delincuente, o incluso más repugnable que esta.

Hoy en día, el régimen penitenciario tiene como finalidad la reeducación, rehabilitación, reinserción social del individuo, es decir, un fin de «prevención especial» de la pena; dentro de un proceso de humanización y de racionalidad de la aplicación de las penas y de los principios rectores que rigen el sistema penal actual.

El art.140 de la Constitución Política del Perú establece «la pena de muerte solo puede aplicarse por el delito de traición a la patria, en caso de guerra y el de terrorismo; conforme a las leyes y a los tratados de los que el Perú es parte obligada». Constituyendo cualquier ley o reglamento por el que se quiera ampliar a otros casos la aplicación de la pena capital un aberrante desconocimiento de las normas constitucionales, resultaría contrario al sistema resocializador de la pena, contraria a la dignidad humana e implicaría responsabilidad internacional del Estado peruano; ello en función de los dispuesto en el art. 4, párr. 2.°, y párr. 3.°, el que taxativamente contempla lo siguiente: «. en los países en que no ha abolido la pena de muerte, esta solo podrá imponerse por los delitos más graves, en cumplimiento de sentencia ejecutoriada de tribunal competente y de conformidad con una ley que establezca tal pena, dictada con anterioridad a la comisión de un delito. Tampoco se extenderá su aplicación a los delitos a los cuales no se aplique actualmente»; «no se reestablecerá la pena de muerte en los estados que la han abolido».

No obstante, con la inclusión o ampliación de la pena de muerte para casos de terrorismo, resulta claro que se ha disvalorado la norma de rango internacional -Pacto de San José- que el país hermano se encontraba obligada a respetar. Es que resulta también una verdadera e inusual contradicción y que no es posible siquiera la aplicación práctica de la norma en cuestión, pues en orden a lo establecido en el inc. 2 del art. 4 de la Convención Americana y del mismo art. 140 al sujetar su efectividad «acorde los tratados de los que el Perú es parte obligada»; de allí, el grueso error.Excepto que Perú «denuncie» la convención por los procedimientos formales y con ello, se aparte del sistema interamericano de derechos humanos; cuestión que por el momento se torna casi imposible, dado que la norma de rango internacional ostenta jerarquía superior a las leyes internas; a más de que cualquier modificación por leyes de menor jerarquía que contraríe las obligaciones internacionales del Perú al ratificar el pacto de San José de Costa Rica, implicaría una flagrante violación a dicha normativa internacional y, por lo tanto, devendría: inconstitucional.

2. Sintética alusión a la pena de muerte en México

Debemos situarnos a los efectos de hacer una sucinta aproximación acerca de la historia de la pena de muerte en la época precolombina o prehispánica, donde dominaban los aztecas; como resulta lógico, estas culturas imponían la pena de muerte.

Entre las diversas tribus que conformaban la gran población autóctona de la región del antiguo México, se aplicaba la pena de muerte para casos de adulterio, homicidio, robo entre otros delitos comunes y aberrantes.

Los métodos de ejecución eran el ahorcamiento, la decapitación, el degüello y la lapidación. En cambio no puede decirse a ciencia cierta acerca de si los mayas han aplicado la pena capital, puesto que no existen evidencias comprobables de que ello haya acontecido. Se cree que en el imperio maya la pena máxima era la de esclavitud, que generalmente se aplicaba a los ladrones, personas que no devolvían las cosas robadas o hurtadas

El Estado gozaba de plena facultad para decidir sobre la vida o la muerte de las personas. Se trataba de un auténtico acto de autoritarismo haciendo diferencia de clases sociales, dejando a los vagabundos o gentes comunes a la deriva de la ley, sin derechos y sin dignidad alguna.Es que en realidad, en aquella época, la muerte desde el punto de vista religioso, no tenía el carácter de un «delito»; sino un tanto «divino»; así vale recordar, que el pueblo azteca en un solo día habría sacrificado a veinticinco mil personas en las llamadas «guerras floridas», todo ello en honor a sus dioses (este dato fue citado por Gary Gennings en la novela «Azteca». España, RBA Editores, 1999).

En tiempos de la «Inquisición», se aplicaba la muerte como una pena de ejecución común; también existieron los castigos físicos o torturas.

El primer Código Penal de México se estableció en el año 1835 (en el estado de Veracruz); en él, se establecía la pena de muerte en lugares públicos; «el condenado sería pasado por armas o le será dado garrote».

Luego también, en 1871; se estableció el Código penal federal conocido también como «Código Juárez», que incorporaba la sanción máxima con lo cual, al ser ejecutada, debía sin más reducirse a la simple privación de la vida, que no debían agravarse los padecimientos del reo; sin embargo, se restringía su aplicación o mejor se prohibía su ejecución a las mujeres y personas ancianas. Hasta que, en 1929, se abolió la pena capital en el ámbito federal. En el mismo sentido, se expidió la legislación contenida en el Código Penal de 1931.

