Obligación del hospital demandado de indemnizar los perjuicios causados por la infección intrahospitalaria contraída por un paciente

Partes: F. T. c/ Hospital Central de Mendoza s/ daños y perjucios

Tribunal: Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial, Minas, de Paz y Tributaria de Mendoza

Fecha: 25-ago-2017

Cita: MJ-JU-M-106636-AR | MJJ106636 | MJJ106636Obligación del hospital demandado de indemnizar los perjuicios causados por la infección intrahospitalaria contraída por un paciente, descartándose que pudiese constituir caso fortuito. Cuadro de rubros indemnizatorios.

Sumario:

1.-Corresponde rechazar los recursos de apelación interpuestos por la demandada y Fiscalía de Estado contra la sentencia que admitió la demanda intentada y condenó al hospital demandado a resarcir los perjuicios derivados de la infección intrahospitalaria sufrida por la actora por incumplimiento de la obligación de seguridad por parte del hospital demandado.

2.-La infección intrahospitalaria que terminó afectando la salud de la actora evidencia, per se, el incumplimiento de deber de seguridad del hospital que debió extremar los cuidados hacia esa paciente que ingresó con una propensión a ser invadida por alguna infección, dado el estado de inmunodepresión que el hospital detectó inicialmente, y quien puede tomar las precauciones para que no se produzcan estas infecciones es sólo el hospital y no la víctima internada en terapia intensiva como ocurrió en el caso de autos.

3.-Tratándose del deber de seguridad del hospital, conceptualizado incluso como de medios, la prueba debe ser contundente y su evaluación estricta, y en el caso de autos no se ha producido ninguna prueba que acredite la adopción de dispositivos de asepsia y medidas de bioseguridad compatibles con niveles que permitan desobligar a la demandada, sumado a que el perito infectólogo y perito médico cirujano general coincidieron en que el SAMR es un germen frecuente en las infecciones hospitalarias y en la historia clínica no se consignó que la actora hubiera llegado al Hospital con síntomas de infección.

4.-Cabe declarar desierta la queja de la fiscalía, conforme al art. 137 del CPC, toda vez que cuando un sujeto realiza el acto de disconformidad con una resolución judicial, que implica la interposición de un recurso, contrae la obligación procesal de dar al Tribunal que debe resolver el recurso, las razones de hecho y jurídicas que lo fundamentan, si no lo hace deja de cumplir con la obligación (rectius-carga) procesal, se niega a contribuir al esclarecimiento de los hechos y a la recta aplicación del derecho y debe ser considerado rebelde y sancionarse esa rebeldía con la deserción del recurso.

5.-Cabe confirmar la sentencia que tuvo por acreditados los daños materiales de quien sufrió una infección intrahospitalaria, conforme las historias clínicas de tres hospitales en los que la actora había sido asistida y la pericia médica de cirujano general que valoró detalladamente que la actora llegó al hospital con lesiones muy graves, con un cuadro más bien desesperante que la tuvo inconsciente en terapia intensiva por 12 días y que gracias a las atenciones recibidas en el nosocomio, cirugías y demás, pudo salvar su vida, además que recibió la terapéutica adecuada también respecto de la infección que contrajo en el Hospital anterior, y el deber de responder del Hospital es una cuestión ajena y autónoma a la atención y efectividad de la misma dispensada a la paciente, y que el mismo se ceñirá a la osteomelitis y sus consecuencias (40% de incapacidad informado).

Fallo:

En la ciudad de Mendoza, a los veinticinco días del mes de agosto de dos mil diecisiete, reunidas en la Sala de Acuerdo las Sras. Juezas de Cámara Marina Isuani y Alejandra Orbelli, no así Silvina Miquel por encontrarse en uso de licencia, trajeron a deliberar para resolver en definitiva los autos Nº 165.013/52.755, caratulados “F., T. C/ HOSPITAL CENTRAL DE MENDOZA P/ D. Y P.”, originarios del Primer Juzgado Civil de la Primera Circunscripción, venidos a esta instancia en virtud del recurso de apelación interpuesto por el demandado y por la Fiscalía de Estado, a fs. 510 y 517 respectivamente, contra la sentencia de fs. 484/500.

Practicado el sorteo de ley, queda establecido el siguiente orden de estudio: Isuani, Orbelli y Miquel.

En cumplimiento de lo dispuesto por los arts. 160 de la Constitución Provincial y 141 del C.P.C., se plantean las siguientes cuestiones a resolver.

Primera cuestión: ¿Es justa la sentencia apelada? En su caso, ¿qué solución corresponde?

Segunda cuestión: costas.

Sobre la primera cuestión la Sra. Juez Marina Isuani dijo:

I.- Que vienen estos autos a la alzada en virtud del recurso de apelación interpuesto contra la sentencia en la que se admitió la demanda incoada por T. Ester F. contra el Hospital Central de Mendoza, se impuso costas y se regularon honorarios.

II.- A fs. 547/549 funda recurso el demandado Hospital Central de la Provincia de Mendoza.

Se queja por entender que el Juez de grado omitió considerar cuestiones esenciales, al atribuir como única causa del daño al Hospital Central, y no meritar que devino inicialmente del gravísimo accidente vial que la actora padeció.

Aduce que no se examinó la defensa del hospital, referida a que la paciente al ingreso en el mismo presentaba un cuadro de inmunodepresión, demostrado con los análisis clínicos y sus resultados.

