Los médicos demandados actuaron conforme a la buena práctica médica ya que las causales del fallecimiento del paciente no se conocen ante la falta de una autopsia

Partes: C. A. R. y otros c/ Hospital Militar Central y otros s/ daños y perjuicios – resp. prof. medicos y aux.

Tribunal: Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil

Sala/Juzgado: B

Fecha: 22-sep-2017

Cita: MJ-JU-M-107515-AR | MJJ107515 | MJJ107515

Los médicos demandados actuaron conforme a la buena práctica médica ya que las causales del fallecimiento del paciente que se describen en la historia clínica son diagnósticos presuntos, teniendo en cuenta la ausencia de una autopsia que permita obtener la causa certera de su deceso.

Sumario:

1.-Corresponde confirmar la sentencia que entendió que los médicos demandados habían actuado conforme a la buena práctica médica, que el diagnóstico realizado en los consultorios externos fue correcto, que las prácticas realizadas fueron las apropiadas para la atención en el caso; concluyendo que la asistencia del paciente se adecuó a las reglas del arte médico, toda vez que las causales del fallecimiento del paciente que se describen en la historia clínica son diagnósticos presuntos dado que la ausencia de una autopsia impiden tener un diagnóstico certero de la causa del deceso.

2.-El eventual obrar culposo de los médicos se juzgará conforme a los parámetros previstos en los artículos 512 , 902 y 909 del Código Civil y 1724/1725 del Código Civil y Comercial de la Nación.

Fallo:

Buenos Aires, Capital de la República Argentina, a los días del mes de septiembre de dos mil diecisiete, reunidos en Acuerdo los Señores Jueces de la Excma. Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil, Sala “B”, para conocer en los recursos interpuestos en los autos caratulados: “C., A. R. y otros c/ Hospital Militar Central y otros s/ daños y perjuicios” respecto de la sentencia de fs. 965/990, el Tribunal estableció la siguiente cuestión a resolver: ¿Es ajustada a derecho la sentencia apelada? Practicado el sorteo resultó que la votación debía efectuarse en el siguiente orden Señores Jueces Doctores: CLAUDIO RAMOS FEIJOO – MAURICIO LUIS MIZRAHI – ROBERTO PARRILLI –

A la cuestión planteada el Dr. Claudio Ramos Feijóo, dijo:

I.- La sentencia de fs. 965/990 rechazó la acción incoada por Raquel Castaño, Matías Eduardo Juan Eirin y Miguel Ángel Eirin contra el Hospital Militar Central, el Instituto de Obra Social del Ejército, Andrés Matoso y Edgardo Carlos Bardoneschi.

II.- A fs. 999/1004 expresó agravios la parte actora. En primer lugar cuestionó que no se hubiesen tenido en cuenta las posibles complicaciones que podían presentarse quirúrgicamente. En este sentido, señala la apelante, que si bien medió consentimiento informado del Sr. Eirin, del relato de los hechos no surge que se lo haya instruido enfáticamente en los riesgos de la operación a raíz de sus 84 años de edad, informándole que sus venas y arterias podrían estar calcificadas. En segundo lugar, fundó su crítica señalando que la sentencia apelada resulta arbitraria, por cuanto rechaza la demanda, basándose exclusivamente en que de la prueba pericial medica no puede inferirse que la causa de la muerte haya sido la intervención quirúrgica. En atención a esto, manifiesta que si bien la técnica implementada fue la correcta, no se brindó el tratamiento post operatorio necesario a efectos de una favorable evolución y así evitar los daños que habría sufrido como consecuencia de ello.A los fines de sostener su agravio, cita un fragmento de la experticia médica de donde se extrae que “no se manejó correctamente el postoperatorio”.