La constitución política de los Estados Unidos de México del año 1917, contemplaba en su anterior o antiguo art. 22 lo siguiente:«Queda también prohibida la pena de muerte por delitos políticos, y en cuanto a los demás, solo podrá imponerse al traidor a la Patria en guerra extranjera, al parricida, al homicida con alevosía, premeditación y ventaja, al incendiario, al plagiario, al salteador de caminos, al pirata y a los reos de delitos graves del orden militar».

Hoy por hoy en el estado mexicano, ya no existe la pena capital, desde que, a través de la reforma constitucional al art. 22 en fecha 9 de diciembre del año 2005, proyecto propuesto por el presidente Fox Quezada y, además, fue confirmada por la última reforma del presidente Felipe Calderón Inojosa el 18 de junio de 2008.

El art. 22 de la Constitución política de México sostiene lo siguiente: «Quedan prohibidas las penas de muerte, de mutilación, de infamia, la marca, los azotes, los palos, el tormento de cualquier especie, la multa excesiva, la confiscación de bienes y cualesquiera otras penas inusitadas y trascendentales. Toda pena deberá ser proporcional al delito que sancione y al bien jurídico afectado».

El «Segundo Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos» fue adoptado por la Asamblea General de las Naciones Unidas en la ciudad de Nueva York, el 15 de diciembre de 1989, y fue ratificado por México el 15 de septiembre de 2007. Dicho instrumento establece la abolición total de la pena de muerte en el art. 1 cuando dispuso lo siguiente:

Art. 1.1: «No se ejecutará a ninguna persona sometida a la jurisdicción de un Estado Parte en el presente Protocolo».

Art. 1.2: «Cada uno de los Estados Partes adoptará todas las medidas necesarias para abolir la pena de muerte en su jurisdicción».

Este instrumento de carácter internacional posibilita a los Estados Partes, mantener la pena de muerte en tiempos de guerra, ello si efectúan una reserva a tal efecto en el momento de ratificar el Protocolo o al adherirse a él.

Art. 21:«No se admitirá ninguna reserva al presente Protocolo, con excepción de una reserva formulada en el momento de la ratificación o la adhesión en la que se prevea la aplicación de la pena de muerte en tiempo de guerra como consecuencia de una condena por un delito sumamente grave de carácter militar cometido en tiempo de guerra». México tiene así asumido por su propia voluntad e iniciática de adhesión al Protocolo y al Pacto una obligación a llevar a cabo los compromisos asumidos que resultan de esa vinculación; es decir, desde el 26 de septiembre de 2007. México también está ligado a la Convención Americana sobre Derechos Humanos desde el 20 de agosto de 2007.

El Estado mexicano se encuentra comprometido ante la comunidad internacional a raíz de ser parte de los instrumentos más importantes de derechos humanos, como lo son la Declaración Universal de Derechos Humanos, el Segundo Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y la Convención Americana sobre Derechos Humanos.

No hay duda de que la pena de muerte en el sistema Interamericano de Derechos Humanos se dirige en forma inexorable de la restricción a la abolición.

3. Sucinta reseña sobre la pena de muerte en el hermano país de Colombia

Durante todo el siglo XIX, y hasta el año 1910 (año en que fue desterrada la pena de muerte en Colombia), todas las constituciones de los Estados Unidos de Colombia o bien sus códigos penales o reglamentarios contenían en sus disposiciones, normativas claras, respecto a la aplicación de condena a muerte de la persona; es decir desconocían el derecho esencial a la vida y a la dignidad humana.

Evidentemente, Colombia ha sido avasallada también por las leyes de India; leyes de partida y demás legislación española la recopilación de las indias; la nueva recopilación de Castilla y las siete partidas; todas estas leyes influían de manera notable en el ejido territorial de la antigua Colombia.Sin embargo, debemos decir que ya en el año 1849, se había -de algún modo- restringido, la aplicación de la pena capital, al ser prohibida su ejecución a penas por delitos políticos como los de sedición; traición, o conspiración, aunque se continuaba aplicando para los delitos considerados «comunes» tales como por ejemplo el parricidio; el homicidio simple o asesinato, piratería, envenenamiento, etc. (Para estas clases de delitos, se aboliría recién en el año 1863). Ello sucedió puesto que, ya desde el año 1837, se fue perfilando de a poco, un acopio de material intelectual y adquisición de doctrinas europea más exactamente de Francia, con sus nuevos enfoques sobre la aplicación de la ley penal, en realidad, fueron fuentes de inspiración el Código francés de 1810 y el Código español de 1822.

De manera que ya era una realidad por aquella época, la clara influencia penal y abolicionista europea en la legislación interna de Colombia. Sin embargo, tranquilamente se podría sostener que en Colombia, durante el siglo XIX, la persona era tratada como «una cosa»; pues el ser humano que delinquía no tenía derecho a nada; ni a sus tierras ni a sus propiedades; es decir, a ningún bien que le perteneciera; se disponía así de su cuerpo y, por lo tanto, de su vida. La dignidad del ser humano simplemente no existía.

