Legitimidad del modo en que la universidad demandada regla el ingreso al colegio que de ella depende, efectuando distinciones entre aquellos alumnos que proviene de escuelas públicas y los que lo hacen de escuelas privadas

Partes: B. C. A. c/ Estado Nacional y otros s/ amparo Ley 16.986

Tribunal: Cámara Federal de Apelaciones de Mar del Plata

Fecha: 15-ago-2017

Cita: MJ-JU-M-106412-AR | MJJ106412 | MJJ106412

Legitimidad del modo en que la universidad demandada regla el ingreso al colegio que de ella depende, efectuando distinciones entre aquellos alumnos que provienen de escuelas públicas y los que lo hacen de escuelas privadas.

Sumario:

1.-Corresponde rechazar la acción de amparo, pues el obrar desplegado por la universidad demandada al reglar el modo de ingreso al colegio que de ella depende -efectuando distinciones entre aquellos alumnos que provienen de escuelas públicas y los que lo hacen de escuelas privadas-, deriva de una lógica actuación en el marco de su autonomía universitaria , consagrada constitucionalmente en nuestro sistema legal vigente, y que implica la generación de una herramienta esencial para la construcción de un modelo educativo que desde la visión que aporta la universidad, tienda a generar la discusión y controversia de ideas que una sociedad democrática requiere, sin interferencia de terceros.

2.-Por tratarse la impugnada de una cuestión propia de las autoridades que tienen a su cargo el gobierno de la Universidad, el control judicial de las decisiones que se adopten en el orden interno, en punto al modo de ingreso a las instituciones educativas que de ella dependan, y a los procedimientos seguidos a tal fin, se limita a la revisión del marco de su legalidad, en tanto ellos se hallan reglados y también a su razonabilidad, verificando en ellos la ausencia de arbitrariedad.

3.-La distinción efectuada entre aquellos alumnos que proviene de escuelas públicas y los que lo hacen de escuelas privadas para ingresar en un colegio que depende de una Universidad, fueron claramente aceptadas por el impugnante, quien realizó los exámenes pertinentes, aprobándolos y sometiéndose luego a un sorteo, tal como lo prevé la normativa en vigor; por ello no puede impugnar el sistema luego de no ser beneficiado en la instancia del sorteo, por entenderlo violatorio a la regla de igualdad constitucional y a sus derechos convencionales derivados de la CIDN.

Fallo:

En la ciudad de Mar del Plata, a los 15 días del mes de agosto de dos mil diecisiete, avocados los Sres. Jueces de la Excma. Cámara Federal de Apelaciones de Mar del Plata al análisis de estos autos caratulados: “B, C A c/ ESTADO NACIONAL Y OTROS s/AMPARO LEY 16.986”. Expediente FMP 355/2016, provenientes del Juzgado Federal N° 2, Secretaría N° 1 de esta ciudad. El orden de votación es el siguiente: Dr. Eduardo P. Jiménez, Dr. Jorge Ferro, Dr. Alejandro O. Tazza. El Dr. Jiménez dijo:

I): Que a fs.91/99 vta., se presenta la amparista de Autos, impetrando recurso de apelación en contra de la sentencia obrante a fs. 86/89, en tanto rechaza íntegramente la acción promovida, imponiendo las costas del proceso en el orden causado. Objeta la interpretación de que la resuelta en Autos se trate de una cuestión política no justiciable, ya que se debate la posible violación a derechos que su parte considera adquiridos y otras reglas constitucionales, como lo es la de la igualdad ante la ley. Cuestiona también que la política universitaria cuestionada no pueda ser revisada en razón de regir para la UNMDP la regla de autonomía universitaria, ya que según lo interpreta, el sistema de ingreso al Colegio “Illia” de la UNMDP para el ciclo lectivo del año 2016 violenta normativa internacional expresa que cita. Por otra parte, enuncia la regla de la irretroactividad de las leyes y su retroactividad no puede lesionar derechos adquiridos, como los que dice detentar su hijo, a ingresar conforme un determinado sistema de ingreso. Cuestiona la doctrina con la que el Aquo funda su sentencia, para luego recordar el modo en que su hijo se preparó para ingresar en la institución educativa dependiente de la UNMDP, con gran esfuerzo, lo que luego se tornó en frustración al no haber salido favorecido en el posterior sorteo que definiría el ingreso a la institución.Expresa que al anotarse, existía una metodología para definir el ingreso, pero que luego ella se cambió por la hoy vigente, que le perjudicó, ya que en este caso su ingreso depende del azar en un sorteo, y no la capacidad demostrada en las evaluaciones correspondientes. Expresa que detenta derechos adquiridos al haberse inscripto para ingresar a la institución educativa bajo el sistema de la OCS 2282/08, aunque la UNMDP la da por no publicada y en consecuencia, por no válida. Aun así, su parte aduce en favor de la postura que detenta, la vigencia del principio de legalidad, sin que la nueva normativa pueda serle aplicada en forma retroactiva. Por otra parte, ratifica su respeto a la regla constitucional que resguarda la autonomía universitaria en tanto a partir de ella se respeten los derechos y garantías establecidos en la Constitución, resaltando la regla de igualdad ante la ley y expresando que con su accionar, las autoridades universitarias violan los derechos del niño que su hijo detenta (Art. 75 Inc. 22 CN). Por ello vuelve a requerir se declare la inconstitucionalidad de lo dispuesto en la OCS 1323/2015, resolviendo la incorporación en forma definitiva de su hijo al Colegio Arturo Illia.

II): Sustanciados que fueron los agravios vertidos, ellos son contestados por la UNMDP., en términos de presentación que luce agregada a fs. 101/102 por el ESTADO NACIONAL ARGENTINO/MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y DEPORTES DE LA NACIÓN, y que acto seguido paso a transcribir en tanto ello resulta procedente y conforme a derecho: Resalta su falta de legitimación para obrar en éstos obrados, atento ser la Universidad Nacional de Mar del Plata una persona de derecho público no estatal que goza de autonomía, tiene personalidad propia y carácter autárquico, conforme así lo disponen el Art. 75 Inc. 19 CN y la Ley 24.521.- Destaca por lo expuesto, que en ningún caso, el Estado Nacional responderá por las obligaciones asumidas por las instituciones universitarias que importen un perjuicio para el Tesoro Nacional.Por ello solicita la confirmación íntegra de la sentencia atacada, con imposición de costas a la recurrente.

III): A fs. 103/108, responde agravios la Universidad Nacional de mar del Plata, ello en los siguientes términos: Expresa en primer lugar, que más allá de la desilusión expresada por su contraparte respecto del fallo de 1ª Instancia, no expresa agravio ninguno en su contra, con lo que el escrito en responde no constituye en su criterio una crítica concreta y razonada del fallo puesto en crisis, solicitando su deserción. Rechaza además la posibilidad de incluir prueba en esta etapa del proceso, a la que considera inconducente. Aun así, y “ad eventum”, responde los presuntos agravios expresados por su contraparte al apelar, señalando en primer lugar que según OCS 1323/15, el amparista fue calificado como “aprobado”, sin indicación numérica ninguna. En cuanto al derecho “adquirido” que aduce como consecuencia de haberse inscripto como aspirante para ingresar al CNAUI, y haber sufrido posteriormente el mismo una modificación que lo perjudicó, rechaza tal interpretación del concepto constitucional de propiedad. Claramente no era éste el caso, en que el procedimiento anteriormente dispuesto no se encontraba ni siquiera iniciado para el año en que el joven demandante se inscribió, habiéndose cumplido únicamente el período de inscripción al ingreso, encontrándose en ése entonces el aspirante lejos de haber obtenido ya una vacante.