Asimismo adujo que el sentenciante omitió que en la demanda se señaló la grave irregularidad incurrida al no haberse atendido al paciente con un neurólogo, a pesar de solicitarse los servicios de dicho profesional. Por otra parte, criticó lo manifestado por el a quo al entender que corre por quien imputa culpa al galeno demostrar la existencia de negligencia manifiesta o errores graves de diagnóstico. En este sentido, dice que el Sr. Magistrado de grado hizo recaer toda la prueba sobre su parte, cuando las demandadas solamente se han limitado a aseverar que cumplieron diligentemente con sus obligaciones de medios. Finalmente, destacó la orfandad probatoria en la que incurre la parte demandada, que se limita a la negación de los hechos. Respecto a esto, señala que si bien existe una amplia libertad probatoria en estos procesos, en donde incumbe al actor aportar elementos que permitan formar convicción sobre lo que se afirma, a la demandada no le basta con negar los hechos sino que debe aportar todas las pruebas respecto de las que esté en mejor posición para poder arribar a la verdad; lo que considera que no ha sido tomado en cuenta por el sentenciante.

III.- A fs. 1006/1008 contestó los agravios vertidos por los pretensores el Estado Nacional por medio de su representante. Solicita el rechazo de la totalidad de las quejas expuestas en la presentación de la parte actora, y manifiesta su conformidad con lo resuelto por Inferior en su pronunciamiento respecto a que los extremos relatados por la actora en su escrito de inicio no han sido probados en autos y -por el contrario-, las constancias agregadas a la causa confirman que no ha existido mala praxis médica.Concluye señalando que la actora no efectuó crítica concreta y razonada del fallo recurrido, sino que se limitó únicamente a mostrar su desacuerdo con algunos puntos del mismo pero sin lograr desvirtuar el criterio de razonabilidad aplicado por el a quo.

IV.- A su turno, contesta agravios la citada en garantía “Seguros Médicos S.A.”, a fs. 1010/1016. En primer lugar solicita la deserción del recurso por cuanto el memorial no cumple con los requisitos previstos en el artículo 265 del Código Procesal. Subsidiariamente contesta el agravio esgrimido por la recurrente en el que alegó la arbitrariedad de la sentencia por basarse en la prueba pericial médica. En este sentido, cita una serie de precedentes judiciales a los fines de demostrar la superioridad de la pericial medica frente a los demás medios probatorios cuando se trata de dirimir juicios en que se debate una mala praxis. Finalmente solicita la desestimación del argumento esgrimido por la accionante respecto a una falta de información al paciente por los argumentos allí vertidos, haciendo referencia al principio de congruencia consagrado en el artículo 34 inc. 4° y 163 inc. 6° del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación.

V.- Es menester efectuar una advertencia preliminar: en el estudio y análisis de los agravios he de seguir el rumbo de la Corte Federal y de la buena doctrina interpretativa. En efecto, claro está que los jueces no están obligados a analizar todas y cada una de las argumentaciones de las partes, sino tan sólo aquéllas que sean conducentes y posean relevancia para decidir el caso (ver CSJN, “Fallos”: 258:304; 262:222; 265:301; 272:225; Fassi Yáñez, “Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, Comentado, Anotado y Concordado”, T??I, pág. 825; Fenocchieto Arazi. “Código Procesal Civil y Comercial de la Nación. Comentado y Anotado”, T 1, pág. 620).

Asimismo, en sentido análogo, tampoco es obligación del juzgador ponderar todas las pruebas agregadas, sino únicamente las que estime apropiadas para resolver el conflicto (art.386, in fine, del ritual; CSJN, “Fallos”: 274:113; 280:3201; 144:611). En el primero de sus agravios la apelante dice que si la demandada “Hospital Militar” afirma que la edad del paciente hacía “más dificultosa e imprevisible dicha intervención, debieron prever las posibles complicaciones que podrían presentarse post quirúrgicamente” Este agravio implica una petición de principios, puesto que si el propio apelante adhiere a la imprevisibilidad ínsita de la operación atento la edad del paciente, mal puede pretender la previsión de lo imprevisible (art. 34, inc. 4 CPCCN). Nadie puede enrostrar a otro la previsibilidad de lo que previamente manifiesta como imprevisible. Desde otro ángulo también enerva la queja con relación a que los demandados no “advirtieron enfáticamente al matrimonio Castaño-Eirin de lo riesgoso de la operación a raíz de los 84 años de edad del sr. Eirin, informándole que sus venas y arterias podrían estar calcificadas”. Los médicos están impedidos legalmente de prometer o anticipar un resultado (ley 17.132, art. 20, inc.1). Esta directiva es aplicable, en sentido contrario, a la “advertencia enfática” cuya omisión imputan los actores a los demandados, con relación a los riesgos de la operación (art. 34, inc. 4 CPCCN). De no ser así, nadie asumiría los riegos ínsitos en cada acto médico, máxime en los quirúrgicos, ante el temor de correrlos indefectiblemente. Está probado en autos por experticia médica que el acto cuestionado era el indicado por el estado de salud del paciente (v. f. 799vta. resp. “a)” y “b)” -puntos de la actora-). Contrariamente a lo que imputa la actora a f. 31 “será probado médicamente que ambas drogas no deben ser aplicadas en forma conjunta” (alprozolom y corenitec). El experto informó que no hay contraindicaciones entre el diclofenac y la anestesia (v. f. 799 vta. resp.”c”).