No solo se aplicó la pena capital, sino también el presidio, los trabajos forzados, la reclusión; todas estas formas de implementación de las diversas penas fueron sacadas de las leyes españolas.Los reos generalmente tenían sus pies enlazados por cadenas de hierro, lo que restringía su paso y su andar, unidos de dos en dos, en la extremidad de cada cadena se fijaba un peso bastante considerable, que hacía imposible cualquier escapatoria o intento de fuga, generalmente se trataba de una esfera cilíndrica de hierro.

Los presos eran utilizados de manera arbitraria para realizar trabajos en obras públicas, pero también en domicilios particulares de los funcionarios durante un horario que superaba las ocho horas diarias.

En la actualidad, la pena de muerte no existe en Colombia, puesto que, según su Constitución política, que data del año 1991, art. 11, «el derecho a la vida es inviolable. No habrá pena de muerte».

No obstante, no se puede desconocer que en Colombia, desde hace ya varios años, se vive una situación de «guerrillas» y de actividad clandestina «paramilitar», que han arrojado cientos de víctimas producto de atracos; secuestros seguidos de muerte, sumado a ellos delitos más comunes, como el robo, el hurto o el asesinato.

La seguridad personal de los ciudadanos en Colombia se torna cada día más agravada creando así una situación política casi desesperante, que ha llevado inclusive a que ciertos sectores políticos hayan propuesto por la restauración de la pena de muerte en aquel país donde lamentablemente, tienen encarnada la espina del tráfico de drogas; la corrupción policial y judicial, ello sumado a la desigualdad social.

Todo ello conspira contra un estado que lejos está de la equidad y de la justicia. La gente no tiene confianza en el sistema judicial y así muchos claman por la imposición de condenas más fuertes y hasta inclusive la aplicación de la pena de muerte; ello pese a la gran influencia de la religión católica en la región.

4. Somera alusión a la pena de muerte en Cuba

En Cuba existe la pena de muerte. Actualmente la ley pertinente se encuentra «suspendida», pero no abolida.Generalmente se aplica a personas que emigran rumbo al país del norte (Estados Unidos) en búsqueda de «libertad», asesinato, y delitos de piratería, terrorismo y aquellos que atenten contra la seguridad del Estado, conspiración. El método de ejecución de la pena capital es el fusilamiento.

Recordemos que, en Cuba, impera un régimen comunista. No hay un poder Judicial que pueda ser catalogado como «independiente»; por lo tanto, tampoco puede hablarse de un verdadero estado de derecho, mucho menos de un «estado de justicia»; más bien, siempre ha imperado un «estado de venganza» y de miedo social; un verdadero terror mediante el uso de la condena a muerte.

La legislación penal de Cuba fija la imputabilidad en la edad de 16 años. Pero la pena de muerte no es aplicada a los menores de veinte años de edad (Capítulo III, «Las Sanciones Principales», de la Sección Primera, «La Sanción de Muerte», en el art. 29.1, de la Ley 62).

La ley penal cubana sanciona con penas privativas de libertad para delitos comunes o delitos simples como las contravenciones; hasta los «delitos posibles» o «en estado de posibilidad», pudiéndose ordenar la internación del sujeto en establecimientos de salud mental o psiquiátricos para su abordaje y tratamiento. Pa ra el caso de delitos que tengan que ver con drogas, se manda a que el sujeto sea internado en un instituto a los efectos de conseguir la desintoxicación. La tenencia de droga simple para consumo personal se castiga con penas que oscilan entre seis meses y dos años de privación de libertad.

Con respecto a la reincidencia, la ley penal cubana establece lo siguiente:

Art. 55.1: «Hay reincidencia cuando al delinquir el culpable ya había sido ejecutoriamente sancionado con anterioridad por otro delito intencional, bien sea este de la misma especie o de especie diferente».

La verdad es que Cuba es el lado opuesto a la normativa legal imperante en la Argentina; pues mientras que en nuestro país no se castiga dos veces por el mismo delito.En Cuba se tiene en cuenta el delito anterior; por más que el sujeto ya haya pagado una condena anterior por delito similar o «de la misma o diferente especie»; con lo cual, la pena actual se verá considerablemente incrementada hasta en un cincuenta por ciento, teniéndose en cuenta para ello la calificación legal de simple reincidencia o de «multi-reincidencia».

Para la ley cubana existe «multirreincidencia» cuando, al delinquir, «el culpable ya había sido ejecutoriamente sancionado con anterioridad por dos o más delitos intencionales, bien sean éstos de la misma especie o de especies diferentes» (de acuerdo con la Sección 8.a; art. 55.1, de la Ley 62); esto es, la reincidencia indefectiblemente afectará el monto de la actual o futura posible condena del procesado.

En la normativa penal cubana, se tiene siempre presente la «peligrosidad social» del individuo; y es tan así que, cuando esa peligrosidad social no existe, no se considera delito. Así el art. 72 de la normativa antes indicada señala concretamente qué se entiende por «estado peligroso».

Art. 72: «Se considera “estado peligroso” la especial proclividad en que se halla una persona para cometer delitos, demostrada por la conducta que observa en contradicción manifiesta con las normas de la moral socialista».

