Obligación de la obra social de proveer al actor la microinfusora de insulina con bolo inteligente y medición continua de glucosa en tiempo real

Partes: M.A.N. c/ Obra Social de la Unión del Personal Civil de la Nación s/ amparo de salud

Tribunal: Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil y Comercial Federal

Fecha: 1-ago-2017

Cita: MJ-JU-M-107418-AR | MJJ107418 | MJJ107418

Obligación de la obra social de proveer al actor la microinfusora de insulina con bolo inteligente y medición continua de glucosa en tiempo real, con alarma y corte de suministro ante hipoglucemia indicada por el médico tratante.

Sumario:

1.-Corresponde confirmar la imposición de costas a la obra social demandada, toda vez que, la cobertura de la prestación objeto de la acción (bomba de insulina) no se hizo efectiva sino hasta luego de dictada la medida cautelar, -en el caso, el actor había efectuado un reclamo extrajudicial previamente, que fue denegado por la demandada- no asistiendo razón en sus quejas a la demandada, quien deberá cargar con las costas porque ha resultado vencida, siendo esta circunstancia consecuencia inmediata y exclusiva de su propia conducta (art. 68 del CPCCN).

Fallo:

Buenos Aires, 1 de agosto de 2017.

VISTO: el recurso de apelación interpuesto y fundado por la demandada a fs. 136/137 vta. contra la sentencia de fs. 130/131, cuyo traslado fue contestado a fs. 139/143 vta., y los recursos de apelación de honorarios interpuestos a fs. 132, fs. 134 y a fs. 137 vta., y

CONSIDERANDO:

I. El señor Juez de primera instancia admitió la acción de amparo interpuesta y condenó a la Obra Social de la Unión del Personal Civil de la Nación para que otorgue a la Sra. A.N.M. la provisión del 100% de una “microinfusora de insulina con bolo inteligente y medición continua de glucosa en tiempo real, con alarma y corte de suministro ante hipoglucemia” Modelo Paradigma Veo 754-Marca Medtronic y todos sus insumos, con costas a la vencida.

Contra esa decisión se agravia la demandada, quien sostiene -en lo sustancial- que le ofreció a la actora el suministro de una bomba de suministro de insulina diferente de la que le fue prescripta por su médico tratante, propuesta que fue rechazada, y que, en virtud de ello, no existió incumplimiento alguno de su parte. Asimismo se agravia por la aplicación de las costas.

II. Es oportuno destacar que, más allá de sus agravios, la recurrente no desconoció la condición de afiliada de la actora, ni la enfermedad que padece. En concreto, no se ha cuestionado que la Sra. M.A.N., de 44 años de edad, afiliada a la obra social demandada (cfr. fs. 2), padece “Diabetes” (cfr. certificados médicos de fs. 5/8) y que requiere para su tratamiento una bomba de suministro de insulina (cfr. certif. citado). Asimismo a fs.3/4 obra el intercambio epistolar habido entre las partes, previo al inicio del presente, en donde consta el rechazo de la demandada a lo solicitado por la actora.

Básicamente, la Obra Social centra sus quejas en que el aparato prescripto a la actora por su médica tratante no resulta ser el único susceptible de tratar su enfermedad, habiéndole ofrecido la provisión de otro aparato con similares características que, según la demandada cumple las mismas funciones que el prescripto por su médica.

Dado los términos en los cuales la Obra Social Unión Personal ha dejado planteadas sus quejas, cabe recordar, inicialmente, que el art. 265 del Código Procesal establece que el escrito de expresión de agravios debe contener la crítica concreta y razonada de las partes del decisorio que el apelante considere equivocadas, no bastando remitirse a presentaciones anteriores.

Así, pues, los agravios expuestos deben alcanzar un mínimo de suficiencia técnica en los términos de la norma citada, en tanto la finalidad de la actividad recursiva consiste precisamente en demostrar el desacierto de la resolución que se recurre y los motivos que se tienen para considerarla errónea. Y como dicha suficiencia se relaciona a su vez con la necesidad de argumentaciones razonadas, fundadas y objetivas sobre los errores incurridos por el juzgador, son inadmisibles las quejas planteadas que sólo comportan la expresión del mero desacuerdo con lo resuelto y en modo alguno se hacen cargo del claro enfoque jurídico utilizado por el a quo para resolver la cuestión controvertida (conf. esta Sala, causa n° 5233/98 del 22.3.01, entre otras).

