El abogado defensor de oficio ¿Puede cobrar sus honorarios al actor vencedor del pleito?

Autor: Moriconi, Damián A.

Fecha: 4-ago-2017

Cita: MJ-DOC-11944-AR | MJD11944

Doctrina:

Por Damián A. Moriconi

I. INTRODUCCIÓN

Desde hace varios años, la doctrina y jurisprudencia santafecina viene discutiendo sobre si le asiste derecho al abogado defensor de oficio a cobrar sus emolumentos al actor vencedor, sin que a la fecha se haya logrado un consenso que brinde una solución pacífica a la cuestión.

Quizás tal disparidad de criterios obedece a que el legislador reguló el asunto en forma insuficiente y un tanto confusa.

Existen normas referidas al tema, aunque ninguna de ellas establece de manera concluyente si el actor ganancioso se encuentra obligado al pago de los honorarios del abogado defensor de oficio que interviene en el pleito en representación del demandado ausente.

Este trabajo no aspira a brindar una solución al tema, sino que tiene como meta reseñar y analizar someramente las distintas posturas que se pergeñaron en la doctrina y jurisprudencia sobre esta temática, que resulta por demás de interesante, práctica y habitual.

II. EXPLICACIONES PREVIAS

A modo introductorio, y aunque resulte conocido por el lector, se entiende por defensor de oficio al abogado de la matrícula, que de manera voluntaria decide incorporarse al listado anual que a tal efecto confecciona la Corte Suprema de Justicia de la provincia de Santa Fe, y que en caso de resultar desinsaculado, tiene la carga profesional de aceptar el cargo en el expediente respectivo, so pena de ser excluido de la lista respectiva.

Conforme lo normado por art. 73 y 78 del CPCCSF, se nombrará abogado defensor de oficio en aquellos supuestos en que el demandado tuviere domicilio desconocido o fuere una persona incierta, únicamente en el marco de un juicio declarativo después del cual no puede promoverse otro por el mismo objeto (art. 86 CPCCSF)(1). Así, la presencia del abogado defensor de oficio resulta ineludible a los fines de la adecuada integración de la Litis (2).

El código de rito local únicamente le impone al abogado defensor de oficio la obligación de recurrir la sentencia dictada contra el rebelde.Sin embargo, la doctrina y jurisprudencia han agregado otros deberes en cabeza del abogado defensor de oficio, tales como contestar demanda -su negativa genera en el actor la carga de confirmar los hechos afirmados en la demanda-, expresar agravios, realizar las gestiones necesarias para tomar contacto con la parte contumaz, etc.

Por último, se impone analizar el carácter que reviste la función que cumple el abogado defensor de oficio.

Así, hay quien sostiene que el abogado defensor de oficio sería un mandatario de la parte que representa (3).

Sin embargo, referirse al defensor de oficio como mandatario del contumaz, implica reconocer la existencia previa de un contrato de mandato (art. 1319 y ss. Código Civil y Comercial), lo cual no ocurre en el supuesto bajo análisis, pues justamente se designa un abogado defensor de oficio respecto de quien se desconoce su domicilio o resulta una persona incierta.

Otros afirman que la función del abogado defensor de oficio constituye una carga pública (4).

Ahora bien, el diccionario de la Real Academia Española define al vocablo «carga», en su acepción novena, como la «obligación aneja a un estado, empleo u oficio», es decir, refiere a aquello que alguien está obligado a hacer en virtud de su estado, empleo u oficio.

El Diccionario Jurídico de Ramírez Gronda define a la carga pública como «Prestación real o personal, irrenunciable y gratuita en beneficio del Estado: el servicio militar obligatorio (Art. 21 C. N.); presidente de un comicio, función de juez de paz lego; la defensa en juicio de los pobres declarados tales; operaciones de censo, etc.» Deben ser declaradas por ley, pues, según la constitución: «ningún servicio personal es exigible sino en virtud de ley o de sentencia fundada en ley» (Art.16), y, además, debe pesar sobre todos los habitantes en igualdad de condiciones, pues el mismo texto constitucional manda que »la igualdad es la base del impuesto y de las cargas públicas» (5).

