La notificación electrónica es válida dado que el recurrente no pudo comprobar que la abogada a la cual fue dirigida no trabajaba más en el estudio jurídico que lo representa

Partes: Zagami Mónica Elma c/ Empresa Transoeste S.R.L. s/ daños y perjuicios

Tribunal: Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil

Sala/Juzgado: J

Fecha: 23-may-2017

Cita: MJ-JU-M-106373-AR | MJJ106373 | MJJ106373
La notificación electrónica es válida dado que el recurrente no pudo comprobar que la abogada a la cual fue dirigida no trabajaba más en el estudio jurídico que lo representa.

Sumario:

 

1.-Corresponde rechazar el planteo de nulidad de la notificación electrónica de la sentencia, ya que no surge constancia alguna de que la abogada mencionada por el reclamante se haya desvinculado de las actuaciones, ni tampoco ningún indicio existe en autos, que permitiera colegir al momento de efectuar la notificación que la mentada abogada no representase a la citada en garantía.

2.-La notificación electrónica cursada a la letrada apoderada de la citada en garantía resulta ajustada a derecho, sin perjuicio que se sostuvo que al momento de efectuar la notificación la mentada abogada no representase a la citada en garantía, toda vez que cuando los letrados se encuentran debidamente registrados, el sistema automáticamente lo habilitará para que se libren notificaciones electrónicas sin la necesidad de su validación en cada expediente.

3.-El planteo de nulidad de la cédula de notificación electrónica de la sentencia debe ser rechazado, ya que en caso de duda acerca de la existencia o no de un vicio, debe estarse por la validez del acto, en tanto el principio procesal de conservación apunta a resguardar valores de seguridad y firmeza, de suma importancia para la función jurisdiccional, toda vez que ésta aspira a obtener resultados justos, y logros fructíferos, sin menoscabarse en dispendios inútiles como los que motivan las nulidades por el solo hecho de asegurar el respaldo de las formas.

Fallo:

Buenos Aires, Mayo 23 de 2017

Y VISTOS; Y CONSIDERANDO:

Las presentes actuaciones se remiten a este Tribunal a los efectos de conocer acerca del recurso de apelación interpuesto a fs. 293 por la citada en Garantía “Nación Seguros S.A.”, contra la resolución de fs. 290/292, concedido a fs. 295. Presenta memorial a fs. 296/297, contestado por la actora a fs. 301/302.

El decisorio recurrido rechaza el planteo de nulidad de la notificación electrónica de fs. 254, deducido por la citada en garantía a fs. 272/273, con costas a su cargo. Sabido es que los actos procesales se hallan afectados de nulidad si vulneran gravemente la sustanciación regular del procedimiento o cuando carecen de algún requisito que les impida lograr la finalidad a la cual están destinados, sea en el aspecto formal, sea en cuanto a los sujetos o al objeto del acto o por la existencia de un vicio que afecta dichos requisitos (Conf. CNCiv. Sala “B”, del 26/2/82; LL 1982-C, páf. 467; esta Sala en Expte n° 80.436/2005 – “Torre Juan Angel Augusto c/Instituto Cardiovascular de Buenos Aires y otros s/Beneficio de Litigar Sin Gastos”, del 22/05/2007, entre otros).

Es así, que cuando surge algún vicio, defecto u omisión que hayan privado a quien los invoca del ejercicio de alguna facultad, afectando la garantía de defensa en juicio, se produce una indefensión que configura la nulidad.

En materia de nulidades procesales, quien la invoca debe alegar y demostrar que el vicio que aduce le ocasiona un perjuicio cierto e irreparable, que no puede subsanarse sino con el acogimiento de la sanción.