Reitera asimismo, que mientras el sistema anterior fijaba un orden de mérito emergente del rendimiento académico de los aspirantes; el nuevo sistema reemplazó la calificación numérica por la sola mención de si el aspirante aprobaba o desaprobaba las instancias evaluatorias, siendo el último en consecuencia, incompatible con la existencia de un orden de mérito, ya que la sola mención de “aprobado” impide comparar entre aspirantes y determinar quienes obtuvieron un mejor rendimiento (Art. 26 de la OCS 619/10 y Art.13 de OCS 1323/15). Recuerda que el amparista no se disconformó oportunamente con tal circunstancia, sino que de todas maneras transitó por el proceso, obteniendo finalmente la calificación de “aprobado” en los distintos exámenes, recibiendo su número para el sorteo y una vez que el azar le fue esquivo al no obtener la plaza esperada a través del nuevo procedimiento en vigor, impetra su reclamo, generando una conducta “contraria a sus propios actos”. Enfatiza luego que el dictado de estas regulaciones para dirimir el ingreso en instituciones dependientes de la UNMDP es materia propia de la autonomía universitaria, y en el caso, no se ha contrariado la regla de igualdad ante la ley del reclamante, ni mucho menos sus derechos garantizados por la CIDN. Por ello peticiona que se confirme la sentencia recurrida, con imposición de costas a la recurrente.

IV): Sustanciados que fueron los agravios vertidos, se dispone a fs. 109, la elevación de los obrados a ésta Alzada a fin de que se provea aquello que corresponda. Finalmente, y sin que resten gestiones procesales pendientes de producción en la causa, se llama a fs. 111, AUTOS PARA DICTAR SENTENCIA DEFINITIVA, lo que a la fecha se encuentra firme y consentido para los contendientes.

