Rechazo de la demanda por mala praxis si la parte actora no probó la lesión punzante leve superficial sin sangrado activo que alegó sufrir al realizar una consulta

Partes: G. M. E.y otro c/ OSECAC s/ daños y perjuicios

Tribunal: Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil y Comercial Federal

Sala/Juzgado: II

Fecha: 18-abr-2017

Cita: MJ-JU-M-106781-AR | MJJ106781
Rechazo de la demanda por mala praxis si la parte actora no probó la lesión punzante leve superficial sin sangrado activo que alegó sufrir al realizar una consulta en el centro prestador de la demandada.

Sumario:

1.-Cabe confirmar la sentencia que rechazó la demanda de daños y perjuicios, toda vez que la única prueba en autos es la Historia Clínica y ésta no permite acreditar el incumplimiento contractual en la atención médica dispensada a la actora, como para atribuirle algún tipo de responsabilidad a la entidad demandada por el pinchazo que alegó sufrir la actora al recostarse en una camilla de un hospital prestador de la demandada cuando concurrió a realizarse un electrocardiograma, en virtud del obrar de sus dependientes.

2.-Toda vez que los dichos de la actora se refieren a la posibilidad de contagio de alguna enfermedad, los estudios posteriores a los que se sometió, arrojaron resultados negativos, no dando cuenta de infecciones en ella ni en su hijo, no hay elementos en la causa que permitan inferir la extensión de los tratamientos preventivos aludidos en el escrito de demanda, ni los gastos económicos que ellos suponen, limitándose la parte actora a narrar un hecho y acompañar la historia clínica, sin formular observación alguna sobre aquella, no acreditando haber sufrido a lesión punzante leve superficial, sin sangrado activo al realizar una consulta en el centro prestador de la demandada.

3.-Pesando sobre la actora la carga de probar la mala praxis que alegó sufrir y aún prescindiendo del hecho de que no está efectivamente probada la falta de prestación médica, los agravios serían improcedentes, porque en contra de lo que sostiene la actora y la Defensora Pública Oficial, las circunstancias por ellas apuntadas no bastan para hacer a la demandada pasible de una condena.

Fallo:

En Buenos Aires, a los 18 días del mes de abril de 2017, se reúnen en Acuerdo los señores jueces de la Sala II de esta Cámara para dictar sentencia en los autos del epígrafe. Conforme con el orden de sorteo efectuado, la doctora Graciela Medina dice:

I.- E. M. G., por derecho propio y en representación de su hijo recién nacido, León Jonás Vaccarezza, mediante patrocinio letrado, inicia demanda por daños y perjuicios contra la “Obra Social de Empleados de Comercio y Actividades Civiles” (en adelante, la obra social u OSECAC) por la suma de $7.000.000, o lo que en más o en menos resultase de la prueba a producir y costas del proceso.

Relata que cuando estaba cursando la semana treinta y tres de embarazo, se dirigió al centro asistencial de la obra social demandada, Jonás Salk, a los efectos de realizarse un electrocardiograma, necesario para someterse a cesárea, operación por la cual nació su hijo.

Describe que el profesional del mencionado centro, le indicó acostarse en la camilla por lo que al subirse para que le realicen la práctica médica, colocó sus manos en la posición acostumbrada e indicada por quien realizaba el estudio, es decir, con las manos en la espalda, a la altura de la columna lumbar.

Narra que al tomar esa postura, se clavó la aguja que se encontraba displicentemente y literalmente tirada sobre la misma.Asegura que no tuvo oportunidad de verla, y se la hincó en el dedo índice de la mano derecha, la que fue rápidamente retirada de su mano por la enfermera, que inmediatamente la descartó, impidiendo cualquier análisis posterior del objeto punzante.

Dice que el descarte fue adrede para evitar responsabilidades, las cuales sostiene que se prueban con la documental que acompañó. Que la misma obra social le envió a realizar la práctica forense contra el SIDA, con el agravante de estar embarazada y no saber a futuro que ocurriría con su persona y con la vida de su hijo.

Asevera que de no haber obrado la accionada de esa manera, se habría podido analizar la aguja y determinar si se encontraba infectada con el virus de SIDA o cualquier otro. Detalla que desde el 31 de diciembre de 2012, fue sometida a tratamiento de profilaxis preventivo, el que se extendería por un año, si los análisis arrojasen resultados negativos respecto a graves enfermedades que se transmiten en estas condiciones.

