Responsabilidad de los procesados en la comisión del delitos de tráfico de estupefacientes en tanto organizaron el evento -fiesta electrónica – y dieron libre circulación de estupefacientes en el interior de los pabellones

Partes: V. B. A. D. s/ Ley 23.737

Tribunal: Cámara Federal de Apelaciones de Rosario

Sala/Juzgado: A

Fecha: 7-jul-2017

Cita: MJ-JU-M-106534-AR | MJJ106534 | MJJ106534

 

Responsabilidad de los procesados en la comisión del delito de tráfico de estupefacientes en tanto organizaron el evento -fiesta electrónica – y dieron libre circulación de estupefacientes en el interior de los pabellones.

Sumario:

1.-Corresponde confirmar la sentencia por la que se decretó el procesamiento a los encartados como presuntos autores del delito previsto y penado en el art. 10 con la agravante del art. 11 inc. e de la Ley 23.737, ya que los recurrentes no lograron desvirtuar los argumentos del sentenciante para concluir que existían elementos de convicción suficientes para adoptar tal temperamento y surge la responsabilidad de los procesados en tanto organizaron el evento -fiesta electrónica – y en ese carácter tuvieron, sin duda, un poder de decisión amplio, aunque no exclusivo, sobre la configuración del hecho; particularmente el diagrama de seguridad que facilitó la libre circulación de estupefacientes en el interior de los pabellones y dejó a los concurrentes sin control ni seguimiento en dicho ámbito y la saturación del lugar con fines de lucro.

2.-Debe decretarse el procesamiento de los encartados como presuntos autores del delito previsto en el artículo 10 con la agravante del 11 inc. e) de la ley 23.737, toda vez que a la par de quienes están directamente vinculados a la faz dinámica del tráfico ilícito, existen quienes brindan una tarea de apoyo para su propagación, tal es lo que ocurre con quienes facilitan lugares o elementos para que se lleven a cabo los delitos de tráfico, el facilitador de lugares o elementos no necesariamente debe pertenecer a la cadena de tráfico ya que facilitar es hacer fácil o posible la ejecución de una cosa o la consecución de un fin poniendo a disposición de quienes llevarán a cabo las acciones típicas un lugar que permita su realización.

3.-La agravante del 11 inc. e) de la ley 23.737, toma en cuenta que la difusión del uso de estupefacientes y la facilitación del tráfico en lugares donde se concentran cantidades indeterminadas de personas -en el caso, una fiesta electrónica con miles de asistentes- importan una alta puesta en peligro del bien jurídico salud pública.

4.- A los fines de confirmar la sentencia que decretó el procesamiento de los encartados como presuntos autores del delito previsto y penado en el art. 10 con la agravante del art. 11 inc. e de la Ley 23.737, cabe considerar que la falta de agua suficiente para los asistentes -particularmente gratuita- el hacinamiento y sobreventa de entradas, que excedían notoriamente la capacidad del salón, constituyen elementos incriminantes que se añaden a lo dicho sobre la falta de control y perceptible consumo y venta de estupefacientes, que contribuyen a reforzar la conclusión a la que se arribó.

5.-Las diferencias de criterio que tengan las partes con relación a la fuerza probatoria de los elementos incorporados a la causa y a la idoneidad de éstos para generar la convicción suficiente que se exige para el dictado de un auto de procesamiento (art. 306 del C.P.P.N.) son materia de la discusión central del trámite del recurso de apelación, pero no implican la invalidez de la resolución recurrida, cuando, como en el caso, el auto impugnado cumple con los requisitos de motivación que prescribe la ley procesal vigente.

Fallo:

Rosario, 7 de julio de 2017.- Visto, en Acuerdo de la Sala “A” (integrada) el expediente n° FRO 30/2017/16/CA8, caratulado “V. B., A. D. p/ Ley 23.737”, proveniente del Juzgado Federal N° 3 de Rosario, del que resulta:

Vienen los autos para resolver los recursos de apelación que interpusieron los defensores de A. D. V. B. y Gino P. S. (fs. 67/78vta.), Germán Pablo D. (fs. 79/81vta.) y Esteban G. (fs. 82/84vta.) contra la resolución del 4 de mayo de 2017 (fs. 1/47 vta.) en cuanto los procesó con prisión preventiva como presuntos “autores del delito previsto y penado en el art. 10 con la agravante del art. 11 inc. “e” de la ley 23.737.” y trabó embargo sobre sus bienes hasta cubrir la suma de veinte mil pesos ($ 20.000) por cada uno.

Elevadas las actuaciones, se dispuso la intervención de esta Sala “A” integrada. Designada audiencia a los fines previstos por el artículo 454 del CPPN., se agregaron los memoriales presentados por el Fiscal General (fs. 139/143) y por los defensores y se dejó constancia de la incomparecencia de la defensa de Germán Pablo D. (v. informe actuarial obrante a fs. 144).

El Dr. Jorge Sebastián Gallino dijo:

1.a) Los defensores de A. D. V. B. y Gino P. S.sostuvieron que la resolución “padece del vicio del voluntarismo, de falta de merituación objetiva, de falta de igualdad ante la ley, falta de fundamentación y desconoce los principios del derecho a la libertad”.

Afirman que el magistrado realizó un análisis parcial y arbitrario.

