La conducta del abogado que en un escrito de demanda imputó a otro colega haber actuado con el único propósito de generar honorarios, es sancionable con un llamado de atención

Partes: C. A. O. c/ Colegio Público de Abogados de Capital Federal s/ ejercicio de la abogacía – Ley 23.187 – art. 47

Tribunal: Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal

Sala/Juzgado: III

Fecha: 10-ago-2017

Cita: MJ-JU-M-106725-AR | MJJ106725

 

La conducta del abogado que en un escrito de demanda imputó a otro colega haber actuado con el único propósito de generar honorarios, es sancionable con un llamado de atención.

Sumario:

1.-Es sancionable con un llamado de atención la conducta del letrado que en un escrito de demanda imputó a un colega que su actuación tuvo por finalidad y único propósito generarse honorarios y generar juicios de una sociedad para generarse emolumentos no regulados pues se trata de expresiones descalificativas hacia el denunciante y en tal sentido, la conducta desplegada en el marco de ese escrito, resulta -cuanto menos- inadecuado a la jerarquía profesional (art. 22, inc. a) y e) , Ley 23.187).

2.-Es inadmisible en el proceso disciplinario la prueba ofrecida por el letrado sancionado, consistente en las constancias del proceso judicial en el cual vertió expresiones descalificativas hacia otro letrado, con las cuales aquel pretende demostrar la razonabilidad del uso de esas expresiones y la sospechosa actuación profesional del denunciante, porque se trata de prueba inconducente para refutar los fundamentos de la sanción impuesta, ya que con ello pretende ventilar cuestiones que son objeto de una demanda cuyo tratamiento y dilucidación corresponde sea dirimida en la causa judicial cuya jurisdicción no corresponde al Tribunal.

Fallo:

Buenos Aires, 10 de agosto de 2017.- GO

VISTOS Y CONSIDERANDO:

I. Que, por pronunciamiento glosado a fs. 154/157vta, la Sala II del Tribunal de Disciplina del Colegio Público de Abogados de la Capital Federal resolvió aplicar al abogado A.O.C. la sanción de “llamado de atención” (conf. art. 45o, inc. a), de la ley no 23.187), por la violación a lo dispuesto en el art. 6, inc. e) y 44, inc. g) y h) de la Ley 23187 y arts. 10 inc. a) y 14 del Código de Ética. En primer término, se indicó que la causa se había iniciado por la denuncia efectuada por el Dr. C.M.Q. quien manifestó sentirse agraviado por el desempeño del Dr. C. respecto de una demanda de traslado dirigida a la firma “B. S.A.” -de la cual es apoderado- donde el letrado denunciado realizó una serie de imputaciones que lo agravian de manera personal. En tal sentido, en diversos pasajes de la demanda, dirigiéndose a su persona el letrado C. sostuvo respecto del Dr. M.Q.: “Su exclusiva finalidad y único propósito, fue siempre generarse honorarios.”; “.empezaron a generar juicios por la sociedad sólo para generar honorarios.”, en alusión al Dr. R. presidente de la firma y al Dr. M.Q.; “.dañar a la sociedad con lucro y beneficio propio y personal.”; “.la acción de los Directores y del mentor intelectual Dr. M. Q., en procura exclusivamente de honorarios profesionales.”. Y, en tal contexto, el Tribunal de Disciplina advirtió con relación a las expresiones volcadas en la demanda por nulidad de asamblea, que en el fragor de una vehemente defensa y en el marco de las actuaciones judiciales donde el denunciante no fue ajeno en su producción como asesor de la contraparte, pudieron haber llevado al abogado C.a verter aquellas expresiones para reafirmar lo que en su opinión eran actos celebrados en perjuicio de los intereses de su cliente, sin advertir o valorar adecuadamente que las mismas tendrían un efecto mortificatorio carente de utilidad para la solución final del pleito. Asimismo, se señaló que si bien el denunciante M. Q. podría no haber sido ajeno a los hechos que pone de manifiesto el abogado C. al formular su descargo, nada justifica que éste último se crea con derecho a dirigirse hacia su colega del modo en que lo ha hecho y, que si bien el derecho de defensa permite que, cada abogado realice las consideraciones que entienda necesarias a los efectos de hacer valer sus derechos, en modo alguno puede admitirse por ello un vocabulario oscuro y provocativo. Que, por los fundamentos allí explicitados, el Tribunal de Disciplina concluyo que el letrado denunciado A.O.C. ha vulnerado lo dispuesto en los arts. 6, inc. a) y 44 incs. g) y h) de la Ley 23187; y arts. 10 inc. a) y 14 del Código de Ética.