La apelante se agravia porque los demandados no evaluaron los riesgos reales existentes por la edad del paciente, ni instruyeron ni advirtieron enfáticamente al paciente y a su esposa de lo riesgoso de esa operación y que podría derivar en la muerte del paciente. La evaluación del riesgo no debe ser juzgada por el resultado tratándose precisamente la responsabilidad médica de una obligación de medios. Respecto de la responsabilidad galénica, esta Sala viene diciendo que el eventual obrar culposo de los médicos se juzgará conforme a los parámetros previstos en los artículos 512, 902 y 909 del Código Civil y 1724/1725 del Código Civil y Comercial de la Nación. Es que la responsabilidad del médico es subjetiva y se vincula con el deber de diligencia en su obrar. Debe responder por su negligencia, imprudencia o impericia cuando éstas además tuvieran relación de causalidad con un daño. Quien echa en cara al médico su falta, es quien debe probar la misma (art. 377 del Código Procesal Civil y Comercial). Para responsabilizar al galeno se debe tener en cuenta el seguimiento de éste de las opciones que de ordinario conducen a un resultado pero que de ninguna forma pueden asegurarlo (art. 20 inc 1 y 2 de la ley 17.132). Aunque parezca contradictorio, se lo debe juzgar pues por el camino elegido para llegar a mejorar la salud del paciente y no por su obtención. Un obrar contrario al arte de curar vigente, puede originar un beneficio en la salud del paciente hasta ahora no conocido y otro que siga dicho arte ocasionar a determinado paciente un daño (esta Sala, en autos “Fenelli Atilio Esteban y otros c/Instituto Antártida S.A.M.I.C y otros s/daños y perjuicios” del 30/7/13, Expte.n°71070/00).

Acerca de la cuestión, cabe precisar que si bien la culpa se apreciará en concreto, en tanto que se analiza el accionar del obligado en función de los hechos acontecidos y demás circunstancias, de todas formas podría sostenerse que nuestro sistema en materia de culpa es mixto en buena medida, dado que se confronta la actuación concreta del agente con un tipo abstracto; en el caso, como hubieran desempeñado su labor, médicos prudentes. Vale decir que, para juzgar la diligencia o negligencia en un comportamiento, la comparación se realiza con un modelo que, por supuesto, no existe en la realidad y debe ser imaginado (ver Trigo Represas, Félix Alberto, Responsabilidad civil de médicos y establecimientos asistenciales, LL, 1981-D-133). Por lo tanto, la obligación asumida por el médico no es de resultado, sino de medios, dado que no se compromete a sanar al enfermo, sino solamente a atenderlo con prudencia y diligencia, a proporcionarle todos los cuidados que conforme a los conocimientos científicos que su título presume, son conducentes al logro de la curación, la que no puede asegurar (Conf. Trigo Represas, Félix Alberto, Responsabilidad civil de los profesionales, pág. 81). He dicho arriba, citando la experticia, que “la indicación quirúrgica fue correcta” y dicha respuesta del experto lo es conforme la compulsa de autos que incluye la edad del paciente. Es el propio apelante quien sostiene “aún cuando la técnica utilizada en la intervención quirúrgica haya sido la correcta…” (v. f. 999vta.).

