Los organismos públicos obligados a cubrir al menos el 4% de su personal con personas con discapacidad, no están autorizados para decidir la contratación directa sino que los aspirantes deben necesariamente sujetarse a un concurso

Partes: C. R. G. c/ Estado Nacional s/ amparo Ley 16.986

Tribunal: Cámara Federal de Apelaciones de Bahía Blanca

Fecha: 17-ago-2017

Cita: MJ-JU-M-106769-AR | MJJ106769 | MJJ106769

La Ley 22.431 no autoriza a los organismos públicos obligados a cubrir con no menos del 4% de su personal con personas con discapacidad a decidir la contratación directa, sino que los aspirantes deben presentarse a concurso.

Sumario:

1.-Cabe confirmar el rechazo de la acción de amparo deducida por una persona discapacitada a fin de que se ordene su ingreso al Poder Judicial de la Nación, pues de acuerdo a las normas previstas en la Ley 22.431 , los organismos públicos obligados a cubrir con no menos del 4% de su personal con personas con discapacidad que reúnan las condiciones de idoneidad necesarias no están autorizados ni legitimados para decidir la contratación directa (como pretende la amparista), sino que los aspirantes deben necesariamente sujetarse a un concurso que debe llevarse a cabo en el marco dispuesto por la citada normativa.

2.-La actora carece de legitimación activa para exigir un reconocimiento exclusivo a ocupar un cargo al margen del concurso de aspirantes al que debe sujetarse en caso de que se produzcan las vacantes, y asimismo la parte demandada carece de legitimidad para efectuar una designación directa; así, de admitir la pretensión de la actora se estaría conculcando de manera flagrante el principio de igualdad consagrado constitucionalmente, respecto de quienes en sus mismas condiciones podrían aspirar a acceder al cargo perseguido.

Fallo:

Bahía Blanca, 17 de agosto de 2017. Y VISTOS: El expediente nro. FBB 1187/2017/CA1, caratulado: “C., R. G. c/ Estado Nacional s/ Amparo ley 16.986”, originario del Juzgado Federal nro. 2 de la sede, puesto al acuerdo en virtud de los recursos de apelación deducidos a fs. 198/199 vta. y 201/vta., contra la sentencia de fs. 193/197 vta. El señor Juez de Cámara, doctor Juan Leopoldo Velázquez, dijo:

1ro.) El Sr. Juez de grado rechazó la acción de amparo interpuesta por R. G. C. contra la Cámara Federal de Apelaciones de Bahía Blanca, por la que persiguió la posibilidad de acreditar su idoneidad funcional y ocupar un puesto en la Administración Pública del Poder Judicial de la Nación en la ciudad de Bahía Blanca y solicitó su ingreso en la planta, siéndole inoponible cualquier excusa de índole legal y reglamentaria. Para así decidir, el a quo entendió que la obligación del Estado consiste en adoptar medidas positivas para reducir las desventajas estructurales y para dar trato preferente y apropiado a las personas con discapacidad a fin de conseguir los objetivos de la plena participación e igualdad dentro de la sociedad para todos, de lo que se colige la eventual prioridad de ingreso a igualdad de mérito. Finalmente impuso las costas por su orden (fs. 193/197 vta.).

2do.) La amparista interpuso recurso de apelación a fs. 198/199 vta., el cual roza la deserción por cuanto se esboza de manera genérica la pretendida crítica del fallo. Pese a lo expuesto supra, y teniendo en cuenta que en caso de duda en cuanto a la suficiencia o insuficiencia de la expresión de agravios, debe estarse a la apertura de la instancia, apreciando con tolerancia las deficiencias, con el fin de no conculcar el derecho de defensa en juicio (Conf. FenochiettoArazi, “Código.”, Astrea, 1983, Tomo 1, pág.840), habrá de entrarse en el recurso y considerar como agravio que el a quo omitió considerar la idoneidad funcional que la amparista ha acreditado en referencia a los antecedentes que titulariza. Asimismo, a f. 201/vta. el apoderado de la demandada apeló la imposición de las costas por su orden y a f. 202/vta. contestó el traslado de la expresión de agravios, donde solicitó el rechazo del recurso. Finalmente a fs. 204/205, la accionante contestó el traslado del recurso de la demandada, donde solicitó su rechazo.