Afirma que el tratamiento preventivo no se pudo completar debido a que sufrió efectos colaterales a causa de éste. Ello motivó que se tuviera que adelantar la fecha de parto para proteger el estado de salud de su hijo y el suyo propio. Estima que el perjuicio sufrido implica un riesgo constante por un posible contagio de dolencias graves y también menoscabos económicos, por la duración del proceso al que deberá someterse.

Le imputa responsabilidad a la accionada en virtud de los artículos 1113 y 1109 del Código Civil, aclarando que no efectuó denuncia penal. Desarrolla los fundamentos médicos sobre el SIDA. Practica liquidación y reclama $3.500.000 para ella y una cifra igual para su hijo, por daños físicos (lesiones, pérdida de chance y calidad de vida) y morales. Funda en derecho su pretensión, ofrece prueba y hace reserva del caso federal.

II.- A fs. 73/78, se presentó la accionada, mediante apoderada y planteó la excepción de incompetencia, la que fue admitida.Subsidiariamente contestó demanda, solicitando su rechazo con expresa imposición de costas.

En cumplimiento del imperativo procesal realiza la negativa de rigor respecto de los relatos de la accionante, en especial que haya causado a la accionante y a su hijo daños y perjuicios físicos y morales por una praxis médica, así como la responsabilidad que le endilga. No obstante, reconoce ciertos hechos, como ser: a) que la actora se realizó un electrocardiograma en el centro asistencial Jonás Salk; b) que estaba obligada a practicárselo porque tenía programada una operación cesárea; c) que fue sometida a tratamiento de profilaxis HIV ELISA, así como también estudios por Chagas, Glucemia, Hemograma, Hepatitis, Colesterol, Herpes, etc.; y d) que todos los estudios se realizaron atento los antecedentes que portaba la accionante, y que es de buena práctica realizar todos los estudios.

No obstante lo expuesto, dio su versión de los hechos los cuales versan así: 1) Refiere que 40 minutos después de efectuarse el electrocardiograma, la Sra. G. se presentó por Guardia manifestando que se había pinchado. Agregó que nadie vio con que se pinchó, si se lo hizo ella con una aguja y/o alfiler con la que ya venía y que no hay documentación que avale que la supuesta herida o pinchazo fuera de tal magnitud que ameritara algún tipo de curación. Que la accionante no instruyó sumario alguno. 2) Que ante los dichos de la actora y a fin de cuidar su salud, más en el estado en que se encontraba -tercer trimestre de embarazo- y sin que ello significase reconocimiento alguno del supuesto accidente, se le informó que se le podía realizar los estudios de prevención del virus HIV, al solo efecto de que se quede tranquila. 3) Frente a tal situación, OSECAC inmediatamente programó los estudios para ver si podía haberse infectado con el virus del HIV los cuales arrojaron resultado negativo.4) Hace referencia a la Historia Clínica, dónde expresamente al momento de narrar lo ocurrido dice que son manifestaciones unilaterales de la actora y que ésta última no tuvo ninguna reacción adversa al tratamiento, y que su hijo nació en término por cesárea programada y sin ser portador de enfermedad alguna. En consecuencia, sostiene que al no haber daño no se debe indemnización alguna.

Hace referencia a la importancia de las Obras Sociales según la normativa vigente. Funda en derecho que le asiste a su parte, ofrece prueba y hace reserva del caso federal.

A fs. 173 se resuelve declarar la causa de puro derecho y las partes alegaron a fs. 256/259 y fs. 261/261vta. Intervino el Defensor Público de Menores e Incapaces, quién a fs. 235 emitió su dictamen y habiéndose consentido el llamamiento de autos dictado en fs. 262, quedó el proceso en estado de resolver.

III.- El magistrado de la anterior instancia a fs. 263/265, rechazó la demanda con costas por su orden.

Para así decidir, puntualizó que la responsabilidad médica o asistencial no difiere de los principios que gobiernan la responsabilidad civil, de modo que se deben probar los siguientes extremos: a) culpa en la prestación brindada; b) existencia del daño a causa de ese hecho; y c) la relación de causalidad entre el incumplimiento y el daño experimentado. Ello, para hacer lugar al resarcimiento, y, en caso de que alguno de los elementos fracase, el deudor estará exento de responsabilidad civil por las consecuencias de su actividad. Plasmó que la demandante sólo acompañó su historia clínica, en la que no se encuentra corroborada la procedencia de la aguja o el elemento cortante con el que se lastimó, ni se precisa la manera en que ocurrió. Destacó que la actora nada observó sobre deficiencias u omisiones en que pudieron incurrir los profesionales que suscribieron dicho documento, por lo que presumió que fue confeccionado con la precisión, rigor y minucia que se requiere.Por otro lado, dijo que el seguimiento fue correcto y la evolución de la paciente fue como allí se consignó. Concluyó que no existen pruebas técnicas o científicas que sirvan para disponer que hubiera incumplimiento contractual en la atención médica, como para atribuirle algún tipo de responsabilidad a la demandada, en virtud del obrar de sus dependientes.