Obsérvese lo que establece el art. 27 de la Ley 62; Título VI; Capítulo 1: «Las Sanciones», respecto de la finalidad de la pena, cuando dice lo siguiente:«La sanción no tiene solo por finalidad la de reprimir por el delito cometido, sino también la de reeducar a los sancionados en los principios de actitud honesta hacia el trabajo, de estricto cumplimiento de las leyes y de respeto a las normas de la convivencia socialista, así como prevenir la comisión de nuevos delitos, tanto por los propios sancionados como por otras personas».

De esta disposición tajante, sobresale el nítido color de la «prevención», así como también el de la reeducación y la finalidad ejemplificadora de la pena, no solo aplicable al reo, sino también como modo de advertencia hacia el resto de los ciudadanos. Ello se ve conjugado con la finalidad represora del Estado. Todo lo cual se encuentra en contradicción con la pena de muerte aplicada por el estado cubano, pues si en realidad la finalidad de la pena consiste en «reeducar en los principios de actitud honesta hacia el trabajo», la pena de muerte echa por tierra cualquiera de estas premisas legales, ya que a un individuo que es penado a la pena máxima se lo ejecuta en cuarenta y ocho horas mediante fusilamiento y no tiene siquiera oportunidad para reeducarse, ni para servir a la sociedad en el futuro; pues directamente se opta por eliminarlo; con lo cual se viola el derecho a la vida y por supuesto a la dignidad humana.

Se puede observar que, aun hoy, en pleno siglo XXI, Cuba tiene en su legislación penal la sanción del «destierro» que consiste en la prohibición de residir en un lugar determinado o la obligación de permanecer en una localidad determinada. Esta sanción no es aplicable a los menores de 18 años de edad.

Otra sanción que, sin dudas, afecta todo tipo de garantía y principios humanos tiene que ver con el desconocimiento y avasallamiento de «la propiedad privada», pues la normativa legal cubana posee «la confiscación de bienes»; este tipo de sanción, consiste en desposeer al sancionado de sus bienes, total o parcialmente, transfiriéndolos a favor del Estado.También existe la figura del «desacato» a la autoridad judicial o policial con sanción de pena de restricción de la libertad ambulatoria de tres meses a un año.

Paradójicamente, existe en el hermano país de Cuba la posibilidad de «Amnistía» e «Indulto»; decisión que solo podrá afectar a la pena principal, pero nunca a las accesorias ni a las responsabilidades civiles que puedan haberse originado del hecho. Así tiene establecido el art. 70.1. de la Ley 62 cuando afirma lo siguiente: «El responsable penalmente lo es también civilmente por los daños y perjuicios causados por el delito. El Tribunal que conoce del delito declara la responsabilidad civil y su extensión aplicando las normas correspondientes de la legislación civil y, además, ejecuta directamente la obligación de restituir la cosa, el reparar el daño moral y adopta las medidas necesarias para que el inmueble sea desocupado y restituido al organismo que corresponda en los casos previstos en los artículos 231, 232 y 333».

Esto es, se le da la posibilidad al juez penal de fijar la «indemnización por daños», con todas sus implicancias; donde se nota la conjugación de competencias y jurisdicciones en una misma autoridad jurisdiccional.

Todas estas cuestiones brevemente expuestas y que surgen de la propia legislación penal de Cuba dan muestra exacta de la influencia de la ideología política imperante en aquel país, que lejos está de ser un verdadero estado de derecho.

Debemos destacar que Cuba ha firmado la Declaración Universal de los Derechos Humanos, así como también el Pacto internacional de Derechos Civiles y Políticos, haciendo la salvedad de que en este último instrumento no ha sido ratificado por el Estado cubano. También es parte de la Convención Internacional sobre la eliminación de todas las formas de Discriminación Racial así como también de la Convención Internacional para la Protección de todas las personas contra las Desapariciones Forzadas.No es firmante de la «Comisión contra la Tortura y otros Tratos Crueles Inhumanos y Degradantes».

Todos estos tratados tienen en sus normativas principios, derechos y garantías en salvaguarda de la dignidad y la vida humana, como bien más preciado del hombre; que no es respetada por el Estado cubano al aplicar la pena capital; es por ello que ante su inobservancia, Cuba ha sido denunciada por los organismos internacionales de derechos humanos (CIDH), así como también por Amnistía Internacional y las posiciones ideológicas contrarias al régimen impuesto por el castrismo cubano, la mano dura, la existencia y permanencia de la pena de muerte, las aberraciones judiciales y policiales cometidas en su territorio, la falta de libertad de expresión, la privación de libertad a ciertos disidentes políticos y su desapariciones, la tortura; los tratos inhumanos y degradantes a las personas encarceladas, todas estas cuestiones van en contra de los tratados internacionales de derechos humanos que Cuba ha firmado.