Sin embargo, como podrá advertir fácilmente el lector, la noción de carga pública no resulta aplicable a la función que desempeña el abogado defensor de oficio.

Es que no todos los abogados están obligados a desempeñarse como defensores de oficio. Es decir, no es una obligación inherente a la profesión de abogado. Únicamente aquellos abogados que decidan voluntariamente incorporarse al listado anual de defensores de oficio que confecciona la Corte Suprema de Justicia de la Provincia de Santa Fe, tendrán la obligación de aceptar el cargo en el supuesto de que sean designados.

A su vez, la ley 2.034 prevé como única sanción para el abogado que no acepta el cargo de defensor de oficio, la exclusión de la lista respectiva, lo que abona aún más nuestra opinión de que su función no es una carga pública.

Además, en el supuesto de que se considerase la función del abogado defensor de oficio como carga pública, su labor sería gratuita, y por tanto, no tendría sentido analizar quien resulta obligado al pago de sus honorarios.

Por su parte, existe otra opinión que considera la función del abogado defensor de oficio como una «carga profesional» (6), y añadimos, que nace una vez que el defensor de oficio resulta sorteado de la lista y acepta el cargo en el expediente.

Por último, opinamos que el abogado defensor de oficio es un representante legal del contumaz, en los términos del art.358 del Código Civil y Comercial, cuyas facultades y obligaciones serán las prescriptas por la ley.

En este acápite, hemos indicado sucintamente quien es el abogado defensor de oficio, sus deberes dentro del procedimiento y el carácter de la función que desempeña, estableciendo un punto de partida para analizar el tema que nos convoca, cual es, quien resulta obligado al pago de los honorarios del abogado defensor de oficio.

III. NORMATIVA APLICABLE

A continuación, analizaremos las normas que guardan cierta vinculación con el tema en análisis.

a) El art. 78 del CPCCSF establece que «el defensor tendrá derecho a cobrar honorarios al rebelde.».

La propia ley otorga al abogado defensor de oficio el derecho a cobrar sus honorarios al contumaz, sin perjuicio de aquellos que pueda reclamar a la parte contraria si resulta condenada en costas (art. 251 y 260 CPCCSF).

Ahora bien, la norma referida guarda silencio sobre el derecho del defensor de oficio a cobrar sus emolumentos al actor vencedor.

b) Por su parte, el art. 36 de la ley 6.767 reza que «Los honorarios de los abogados nombrados defensores de oficio podrán hacerse efectivos con el privilegio de los gastos de justicia sobre los fondos que el juicio produzca. Los jueces regularán, en todos los casos, los honorarios que les correspondan, aunque se adeudaren derechos fiscales o aportes jubilatorios, los que serán deducidos oportunamente al percibirse aquéllos, si la deuda fuere del defensor. No se aprobará ninguna liquidación de costas en que no se los hubiera incluido. Si los fondos del juicio no alcanzaren a cubrir totalmente los honorarios se procederá al prorrateo de los mismos».

Esta norma poco aporta a los fines de responder la pregunta que motiva este artículo, pero consagra una serie de medidas proteccionistas de los honorarios del defensor de oficio.

Así, se consagra que el defensor de oficio siempre tendrá derecho a peticionar la regulación de sus honorarios, aun cuando se adeudaren derechos fiscales o aportes jubilatorios.Incluso, la norma permite al defensor de oficio diferir el pago de los derechos fiscales o aportes jubilatorios al momento de percibir sus honorarios.

Además, la norma considera que los emolumentos del defensor de oficio gozan del privilegio de gastos de justicia sobre los fondos que produzca el juicio.

Al respecto, cabe resaltar que según la redacción de la norma, parecería que este privilegio únicamente se aplicaría en aquellos juicios en que existan sumas de dinero depositadas en una cuenta judicial abierta para tales fines, descartando su aplicación en los juicios en los cuales no existan tales fondos (escrituración, usucapión, divorcio, etc.).

En tal sentido, se dijo que «El art. 36 de la ley 6.767 como su texto lo indica permite satisfacer los honorarios del defensor de oficio sobre los fondos que el juicio produzca, situación que no es la de autos, al no haber dichos fondos producidos» (7).

