Rechazo de la petición de embargo preventivo con sustento en el incumplimiento contractual unilateral por parte de la demandada, desde que preliminarmente ésta adecuó el contrato de dólar futuro a las comunicaciones que se ajustan a la normativa de la Comisión Nacional de Valores

Partes: Vannoni Carlos A. c/ Mercado a Término de Rosario S. A. y otro s/ civil y comercial

Tribunal: Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial de Rosario

Sala/Juzgado: B

Fecha: 18-oct-2017

Cita: MJ-JU-M-107470-AR | MJJ107470 | MJJ107470

Rechazo de la petición de embargo preventivo con sustento en el incumplimiento contractual unilateral por parte de la demandada, desde que preliminarmente ésta adecuó el contrato de dólar futuro a las comunicaciones que se ajustan a la normativa de la Comisión Nacional de Valores.

Sumario:

1.-Corresponde confirmar la resolución que denegó la medida cautelar de embargo preventivo sobre los bienes de la demandada -en el caso, alegó incumplimiento de contratos de dólar futuro- con sustento en un grave incumplimiento contractual por parte de las demandadas mediante la aplicación de las Comunicaciones 657 y 662 por medio de las cuales aumentaron en forma unilateral el precio de los contratos de dólar Futuro en $ 1,75 por dólar estadounidense, implicando ello una modificación sustancial en los términos económicos de ellos toda vez que las cuestionadas Comunicaciones habrían sido dictadas en uso de las atribuciones reglamentarias y de las facultades establecidas en el art. 4° del Reglamento de Contratos de Futuros y Opciones sobre Dólar Estadounidense, las que a las vez, habrían sido aprobadas por la Comisión Nacional de Valores, en el ejercicio de las facultades que les confiere el citado art. 19 de la Ley 26.831.

2.-Toda vez que, las medidas cautelares sólo tienden a mantener un estado de hecho o de derecho o a conservar bienes, hasta tanto concluya el proceso, la pretensión de la parte que la solicita debe limitarse, en consecuencia, a asegurar la posibilidad de obtener el derecho que alega, que en su caso, declarará la sentencia (argumento art. 195, párr. segundo , Código de rito). Concordantemente, la resolución que la admite no puede exceder ese límite disponiendo que, a través de la misma, se obtenga desde ya, la satisfacción del derecho que se invoca.

3.-Debe rechazarse la petición de embargo preventivo y subsidiariamente, inhibición general de bienes de las demandadas, desde que para su procedencia es menester que se invoque y acredite la verosimilitud del derecho o fumus bonis iuris (art. 230 inc. 1° CPr.), y en el caso, si bien se alega supuesta arbitrariedad o ilegalidad manifiesta del acto administrativo o normativa recurrida, lo que enervaría su ejecutoriedad en el caso, no puede considerarse prima facie, y sin perjuicio de lo que se resuelva en la sentencia definitiva, la existencia de irregularidad formal evidente o manifiesta que implique que las decisiones cuestionadas por la actora habrían sido dictadas de manera arbitraria, ilícita e ilegítima, por lo que, la carencia de vicios de ilegitimidad evidentes hace que ellas ostenten un cierto grado de legalidad que hace que deban presumirse, en principio, válidas.

Fallo:

Rosario, 18 de octubre de 2017.

Visto, en Acuerdo de la Sala “B”, el expediente nº FRO 48780/2016/1 “Incidente de Apelación en autos VANNONI, Carlos Alberto c/ Mercado a Término de Rosario S.A. y otro s/ Civil y Comercial – Varios” (del Juzgado Federal Nº 2 de Rosario), del que resulta que:

Vienen las presentes actuaciones a conocimiento de esta alzada en virtud del recurso de apelación interpuesto por la actora (fs.101), contra la resolución del 27/06/2017 que no hizo lugar a la medida cautelar peticionada (fs. 98/100 y vta.).

Concedido el recurso, éste fue fundado (fs. 103/110), contestado los traslados el B.C.R.A. (fs. 113/115) y la Comisión Nacional de Valores (fs. 117/124). Elevados los autos e ingresado por sorteo informático en esta Sala “B”, quedaron en condiciones de ser resueltos (fs. 131).

El Dr. Bello dijo:

1º) Carlos Alberto Vannoni, por apoderado, interpuso demanda contra el Mercado A Termino Rosario S.A. y Argentina Clearing S.A. por incumplimiento contractual, solicitando que se condene en forma solidaria a abonarle la suma de $ 1.750.000.o lo que en más o menos resulte de la prueba a producirse, con más actualización, intereses y costas.