V): Antes de comenzar con el desarrollo de las cuestiones propuestas a revisión de esta Alzada, he de señalar que sólo evaluaré en el presente voto, aquellos planteos que considero esenciales a los fines de la resolución del litigio. En este entendimiento, recuerdo que los jueces no están obligados a considerar todos y cada uno de los planteos de las partes, pues basta que lo hagan respecto de aquellos considerados esenciales y decisivos para el fallo de la causa.Nuestra Corte Suprema de Justicia ha sentado la doctrina según la cual los jueces no están obligados a ponderar una por una y exhaustivamente todas las pruebas agregadas a la causa sino sólo aquellas estimadas conducentes para fundar sus conclusiones, ni a analizar todas las cuestiones y argumentos utilizados que a su juicio no sean decisivos (ver LL 144 p. 611, 27.641-S; LL 145 p. 346; LL 148 p. 692, 29.625-S; CSJN., Fallos 296:445; 297:333 entre otros). Aclarado lo que antecede, cabe adelantar aquí la íntegra confirmación del decisorio puesto en crisis, ello con base en los siguientes argumentos: Se impugna lo resuelto por el Sr. Magistrado actuante en la Instancia anterior, en tanto rechaza la demanda promovida en Autos, validando en tal contexto la aplicabilidad de lo dispuesto en OCS Nª 1323 y Disposición Nº 001/2015 por las que se regula el curso de articulación entre niveles, ofrecido por ésa Alta Casa de Estudios y la modalidad de ingreso al Colegio Arturo Illia, dependiente de ésa Alta Casa de Estudios. Es que la propia Universidad Nacional de Mar del Plata, en uso de su garantía institucional de autonomía universitaria, ha reglado los alcances de la articulación entre niveles para ingresar al Colegio Arturo Illia, que de ella depende, con el dictado de la OCS Nº 1323/15. Es del caso enfatizar aquí, que por tratarse la impugnada de una cuestión propia de las autoridades que tienen a su cargo el Gobierno de la Universidad, el control judicial de las decisiones que se adopten en el orden interno, en punto al modo de ingreso a las instituciones educativas que de ella dependan, y a los procedimientos seguidos a tal fin, se limita a la revisión del marco de su legalidad, en tanto ellos se hallan reglados, y también a su razonabilidad, verificando en ellos la ausencia de arbitrariedad, a modo de básica aplicación de las reglas contenidas en los Art. 14, 28 y Ccs. CN.Resalto en suma, que según lo interpreto, el obrar desplegado por la UNMDP al reglar el modo de ingreso al Colegio Arturo Illia que de ella depende, deriva de una lógica actuación de esa Alta Casa de Estudios, en el marco de su “autonomía universitaria”, también constitucionalmente consagrada en nuestro sistema legal vigente, y que implica, según lo interpreto, la generación de una herramienta esencial para la construcción de un modelo educativo que desde la visión que aporta la universidad, tienda a generar la discusión y controversia de ideas que una sociedad democrática requiere, sin interferencia de terceros. Así lo he expuesto en un artículo de mi autoría titulado “El ejercicio de la autonomía no exime a las universidades Nacionales del rol de contralor del Poder Judicial” (“LL” 1999-A-385). En consecuencia, resulta claro que incumbe a los jueces en el marco de sus resoluciones, poner “coto” ante una impugnación a los actos emanados por los cuerpos colegiados de la Universidad Pública, pero solo en el caso de advertirse – dentro del contexto antes narrado – irregularidades del tipo de las antes enunciadas, ya que como he dicho en el párrafo anterior, aun siendo autónoma, la Universidad Pública debe someterse al imperio del derecho. Aclarado lo que antecede, señalo que claramente la regulación de la OCS 1323/15 en tanto determina nuevas modalidades para articular el ingreso de los postulantes para estudiar en el Colegio Arturo Illia, dependiente de la UNMDP, efectuando distinciones entre aquellos alumnos que proviene de escuelas públicas y los que lo hacen de escuelas privadas, fue claramente aceptado por el impugnante de Autos, quien realizó los exámenes pertinentes, aprobándolos y sometiéndose luego – junto con los otros postulantes provenientes de escuelas privadas que aprobaron los exámenes en cuestión – a un sorteo, tal como lo prevé la normativa en vigor.Es entonces que solo luego de no ser beneficiado en la instancia del sorteo, impugna el sistema por considerar que al momento de su postulación tenía un derecho adquirido a ser evaluado por el anterior, impugnando además al “nuevo” por entenderlo violatorio a la regla de igualdad constitucional y a sus derechos convencionales derivados de la CIDN. En primer lugar, tengo para mí que no puede hablarse de “derecho adquirido” del postulante, cuando el mismo se sometió al proceso de evaluación para ingreso al Colegio Illia, indicado por la OCS 1323/15, y solo lo impugnó cuando en la instancia final de sorteo resultó desfavorecido. Ello pues como acertadamente lo ha expuesto nuestra jurisprudencia, y aún en la inteligencia del amplio concepto de propiedad, admitido por nuestro sistema constitucional (Cfr. CSJN Autos “Bourdie”, fallo del 16/12/1925, Tª145, pág. 327) “(.) se configura un derecho adquirido, si bajo la vigencia de una ley en particular, se han cumplido todos los actos, condiciones sustanciales y requisitos formales previstos en ella para ser titular de un determinado derecho, porque la situación creada por esa ley se transforma en una situación jurídica concreta e individual en cabeza del sujeto que, como tal, se hace inalterable y no puede ser suprimida por ley posterior sin agravio del derecho constitucional de propiedad” (CSJN, 28/09/1993 “Marozzi, Eldo E. c/Provincia de Santa Fe”; íd CNFed. Cont. Adm., Sala “I”, 21/06/1996 “Caja de Crédito Impulsora Soc. Coop. Ltda. c/Talleres Navales y Terrestres Magallanes y otro”; íd. CNCiv. Sala “A”, 29/03/1989, “Muscarcel, Miguel Ángel c/SADAIC”), lo que claramente no ha acaecido en el supuesto de Autos. Pero también objetó la recurrente que con el nuevo sistema, determinante de categorías (postulantes provenientes de escuelas públicas y aquellos provenientes de escuelas privadas), la UNMDP incurrió en violación a la regla de igualdad ante la ley, discriminando al postulante y violando sus derechos consagrados en la CIDN.Más allá de volver a resaltar que el postulante convalidó éste nuevo sistema de articulación, hasta que en su fase final de sorteo resultó desfavorecido, cabe también recordar en éste punto lo señalado por nuestra jurisprudencia en forma conteste, al sostener que no se viola el principio de igualdad ante la ley cuando pese a legislarse determinadas categorías, se trata de una misma manera a quienes se encuentran en igual situación y la categoría no implica manifiesta discriminación o arbitrariedad (Cfr. CSJN Fallos 176:192, 178:89; 181:203; 190:236; 248:87; 262:370; 263:245; 258:177,entre muchos otros). Es que la regla de igualdad ante la ley, consiste en que “(.) no se establezcan excepciones o privilegios que excluyan a unos de lo que se concede a otros en iguales circunstancias” (Cfr. CSJN Fallos t.16, pág. 118; t.27, pág. 18), o aún, que no se afecta esta regla constitucional “(.) cuando se confiere un tratamiento diferente a personas que se encuentran en situaciones distintas (Cfr. CSJN Fallos 315:135; 329:4349). Quizá puedan detentarse distintas posiciones frente a la oportunidad y el mérito evaluado por la universidad autónoma al darle un tratamiento distinto, explicitado en la OCS 1323/2015 a jóvenes candidatos a ingreso en el Colegio Illia, provenientes de escuelas públicas o privadas, pero al no encontrarse teñida tal determinación de arbitrariedad, destaco en el caso, que no se trata aquí de cuestionar, con alcance general, el modo en que la universidad pública determina su marco normativo en cuestión, lo que de seguro puede ser objeto de debate en el marco amplio y garantizador que provee la autonomía universitaria, máxime cuando – reitero – no se advierte arbitrariedad en las formas rituales provistas a tal fin por ésa Alta Casa de Estudios, ni en la forma en que se despliegan ambas modalidades de ingreso, consentidas en origen por el hoy impugnante.Expuesta y enunciada la aclaración antecedente, entiendo que la normativa cuestionada en Autos fue dictada regularmente y con ello, que el acto administrativo impugnado no adolece de ningún grave vicio en la motivación, que lo afecte en su legitimidad. Dicho lo anterior, reitero que no cabe aquí entrometerme en las consideraciones de oportunidad y mérito para evaluar la procedencia o improcedencia de la impugnación efectuada por el amparista de Autos, y cuya evaluación es privativa de las autoridades universitarias, ni mucho menos pautar las condiciones en que tal ameritación, que según se lo advierte, ha sido efectuada, con seguimiento a lo estrictamente impuesto a la normativa dictada por la propia Universidad, en uso de su autonomía, para tal menester. En consecuencia, y surgiendo del responde a agravios efectuado por el ESTADO NACIONAL ARGENTINO a fs. 101/102, una objeción a la sentencia de grado en tanto no se acoge allí su defensa de falta de legitimación para obrar, es bueno resaltar que no se ha implementado al respecto, modalidad de apelación ninguna por esa parte, con lo que no cabe emitir pronunciamiento al respecto (“tantum apellatum, quantum devolutum”). Pero además, la suerte corrida por el reclamo (rechazo en ambas instancias) torna ese presunto planteo, de todos modos en cuestión abstracta (moot case) lo que también inhibe de efectuar pronunciamiento a su respecto. Finalmente, y en punto a la carga de las costas en Alzada, entiendo que no existe razón válida que invite a apartarme en éste supuesto de la regla general de imposición al vencido, ya que como bien ha sostenido la Corte Suprema de Justicia de la Nación en el punto “(.) conforme al Art. 68 del CPCN, el principio general es la imposición de costas al vencido, y solo puede eximirse de esa responsabilidad – si hay mérito para ello – mediante el pronunciamiento expreso acerca de dicho mérito” (Cfr. CSJN Autos “Varillas DAS SA.c/ Estado Nacional s/Amparo”, del 20/12/2005). Por lo dicho, es que propongo al Acuerdo, 1) RECHAZAR