A su vez, la vía que este precepto propone deviene impropia y materialmente inaplicable cuando no se hallaren bienes realizables o los existentes resultaren insuficientes (8).

Pero reiteramos, la norma nada dice sobre quien resulta obligado al pago de los honorarios del abogado defensor de oficio.

c) Por último, el art. 312 de la Ley Orgánica del Poder Judicial establece que «Los abogados de la matrícula están obligados a aceptar y ejercer: 1. Los nombramientos de oficio para la defensa de procesados pobres o de los que se negaren a nombrar defensor; pero podrán cobrar honorarios una vez concluida la defensa si sus defendidos adquiriesen solvencia, y a la parte contraria condenada en costas; 2. Las designaciones que les hicieren sus colegios para integrar los consultorios gratuitos; 3. Los nombramientos para formar tribunales en los casos establecidos en esta Ley.Estas designaciones no serán renunciables, salvo causas debidamente justificadas ante el tribunal que las efectúe».

Sin embargo, opinamos que esta norma únicamente resulta aplicable en los procesos penales, pues refiere a «procesados pobres» (no existe la figura del procesado en el fuero civil y comercial) o «los que se negaren a nombrar defensor», supuestos que no habilitan a nombrar abogado defensor de oficio según lo prescripto en el art. 78 del CPCCSF.

En conclusión, las normas recién indicadas no consagran en forma expresa el derecho del abogado defensor de oficio a cobrar honorarios al actor vencedor. Por tanto, ante éste va cío legal, a renglón seguido analizaremos las distintas posturas asumidas por la doctrina y jurisprudencia santafecina.

IV. EL OBLIGADO AL PAGO DE LOS HONORARIOS DEL ABOGADO DEFENSOR DE OFICIO

Abordaremos el tema haciendo una distinción según se trate o no de juicios en los cuales se ventila una pretensión que tiene como objeto directo sumas de dinero.

a) Juicios en los cuales se esgrime una pretensión que no tiene por objeto directo sumas de dinero (por ejemplo: usucapión, escrituración, simulación, etc.).

Existen dos posturas nítidamente diferenciadas:

1. Por un lado, aquellos que sostienen que imponer las costas al actor vencedor, aun en forma provisoria, resulta contradictorio con el sistema objetivo de condenación de costas previsto en el art. 251 CPCCSF (9). Además, quienes se enrolan en esta corriente, consideran que la función del abogado defensor de oficio constituye una carga pública, y por tanto, debería ser el Estado quien asuma el pago de los honorarios del abogado defensor de oficio.

En tal sentido, se dijo que «La pretensión de satisfacer esos honorarios a los actores fuera del argumento de lege ferenda, no tiene cabida en el derecho positivo. Ello puede autorizar una reforma a la legislación vigente, o tal vez discutir la constitucionalidad del esquema legal en vigor, cosa ésta que no se ha planteado en autos.La gestión del defensor de oficio responde en buena medida a la comprensión de esa tarea como carga pública, la que puede no siempre estar remunerada. Además, si ella es requerida por el Estado, parecería que éste debiera ser el eventual deudor» (10).

2. Por otro lado, se ubican quienes sostienen que el actor debe soportar provisoriamente las costas del pleito, quien luego podrá repetirlas de la parte vencida una vez hallada, argumentando que (11):

i. el actor se benefició directamente con el actuar del abogado defensor de oficio, puesto que su intervención en el pleito, permitió al primero lograr el dictado de la sentencia que reconoce su derecho.

ii. si el demandado contumaz pierde el pleito, su remuneración podría tornarse quimérica ante la imposibilidad de ubicar a su representado, siendo ello injusto para quien ha empeñado su conocimiento, tiempo y responsabilidad para el desarrollo de la causa; incluso afectando el principio constitucional de igual remuneración por igual tarea.

iii. la retribución del defensor de oficio impuesta al actor vencedor, no afecta a su patrimonio, ni agravia su derecho atento a su carácter provisorio y permite mantener incólume el derecho a retribución de quien hace profesión del abogar, impuesto por imperativo legal (12).