El referido pronunciamiento suscitó la apelación de OSECAC a fs. 266, la parte actora a fs. 268 y la Defensora Pública Oficial a fs. 273 (ver autos de concesión de recursos a fs. 267, 269, 274 respectivamente).

La parte actora expresó agravios a fs. 277/280, el que mereció réplica de la demandada a fs. 286/288. En su escueto memorial, las quejas pueden sintetizarse del siguiente modo: El magistrado de la anterior instancia erróneamente sostiene que no se encuentra probado en autos el actuar médico negligente. En tal sentido, asevera que el a quo ignoró que toda herida punzante da origen a enfermedades infecciosas y a la transmisión de HIV. Agrega que a pesar del tratamiento que le fue brindado, el incumplimiento del deber de cuidado hacia su persona fue manifiesto y le genero un daño a ella y a su hijo.

La Obra Social presentó su memorial a fs. 282/282vta., el que fue contestado por la accionante a fs. 284/285. Se agravia de la imposición de los gastos causídicos, los que solicita que sean fijados a la parte actora, en virtud del principio objetivo de la derrota.

La Defensora Pública Oficial vertió sus agravios a fs. 290/295, los que merecieron réplica de OSECAC a fs. 299/301vta. Luego de hacer hincapié en la representación que ejerce, se explaya sobre los presupuestos de la responsabilidad civil en los que afirma que todo daño que tenga un nexo de causalidad adecuada con el comportamiento del médico, en razón de su negligencia, imprudencia o culpabilidad en sentido lato, debe ser imputado a éste.Argumenta que el juez a quo no valoró la evolución médica que surge de la historia agregada a la causa, la cual da cuenta que la accionante presentó una herida acorde a los hechos por ella denunciados como motivo de la consulta. Sostiene que de los asientos efectuados por los distintos profesionales en su historia clínica, surge que minutos antes había sido atendida por otro profesional a cargo del riesgo quirúrgico programado. Sostiene de conformidad con las reglas de la sana crítica, que se aplique a los hechos narrados una fuerte presunción en beneficio de su situación procesal, debido a la dificultad probatoria en este tipo de litigios. Arguye que no caben dudas de lo relatado por la accionante, puesto que de otro modo no hubiese sido lógico ni ético indicarle a la paciente con 32 semanas de gestación un kit de profilaxis que contiene AZT con los consabidos riesgos que ese tipo de medicación trae apare jada en la salud de la gestante y su hijo.

IV.- Aclaro, ante todo, que no obstante haber analizado todas las pruebas de la causa y reflexionado sobre los diversos planteamientos de las partes, sólo volcaré en este voto aquellos fundamentos que considero “conducentes” para la correcta composición del diferendo. Me atengo, así, a la Jurisprudencia de la Corte Suprema que ha juzgado correcta tal metodología (confr. Fallos: 265:301; 278:271; 287:230; 294:466, entre muchos otros) y que es criterio recibido, en orden a la selección y valoración de la prueba, por el artículo 388, segunda parte, del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, numeración según D.J.A., aprobado por ley 26.939.

V.- Cabe precisar que ha sido jurisprudencia constante de esta Sala que la carga de probar la culpa de los demandados recae sobre la parte actora, sea que el caso encuadre dentro de la responsabilidad aquiliana o ya fuere que se lo emplace en el terreno de la responsabilidad contractual (conf.causas 8073 del 30/08/91 y 9316 del 08/07/93), entre muchas otras). Trátese de una obligación de “medios” y no de “resultado”, donde la prueba del incumplimiento se identifica con la de la negligencia (v. LLambias, J.J. “Tratado de Derecho Civil -Obligaciones”, 2da. ed., T. I, nos. 170/172 y t. IV-B, n° 2826).