LA APELACIÓN impetrada por la amparista a fs. 91/99 vta., y con ello CONFIRMAR LA SENTENCIA de fs. 86/89, en todo y cuanto fue objeto de apelación y recurso; 2) IMPONER LAS COSTAS de Alzada a la apelante, en virtud de su calidad de vencida (Art. 68 CPCN). Tal, el sentido de mi voto. El Dr. Ferro dijo: Que he de compartir la solución propuesta por el Sr. Juez que me precede en el orden de votación y solo he de añadir una consideración al respecto. En torno del Estado Nacional, debo significar que la excepción de falta de legitimación presupone la ausencia de legitimación de identidad entre la persona del actor y aquella contra la cual se demanda o sea la obligada; es sabido que el ejercicio de la acción corresponde al titular del derecho y la falta de identidad entre éste y la persona del actor se traduce en la ausencia de legitimación, que es el caso de autos respecto del Estado Nacional. Es deber del juzgador examinar con carácter previo antes de entrar a aplicar el derecho sustancial si existen los requisitos exigidos por la norma en la relación procesal; en ese contexto el Estado Nacional no ostenta ningún derecho respecto a inmiscuirse en las decisiones normativas de la Universidad de esta ciudad, en lo que aquí interesa, ni tampoco por ende le pueden señalar responsabilidades alguna sobre la cuestión de marras y tiene su fundamento en la naturaleza jurídica que ostentan, con rango constitucional, las Universidades, entre ellas las de Mar del Plata. Por lo tanto, debe admitirse la excepción de falta de legitimación pasiva incoada por el Estado Nacional. Entrando ahora a analizar la cuestión respecto de la Universidad Nacional de esta ciudad, debo significar lo siguiente. Debo reparar de manera prioritaria que la actora ha omitido ignorar el art.32 de la ley 24.521 y, entiendo, que al prescindir de tal norma implicó dar viabilidad a una acción de amparo respecto de actuaciones administrativas de la Universidad Nacional del Mar del Plata, cuando las mismas no fueron agotadas por existir recursos que podría haber utilizado y contemplados por aquella legislación específica; se debió advertir que el amparo, aún con la jerarquía constitucional que ahora posee, no se admite para entrometerse en el desarrollo propio de las vías procesales administrativas, por lo que es necesario previamente transitar las vías jerárquicas establecidas en la administración para quedar expedita la vía judiciales. Vale decir, este remedio no tiene como finalidad obviar o urgir el trámite de los procedimientos administrativos legal o reglamentariamente previstos para el logro del resultado que con él se procura, ni es apto para autorizar a los jueces a irrumpir en asuntos ajenos a la jurisdicción que por ley tienen conferida, alterando la normal acción de las instituciones vigentes y acá es donde se vislumbra el no acatamiento al art. 32 de la Ley de Educación Superior. En tal sentido, ello genera una carencia de base jurídica en su decisión y acarrea una arbitrariedad en que incurriera el actor por violación de la figura del Juez Natural, como del debido proceso legal al apartarse del procedimiento del art. 32 de la ley 24.521 violando de esa manera leyes federales, toda vez que a la luz de la normativa vigente aplicable a la hipótesis fáctica en conflicto, la decisión de la demandada bien pudo ser revisada administrativamente por los mecanismos previstos al efecto (ley 19.549 y la ley 24.521) que poseía el actor. Sentado ello, que resultaría bastante para desestimar esta acción de amparo, corresponde analizar la pretensión actora.Ello dentro del marco que es a la Justicia a quien le incumbe decidir sobre la procedencia de esta acción dentro del ejercicio natural de sus funciones, y la cuestión tiene importancia pues está en juego el propio derecho a la jurisdicción como garantía esencial con que cuentan los justiciables. En primer lugar y tal como lo sostuve, entre otros, in re “Pesce, Marta Susana c/ Universidad de Mar del Plata s/ recurso directo LES Nº 24.521” 1 , la Universidad demandada ostenta un carácter de persona de derecho pública dotada de autarquía administrativa y económica financiera y se halla habilitada para adoptar y ejecutar todas las decisiones que hagan al cumplimiento de sus funciones, como para nombrar y remover a su personal, y a realizar las gestiones inherentes a ello. Más, a partir de la constitución de 1994 ya no se duda de la garantía de autonomía y autarquía de las universidades y cuando se habla de dichos términos se están refiriendo -como no podía ser de otra manera- a la autonomía científica o gubernativa o sea, fijando los objetivos académicos, científicos e institucionales.En consecuencia y en ese aspecto, es un deber constitucional de las universidades de regirse por sus propios estamentos, extremo que no implica -en modo alguno- colocarlas por encima del imperio de la Ley Fundamental y de las leyes, sino precisamente adecuar su funcionamiento a las previsiones de ellas y bajo el control constitucional del único órgano habilitado constitucionalmente para ello, como lo es el Judicial.

