A fin de regular honorarios en el marco del programa de reparación histórica para jubilados y pensionados, no cabe efectuar distinción alguna entre convenio de honorarios y pacto de cuota litis, sino que se establece un “quantum” actualizable por la tarea efectuada en la celebración y homologación de los acuerdos transaccionales

Partes: Colegio de Abogados Río Cuarto y otros c/ ENA y ANSES s/ varios

Tribunal: Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial de Córdoba

Fecha: 10-ago-2017

Cita: MJ-JU-M-106170-AR | MJJ106170 | MJJ106170

A fin de regular honorarios en el marco del programa de reparación histórica para jubilados y pensionados, no cabe efectuar distinción alguna entre convenio de honorarios y pacto de cuota litis, sino que se establece un “quantum” actualizable por la tarea efectuada en la celebración y homologación de los acuerdos transaccionales.

Sumario:

 

1.-Corresponde rechazar la pretensión de la recurrente de percibir, convenir y/o fijar libremente con sus clientes honorarios como contraprestación por los servicios profesionales prestados en el marco del programa de reparación histórica para jubilados y pensionados, ya que, por un lado, el cuarto párrafo del art. 4 de la Ley arancelaria prohíbe expresamente éstos últimos; y por el otro, el inc. c) del art. 7 de la ley 27.260 no sólo garantiza la gratuidad para el beneficiario en lo que hace al trámite ante la ANSeS sino que además, el art. 6 del Decreto reglamentario nº 894/16 establece que todos los trabajos concernientes a la celebración y homologación de cada Acuerdo transaccional resultan a cargo del organismo previsional.

2.-De la Ley 27.260 y su decreto reglamentario surge con meridiana claridad el interés jurídico comprometido, que no es otro que el de proteger a un sector vulnerable de la población como lo es la de los beneficiarios previsionales, subyaciendo allí el carácter de orden público de la norma transcripta, lo que implica -en cierta medida- una limitación del espacio en que se ha de desenvolver la autonomía de la voluntad, en función de la defensa y garantía de los intereses generales de la sociedad.

Fallo:

Cordoba, 10 de agosto de 2017. Y VISTOS: Estos autos caratulados: “COLEGIO DE ABOGADOS RIO CUARTO Y OTROS C/ ENA Y ANSES – VARIOS” (Expte. nº 35701/2016/CA1), venidos a conocimiento del Tribunal en virtud del recurso de apelación deducido por la parte actora en contra de la Resolución de fecha 26 de diciembre de 2016 dictada por el Juez Federal de Río Cuarto en la que decidió rechazar la presente acción declarativa de certeza con costas en el orden causado.

Y CONSIDERANDO:

I. En contra de lo decidido por el Juez de grado, la parte actora dedujo recurso de apelación (fs. 89/98). En primer lugar, se queja porque considera que el Inferior ha omitido expedirse sobre cuestiones planteadas, específicamente, sobre si el inc. c) del art. 7 de la ley 27.260 es de orden público o no, por lo que el fallo atacado ha violado el principio de congruencia. En segundo lugar, considera que el Iudicante ha confundido el derecho a percibir honorarios con celebrar pactos de cuota litis, efectuando una incorrecta interpretación de la ley 21.839. En tercer término, afirma que se ha efectuado una incorrecta utilización del instituto de la emergencia previsional para convalidar constitucionalmente el ejercicio de funciones legislativas por parte del poder ejecutivo, específicamente en lo que hace a establecer el quantum de los honorarios profesionales, no existiendo para ello norma legal ni reglamentaria emanada por el Congreso que hubiere puesto en marcha el proceso de control parlamentario del art. 6 del Decreto 894/16, conforme lo estipula la ley 26.122. Seguidamente, se agravia por las consideraciones efectuadas por el Juzgador respecto al ejercicio de la profesión y al legítimo derecho a percibir honorarios. Finalmente, entiende que la sentencia recurrida ha incurrido en una evidente contradicción atento que, por una parte el Inferior ha considerado que la acción deducida cumplimenta con los requisitos exigidos por la normativa legal aplicable a los fines de su procedencia formal y por otra parte, al analizar el art.6 del Decreto nº 894/16, estima que no se advierte incertidumbre alguna respecto del alcance de la norma, incurriendo en una clara violación al principio de razón suficiente y de no contradicción. Sostiene que en la demanda se requirió se precise los alcances y la naturaleza jurídica de la última parte del inc. c) del art. 7 de la ley 27.260, cuestión que no fue resuelta en la sentencia apelada.