II. Que, por presentación de fs. 168/171, el Dr C.A.O. interpone recurso de apelación directa contra la decisión individualizada precedentemente y, al efecto, sustancialmente, postula: (a) que es incorrecta la interpretación efectuada por el Tribunal de Disciplina con relación a los hechos imputados; (b) que, en la demanda por nulidad del acta de asamblea interpuesta contra la sociedad “B. SA” denunció que la actuación del Dr. M.Q.tuvo por finalidad y único propósito generarse honorarios y de generar juicios de la sociedad para generarse emolumentos no regulados por $97.997, respecto de lo cual agregó que no se le permitió producir la prueba que demuestra que le asiste razón a esos dichos; (c) que, con las expresiones vertidas en la demanda, en modo alguno quiso agraviar a su colega aunque su obligación es decir la verdad en defensa de sus representados; (d) la sentencia es arbitraria por lo que la descalifica en tanto le asigno el uso de “un vocabulario oscuro y provocativo” y “sin un estilo adecuado.”, sin valorar adecuadamente los antecedentes que dan origen a sus dichos; (e) el trámite de la causa carece de sustento fáctico y jurídico y; (f) la sanción impuesta no se condice con las constancias de la causa en tanto considera que no hubo conducta reprochable por su parte.

III. Que, corrido el pertinente traslado, el Colegio Público de Abogados de la Capital Federal se presenta a fs. 188/193 y contesta el recurso deducido en autos.

IV. Que, preliminarmente, cabe recordar que el Tribunal no está obligado a seguir a los recurrentes en todas y cada una de las cuestiones y argumentaciones que proponen a consideración de la Alzada, sino tan sólo aquéllas que son conducentes para decidir el caso y que bastan para dar sustento a un pronunciamiento válido (CSJN, Fallos 258:304; 262:222; 265:301; 272:225; 278:271; 291:390; 297:140; 301:970; esta Sala, “Torre, Hugo c/ CPACF”, del 8/2/07; “Marroquín de Urquiola Ignacio Francisco c/ EN-Mo del Interior Prefectura Naval Argentina s/ personal militar y civil de las FFAA y de Seg.”, del 19/7/07; “Sayago Horacio Adrián y otro c/ EN-PFA y otro s/ daños y perjuicios”, del 11/10/07; “ACIJ c/ EN- ley 24240- Mo Planificación s/ proceso de conocimiento”, del 29/5/98; “MULTICANAL S.A.y otro c/ EN- SCI DLC (Actas 2600/09 y otras) s/ amparo ley 16.986”, del 21/5/09; “Ciudadanos Libres Calidad Institucional Asoc. Civil c/ EN- Dto 67/10 s/ medida cautelar autónoma”, del 21/10/10, entre otros).