Cuestionaron que hayan tenido en cuenta comentarios de la red social Facebook, sin sopesar que también existen testigos ofrecidos por esa defensa que refieren que los hechos transcurrieron de un modo distinto, habiendo detectado también que hay comentarios que provienen de una empresa de organización de eventos que es “competencia”.

Criticaron que se valoraran parcialmente los informes policiales, sin tener en cuenta que en ningún momento consignaron que en el interior de la fiesta “operaran dealer con total tranquilidad”, y que los funcionarios del ejecutivo indicaron que el evento se desarrolló con total normalidad, al igual que otros testigos. También hicieron referencia al supuesto análisis descontextualizado del informe y testimonio de la Directora del Servicio para la Atención Médica de la Comunidad de Arroyo Seco.

Afirmaron que si los hechos hubiesen sucedido del modo que los relató el a quo las que tendrían que estar acusadas serían las autoridades policiales y políticas competentes y que no lo estén es lo que les permitió afirmar que se les dio un trato desigual.

Resaltaron que se confunden presuntas faltas administrativas con conductas sancionadas por la ley 23.737 y que sus pupilos cumplieron con todos los protocolos pactados con el Ministerio de Salud a fin de evitar o al menos minimizar daños. Agregaron que son las autoridades competentes las que deben diagramar las estrategias para el cumplimiento de la normativa.

Por último se agraviaron de la imposición de la prisión preventiva y sostuvieron que no hay elementos que permitan presumir la existencia de peligrosidad procesal.

En el memorial de fs.105 los defensores insistieron en que el juez utilizó una construcción que se consolida más propiamente en la violación de un código de falta municipal y sólo hace referencia a que alguno de los asistentes pudieron haber desplegado conductas que se relacionan con la ley 23.737. Destacaron que muchos testigos afirmaron que los controles existieron, que la policía se encontraba en el lugar, y que varios de los disconformes son productores de fiestas electrónicas que se realizan en el complejo Metropolitano.

Reiteraron las omisiones de las autoridades públicas municipales, y que pese a que estaban prohibidas las fiestas electrónicas autorizaron la realización de éste y otros eventos. Afirmaron que la productora de sus asistidos no sabía de la prohibición y que los responsables del local ni las autoridades se lo advirtieron.

Destacaron que la insuficiencia policial se debió a una defraudación de los dueños del local -que contrataron menos policías- o a la corrupción de esa fuerza, que cobró los cánones correspondientes pero no ordenaron los agentes contratados.

Realizaron algunas manifestaciones sobre la muerte de los dos jóvenes, resaltando que tuvo lugar después de la fiesta y que en ambos casos habían comprado la droga fuera de P. S. .

Finalmente, dijeron que es falso que hubiesen más personas que las permitidas, que no es cierto que faltara agua en los baños y en la barra, citando prueba que avA. esos dichos.

1.b) La defensa de Pablo D. sostuvo que la conducta que se le imputa es atípica, que no hay elementos de convicción suficientes para esta etapa procesal con relación a la autoría y/o participación en el hecho imputado.También afirmó que la argumentación del juez es contradictoria y que se violó el principio de congruencia, por lo que el decisorio es arbitrario.

Asimismo, se agravió de la prisión preventiva, consideró que no están dados los presupuestos legales y jurisprudenciales para disponerla y que no se tuvo en cuenta las condiciones personales de su pupilo que evidencian ausencia de peligrosidad procesal.

1.c) Finalmente, el defensor de Esteban G. afirmó que la imputación a su defendido fue arbitraria.

Resaltó que no se precisó qué actividad concreta fue la que aquél desempeñó para “generar el marco propicio para la venta de estupefacientes” y que no hay elementos probatorios de cargo en su contra.

Se agravió de que no se hayan valorado las pruebas solicitadas por esa defensa, y que en realidad esas medidas ni siquiera se llevaron a cabo. Agregó que ninguna prueba lo vincula con el rol y responsabilidad que se le pretende endilgar, porque es claro que no participó en la organización del evento, ni es socio o encargado o parte de las firmas que suscribieron el contrato de locación para su realización, sino que sólo actuó como empleado y por orden de sus superiores.

En el memorial de fs. 93 el defensor insistió en la ausencia de elementos incriminantes contra su pupilo. Enfatizó que en un primer momento el a quo negó el pedido de indagatoria y detención por ausencia de pruebas y escasos días después lo procesó, siendo que en el medio únicamente obran las declaraciones indagatorias de V. B. y P.

(dueños de la empresa organizadora del evento). Destacó que no hay pruebas que lo liguen a la causa o con un actuar contrario a derecho.

Afirmó que en primer lugar debió demostrarse si realmente existió venta de estupefacientes, porque si no la hubo mal puede afirmarse que alguien creó el marco propicio para su venta. Resaltó que no se sabe si las personas que supuestamente consumieron droga la compraron en la fiesta o en sus inmediaciones. En todo caso, refirió que G.no estaba obligado a saberlo.

Al igual que la defensa de los otros imputados, insistió en la ausencia de control por parte del Estado, concretamente autoridades municipales y policiales.

2.- Tal como se señaló en los resultas, la defensa de Germán Pablo D. no presentó memorial sustitutivo de la audiencia del art. 454 del código de rito, por lo cual atento a lo normado en el segundo párrafo del artículo antes mencionado corresponde tenerlo por desistido del recurso que articuló a fs. 79.

