Cobertura de viáticos, costo de alimentación y estadía a un afiliado al INSSJP que reside en Santiago del Estero a fin de tratar en la Ciudad de Buenos Aires la enfermedad de mielomeningocele que padece

Partes: T. L. J. c/ INSSJP s/ amparo de salud

Tribunal: Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil y Comercial Federal

Sala/Juzgado: I

Fecha: 18-abr-2017

Cita: MJ-JU-M-107195-AR | MJJ107195 | MJJ107195

Se otorga la cobertura de viáticos, costo de alimentación y estadía a un afiliado al INSSJP que reside en Santiago del Estero a fin de tratar en la Ciudad de Buenos Aires la enfermedad de mielomeningocele que padece.

Sumario:

1.-Corresponde confirmar la resolución que hizo lugar a la medida cautelar a fin de que el Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados le cubra a un afiliado de Santiago del Estero los viáticos, costo de alimentación y estadía junto con un acompañante en un hotel de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a fin de ser tratado por la enfermedad de mielomeningocele que padece ya que la ley 23.661 dispone que los agentes del seguro de salud deberán incluir, obligatoriamente, entre sus prestaciones las que requieran la rehabilitación de las personas discapacitadas, debiendo asegurar la cobertura de medicamentos que estas prestaciones exijan (art. 28; cfr. esta Sala, causa 7841 del 7/2/01, entre muchas otras).

Fallo:

Buenos Aires, 18 de abril de 2017.

Y VISTOS:

Los recursos de apelaciones interpuestos por la actora a fs. 271/273 y por la demandada a fs. 275/277 -los que no fueron respondidos-, contra la resolución de fs. 266/268; y

CONSIDERANDO:

1. El actor manifestó que se le diagnosticó “mielomeningocele” y que, debido a ello, se le expidió el correspondiente certificado de discapacidad -el que obra agregado a estos autos en copia a fs. 12-.

Adujo que para tratar las secuelas de su enfermedad fue derivado desde donde reside “Santiago del Estero” a esta ciudad, para ser asistido en el Hospital Italiano. Agregó que debió iniciar la presente acción de amparo -con medida cautelar- a fin de que el Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados le cubra los viáticos -en forma integral- para él y para sus dos acompañantes. El reclamo económico fue discriminado de la siguiente forma: a) costo de alimentación: $300 diarios por persona; y b) estadía: $1.120 semanales -que es el costo de la habitación en el Hotel Amafi en donde se hospeda junto a sus acompañantes (cfr. fs. 30/35)-.

En el primer pronunciamiento que obra en la causa el Sr. Juez decidió hacer lugar a la medida cautelar solicitada, resolución que apelada por la accionada fue confirmada por este Tribunal (cfr. resoluciones de fs. 177 y 191/193, respectivamente).

Se debe agregar que a fs. 218 el magistrado amplió la medida precautoria aumentando la suma que debía cubrir la accionada por el gasto de hospedaje estableciendo el límite en $ 1.540 semanales.

A fs. 266/268 el magistrado se pronunció sobre el fondo de la cuestión haciendo lugar a la acción de amparo, dispuso:”.condeno al INSTITUTO NACIONAL DE SERVICIOS SOCIALES PARA JUBILADOS Y PENSIONADOS, a otorgar la cobertura integral (100%) del costo del alojamiento Hotel Pavón y cubrir la suma de $360 por día por persona para alimentación, admitiéndose en este rubro un solo acompañante en concepto de alimentación, con costas a cargo de la obra social, en su calidad de vencida (conf. art. 14 de la ley 16.986).”.

Ambas partes interpusieron recurso de apelación contra lo decidido (cfr. fs. 271/274 y 275/277).

También se presentaron recursos, contra la regulación de honorarios, a fs. 269 y 276 (quinto párrafo), los que serán tratados a la finalización del presente pronunciamiento.

2. La actora solicitó la revocación parcial de la resolución. Sostuvo que el objeto de esta litis no lo constituye el alojamiento en el Hotel Pavón como erróneamente decidió el magistrado, sino el Hotel Amalfi. Solicita que se enmiende ese error y en caso de no ser posible, se establezca la obligación de cobertura en otro alternativo de similares características.