Sin embargo, en muchas hipótesis el demandado tiene el deber moral y jurídico de allegar a la causa los elementos que permitan definir lo justo concreto, pudiendo configurar su conducta omisiva un factor importante de valoración (confr. doctrina de la causa 7994 del 22/05/91, Consid. IV “in fine”; ver también MORELLO, “Hacia una visión solidarista de la carga de la prueba”, E.D., T. 132, ps. 953/957), al punto que la omisión del interesado puede llegar, por mandato de la ley, a constituir una presunción en su contra (doctrina del artículo 388 del Código Procesal; C.E. FENOCHIETTO-R. Arazi, “Código Procesal Civil y Comercial de la Nación”, tomo II, parágr. 2317, p. 215; L.E. PALACIO, “Derecho Procesal Civil”, tomo IV, ps. 427/428).

VI.- Ahora bien, la responsabilidad que se persigue en autos es de naturaleza contractual. Por lo tanto, será necesario acreditar que se incurrió en incumplimiento, que se han omitido las diligencias propias de la naturaleza de la obligación, atendiendo a las circunstancias de personas, el tiempo y el lugar (arg. art. 512 y 902 del Código Civil; esta Sala, causa 33.891/95 del 22/03/10, entre otras).

Ello es así por cuanto el vínculo que se genera entre la obra social y el paciente, con motivo de la afiliación, es de origen contractual, ya sea que se sustente en la estipulación a favor de terceros o en la obligación de garantía en beneficio de los afiliados, consistente en que las prestaciones médico-asistenciales se brinden con eficacia (conf. Cámara Civil, Sala C, causa “Morra de Luján, S.M. c/ Inst. de Serv. Soc.para el personal ferroviario y otros s/ Daños y Perjuicios”, del 24/04/97).

VII.- Ahora bien, en autos, tal como lo expuso el juez a quo en el decisorio en crisis, se encuentra fuera de discusión que la Sra. M. E. G. era beneficiaria de O.S.E.C.A.C.; que el día 31 de diciembre de 2012, con embarazo de treinta y tres semanas, sufrió una herida punzante en su mano derecha, que por su estado se le indicaron análisis contra el SIDA y otras; que posteriormente le hicieron controles y tomó medicación preventiva enfermedades (ver fs. 58, fs. 59/66 y fs. 185/217 de la Historia Clínica agregada). Asimismo, de la mencionada historia clínica surge a fs. 57 que el día 31/12/12 a las 08:33hs, la accionante mediante un turno programado se sometió a un control clínico.

Luego, más precisamente quince minutos después se presentó en “Consulta En Guardia” y expresamente a fs. 58 la historia clínica reza de la siguiente manera: “refiere que hace aproximadamente 40 minutos, sufri herida punzante con aguja de procedencia desconocida, desconociendo estado y tipo, cursa embarazo de 32 semanas según refiere, al ef, beg, se observa en mano derecha, dedo índice lesión punzante leve superficial, sin sangrado activo, y niega haber sangrado en el momento del evento, resto delef, s/p, me comunico con Coordinación de Clínica y Obstetricia, y se decide tto, profiláctico, con esquema para embarazo: zidovudina-lamivudina, mas kaletra. (se le entrega kit). Se le explica a la paciente y a su marido. Se solicita serología urgente, sobreturno con infectología, para el día 02/01/13, a las 16hs. en este Centro, con la Dra. De Aquilar, se completa Ficha de Registro de exposición a punción 0 corte, Pautas de alarma, se explican potenciales efectos adversos.”

Interesa destacar que la parte actora sólo acompañó como prueba la historia clínica.De ella sólo se infiere lo descripto ut supra, pero no surge de manera clara cómo se sucedieron los hechos como así tampoco el origen de la aguja o de algún elemento cortante con el que supuestamente se pinchó la Sra. M. Destaco así que la actora no efectuó ninguna observación sobre las deficiencias u omisiones en que pudieron incurrir los profesionales que suscribieron aquel documento, por lo que presumo que fue confeccionada con la precisión, rigor y minucia que se requiere, y que el seguimiento correcto y la evolución de la paciente fue como allí se consignó (cfr. Sala 1, causa 10.543/07 del 26/06/14 y esta Sala, causa 8064/03 del 27/03/15 y sus citas).