Por otro lado, en la presente se abordarán únicamente los cuestionamientos contra los procesamientos ordenados. En relación a las apelaciones dirigidas contra la prisión preventiva, no habiéndose planteado nuevos agravios, deberá estarse a lo resuelto por la Sala en los acuerdos de fecha 4 y 5 de julio de 2017 en los incidentes nº FRO 30/2017/10/CA1 y FRO 30/2017/11/CA2 (“V. B., A. D. s/ Excarcelación”; “P., Gino s/ Excarcelación”) y FRO 30/2017/12/CA4 y FRO 30/2017/12/ES1/1/CA6 (“G. , Esteban s/ Excarcelación” y “G., Esteban s/ Excarcelación y Prisión Domiciliaria”), respectivamente.

3.- Aclarado lo anterior, corresponde precisar en primer término que la resolución en crisis no adolece de ninguno de los vicios que le achacaron los defensores -sin perjuicio de las particularidades de cada planteo, los letrados consideraron que es arbitraria, carece de motivación y que en ella sólo se efectuaron consideraciones genéricas- defectos que por otro lado los recurrentes no acreditaron, y en todo caso se traducen en su disconformidad con el temperamento que adoptó el a quo, lo que será analizado al tratarse los distintos agravios que conforman su recurso.

En otras palabras, independientemente de que puedan no compartirse las razones que se brindaron en el auto en crisis para fundar el procesamiento, éste se encuentra debidamente motivado, más allá de que luego del análisis de los distintos agravios pueda concluirse que los elementos valorados en el decisorio fueron suficientes o insuficientes para adoptar dicho temperamento.

En forma coincidente la jurisprudencia ha sostenido que: “En efecto, las diferencias de criterio que tengan las partes con relación a la fuerza probatoria de los elementos incorporados a la causa y a la idoneidad de éstos para generar la convicción suficiente que se exige para el dictado de un auto de procesamiento (art. 306 del C.P.P.N.) son materia de la discusión central del trámite del recurso de apelación, pero no implican la invalidez de la resolución recurrida, en los casos -como el que se presenta en el `sub lite´-en los cuales por el auto impugnado se cumple con los requisitos de motivación que se prescriben por la ley procesal vigente (conf. Regs. Nos 932/03, 71/06 y 539/11, de esta Sala B).” (Cámara Nacional de Apelaciones en lo Penal Económico, Sala B, 29/04/2013, in re “R., Juan y ot s/ Asociación Ilícita y Evasión Tributaria”).

Por lo tanto, este primer planteo será rechazado.

4.- Según surge de las indagatorias de A. D. V. B. (fs. 1206/1215, 1218/1226) Gino P.S.

(1247/1253, 1255/1258) y Esteban G. (fs. 1296/1297) a los imputados se les atribuyó haber facilitado el local bailable “P. S. ” ubicado en la localidad de Arroyo Seco, Santa Fe “para la comercialización y el uso de sustancias estupefacientes”, permitiendo su libre circulación durante el desarrollo de la fiesta electrónica “Sasha New Year Even Party” que se llevó a cabo el 31 de diciembre de 2016.

En el auto en crisis, el magistrado dictó su procesamiento como presuntos autores del delito previsto en el artículo 10 con la agravante del 11 inciso e) de la ley 23.737. Explicó con minuciosidad en qué habría consistido esa conducta, cuáles eran las pruebas con las que se contaba y cuál sería la participación que cada uno de los encartados habría tenido en el hecho en cuestión.

Sobre dicha figura nuestra doctrina ha explicado que “.a la par de quienes están directamente vinculados a la faz dinámica del tráfico ilícito, existen quienes brindan una tarea de apoyo para su propagación, tal es lo que ocurre con quienes facilitan lugares o elementos – aunque sea a título gratuito, dice la norma- para que se lleven a cabo los delitos de tráfico. Quiere decir que el facilitador de lugares o elementos no necesariamente debe pertenecer a la cadena de tráfico. Facilitar es hacer fácil o posible la ejecución de una cosa o la consecución de un fin, proporcionar o entregar” (CORNEJO, Abel, Estupefacientes, Rubinzal-Culzoni, Santa Fe, 2014, pág.180.

Facilitar es posibilitar la ejecución de una cosa o la consecución de un fin, se trata de poner a disposición de quienes llevarán a cabo las acciones típicas un lugar que permita su realización.

En cuanto a la agravante, lo que la norma toma en cuenta es que la difusión del uso de estupefacientes y la facilitación del tráfico en lugares donde se concentran cantidades indeterminadas de personas -en este caso una fiesta electrónica con miles de asistentes- importan una alta puesta en peligro del bien jurídico “salud pública”.

5.- Sentado lo anterior, se adelanta que el decisorio en crisis se encuentra debidamente fundado y en realidad, ninguno de los defensores logró desvirtuar el razonamiento que llevó al juez a concluir que había mérito para disponer el procesamiento de los imputados.

Como se sintetizó en el primer considerando, los defensores -con matices- se centran en que no está acreditado que la noche en que tuvieron lugar los hechos se consumiera o comercializara droga o directamente que no hay elementos para suponer que los imputados facilitaron tal consumo o tráfico, por no caberle responsabilidad en cuanto a la seguridad o porque en realidad ésta recaía sobre otras personas.

