La indemnización adicional prevista en el art. 3° de la Ley 26.773 es inaplicable a los accidentes in itinere

Partes: Barreto Ramón Horacio c/ ASOCIART A.R.T. S.A. s/ accidente – ley especial

Tribunal: Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo

Sala/Juzgado: V

Fecha: 6-jul-2017

Cita: MJ-JU-M-107247-AR | MJJ107247 | MJJ107247

La indemnización adicional prevista en el art. 3° de la Ley 26.773 es inaplicable a los accidentes in itinere. Cuadro de rubros indemnizatorios.

Sumario:

1.-El art. 3º de la Ley 26.773, que incorpora al sistema de reparación sistémico por infortunios laborales, una indemnización adicional de pago único, equivalente al 20% del capital que resulte originado en las causas que contempla el sistema, a modo de compensación por los daños no reparados en el régimen especial, es inaplicable a los accidentes in itinere.

2.-La ley 26.773 ha establecido en su art. 3° un adicional como reparación, pero excluye expresamente su operatividad en caso de tratarse de un accidente in itinere y la lógica con la cual la norma referida introduce este aspecto, es ajustada al sistema de reparación de daños en la esfera bajo análisis, ya que conjuga las vías civiles y laborales bajo la lógica del sistema jurídico sin contradecirlo a punto tal que amerite un análisis de contradicción con la norma fundamental.

3.-La solución que propugna el art. 3° de la Ley 26.773 no es inconstitucional por el tratamiento diferenciado que efectúa respecto de los accidentes in itinere, ya que ello se encuentra inserto bajo la lógica del sistema jurídico en análisis sin contradicción, por cuanto no hace más que reflejar distintas soluciones a obligaciones de reparación por daños con causas disímiles dentro de la esfera regulada por ella, lo que resulta correcto y ajustado a derecho.

3.-Las obligaciones que dan origen a un accidente in itinere tienen su fundamento en el sistema de solidaridad ante la contingencia social, lo cual no ocurre respecto de los infortunios laborales contemplados por el sistema tarifado en donde la contingencia social justamente emana de la propia esfera de cuidado tanto de la ART como de su asegurada, por lo que sus implicancias resarcitorias encuentran una solución diferente.

4.-Las prestaciones que se abonan por medio de la ley de riesgos del trabajo responden a un seguro social que, a diferencia de una acción propiamente resarcitoria, no tiene porqué ser integral pues no está en juego la propiedad garantizada por el art. 17 de la CN., sino un sistema de solidaridad ante la contingencia social y lo que torna inconstitucional el régimen no es que sea de seguridad social, sino que en origen se hubiera vedado la acción resarcitoria con relación al común de los habitantes en un acto patente de discriminación social de origen legal.

Fallo:

En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, capital federal de la República Argentina, a los 6 días del mes de julio de 2017 se reúnen los señores jueces de la Sala V, para dictar la sentencia en esta causa, quienes se expiden en el orden de votación que fue sorteado oportunamente; y LA DOCTORA GRACIELA ELENA MARINO dijo:

I – Contra la sentencia dictada a fs. 175/180, que hizo lugar al reclamo inicial, se alza la parte demandada Asociart A.R.T. S.A. en los términos del memorial que luce glosado a fs. 182/185 vta., que recibiera réplica de la contraria a fs. 190/196 vta.

Asimismo, la perito médica apela los honorarios profesionales regulados a su favor (v. fs. 181).

II – El recurso interpuesto por la parte demandada se dirige a cuestionar la actualización del monto indemnizatorio conforme el índice RIPTE.