V. Que, en primer término, debe advertirse que siendo que el objeto del sumario administrativo el análisis de la conducta profesional del Dr. C., deviene improcedente admitir la prueba, en la cual intenta basar su defensa. Al efecto, sustancialmente, postula: que no pudo producir la prueba ofrecida tendiente a establecer que en la actuación analizada -esto es, el escrito de inicio en la causa judicial iniciada por nulidad del acta de asamblea de la sociedad B. SA, de la cual el Dr. M.Q. es el apoderado- se utilizaron expresiones que, aunque reprochadas por el tribunal de Disciplina, responden a la verdad de los hechos allí denunciados además del ejercicio legítimo del derecho de defensa de sus asistidos, con lo cual imputarle haber incurrido en “un vocabulario oscuro y provocativo” y “sin estilo adecuado” es impedirle el pleno ejercicio de su labor profesional como abogado. En tales condiciones, se impone observar que las medidas probatorias requeridas por el actor, tendientes a demostrar la razonabilidad del uso de las expresiones descalificantes allí vertidas como así también la sospechosa actuación profesional del Dr. M.Q. como apoderado de la S. B. SA en perjuicio de la misma, son inconducentes para refutar los fundamentos de la sanción impuesta, ya que con ello pretende ventilar cuestiones que resultan ser objeto de una demanda cuyo tratamiento y dilucidación corresponde sea dirimida en la causa judicial cuya jurisdicción no corresponde a este Tribunal, además, las manifestaciones vertidas por el recurrente tendientes a justificar el uso de sus expresiones, no resultan eximentes de la responsabilidad profesional que aquí se le imputa.

VI.Que, ahora bien, corresponde señalar que las sanciones impuestas por el Tribunal de Disciplina del Colegio Público de Abogados de la Capital Federal remiten a la definición como injustos de faltas puramente deontológicas, esto es, de infracciones éticas más que jurídicas, propiamente dichas, en cuyo diseño juegan enunciados generales e inespecíficos, que si bien no resultarían admisibles en un sistema punitivo abstracto fundado en una situación de supremacía general, caben perfectamente, bajo una relación de supremacía especial, como expresión tanto de la disciplina interna de la organización como por la cercanía moral de los titulares del órgano sancionador, pares del inculpado, interpretando un sistema ético que les envuelve a ambos. Por consiguiente, la subsunción del supuesto fáctico concreto dentro de la fórmula de la infracción deontológica- profesional es, como principio, resorte primario de quien está llamado -porque así lo ha querido la ley- a valorar los comportamientos que, precisamente, pueden dar lugar a la configuración de aquellas infracciones, limitándose la revisión judicial a las hipótesis en las que ha mediado indefensión o la decisión resulta manifiestamente arbitraria (esta Cámara, Sala III: “Rodríguez Goyena Gabriel Oscar”, del 6 de julio de 2006; Sala V: “Álvarez Teodoro”, del 16 de agosto de 1995; entre otros). En tales condiciones, el rol de la Cámara se circunscribe al control de legalidad y razonabilidad del obrar del Tribunal de Disciplina en el cumplimiento de la potestad específica de la función administrativa de policía profesional que le fue deferida por la Ley n° 23.187 (esta Cámara, Sala III: “Rodríguez Goyena Gabriel Oscar”, del 6 de julio de 2006; Sala I: “Acosta de Iturriagagoitia Walter A.c/ CPACF”, del 29 de agosto de 2000; entre otros); la actividad jurisdiccional del Tribunal resulta limitada al contralor de la ilegalidad o arbitrariedad, por lo cual, la cuestión fáctica y sus probanzas se examinan con el objeto de verificar si esos extremos han ocurrido, y sólo en esas circunstancias debe corregirse lo resuelto por el Colegio Público de Abogados de la Capital Federal (esta Cámara, Sala III: “Rodríguez Goyena Gabriel Oscar”, del 6 de julio de 2006; Sala II: “Cattelani, Inés”, del 8 de junio de 1989 y “Mazzini, Antonio”, del 13 de febrero de 1992; entre otros).

