Patología preexistente. Concausalidad en el resultado dañoso. Meneghini, Roberto A.

Autor: Meneghini, Roberto A.

Fecha: 4-oct-2017

Cita: MJ-DOC-12009-AR | MJD12009
Sumario:

I. Prólogo. II. Hechos. III. Presupuestos de la responsabilidad civil. IV. Basamento de la acción. V. Caída de la paciente. VI. Relación causal adecuada. VII. Epílogo.

Doctrina:
Por Roberto A. Meneghini (*)

I. PRÓLOGO

El fallo, dictado por la Sala D de la Cámara Nacional en lo Civil, cuyo comentario constituye el presente trabajo, si bien no resulta muy extenso y hace referencias genéricas a temas de derecho médico, su estudio mueve a un análisis más hondo al abordar diversos institutos propios del microsistema de la responsabilidad civil médica.

Con la mayor osadía de nuestra parte, planteamos nuestro disenso del resultado absolutorio contenido en el fallo.

De suyo que nuestra posición crítica, de ninguna manera constituye un demérito a la tarea jurisdiccional desplegada, sino que demuestra, una vez más, que en Derecho «dos más dos no son cuatro».

Diferentes enfoques fundados sobre una cuestión generan conclusiones dispares con basamentos todos de real valía de las que el intérprete se valió acudiendo a su leal saber y entender y respecto de las cuales el analista interesado en el tema se inclinará por una de ellas o hasta gestará una nueva.

Si bien lo mencionado resulta de aplicabilidad a todo el Derecho, en lo que se relaciona con controversias surgidas por la actividad médica, tales encuadres se incrementan en función de su tecnicidad y, en consecuencia, generan un ineludible apego por parte del juez, aunque no constituya prueba legal tasada, a ciertos elementos probatorios arrimados al proceso cuyas conclusiones escapan a su conocimiento por resultar extrañas a derecho.

Así lo entiende y expresa el camarista opinante cuando, como veremos en el decurso del presente, hace mención a las pericias médicas rendidas.

II.HECHOS

Se relata en el Acuerdo dictado que la paciente -madre de los actores- sufrió una caída, desde la camilla perteneciente a la empresa de urgencias médicas demandada, que le originó una fractura de su cadera, sin mencionarse el motivo del traslado.

Tal patología fue detectada en un nosocomio, para luego ser transportada a un segundo en el que se aconsejó su intervención quirúrgica, práctica a la que sus familiares se opusieron, aduciendo el estado de postración de años que sufría, solicitando su alta y quedando a su cuidado.

Quince días después, reingresa con un empeoramiento de su estado general, diagnosticándosele una infección urinaria y, cuando evoluciona favorablemente de tal patología, se la interviene quirúrgicamente de la fractura de cadera.

Por último, fallece en su domicilio, casi seis meses después de la operación de marras.

III. PRESUPUESTOS DE LA RESPONSABILIDAD CIVIL

El vocal opinante, previo entrar de lleno al análisis de los agravios formulados por las partes, hace especial referencia tanto a los elementos que integran la responsabilidad civil y su necesaria presencia para que se ponga en marcha el sistema, como a su cargo probatorio.

En tal dirección, afirma que de tales cuatro presupuestos -daño, nexo causal, factor de atribución y antijuridicidad-, la parte accionante carga con la prueba de los dos primeros.

Cabe recordar, tal como lo hacemos iteradamente en nuestros trabajos, que se considera causa adecuada del perjuicio a la porción de la realidad que el derecho aprehende y le atribuye el suficiente potencial para la producción de la consecuencia dañosa habida.

El voto refuerza su postura con pluralidad de citas doctrinales.

Luego laxa un tanto el cargo probatorio en cabeza del accionante merced el acudimiento al instituto de las presunciones.

Respecto de este tema del valor probatorio de las presunciones, siempre volvemos sobre un antiguo fallo de la justicia chaqueña por entender que resulta harto didáctico en la materia.