Destaca que el perito médico infectólogo a fs.246 dijo que la estadía en el Hospital pudo haber sido la causa probable de la infección de staphylococcus aureus meticilino resistente, pero no pudo establecer si ello es la única causa determinante (respuesta nro. 3); que en el H. Central funciona un Comité de Control de Infecciones, a cargo del Dr. Mario Santamarina, quien a su vez es Jefe de la terapia intensiva donde estaba internada la paciente (Respuesta nro. 15).

Sostiene que la sentencia no tuvo en cuenta que la paciente no fue evaluada por un médico infectólogo porque nunca tuvo clínica de infección desde su ingreso hasta el alta médica. Cuestiona la argumentación del sentenciante, relativa a la valoración de la falta de realización de interconsulta con un infectólogo. Señala que según la Historia Clínica, la paciente se va de alta sin fiebre, sin dolor en la herida, geodinámicamente estable y sin signos de infección; que los equipos intervinientes, Servicios de Clínica Médica, Traumatología, Neurocirugía y Cirugía General solicitaron el alta, y que en todo momento la paciente estuvo evaluada antes de la cirugía por el Jefe de Terapia intensiva.

Objeta la valoración de la pericia de médico infectólogo de fs. 240/251 y 279/282, ya que el perito no aseguró que el kunscher fuera la causa que le produjo en forma determinante la osteomelitis a la paciente, sino que expresó que no puede asegurar que el clavo de Kunscher fue el que produjo la infección.

Denuncia que no se examinó toda la literatura médica ofrecida por su parte como prueba.

II.- A fs. 552/556 funda recurso la Fiscalía de Estado.

Entiende que la sentencia está viciada de arbitrariedad, por falta de motivación suficiente y violación de las formas esenciales que debe contener un pronunciamiento judicial. Indica que el fallo no cumple con lo exigido por los apartados 3 y 4 del art. 90 del C.P.C.Concreta su queja en que, según dice, no consideró el planteo defensivo de su parte, relativo a la circunstancia de que la actora padecía de un pésimo estado derivado de las lesiones causadas en el accidente que sufrió. Advierte que existió una evidente concausalidad que otorga una liberación total de responsabilidad a su parte.

Agrega que, a su entender, el fallo no dijo cuáles son los hechos conducentes que tiene por ciertos, y no tuvo en cuenta las observaciones formuladas por el demandado Hospital Central a la pericia.

Por otra parte, manifiesta que no existe nexo causal adecuado y suficiente, en tanto no se encuentra probada la imputación de responsabilidad directa al Hospital, lo cual era a cargo de la parte actora.

Se agravia a su vez de los montos indemnizatorios otorgados, por entender que resultan exagerados. Precisa que, la suma de $ 1.643.000 resulta excesiva por la aplicación de intereses que resultan confiscatorios.

Afirma que la sentencia no indica qué criterios utilizó para fijar el monto indemnizatorio, lo cual daña el derecho de defensa de su parte. Refiere que la actora en su demanda no aportó pautas claras para justificar la suma solicitada, que tampoco surgen del proceso. Aduce que se fija una reparación incausada y violatoria del derecho de defensa de su parte. Denuncia la existencia de una desproporción entre los daños indemnizados y la condena fijada. Señala que la extensión del proceso por cinco años es imputable al actor y no puede castigar a su parte.

Solicita que se rechacen los rubros o se haga lugar a una suma razonable acorde a las pautas dadas por su parte al contestar la demanda.

Cuestiona asimismo la tasa de interés aplicada, por cuanto entiende que debe aplicarse desde la fecha del hecho la tasa de interés de la ley 4087 hasta la sentencia, y desde allí la tasa activa del BNA. Asevera que de otra manera, los intereses resultan violatorios de su derecho de propiedad

III.- Corrido el traslado de ley, a fs.559/562 contesta la expresión de agravios la parte actora, solicitando el rechazo del recurso por los argumentos que expone, que doy por reproducidos en honor a la brevedad.

IV.- A fs. 568 toma intervención en autos el Sr. Fiscal de Cámaras (art. 52, ley 24.240)

V.- A fs. 572 se llaman autos para sentencia.

VI.- La sentencia apelada

En su sentencia, el Juez de grado tuvo presente que la historia clínica, los estudios por imágenes que figuran en caja de seguridad y los informes médicos realizados por el médico traumatólogo Orlando Barros y el médico infectólogo Jorge Mera, coinciden en que la actora presentó un cuadro de osteomelitis crónica postraumática de fémur derecho ocasionada por Staphylococcus aereus meticilino resistente (pericia infectológica fs. 247 pto. 6).

Tuvo presente lo informado por el perito médico infectólogo, quien produjo opinión sobre la forma en que puede producirse la infección por el estafilococo aereus meticilino resistente, al decir que puede ingresar a un paciente en una práctica quirúrgica en la cual no se han cumplido acabadamente las normas de bioseguridad, a través de las heridas cuando se curan en ambientes donde se encuentra este germen, que la mayoría de las bacterias estafilocócicas se propagan por contacto de piel a piel, que la infección también se pueden producir en personas sanas que no hayan estado recientemente en el hospital y que la colocación del kunscher pudo haber sido una causa probable de su infección, pero no es la más probable.