En definitiva, solicita se haga lugar al recurso de apelación deducida y en consecuencia, se revoque el decisorio recurrido haciendo lugar a la demanda incoada. Corrido el traslado de ley, la demandada contestó agravios (fs. 100/104vta.), quedando la causa en condiciones de ser resuelta.

II. Teniendo presente los agravios reseñados, corresponde en primer lugar expedirse sobre el agravio referido al alcance y naturaleza jurídica del inc. c) del art. 7 de la ley 27.260, para lo cual corresponde previamente, transcribir la parte pertinente de dicha normativa, que señala: “El acuerdo transaccional deberá contener propuestas de pago teniendo en consideración el estado de avance de los reclamos: a)., b)., c) Para los casos en los que no hubiere recaído juicio iniciado con anterioridad al 30 de mayo de 2016, se realizará una propuesta que contemple abonar las diferencias devengadas desde la presentación de la solicitud de ingreso al Programa. Los honorarios que correspondan tanto por la celebración de los acuerdos transaccionales como por su correspondiente homologación consistirán en una suma fija que se determinará en la reglamentación y será gratuito para los beneficiarios del presente inciso”. Por su parte, los dos primeros párrafos del art. 6 del Decreto 894/2016 establecen que: “Para los casos que tengan juicio iniciado, con o sin sentencia firme, la suscripción del Acuerdo Transaccional corresponderá al letrado que intervienen en el mismo, o al nuevo que designe el beneficiario. En este último caso, se deberá cumplir con la normativa aplicable en la materia. El profesional que interviniera sin cumplir con la misma, será pasible de las sanciones disciplinarias que pudiera corresponder por dicho incumplimiento.En los casos que no tengas juicio iniciado, el beneficiario podrá designar un abogado que cuente con matrícula habilitante para ejercer la profesión en la jurisdicción y fuero correspondiente al juez competente del domicilio de pago del beneficio”. De las normas transcriptas precedentemente surge con meridiana claridad el interés jurídico comprometido, que no es otro que el de proteger a un sector vulnerable de la población como lo es la de los beneficiarios previsionales, subyaciendo allí el carácter de orden público de la norma transcripta, lo que implica -en cierta medida- una limitación del espacio en que se ha de desenvolver la autonomía de la voluntad, en función de la defensa y garantía de los intereses generales de la sociedad.

En ese marco, y ensamblando con el segundo de los agravios, resulta cuanto menos forzado el razonamiento efectuado por la quejosa para fundamentar la pretensión de percibir, convenir y/o fijar libremente con sus clientes honorarios como contraprestación por los servicios profesionales prestados en el marco del programa de reparación histórica para jubilados y pensionados ya que – como bien lo señala el juez de grado- por un lado, el cuarto párrafo del art. 4 de la ley arancelaria prohíbe expresamente éstos últimos cuando establece: “Los asuntos o procesos previsionales, alimentarios y de familia, no podrán ser objeto de pactos. Tampoco podrán pactarse honorarios exclusivamente con relación a la duración del asunto proceso” y por el otro, el inc. c) del art. 7 de la ley 27.260 no sólo garantiza la gratuidad para el beneficiario en lo que hace al trámite ante la ANSeS sino que además, el art.6 del Decreto reglamentario nº 894/16, establece un esquema normativo respecto a los honorarios de los representantes letrados de los beneficiarios por la realización de todos los trabajos concernientes a la celebración y homologación de cada Acuerdo transaccional que resultan a cargo del organismo previsional, estableciendo un mecanismo de actualización del importe de dichos honorarios, cuya última fue fijada a través del dictado de la Resolución ANSeS nº 306/2016, punto sobre el cual el accionante no ha expresado agravio alguno. En función de lo expuesto, en el caso bajo estudio la normativa vigente en materia de honorarios de los profesionales del derecho no permite efectuar distinción alguna entre convenio de honorarios y pacto de cuota litis como pretenden los accionantes, sino que establece un “quantum” (actualizable) en concepto de honorarios por la tarea efectuada por aquellos en la celebración y homologación de los acuerdos transaccionales. Interpretar lo contrario no sólo implicaría contradecir los fines perseguidos por el “Programa de Reparación Histórica para Jubilados y Pensionados” (Ley 27.260), sino que se caería en la situación paradojal de que todo convenio de honorarios por la tarea profesional efectuada voluntariamente por los letrados en los acuerdos transaccionales recaiga sobre el derecho mismo por el que se realizó el trámite en cuestión.