En este sentido, el memorial aludido no reúne mínimamente la condición apuntada, pues disentir con la solución judicial sin fundamentar debidamente su oposición o sin dar bases jurídicas a un distinto punto de vista, no constituye tal acto procesal (conf.esta Sala, causas n ° 39.397 del 17.7.97 y 1/00 del 27.3.02 y sus citas, entre otras).

En efecto, la demandada no se hace cargo de los fundamentos en los cuales el señor juez sustentó su sentencia sino que se limita a reiterar los mismos planteos efectuados en la oportunidad de contestar el informe del art. 8° (cfr. fs. 57/60) y al apelar la medida cautelar decretada en autos (cfr. memorial de fs. 46/49) y que ya han sido considerados por esta Cámara al tratar sus agravios y confirmar -sustancialmente- la precautoria señalada (cfr. fs. 88/89).

En consecuencia, su recurso de apelación se declara desierto en los términos de los arts. 265 y 266 del CPCCN.

III. Con relación a las distribución de las costas, es preciso recordar que nuestro ordenamiento ha recibido -en principio- el criterio objetivo del vencimiento o derrota (ver artículos 68 y 69 del Código de forma, en el mismo sentido artículos 14 y 17 de la ley 16.986), y sólo con carácter excepcional, y exigiendo resolución fundada, que aquellos accesorios sean distribuidos en el orden causado; solución esta última que es reservada para situaciones de hecho de significativa complejidad o con relación a temas jurídicos sobre los que no existe uniformidad en la doctrina y en la jurisprudencia, de modo que el vencido pueda, en términos de razonabilidad, creerse con derecho (confr. esta Sala, causas n° 2937/97 y 593/00 falladas el 1 de junio de 2004, y el 2 de octubre de 2003 y Sala II, causa n° 7056 fallada el 5.12.90, entre otras).

Así pues, no se puede soslayar a los fines de decidir la cuestión planteada que la condena en costas tiene por objeto resarcir los gastos en que la conducta de la demandada obligó al actor a incurrir; de ahí, pues, que la exoneración de su pago reviste carácter excepcional y es de interpretación restrictiva (cfr.esta Sala, causas nº 10.229/01 del 10-9-2002 y 7603/04 del 08-03-05; Sala 1, causas nº 2630 del 30-4-84, 9299 del 29-10-93). Es que se debe impedir, en lo posible, que la necesidad de servirse del proceso para la defensa del derecho se convierta en un daño para quien se ve constreñido a accionar o a defenderse en juicio para pedir justicia (cfr. esta Sala, causa nº 9623/02 del 26-10-2004 y sus citas: Chiovenda, “Ensayos de Derecho Procesal Civil”, t. II, pág. 5 y causa n° 9890/01 del 02-02-06).

A la luz de tales premisas, se advierte que la cobertura de la prestación objeto de esta acción (bomba de insulina) no se hizo efectiva sino hasta luego de dictada la medida cautelar. Asimismo, cabe considerar que la actora efectuó reclamo extrajudicial en octubre de 2015, que fue denegado por Unión Personal (cfr. fs. 3/4).

En conclusión, no asiste razón en sus quejas a la demandada, quien deberá cargar con las costas porque ha resultado vencida en la presente causa, siendo esta circunstancia consecuencia inmediata y exclusiva de su propia conducta (art. 68 del CPCCN).

Por los fundamentos expuestos, SE RESUELVE: Declarar desierto el recurso de apelación interpuesto por la demandada, con costas de ambas instancias (art 68 del CPCCN).

Teniendo en cuenta el mérito, extensión y eficacia de la labor desarrollada por la letrada apoderada de la parte actora, y la naturaleza de la pretensión, se elevan los honorarios de la Dra. Romina Florencia Galli a la suma de pesos VEINTIDOS MIL ($ 22.000) (apelados por altos y bajos) (art. 6 de la ley 21.839, texto según ley 24.432).

Por la actuación profesional en Alzada se regulan los honorarios de la Dra. Romina Florencia Galli en la suma de pesos CINCO MIL ($ 5.000) (art. 14 de la ley arancelaria vigente).

Respecto de los honorarios regulados a la Perito Médica Dra. Miriam Mastricchio, teniendo en cuanto el mérito de su informe pericial y la proporción que deben guardar los honorarios de los profesionales intervinientes, se elevan los mismos a la suma de pesos ($ …).

Regístrese, notifíquese -oportunamente publíquese- y devuélvase.

Guillermo Alberto

Antelo Ricardo

Gustavo Recondo

Graciela Medina