Entonces, para tratar adecuadamente los cuestionamientos, debemos indagar en primer lugar si en el ámbito de la fiesta realizada el 31 de diciembre del año pasado en el predio de “P. S. ” de Arroyo Seco se llevaron a cabo conductas reñidas con la ley 23.737 y en un segundo momento, de ser afirmativa la respuesta a la pregunta anterior, reparar en el rol que cumplieron los imputados, concretamente los organizadores de la fiesta -V. B. y P. S.- y quien supuestamente actuaba como encargado del local – Esteban G.- en orden al hecho que se les atribuye, es decir si habrían facilitado un lugar para que se cometieran aquéllos ilícitos.

6.- Respecto del primer punto, se advierte que el a quo destacó numerosos indicadores que permitirían presumir que en la fiesta en cuestión se usaron y vendieron estupefacientes.

En tal sentido, son múltiples los testimonios de personas que estuvieron aquella noche en P. S. , algunos incluso amigos de los dos sujetos que fallecieron inmediatamente después de retirarse del evento, que obran en el sumario, que dan cuenta del consumo y/o de la venta de estupefacientes durante la fiesta, pudiendo citar a modo de ejemplo el del testigo “A” de fs. 65 (“sé que entraron con droga más precisamente drogas sintéticas”, “yo frecuento ese tipo de eventos de fiestas electrónicas y se sabe que hay quienes venden ahí solo hay que buscarlos”, “yo no vi situaciones de compra venta en el lugar si vi gran cantidad de gente consumiendo pastillas”). A fs. 170 el del testigo nº1 (“Durante toda la noche vi que constantemente muchas personas vendían droga, diciendo `pasti´, `cocaína´ y `popper ´ en la parte del vip, por eso todos pasaban y compraban ahí, el movimiento era constante y consumían allí, hasta vi cómo una persona se ponía un polvo blanco en la palma de la mano y le daba a otra para que lo aspire por la nariz. Me quedé impresionado como todos se drogaban en medio de la fiesta como si fuera algo normal [.] las personas que observé que vendían drogas en el vip eran dos hombres, uno era rubio y el otro casi ni lo vi ya que estaba oscuro, vestidos muy normales, de actitud canchera, hablaban con todo el mundo como si fueran conocidos.”). El del testigo “E” a fs. 345 (“. cuando entré a la fiesta vinieron tres personas diferentes a ofrecernos droga, a querer vendernos digo.Eran dos hombres y una mujer ofreciendo `rola´ que es éxtasis y también ofrecían `cristal´ que sé que se pone en líquido, en agua y se toma, ellos vinieron por separado y en diferentes momentos, y dijeron que el valor de la rola era de $300.” “todo el tiempo se ve que compran y consumen pastillas así de rápido y de manera común, eso lo vimos toda la noche. Me dio miedo esa situación me quise ir, eso a pesar de que voy a muchas fiestas, eso era una zona liberada completamente”).

Los testigos conocidos de Giuliana M (que falleció horas después de concurrir a P. S. ) declararon que aunque no consumía habitualmente estupefacientes sí lo hacía cuando asistía a ese tipo de fiestas -concretamente la testigo de fs. 434 (“D”) mencionó que tomaba pastillas y que para año nuevo tenía pensado adquirir dos- y que esa noche concurrieron al lugar con muchas pastillas, que “pasaron fácil” ya que no los revisó nadie -como acostumbra hacerse- (ver testimonio del testigo “I” a fs. 475, quien acompañó y asistió a la joven cuando se descompuso, que agregó que “En esta fiesta me preguntaron si tenía `pastelas´, un pibe de mi edad más o menos, no podría dar más datos. Le contestamos que sí y siguió. Siempre ofrecen, el ochenta por ciento de la gente ese día estaba tomando droga. Estaban bajo efectos eufóricos que dan estas pastillas. Creo que fue una concentración de droga importante ese día, como en toda fiesta.”).

En idéntico sentido declararon los testigos de fs. 529 -testigo K- (que refirió que aunque habitualmente se consume droga en ese tipo de eventos, éste en particular había sido un “desastre”) el de fs. 573, identificado como testigo “L” que precisó “.yo tomé media pastilla de éxtasis, era rectangular roja y rosa llamada Coca Cola, todos tomamos las mismas. Las adquirimos unos días antes, no sé quién las consiguió. Se sabe que en todas las fiestas se consumen pastillas.Es más, en cada fiesta se consigue la misma variedad de pastillas, es decir, cada fiesta tiene una `marca´ de pastillas para esa fiesta, como que todas las personas de una fiesta, por más que no se conozcan o tengan nexos en común, en esa fiesta toman unas pastillas en particular, después en otra toman otras. Por ejemplo, en una fiesta X, todo el mundo consigue las `Superman´, después en otra todos consumen `Heineken´, y así.

En este caso, las que se consumieron en esta fiesta, fueron las Coca Cola. Las ingresé poniéndomelas en el elástico del calzoncillo, pero no me revisaron”, fs. 709 (“N”), que reconoció que le ofrecieron droga adentro del local, 1310 (testigo 2), que manifestó que vio asistentes vendiendo y consumiendo cocaína y pastillas, entre otros.