VII. Con relación a la defensa intentada por el profesional sancionado tendientes a demostrar que las expresiones utilizadas eran la justa defensa de los intereses de sus asistidos, debe ser rechazada. En efecto, respecto de las circunstancias invocadas -que precedieron y, según su entender, justifican las expresiones utilizadas-corresponde poner de relieve que aún en la hipótesis de que fueran ciertas -dichas afirmaciones-, dichos acontecimientos que dieron origen a las expresiones descalificantes podrían resultar idóneas para iniciar la pertinente acción judicial tendiente a hacer cesar las actividades contrarias a los intereses de la sociedad, pero en modo alguno lo habilitan a utilizar expresiones descalificativas utilizadas contra la labor profesional del abogado denunciant e. En ese sentido el Tribunal de Disciplina consideró que no cabe duda que el derecho de defensa permite que, cada abogado realice las consideraciones que entienda necesarias a los efectos de hacer valer sus derechos, pero no puede admitirse por ello un vocabulario oscuro y provocativo.Asimismo, y con cita de anteriores precedentes, la sentencia apelada sostuvo que “es un derecho de todo abogado el de opinar y ejercer su crítica a las tácticas empleadas por la parte contraria, en la medida que su accionar se realice dentro de un estilo adecuado y, que, cuando se emplean otras armas, el proceso se degrada, se degrada también tanto la función del abogado como la del juez , por eso la ley sanciona a quienes utilizan expresiones indebidas o injuriosas respecto de quienes intervienen en el juicio. Por último, agrego que el abogado debe manejarse con total libertad en el derecho de defensa, pero tratando de evitar procedimientos o términos que traspasen los límites de la mesura que es necesario resguardar. En tal sentido señaló que la defensa en juicio ejercida por los letrados debe materializarse en una actuación respetuosa de todos los participantes en el proceso, aun cuando en la misma no se pierda el vigor, la convicción y hasta la pasión en la defensa de los intereses que el cliente le ha confiado y que la justicia debe buscarse solamente con las armas del saber.

VIII. Ello así, corresponde indicar que el artículo 6 de la Ley 23187 dispone que: “Son deberes específicos de los abogados, sin perjuicio de otros que se señalen en leyes especiales, los siguientes:. a) Observar fielmente la Constitución Nacional y la legislación que en su consecuencia se dicte; e) Comportarse con lealtad, probidad y buena fe en el desempeño profesional.” ; el art. 44 , establece que: “Los abogados matriculados quedarán sujetos a las sanciones disciplinarias previstas en esta ley, por las siguientes causas: .g)

Incumplimiento de las normas de ética profesional sancionadas por el Colegio; h) Todo incumplimiento de las obligaciones o deberes establecidos por esta ley; y el Código de Ética en el inc. a) del artículo 10 dispone que son deberes inherentes al ejercicio de la abogacía:a) “Utilizar las reglas de derecho para la solución de todo conflicto, fundamentado en los principios de lealtad, probidad y buena fe” y; el art. 14, respecto de los deberes fundamentales del abogado respecto de sus colegas, establece que: “Dignidad y Ecuanimidad: Todo abogado debe respetar la dignidad de sus colegas y hacer que se la respete. No debe compartir la maledicencia del cliente hacia su anterior abogado ni respecto del que represente o patrocine a la contraparte. Debe abstenerse de expresiones indebidas o injuriosas respecto de sus colegas, así como aludir a antecedentes personales, ideológicos, políticos, religiosos o raciales que puedan resultar ofensivos o discriminatorios. Los sentimientos hostiles que puedan existir entre los clientes no deben influir en la conducta y disposición de los abogados entre sí”. Sentado ello, se debe destacar que, de la compulsa de las actuaciones y del escrito de interposición del recurso de apelación, se verifica que existieron expresiones descalificativas del letrado sancionado hacia el denunciante y en tal sentido, la conducta desplegada en el marco de un escrito de demanda, resulta -cuanto menos- inadecuado a la jerarquía profesional conforme lo estipulado por el art. 22, inc. a) y e) de la Ley 23187, por lo que en tales condiciones son irrelevantes las argumentaciones invocadas por el matriculado sancionado atinentes a sostener que no existe conducta reprochable. Ahora bien, se impone advertir que las manifestaciones vertidas en el escrito por el que se pretende fundar la apelación contra el acto administrativo individualizado en modo alguno revierten las circunstancias fácticas que le dan sustento en tanto resultan intrascendentes a la cuestión analizada, valorada y decidida por el Tribunal de Disciplina, que -cabe insistir- se circunscribe a determinar si, respecto del Dr. M.Q., el Dr. C. A.O. cumplió o no, con el deber ético de respetar la dignidad de su colega y de abstenerse de utilizar expresiones indebidas o injuriosas respecto de aquel.En efecto, las quejas formuladas por el recurrente no han logrado refutar las consideraciones que sirven de sustento al pronunciamiento cuestionado, pues no acreditan la existencia de arbitrariedad o ilegalidad que justifique apartarse de las conclusiones a las que arribó el organismo demandado. En este sentido, la decisión del Tribunal de Disciplina se encuentra debidamente fundada en las constancias que surgen del expediente administrativo las que no fueron refutadas por el recurrente y que fueron oportunamente evaluadas y merituadas, sin que corresponda a esta Alzada suplir tal juicio. Al respecto, cabe recordar que “por regla, la apreciación de los hechos, la gravedad de la falta y la graduación de las sanciones pertenece a las facultades del órgano profesional, en cuyo ejercicio éste no debe ser sustituido por los jueces, a quien sólo cabe ejercer el control de aquella actuación a los fines de impedir la arbitrariedad, irrazonabilidad o ilegalidad” (Fallos: 304:1335 y 314:1251; y esta Cámara, Sala IV in re “Kleinman Jorge Wilfredo y otro c/C.P.A.C.F”, sent. del 5/10/2006, y “Acosta Iturriagagoitia, Walter Adolfo c/ C.P.A.C.F”, sent. del 11/12/2001). En efecto, nótese que el apelante no se refiere concretamente a los argumentos que sustentan la decisión cuestionada ni mucho menos a la razón por la que éstos resultarían errados-mas bien las justifica-, limitándose a reiterar su postura mediante lacónicas y genéricas afirmaciones desprovistas del necesario fundamento, cuya relación con las circunstancias de la causa no resultan conducentes para pretender se revoque el acto que le impone la sanción de “llamado de atención”.

