Se condena a la empresa de transporte y a su aseguradora a indemnizar a una pasajera que cayó de la unidad de la cual descendía, quedó atrapada por la puerta y fue arrastrada debido a una maniobra intempestiva el chofer.

Partes: Chaile Sabina Alcira y otro c/ Transporte Lope de Vega y otro s/ daños y perjuicios

Tribunal: Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil

Sala/Juzgado: C

Fecha: 9-may-2017

Cita: MJ-JU-M-106238-AR | MJJ106238 | MJJ106238

Se condena a la empresa de transporte y a su aseguradora a indemnizar a una pasajera que cayó de la unidad cuando descendía y quedó atrapada por la puerta siendo arrastrada debido a una maniobra intempestiva del chofer.

Sumario:

1.-Corresponde condenar a la empresa de transporte y a la aseguradora a raíz de los daños sufridos por una pasajera como consecuencia de la caída sufrida al descender de la unidad, cuando quedó atrapada con la puerta y fue arrastrada por el vehículo, producto de una maniobra brusca de su conductor, toda vez que si bien la demandada y su dependiente desconocieron la calidad de pasajera y las lesiones invocadas, no alegó ninguna de las causales que autoricen a presumir que la caída obedeció a un hecho ajeno que autorice a tener por fracturado total o parcialmente el nexo causal.

2.-Si bien los relatos no resultan totalmente coincidentes con lo manifestado en la demanda, en rigor, nadie puede pretender que cinco años después del infortunio, una persona recuerde con precisión todos y cada uno de los detalles del accidente que hubiera presenciado. Más aún, llamaría verdaderamente la atención y no generaría suficiente fuerza convictiva que sus declaraciones hubieran sido puntillosas (art. 386 y 456 CPCCN.), y tampoco parecen testigos complacientes como para desterrar -sin más- su declaración como elemento válido de prueba.

3.-Si bien podría decirse que un simple boleto -que no es nominativo- no acredita por sí mismo que la víctima hubiera sido pasajera, existen en autos suficientes indicios que revelan que la actora revestía tal carácter; así, a la declaración de los testigos, la exhibición de las constancias médicas y del boleto ante la instrucción, se suma la concurrencia prácticamente inmediata a la consulta médica.

4.-Si bien se encuentra probado que la víctima es madre de ocho hijos todos mayores de edad, que vive junto a dos de ellos en una vivienda alquilada y que trabaja en el cuidado y atención a personas mayores, tal circunstancia no enerva la procedencia de una partida para atender las lesiones causadas por el hecho, en la medida que quedó probado que las limitaciones no sólo afectan su faz productiva sino también su vida de relación en general.

5.-La aplicación de la tasa activa no representa un enriquecimiento indebido, ello, al no tenerse por acreditado que su aplicación altere el significado económico del capital de condena.

 

 

Fallo:

En la ciudad de Buenos Aires, capital de la República Argentina, a los 9 días del mes de mayo de 2017, reunidos en Acuerdo los Sres. Jueces de la Sala “C” de la Cámara Civil, para conocer de los recursos interpuestos en autos “CHAILE SABINA ALCIRA Y OTRO C/TRANSPORTE LOPE DE VEGA Y OTRO S/ DAÑOS Y PERJUICIOS” respecto de la sentencia corriente a fs. 409/421, el Tribunal estableció la siguiente cuestión a resolver: ¿Se ajusta a derecho la sentencia apelada? Practicado el sorteo, la votación se efectuó en el orden siguiente: Sres. Jueces de Cámara, Dres. Álvarez Juliá y Diaz Solimine. Se deja constancia que la Vocalía N°8 se encuentra vacante desde el día 1° de junio de 2016 conforme decreto PEN n°600/2016. Sobre la cuestión propuesta el Dr. Álvarez Juliá dijo:

I.- La sentencia de primera instancia (fs. 409/421) admitió la demanda promovida, condenando a Transporte Lope de Vega SACI, Aníbal Raúl Pader y Argos Mutual de Seguros del Transporte Público de Pasajeros -ésta última con los alcances del art. 118 de la ley 17.418- a abonar a Sabina Alcira Chaile la suma de $115.500, con más sus intereses y las costas del juicio.