Esto sucede porque “la nulidad por la nulidad misma carece de sentido” (CSJN, Fallos, 125:640) y no tiene objeto en el campo procesal, si no se desprotegen los derechos de la defensa de las partes, ni se altera el contradictorio.Adviértese que la regularidad del sistema no es un fin en sí mismo, sino el resultado del sistema mismo (CSJN, 18-VI-1991, DJ.,1992-1-258; Barbado, Patricia Bibina, “Nulidad procesal (causas y efectos)” LL,1994-E-737).

En el “sub examine” el incidentista plantea la nulidad de la cédula de notificación electrónica de la sentencia dictada a fs. 237/251 efectuada por el Juzgado de Trámite, de la cuenta la copia de fs. 254 y las constancias obrantes en el Sistema de Gestión, con fundamento en que la Dra. Mariana Fuertes a quien fue dirigida la diligencia que impugna resulta ser apoderada de la citada en garantía no integra más el estudio jurídico que representa a Nación Seguros S.A. y que también fue dirigida al mismo letrado que interpone la nulidad, Dr. Ignacio Varela, que manifiesta no haber validado jamás su domicilio electrónico.

Del “sub lite” no surge constancia alguna de que la Dra. Mariana Fuertes se haya desvinculado de las actuaciones.

Ningún indicio existe en autos, que permitiera colegir al momento de efectuar la notificación de la sentencia dictada a fs. 237/251 que la Dra. Fuertes no representase a la citada en garantía “Nación Seguros S.A.”

Contrariamente si se coteja, se advierte por ejemplo que los domicilios constituidos “físicos” de acuerdo a la normativa del art. 42 del Código Procesal por ambos letrados, Dra. Fuertes y Dr. Varela lo fueron en la calle San Martín 913, PB de esta Ciudad, lo que evidentemente resulta contrario al entendimiento que el apelante invoca. Del Sistema de Gestión Judicial, surge que por la citada en garantía “Nación Seguros S.A.”, figuran como letrados intervinientes los dos profesionales mencionados: Dra. Fuertes y Dr. Varela, con domicilio físico constituido en el señalado precedentemente y con dos domicilios electrónicos distintos, que resultan del CUIL/CUIL de cada uno de ellos.Es oportuno señalar que el llamado proceso de modernización del sistema judicial, como vulgarmente se menciona, comenzó en la década del 90, en lo que se llamó Gestión Judicial.

Los objetivos de la Gestión Judicial se central en los siguientes ejes: Gestión Administrativo Organizacional; Rediseño de Procesos; Coeficiente de Gestión Judicial; Firma Digital; Notificación Electrónica y Expediente Digital.

Son muchas las normativas adoptadas al respecto, entre las que podemos señalar la Acordada 951, del 11/3/1997 de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil mediante la que se crearon comisiones “ad hoc” para probar y analizar el rendimiento del software de gestión para la informatización de los juzgados de primera instancia de este Fuero; Acordada 953 (Tomo XXIX Folio 96) de la misma Cámara que reglamentó la informatización del fuero; implementación del Centro de Informática; creación en el año 2007 en la Corte Suprema de Justicia de la Nación de la Comisión Nacional de Gestión Judicial; implementación del CIJ (Centro de Información Judicial); Acordada 29/2008 de la C.S.J.N hasta la aprobación del Protocolo de Registro de Sentencias, Acordadas y Resoluciones Administrativas previsto por la Acordada n° 24/13 de la C.S.J.N. y la consiguiente publicación de todas las resoluciones y sentencias en el CIJ, dependiente de la Dirección de Comunicación Pública de la Corte Suprema de Justicia de la Nación (Art. 4 de la Acordada n° 15/13 de la C.S.J.N. e Inc. 2 de la Acordada 24/13 de la C.S.J.N), eliminación del libro de Asistencia en formato papel y creación del libro de Notas Digital llamado Registro Digital (Acordada 3/15 del 19/02/2015) entre muchas otras.En cuanto al domicilio electrónico, propiamente dicho, habremos de referir que la sanción de la ley 26685 (sancionada el 1/06/2011; promulgada el 30/06/2011) autoriza la utilización de expedientes, documentos, firmas, comunicaciones, domicilios electrónicos y firmas digitales en todos los procesos judiciales y administrativos que se tramitan ante el Poder Judicial de la Nación con idéntica eficacia jurídica y valor probatorio que sus equivalentes convencionales.-