Adujo que no corresponde que se haga lugar a los gastos de uno sólo de los acompañantes del amparista, debido a que éste debe trasladarse para su atención de salud con dos acompañantes, situación que fue contemplada en sede administrativa, en el escrito de inicio y fue admitido por su contraria; de todo ello se debe concluir que la cuestión de admitir la cobertura de dos acompañantes no resultó controvertida.

Por último, sostuvo que el quantum reconocido para los gastos de alimentación es exiguo, en atención a que si bien al iniciar la acción la actora solicitó la suma de $ 300 por día y por persona, esto ocurrió hace más de dos años y debido a ello su parte presentó una actualización en la que solicitó que la suma sea elevada a $ 700. Por lo expuesto, se debería modificar parcialmente el pronunciamiento apelado.

3.Por su parte, la demandada solicitó la revocación de la resolución sobre la base de agravios que pueden resumirse en los siguientes: a) la actora solicitó que a fin de cubrir el costo de hospedaje se aplique lo dispuesto por la Resolución n° 829/2015, es decir que corresponde que su parte otorgue el 100% de la suma por hospedaje siempre que ese costo no supere lo establecido en la norma, sino se estaría fallando ultra petita, lo que resulta totalmente improcedente. La norma establece la asistencia económica en función de la administración y de su incidencia en el presupuesto de la institución, sin alterar los principios de solidaridad y equidad; b) el Sr. Juez dictó una sentencia arbitraria y desmedida si aplicar la lógica y sana crítica en atención a la suma desmedida reconocida para los gastos por alimentación; c) no corresponde que se le impongan las costas del juicio debido a que no existió negativa de su parte de cumplir con lo que necesita el amparista; d) el subsidio brindado por su parte debe ser considerado un ingreso extraordinario y suficiente; e) de multiplicarse acciones como la presente se pondría en peligro el sistema de prestaciones de la demandada; y f) de confirmarse la resolución, se constituiría un enriquecimiento sin causa para el afiliado y su acompañante, en atención a lo desproporcionado del quatum reconocido por el magistrado.

4. En primer lugar corresponde señalar que se examinarán los reproches formulados en esta instancia, en virtud del criterio amplio que emplea este Tribunal en el tratamiento de los recursos, en la inteligencia que dicha amplitud es la que mejor armoniza con el respeto del derecho de defensa en juicio y con el sistema de la doble instancia instituido por el legislador (cfr.esta Sala, causas 3041/97 del 19/6/01, 9173/00 del 19/3/04 y 24.052/94 del 22/3/05, entre muchas otras).

En los términos expuestos, resulta adecuado recordar que la Corte Suprema de Justicia de la Nación ha decidido en repetidas oportunidades que los jueces no están obligados a analizar todos los argumentos articulados por las partes o probanzas producidas en la causa, sino únicamente aquéllos que a su juicio resulten decisivos para la resolución de la contienda (Fallos 276:132, 280:320, 303:2088, 304:819, 305:537, 307:1121).

5. Examinando las circunstancias fácticas particulares de la especie, consta en autos que el actor fue diagnosticado con mielomeningocele con compromiso de miembros inferiores -razón por la cual se le expidió el correspondiente certificado de discapacidad que obra agregado en la causa a fs. 12-.

A fin de ser tratado por especialistas se lo derivó -junto a dos acompañantes- a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Surge, de la documental obrante en la causa, que consultó al Servicio de Ortopedia y Traumatología del Hospital Italiano -de esta ciudad- debido a que presentaba tumoración a nivel de la metafisis del fémur distal izquierdo, con diagnostico de anatomopatológico de condrosarcoma de bajo grado. Los profesionales del Hospital Italiano manifestaron con relación a la consulta realizada por el afiliado: “.Dicho tumor es resistente a la quimioterapia y a la radioterapia, por ese motivo requiere una cirugía de alta complejidad en la que se intentará realizar la resección intralesional del tumor conservando la articulación del fémur distal. En el mismo acto quirúrgico se intentará la reconstrucción mediante la utilización de un transplante óseo combinado.” (cfr. fs.10).