No obstante con el levantamiento de las restricciones comerciales, empresariales, económicas manifestadas, como el bloqueo a la Isla impuesto por los Estados Unidos ya hace cincuenta años, aflora una mayor posibilidad de intercambio cultural, y con ello, sin lugar a dudas en tiempos mediatos, se irán entretejiendo mayores aperturas y nuevos paradigmas en la doctrina cubana y la costumbre de sus habitantes.

5. Breve narración respecto de la pena de muerte en Guatemala

En el hermano país de Guatemala, la ley penal y aun su Constitución recogen la pena capital para delitos de parricidio, violación seguida de muerte, asesinato premeditado, secuestro extorsivo o desaparición forzada de personas. La pena se implementa mediante la inyección letal.

La ley penal (según el Decr. 17/73, art. 41) establece que son penas principales las siguientes: la pena de muerte, la de prisión, el arresto y la multa.Asimismo, aclara la ley que «la pena de muerte, tiene carácter extraordinario y solo podrá aplicarse en los casos expresamente consignados en la ley y no se ejecutará sino después de agotarse todos los recursos legales. No podrá imponerse la pena de muerte: 1. Por delitos políticos. 2. Cuando la condena se fundamente en presunciones. 3. A mujeres. 4. A varones mayores de 70 años. 5. A personas cuya extradición haya sido concedida bajo esa condición. En estos casos y siempre que la pena de muerte fuere conmutada por la de privación de libertad, se le aplicará prisión en su límite máximo».

De modo que la pena capital se encuentra restringida para casos específicos, no obstante su actual mantención en la legislación penal guatemalteca. Aunque en la actualidad, se cree que existe un vacío legal puesto que la ley penal no establece qué o cuál órgano será el encargado de -por ejemplo- conceder o no la amnistía o perdón del penado, o la conmutación de pena o «el recurso de gracia», cuestión que ha sido motivo de fuertes y ásperos debates en aquel país, más aún al llegar la época de elecciones, momento en que se renuevan las discusiones sobre la pena de muerte al ser Guatemala un país signatario del Pacto de San José de Costa Rica y la suspensión de la aplicación de la pena capital, hasta tanto no se llene aquel vacío legal o su veto o derogación en su caso, en el Congreso de la república, es decir, su abolición.

No obstante la gran violencia que provoca hasta pánicos de inseguridad, hace que la gente se manifieste y reflote permanentemente el tema de la restauración de la pena capital en Guatemala.En este país en los años sesenta, y por mucho tiempo, imperó un clima perturbador de terror de Estado y una sensación de impunidad, a la vez que la vulneración de los derechos más importantes del ser humano.

Se cree que, en Guatemala, existieron aproximadamente 45.000 desaparecidos y más de 150.000 asesi nados por causas políticas. En el año 1996, el Congreso de la República aprobó el Decr. 33/96, por el cual se introdujeron modificaciones al Código Penal de Guatemala, como, por ejemplo, la creación del art. «201 ter», el cual establece una tipificación del crimen de «desaparición forzada». La pena fijada para los culpables de este delito va desde los 25 hasta los 40 años de reclusión, pero se prevé la pena capital, en caso de que se hayan efectuado lesiones graves, gravísimas, trauma psíquico permanente o la muerte de la víctima.

En la actualidad, existe (pese a las numerosas reformas a la ley penal y aun directo direccionamiento hacia la abolición en tiempo mediato), un claro cercenamiento a las disposiciones de la Convención Interamericana sobre Derechos Humanos, al contener su legislación interna la pena de muerte.

La Corte Interamericana (CIDH) ya se había pronunciado sobre la extensión de la pena de muerte a delitos a los cuales no se aplicaba en 1969; por lo tanto, el organismo internacional ha mostrado su descontento con la actitud tomada por Guatemala.

En el año 1997, incluso, se había inaugurado un módulo especial para la utilización de ese espacio a los efectos de llevar a cabo las sucesivas penas capitales por medio de la inyección letal.Así en febrero de 1998, fue ejecutado un hombre Manuel Martínez, dedicado a la actividad campestre, de 33 años, convirtiéndose así en el primer reo en morir por el método de la inyección letal, después de haber sido hallado culpable de matar a siete personas de una misma familia.

Dos años posteriores, existió otra condena a muerte por inyección letal por haber sido hallado culpable del secuestro y asesinato de una mujer de 70 años de edad.

Guatemala ratificó la Convención contra la Tortura el 29 de enero de 1987, la que entró en vigencia el 28 de febrero de 1987; también aceptó la competencia de la CIDH, por lo que el país se halla incurso en una desobediencia y flagrante contradicción con los tratados internacionales de derechos humanos; al menos respecto de los casos de ejecuciones llevadas a cabo con posterioridad a dicha suscripción. Existió un caso en el que la Corte ha tenido oportunidad de aplicar la Convención contra la Tortura y declarar la responsabilidad de Guatemala en razón de la inobservancia y desconocimiento de sus disposiciones, en el caso «Villagrán Morales, contra Guatemala». Recordemos que el art. 5 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos dispone lo siguiente:

Art. 5.1: «Toda persona tiene derecho a que se respete su integridad física, psíquica y moral. Nadie deber ser sometido a torturas ni a penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes».