Refiere a las características y aspectos legales de los contratos de futuros, el contexto macroeconómico invocando negligencia de ROFEX y formulando consideraciones en torno a la Resolución conjunta nº 657/15.

Relata que es un comerciante dedicado a la producción y comercialización de bombas y motores sumergibles para pozos profundos y que tiene proveedores del exterior a los que debe pagar en dólares y clientes locales de los que cobra en pesos.

Que debido a las restricciones cambiarias para girar divisas al exterior y las fluctuaciones del valor de la divisa estadounidense debió, en su doble carácter de accionista controlante y presidente de la compañía, recurrir a la compra de los contratos de dólar futuro, de forma de cubrirse ante eventuales variaciones de dicha moneda y de ese modo minimizar el daño que pudiera generar la devaluación del peso.

Describe las características de los contratos futuros de dólares, y los que señala como graves incumplimientos de las demandadas.

Señala el aumento unilateral del precio por parte del ROFEX y de Argentina Clearing S.A. como una novación sin consentimiento de la actora.

Refiere a la inexistencia de situación de emergencia o riesgo sistémico. Detalla intercambio epistolar. Funda el daño económico, violación al derecho de propiedad y los principios de legalidad y de igualdad. Concluye en la responsabilidad de las demandadas y el consiguiente deber de reparar.

Como medida cautelar solicitó el dictado de embargo preventivo por la suma de $ 1.750.000.en concepto de capital, intereses y costas sobre fondos líquidos y/o ejecutables en mercados con cotización pública que sean de titularidad o se encuentren acreditados a nombre de las demandadas.

Subsidiariamente solicitó inhibición general de bienes sobre las sociedades demandadas.

En cuanto a la verosimilitud en el derecho, dijo que se encuentra fuera de discusión desde que existió un grave incumplimiento contractual por parte de las demandadas mediante la aplicación de las Comunicaciones 657 y 662 que aumentaron el precio de los contratos a dólar futuro en $ 1,75. por dólar estadounidense.

Sostiene respecto del ‘fumus bonis iuris’ que éste solo exige que el derecho invocado sea aparentemente verdadero y que no se acredite la certeza en la existencia de ese derecho.

En cuanto al peligro en la demora, señaló que si no se dicta la medida cautelar solicitada se corre un riesgo de que una eventual sentencia favorable se torne abstracta e inoficiosa por ser incobrable.

2º) Evacuados por parte del B.C.R.A. y de la Comisión Nacional de Valores el informe previsto en el art. 4 de la ley 26.854, por resolución de la jueza a quo del 27/06/2017, se resolvió no hacer lugar a la cautelar solicitada (fs. 98/100vta.).

Para así decidir expresó “.Valoro en esta etapa, que el análisis y el mérito de las inconsistencias que cuestiona la actora exigen un mayor debate probatorio, siendo dable adicionar que tampoco ha quedado comprobado en debida forma el peligro en la demora que se alega. Debemos recordar asimismo que en el caso particular de las medidas del tipo de la solicitada, debe tenerse especial atención pues altera el estado de hecho o derecho existente al tiempo de su dictado, comportando un anticipo de jurisdicción favorable respecto del fallo final de la causa.” 3º) La actora al apelar dicha resolución se agravió por cuanto:(a) contrariamente a lo sostenido en el decisorio, existe un grado de verosimilitud en el derecho suficiente para el dictado del embargo preventivo requerido en el escrito de demanda; (b) resulta erróneo lo afirmado en el decisorio en cuanto a que las Comunicaciones n° 675 y 518 dictadas por el Mercado a Término de Rosario S.A. (ROFEX) y Argentina Clearing S.A. (ACSA) mediante los cuales aumentaron los contratos de dólar futuro objeto de autos (y que novaron las obligaciones de las partes sin el consentimiento de su representado) hayan sido debidamente aprobadas por la Comisión Nacional de Valores (CNV) y que por lo tanto ostenten una presunción de legitimidad; (c) que yerra la resolución al haber afirmado que no existe peligro en la demora en el caso de marras.

Respecto a la verosimilitud en el derecho sostuvo que se trata de una relación contractual entre privados en la que el Estado Nacional es ajeno y que la existencia de una eventual “aprobación” de la C.N.V. del actuar antijurídico de las demandadas no es suficiente a fin de revestir de legitimidad de dicho actuar, toda vez que los conflictos entre particulares generados en el ámbito del mercado de capitales deben ser resueltos por los órganos competentes, a saber, los Tribunales Judiciales y/o los Tribunales Arbitrales (conforme art. 46 Ley de Mercado de Capitales).

