La gratuidad de la justicia del consumidor se refiere al pago de la tasa de justicia, pero quien reclama debe atenerse a las vicisitudes del proceso

Partes: Clausi Ángel Gabriel c/ Telecom Personal S.A. s/ incumplimiento de servicio de telecomunicaciones

Tribunal: Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil y Comercial Federal

Sala/Juzgado: I

Fecha: 18-abr-2017

Cita: MJ-JU-M-106393-AR | MJJ106393 | MJJ106393
La gratuidad de la justicia del consumidor se refiere al pago de la tasa de justicia, pero una vez habilitada gratuitamente la jurisdicción, quien reclama debe atenerse a las vicisitudes del proceso.

Sumario:

1.-Corresponde confirmar la sentencia que con fundamento en el art. 53 de la Ley 24.240, eximió a la parte actora del pago del tributo de la tasa de justicia, pero no de los demás gastos del proceso por considerarlos ajenos al espíritu de aquella norma, pues con relación a las demás costas del proceso y respecto de los particulares involucrados en el mismo, no existe obligación primaria de aquéllos de hacerse cargo del pago de los costos que beneficiarían sólo a la interesada.

2.-La Ley de Defensa del Consumidor otorga al concepto ‘justicia gratuita’, el acceso a la justicia de los consumidores, el que no debe ser conculcado por imposiciones económicas, tal como el pago de la tasa de justicia.

Fallo:

Buenos Aires, 18 de abril de 2017

Y VISTO:

El recurso de apelación interpuesto por la parte actora a fs. 96, fundado a fs. 101/108, contra lo decidido a fs. 95; y

CONSIDERANDO:

1.- El magistrado de primera instancia con fundamento en el art. 53 de la Ley 24.240, eximió a la parte actora del pago del tributo de la tasa de justicia, pero no de los demás gastos del proceso por considerarlos ajenos al espíritu de aquella norma (cfr. fs. 95).

2.- Esta decisión fue recurrida por el Señor Ángel Gabriel Clausi a fs. 96.

En su memorial de agravios, solicita que el beneficio de justicia gratuita establecido en los arts. 53 y 55 de la Ley de Defensa del Consumidor sea extendido, también, a los demás gastos del proceso.

Argumenta que el legislador ha previsto la gratuidad de justicia para los casos de Defensa del Consumidor a fin de paliar la relación desventajosa y de vulnerabilidad en la que se encuentran los consumidores.

Por otra parte, sostiene que la doctrina y jurisprudencia han señalado que el principio protectorio previsto en el art. 42 de la Constitución Nacional se suele expresar en tres formas: a) regla in dubio pro consumidor; b) regla de la norma más favorable; y c) regla de la condición más beneficiosa.

Por tal motivo, considera que ante la duda sobre la aplicación restrictiva o amplia del art. 53 de la Ley de Defensa del Consumidor se debe privilegiar a aquélla que fuese más favorable al consumidor en el caso concreto.

Por último, cita jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación en donde el Alto Tribunal omite imponer las costas en razón del art. 55, segundo párrafo, de la Ley de Defensa del Consumidor (cfr. memorial de agravios de fs. 101/108).

El Señor Fiscal General ante esta Cámara realizó su dictamen a fs.113/114.

3.- Corresponde recordar que es doctrina reiterada de la Corte Suprema de Justicia de la Nación que el Juez no está obligado a seguir todas las argumentaciones que se le presenten, bastando las conducentes para resolver el conflicto (cfr. Fallos: 258:304; 262:222; 272:225; 278:271 y 291:390, entre muchos otros).

4.- Se debe señalar que esta Cámara se pronunció en el sentido de que la Ley de Defensa del Consumidor otorga al concepto “justicia gratuita”, el acceso a la justicia de los consumidores, el que no debe ser conculcado por imposiciones económicas, tal como el pago de la tasa de justicia.

En tales condiciones, una vez habilitada gratuitamente la jurisdicción, quien reclama debe atenerse a las vicisitudes del proceso (cfr. esta Cámara, Sala 2, Causa N° 5267/12 del 21/11/2012, 7201/09 del 8/3/12 y 3511/14 del 17/11/2015; Sala 3, causa 10884/09 del 9/3/10 y sus citas de jurisprudencia).

Ahora bien, se debe destacar que la ley 24.240 fue promulgada mediante el decreto 2089/03 (B.O. el 15/10/1993). El tercer párrafo del artículo 53 del proyecto expresaba “Las actuaciones judiciales que se inicien de conformidad con la presente ley gozarán del beneficio de justicia gratuita”. Mediante el decreto referido el Poder Ejecutivo Nacional observó ese párrafo (art. 8°) por entender que era innecesario ya que los interesados podían peticionar la carta de pobreza regulada en cada Código Procesal; además, alertó que el artículo en su redacción original “podría alentar la proliferación de acciones judiciales injustificadas”.

Por su parte, la ley 26.361 (B.O. 7/4/08) vino a morigerar la situación al reconocer el beneficio de justicia gratuita a favor de quien promueva la demanda “en razón de un derecho o interés individual” (art. 26); y de las Asociaciones de Consumidores en la medida en que se trate de acciones judiciales “iniciadas en defensa de intereses colectivos” (art.28).

Por todo lo expuesto, cabe concluir que la gratuidad aludida sólo comprende la tasa judicial, ya que ese es el tributo que cualquier particular debe abonar para acceder a los estrados judiciales (cfr. esta Sala, causas 251/04 del 16/6/05, 5245/10 del 4/10/2012, y causa N° 9385/2011 del 23/6/2016; esta Cámara, Sala III, casusa 5223/09 del 17/5/2011, entre muchas otras).

En efecto, es el Congreso de la Nación el que fija los tributos y, por ende, el que puede establecer las exenciones (art. 75, inc. 2° de la Constitución Nacional y Fallos 317:1505 y 322:2890 ), siempre, claro está, que los procesos se ventilen ante la Justicia Nacional.

Pero distinto es el caso con relación a las demás costas del proceso y respecto de los particulares involucrados en el mismo, ya que no existe obligación primaria de aquéllos de hacerse cargo del pago de los costos que beneficiarían sólo a la interesada; en este caso, a la parte actora, que solicita la eximición de los gastos de todo el proceso (cfr. esta Sala, causas N° 5245/10 y N° 9385/11, ya citadas).

Por los fundamentos expuestos, oído el Señor Fiscal General ante esta Cámara, el Tribunal RESUELVE: Confirmar la decisión apelada.

Regístrese, notifíquese -al Señor Fiscal General en su Público Despacho- y devuélvase.

María Susana Najurieta

Francisco de las Carreras

Ricardo Víctor Guarinoni