iv. el derecho a ser remunerado del abogado defensor de oficio tiene su fundamento en el carácter alimentario del arancel. Así, se dijo que «el abogado hace de su profesión el modo de vivir, y el honorario producido a su través se convierte en el ingreso principal que asegura su subsistencia y la de su familia, a la vez que posibilita su crecimiento humano, económico, intelectual y profesional» (13).

v.- «El defensor de oficio puede ir contra cualquiera de las partes, pues su título -la entidad jurídica de su gestión así lo habilita. Principio que rige aún en los casos de una condena en costas exclusiva al accionado por aplicación tanto del art.250 CPCCSF que reconoce la calidad de costas comunes, como del principio de responsabilidad objetiva en materia de costas para el cual no hay propiamente culpa en la causa de la imposición, y el vencimiento responde a una paralela circunstancia patrimonial entre las partes, no respecto de terceros que no pueden ser damnificados en aras del interés exclusivo de esas partes (voto en disidencia del Dr. Donati)» (14).

En síntesis, esta postura sostiene que «. los honorarios del defensor de oficio deben ser soportados por la actora, sin perjuicio de su repetición contra la demandada en caso de ser hallada, toda vez que la gestión del citado defensor lo ha sido en un proceso de usucapión que se puso en movimiento en interés de la accionante y que debe abarcar los honorarios del citado profesional» (15).

Por último, en una posición más flexible que la anterior, se ubican las Dras. García Sola y Eguren, quienes opinan que -de lege ferenda- resultaría adecuado un tratamiento legislativo que imponga al actor una obligación provisional de oblar los honorarios del defensor de oficio, al menos en un 50% de su monto.

Hasta aquí hemos esbozado las dos posturas antagónicas en relación a los juicios indicados en el apartado a).

b) Juicios en los cuales se esgrime una pretensión que tiene por objeto directo sumas de dinero, es decir, aquellos juicios en los cuales existen o podrían existir fondos depositados en una cuenta judicial.

Al respecto, existen tres líneas de pensamiento:

1. Nuevamente, encontramos aquí la postura que niega al abogado defensor de oficio el derecho a percibir sus honorarios del actor vencedor.

«La ley procesal santafecina recepta el criterio objetivo e impone las costas a la parte vencida en el juicio o incidente (art. 251 CPCC). Así está resuelto el rubro en el expediente principal.La gestión de dicha defensora deriva de una carga profesional de naturaleza intrínsecamente gratuita, y por añadidura, el sistema jurídico la provee de dos chances de percibir su emolumento, sea ganando el pleito o bien cobrándole a su defendido (art. 78 CPCC). Entonces, en el sub-examine no se exhibe justo y equitativo que la acreedora del crédito reclamado en el proceso principal tenga que abonar los honorarios devengados por la actuación de la defensora de oficio» (16).

2. Por su parte, hay quienes afirman que los honorarios del defensor de oficio deben ser provisoriamente abonados por el actor vencedor, quien luego podrá repetirlos de la contraria una vez ubicada.

«En tal sentido asiste razón al recurrente, toda vez que aunque como regla las costas del juicio deben seguir el principio objetivo del vencimiento que dimana del texto del artículo 251 del CPCyC, ha sido criterio invariablemente seguido por esta Sala aquel según el cual las vinculadas a los honorarios del Defensor de Ausentes deben ser atendidas por la parte actora aunque resulta gananciosa en su pretensión, habida cuenta de la imposibilidad del mismo de ubicar a su representado, y sin perjuicio de la eventualidad de repetición que el accionante tenga contra el vencido en caso de ser ubicado» (17).

3.Existe otra postura que, al igual que la anterior, pone en cabeza del actor en forma provisional el pago de los honorarios del abogado defensor de oficio, siempre y cuando, existan fondos suficientes para que el actor perciba la acreencia que la sentencia ordena pagar al demandado.

Así, se dijo que «. distinto es el supuesto de autos, en el que la sentencia ha resuelto la obligación de los demandados en la condena al pago de una suma de dinero, la que, hasta tanto no se haga efectiva, no justifica el pago anticipado del defensor de oficio por parte del actor aún insatisfecho en su acreencia» (18).