Apreció lo dicho en su dictamen por el perito médico cirujano general Dr. Riba, quien expresó que la causa de la osteomelitis crónica postraumática, que es producida por gérmenes que pueden colonizar en el lugar de la fractura, por vía hematógena provenientes de un foco alejado de la fractura, por una infección próxima al hueso fracturado, por contaminación directa en el acto quirúrgico o en fracturas expuestas (fs. 220 pto.3).

Evaluó la declaración del testigo, Dr. Santamarina, Jefe de Terapia Intensiva del Hospital Central, quien respondió que la presencia o la colocación de prótesis aumentan la probabilidad de contaminación o posterior infección (4° amp. fs. 210); que anteriormente a los resultados analíticos del 29/12/1.997 no se había detectado en la paciente la presencia de SAMR, que hasta ese momento la paciente no tenía foco de infección, que el despitaje de los gérmenes se hace por rutina de investigación bacteriológica, en la que muestra que en tráquea aparece el SAMR, que el ambiente en que es más frecuente que ocurra es en terapia intensiva y que la actora fue trasladada de terapia intensiva a quirófano y luego nuevamente a terapia intensiva (17°, 18°, 19° amp. fs. 211 vta.).

Siguiendo doctrina especializada, expresó que, cuando la situación exacta de admisión es desconocida (ej. nada dice en la historia clínica), se acepta que, cuando la infección aparece luego de un lapso de 48 hs., se presume fue adquirida en el hospital, y si se manifiesta antes se presume que ya la traía consigo (ob. Cit. Prevot…, “Infecciones…”).

En cuanto a la fecha de aparición de la infección, tuvo en cuenta que según el perito médico en cirugía general, luego de siete días se constató la presencia de un estafilococo aereus en tráquea, por lo que se cambió la medicación antibiótica por Bactrim (trimetropina-zulfametoxsazol) ya que la bacteria era resistente a la sulfamida (fs. 219 vta.)

Observó que, tanto el perito infectólogo a fs. 281, pto. VI, el perito médico cirujano general (fs. 220 ptos. 6-7), el testigo Barros, que intervino quirúrgicamente a la actora, (a fs. 183), y el testigo Dr. Santamarina, coincidieron en que el SAMR es un germen frecuente en las infecciones hospitalarias. Remarcó que la historia clínica no consignó que la actora hubiera llegado al Hospital con síntomas de infección (fs.347 y ss).

Concluyó en base a lo expuesto, en que se trató de una infección intrahospitalaria y por lo tanto de responsabilidad del Hospital accionado, descartando que pudiese constituir caso fortuito.

Al meritar el carácter de la obligación que pesa sobre el hospital – obligación de seguridad, de resultado o de medios-, expresó que, aun considerando a la obligación como de medios, permitiendo que al hospital pudies e eximirse probando la adopción de estrictas medidas de asepsia y bioseguridad, ello no ocurrió en el caso.

Subrayó el Juzgador que, de acuerdo a lo informado por el perito médico infectólogo, surgen de la historia clínica numerosas interconsultas a traumatología, neurología, clínica médica, etc., en la historia clínica, pero no a un médico infectólogo, lo que según entiende, obra en contra de la posición del Hospital Central. Agregó que el Dr. Santamarina, médico interconsultado que dirigía en ese momento el Comité de Infecciones, en su carácter de Jefe del Servicio de Terapia Intensiva, contestó que la interconsulta al médico infectólogo es absolutamente imprescindible en un caso como el de autos.

Por otra parte, observó que el perito, a fs. 251, pto. 22, respondió que no existen estadísticas comprobadas, cuando se le preguntó cuáles fueron las medidas tomadas a nivel general para lograr un nivel de asepsia adecuado a las características del Hospital Centrla, prevenir y erradicar las infecciones intrahospitalarias, tales como cantidades de casos de infecciones intrahospitalarias detectadas en los seis meses previos y posteriores a la internación, tasa de infección por estafilococo meticilino resistente tanto en sala como en quirófano o terapia intensiva; y que en el mismos sentido declaró el Dr. Santamarina, (9° amp. fs. 210 vta.). Recordó que en un precedente, la Suprema Corte apreció negativamente el hecho de que el Hospital no cuente con estadísticas sobre la temática. (SCJM Expediente N° 103.743 – “Flores” – 06/08/2012 – Sala:1)

Explicó que, de acuerdo a nociones básicas del análisis económico del derecho, la inversión en los costos de precaución reducen los costos esperados de los daños, es decir que destinar dinero a la adopción de medidas de seguridad reduce la probabilidad de las infecciones hospitalarias, y que ese caso, si la regla es de responsabilidad objetiva (estricta), siempre que ocurre un accidente (infección) el victimario (hospital) deberá pagar daños iguales al costo del daño. Apuntó que, el hecho de que los victimarios tengan posibilidades de trasladar los riesgos o de contratar seguros, mientras que no sucede los mismo para las víctimas, y más en los casos de personas que se atienden en hospitales públicos, implican una nueva razón fundante de la responsabilidad objetiva en tales casos.

Concluyó en que el Hospital no produjo ninguna prueba que acredite la adopción de dispositivos de asepsia y medidas de bisoseguridad compatibles con niveles que permitan eximirla de responder, cuando tanto desde la perspectiva de la obligación de seguridad como de medios, debía ser contundente y de evaluación estricta.