Art. 5.2: «Toda persona privada de libertad será tratada con el respeto debido a la dignidad inherente al ser humano». También establece lo siguiente: «Las penas privativas de la libertad tendrán como finalidad esencial la reforma y la readaptación social de los condenados».

Además, debemos tener presente que, según la Convención, en el art. 1, se afirma lo siguiente:«. los Estados partes tomarán medidas efectivas para prevenir y sancionar la tortura en el ámbito de su jurisdicción». Esto no solo elimina cualquier intento o posibilidad de aplicación de la pena de muerte en Guatemala pese a la situación fáctica de inseguridad; y de la incapacidad política del gobierno de Guatemala para ofrecer las garantías mínimas de seguridad a sus ciudadanos sumado a la desconfianza en las instituciones más elementales del país; pues para que la condena máxima sea posible primeramente, debería el Estado guatemalteco denunciar la convención y los protocolos asumidos; recordando -a su vez- que Guatemala ha ratificado la competencia de la CIDH; es decir, para que un país pueda acorde a derecho ser demandado por ante la CIDH, hace falta que el mismo haya ratificado la competencia a este organismo; por lo que mal puede desconocer o violar sus resoluciones.

Con respecto a las denuncias, el art. 78 de la Convención Americana establece cuál es el procedimiento de denuncia de ella estipulando lo siguiente:

«1. Los Estados parte podrán denunciar esta Convención (.) mediante “un preaviso de un año”, notificando al Secretario General de la Organización, quien debe informar a las otras partes. 2.Dicha denuncia no tendrá por efecto desligar al Estado parte interesado de las obligaciones contenidas en esta Convención, en lo que concierne a todo hecho que, pudiendo constituir una violación de esas obligaciones, haya sido cumplido por él anteriormente a la fecha en la cual la denuncia produce efecto».

De algún modo, se ha tratado de ilustrar en forma general, la cuestión de la pena máxima en algunos países latinoamericanos; sin dudas, que resulta un bosquejo no abarcativo ni sumamente detallado de toda la historia que envolvieron la evolución del derecho y la legislación interna de estos países respecto de la pena capital; la mayoría considerados emergentes o de tercer mundo.

En cuanto al futuro si el desenvolvimiento de los organismos internacionales en estas regiones se prosigue con los pronunciamientos constantes en contra de la aplicación de la pena de muerte, solo cabe pensar en que no existirá otro camino más que el de la eliminación de la pena máxima en la totalidad de estos países.

II. LA CUESTIÓN DE LA PENA DE MUERTE EN LOS NIVELES RELIGIOSOS, SOCIALES Y CULTURALES

1. Niveles religiosos

Expresiones del papa Francisco en torno a la pena de muerte en el mundo: «Desde antaño, la iglesia ha estado unida insospechadamente al poder del Estado; a tal punto que no me cabe dudas, el Estado tal como hoy lo conocemos, no sería tal, si no fuera patrocinado por la religión. Esta cuestión religiosa ha ejercido ese poder, de una manera arbitraria, contra las personas y hasta algunas veces, llegando inclusive a consumar verdaderos asesinatos en nombre de Dios».

No existe duda alguna del gran poder que siempre ha tenido la religión en el mundo, y ello se ha conjugado con los más diversos sectores del Estado, los diferentes representantes de agrupaciones culturales y sociales; las íntimas conexiones políticas.Resulta indiscutible que la pena de muerte es considerada como un acto extremista de ejercicio del poder del Estado, un Estado que se ha envuelto bajo el manto del poder religioso por cientos de años, buscando legitimar las acciones más aberrantes poniendo por delante el estandarte de la ideología religiosa; las reglas morales religiosas, imposición de normas y castigos; infundiendo el temor con profecías catastróficas. Las mediocres interpretaciones erradas producto de la mentalidad del hombre de entonces, que no son sino fruto de las circunstancias temporales sociales y culturales reinantes en tiempos pasados; cada época tiene así, sus propios vientos de cambio, también sus huracanes.

Ha sostenido el papa Francisco en su discurso en el Congreso de Estados Unidos una regla de oro: «Hagan ustedes con los demás como quieran que los demás hagan con ustedes». Así, el Papa también se ha manifestado plenamente a favor de la defensa de la familia y a tratar el tema del aborto; la responsabilidad en la protección de la vida humana, en todas las etapas de su desarrollo.Asimismo ha sostenido que cada vida humana es sagrada; y haciendo referencia a la pena de muerte, se ha manifestado por su total abolición.

El Santo Padre en el mismo sentido y por medio de una carta a la «Comisión Internacional contra la Pena de Muerte», ha dicho que la pena de muerte resulta inadmisible por cuan grave haya sido el delito del condenado; es una ofensa a la inviolabilidad de la vida y a la dignidad de la persona humana; no hace justicia a las víctimas, sino que fomenta la venganza.