Esta última tesitura fue criticada y descartada su aplicación por la Cámara de Apelación de Circuito de Rosario in re «BELLUCCIA INES C/ BNA FIDEICOMISO SUQUIA S/ APREMIO», Expte. Nº 91/14, que adhirió a la postura esbozada en el punto 2., y condenó al actor a abonar los honorarios del defensor de oficio aun cuando no existan fondos en el expediente. A continuación, indicaremos los argumentando esbozados por el tribunal, respecto de los cuales hemos formulado algunas observaciones como nota al pie:

– La distinción que realiza la postura indicada en el punto 3.-, fundada en que el actor todavía no ha efectivizado su acreencia, no es aceptable ya que con el dictado de la sentencia que ha reconocido el crédito del actor -que ha pasado en autoridad de cosa juzgada- ha quedado irrevocablemente incorporado en el patrimonio del demandante su derecho.

– La intervención del abogado defensor de oficio, aun cuando se la considere una carga pública, no conlleva que su trabajo deba ser considerado gratuito, en virtud de lo prescripto por el art. 1627 del código civil derogado.

– El art. 36 de la ley 6.767 reconoce en forma expresa el derecho de los defensores de oficio a cobrar honorarios.

– La situación plantea un conflicto de intereses:por un lado, se ubica quien ha recurrido a la instancia judicial para que se reconozca su derecho a cobrar un crédito, y luego, por desconocerse el domicilio del demandado, se nombró un abogado defensor de oficio; y por otro lado, el derecho del profesional que actuó en esa función a cobrar sus honorarios por los trabajos realizados en el juicio en defensa del demandado ausente. Ante esta pugna de intereses, el tribunal privilegió el derecho del defensor de oficio a cobrar sus honorarios, con fundamento en que: 1) su intervención en el juicio deriva de una obligación legal; y que 2) aportó sus conocimientos, tiempo y responsabilidad en la asistencia letrada de una persona con la que está vinculada sólo por su deber profesional. A su vez, el tribunal sostuvo que el actor recurre a la instancia judicial por voluntad propia y en su particular interés, pudiendo optar por no iniciar el juicio. En otras palabras, el tribunal consideró que el actor tuvo la posibilidad de optar por iniciar o no el juicio según su conveniencia, mientras que el defensor de oficio que actuó en interés del demandado ausente no tuvo esa posibilidad (19).

– Quien da inicio a un juicio, sabe que en el transcurso del mismo deberá afrontar ciertos gastos, entre los cuales es razonable incluir la intervención del abogado defensor de oficio del demandado ausente, puesto que tal intervención es exigida para preservar garantías constitucionales como el debido proceso y el derecho de defensa en juicio (20).

– Resulta más justo que el actor soporte provisoriamente el pago de los honorarios del defensor de oficio, quien luego podrá repetirlos de la contraria una vez ubicada, en lugar de que el defensor de oficio tenga que esperar que aparezca el demandado ausente para cobrar sus emolumentos.El tribunal entendió que ello resulta más lógico puesto que el actor tuvo la opción de iniciar o no el juicio, ponderando todos los posibles gastos que el pleito podía insumir, y en cambio, el defensor de oficio no tuvo esa opción y que trabajó en beneficio ajeno (21).

Así, quedaron delineadas las tres posturas en relación al tema, las cuales mantienen su vigencia en los tribunales santafecinos, dependiendo su adhesión a la decisión subjetiva del juez de turno.

Por último, queremos hacer una breve referencia al precedente de la Corte Suprema de Justicia de la Provincia de Santa Fe, «Kleinman Ovidio c/ Piccolo Eduardo H. y otro -ordinario- s/ queja por denegación del recurso de inconstitucionalidad» de fecha 29/11/1995 (Cita: 6648/12).

La causa refería a un juicio de usucapión en el cual se designó un abogado defensor de oficio. Más arriba enunciamos algunos fundamentos del fallo de segunda instancia tanto del voto de la mayoría (Dres. Sagües y Elena) como de la minoría (Dr. Donati). Agregamos aquí que en ambas instancias no hubo expresa imposición de costas, rigiendo en consecuencia la regla general prevista en el art. 250 CPCCSF (costas por el orden causado). Tal imposición implícita de costas no fue impugnada por el abogado defensor de oficio.