Luego, entró en el análisis de los rubros indemnizatorios reclamados, admitiéndolos.

VII.- Tratamiento del recurso de apelación del hospital accionado

Me he permitido referirme detalladamente a las argumentaciones del grado, ya que del desarrollo precedente surge que el pensamiento del juzgador no presenta fisuras y aparece como conclusión lógica ante la valoración de la prueba rendida en el proceso, por lo que adelanto mi opinión adversa a la admisibilidad del recurso impetrado por el ente accionado.

Las circunstancias fácticas referidas en la sentencia de grado no han sido motivo de críticas en esta sede en tanto los recurrentes no controvierten la plataforma fáctica del caso sino sus consecuencias jurídicas, especialmente la atribución de responsabilidad impuesta a su parte.

VII.a.- Alude el quejoso, al formular su primer agravio, a la falta de consideración en la sentencia del padecimiento del gravísimo accidente por parte de la Srta. F.que motivó su traslado inicialmente al hospital accionado, para ser asistida por las múltiples lesiones padecidas. Refiere que existía un grave estado de salud de la paciente, antes de su ingreso al Hospital, por lo que incidieron otras causas en el resultado dañoso, como el accidente de tránsito, constituyendo una circunstancia ajena al Hospital Central por la que no puede ser condenado.

El agravio no resiste análisis alguno. En primer lugar valoro que el argumento recursivo no presenta coherencia con las defensas planteadas en la oportunidad prevista por el art. 168 del C.P.C., en las que el hospital se limitó a negar los hechos atinentes a la infección intrahospitalaria del caso, a referir los procedimientos realizados en la actora a los fines del restablecimiento de su salud dañada en el evento que originó su internación en el hospital y a introducir los aspectos teóricos del caso, los que constituyen una cuestión abstracta ya que, incluso, defiende la actuación del ente asistencial en relación a una paciente María Eugenia Zúñiga y no a la actora de autos.

La queja se presenta más bien como una mera disconformidad con lo resuelto.

Lo expuesto basta para tornar a la queja, inatendible, toda vez que se encuentra desierta. El recurrente no alega, siquiera, de qué modo la prueba rendida permitiría arribar a una conclusión distinta de la que refleja el fallo en recurso.

En consonancia con la jurisprudencia imperante, este Tribunal tiene dicho que debe distinguirse la función de “criticar” la sentencia recurrida, del mero “disentir” con sus conclusiones. Así, se sostiene que la crítica constituye “un ataque directo y pertinente de la fundamentación de la sentencia, procurando la demostración de los errores fácticos o jurídicos que pudiera contener el pronunciamiento, mientras que disentir es exponer meramente el desacuerdo con lo resuelto, lo que no tiene relevancia procesal sino se fundamenta la oposición, ni se dan las bases jurídicas que sustenta un distinto punto de vista (CC1°, 04-06-2001, “Farmed S.A.c/ Obra Social de la Fuerza Aerea O.S.F.A. p/ D. y P.”, L.A. 167-193; conf. CC3°, 10-02-97, “Frías, Juan Héctor c/ Fidel Alfredo Barbagallo p/ D. y P.”, L.S. 077-120, citados por Husain Hadid en “Código Procesal Civil de Mendoza”, Coord. Horacio Gianella, La Ley, 2009, Tomo I, pág. 1026). En el mismo sentido, se ha resuelto que deben refutarse las conclusiones de hecho y de derecho que vertebran la decisión del a-quo, a través de la exposición de las circunstancias jurídicas por las cuales se tacha de erróneo el pronunciamiento. Por ello, conforme lo tiene establecido reiterada jurisprudencia, las afirmaciones genéricas, las impugnaciones en general, el mero desacuerdo con lo resuelto o la acumulación de alegaciones meramente sumadas o añadidas, la simple reproducción o remisión a escritos anteriores de la causa, entre otras situaciones, no satisfacen las exigencias de las normas procesales” (20-09-07, autos n° 161.060/38.724, “Gudiño, Juan Antonio c/ Gudiño, Eduardo Alejandro p/ Ord”, con cita de Morello, Augusto M. y ots., “Códigos Procesales en lo Civil y Comercial de la Provincia de Buenos Aires y de la Nación”, comentado y anotado, Buenos Aires, Abeledo Perrot, 1998, Tomo II, pág. 351).

Además de lo dicho, que resultaría suficiente para omitir el tratamiento de la queja por no contener un mínimo de crítica que permita ingresar a su tratamiento, no puedo soslayar que el argumento del recurrente no resulta compatible con el esquema jurídico de responsabilidad referido a la obligación de seguridad, ni al normal devenir de los acontecimientos ni responde a un pensamiento lógico. Resulta de una obviedad supina que los pacientes que terminan siendo afectados por una infección intrahospitalaria, ingresaron por alguna patología previa que puede o no constituir concausa del daño.La tesis del proponente implicaría tanto como desligar siempre al hospital accionado de las consecuencias de una infección de tales características, ya que se supone que nadie se interna y se expone a tal riesgo, si no es por una necesidad previa que determina la necesidad de recibir prestaciones asistenciales, de cualquier naturaleza.

VII.b.- Se agravia el ente asistencial apelante, en segundo término, de la falta de examen por parte del Juez a quo, de la defensa esgrimida a fs. 116 en cuanto a que el paciente, al momento de su ingreso al Hospital, presentaba un cuadro de inmunodepresión, como surge de los análisis clínicos realizados en esa oportunidad.