En tal sentido, la Sala IV de la Cámara Civil Y Comercial de Resistencia, en autos «C. de G., c.F., J. R», sentencia obrante en La Ley Litoral 1997, sostuvo lo siguiente: «La validez y eficacia de la prueba de presunciones requiere que el indicio o el hecho indicador esté acabadamente probado y posea significación probatoria respecto del hecho que se quiere demostrar, por existir alguna conexión lógica entre ellos».

»Cuando por las circunstancias del caso o por la índole de los hechos, la prueba directa es imposible o extremadamente dificultosa, las consecuencias que de ello derivan no pueden incidir sobre la parte agravada con la carga de la prueba, de modo que en tales casos adquiere valor la prueba de presunciones».

»Los indicios constituirán plena prueba cuando sean plurales, graves, concurrentes y concordantes, de modo que, en conjunto, lleven al juzgador al total convencimiento del hecho investigado por guardar una estrecha relación con el mismo».

IV. BASAMENTO DE LA ACCIÓN

Los actores fundamentaron su pretensión indemnizatoria, en el aspecto fáctico, en dos antecedentes puntuales. Por un lado, la caída de la paciente desde la camilla en que era transportada por la empresa accionada y, por el otro, la intervención quirúrgica a la que se la sometió, tiempo después, a consecuencia de la fractura de cadera sufrida por el referido desplome.

V.CAÍDA DE LA PACIENTE

La caída sufrida -origen de la lesión de la paciente- nos lleva, necesariamente y con el intento de aportar claridad, al análisis de la naturaleza jurídica de las obligaciones de las empresas de urgencias o emergencias médicas.

De la prestación que brindan las mismas -ora públicas o privadas- surgen tres obligaciones diferentes y sucesivas en el tiempo.

La primera de ellas consiste en la concurrencia, en tiempo y forma, al lugar requerido.

La segunda apunta a la atención médica que debe prestarse, la que, dadas sus características, resulta básica y solo tendiente a solucionar o a aliviar el cuadro y, de ser necesario, ordenar ser llevado a un centro médico para la complementación del servicio.

La tercera, y es la que interesa a los fines del análisis del presente fallo, referente al traslado del paciente.

Esta última constituye una obligación contemplada en el art. 184 del CCom derogado y con recibo en el art. 1280 y ss. del CCivCom, normativas ambas que le dan similar tratamiento.

Tanto la jurisprudencia como la doctrina, en su mayoría, maguer la inexistencia de regulación en el Código velezano, consideraba a las obligaciones emergentes del contrato de transporte como «de resultado». Cabe recordar que el nuevo Código Civil y Comercial le da cabida a este tipo de obligaciones en su art.774 .

Sin solución de continuidad, cabe afirmar que estamos en presencia, para el caso de incumplimiento, de responsabilidad objetiva, siendo, los eximentes del deber de reparar el daño, el caso fortuito o fuerza mayor, la culpa de la víctima o el hecho de un tercero.

En consecuencia, se concluye, apriorísticamente, frente a la no mención en el acuerdo acerca de la existencia de los elementos liberatorios de responsabilidad mencionados precedentemente, que la empresa de urgencias accionada resultó responsable por el daño generado por la caída de la paciente.

La posición que prohijamos se enhiesta en nuestra discordancia con la adoptada por el acuerdo, por entender que debió admitirse que medió factor atributivo de responsabilidad, sin perjuicio de ahondar, posteriormente, respecto de la existencia o no de causa adecuada generadora del daño.

VI. RELACIÓN CAUSAL ADECUADA

La cuestión basal referida acerca de la acción incoada generó que, en el voto, previa mención a los presupuestos configurativos de la responsabilidad civil -daño, antijuridicidad, factor de atribución y nexo causal-, su autor se ciñó al estudio de este último elemento.

El perito oficial designado en autos concluyó en sentido contrario, admitiendo, expresamente, que la falta de corrección e inmediatez en el tratamiento de la fractura de cadera, determinó la sepsis urinaria sufrida y su urgente cirugía, de lo que se colige la relación causal con el proceder médico, sin perjuicio de la responsabilidad objetiva de la empresa que llevó a cabo el traslado en el que se produjo el desplome de la paciente.