Y por tanto, en base a tal argumento y otros más, se rechazó la posibilidad del defensor de oficio a cobrar sus honorarios al actor vencedor.

Llegado el caso a la Corte, el Máximo Tribunal -luego de reseñar las posturas antagónicas existentes-, sostuvo que no había cuestión constitucional que habilite la instancia extraordinaria, y que podía o no compartirse la decisión del tribunal de segunda instancia pero que el decisorio recurrido no resultaba arbitrario, puesto que no hizo más que aplicar las normas procesales vigentes (art. 250 CPCCSF).

V.CONCLUSIÓN

Tal como lo indicamos al inicio, este trabajo tiene como humilde objetivo brindar un panorama actual de la doctrina y jurisprudencia santafecina en torno a esta problemática tan habitual, sin que implique un abordaje acabado de los bastos precedentes que existen en relación al tema.

Ante el vacío legal existente y la disparidad de criterios, que no hacen más que generar incertidumbre e inseguridad jurídica, se impone la necesidad de que el legislador regule la función del abogado defensor de oficio, indicando específicamente quien resulta obligado al pago de sus honorarios -ya sea el demandado ausente, el actor ganancioso, el Estado, todos ellos en forma solidaria, etc.-

De tal manera, el abogado que decida inscribirse en la lista de defensores de oficio que confecciona anualmente la Corte Suprema de Justicia de la Provincia de Santa Fe, sabrá de antemano si su labor será gratuita o remunerada, y en su caso, a quien podrá reclamarle sus emolumentos por la labor realizada en el expediente.

En conclusión, todas las líneas de pensamiento reseñadas se encuentran vigentes, y la opción por una de ellas depende exclusivamente de la decisión subjetiva del magistrado de turno. Como se ha dicho, «. en el fondo lo que está en juego es una cuestión de valoraciones, que en definitiva se resuelve por la apreciación subjetiva que cada uno pueda asumir frente a los intereses en pugna» (22).

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(1) Sin perjuicio de que se estableció que «Si bien no es necesario la designación de defensor de ausentes en juicio ejecutivo, designado y consentido el nombramiento, y no vulnerando el orden público ni el derecho de defensa, no hay motivo para declarar la nulidad ni restarle legitimación para recurrir o para restringirle sus facultades» (CCC de Santa Fe, Sala 2, Asam, Ismael, c/ Schmidt Camilo s/ cobro de pesos, 05/09/73, Zeus T. 1, p. J-74).

(2) ATENCIO, Juan M.: ¿Quién le paga al defensor de oficio? Algunas consideraciones, 26/03/2010, en http://www.eljurista.net

(3) ATENCIO, Juan M., op.cit.

(4) CCC de Rosario, Sala 2 integrada, «Kleinman O. E. c/ Piccolo E. H. s/ ordinario», 10/05/1993, JS 2-110.

(5) Voz de Carga Pública en Juan Ramírez Gronda, Diccionario jurídico, Claridad, Buenos Aires, 1976.

(6) CCC de Rosario, Sala Cuarta integrada, «Pighin Pamela c/ Banco Macro SA s/ Apremio por honorarios», Expte. Nº 54/2012, 12/06/2012.

(7) CCC de Rosario, Sala 2 integrada, «Kleinman O. E. c/ Piccolo E. H. s/ ordinario», 10/05/1993, JS 2-110.

(8) GARCIA SOLA, Marcela y EGUREN, M. Carolina, en AA.VV. Código Procesal Civil y Comercial de la Provincia de Santa Fe. Análisis doctrinario y jurisprudencial, dir. Peyrano Jorge W. y Vázquez Ferreyra Roberto, Juris, 1999, p. 645.

(9) PALACIO, Lino, Derecho Procesal Civil, T. 6, p. 327. CCC de Rosario, Sala 2, Juris 76-71.