Contrariamente a la prédica del recurrente, el elemento de mentas no sólo no constituye un elemento de liberación de su responsabilidad, sino que la agrava notablemente. Si la paciente ingresó inmunodeprimida y, por ello, con un estado mayor de vulnerabilidad ante posibles infecciones, tomando conocimiento de ello el ente asistencial, debió extremar las condiciones de asepsia y las demás previstas por protocolo, para que la paciente no corriera riesgo alguno. En este punto se torna dirimente el análisis que se efectúa en el grado en cuanto a que el paciente ingresó sin síntomas de infección; cuando menos, ello no surgió de la historia clínica labrada en esa oportunidad (tercer párrafo de fs. 494).

La infección intrahospitalaria que terminó afectando la salud de la actora evidencia, per se, el incumplimiento de deber de seguridad del hospital que debió extremar los cuidados hacia esa paciente que ingresó con una propensión a ser invadida por alguna infección, dado el estado de inmunodepresión que el hospital detectó inicialmente.Coincido en su totalidad con lo dicho por el juez a quo, en cuanto a que “… quien puede tomar las precauciones para que no se produzcan estas infecciones es sólo el hospital y no la víctima internada en terapia intensiva como ocurrió en el caso de autos”.

La queja, entonces, no puede ser atendida.

VII.c.- En tercer término, el hospital recurrente plantea que no consultó al médico infectólogo, supuesto valorado – entre otros – por el juzgador de grado para atribuirle responsabilidad, porque fue dada de alta sin presentar fiebre ni oros signos de infección.

En realidad, la lectura de la sentencia permite referir que la omisión de consultar el hospital a un médico de tal especialidad, no fue limitada a la etapa previa al alta inicial, valoración que, de tal omisión, se efectúa en la sentencia. La necesidad, en consuno con la conclusión pericial valorada en el fallo (pericia infectológica fs. 248 punto 11-12), está referida lógicamente a la oportunidad de presentarse la dificultad de consolidar la fractura y no advertirse la infección que provocaba tal patología. Por ello, en nada varía el resultado final del pleito, signado primordialmente por la omisión de cumplir con el deber de seguridad del nosocomio, que por sí solo torna admisible la acción tendiente a reparar los daños devenidos de tal incumplimiento. A ello, es cierto también, se suman las deficiencias en las medidas que debió adoptar para evitar tal resultado dañoso.

VII.d.- Por último, se agravia el apelante de la interpretación que realiza el juez de grado de la prueba pericial de médico infectólogo, para concluir en que la colocación del kunscher pudo hacer sido una causa probable de su infección, no pudiendo entonces sostenerse que se constituyó en causa determinante.Alude también a que el juez a quo no examinó la literatura médica ofrecida como prueba por su parte.

Aquí, como en el resto del libelo recursivo en el que se pretende derribar un resultado adverso al apelante, frente a un sólido fallo que exigía un mayor esfuerzo recursivo, la queja aparece como una mera disconformidad con lo resuelto, poniendo al recurso en el supuesto de deserción.

Insiste, una y otra vez el recurrente, con que la “única causa por la que presuntamente se lo inculpa y responsabiliza al Hospital Central, es la infección que la paciente padecía – osteomelitis”. Señalo que la atribución de responsabilidad no es presunta, sino certera. Insisto con que el fallo, de excelente factura, no ha sido rebatido del modo requerido por el art. 137 del C.P.C., evidenciando sus errores ya fueren jurídicos o de valoración de los elementos probatorios incorporados al pleito.

Afirmo que asiste razón al apelante por cuanto se le atribuye responsabilidad por la infección intrahospitalaria que determinó, precisamente, el resultado dañoso cuya indemnización persigue la paciente víctima.

El libelo recursivo se encuentra plagado de expresiones de disconformidad con lo resuelto, pero carece de una verdadera crítica de los argumentos vastamente desarrollados en el fallo.

Los aspectos recursivos no alcanzan siquiera, a permitir dudar de la justicia del fallo en crisis, dado que aborda el tratamiento de la cuestión desde todos los aspectos posibles involucrados en la litis, incluso desde la mirada del análisis económico del derecho.

Un solo párrafo resulta dirimente para rechazar el recurso, insisto, fundado básicamente en afirmaciones de disconformidad pero no dotadas del rigor técnico que requiere la crítica de un fallo tan analítico y profundo, como el que le negó razón al hospital accionado.

Basta la remisión a un solo párrafo de la sentencia, que constituye una brillante síntesis del esquema de atribución de responsabilidad impuesto a la accionada, que no ha sido siquiera criticado de modo mínimo.Dijo el magistrado, en alusión al deber de seguridad del hospital, conceptualizado incluso como de medios, que “…la prueba debe ser contundente y su evaluación estricta, y en el caso de autos no se ha producido ninguna prueba que acredite la adopción de dispositivos de asepsia y medidas de bioseguridad compatibles con niveles que permitan desobligar a la demandada” (fs. 496, último párrafo de fs. 496 vta.).