 

Se trata de un accidente que la actora denunció haber sufrido el día 28 de mayo de 2008, aproximadamente a las 19:15hs., en circunstancias en que era transportada en el interno 1017 de la línea 56 de la empresa demandada. Denunció haberse caído al descender de la unidad, producto de una maniobra brusca de su conductor, sufriendo las lesiones y traumatismos por los que reclama en este juicio. Contra dicho pronunciamiento se alzaron las partes y la citada en garantía. La actora, que expresó sus agravios a fs. 433/437, lo hizo por considerar reducidas las indemnizaciones otorgadas en concepto de incapacidad sobreviniente y daño moral, y por el monto reconocido para cubrir los gastos de farmacia y asistencia.La parte demandada y la citada en garantía se agraviaron, básicamente, de la procedencia de la pretensión entablada. También se quejaron de la procedencia y cuantía de las indemnizaciones otorgadas, y de la aplicación de la tasa activa. Conferidos los respectivos traslados, sólo fue contestado por las accionadas a fs. 453/455.

 

II.- Adelanto que las críticas formuladas por las emplazadas no habrán de tener favorable acogida ya que del material reunido -tanto en la causa penal como en estas actuaciones civiles- surge la ocurrencia del accidente que es objeto de estudio.

 

En efecto, tal como se desprende de la causa criminal n°72.715 que tengo a la vista, la actora formuló la respectiva denuncia policial el día 29 de mayo de 2008, es decir, un día después de la fecha en que sostuvo haber sufrido el accidente. Refirió en esa oportunidad que el día 28 de mayo de 2008, alrededor de las 19:15hs., cuando viajaba a bordo del colectivo de la línea 56, interno 1017, transitando por la avenida La Plata de esta ciudad, en su intersección con Independencia, se dispuso a descender de la unidad. Que ya con un pie apoyado sobre el suelo, no llegando a estabilizarse con ambas piernas, el conductor reinició la marcha, provocando con ello que quedara atrapada con la puerta de la unidad y fuera arrastrada por el vehículo, resultando lesionado el hombro. Refirió que se dirigió a su domicilio, donde minutos más tarde comenzó a sentir fuertes dolores en su hombro, razón por la cual solicitó una ambulancia del Servicio de Emergencias. Fue atendida por el Dr. Pakanowski, quien le diagnosticó traumatismo de hombro. Terminó su declaración dejando constancia de querer instar la acción penal contra los propietarios de la empresa de transporte por las lesiones sufridas. Exhibió tanto la constancia médica referida como el boleto respectivo (fs. 1 y 4 de la C.P.). Al iniciar esta demanda civil, la actora aportó la declaración de dos testigos.

 

Arnaldo Federico Cruz declaró a fs.131 que el día 27 de mayo -y no 28-, aproximadamente a las siete de la tarde, se encontraba dando vueltas por las inmediaciones de la intersección de las avenidas La Plata e Independencia, ya que había terminado de jugar a la pelota a las seis. Que si bien no vio exactamente el momento del accidente, observó que había un colectivo de color verde y blanco, y una señora tirada en el piso. Dijo que el colectivo había arrancado sentido Rivadavia, que se acercó junto con sus amigos a la señora, quien continuaba en el piso con dolores en la zona de la rodilla y el brazo, sin posibilidad de levantarse. Dijo que estuvieron con ella un rato y que la levantaron. El testigo Julio César Ortiz declaró a fs. 132 que el accidente había ocurrido en el año 2008, en el mes de abril o mayo, tirando a la noche. Que sucedió en la intersección de las avenidas La Plata e Independencia y que el colectivo pertenecía a la línea 56. Dijo que él venía por Independencia y que al moverse la unidad, vio a una persona -que luego reconoció que era la actora- cayéndose de rodillas a la vereda. Que se acercó y que observó que la señora estaba muy dolorida, en la zona del hombro derecho y las rodillas. Refirió que el colectivo nunca se detuvo y que él con sus amigos acompañaron a la señora a la comisaría que se encuentra debajo de la autopista, para que realizara la denuncia. Al contestar las repreguntas, el testigo refirió que la actora se había golpeado con la puerta del colectivo, que vio que se había apretado con la puerta y cayó, golpeándose contra el piso. Dijo que el colectivo paró donde debía parar pero que el chofer reinició la marcha cuando la persona aún no había terminado de bajar de la unidad.Cuando se lo interrogó con relación a la distancia que se encontraba respecto del accidente, dijo haberlo observado desde mitad de cuadra. Si bien los relatos no resultan totalmente coincidentes con lo manifestado en la demanda, en rigor, nadie puede pretender que cinco años después del infortunio, una persona recuerde con precisión todos y cada uno de los detalles del accidente que hubiera presenciado. Más aún, llamaría verdaderamente la atención y no generaría suficiente fuerza convictiva que sus declaraciones hubieran sido puntillosas (art. 386 y 456CPCCN). Muchas veces, la contradicción entre los dichos de los testigos y las manifestaciones de las partes puede diferir en detalles que, valorados en conjunto, no parecen importantes sino parte de la natural subjetividad del ser humano en la apreciación de los hechos. Tampoco me parecen testigos complacientes como para desterrar -sin más- su declaración como elemento válido de prueba. Pero además, la demandante acompañó prueba documental que corrobora sus dichos. A fs. 9 -y 5 de la C.P. cit.- se encuentra agregado el boleto de colectivo donde se lee perfectamente los datos de la unidad, y la fecha y hora de expedición (Línea 53, Int. 1017, Chofer: 7838.N°00027416 02V 18.58 28/05/2008 Valor: $ 1.00), los cuales coinciden con los extremos que se mencionan en la demanda. Podría decirse que un simple boleto -que no es nominativo- no acredita por sí mismo que la víctima hubiera sido pasajera. Pero existen en autos suficientes indicios que, a mi juicio, revelan que Chaile revestía tal carácter. Así, a la declaración de los testigos, la exhibición de las constancias médicas y del boleto ante la instrucción, se suma la concurrencia prácticamente inmediata de Chaile a la consulta médica (v. fs. 10/16 de estos autos). En efecto, a fs.327/328 de estas actuaciones se agregó el informe remitido por el Hospital Durand a quien se había solicitado remitiera la historia clínica perteneciente a la actora, quien fuera asistida el 2 de junio de 2008, a raíz de la derivación realizada por el médico del Servicio de Emergencias que acudió al domicilio. Allí fue evaluada clínica y radiológicamente y se le indicó la realización de una resonancia, que efectivizó por su obra social, que confirmó la lesión de manguito rotador y sección parcial de los tendones (fs. 205/212).