A fs. 1129 y siguientes obran los testimonios de la declaración que en la justicia ordinaria brindaron los amigos de Lucas L. (que también falleció aparentemente por haber consumido éxtasis), quienes coincidieron en que aquél ingresó al predio con pastillas de esa sustancia y que en el interior seguramente podía comprarse, porque en ese tipo de eventos “siempre está lleno de dealers”.

Por su parte, también debemos valorar como revelador de la circulación de sustancias ilícitas el hecho de que al remover los 14 baños químicos del predio donde se llevó a cabo la fiesta hallaron elementos con restos de estupefacientes (fs. 984), concretamente cocaína. A su vez, obra a fs. 515/518 copia del libro de guardia del SAMCO Arroyo Seco correspondiente a los días 1 y 2 de enero de 2017 donde consta la atención de Giuiliana M, quien fue llevada al lugar en ambulancia desde la fiesta electrónica, por alteración del nivel de conciencia y descompensada luego de ingerir estupefacientes.

A fs. 535 declaró la directora de ese efector, Claudia D.L., quien precisó que dispusieron un refuerzo de un médico y un enfermero, ya que “en otras oportunidades, cuando se realizan este tipo de fiestas, se incrementa la entrada de pacientes con intoxicación relacionadas por estupefacientes” y concretamente en dicha oportunidad les llevaron tres pacientes por esa circunstancia.

En similar sentido declaró el enfermero que trabajó esa noche como parte del equipo médico contratado para permanecer en el lugar (fs. 614) que dijo haber atendido a una persona -que resultó ser Giuliana M- y agregó que había agua aunque era difícil llegar hasta el lugar donde se encontraba y que le llamó la atención la poca ingesta de alcohol entre los asistentes y la cantidad de aquéllos pidiendo agua, algo que refirieron todos los testigos citados antes y la directora del SAMCO, explicando que aquello era propio del uso del tipo de estupefacientes que se consumió esa noche.

En suma, surge de acuerdo a las constancias citadas, a las que se agregan las restantes que invocó el a quo, y siempre con la probabilidad de esta etapa del proceso, que en la llamada fiesta electrónica “Sasha New Year Even Party” que tuvo lugar entre el 31/12/16 y 01/01/17 en el local bailable P. S. de la ciudad de Arroyo Seco, Santa Fe, existió un ámbito propicio que favoreció la circulación de estupefacientes, ya que hay elementos que demuestran que en su interior se consumieron y podían adquirirse fácilmente tales sustancias.

Antes de concluir, cabe refer irse a los agravios de los defensores -especialmente los de V. B. y P.S.- respecto a la posible parcialidad de los testigos, ya que muchos de ellos serían “parte de la competencia”. Tal planteo no puede admitirse, en primer lugar, porque la parcialidad alegada no se ha demostrado; a lo que cabe agregar, en virtud de los principios de contradicción, inmediación y concentración, que es el juicio oral y público el ámbito natural para un exhaustivo análisis de la cuestión, oportunidad en que las partes pueden proceder a interrogar directamente a los testigos ante el tribunal sentenciante.

7.- Llegados a este punto, cabe indagar sobre la responsabilidad que podría caberle a los imputados en el accionar mencionado más arriba.

Nuevamente recordemos que el magistrado no les imputó -al menos por ahora- algún tipo de participación en el comercio de estupefacientes, sino que la conducta que se les atribuye consistió en haber facilitado un lugar para que aquél se desarrollara, y para que quienes asistieran pudieran consumirlos.

Para tratar este aspecto, la situación de cada imputado será analizada por separado.

7.1.a) No está controvertido que A. V.

B. y Gino P. S. eran los titulares y/o responsables de “L. A.

P. S.R.L”, que fue la sociedad que alquiló el local para desarrollar la fiesta, contrató al artista británico que se presentó esa noche, y en general estuvo a cargo de la producción y organización del evento. Así lo reconocieron al prestar declaración indagatoria (fs.1247 y 1206, donde además especificaron cuál sería el rol dentro de la empresa y el que habrían cumplido la noche que sucedieron los hechos).

A su vez, están las pruebas que citó el magistrado, que no fueron cuestionadas.

Lo que en general afirmaron sus defensores, aparte de cuestionar la importancia que se le dio a la declaración de los testigos por estar vinculados con sectores de la competencia en el rubro (aspecto ya analizado) fue que en todo caso la responsabilidad de lo sucedido recayó en las autoridades municipales -que conocían que estaban prohibidas las fiestas electrónicas-, policiales -que no controlaron debidamente- y de los propios titulares de P.

S. , que convencionalmente habían asumido lo atinente a la seguridad y contratación del personal que se encargaría de eso. Insistieron en que los imputados hicieron todo lo que estaba a su cargo para que el espectáculo se desarrollara con normalidad.

7.1.b) En primer lugar cabe resaltar que la eventual y posible responsabilidad -incluso penal- de los funcionarios municipales y policiales no excluye por sí la que podría caberle a los encartados en su carácter de productores y organizadores de la fiesta en que tuvieron lugar los hechos, quienes no caben dudas que esa noche estaban a cargo del local en cuestión.