Ello no implica un aislamiento, respecto del entramado institucional, sino que tal situación refuerza la postura de autonomía de las casas de altos estudios propia del Estado de Derecho La autonomía universitaria, a mi juicio con el criterio amplio con que debe valorarse, puede ser objeto de contralor judicial pues a ese respecto ha señalado la Corte Suprema de Justicia, no puede ser entendida de tal manera que implique colocar a las Universidades, en el plano normativo al margen de todo control de constitucionalidad y legalidad2 ; o sea, no puede dársele a la autonomía universitaria una amplitud tal que la excluya del control de constitucionalidad puesto que el mismo comprende a “todas las causas”, excepto claro está a las cuestiones políticas, tal como lo tiene expuesto el Alto Tribunal desde antaño3 . Por lo tanto, ninguna excepción hace a tal categórica doctrina pues si la injusticia o inequidad no puede corregirse con una leal interpretación, el Juez no puede eludirla so pena de interpretación pues ello implicaría arrogarse facultades legislativas. Los principios de la justicia conmutativa no son por sí solos derecho vigente; en el ordenamiento jurídico argentino, no hay más derecho vigente que el fundado en la ley. Pues en ese marco, la Universidad ha dictado la OCS Nº 1323/2015 y reglado el ingreso al Colegio A. Illia, dependiente de la misma y no veo objeción alguna para con esa decisión más allá que se participe o no del criterio de la misma. Refiere la parte actora que al inscribirse su hijo para poder ingresar al Colegio A.Illia, dependiente de la Universidad Nacional de Mar del Plata, haber realizado el Curso de Articulación entre Niveles y resultar “aprobado” le generaría a su hijo un derecho adquirido y de esa manera prescindir del sorteo impuesto por la OCS Nº 1323. Y creo ello no es así. Veamos. La Corte Suprema viene sosteniendo que los ciudadanos poseen un derecho adquirido cuando la situación jurídica que lo engendra, se generó en cumplimiento de una norma y ha respetado todos los actos y condiciones previstos en aquella; en ese aspecto, tal derecho es inviolable y no puede ser mancillado por principio inferior (Fallos 314:1477 y 316:2090). Tales situaciones no se dan en autos y las he de explicar. El 15 de junio del 2015 comienza el hijo de la accionante el Curso de Articulación entre Niveles que se desarrolló hasta el 22 de octubre del mismo año; durante ciertos días de los meses de junio, agosto, setiembre y octubre rindió las evaluaciones conforme la OCS Nº 1323 dictada el 7 de mayo de 2015, no cuestionándola; cuando se dicta el reglamento para el sorteo -el 21 de octubre de 2015- contemplado en aquella OCS, tampoco es objetado por la parte actora; cuando se publican los números de aspirantes el 19 de noviembre de ese año, tampoco los impugna y además, participa luego del mentado sorteo, no resultando favorecido. Cuadra añadir en ese contexto que la actora en ningún momento efectuó planteo alguno respecto de aquella OCS; por el contrario, se sometió a la misma que regula el ingreso de aquellos alumnos que ostentan la calidad de “aprobados” y a partir de allí -incluso- se sometió al designio de la suerte. O sea, consintió las disposiciones de la OCS Nº 1323/2015. Más allá que no se comparta tal procedimiento y que se prescinda de seleccionar a los mejores alumnos que han aprobado los exámenes con notas superiores hasta cubrir el cupo para el ingreso al Colegio A.Illia, priorizando entre los aprobados una cuestión de suerte, ello no es materia que le compete analizar o dar preponderancia a las preferencias de los Jueces, pues se invadiría la esfera de autonomía de la que gozan las universidades por trasuntar solo una disconformidad con el contenido de aquella, pero sin cuestionar su legalidad. A este respecto la Corte Suprema ha señalado desde antaño que los Jueces deben mantenerse rigurosamente dentro de sus límites propios, sin invadir esferas de otros Poderes y ha significado que ” La misión más delicada de la Justicia de la Nación es la de saber mantenerse dentro de la órbita de su jurisdicción, sin menoscabar las funciones que le incumban a los otros poderes o jurisdicciones”; de ahí que un avance de este poder menoscabando las facultades de los demás, revestiría la mayor gravedad para la armonía constitucional y el orden público” 4 .