En un Estado de derecho, la pena de muerte representa un fracaso, porque lo obliga a matar en nombre de la justicia; con la aplicación de la pena capital se le niega al condenado la posibilidad de la reparación o enmienda del daño causado; que la angustia previa a la ejecución es una tortura y que, además, lleva a muchas personas a la locura; es más ha sostenido que la condena perpetua es una pena de muerte encubierta; ha solicitado el papa una moratoria universal de todas las ejecuciones en todo el mundo; con el fin de que pueda llegar a abolirse la pena de muerte.

Al igual que numerosos organismo internaciones de derechos humanos, el Sumo Pontífice hace hincapié en que «la pena de muerte resulta ser una pena inhumana cruel e irreversible y hasta algunas veces también son crueles con los familiares de los condenados».

En el mismo sentido Benedicto XVI había dicho con anterioridad que «el desarrollo de la Iglesia está al servicio integral del desarrollo de los seres humanos y de la sociedad en la que viven; la Iglesia debe reafirmar sus principios irrenunciables, la defensa de la vida desde la concepción hasta la muerte natural, la integridad del matrimonio y de la familia.

Así el Papa en su oportunidad exhortó a los Obispos de Filipinas a «continuar sus esfuerzos contra la pena de muerte y a favor de las comunicaciones sociales para poder eficazmente evangelizar a la sociedad; la asistencia a los pobres y la denuncia de la corrupción.Los proyectos políticos deben contrastarse en nombre del Evangelio que de manera velada o explícita legalizan el aborto y la eutanasia. En ese sentido, los obispos tienen el derecho de indicar a los ciudadanos el modo de utilizar el voto para promover el bien común. La sociedad es bien construida y humana cuando promueve el respeto por la vida y la trascendencia de la persona humana».

2. Niveles sociales y culturales

La pena de muerte como «fenómeno social»; ejercida por el poder estatal, trae consigo una gran carga trágica, no solo para el que será ejecutado, sino también para sus familiares y para gran parte de la sociedad. Los efectos que las ejecuciones públicas han tenido sobre la población, sobre la sociedad, han sido diversos y de distintas e innumerables sig nificancia, depende ello de la época y nivel cultural existente.

Las reacciones sociales, actitudes de masas de gente frente a la ejecución; en diferentes épocas se han exteriorizado de las más diversas maneras a través del transcurso del tiempo y la evolución: sea para contemplar las ejecuciones en plazas públicas; esto es, la aglomeración masiva de la población para contemplar «el espectáculo», es decir la gran muchedumbre popular vislumbrando el suplicio de un semejante; y de modo directo participando de las apedreadas en un primer momento, tomando así un rol protagónico en aquel desenlace fatal. Participación social directa mediante el castigo con azotes y también verbal a través de abucheos, los gritos y exclamaciones de quienes pedían la pena de muerte para aquel presunto malhechor.

Pero hay algo en común: siempre en la sociedad, hasta el día de hoy ha estado dividida; respecto de la pena de muerte, siempre se han presentado posiciones encontradas entre quienes estaban a favor de las ejecuciones y aquellos que se posicionaban en contra de su aplicación, motivos religiosos, humanos, morales, sentimentales se han entretejido a la hora de valorar aquellas acciones.La pena de muerte ha sido usada también como camino para la imposición de determinados regímenes gubernamentales o ideologías políticas disciplinando a los súbditos con la propagación del miedo, usando la pena de muerte como castigo y como disuasión. Esto ha originado en no menos oportunidades confusión social y cultural, se trata del uso de la pena de muerte como una mera función «política». A veces, se ha mostrado como elemento complejo en la sociedad que, con el devenir de los tiempos, se ha nutrido de otros valores más humanos y sensibles a la vida, al perdón, al indulto.

Hoy por hoy, la sociedad en su mayoría, así como los diferentes estados han desplazado a la pena capital al terreno de lo inhumano e incivilizado.

En pleno siglo XXI, los diversos actores sociales, por el contrario, se movilizan en demandas que tienen que ver con mayor aceptación y reclamos de derechos humanos fundamentales entre los que -por supuesto- se encuentra el derecho a la vida.

Basta ver tan solo los cambios operados en las distintas formas de castigo a través del tiempo, para darnos cuenta cómo la sociedad ha ido encasillando a la pena capital a sectores minúsculos relegados en la venganza, el ojo por ojo, más bien, la restitución del agravio, la retribución de la pena como castigo, estado asesino, estado de venganza, actitudes abominables.

En ciertas ocasiones, las reacciones y movimientos sociales han incluso hecho cambiar de decisión al rey o a gobernantes sobre el castigo del reo logrando -incluso- el perdón o indulto ante el rechazo social de la condena impuesta, ello como un gesto más político que humano; ante la generación de conflictos sociales anarquistas y, en consecuencia, con ello se logra tranquilizar a la población.

La sociedad así se ha mostrado en diferentes contrastes en lo que podríamos llamar «la socialización política de la pena de muerte» y su impacto en la comunidad.La pena capital fue monopolizada como un elemento de dominación, ejercida por el poder estatal que se erigía fundamental para la estabilidad del poder del Estado. El jurista ilustrado Cesare Beccaria sostuvo en su obra «De los delitos y de las penas», al delimitar la pena capital como «una guerra de la nación contra un ciudadano, porque juzga útil o necesaria la destrucción de su ser».