Se ha dicho al respecto que “En el campo de la responsabilidad por atención médica, la distinción entre ambos regímenes de responsabilidad trajo sus consecuencias fundamentalmente al momento de pretender atribuir responsabilidades indirectas o reflejas – al jefe del equipo médico, por ejemplo -, y las basadas en criterios objetivos de atribución de responsabilidad -como ser la responsabilidad del establecimiento sanitario para los casos de infecciones intrahospitalarias exógenas o nosocomiales, en un ámbito -el contractual- que no contaba con disposiciones legales expresas en tal sentido, aunque pudieron inferirse del deber de buena fe previsto en el art. 1198 C. Civil y la obligación de seguridad que se derivaba del mismo” (Viale, Renato, “Las modificaciones al régimen de responsabilidad civil médica en el nuevo Código Civil y Comercial de la Nación”, LLLitoral 2015 (octubre) , 942 o DFyP 2015 (diciembre), 186″.

Por ello, la síntesis a la que me he referido encuentra un adecuado y suficiente sustento tanto en la plataforma fáctica del caso como en la prueba rendida, que determina el resultado adverso a la proposición del recurrente, ya fuere considerando la cuestión desde el esquema clásico de cargas probatorias impuesto por el art. 179 del C.P.C. o por la aplicación de las cargas probatorias dinámicas que, desde hace ya larga data, impera en materia de mala praxis y deficiencia en la prestación del servicio de salud.La litis se traba entre un profano – el paciente – y un profesional médico o ente asistencial formados en la materia que constituye la plataforma fáctica del caso, y que cuentan con una estructura que aliviana la posibilidad de munirse de los elementos de juicio necesarios para controvertir adecuadamente la responsabilidad que se le atribuye.

Por lo expuesto, propiciaré el rechazo del recurso de apelación interpuesto en autos por el accionado Hospital Central.

VIII.- Tratamiento del recurso de apelación de Fiscalía de Estado

También adelanto que los agravios vertidos en esta sede por la recurrente no conmueven, en modo alguno, el sólido desarrollo argumental del fallo en crisis, lo que permite descartar la tacha de arbitrariedad por falta de fundamentos que le atribuye Fiscalía de Estado. Contrariamente a lo que predica el recurrente, el fallo de grado ha valorado las circunstancias del caso de modo minucioso, dando argumentos más que suficientes para la adopción de la decisión que aquí cuestionan los apelantes. Ya referí que el sentenciante ha analizado, con un detalle inusual, los aspectos teóricos de la cuestión en consonancia con la prueba rendida, para concluir del modo en que lo hizo.

VIII.a.- En primer lugar, la recurrente plantea nuevamente, al igual que el Hospital accionado, un libelo recursivo que plantea la disconformidad con lo resuelto en orden a la responsabilidad que se atribuye al ente asistencial y a las indemnizaciones fijadas, aludiendo a la falta de fundamentación del fallo, la ausencia de análisis de la prueba, la decisión voluntarista del juzgador, la omisión de citar la jurisprudencia del caso, y otros calificativos que no se compadecen con la mera lectura del fallo en crisis, presentándose sólo como meras manifestaciones de disconformidad.

Alude, también, al estado en que ingresó la actora al nosocomio, lo que no incide en la producción del daño por infección intrahospitalaria. El ente asistencial no sólo debía procurar a la Srta. F.una adecuada atención a su gravísimo estado de salud, del que satisfactoriamente pudo recuperarse, sino también de evitarle complicaciones devenidas de esa incorrecta atención en toda su extensión. Así, que se le haya salvado la vida, como alude la recurrente, no implica que el ente queda exento de toda otra responsabilidad por las complicaciones originadas en ocasión de asistirse a la paciente de las graves lesiones padecidas en el evento.

En segundo término, insiste la recurrente en la falta de relación causal entre el resultado dañoso y la asistencia recibida en el nosocomio, citando doctrina y jurisprudencia y aludiendo a que no existen pruebas suficientes que permitan responsabilizar al hospital, pero sin hacerse cargo de los argumentos dirimentes del fallo que ya relaté supra.

Es claro, así surge en concreto de la demanda, que la actora reclamó indemnización por las consecuencias dañosas generadas por la infección padecida, a consecuencia de la atención brindada. Y así fue tratado en el grado, dado que el juzgador meritó la pericia de cirujano general en el que se fijó el grado de incapacidad únicamente en relación a la osteomielitis producto de la infección producida, y no por las secuelas devenidas del accidente que motivó la internación, lo que no fue criticado debidamente por la apelante.

Por ello, aun cuando la misma se hubiese ingresado en un mejor estado general y la fractura de fémur se hubiese producido en un evento de menor significación – una caída en la calle, p.e. – igualmente el hospital debería hacerse cargo de las consecuencias devenidas de la referida complicación.

La queja luce desierta. La recurrente se limita a afirmar la disconformidad con lo resuelto en el decisorio de grado, pero sin aludir siquiera – al igual que el hospital accionado – a los errores concretos en que habría incurrido el juzgador de grado, tanto en el análisis de los hechos como en el marco jurídico del caso, tal como lo advierte el apelado.Insisto con que el contenido y argumentación del fallo, que no presenta fisuras sino que analiza detalladamente todos los aspectos involucrados en el litigio, requería de los recurrentes una argumentación certera que permita desligar a la demandada de la responsabilidad que se le atribuyó en el grado.