VI.- La apelante ataca la conclusión del juez con base en las dos experticias médicas (causa penal y civil) que concluyen que no puede establecerse fehacientemente la causa de la muerte del Sr. Eirin con motivo de no habérsele practicado la autopsia.Le resulta contradictoria la afirmación del sentenciante anterior que hay que estar a las conclusiones del perito de oficio, por cuanto la impugnación que hizo la obra social del dictamen de éste no contó con el indispensable auxilio del consultor técnico que permitiera que su impugnación se encontrase de un mínimo de solidez científica. No comparto ni el razonamiento del agravio ni el del colega de la instancia. En realidad, lo contradictorio del razonamiento de la sentencia pasa por afirmar que no va a tener en cuenta lo que al final sí hace. La impugnación que formuló la demandada a f. 814 a la experticia médica, lo fue porque el perito fundó sus conclusiones así: “…puedo especular ya que me es imposible aseverar lo expuesto anteriormente que el Sr. Eirin pudo haber presentado una insuficiencia renal aguda pre-renal originada en el sangrado que provocó el descenso brusco del hematocrito que pasó inadvertida (natremia de 115meq/l) y luego aumento de urea y creatinina no siendo debidamente diagnosticada y tratada. La confirmación de lo que a mi criterio fueron las causales de muerte debieron efectuarse mediante la realización de distintos estudios mientras que el Sr. Eirin se encontraba con vida y la realización de la autopsia una vez fallecido que confirme o no lo que reitero a mi criterio fueron las causales de muerte” (v. f. 801). Frente a ello, el IOSE (Instituto de Obra Social del Ejercito) a fs. 814/815 impugna diciendo: “…tratándose de un informe eminentemente técnico, no cabe que el mismo sea realizado en virtud de especulaciones como lo afirma el perito médico actuante…” (v. f. 814 vta.). La sentencia descalifica la impugnación porque “…omitió un requisito clave a la hora de cuestionar la labor pericial, que es contar con el indispensable auxilio de un consultor técnico, que permitiera que su impugnación se encontrará dotada de un mínimo de solidez científica y no contuviera meras disidencias que lejos estuvieron de erigirse en críticas.Afirmo ello, puesto que los profesionales del derecho no estamos habilitados ni técnica, ni científica, ni administrativamente, para debatir cuestiones que son completamente ajenas al saber de la ciencia jurídica, de donde por más loables que sean los esfuerzos que despleguemos, mal podríamos advertir yerros en el trabajo de profesionales que cuentan con título habilitante y la formación metodológica correcta…” (v. f. 982 vta.). Al respecto, cabe aclarar que la designación de consultores técnicos es facultativa de las partes (art. 458, últ. párr. CPCCN). Es que el art. 471 del CPCCN establece, entre otras cosas, que las partes y sus letrados podrán presenciar las operaciones técnicas que se realicen y formular las observaciones que considera pertinentes. Asimismo, el art. 473 del mismo Código prevé para el caso de audiencia de explicaciones del perito, que las observaciones podrán ser efectuadas por los letrados (2ndo párr. últ. parte). A su vez la eficacia probatoria del dictamen puede ser cuestionada por los letrados hasta la oportunidad de alegar con arreglo a lo dispuesto por el art. 477 del CPCCN (conf. art. 473, 3er párr. últ. parte). Para finalizar este ensayo, lee el art. 477 del CPCCN que la eficacia probatoria del dictamen será estimada por el juez teniendo en cuenta, entre otras, las observaciones formuladas por los consultores técnicos o los letrados. Así, descalificar la impugnación de la experticia realizada por un letrado, por carecer del auxilio de un consultor técnico, es contrario al espíritu de los arts. 16, 18 y ccdts. de la CN; máxime en el caso en que la letrada no discute ningún principio científico ajeno a su ciencia, sino aquel que hace a la forma de razonar para colectar las conclusiones de la experticia (arts. 34 inc.4 del CPCCN y 3 del CCyCN). Es en base a lo aquí expuesto, que mal puede echar en cara la apelante que “…El inferior se basa en meras suposiciones para justificar la negligencia y falta de atención del paciente por parte de los accionados, cuando ninguno de ellos adujo en su defensa que no pudo transfundirlo por no haber llevado a cabo en forma inmediata ni por la acuciante falta de donantes…” (v. f. 1000). La experticia médica se impugno por las mismas razones que el apelante se agravia de las conclusiones del Sr. Juez: “…no existiendo certificación fehaciente de la causa de la muerte, la cual hubiera surgido de una autopsia, los dichos del experto quedan dentro del terreno de las suposiciones…” (v. impugnación de los codemandados a f. 823 últ. párr.). Cae así la afirmación de la agraviada en la que sostiene que: “… tampoco se impugno la pericia médica en este punto (refiriéndose a los demandados), supliendo así el Inferior el consentimiento tácito de las accionadas respecto de que el Sr. Eirin debió ser transfundido y por su negligencia no lo fue…” (v. f. 1000). Me detengo en esta última afirmación de la apelante para recordar, en esta oportunidad, que la coactora Adela Raquel Castaño instó previo a ésta, una causa penal en la que fue tenida como parte querellante (v. causa n° 8553/2005, f. 24).