(10) CCC de Rosario, Sala 2 integrada, «Kleinman O. E. c/ Piccolo E. H. s/ ordinario», 10/05/1993, JS 2-110.

(11) Algunos de estos argumentos fueron sintetizados por GARCIA SOLA, Marcela y EGUREN, M. Carolina, en AA.VV. Código Procesal Civil y Comercial de la Provincia de Santa Fe. Análisis doctrinario y jurisprudencial, dir. Peyrano Jorge W. y Vázquez Ferreyra Roberto, Juris, 1999, p. 646.

(12) CCC de Rosario, sala 3, Barulich c/ Sucesores de Aurora Mansilla, 9/10/1978, Juris 57-160.

(13) EGUREN, M. Carolina y GARCIA SOLA, Marcela, La naturaleza alimentaria de los honorarios profesionales y su evolución jurisprudencial, Boletín Zeus 7509 del 06/09/2004.

(14) CCC de Rosario, Sala 2 integrada, «Kleinman O. E. c/ Piccolo E. H. s/ ordinario», 10/05/1993, JS 2-110.

(15) CCC de Rosario, Sala Primera Integrada, «Rechia Francisco y otro c/ Herrero Jose y otro s/ usucapión», Expte. Nº 279/2007, 2/3/2011, MJJ64703 .

(16) CCC de Rosario, Sala Cuarta integrada, «Pighin Pamela c/ Banco Macro SA s/ Apremio por honorarios», Expte. Nº 54/2012, 12/06/2012.

(17) CCC de Santa Fe, Sala Primera, «Nuevo Banco de Santa Fe c/ Chapo Iris García de s/ J. Ordinario», Expte.Nº 43/2008, 1/10/2008.

(18) CCC de Rosario, Sala primera integrada, «Nestlé Argentina SA c/ Coronato Alfredo y otro s/ rendición de cuentas», Expte. Nº 382/2009, 15/09/2010.

(19) No estamos de acuerdo con este argumento esbozado por el tribunal. Más arriba indicamos que técnicamente la función del defensor de oficio no es una carga pública, puesto que no constituye una obligación inherente a la profesión de abogado. Por el contrario, cada abogado matriculado de la provincia es libre de incorporarse o no a la lista de defensores de oficio que anualmente confecciona la Corte Suprema de Justicia de Santa Fe. Por tanto, esto hecha por tierra el argumento del tribunal, puesto que ambos -actor y defensor de oficio- actúan en forma libre y voluntaria: el primero al optar por iniciar el juicio, y el segundo al incorporarse a la lista de defensores de oficio.

(20) En este punto, cabe preguntarnos lo siguiente: si la actuación del abogado defensor de oficio es impuesta por la ley y por el estado, ¿no debería el Estado afrontar el pago de los honorarios del defensor de oficio?.

(21) Insistimos con lo dicho en la nota al pie Nº 18, la decisión del abogado de incorporarse a la lista de defensores de oficio fue tan libre y voluntaria como la opción del actor de iniciar el juicio. En ese caso, ambos deberían haber ponderado las posibles contingencias del juicio: el actor tendría que haber previsto que en caso de no ubicar al demandado, se le debería nombrar un defensor de oficio según el art. 78 CPCCSF, y por otro lado, el abogado tendría que haber advertido la posibilidad de salir sorteado en un juicio, en el cual su labor no resulte remunerada, ya sea porque resulta imposible ubicar al demandado ausente, o porque el actor es insolvente. Por tanto, encontrándose en pie de igualdad actor y defensor de oficio, será una decisión subjetiva del magistrado adelantar el pago de los honorarios del abogado a costa del actor, o bien, que el abogado deba esperar a cobrar sus emolumentos hasta que sea ubicado el demandado ausente. En un uno u otro supuesto, se priorizará el derecho de propiedad de una de las partes en detrimento de la otra, y por tanto, la decisión deberá estar suficientemente fundada.

(22) CApel. Circuito de Rosario, «BELLUCCIA INES C/ BNA FIDEICOMISO SUQUIA S/ APREMIO», Expte. Nº 91/14.

N. de la R.: Artículo publicado en Juris, Jurisprudencia Rosarina Online.