La Acordada 11/14 de la Corte Suprema de Justicia de la Nación fue suscripta el 29 de abril de 2014 en el marco de la última etapa de conformación del Expediente Digital, que como es sabido se refiere a la obligatoriedad de digitalizar todas las presentaciones, bajo apercibimiento de lo dispuesto por el art. 120 del Código Procesal.-

De modo que, conforme nuestro actual ordenamiento procesal, el expediente digital y el expediente papel mientras subsistan ambos, deben ser idénticos, debiendo obrar en los dos las mismas presentaciones, providencias y resoluciones (Conf. esta Sala en Expte n°100710/2010 caratulado “Flores Agustina c/Guzmán César Martín y otros s/Daños y Perjuicios”, del 15/09/2014).-

El Sistema de Notificaciones Electrónicas es obligatorio en todos los fueros e instancias de acuerdo al cronograma de implementación gradual dispuesto por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en la Acordada 31/11 de la C.S.J.N., suscripta el 13 de diciembre de 2011, en el marco de las facultades que le otorga la Constitución Nacional y la ley 26.685, sancionada el 1 de junio de 2011 y promulgada el 30 de junio de 2011. Esta se complementó con las Acordadas 3/2012; 29/2012; 35/2012; 35/2013; 36/2013; 38/2013 y 3/2015, que establecen su obligatoriedad con idéntica eficacia jurídica y valor probatorio que sus equivalentes convencionales.A modo ilustrativo, cuadra recordar que la notificación electrónica del Fuero civil se puso en marcha el 27 de noviembre de 2008 solamente en los juzgados n° 1; 46; 74 y 94, como prueba piloto, es decir hace casi 9 años.-

De lo dicho resulta evidente, que la implementación de la Gestión Judicial o de la “modernización”, ha sido evidentemente de aplicación gradual y progresiva.- (Conf. esta Sala en Expte N° 96861/2005 caratulado “Ramírez Aníbal Horacio y otros c/Artear S.A. y otros s/Daños y Perjuicios”, del 11/09/2014;ídem en Expte n° 106.392/2009 caratulado “Reboredo Héctor José c/Soria Alfredo y otros s/Daños y Perjuicios”, del 7/10/2014, entre otros).

La instrumentación de las Acordadas referidas, a lo largo de los años, se encuentra plasmada en los instructivos que se encuentran en http://www.pjn.gov.ar y http://www.csjn.gov.ar, en donde además pueden consultarse los tutoriales pertinentes para conocer en detalle el “paso a paso” de la modalidad que debe seguirse para su cumplimentación. A las demás manifestaciones que efectúa el apelante entendemos oportuno señalar que a partir del 29/12/2015 se ha modificado el funcionamiento del módulo de intervinientes dentro del Sistema de Gestión Lex100, automatizando la selección del letrado y su domicilio electrónico. A los fines de cumplir acabadamente con lo dispuesto en la Acordada 31/11, norma que dispone que este dispositivo es personal e intransferible, se ha ligado de manera tal que al seleccionarse el profesional de CUIL/CUIT es registrado en el campo de “identificación Electrónica Judicial” tomando este dato del registro de usuarios, simplificando la tarea de carga del usuario registrante.Sólo deberá conformarse que el domicilio ha sido denunciado de tal manera de ahora en más solo debe ser ratificada dicha actividad profesional, cuya alternativa por omisión es la notificación ministerio de ley .