En ese orden de ideas, se vislumbra que no existía en la posición de la accionante un derecho adquirido que le reconociere por sí mismo su ingreso al Colegio A. Illia, simplemente pues faltaba la etapa del “sorteo”, motivo por el cual no estaba cumplido el ciclo del ingreso. Pero además, existe otra consideración que vuelve incontrastable el accionar autocontradictorio de la parte demandante. Frente a lo dispuesto por la OCS 1323/2015, en ningún momento objetó tal normativa; más aún, se sometió a sus designios a la espera del sorteo, como ella misma lo reconoce para intentar lograr el ingreso a dicho colegio de su hijo; luego de no salir sorteado manifiesta una disconformidad con el contenido de aquella, lógica en cuanto a sus intereses, pero sin cuestionar su legalidad. Es decir, solo existió un cuestionamiento en oportunidad de no salir sorteado o sea posteriormente a poder hacer valer un supuesto derecho, extremo éste que viola el principio de los actos propios y hace inmodificable tal conducta posterior que atente contra tales resultados que no los impugnó con anterioridad, actitud procesal esta que veda acceder a su pretensión demandante. 4 Fallos 155-248.

Con estas aseveraciones, comparto el rechazo de la demanda incoada, con costas de Alzada a la actora. El Dr. Tazza dijo: Adhiero a la solución del caso que propone el Dr. Jiménez, por compartir los fundamentos expresados en su voto.

Expediente FMP 355/2016, provenientes del Juzgado Federal N° 2, Secretaría N° 1 de esta ciudad y lo que surge del Acuerdo que antecede SE RESUELVE: 1) RECHAZAR LA APELACIÓN impetrada por la amparista a fs. 91/99 vta., y con ello CONFIRMAR LA SENTENCIA de fs. 86/89, en todo y cuanto fue objeto de apelación y recurso.

2) IMPONER LAS COSTAS de Alzada a la apelante, en virtud de su calidad de vencida (Art. 68 CPCN). REGISTRESE. NOTIFIQUESE. DEVUELVASE.

JORGE FERRO

ALEJANDRO OSVALDO TAZZA

JIMENEZ EDUARDO PABLO