Remarcó que en el caso se encuentra fuera de toda discusión que existió un grave incumplimiento contractual por parte de las demandadas mediante la aplicación de las Comunicaciones nº 657 y 662 por medio de las cuales aumentaron en forma unilateral el precio de los Contratos de Dólar Futuro en $ 1,75. por dólar estadounidense, implicando ello una modificación sustancial en los términos económicos de ellos, provocando un grave perjuicio económico a su mandante.

Dijo que un incumplimiento contractual que luce agravado a partir de la valoración de la conducta que prescribe el art.1725 del CCyCN por la confianza especial que su representado como inversor depositó en el ROFEX y ACSA a la hora de contratar y que afectó el derecho de propiedad de su mandante (art. 17 de la CN).

Indicó que al haber modificado unilateralmente los contratos el ROFEX y ACSA, lo cual redundó en un significativo daño patrimonial, se encuentra acreditada su verosimilitud del derecho para reclamar la reparación del perjuicio a la luz de lo dispuesto en los artículos 957, 958, 959, 960, 961, 962, 963, 964, 965, 1716, 1717 y 1725 del CCyCN.

Remarcó que el art. 1429 CCyCN -invocado por la jueza a quo- establece que los contratos celebrados en una Bolsa o en un Mercado se rigen por las disposiciones dictadas por su autoridad de contralor, pero -contrariamente a la interpretación realizada en el decisorio- lo expuesto no significa que dichos mercados y/o la autoridad de contralor puedan modificar unilateralmente las condiciones esenciales de dichos contratos en virtud de razones políticas o de conveniencia para el Estado Nacional, tal como sucedió en el caso aquí debatido.

Que dicha norma bajo ningún punto de vista permite al Mercado y a su Cámara Compensadora modificar arbitrariamente y en forma unilateral el precio y las condiciones del mercado acordadas con los inversores (tal como ocurrió en este caso), máxime cuando a través de dicha modificación se afectó la verdadera “causa fin” del contrato de dólar futuro.

Recalcó que la verosimilitud en el derecho también se manifiesta en el hecho de que las comunicaciones dictadas por el ROFEX y ACSA frustraron la “causa fin” de los contratos de dólar futuro.Destacó que en el caso el alea se centró en la variación del tipo de cambio de una moneda (dólar estadounidense), es decir, que dicha variación constituyó la finalidad misma de los contratos celebrados entre las partes.

Especificó que se encuentra debidamente acreditado que los aumentos al precio impuestos unilateral y forzosamente por ROFEX y ACSA, destruyeron la esencia misma de los contratos que su parte había concertado y que ya se encontraban debidamente perfeccionados, conducta que le ha ocasionado un cuantioso daño patrimonial y que debe ser reparado en resguardo de su derecho de propiedad y de la seguridad jurídica.

Que lo agravia que se haya dicho que las Comunicaciones 675 (ROFEX) y 518 (ACSA) gozan de una presunción de legitimidad conforme lo dispone el art. 12 de la ley 19.549 para los actos administrativos.

Señalaron que ello resulta erróneo y contrario a derecho, por cuanto, para llegar a tal conclusión se basó en un silogismo erróneo mediante el cual se afirmó que en tanto dichas Comunicaciones fueron aprobadas por la C.N.V. gozan de la “presunción de legitimidad” consagrada en la norma referida.

Que tales comunicaciones son un acto jurídico emanado de un ente privado y no público -en perjuicio de los inversionistas y ahorristas- violando derechos de raigambre constitucional (extremo que de por sí sólo demuestra la ilegitimidad de tal acto jurídico) sin que existiese una situación de emergencia económica que ameritase su dictado.

Y que aun cuando las Comunicaciones hubiesen sido avaladas por la C.N.V., se trata de un contrato celebrado entre sujetos privados (y en el cual el ROFEX y ACSA revistieron claramente la posición dominante), por lo que en todo caso el poder competente para convalidar el aumento unilateral -en cuanto a los efectos que trajo aparejado a dicha relación contractual- es el Poder Judicial, pero no así el Pode r Ejecutivo Nacional (PEN).