Obra agregado -en copia- el expediente administrativo de “solicitud por vía de excepción de viáticos para permanecer en la ciudad de Buenos Aires” mediante el cual el afiliado -amparista en esta causa- solicitó a la demandada que le otorgara una determinada suma en concepto de viáticos a fin de que él junto a dos acompañantes pudieran viajar a esta ciudad a fin de ser tratado. En el referido expediente, el Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados manifestó: “.La resolución 1264/07 habilita a este departamento a pagar en concepto de ayuda para alojamiento y ayuda para afrontar gastos de alimentación, los siguientes importes:.Afiliado con dos acompañantes ayuda para hotel $ 175 ($ 70 afil., $ 70 primer acompañante y $ 35 2do. acomp.) y ayuda para alimentos $ 60 ($ 20 c/u).” e informó que el afiliado (actor en esta causa) cobra en concepto de viáticos la suma de $ 1.645 semanalmente (cfr. fs. 117).

Se debe agregar a lo dicho, que se acompañó en copia la siguiente documentación: a) una nota firmada por varios afiliados -en el que está incluído el amparista- mediante la cual solicitan a la demandada que considerara un aumento en la suma otorgada en concepto de viáticos, debido a que la resolución n °1264/2007 que estableció una suma para tal fin -hace más de siete años- no fue actualizada y, debido a ello, resultaba insuficiente a fin de cumplir con el objetivo de la norma (cfr. copia de nota que obra a fs. 18).

A lo manifestado, corresponde agregar que el Sr. Juez poderando el tiempo transcurrido desde la emisión de los certificados médicos, solicitó que sean debidamente actualizados y que el accionante manifestara si se encontraba recibiendo los viáticos por cobertura hotelera y alimentación -dispuesto en la medida cautelar decretada en autos- (cfr. fs. 243).

El actor cumplió con lo solicitado y reclamó un aumento de la suma que debería otorgar la demandada por gastos de alimentación la que estableció en $ 700 por persona y por día (cfr. fs.244/255).

6. Ello sentado, es importante puntualizar que la ley 24.901 instituye un sistema de prestaciones básicas de atención integral a favor de las personas con discapacidad, contemplando acciones de prevención, asistencia, promoción y protección, con el objeto de brindarles una cobertura integral a sus necesidades y requerimientos (art. 1).

En lo concerniente a las obras sociales, dispone que éstas tendrán a su cargo, con carácter obligatorio, la cobertura total de las prestaciones básicas enunciadas en la ley, que necesiten los afiliados con discapacidad (art. 2).

Entre estas prestaciones se encuentran las de: transporte especial para asistir al establecimiento educacional o de rehabilitación (art. 13); rehabilitación (art. 15); terapéuticas educativas (arts. 16 y 17); y asistenciales, que tienen la finalidad de cubrir requerimientos básicos esenciales de la persona con discapacidad (art. 18).

Además, la ley 24.901 conte mpla la prestación de servicios específicos, enumerados al sólo efecto enunciativo en el capítulo V, que integrarán las prestaciones básicas que deben brindarse a las personas con discapacidad, en concordancia con criterios de patología (tipo y grado), edad y situación socio-familiar, pudiendo ser ampliados y modificados por la reglamentación (art. 19).

También establece prestaciones complementarias (cap. VII) de: cobertura económica (arts. 33 y 34); apoyo para facilitar o permitir la adquisición de elementos y/o instrumentos para acceder a la rehabilitación, educación, capacitación o inserción social, inherente a las necesidades de las personas con discapacidad (art. 35); atención psiquiátrica y tratamientos psicofarmacológicos (art. 37); cobertura total por los medicamentos indicados en el art. 38; estudios de diagnóstico y de control que no estén contemplados dentro de los servicios que brinden los entes obligados por esta ley (art. 39, inc. b).

La amplitud de las prestaciones previstas en la ley 24.901 resulta ajustada a su finalidad, que es la de lograr la integración social de las personas con discapacidad (ver arg. arts.11, 15, 23 y 33).