En efecto, además de suscribir el “Contrato de Locación para Evento privado” -que obra a fs.

157, aunque sólo está firmado por V. B.- y el “Anexo Memorando de entendimiento” (fs. 454), se encargaron de contratar al artista que tocó en la fiesta (según documentación secuestrada a fs. 94 que obra en sobre B.2 y lo que declararon en sus indagatorias), también convinieron junto a Esteban G. la empresa de emergencias médicas que estuvo presente esa noche (que analizaré al tratar la situación de G. , ver sobre 1). V. B. pagó a SADAIC (recibo en sobre B4) y Gino P. S.se encargó de la gestión de los baños químicos (Sobre A-1).

Según el contrato a que referí en el párrafo anterior, la responsabilidad exclusiva del personal de seguridad, manejo de barras, mercaderías, etc. estaba a cargo de los locatarios (“L. A. S.R.L.” representada por V.

B.). La locadora (Y. S.R.L, por la que nadie firmó) dejó sentado que hacía saber a la contraparte que la seguridad era la prioridad, exigiendo para eso la contratación de al menos 25 personas. Asimismo, en la cláusula décimo primera se aclaró que las partes conocían la normativa municipal que regula las fiestas privadas, dato que no es menor, ya que según ordenanza municipal, las fiestas electrónicas estaban prohibidas en Arroyo Seco desde abril de 2016 (decreto 198/2016) y además el local estaba habilitado para 1850 personas (ver fs. 185 y ss. del expediente 29454, reservado en Sobre II Municipalidad Arroyo Seco) cuando surge de los testimonios, del informe de la empresa que imprimió las entradas (Ticketek, fs. 1136, dijo que fueron 5004 en total) e incluso el acta del Inspector Albino L. (fs. 1125) que la cantidad de asistentes cuanto menos la duplicaba, punto sobre el que volveré más adelante.

En ese sentido, casi la totalidad de testimonios (la mayoría fueron citados en el considerando anterior) dan cuenta que la capacidad del local estaba completamente excedida en lo que refiere a cantidad de asistentes, que era difícil la circulación, tolerar el excesivo calor y dirigirse al baño o a las barras.También declararon que el ingreso fue verdaderamente “caótico” y que en esa oportunidad el control por parte de quienes estaban encargados del acceso fue nulo, al punto que muchas personas después de la fiesta publicaron en internet fotos de los tickets, que no les fueron exigidos.

Esa situación la reconoció el propio V.

B., que al declarar manifestó que se había debido a la demora de la empresa de seguridad contratada en arribar, lo que provocó que la gente estuviera muy apurada por entrar y generara la sensación de desborde que mencionaron los testigos. Recordemos que muchos afirmaron también haber ingresado con droga, pero que nadie los controló.

Dicha falta de control en los accesos, caracterizada por carencia de personal suficiente para que revisaran la cantidad excesiva de público que pretendía ingresar, permitió que quien quisiera entrar estupefacientes, sea para consumir o aún venderlos, como señalaron los testigos, lo hiciera sin peligro de ser advertido.

En este punto adquieren relevancia aquellas declaraciones que indican que en otras reuniones similares el control era exhaustivo, aunque acá fue insuficiente y desordenado, agravado por la cantidad de asistentes, que impedía aún más ese control.

Como advirtió la Cámara Criminal y Correccional Federal, Sala II en el caso “Stinfale”, sentencia del 4 de julio de 2016, en argumento que comparto y que considero aplicable plenamente a los presentes:”.aunque es cierto que evitar cualquier consumo es una tarea que excede a quienes intervienen en las distintas etapas de su concreción, lo que sí resulta posible es adoptar todos los recaudos necesarios para minimizarlos, y, por otro lado, para prevenir gravosas consecuencias como las que se han verificado”.

“En el caso que se examina nada de eso ocurrió y allí finca la responsabilidad penal que se atribuye en ese sumario”.

7.1.c) Tampoco pudieron ignorar los imputados todas las situaciones de consumo y venta de drogas que observaron los testigos que declararon en autos, que se hicieron a simple vista de quienes estaban ahí -ver al respecto lo que sinteticé en el considerando 6- más aun siendo ellos los encargados y organizadores -y en tal carácter responsables de lo que pudiera suceder- debieron estar mucho más atentos que el común de los asistentes a los posibles problemas que acontecieran en la fiesta y al menos arbitrar -dentro de sus posibilidades- los medios necesarios para minimizarlos.

Entonces a lo señalado en el punto anterior, relativo a la falta de debido control de los que ingresaban a la fiesta, se le agrega su completa ausencia durante su desarrollo.

“La ausencia -o silencio- de todos los que debían velar por el normal desarrollo es, a criterio del Tribunal, demostrativo de que la voluntad nunca estuvo dirigida a proteger a los concurrentes -finalidad a la que tiende la regulación administrativa al exigir, entre otras cosas, la presencia de personal de seguridad, médicos, socorristas y bomberos- sino a cubrir exclusiva y excluyentemente las exigencias particulares de una parte importante del mercado como vehículo para garantizar el éxito económico del evento:proveer un ambiente donde la venta y el consumo de estupefacientes se desenvolviera sin inconvenientes” (CCCFed., Sala II, fallo “Stinfale” ya citado) 7.1.d) Por su parte, los concurrentes en su mayoría manifestaron que el acceso al agua era muy difícil, y no había en los baños (nótese que cuando se allanó el predio días después en los sanitarios interiores sólo había en los inodoros, no así en las canillas, fs. 103).