Destacó que no existió aprobación alguna de la C.N.V.a las referidas comunicaciones a través de la Resolución 17.909, la C.N.V. se limitó a tomar conocimiento de los mecanismos de fijación del precio de ajuste resuelto en las Comunicaciones n° 657 de ROFEX y n° 518 de ACSA.

Relató que las Comunicaciones no han recibido la aprobación requerida para ser jurídicamente eficientes, toda vez que no existe acto administrativo alguno que las apruebe; que la Resolución CNV 17.927/15 sólo aprobó el levantamiento de las operaciones en el mercado de futuros de dólar estadounidenses del ROFEX, por lo que tales actos carecen de efectos jurídicos y no debieron ser ejecutados.

Concluyó señalando que existe una fuerte verosimilitud en el derecho alegado por la parte solicitante de la medida cautelar, y un peligro en la demora fundado en que el cumplimiento del laudo no se torne incierto o de imposible cumplimiento, siendo ahora también que las propias demandadas reconocer que el fondo de garantía no alcanzará para hacer frente a todos los reclamos. Formuló reserva del caso federal.

Por su parte, el B.C.R.A. y la por la Comisión Nacional de Valores contestaron sus respectivos traslados, solicitando el rechazo de los agravios y la confirmación del decisorio de primera instancia, manteniendo la reserva del caso federal.

4º) La labor de la jurisdicción ha de limitarse a revisar si fue acertada la denegación de la medida cautelar solicitada (embargo preventivo y subsidiariamente, inhibición general de bienes de las demandadas).

Tal es la cuestión traída a juzgamiento de la alzada, vinculada con los límites objetivos de la resolución apelada, sobre la que se encuentra ésta habilitada para expedirse en la actual oportunidad procesal.Lo que se resuelva en este aspecto no implicará adelantar opinión acerca de la procedencia o no de la acción como tal, por cuanto respecto de ello no se ha abierto la instancia.

Las medidas cautelares tienen por finalidad asegurar el cumplimiento de la sentencia que, eventualmente, resulte en un determinado proceso judicial.

Sólo tienden a mantener un estado de hecho o de derecho o a conservar bienes, hasta tanto concluya el proceso. La pretensión de la parte que la solicita debe limitarse, en consecuencia, a asegurar la posibilidad de obtener el derecho que alega, que en su caso, declarará la sentencia (argumento Art. 195, párrafo segundo, Código de rito). Concordantemente, la resolución que la admite no puede exceder ese límite disponiendo que, a través de la misma, se obtenga desde ya, la satisfacción del derecho que se invoca.

Las medidas cautelares requieren, como presupuestos de procedencia, que el derecho invocado sea verosímil y que medie peligro de que, de no despacharse, la sentencia se torne ineficaz o de imposible cumplimiento (Art. 230 C.Pr.).

De manera que, para que proceda en estos casos la medida cautelar (embargo preventivo y subsidiariamente, inhibición general de bienes de las demandadas), peticionada inicialmente in audita parte, es menester que se invoque y acredite la verosimilitud del derecho o fumus bonis iuris o humo de buen derecho (Art. 230 inciso 1° C.Pr.), ante la imputación de supuesta arbitrariedad o ilegalidad manifiesta del acto administrativo o normativa recurrida, para que quede enervada su ejecutoriedad.

5º) A los fines de la solución del caso en estudio, habré de remitirme, en lo pertinente y por compartir, a los fundamentos expuestos en el voto del vocal Dr. Toledo en el Acuerdo del 22 de septiembre de 2017 emitido por esta Sala “B” -integrada y por mayoría de votos-, en el expediente nº FRO 26212/2016/1 “Incidente de Medida Cautelar en autos JUKEBOX S.A c/ Rofex Mercado a Término de Rosario S.A.s/ Cumplimiento de Contrato”, al expresar que:

“. La Comisión Nacional de Valores (CNV) es una entidad autárquica del Estado nacional regida por las disposiciones de las leyes 17.811, 22.000, 26.831 y 22.169. Es la autoridad de aplicación y contralor y, a tal fin, ejerce todas las funciones previstas en el art. 19 de la ley 26.831.

Por su parte, los Mercados de Futuros y Opciones son entidades privadas cuyo objetivo es organizar, registrar, garantizar y liquidar la negociación de contratos de futuros y opciones. Éstos, si bien, dictan sus propias normas principalmente referidas a su funcionamiento interno (la forma adoptada para la negociación de los contratos, los contratos que se pueden negociar, las reglas para el registro, compensación y liquidación de los contratos, y quiénes pueden negociar los mismos), están sometidos al control de la C.N.V., que es el organismo que las regula.