En virtud de que el sistema permitía hasta dicha fecha cargar una “identificación Electrónica Judicial” (CUIL/CUIT) distinta a la del titular, se ha adecuado a su vez el sistema permitiendo que se siga notificando a dicho domicilio electrónico denunciado más allá de lo dispuesto en la Acordada 31/11.

Esta modalidad se mantiene solamente para dichos registros, siendo que cualquier letrado que deba agregarse a la causa, modificarse o ser dado de alta en causa nueva deberá incorporarse o actualizarse exclusivamente con la “identificación electrónica judicial” (CUIL/CUIT) que le es propia indefectiblemente.

Tampoco puede soslayarse la Resolución 2028/2015 de la C.S.J.N. del 14/7/2015, que en el Considerando I, establece: “Que en virtud de la inclusión masiva de todas las causas de trámite en el sistema de notificaciones electrónicas dispuesta por la Acordada 3/15 y fijada su vigencia por la Acordada 12/15 a p artir del 1 de Septiembre de 2015, resulta conveniente, para facilitar la tarea de los letrados y de las oficinas judiciales, que, por única vez se establezca automáticamente la “identificación Electrónica Judicial” del letrado interviniente como su domicilio electrónico en el Sistema Informático del Poder Judicial, reemplazando al domicilio físico que tuviera constituido en el Sistema de Gestión informático de causas, siempre que los letrados se encuentren debidamente registrados en el sistema y tengan habilitado el perfil de notificaciones electrónicas” (SIC)

De ello resulta, que la Resolución referida establece en el apartado 1: “Que la registración en el sistema de domicilio electrónico que realice el letrado o el auxiliar de justicia tendrá efecto por única vez en la totalidad de los expedientes en los que se encuentre interviniendo al 1 de Septiembre de 2015.El sistema automáticamente lo habilitará para que se libren notificaciones electrónicas sin la necesidad de su validación en cada expediente, siempre que los letrados se encuentren debidamente registrados en el sistema y tengan habilitado el perfil de notificaciones electrónicas” Con lo dicho, queda desvirtuado lo manifestado al respecto por el apelante. Por lo expuesto, más allá de considerar la temporaneidad del planteo efectuado por el nulidicente a fs. 272, que no da cuenta de cuándo tomó conocimiento de la cuestión que introduce, lo concreto es que la notificación electrónica cursada a la letrada apoderada de la citada en garantía, resulta ajustada a derecho.

Así, el principio procesal de conservación apunta a resguardar valores de seguridad y firmeza, de suma importancia para la función jurisdiccional, toda vez que ésta aspira a obtener resultados justos, y logros fructíferos, sin menoscabarse en dispendios inútiles como los que motivan las nulidades por el solo hecho de asegurar el respaldo de las formas.

El valor de seguridad tiende a prevalecer axiológicamente sobre el de validez. Por lo tanto, cabe concluir que un acto procesal si ha logrado el fin a que estaba destinado es válido, aun siendo irregular o defectuoso.

Además, en caso de duda acerca de la existencia o no de un vicio, debe estarse por la validez del acto, por cuanto su nulidad debe ser considerada como un remedio excepcional.-

En virtud de todo lo expuesto y por aplicación del conocido principio “pas de nullité sans grief”, considera la Sala que no corresponde declarar la nulidad en el sólo interés de la ley, por lo que habrá de confirmarse el decisorio apelado.

Por lo expuesto, el Tribunal RESUELVE: Confirmar la resolución dictada a fs. 290/292 en todo cuanto decide y ha sido materia de agravio. Con costas de Alzada a la apelante vencida (conf. art. 68; 69 y 161 inc. 3 del Código Procesal). Regístrese, comuníquese a la Dirección de Comunicación Pública de la Corte Suprema de Justicia de la Nación (Art. 4 de la Acordada n° 15/13 de la C.S.J.N. e Inc. 2 de la Acordada 24/13 de la C.S.J.N) y devuélvanse las actuaciones al Juzgado de trámite, sirviendo la presente de atenta nota de remisión.