Si bien en ese acta (fs. 103vta.) se dejó constancia que se hallaron cuatro dispenser y 15 bidones de agua de veinte litros (4 llenos y 11 vacíos) lo cierto es que muchos testigos refirieron no verlos o bien que no era sencillo acceder a ellos, algo que ratificó el personal de emergencia que trabajó en el lugar (“Lo que sí observé que muchas personas nos pedían agua a nosotros. Para acceder a los otros dispenser que eran como diez era difícil, porque había mucha gente, por eso nos pedían a nosotros.” fs.614).

Además, para un total de 3.000 asistentes, esa cantidad luce notoriamente insuficiente (aproximadamente 1 litro cada diez personas).

El hecho de que haya faltado agua no es menor, ya que como mencionaron los testigos, puntualizó la encargada de SAMCO y además es de público conocimiento, la ingesta de determinados estupefacientes, particularmente los que suelen circular en este tipo de eventos, produce síntomas relacionados con la deshidratación, lo que explica que muchos de los que estaban ahí se desesperasen por acceder a ese líquido (una testigo dijo que tomaban lo que caía de los desagotes de la lluvia), o incluso lo adquirieran al comienzo en gran cantidad (hasta doce botellas reconocieron algunos) o un precio que excede el del mercado (un testigo manifestó que llegaron a ofrecer doscientos pesos por una botellita).

Su ausencia, relativa carencia o difícil accesibilidad -incluso en las canillas de los baños- refuerza aún más la conclusión de que los organizadores sabían que circularía ese tipo de drogas, potenciando la venta de agua en la s barras para obtener mayor rédito o lucro directo de eso. Asimismo, esto lleva a relativizar o incluso descartar la explicación que ensayó V. B. en su indagatoria, respecto de que la falta de control en los ingresos se debió a la demora de la empresa de seguridad contratada, y aparece más bien como parte del mismo accionar encaminado a facilitar el consumo y venta de estupefacientes.

7.1.e) El cúmulo de situaciones expuestas, valoradas según la exigencia propia de esta etapa del proceso, llevan a confirmar el temperamento que adoptó el magistrado respecto de A. V. B. y Gino P. S. en cuanto los consideró probables autores del delito que les imputó.

En efecto, la falta de control deliberado en el ingreso y dentro del local adquiere particular relevancia en este caso dado que los responsables no podían ignorar que en el tipo de eventos que estaban organizando es frecuente el consumo de estupefacientes.Así lo resaltaron quienes asistieron, sumado a que además no había pasado mucho tiempo desde que ocurrió el trágico suceso en la fiesta “Time Warp” en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que motivó un amplio debate en distintos sectores de la sociedad y que generó que se intensificaran los controles cuando se organizaban este tipo de encuentros, al punto que en algunos sitios se prohibieron definitivamente -como casualmente pasó en Arroyo Seco- lo que los imputados no podían desconocer ya que se dedicaban a eso y tenían un vínculo comercial de larga data con P. S. .

La falta de agua suficiente para los asistentes -particularmente gratuita- el hacinamiento y sobre venta de entradas, que excedían notoriamente la capacidad del salón, son elementos incriminantes que se añaden a lo dicho sobre la falta de control y perceptible consumo y venta de estupefacientes, que contribuyen a reforzar la conclusión a la que se arribó.

“La responsabilidad de los procesados que se encontraban a la cabeza de ambas empresas en la organización del evento toda vez que en ese carácter tuvieron, sin duda, un poder de decisión amplio, aunque no exclusivo, sobre la configuración del hecho; particularmente el diagrama de seguridad que facilitó la libre circulación de estupefacientes en el interior de los pabellones y dejó a los concurrentes sin control ni seguimiento en dicho ámbito, y la saturación del lugar con fines de lucro.” (fallo Stinfale, ya citado) 7.2.- Idéntico temperamento corresponde adoptar en cuanto a la situación de Esteban G. .

En este caso, la defensa, además de compartir con la anterior la afirmación de que las principales responsables serían las autoridades municipales y los policías que no cumplieron adecuadamente sus obligaciones, insiste en que el encartado era un mero empleado de los dueños de P. S., sin responsabilidad de ningún tipo respecto de lo que podría suceder en el predio donde se desarrolló la fiesta electrónica.

Sin embargo, en el sumario obran distintos elementos -la mayoría citados por el a quo en el decisorio en crisis- que permiten descartar esos argumentos.

En primer lugar tenemos el acta de allanamiento de fs. 85 (correspondiente a la Municipalidad de Arroyo Seco) procedimiento durante el cual se secuestró importante cantidad de documentación de la confitería P. S.

(habilitación, inspecciones, notificación y pago de sanciones, etc.) y donde figuraba en la generalidad de los papeles como encargado Esteban G. -consignándolo de ese modo el propio encartado-. Incluso fue quien firmó en tal carácter la madrugada del 1 de enero de 2017, una vez concluida la fiesta, el acta que labró el inspector municipal Albino L.

(ver sobre I y II Municipalidad de Arroyo Seco), lo que por otro lado nos permite concluir que estuvo esa noche en el lugar.