Así la Comisión Nacional de Valores es el organismo que controla y regula los Mercados de Futuros y Opciones; dicta normas que estos mercados deben cumplir para ser autorizados a funcionar como entidades autorreguladas, y una vez autorizados a funcionar, la Comisión controla y fiscaliza el funcionamiento de estos mercados. Entonces, los Mercados de Futuros y Opciones, como entidades autorreguladas, dictan sus propias normas y someten las mismas a la C.N.V. para su aprobación previo a su entrada en vigencia.

Ello se condice con lo estipulado en el inc. e) del art.19 de la ley 26.831 que establece que la Comisión Nacional de Valores, tendrá, entre otras funciones, la de aprobar los estatutos, reglamentos y toda otra normativa de carácter general dictada por los mercados y revisar sus decisiones, de oficio o a petición de parte, en cuanto se tratare de medidas vinculadas a la actividad regulada que prestan o que pudieren afectar su prestación.

Ahora bien, y atento a las fechas de concertación de las operaciones efectuadas por la actora, éstas se realizaron bajo la vigencia el nuevo Código Civil y Comercial de la Nación, texto según Ley 26.994 promulgada según Decreto 1795/2014 y publicado en el Boletín Oficial de la Nación N° 32.985 del 08/10/2014, con la modificación introducida por la Ley 27.077 cuyo Art. 1° sustituyó el Art. 7° de aquella y dispuso su entrada en vigencia a partir del 1° de agosto de 2015.

Ello hace aplicable, lo dispuesto en el art. 1429, el que dispone que los contratos celebrados en una bolsa o mercado de comercio, de valores o de productos, en tanto éstos sean autorizados y operen bajo contralor estatal, se rigen por las normas dictadas por sus autoridades y aprobadas por el organismo de control.Estas normas pueden prever la liquidación del contrato por diferencia; regular las operaciones y contratos derivados; fijar garantías, márgenes y otras seguridades; establecer la determinación diaria o periódica de las posiciones de las partes y su liquidación ante eventos como el concurso, la quiebra o la muerte de una de ellas, la compensación y el establecimiento de un saldo neto de las operaciones entre las mismas partes y los demás aspectos necesarios para su operatividad.

Por la Comunicación nº 657 del 14/12/2015 se resolvió declarar la emergencia con relación a las posiciones abiertas a la fecha sobre los Contratos de Futuros de Dólar con vencimiento hasta Junio 2016, cuya fecha de concertación sea posterior al 29 de Setiembre de 2015; la corrección del precio original de la operación adicionando $ 1,25. por dólar para aquellas operaciones abiertas entre el 30 de Setiembre de 2015 y el 27 de Octubre de 2015, inclusive y la corrección del precio original de la operación adicionando $ 1,75. por dólar para aquellas operaciones abiertas a partir del 28 de Octubre de 2015, inclusive.

El mercado de dólar futuro funciona por diferencial de pesos, es decir que quien compra dólar a futuro obtiene el diferencial del precio que se registra al vencimiento del contrato, lo que sería muy por debajo de la cotización actual del dólar luego del levantamiento del cepo cambiario. Es por ello que Rofex (con acuerdo del Banco Central) decidió establecer una quita en esa diferencia, lo que se traduce en las correcciones antes expresadas. Es decir en una corrección a la suba de $ 1,25. a los precios de los futuros comprados entre el 30 de septiembre y el 27 de octubre, inclusive. Los contratos comprados a partir del 28 de octubre, en cambio, subirán $ 1,75.por dólar.

Por su parte la Comunicación nº 518 del 14/12/2015 declaró la emergencia con relación a las posiciones abiertas a la fecha sobre los Contratos de Futuros de Dólar con vencimiento hasta Junio 2016, cuya fecha de concertación sea posterior al 29 de Setiembre de 2015, y dispuso: la corrección del precio original de la operación adicionando $ 1,25. por dólar para aquellas operaciones abiertas entre el 30 de Setiembre de 2015 y el 27 de Octubre de 2015, inclusive; y la corrección del precio original de la operación adicionando $ 1,75. por dólar para aquellas operaciones abiertas a partir del 28 de Octubre de 2015, inclusive.

Al final de ambas comunicaciones se puede leer que tales medidas debían ser aprobadas en forma expresa por la Comisión Nacional de Valores, y su aplicación estaría condicionada a la derogación de la RG CNV 649/2015 y la Resolución Nro. 17.909.