Por lo demás, la ley 23.661 dispone que los agentes del seguro de salud deberán incluir, obligatoriamente, entre sus prestaciones las que requieran la rehabilitación de las personas discapacitadas, debiendo asegurar la cobertura de medicamentos que estas prestaciones exijan (art. 28; cfr. esta Sala, causa 7841 del 7/2/01, entre muchas otras).

7. En lo atinente al agravio del accionante con referencia a que se solicitó la cobertura del hospedaje en el “Hotel Amalfi” y no en el “Hotel Pavon”, se debe adelantar que ponderando las constancias obrantes en la causa a fs. 1, 4, 7, 30, 99, 105, 203, 207, 216 se infiere que desde que se inició el proceso el amparista solicitó la cobertura de hospedaje en el “Hotel Amalfi” y corresponde que se modifique la resolución en ese aspecto.

En virtud de lo expresado es importante resaltar que el actor es el que indujo a error, adviértase que en la presentación de fs. 244 de noviembre de 2016 encabeza la presentación sosteniendo: “. Hoy me encuentro alojado junto a dos acompañantes -con cobertura del INSSJP- en el hotel “Pavon”.” mientras que en el memorial presentado por la misma parte, a fs. 271vta. -segundo párrafo- de diciembre de 2016, afirma que se aloja en el Hotel Amalfi, sin embargo en la misma presentación concluye: “.expresamente se disponga -en la medida que mantenga la cobertura del INSSJP- para cada ocasión que el actor se deba trasladar a la Capital Federal para la atención de su salud: 1) Que el hotel donde se hospede el actor sea el Hotel Eleven.”.

Ciertamente ante la falta de coincidencia, es indudable que el accionante indujo a error en cuanto al hotel en el que se hospeda y sobre el que solicita la cobertura.

8. En cuanto al agravio referido a que el magistrado sólo había considerado la cobertura de uno de los acompañantes del amparista cuando en realidad son dos los que asisten al actor, se debe adelantar que no asiste razón al amparista.

Si bien consta a fs.117 (la solicitud de cobertura de gastos de dos acompañantes), y que a fs. 166 mediante el dictado de la disposición n° 3017 la accionada otorgó lo requerido (ver especialmente artículo 1°); corresponde precisar que a fs. 244 claramente el actor reclama la cobertura de viáticos suficientes para el actor y un acompañante. Se debe precisar que manifestó: “.Solicito entonces que en forma URGENTE, le brinden.

1) Viáticos suficientes -junto a un acompañante- para permanecer en la ciudad de Buenos Aires, cubrir el costo de alimentación, cuyo monto diario, estimo prudencialmente en la suma de $ 700. -por cada persona.(SIC) -el resaltado no está en el original-.

En ese sentido, ver también presentación del accionante -Hecho Nuevo- Manifiesto solicito- de fs. 259 (del 4/11/2016).

Por los fundamentos expresados este agravio de la actora -en cuanto solicita la cobertura para dos acompañantes- no puede prosperar en atención a que su reclamo más actual es de sólo uno de ellos.

9. Por otra parte, la demandada adujo que la sentencia resultó arbitraria debido a la interpretación del magistrado contraria a derecho y en la deficiente fundamentación de la solución adoptada. Al respecto, las quejas que se vierten o bien repiten reproches -ya desestimadas por este Tribunal al pronunciarse con relación a la medida precautoria decretada en autos- o bien exteriorizan meras discrepancias de la accionada con los argumentos del pronunciamiento sobre el fondo de la cuestión, sin demostrar en modo alguno que la resolución apelada haya incurrido en ausencia o defecto de fundamentación que conduzca a su descalificación como acto jurisdiccional (doctrina de Fallos 296: 769: 300: 200 y 298; y esta Sala, causa 2048/12 del 22/10/2013, considerando 4°, entre muchas otras).

Por ello, corresponde desestimar este planteo de la accionada.

10.Ahora bien, se agravia el Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados debido a que el pronunciamiento ordena la cobertura integral del 100% de los gastos de alojamiento, entiende que lo decidido supera lo reclamado por su contraria en tanto solicitó la cobertura de conformidad con lo establecido por la Resolución n° 829/20105 del INSSJP.