Por ello, y toda vez que la única prueba en autos es la Historia Clínica y aquella no me permite disponer que en el caso hubiera incumplimiento contractual en la atención médica como para atribuirle algún tipo de responsabilidad a la entidad demandada, en virtud del obrar de sus dependientes, corresponde rechazar los agravios y confirmar la sentencia apelada. Agrego, por si alguna duda cabe, que si bien los dichos se refieren a la posibilidad de contagio de alguna enfermedad, los estudios posteriores a los que se sometió, arrojaron resultados negativos, no dando cuenta de infecciones en ella ni en su hijo (recalco, al igual que lo hizo el Dr. Torti, que respecto a éste último no se agregaron exámenes sobre su situación sanitaria ni se demostró que su nacimiento hubiere tenido complicaciones). Asimismo, no hay elementos en la causa que permitan inferir la extensión de los tratamientos preventivos aludidos en el escrito de demanda, ni los gastos económicos que ellos suponen.

En concreto la parte actora se limitó a narrar un hecho y acompañar la historia clínica, sin formular observación alguna sobre aquella.En tal sentido, la actora no probó -en los términos de la historia clínica- haber sufrido “la lesión punzante leve superficial, sin sangrado activo y niega haber sangrado al momento del evento…” al realizar una consulta en el centro Jonas Salk. A fs. 58 la doctora de Guardia Detinis Cynthia con fecha 31/12/12 a las 08:48hs, consignó de manera expresa lo descripto en los párrafos anteriores dónde detalló la descripción del relato efectuado por la accionante.

En la mencionada historia clínica se desprende que ante la situación de lo narrado por la accionante, y a fin de evitar algún daño en la salud, se le realizaron los estudios y análisis correspondientes, arrojando resultados negativos. Entiendo que la Obra Social actuó con responsabilidad y protegiendo la salud de su afiliada y de su hijo por nacer.

La accionante no probó que se hubiera lesionado con una aguja en el centro asistencial Jonas Salk mientras se realizaba un estudio o al finalizarlo, tampoco que sufriera algún daño en su persona o en la de su hijo.

Por último, claro es, que quien demanda tiene a su cargo la prueba (art. 377, Código Procesal), esto es, aportar los elementos probatorios suficientes, punto elemental para fundar su pretensión, porque no es posible dictar una sentencia condenatoria sobre la base de meras conjeturas (confr. esta Sala causa N° 20.478/96 del 04/05/1999 y sus citas, entre otras). Y aunque prescindiera del hecho de que no está efectivamente probada la falta de prestación médica, de todos modos los agravios serían improcedentes, porque en contra de lo que sostiene la actora y la Defensora Pública Oficial, las circunstancias por ellas apuntadas no bastan para hacer a la demandada pasible de una condena.

Por las razones expuestas, voto por confirmar el rechazo de demanda.

VIII.- Resta expedirme respecto del agravio de OSECAC relativo a la imposición de los gastos causídicos.

Finalmente, resta pronunciarme respecto del agravio relativo al modo en que fueron impuestas las costas en la instancia de grado.En ese sentido, considero que lo decidido en la anterior instancia no debe ser modificado. Creo que en virtud de los hechos y ante la dificultad probatoria apuntada en este voto, bien pudo la actora creerse con derecho a considerarse asistida por mayor derecho a reclamar. Ello, configura un motivo suficiente para apartarse del principio objetivo de derrota (conf. art. 70, del C.P.C.C.N., segundo párrafo, numeración según D.J.A., aprobado por ley 26.939).

IX.- En consecuencia propongo al Acuerdo rechazar los agravios y confirmar el fallo en todas sus partes. Las costas de Alzada se imponen en el orden causado atento al resultado de los recursos involucrados (conf. art. 70, segundo párrafo del C.P.C.C.N., numeración según D.J.A. aprobado por ley 26939).

El doctor Ricardo Víctor Guarinoni, por razones análogas a las expuestas por la doctora Graciela Medina, adhiere a su voto.

El doctor Alfredo Silverio Gusman no suscribe la presente por hallarse en uso de licencia (art. 109 del R.J.N.).

En virtud del resultado que instruye el Acuerdo que antecede, esta Sala RESUELVE: rechazar los agravios y confirmar el pronunciamiento de fs. 263/265 en todas sus partes. Las costas de Alzada se imponen en el orden causado atento el resultado de los recursos involucrados (conf. art. 70, segundo párrafo del C.P.C.C.N., numeración según D.J.A., aprobado por ley 26.939).

Establecidos que sean los honorarios en la anterior instancia, se procederá a regu lar los correspondientes a la Alzada.

Regístrese, notifíquese y devuélvase.

GRACIELA MEDINA

RICARDO VÍCTOR GUARINONI