En virtud de las consideraciones expuestas, SE RESUELVE: rechazar el recurso de apelación directa deducido en autos, con costas a la parte actora (conf. art.68, primer párrafo, del Código Procesal). Teniendo presente la naturaleza y resultado del litigio, la calidad y eficacia de la gestión profesional, la etapa cumplida y la circunstancia de que la Sala ha declarado reiteradamente que los emolumentos que corresponde fijar a los profesionales y auxiliares de la justicia deben traducir -aún en los juicios de monto exiguo e inclusive sin monto- una justa retribución de las tareas desplegadas compatible con la dignidad en el ejercicio profesional, SE FIJAN los honorarios de la dirección letrada y representación de la parte demandada -Dr. Juan Pablo Irrera- en la suma de pesos cinco mil – $5.000- (arts. 6, 7, 8, 9, 37 y 38 del Arancel de Abogados y Procuradores). El importe del impuesto al valor agregado integra las costas del juicio y deberá adicionarse a los emolumentos cuando el profesional acreedor revista la calidad de responsable inscripto en dicho tributo. Los honorarios fijados precedentemente deberán ser abonados dentro de los diez (10) días corridos de notificados (art. 49 de la Ley de Arancel). En caso de incumplimiento el acreedor queda facultado para solicitar la intimación de pago para que se cumpla en el plazo de cinco (5) días, bajo apercibimiento de ejecución, la que tramitará por ante primera instancia del fuero. Para ello, se facilitará en préstamo el expediente para la extracción de las copias pertinentes, que serán certificadas por el Tribunal y entregadas al interesado para el ingreso del respectivo incidente en la Mesa de Asignaciones de la Secretaría General de la Cámara. Si vencidos los plazos mencionados el interesado no impulsa el proceso en el término de diez (10) días hábiles, las actuaciones se devolverán sin más trámite.

Para el caso de que el profesional no haya denunciado la calidad que inviste frente al IVA, el plazo para el pago del tributo sobre el honorario regulado, correrá a partir de la fecha en que lo haga. Regístrese, notifíquese y, oportunamente, devuélvanse.

JORGE ESTEBAN ARGENTO

CARLOS MANUEL GRECCO

SERGIO GUSTAVO FERNANDEZ