El Estado tenazmente se ha empeñado en transformar el castigo corporal más extremo en una especie de «ceremonia pública» han hecho de la ejecución humana algo «festivo»; creando incluso un ambiente cargado de detalles simbólicos, a la que asistían personajes más importantes de la sociedad, con vestidos llamativos, preparativos protocolares con oradores, todo ello en las plazas o lugares públicos, para que todo el mundo lo viera o pudieran asistir demostrando, así, un claro manejo del poder y un interés político-social de propagación del poder.

Así se vislumbraba la disciplina pedagógica del terror que se esparcía en determinados territorios. Por supuesto que, para que se diera esta extensión del dominio y poder sobre los súbditos, el Estado ha construido desde su alborada un manto de redes que propagaban su omnipotencia; así, con la ayuda de ciertos referentes de diversos sectores sociales que actuaron y aun hoy actúan en complicidad con determinados signos políticos ideológicos y sectoriales; entonces, el manejo de la cosa pública, de los intereses de todos, de la tranquilidad ciudadana, de las comunicaciones, de la información diaria que se discurría en la población; ha sido siempre un punto clave de atención para la mantención y propagación del poder; la difusión de las ideas y las opiniones; amoldando la cuestión social a los propósitos espurios de los políticos de turno.

Los diversos sectores sociales se han expresado de distintas maneras respecto de la pena de muerte a través del tiempo.En épocas de mediana seguridad implicaba que la gente no se avocara al clamor popular de la aplicación de la pena de muerte. En aquellos tiempos y territorios en que reinaba la incertidumbre, la inestabilidad política estatal producto de las guerras, el hambre, los saqueos, las migraciones, por lo general la sociedad se ha expresado acerca de la imposición de la pena capital.

Por supuesto que la cuestión cultural y social ha ido experimentando cambios profundos que, a su vez, se contrastan según el caso y según la región y según el territorio y según la época. Así, pues, observamos en un primer momento una participación social más profunda impregnada de entusiasmo y fervor acudiendo a los lugares públicos donde se llevaban a cabo las ejecuciones, ello producto del régimen imperante, así por ejemplo aquellos ámbitos temporales donde sobrevinieron guerras civiles, protestas masivas robos y asesinatos diarios; es decir, permanentes y continuas transgresiones a la ley, la pena de muerte se erigía como ejemplificadora y disuasiva.

Por otro lado, también existieron épocas de un ferviente rechazo a estas prácticas aberrantes e inhumanas propugnando fundamentalmente por ciertas posiciones e ideas abolicionistas que han sabido manejar y articular corrientes de opinión y de propagación de estas nuevas ideas, de estos valores esenciales basados en el respeto por la vida del otro, morigerar las penas, hacerlas más blandas, cambiar de a poco ciertas y determinadas costumbres sociales mediante la información y la educación, proponiendo nuevos enfoques exclamando sobre la eliminación total de los tormentos y el martirio, las ejecuciones extrajudiciales o clandestinas, la aplicación del indulto; estas cuestiones principios y valores se han impregnado en todos los territorios del mundo y han terminado logrando su cometido con el devenir de los tiempos y hasta hoy día.

III. Bibliografía

– ANITUA, Gabriel I.: «Los límites temporales al poder penal del Estado», en: ANITUA, Gabriel I.: Ensayos sobre enjuiciamiento penal. Buenos Aires, Editores del Puerto, 2010, pp. 53-87.

– BECCARIA, Cesare: De los delitos y de las penas. Bogotá, s.e., 1994, Capítulo 28, p. 67.

– BOVINO, Alberto: «La víctima como preocupación del abolicionismo penal», en MAIER, Julio B.: De los delitos y de las víctimas, Buenos Aires, Ad Hoc, 1992, p. 275.

– BUSTOS RAMÍREZ: Introducción al Derecho Penal, 2.a ed. Bogotá, Temis, 1994.

– De GOMARA, F. L., y LACROIX, J. G.: Historia general de las Indias y Vida de Hernán Cortés: Historia de la conquista de México, vol. 2. Fundación Biblioteca Ayacucho, 1979.

– Véase en el siguiente sitio web: http://www.amnistia internacional.com.

– FOUCAULT, M.: Vigilar y castigar. México, Siglo XXI, 1975.-

– GARCILASO de la VEGA, Inca: Comentarios reales de los incas. Buenos Aires, Emecé, 1943, p. 1609.

– GENNINGS, Gary: en la novela Azteca; España, RBA Editores, 1999.

– LEWIN, Boleslao: Tupac Amaru, el Rebelde. Buenos Aires, s. e., 1943.

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(*) Abogado UNLZ. Diplomatura Universitaria en Derecho Laboral. Universidad Nacional del Chaco Austral. Abogado en ejercicio de la profesión en forma independiente. Autor de publicaciones sobre temas de su especialidad.