En un caso análogo al presente, la Corte Suprema de Justicia de la Nación en “Espósito, Dardo Luis c/ Provincia ART S.A. s/accidente – ley especial” del 7/6/2016, señaló en lo pertinente: “en este caso no cabe duda de que: a) la propia ley 26.773 estableció pautas precisas para determinar a qué accidentes o enfermedades laborales correspondería aplicarles las nuevas disposiciones legales en materia de prestaciones dinerarias; y b) ante la existencia de estas pautas legales específicas queda excluida la posibilidad de acudir a las reglas generales de la legislación civil sobre aplicación temporal de las leyes. La simple lectura de los textos normativos reseñados en el considerando 5° de este pronunciamiento basta para advertir que del juego armónico de los arts. 8° y 17.6 de la ley 26.773 claramente se desprende que la intención del legislador no fue otra que la de:(1) aplicar sobre los importes fijados a fines de 2009 por el decreto 1694 un reajuste, según la evolución que tuvo el índice RIPTE entre enero de 2010 y la fecha de entrada en vigencia de la ley, que los dejara “actualizados” a esta última fecha; y (2) ordenar, a partir de allí, un reajuste cada seis meses de esos importes de acuerdo con la variación del mismo índice. Y que del art. 17.5 también se desprende claramente que estos nuevos importes “actualizados” solo rigen para la reparación de contingencias cuya primera manifestación invalidante haya ocurrido con posterioridad a la fecha de entrada en vigencia del capítulo de la ley referente a las prestaciones dinerarias del régimen de reparación. En síntesis, la ley 26.773 dispuso el reajuste mediante el índice RIPTE de los “importes” a los que aludían los arts. 1°, 3° y 4° del decreto 1694/09 exclusivamente con el fin de que esas prestaciones de suma fija y pisos mínimos reajustados se aplicaran a las contingencias futuras; más precisamente, a los accidentes que ocurrieran y a las enfermedades que se manifestaran con posterioridad a la publicación del nuevo régimen legal. El texto del art. 17.5, al establecer que “las disposiciones atinentes a las prestaciones en dinero “entrarían en vigencia a partir de la publicación de la ley en el Boletín Oficial, no dejó margen alguno para otra interpretación. 9º) Que la precisa regla que emana de este último precepto legal no puede dejarse de lado, como lo hizo el a quo, mediante la dogmática invocación de supuestas razones de justicia y equidad. Por lo demás, tampoco es posible justificar tal apartamiento acudiendo a la doctrina de los precedentes “Arcuri Rojas” y “Camusso” (Fallos: 332:2454 y 294:434, respectivamente), mencionados por la parte actora al solicitar la aplicación de las disposiciones de la ley 26.773 que aluden a la actualización por el índice RIPTE (fs.540/547), pues las circunstancias del sub examine difieren notablemente de las tratadas en aquellos casos”.

En consecuencia, por las razones expuestas y toda vez que en este caso se dan los fundamentos fácticos y jurídicos valorados por la Corte Suprema, propicio admitir la queja deducida por la demandada y revocar el decisorio de grado respecto a la actualización del monto indemnizatorio de acuerdo al índice RIPTE.

III – Se agravia también la parte demandada por la condena al pago de la indemnización adicional prevista por el art. 3 de la ley 26.773, en tanto se trata de un accidente in itinere, que no contempla dicho incremento.

La parte actora afirmó en el inicio que el 10 de febrero de 2014 a las 7, sufrió un accidente durante el trayecto de su domicilio al trabajo, cuando el transporte público en el que viajaba frenó bruscamente y al querer sujetarse para no caerse, sufrió la ruptura del quinto dedo de la mano izquierda (v. fs. 4), lo que evidencia claramente que el demandante sufrió un accidente in itinere.

Puntualiza la recurrente que la referida norma solamente es aplicable a aquellos siniestros acontecidos cuando el trabajador se encuentra a disposición del empleador y que no corresponde en los casos de accidentes in itinere.

Es menester destacar que el art. 3º de la Ley 26773, incorpora al sistema de reparación sistémico por infortunios laborales, una indemnización adicional de pago único, equivalente al 20% del capital que resulte originado en las causas que contempla el sistema, ello a modo de compensación por los daños no reparados en el régimen especial.