Corresponde precisar que el pronunciamiento debe ponderar todas las constancias y presentaciones aportadas por las partes, como así también interpretar el verdadero sentido del reclamo del accionante. Del estudio realizado surge que el amparista inició la presente demanda en atención a que la suma reconocida extrajudicialmente por su contraria -para afrontar los gastos de permanencia- no lograban cubrir las necesidades básicas de alojamiento y alimento necesarios para permanecer en esta ciudad a fin de tratar sus dolencias.

Por ello, no se puede concluir que en la presentación de fs. 244 -punto 2- el actor haya limitado su reclamo a la suma que establece la resolución citada por la demandada. Cabe agregar que precisó: “.2) viáticos suficientes para cubrir el costo del Hotel, esto es $ 410.- diarios (según resolución 829/2015).”, es decir que la interpretación de la accionada de lo manifestado es “al menos” parcial, pues de realizar un simple cálculo matemático de lo solicitado por día arrojaría una suma muy superior a la que establece la norma en cuestión.

Por ello, debe rechazarse también este agravio de la accionada.

11. Con relación a los gastos causídicos, se debe ponderar -especialmente- que el actor solicitó infructuosamente -en forma extrajudicial- la cobertura del objeto de esta acción de amparo sin obtener una respuesta positiva a su reclamo (cfr. fs. 1 y 4).

Se infiere que ante la demora incurrida por la accionada en el cumplimiento de sus obligaciones y frente al riesgo que ello implicaba para la salud del amparista -quien padece mielomeningocele y es discapacitado-, éste se vio obligado a promover la presente acción (conf.esta Sala, causas 2.820/02 del 3.10.02, 9.108/01 del 3.12.02, 9.587/06 del 8.5.08, 8.917/06 y 8.918/06 ambas del 5.6.08, 1.393/07 del 5.11.09; entre otras).

En tales condiciones, la solución propiciada en la anterior instancia en orden a las costas es correcta, en la medida en que la demandada proporcionó lo requerido, no voluntariamente, sino por el imperativo del cumplimiento de una orden judicial.

Por los fundamentos expuestos y considerando que se debe impedir, en cuanto sea posible, que la necesidad de servirse del proceso para la defensa del derecho se convierta en daño de quien se ve constreñido a accionar o a defenderse en juicio para pedir justicia (conf. Chiovenda, “Ensayos de Derecho Procesal Civil”, trad. de Sentís Melendo, T. II, pág. 5, citado por la Sala III de esta Cámara en la causa 8.578 del 17.11.92 y esta Sala, causa 3.158/02 del 26.12.02, entre otros), corresponde confirmar la resolución apelada en cuanto impuso las costas a la demandada vencida.

12. Por último, corresponde agregar que el Alto Tribunal ha sostenido que “.los discapacitados, a más de la especial atención que merecen de quienes están directamente obligados a su cuidado, requieren también la de los jueces y de la sociedad toda, siendo que la consideración primordial del interés del incapaz, viene tanto a orientar como a condicionar la decisión de los jueces llamados al juzgamiento de estos casos” (cfr. Corte Suprema, in re “Lifschitz, Graciela Beatriz y otros c/ Estado Nacional”, del 15/6/04; en igual sentido, doctrina de Fallos 322:2701 y 324:122).

Por lo expuesto, el Tribunal RESUELVE: confirmar la resolución de fs. 266/268 en cuanto fue materia de agravio. Las costas de Alzada se distribuyen en el orden causado atendiendo a las particularidades que presentó la cuestión y a lo establecido por el art. 73 del Código Procesal -D.J.A,-.

En atención a los recursos deducidos a fs. 269 y 276 (quinto párrafo), contra la regulación de honorarios practicada en el decisorio impugnado a favor del letrado apoderado de la parte actora, y ponderando el mérito, la extensión y la eficacia de la labor desarrollada y la naturaleza del juicio, se elevan los emolumentos del Dr. Carlos José Díaz a la suma de diecinueve mil quinientos pesos ($ 19.500); arts. 3, 6, 9 y 36 de la ley 21.839, modificada por la ley 24.432.

Regístrese, notifíquese y devuélvase.

María Susana Najurieta

Ricardo V. Guarninoni

Francisco de las Carreras