En aquella, la pretensora imputó a las codemandadas el delito de homicidio culposo. Una vez realizada la experticia médica por el Cuerpo Médico Forense (v. fs.112/114), se concluyó que los aquí codemandados habían actuado conforme a la buena práctica médica y el diagnóstico realizado en los consultorios externos del Hospital Militar Central fue correcto, que las prácticas realizadas fueron las apropiadas para la atención en este caso; concluyendo que la asistencia del paciente se adecuó a las reglas del arte médico y las causales del fallecimiento que se describen en la historia clínica son diagnósticos presuntos dado que la ausencia de una autopsia impiden tener un diagnóstico certero de la causa del fallecimiento. Frente a ello, a f. 116 vta., la Fiscal de la causa sostuvo “…es dable destacar que en el caso no medio conducta culposa por parte de los médicos del Hospital Militar Central, por lo que considera este Ministerio Público que la conducta denunciada en autos no configura hecho delictivo alguno, correspondiendo desestimar la presente denuncia…”. De ello, se hizo eco el Juez de la causa que resolvió “… desestimar por inexistencia de delito las presentes actuaciones…” (v. f. 119); pronunciamiento que no ha sido apelado por la querellante (v. f. 122). Es de aplicación pues al caso, la doctrina que sienta el art. 1103 del Cód. Civil en cuanto a que “…es preciso además que el punto que se decida ante la jurisdicción civil, que ha sido juzgado por el tribunal criminal, sea precisamente el que este tribunal ha decidido. Así, cuando el tribunal criminal ha juzgado que el hecho atribuido a Pedro no existe, la persona que se dice dañada por ese pretendido hecho, no puede, aunque no haya sido parte en el proceso criminal, ser admitida a probar en el tribunal civil, la existencia del hecho.

Si el tribunal criminal, reconociendo la existencia del hecho, ha juzgado que Pedro no era el autor, es claro que la persona perjudicada no podrá perseguir a Pedro por razón de ese hecho ante el tribunal civil…” (v. nota al art. 1103 párr. cuarto, del Cód. Civ.).

VII.- En tal inteligencia -y por los fundamentos expuestos precedentemente- es que propongo al acuerdo la confirmación del pronunciamiento de grado en todo lo que fuera materia de agravios. Las costas se imponen al apelante vencido (art. 68 del CPCCN). Así lo voto.- Los Dres . Mizrahi y Parrilli , por análogas razones a las aducidas por el Dr. Ramos Feijóo, votaron en el mismo sentido a la cuestión propuesta. Con lo que terminó el acto: CLAUDIO RAMOS FEIJOO – MAURICIO LUIS MIZRAHI – ROBERTO PARRILLI – Es fiel del Acuerdo.-

Buenos Aires, septiembre de 2017.-

Y VISTOS: Por lo que resulta de la votación que instruye el Acuerdo que antecede, se confirma la sentencia apelada. Las costas de alzada se imponen al apelante vencido. Regístrese, protocolícese y notifíquese. Oportunamente publíquese (conf. C.S.J.N. Acordada 24/2013). Fecho, devuélvase.