3ro.) El Sr. Fiscal General asumió intervención a fs. 213/215 vta., propiciando el rechazo del recurso interpuesto por la amparista, por entender que no existe acto u omisión de la demandada que pudiera afectar los derechos de la accionante. Asimismo, propició el rechazo del recurso del Estado nacional. 4to.) De acuerdo a las normas previstas en la ley 22.431 (arts. 8 y cctes.), los organismos públicos obligados a cubrir con no menos del 4% de su personal, con personas con discapacidad que reúnan las condiciones de idoneidad necesarias, no están autorizados ni legitimados para decidir la contratación directa (como pretende la amparista) de personas que, necesariamente deben sujetarse a un “concurso” que debe llevarse a cabo en el marco dispuesto por la citada normativa. La Corte Suprema de Justicia de la Nación, por Ac. CSJN nro. 4/08, receptó dicha ley y dispuso crear un registro de personas con discapacidad que se postulen para ingresar en el Poder Judicial, el cual estará a cargo de la Dirección de Recursos Humanos del Tribunal. Es decir la ley prevé un mecanismo de integración del cupo del 4% que la amparista soslaya al requerir la operatividad de la garantía, y el reconocimiento al derecho de preferencia que de pleno derecho -a su decir- le asiste. Resulta así de aplicación al caso la conceptualización que realiza Miguel S. Marienhoff sobre el derecho al empleo.Por éste se entiende la pretensión del habitante, del administrado, a ser designado o nombrado por la Administración Pública para desempeñar una función o un empleo público. Ser admisible en un empleo no significa tener un derecho subjetivo a ser designado: solo significa que la Administración Pública, si lo considera pertinente, puede nombrar o designar funcionarios o empleados. Así, a pesar de que todos los habitantes son admisibles en los empleos sin otra condición que la idoneidad, nadie tiene derecho de obligar al Estado a que le confiera una función, empleo o cargo público (MARIENHOFF, Miguel S., Tratado de Derecho Administrativo, Ed. Abeledo Perrot, Tomo IIIB, Buenos Aires, 1994, pp. 118-119, el subrayado es propio). Además, como bien señala el a quo en la sentencia recurrida, en la especie se suman derechos de incidencia colectiva, pese a ello la amparista no ha invocado la representación de intereses difusos, pretendiendo una designación directa y exclusiva sin requerir tampoco la participación de los organismos de control a los que alude la propia normativa que invoca en sustento de su reclamo.

De admitir la pretensión de la actora, se estaría conculcando de manera flagrante el principio de igualdad consagrado constitucionalmente, respecto de quienes en sus mismas condiciones podrían aspirar a acceder al cargo perseguido. Como se dijo, el procedimiento previsto en la normativa citada resulta de ineludible cumplimiento por cuanto entonces, la actora carece de legitimación activa para exigir un reconocimiento exclusivo a ocupar un cargo al margen del concurso de aspirantes al que debe sujetarse en caso de que se produzcan las vacantes, y asimismo la parte demandada carece de legitimidad para efectuar una designación directa. 5to.) Ingresando al tratamiento del recurso interpuesto por el apoderado del Estado nacional, en punto a la imposición de costas, entiendo que asiste razón al recurrente. No encuentro razones para apartarme del principio objetivo de la derrota consagrado por el art. 68 del Código adjetivo, por lo que corresponde imponer las costas de ambas instancias a la amparista.Por ello, propicio y voto: 1ro.) Se rechace el recurso de apelación interpuesto a fs. 198/199 vta. 2do.) Se haga lugar al recurso interpuesto a f. 201/vta. y se impongan las costas de ambas U instancias a la amparista (arts. 68 del CPCCN).

Por ello, SE RESUELVE: 1ro.) Rechazar el recurso de apelación interpuesto a fs. 198/199 vta.

2do.) Hacer lugar al recurso interpuesto a f. 201/vta. e imponer las costas de ambas instancias a la amparista (arts. 68 del CPCCN). Regístrese, notifíquese, publíquese (Acordadas CSJN nros. 15/13 y 24/13) y devuélvase. El señor Juez de Cámara, doctor José Mario Tripputi, suscribió su voto en la ciudad de Santa Rosa (La Pampa) y se incorpora en formato .pdf como parte integrante del presente. No suscribe el señor Juez de Cámara, doctor Pablo A. Candisano Mera (art. 3 de la ley 23.482).

Juan Leopoldo Velázquez

María Alejandra Santantonin

Secretaria