Es improcedente la citación de tercero efectuada por el letrado demandado por mala praxis al no verificarse que el tercero pudiera haber asumido inicialmente la posición de litisconsorte de alguna de las partes

Partes: Y. V. M. c/ B. K. V. s/ art. 250 C.P.C. – incidente civil

Tribunal: Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil

Sala/Juzgado: J

Fecha: 12-jul-2017

Cita: MJ-JU-M-107365-AR | MJJ107365 | MJJ107365

Es improcedente la citación de tercero efectuada por el letrado demandado por mala praxis al no verificarse que el tercero pudiera haber asumido inicialmente la posición de litisconsorte de alguna de las partes.

Sumario:

1.-Cabe rechazar la citación de tercero peticionada por el letrado demandado por mala praxis si no se verifica que la controversia fuere común al tercero, en tanto debe interpretarse que tal expresión se refiere a los casos en que se tiende a evitar nuevos juicios, especialmente cuando una de las partes, al ser vencida, se hallare habilitada para intentar una pretensión de regreso contra el tercero, y también cuando la relación o situación jurídica sobre la que versa el proceso guarda conexión con otra situación jurídica existente entre el tercero y cualquiera de los litigantes originarios, de manera tal que el tercero podría haber asumido inicialmente la posición de litisconsorte del actor o del demandado.

2.-Tratándose de una demanda entablada por un cliente por mala praxis profesional contra el letrado que lo patrocinó en juicio, al intentarse traer al proceso a un tercero ajeno a la relación procesal originaria, es conveniente examinar la posibilidad de que el objeto de la obligación tiene o no de ser dividido, para advertir la presencia de un eventual derecho a ejercer la acción regresiva que habilitaría la citación de tercero solicitada por el demandado por los daños reclamados, derivados de la mala praxis alegada.

3.-La oposición mantenida por la parte actora luego de formulado el pedido de citación de tercero por el dmandado, importa una suerte de tácita renuncia a la eventual solidaridad pasiva por la responsabilidad que pueda atribuírsele al tercero, por lo cual, configurado este supuesto, el obrar de la actora importa una suerte de tácita renuncia a la eventual solidaridad pasiva (conf. doctrina de los arts.704 y 705 , CCiv.).

4.-La solicitud de intervención de terceros debe resolverse con criterio restrictivo y cuando la pide el demandado, constituye una medida excepcional, desde que se obliga al actor a litigar contra quien no ha elegido como contrario.

5.-El criterio de interpretación restrictivo que prevalece cuando se trata de juzgar la procedencia de un pedido de intervención de terceros a solicitud del demandado, no constituye un obstáculo para admitirla cuando prima facie se advierte la configuración de uno de los supuestos de participación obligada previstos por la ley.

Fallo:

Buenos Aires, 12 de julio de 2017.-

Y VISTOS: Y CONSIDERANDO:

I. Por resolución de fs.93/94 de los autos principales a los que accede el presente incidente, el Sr. Juez “a quo” rechaza el pedido de citación coactiva de tercero que plantea la demandada en los términos del artículo 94 del Código Procesal. Disconforme con ello, se alza a fs.6 la demandada por los argumentos que esboza en el memorial que luce a fs.7/8, que son replicados a fs.10 por la actora.

II. En primer lugar se considera necesario precisar que sólo el criterio amplio que emplea este tribunal para entender en las críticas de los apelantes en aras de la defensa en juicio permite sostener que la argumentación impugnativa de la parte demandada cumple con los requisitos exigidos por el artículo 265 de la ley adjetiva. Es este criterio amplio el que debe primar para juzgar la suficiencia de un memorial de agravios, por lo que en el “sub examine” cabe concluir que el mismo no carece de críticas concretas al decisorio cuestionado, las cuales, a pesar de las serias deficiencias de fundamentación que presentan, habilitan conocer del recurso y el siguiente estudio, de tener en cuenta que esta interpretación es la que mejor armoniza con un escrupuloso respeto del derecho de defensa en juicio.

En este sentido se ha inclinado esta Sala, sosteniendo, en modo concordante con las restantes Salas que integran este tribunal de alzada, que en la sustanciación del recurso de apelación el cumplimiento de sus requisitos debe ponderarse con tolerancia, mediante una interpretación amplia que los tenga por cumplidos aun ante la precariedad de la crítica al fallo apelado. Es que, si la fundamentación cumple en cierta medida con las exigencias del artículo 265 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, según un criterio de amplia flexibilidad, cabe estimar que se ha satisfecho la mentada carga procesal.

III.En cuanto concierne a la materia en debate, no deviene ocioso recordar que la solicitud de intervención de terceros debe resolverse con criterio restrictivo, y cuando la pide el demandado, constituye una medida excepcional, desde que se obliga al actor a litigar contra quien no ha elegido como contrario. Sin embargo, tal criterio de interpretación no constituye un obstáculo para admitir la intervención de terceros cuando prima facie se advierte la configuración de uno de los supuestos de participación obligada previstos por la ley (CNCiv. Sala H, 18/09/1996, “Masri, c/S.A.

Publicidad Copyright”, LL.1998-C, 943, 40.458-S).