III. Finalmente, y en lo que hace a la legalidad del Decreto reglamentario 894/16, cabe previamente hacer unas breves consideraciones. En relación a los reglamentos emanados por el Poder Ejecutivo previstos en la Constitución Nacional corresponde distinguir entre: a) Reglamentos delegados (art. 76) y b) Reglamentos ejecutivos o de ejecución (art. 99, inc. 2), en lo que aquí interesa.

Los primeros son normas generales dictadas por la Administración en base a una habilitación expresa y especial por parte del H.Congreso de la Nación, en el que se confieren facultades legislativas solo respecto a materia determinadas y señalando las bases o criterios que han de servir para su ejercicio y el plazo de esa habilitación (a mayor abundamiento ver Casaggne, Juan Carlos en “Curso de Derecho Administrativo”, La Ley, Bs.As. 2011, T.I, pág. 140 y ss). En cambio, los reglamentos ejecutivos son los dictados por el Presidente de la Nación “en ejercicio de sus facultades constitucionales propias, para asegurar o facilitar la aplicación o ejecución de leyes, regulando detalles necesarios para el mejor cumplimiento de las leyes y de las finalidades que se propuso el legislador” (cfr. MARIENHOFF, Miguel S. en “Tratado de Derecho Administrativo”, t. 1, p. 248). Así, la C.N. en su art. 99 inc. 2 faculta al P.E. expedir las instrucciones y reglamentos que sean necesarios para la ejecución de las leyes de la Nación, ciudadano de no alterar su espíritu con excepciones reglamentarias, por lo que este tipo de reglamentaciones integran la ley, y son obligatorias por considerarse parte integrante de la misma ley (Fallos, 48:430; 187:449 y 234:166 entre muchos otros). En ese marco, en modo alguno el Decreto reglamentario nº 894/2016 puede ser considerado un reglamento delegado sino que por el contrario es un reglamento de ejecución. Ello es así a tal punto que en el último párrafo de los considerandos del citado Decreto reglamentario se cita expresamente el art. 99 inc. 1 y 2 de la C.N. como marco normativo para su dictado. De modo que las previsiones contenidas en el art. 7 de la ley 27.260 no implican la delegación de una potestad o facultad legislativa, sino que corresponde a aquellos reglamentos que permiten tornar operativas el contenido de sus prescripciones que, por su carácter, necesariamente deben ser reglamentadas, cuidando de que con ello no se altere el espíritu de la norma.En consecuencia, no observándose irregularidad o exceso alguno en el ejercicio de las facultades por parte del Poder Ejecutivo con el dictado del Decreto reglamentario nº 896/16, corresponde rechazar el presente agravio.

IV. Resultando suficiente para la correcta solución de las cuestiones litigiosas sometidas a consideración de esta Alzada lo hasta aquí expuesto, atent o que los jueces no están obligados a seguir y decidir todas las alegaciones de las partes, sino sólo a tomar en cuenta lo que estiman pertinente para la correcta solución del litigio (Fallos 272:225; 274:113, entre otros), corresponde confirmar la resolución recurrida en todo aquello que ha sido materia de agravios.

V. De conformidad al resultado arribado en esta instancia corresponde imponer las costas de la instancia en el orden causado atento la naturaleza de la cuestión debatida (68, segunda parte del C.P.C.C. de la Nación), fijándose los honorarios de los Dres. Angel Luis Bassino y César Ignacio Avendaño, en conjunto y proporción de ley, en la suma de Pesos Cuatrocientos cincuenta ($ 450). No regular honorarios a la representación jurídica de la parte demandada por ser profesional a sueldo de su mandante (art. 2 de la Ley 21.839).

Por ello; SE RESUELVE: I. Confirmar la Resolución de fecha 26 de diciembre de 2016 dictada por el Juez Federal de Río Cuarto, en todo aquello que ha constituido materia de agravios. II. Imponer las costas de esta Alzada en el orden causado (conf. art. 68, 2ª parte CPCPN), fijándose los honorarios de los Dres. Angel Luis Bassino y César Ignacio Avendaño, en conjunto y proporción de ley, en la suma de Pesos Cuatrocientos cincuenta ($ 450). No regular honorarios a la representación jurídica de la parte demandada por ser profesional a sueldo de su mandante (art. 2 de la Ley 21.839). III. Protocolícese y hágase saber. Cumplido, publíquese y bajen.

EDUARDO AVALOS

IGNACIO MARIA VELEZ FUNES

GRACIELA S. MONTESI