Este Tribunal sostiene, siguiendo a Podetti que: “Cuando un sujeto realiza el acto de disconformidad con una resolución judicial, que implica la interposición de un recurso, contrae la obligación procesal de dar al Tribunal que debe resolver el recurso, las razones de hecho y jurídicas que lo fundamentan. Si no lo hace deja de cumplir con la obligación (rectius-carga) procesal, se niega a contribuir al esclarecimiento de los hechos y a la recta aplicación del derecho y debe ser considerado rebelde y sancionarse esa rebeldía con la deserción del recurso” (autos n° 57.279, “Banco Acción Cooperativo c/ Zárate, Héctor y Mateo F Kristich S.A. p/ Ejec. Camb.”, 31/10/1990, L.S. 148-008; en sentido coincidente puede verse reciente fallo de la CC4°, Expte. 33.425, “Morales Garate Mónica del Carmen c/ Bustos Me rcado Oscar Alfredo y ots. p/ D. Y P.”,

09/09/2011, L.S. 229-011: Podetti, Ramiro, “Tratado de los Recursos”, Buenos Aires, Ediar, 1975, pág. 288).

Por ello, no habiéndose cumplido en el caso con las pautas del art. 137 del C.P.C., la queja debe considerarse desierta.

VIII.b.- En tercer término, Fiscalía de Estado alude al exagerado monto de la indemnización fijada en la sentencia que se recurre. Refiere que el inferior hace lugar a la demanda por la suma de $ 1.549.023, con intereses, sin considerar los parámetros o fundamentos de los que se sirvió para fijar semejante suma indemnizatoria, dejando a su parte en indefensión.Agrega que el trámite del proceso durante un lapso de cinco años no puede perjudicar a su parte dado que el impulso corresponde al actor.

A los fines de tratar la atendibilidad del agravio, nuevamente me referiré a los términos sentenciales en relación a la cuestión impugnada por la recurrente.

En relación a los daños materiales cuya indemnización reclamó en autos la Srta. F., el magistrado de grado tuvo por acreditados los daños físicos de la actora con las historias clínicas de tres hospitales en los que la actora había sido asistida (fs. 234/238, Clínica Francesa, fs. 308/341 Hospital Italiano y fs. 342/432, Hospital Central) y la pericia médica de cirujano general de fs. 219/220, que valoró detalladamente. Valoró que surge de la experticia que “la actora llegó al hospital con lesiones muy graves, con un cuadro más bien desesperante que la tuvo inconsciente en terapia intensiva por 12 días y que gracias a las atenciones recibidas en el nosocomio, cirugías y demás, pudo salvar su vida, además que recibió la terapéutica adecuada también respecto de la infección que contrajo en el Hospital. Aclaró sin embargo, que el deber de responder del Hospital es una cuestión ajena y autónoma a la atención y efectividad de la misma dispensada a la paciente, y que el mismo se ceñirá a la osteomelitis y sus consecuencias (40% de incapacidad informado).

Al valorar la pericia del cirujano estético (fs.284/288), merita expresamente que “que el perito no discrimina exactamente cuáles de estas secuelas cicatrizales de importancia se pueden atribuir a la cirugía de tratamiento de la fractura del accidente y cuáles o cuánto a la derivada de la osteomelitis; que deben resarcirse las consecuencias de las secuelas estéticas fundamentalmente, en el daño moral, teniendo en cuenta que se trataba de una joven y adolescente, por ser dicho rubro el más afín para indemnizar tales consecuencias”.

Justificó la utilización de la fórmula Las Heras-Requena a los fines de cuantificar el rubro en cuestión, bajo los siguientes parámetros: C= a x b; (a= monto del salario deducido el porcentaje de incapacidad multiplicado por los 13 meses de un período, más un 6% de interés, y b= índice que tiene en cuenta los años que restan de vida útil, o años de vida computables). Tradujo lo expuesto en el caso concreto, con los siguientes datos: ingreso mensual $ 6.810 (la actora no tiene actividad remunerada acreditada en autos, por lo que se debe acudir al salario mínimo vital y móvil actual, para trabajar con valores al momento de sentenciar), porcentaje de incapacidad (40%), edad al momento del accidente (15 años), y fecha tope para el cálculo (70 años), y el índice que corresponde a 55 años es 15,7556 (máximo). Aclaró que se trabaja con los salarios vigentes al momento de dictar la sentencia, para que la fórmula refleje valores actuales de incapacidad, lo que justifica también la utilización de la tasa de interés de la ley 4087. Indicó como resultado de la fórmulas la suma de $ 591.413; donde el 40% del salario mensual es 2724 x 13 meses (incluye SAC)= 35.472 + 6%= 37.536,72 x 15,7556 = $ 591.413.No obstante, admitió la demanda por el monto reclamado en el escrito inaugural, de $ 179.754 desde la fecha del hecho, con más los intereses de la tasa activa del BNA, desde la fecha establecida hasta la sentencia.

En relación al rubro daño moral, lo fijó en la suma de $ 150.000 a la fecha del fallo, con más los intereses de la ley 4087 desde la fecha del accidente y hasta la entrada en vigencia del nuevo Código Civil y desde allí los previstos en dicho cuerpo normativo, aclarando que el otorgamiento de un monto superior al pedido, se justifica en la determinación a valores actuales, en la fórmula utilizada al demandar, en la cantidad de años transcurridos, las vicisitudes de la moneda y la necesidad de indemnizar a valores presente.