Según la nota que elevó ese Inspector el 2 de enero a la Secretaria de Gobierno de la Municipalidad, G. le comunicó que esa noche ingresaron aproximadamente tres mil personas, treinta de seguridad, cuatro policías -esa fuerza en realidad informó que eran dos, como se verá seguidamentecuatro inspectores de tránsito y dos ambulancias (la nota, junto al original del acta, obran reservados en Secretaría en sobre B1 y Sobre II Municipalidad de Arroyo Seco).

Este imputado también se encargó de contratar el servicio de policía adicional, tal como lo acreditan los informes de la policía de Santa Fe a fs. 136 y 137, donde además se destacó que esa fuerza “NUNCA TOMÓ CONOCIMIENTO DEL DESARROLLO DE UNA FIESTA ELECTRÓNICA.” por parte de los organizadores, propietarios y/o encargados del comercio. Ese informe también da cuenta que aquélla noche únicamente asistieron al lugar dos policías, que no advirtieron nada fuera de lo común (ver también fs.362 y siguientes donde obran los pedidos de adicionales firmados por el encartado, no sólo para año nuevo sino para otros varios eventos anteriores).

Por otro lado, según el acta de fs. 335, Esteban G. -administrador o encargado del local, según dice el titular de la empresa de emergencias médicas que brindó ese servicio durante el evento- junto con un tal “A.”, fueron quienes negociaron el convenio para la prestación de la asistencia, la que se facturó a nombre de “L. A.P.

Sociedad en formación”, consignando el domicilio que pertenecía a A. V. B. (Montevideo nº. piso 6, ver Sobre I, reservado en Secretaría, que tengo a la vista). También recibió el 30 de diciembre los baños químicos por parte de la empresa E. (factura 0003-00024251 obrante en sobre A-1).

Finalmente, no podemos dejar de valorar que según el allanamiento llevado a cabo en su domicilio y de otras constancias de la causa -vgr. su declaración indagatoria, fs. 1296- su familia tendría una empresa de limpieza denominada “T. L.” (fs. 887) y que según la denuncia que formuló la Jefa de Habilitaciones del Área de Gobierno de la Municipalidad de Arroyo Seco, al día siguiente del que acontecieron los hechos -ya clausurado el local y con las correspondientes fajas colocadas- una camioneta de esa firma habría ingresado al predio descargando bidones con cloro y bolsas de residuos (ver folio 127 del libro memorándum de guardia de la policía de Arroyo Seco, secuestrado y reservado en sobre C2, sobre I, reservado en Secretaría y fs.26 del expediente 39385 de la Municipalidad de Arroyo).

En otras palabras, lo dicho hasta ahora permite concluir en primer lugar que la actuación del encartado no se corresponde con la de un mero “empleado”, e incluso si lo hubiera sido, su accionar la noche en que tuvieron lugar los hechos lo muestra con una actitud más comprometida, colaborando activamente con la organización, sumado a que asistió a la fiesta, incluso como vimos fue quien firmó el acta que al concluir aquélla labró el inspector municipal que fue a controlarla.

8.- Teniendo en cuenta los lineamientos desarrollados en los considerandos anteriores, entiendo que la resolución de primera instancia debe confirmarse en cuanto procesó a A. D. V. B., Gino P. S. y Esteban G. como presuntos autores del delito previsto y penado en el art. 10 con la agravante del art. 11 inc. “e” de la ley 23.737, ya que los recurrentes no lograron desvirtuar los argumentos que esgrimió el magistrado de primera instancia cuando concluyó que existían “elementos de convicción suficientes” para adoptar tal temperamento.

El Dr. Fernando Lorenzo Barbará dijo:

Adhiero al voto del Dr. Gallino por cuanto comparto -en lo sustancial- sus fundamentos. Es mi voto.

Por tanto, SE RESUELVE:

1.- Tener por desistida a la defensa de Germán Pablo D. del recurso deducido a fs. 79/81vta. 2.- Confirmar, en cuanto fue materia de recurso, los procesamientos ordenados en la resolución del 4 de mayo de 2017 (fs. 1/47 vta.) y respecto de las prisiones preventivas estar a lo resuelto por la Sala en los acuerdos de fecha 4 y 5 de julio de 2017 en los incidentes nº FRO 30/2017/10/CA1 y FRO 30/2017/11/CA2 (“V.

B., A. D. s/ Excarcelación”; “P., Gino s/ Excarcelación”) y FRO 30/2017/12/CA4 y FRO 30/2017/12/ES1/1/CA6 (“G. , Esteban s/ Excarcelación” y “G. , Esteban s/ Excarcelación y Prisión Domiciliaria”), respectivamente. Insértese, hágase saber, comuníquese en la forma dispuesta por Acordada nº 15/13 de la C.S.J.N. y, oportunamente, devuélvanse los autos al Juzgado de origen. No participa del presente acuerdo la Dra. Elida Isabel Vidal por encontrarse en uso de licencia compensatoria.- FERNANDO LORENZO BARBARÁ

JUEZ DE CAMARA

JORGE SEBASTIAN GALLINO

JUEZ DE CAMARA SUBROGANTE

ANTE MI

ROBERTO FELIX ANGELINI

SECRETARIO DE CAMARA