Es así que la ley 26773 ha establecido entonces un adicional como reparación, pero excluye expresamente su operatividad en caso de tratarse de un accidente in itinere, como el de marras.La lógica con la cual la norma referida introduce este aspecto, es ajustada al sistema de reparación de daños en la esfera bajo análisis, ya que introduce no de modo discriminatorio o vulnerando el principio constitucional de igualdad en desmedro del trabajador la solución propiciada, sino que conjuga las vías civiles y laborales bajo la lógica del sistema jurídico sin contradecirlo a punto tal que amerite un análisis de contradicción con la norma fundamental, de modo que la presente situación no resulta subsumible en el análisis del nivel que introduce la parte, ya que habilitada la vía civil al damnificado para requerir al directo causante del daño su reparación en tal esfera de responsabilidad, no resultan vulneradas ni controvertidas las normas constitucionales de nivel jerárquico superior al de la ley en análisis.

Corresponde entonces distinguir que la solución que propugna la ley 26773 no resulta ser inconstitucional por el tratamiento diferenciado que efectúa respecto de los accidentes in itinere, ya que ello se encuentra inserto bajo la lógica del sistema jurídico en análisis sin contradicción, por cuanto la norma en definitiva no hace más que reflejar distintas soluciones a obligaciones de reparación por daños con causas disímiles dentro de la esfera regulada por ella, lo que resulta correcto y ajustado a derecho. Las obligaciones que dan origen a un accidente in itinere tienen su fundamento en el sistema de solidaridad ante la contingencia social, no así el resto de los infortunios laborales contemplados por el sistema tarifado en donde la contingencia social justamente emana de la propia esfera de cuidado tanto de la ART como de su asegurada, por lo que sus implicancias resarcitorias encuentran una solución diferente a la de análisis.

Ahora bien, la declaración de inconstitucionalidad en cuestión merece especial análisis, bajo los lineamientos que preceden, es decir que en lo atinente al análisis sistémico derivado de nuestra Carta Magna, y a su vez, ha de analizarse ello siempre en miras al caso concreto.Por lo supra expuesto, la inconstitucionalidad del art. 3 de la Ley 26773 que pretende la parte actora por excluir a los infortunios laborales in itinere no afecta el principio de igualdad ante la ley, porque no veda al damnificado la vía reparatoria para resarcir el daño en análisis, lo cual tampoco deviene en discriminatoria como derivación de las conclusiones que preceden, ya que objetivamente propicia una solución atendible dentro del sistema.

Es dable recordar finalmente, que el principio de igualdad que contempla nuestra Carta Magna en su art. 16, refleja su operatividad “en igualdad de condiciones”.

En este marco, las hipótesis en análisis no se encuentran subsumidas en las condiciones que la norma contempla, por lo cual tampoco advierto contradicción en este sentido.

La situación se hace más patente en el caso de autos, en el que el reclamo tiene su origen en un accidente in itinere, contingencia social ajena totalmente a la esfera de cuidado tanto de la A.R.T. como de su asegurada. En este orden de ideas, las prestaciones que se abonan responden a un seguro social que, a diferencia de una acción propiamente resarcitoria, no tiene porqué ser integral pues no está en juego la propiedad garantida por el artículo 17 de la Constitución Nacional, sino un sistema de solidaridad ante la contingencia social. Lo que torna inconstitucional el régimen no es que sea de seguridad social, sino que en origen se hubiera vedado la acción resarcitoria con relación al común de los habitantes en un acto patente de discriminación social de origen legal.

Por otra parte, el sentenciante de grado parece desconocer el contenido de la norma al condenar de manera arbitraria a abonar del adicional cuestionado.

Consecuentemente, por las razones expuestas, propicio modificar lo decidido al respecto y revocar la condena respecto del adicional con fundamento en el art. 3 de la ley 26.773.