Consideró que el perjuicio moral fue producido por los padecimientos y sufrimientos que le ocasionaron a la actora las graves secuelas funcionales, necesidades de cirugías para reparar el daño estético, sucesivas intervenciones quirúrgicas producidas por la osteomelitis, consecuencias cicatrizales, estéticas, psicológicas; sumado a lo traumático del accidente en sí, que lo sufrió con su hija quién también sufrió politraumatismos, la relación con su hija y las dificultades originadas por el accidente Agregó que al sufrimiento derivado de la incapacidad física, debe sumarse el reflejado en la pericia del cirujano estético, y especialmente las consecuencias y sufrimientos derivados de las secuelas cicatrizales evaluadas en la pericia psicológica.

Tales consideraciones dejan a la queja recursiva, vacía de contenido. Mal puede predicarse que la recurrente se encuentra en indefensión ante el tratamiento profundo que realiza el juzgador en relación a la procedencia de cada rubro y del monto respectivo.

Advierto que la recurrente pareciera referirse a otra causa al fundar sus agravios, ya que alude a la condena a un municipio y refiere que el proceso se ha extendido durante cinco años, cuanto el presente ha insumido ya casi diez años de trámite.Por lo expuesto, no habiendo sido criticado en modo alguno las concretas argumentaciones que sustentan el fallo en crisis, el recurso debe ser rechazado.

VIII.c.- Alega la recurrente, en último término, a que los intereses de condena no serían correctos, que calculados arrojarían una suma de $ 1.549.023 que resulta un verdadero enriquecimiento sin causa. Refiere que el procedimiento correcto, que no fue seguido por el Inferior, es el de aplicar desde la fecha de los hechos la tasa de la Ley 4087 hasta la de la sentencia y, desde allí, la tasa del BNA.

El recurso no puede tener andamiento. Esta Cámara ha confirmado ha valorado que existen dos modos de fijar la suma de condena y aplicar los intereses respectivos, estableciendo que pueden ser determinadas a la fecha del hecho o de la del dictado de la sentencia que acoge el reclamo. Se dijo que “Tal como surge de la jurisprudencia constante de la Corte Provincial, el juzgador puede elegir dos caminos para determinar la indemnización: o fijar el monto a la fecha del hecho o al momento de la sentencia; en cada caso, los intereses aplicables difieren, toda vez que, en el primer caso, se impone la tasa legal desde el día del hecho hasta el efectivo pago, en tanto que, en el segundo, al fijar un valor a la fecha de la sentencia, se le establece una tasa pura del 5 % anual según la Ley N° 4.087, ya que el valor resultante de la cuantificación judicial no es histórico, sino actualizado o, mejor dicho, fijado y valorado en ese momento” (25/08/2015, autos N°112.673/50.556, “Rizzo, Cristian Leonardo c/ La Nueva Chevalier S.A. y Ots. p/ D y P.”). Al haberse fijado los daños a la fecha del hecho, ejerciendo una de las opciones referidas supra, la condena de intereses delineada por la juez de grado resulta correcta” (31/08/2015, autos Nº 51.077/156.658, “Sagredo, Hugo Fernando c/ Glielmi, Luis p/ D.y P.”; 11/11/2016, autos Nº 250.441/51.989, caratulados “Melgarejo, Nancy Gabriela y ot. por su hija menor Páez, María Sol c/ Escuela P-008 Santo Tomás de Aquino p/ D. y P.”).

Así, la decisión de grado coincide con el criterio propuesto, por lo que debe ser con-firmada.

Por lo expuesto, propiciaré el rechazo de los recursos de apelación interpuestos y la consecuente confirmatoria del fallo en crisis.

Así voto.

La Sra. Jueza de Cámara Alejandra Orbelli adhiere, por sus fundamentos, al voto que antecede.

Sobre la segunda cuestión propuesta la Sra. Juez Marina Isuani dijo:

Las costas de alzada deben imponerse a las recurrentes vencidas (art. 36 inc. I del C.P.C.).

Así voto.

La Sra. Jueza de Cámara Alejandra Orbelli adhiere, por sus fundamentos, al voto que antecede.

Con lo que se dio por concluido el presente acuerdo dictándose sentencia, la que en su parte resolutiva dice así:

SENTENCIA:

Mendoza, 25 de agosto de 2.017.

Y VISTOS: lo que resulta del acuerdo precedente, el Tribunal RESUELVE:

I.- Rechazar los recursos de apelación interpuestos por la demandada y Fiscalía de Estado contra la sentencia dictada a fs. 489/505, la que se confirma íntegramente.

II.- Imponer las costas a las recurrentes vencidas (arts. 35 y 36 del C.P.C.).

III.- Regular los honorarios profesionales del Dr. Alejandro Juan Maresca en la suma de ($.), Dr. Alberto David E. Elaskar en la suma de ($.)(Arts. 15 y 31 LA).

REGISTRESE. COPIESE. NOTIFIQUESE Y BAJEN

Dra. Marina Isuani

-Juez de Cámara-

Dra. Alejandra Orbelli

-Juez de Cámara-

SE DEJA CONSTANCIA QUE LA PRESENTE RESOLUCION ES FIRMADA POR DOS MAGISTRADOS ATENTO A ENCONTRARSE DE LICENCIA LA Dra. SILVINA MIQUEL (ART. 88 Ap. III del C.P.C. LEY 3800)

Dr. Marcelo Daniel OLIVERA

-Secretario-