El Vocal opinante rechaza tal posición y, a contrario sensu, adhiere al dictamen pericial del Poder Judicial de la Provincia de Buenos Aires, calificándolo de «contundente» (sic) cuando se menciona en dicha documental «… que no se encuentran elementos y / o constancias médicas o partes de control domiciliario, para guiar al profesional en la evolución clínica final y el esclarecimiento de la causal del fallecimiento».

Tomándonos la licencia de interpretar que, tanto la sentencia de grado como la de Alzada, consideraron que eldeplorable estado de salud de la paciente se erigió en la concausa del resultado letal habido, estimamos que debió volcarse tal posición en ambas resoluciones.

Nuestra posición se funda en considerar que tratándose de temas de derecho médico, es imprescindible ser lo más explícito posible para evitar deducciones incompletas o que aparenten carencias científicas sustentables.

Es muy frecuente en cuestiones en los que se dilucidan la responsabilidad de los médicos, la recurrencia al instituto de la concausa.

En tal sentido, Núñez, en su obra «Derecho Penal Argentino. Parte general», vol. 1, p. 271 y ss. refiere lo siguiente: «Existe concausa o interferencia de un curso causal independiente si el resultado proviene de un curso causal cuya génesis es independiente de la condición puesta por el agente. Tales son: a. la condición preexistente que desenvuelve su propio curso causal no desarrollado por la acción del agente».

Cuando se aborda la temática de la causa, no se puede eludir la concurrencia a la monumental -aunque pequeña- obra de Isidoro Goldenberg, titulada «La relación de causalidad en la responsabilidad civi». Allí el autor sostiene lo siguiente: «Será útil transcribir lo expresado por De Cupis: “Para que pueda hablarse, en sentido propio, de interrupción del nexo, o de la relación causal, la nueva causa no debe tener ningún ligamen con la ya existente. De otra manera, los factores causales se insertarían en una única serie causal compuesta de varios anillos.Entre ellos, el ligamen puede ser má s o menos extenso y, por tanto, no puede hablarse de nexo causal interrumpido”».

»La distinción precedente es de fundamental importancia, ya que cuando existe interrupción del nexo causa la responsabilidad del agente cesa, mientras que en la hipótesis de concausa, la responsabilidad del agente subsiste, aunque quede ella atenuada por la presencia de otra causa concurrente; el daño se remonta en parte a la concausa y, por lo tanto, lo mismo ocurre en cuanto a responsabilidad».

Adhiriendo a la mentada posición doctrinal, consideramos, a tenor de la primera pericia rendida, que medió concausalidad conformada por la patología que portaba la paciente y la mala praxis médica consistente en una actitud negligente por la falta de corrección e inmediatez en el tratamiento de la fractura de cadera, determinante de la sepsis urinaria sufrida que requería -y se omitió- su urgente cirugía.

VII. EPÍLOGO

Tal como lo referimos al comienzo del presente trabajo, estimamos poco feliz el análisis que el vocal opinante formula de los elementos fácticos habidos, y de su apartamiento a las conclusiones del primer dictamen pericial rendido, adhiriendo, sin aportar mayores argumentos que lo hayan refutado al segundo de ellos.

En lo personal, somos proclives a exigir, para el caso de rechazo de una acción por responsabilidad civil médica, la mayor claridad expositiva en las sentencias y, principalmente, el aporte de argumentos sólidos que justifiquen tal proceder.

De suyo que la interpretación que formulamos del «Acuerdo de Cámara» objeto de este comentario de ninguna manera constituye verdad absoluta, siendo posible y, tal vez, beneficioso, una discordante con fundamentaciones de mayor fuste que las volcadas.

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(*) Abogado, Facultad Católica de Derecho del Rosario, UCA. Posgrado de Derecho de Seguros y Accidentes de Tránsito, Facultad de Derecho y Ciencias Sociales del Rosario, UCA. Posgrado de Especialización para la Magistratura, Facultad de Derecho y Ciencias Sociales del Rosario, UCA. Posgrado de Responsabilidad Médica, Centro de Especialización Jurídica Juris. Ha asistido a cursos, seminarios, jornadas, congresos y conferencias. Ha dictado cursos. Expositor de ponencias. Autor de artículos sobre temas de su especialidad.