Al efecto, constituye un caso que habilita la intervención obligada cuando la situación jurídica que da causa al conflicto se encuentra conexa con una relación jurídica existente entre el tercero y alguno de los litigantes y se advierte que la parte accionada se hallaría habilitada para promover una acción de regreso contra el tercero cuya citación intenta. Es que la citación del sujeto pasivo de una eventual pretensión regresiva (para evitar que el tercero alegue posteriormente que la derrota fue consecuencia de una deficiente defensa) constituye un caso típico que habilita la intervención obligada (conf. ColomboKiper, “Código Procesal Civil y Comercial de la Nación”, Ed. La Ley, 2006, tomo I, pág.609 y 2igas.).

Empero, tal como ha quedado planteada la cuestión, tratándose de una demanda entablada por un cliente por mala praxis profesional contra la letrada que los patrocinó en juicio, al intentarse traer al proceso a un tercero ajeno a la relación procesal originaria, es conveniente examinar la posibilidad de que el objeto de la obligación tiene o no de ser dividido, para advertir la presencia de un eventual derecho a ejercer la acción regresiva que habilitaría la citación de tercero solicitada por el demandado por los daños reclamados, derivados de la mala praxis alegada.

Siendo así, a pesar de la descripción fáctica postulada por la contraparte y el encuadre jurídico de su defensa, cabe concluir que en autos no se observan las concurrencias señaladas en el párrafo precedente, cuando no se verifica que la controversia fuere común al tercero. Ello, en tanto debe interpretarse que tal expresión se refiere a los casos en que se tiende a evitar nuevos juicios, especialmente cuando una de las partes, al ser vencida, se hallare habilitada para intentar una pretensión de regreso contra el tercero, y también cuando la relación o situación jurídica sobre la que versa el proceso guarda conexión con otra situación jurídica existente entre el tercero y cualquiera de los litigantes originarios, de manera tal que el tercero podría haber asumido inicialmente la posición de litisconsorte del actor o del demandado.

Además, la oposición mantenida por la actora luego de formulado el pedido de citación, importa una suerte de tácita renuncia a la eventual solidaridad pasiva por la responsabilidad que pueda atribuírsele al tercero. Por ello, configurado este supuesto, el obrar de la actora importa una suerte de tácita renuncia a la eventual solidaridad pasiva (conf. doctrina de los arts.704 y 705 del Código Civil, ver Belluscio- Zannoni, “Código Civil y leyes complementarias, comentado, anotado y concordado”, Astrea, Bs.As., 1981, t.3, p.316 y ss.). De otro modo, no conservaría coherencia la actitud de quien se opone a que se integre al litigio como citado coactivo un tercero que podría resultar a la postre imputado causal o concausalmente del daño, pero al mismo tiempo pretende que el demandado responda no sólo por la responsabilidad que le cupo sino además, por la que pudo haberle sido atribuida a un tercero que no tuvo ocasión de ejercer su defensa en la causa y que, por ende, no podrá ser objeto de la acción de regreso por parte de aquél.

De allí que, si se postulare en la sentencia definitiva una solidaridad pasiva (única fuente de la eventual acción de regreso que constituye el presupuesto del planteo de la apelante), en la especie no existiría perjuicio para la aquí recurrente debido a la renuncia tácita a la solidaridad y, si por otra parte, en la sentencia se arribase a una condena con responsabilidades concurrentes, el régimen diferente de ese tipo de obligaciones también impediría la acción de regreso (conf.

Llambías, Jorge Joaquín, Código Civil anotado, Buenos Aires, Abeledo Perrot, 1979, tomo II A, pág.551, pto.13 c), de lo que se sigue la falta de entidad del agravio traído.

IV. Por lo demás, quien alega la responsabilidad de un tercero, no necesita citarlo al proceso para eximirse de responsabilidad, sino que deberá demostrar ese extremo mediante la actividad probatoria (arg. art.377, Cód. Procesal), subordinado todo ello a las reglas del ordenamiento legal de fondo que rigen este tipo de responsabilidad (conf. esta Sala “J”, Expte. n°17463/2013, “Lucioni, Hugo Eduardo y otro c/Pérez, Eduardo Héctor y otros s/Daños y Perjuicios”, del 10/04/ 2014; íd. Sala “E”, c.540.084, del 02/10/2009; íd.CNCiv., Sala “B”, in re, “Vargas, Mara Daniela y otro c/Sosa, Héctor Nicolás y otros”, del 02/02/2012, LL.2012-B, 10).

Hemos, pues, de desestimar los agravios traídos, cuando no puede desatenderse que las mismas motivaciones de economía procesal que han inspirado el dispositivo de la citación de terceros también están comprometidos en mantener -por principio- el desenvolvimiento regular del litigio entre los sujetos originarios.

En mérito a lo expuesto y a lo considerado, el tribunal RESUELVE: Confirmar la resolución apelada, en todo cuanto decide y ha sido motivo de agravios. Con costas de alzada a la apelante vencida (arts.68 y 69, Código Procesal).

Déjase constancia de que la Vocalía n°29 se encuentra vacante (art.109, R.J.N.).

Regístrese. Comuníquese a la Dirección de Comunicación Pública de la Corte Suprema de Justicia de la Nación (Acordada N°15/13, art.4°) y devuélvase a la instancia de grado.