IV – De acuerdo a la solución que se propicia, teniendo en cuenta que el monto resultante de la aplicación de la fórmula establecida en el art.14 ap. 2 inc. a) de la ley 24.557 alcanza a $ 47.922,24 (53 x $ 6.078,96 x 9,84% x 65/43 -1,5116-) y que dicha suma resulta ser superior al piso mínimo establecido por el art. 14 inc. 2.a de esa norma (modif. por dec. 1694/09 y por art. 17.6 ley 26.773) ajustado según el índice RIPTE, el cual, según Resol. Nº 34/2013 de la Secretaría de Seguridad Social -conf. dec. 472/2014- que asciende a $ 46.902,26 (476.649 x 64%, conforme citada Resol. Nº 34/2013), corresponde aplicar al caso de auto s la primera suma mencionada.

De tal modo, de prosperar mi voto, corresponde modificar parcialmente la

sentencia dictada en la anterior instancia y fijar el capital de condena en la suma de $ 47.922,24, a la que se deben aplicar los intereses dispuestos en las Actas 2.601 y 2630, desde el 10/2/2014 hasta su efectivo pago.

V – Ante el nuevo resultado del litigio y en virtud de lo normado por el art. 279 del C.P.C.C.N., corresponde dejar sin efecto la imposición de costas y las regulaciones de honorarios practicadas en la instancia anterior y determinarlas en forma originaria.

En virtud de ello, propongo imponer las costas de la instancia anterior a cargo de la demandada (conf. art. 68 C.P.C.C.N.). Teniendo en cuenta la calidad y extensión de las tareas desempeñadas por el profesional interviniente (arts. 6, 7, 9, 11, 19, 37 y 39 de la ley 21.839) propongo regular los honorarios por la actuación en primera instancia a la representación y patrocinio de la parte actora (que incluye la actuación ante el SECLO), de la demandada Asociart A.R.T. S.A.y de la perito médica en el 12%, 11% y 5%, respectivamente, a calcular sobre el nuevo capital de condena más intereses.

VI – Atendiendo al resultado del recurso traído a conocimiento de esta alzada, voto para que las costas en esta instancia se declaren en el orden causado (cfr. art. 68, segundo párrafo, C.P.C.C.N.), a cuyo efecto, postulo regular los honorarios correspondientes a la representación y patrocinio letrado de la parte actora y de la demandada Asociart A.R.T. S.A. en el 25% de lo que en definitiva les corresponda, respectivamente, por sus labores en la instancia de origen (cfr. art. 14, ley 21.839).

EL DOCTOR ENRIQUE NÉSTOR ARIAS GIBERT manifestó: que por análogos fundamentos adhiere al voto de la Sra. Jueza de Cámara preopinante.

En virtud de lo que surge del acuerdo que antecede, el TRIBUNAL RESUELVE: 1) Revocar la aplicación del índice RIPTE en la forma dispuesta en la sentencia de grado. 2) Modificar el monto de condena en la suma de PESOS CUARENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS VEINTIDOS CON VEINTICUATRO CENTAVOS ($ 47.922,24) la que devengará los intereses dispuestos en el considerando IV del primer voto desde el 10/2/2014 hasta su efectivo pago; 3) Dejar sin efecto la imposición de costas y las regulaciones de honorarios practicadas en la instancia anterior; 4) Costas y honorarios conforme lo propuesto en los puntos V y VI del mencionado primer voto; 5) Regístrese, notifíquese, cúmplase con el art. 1 de la ley 26.856, Acordadas C.S.J.N. 15/13 punto 4) y 24/13 y devuélvase. Con lo que terminó el acto, firmando los señores jueces por ante mí, que doy fe.Se deja constancia que la vocalía 2 se encuentra vacante (art. 109 RJN).

MMV

Graciela Elena Marino

Juez de Cámara

Enrique Néstor Arias Gibert

Juez de Cámara