Dichas comunicaciones fueron reconocidas por la Comunicación nº “A” 5852 del B.C.R.A. del 17/12/2015, y por la Comunicación nº 661 del 18/12/2015 se informó a los Agentes que el Directorio de la Comisión Nacional de Valores (CNV), en su reunión de fecha 17/12/2015, resolvió aprobar las medidas de emergencia dispuestas por Comunicación ROFEX Nro. 657 y Comunicación Argentina Clearing Nro. 518 de fecha 14 de diciembre de 2015, y por Resolución Nro. 17.927 de la misma fecha, deja sin efecto la interrupción de la operatoria de los futuros de dólar dispuesta con fecha 30 de noviembre de 2015 por Resolución Nro. 17.909.

Por la Comunicación nº 662 del 18/12/2015 se puso en conocimiento que por sendas notas dirigidas a Argentina Clearing S.A. y al Mercado a Término de Rosario S.A.la Comisión Nacional de Valores en fecha 17/12/2015 aprobó en forma expresa la emergencia declarada en la Comunicación conjunta de ROFEX y Argentina Cle aring nº 657 y nº 518, respectivamente.

La Resolución General 3824 del 22/12/2015 de la Administración Federal de Ingresos Públicos, por su parte, “estableció un régimen de retención que se aplicará sobre la diferencia entre el precio original pactado de la operación o el surgido de la novación por aplicación de la “Declaración de Emergencia Operatoria Futuros de Dólar ROFEX” dispuesta por la Comunicación N° 657 ROFEX y sus modificaciones, de cada contrato abierto y el precio de ajuste utilizado para el “mark to market” del cierre de la rueda de operaciones del día 23 de diciembre de 2015, originada en las operaciones de compra y venta de contratos de futuros sobre subyacentes moneda extranjera, realizadas y/o informadas o registradas en los mercados habilitados al efecto en el país, siempre que tal diferencia represente un resultado positivo para el sujeto ordenante considerando todas las posiciones, tanto compradas como vendidas.”, validando también dichas Comunicaciones.

De un primer análisis propio de esta etapa del proceso puede vislumbrarse, de la reseña efectuada, que las cuestionadas Comunicaciones habrían sido dictadas en uso de las atribuciones reglamentarias y de las facultades establecidas en el artículo 4° del “Reglamento de Contratos de Futuros y Opciones sobre Dólar Estadounidense”, las que a las vez, habrían sido aprobadas por la Comisión Nacional de Valores, en el ejercicio de las facultades que les confiere el citado artículo 19 de la ley 26.831.

Así, en estos términos, no puede considerarse prima facie, y sin perjuicio de lo que se resuelva en la sentencia definitiva, la existencia de irregularidad formal evidente o manifiesta que implique que las decisiones cuestionadas por la actora habrían sido dictadas de manera arbitraria, ilícita e ilegítima.

Por lo que, la carencia de vicios de ilegitimidad evidentes hace que ellas ostenten un cierto grado de legalidad que hace quedeban presumirse, en principio, válidas. . . . ” 6º) Por todo lo expuesto, y lo resuelto en el Acuerdo Civil/Int. del 16 de septiembre de 2016, dictado en el expediente n° FRO 3946/2016 “Jorge Alberto Caso S.A. c/ Mercado A Termino Rosario S.A. y otro s/ Amparo Ley 16.986” (primer voto del suscripto), propicio rechazar los agravios de la actora y se confirme la resolución del 27 de junio de 2017, difiriendo el pronunciamiento sobre costas para el momento de dictarse la sentencia de fondo. Así voto.

El Dr. Toledo adhirió a los fundamentos y conclusiones del voto precedente.

Atento al resultado del Acuerdo que antecede, SE RESUELVE:

I) Confirmar la resolución del 27 de junio de 2017, en cuanto ha sido materia de este recurso. II) Diferir el pronunciamiento sobre las costas para el momento de dictarse sentencia de fondo. Insértese, hágase saber, comuníquese en la forma dispuesta en la Acordada nº 15/13 de la C.S.J.N. y oportunamente devuélvanse los autos al Juzgado de origen. No participa del Acuerdo la Dra. Vidal por encontrarse en uso de licencia. (expte. nº FRO 48780/2016). Fdo.: José G. Toledo- Edgardo Bello- (Jueces de Cámara)- Nora Montesinos (Secretaria de Cámara).-