 

En consecuencia, toda vez que la valoración conjunta de la prueba producida permite reconstruir razonablemente el acontecimiento dañoso, corresponde rechazar los agravios formulados por los accionados. Por tanto, tratándose en la especie de un accidente causado en circunstancias en que la damnificada viajaba en un transporte público de pasajeros, resulta de aplicación el art. 184 del Código de Comercio que consagra su responsabilidad objetiva, estableciendo una presunción “iuris tantum” de responsabilidad de parte de la empresa transportista por los daños sufridos por los pasajeros durante la efectivización del transporte e invirtiéndose la carga de la prueba. En el caso, si bien la empresa de transporte y su dependiente desconocieron la calidad de pasajera y las lesiones invocadas, no alegó concretamente ninguna de las causales que autoricen a presumir que la caída desde el colectivo obedeció a un hecho ajeno que autorice a tener por fracturado total o parcialmente el nexo causal. Por tanto, despejada la existencia del hecho, la procedencia de la demanda contra las emplazadas se encuentra sellada, por lo que corresponde analizar a continuación las quejas relacionadas con los montos indemnizatorios.

 

III.- Los daños: a. Incapacidad sobreviniente y tratamiento psicológico:

 

El Sr. Juez de primera instancia fijó la suma de $60.000 por incapacidad sobreviniente -entendida como daño físico-, la suma de $25.000 por daño psíquico y la de $4500 por tratamiento psicoterapéutico.En primer término diré que, conforme lo ha decidido esta Sala en reiteradas oportunidades, los perjuicios físicos y psíquicos, si de secuelas permanentes se trata, deben ser valorados bajo la órbita de un único rubro: la incapacidad sobreviniente. Esta tiene por finalidad cubrir no sólo las limitaciones de orden laborativo, sino también la proyección que aquella tiene con relación a todas las esferas de su personalidad, es decir, la disminución de su seguridad, la reducción de su capacidad vital, el empobrecimiento de sus perspectivas futuras, etc. (CNCiv., Sala C. 18/09/1989, L. 49.512; Llambías, J. J., Tratado de Derecho Civil – Obligaciones, IV-A, 120, núm. 2373; Kemelmajer de Carlucci, en Belluscio – Zannoni, Código Civil y leyes complementarias, comentado, anotado y concordado, 5, 219, núm. 13; Cazeaux – Trigo Represas, Derecho de las obligaciones, III, 122; Borda, G. A., Tratado de Derecho Civil Argentino – Obligaciones, I, 150, núm. 149; Mosset Iturraspe, J., Responsabilidad por daños, II-B, 191, núm. 232; Alterini – Ameal – López Cabana, Curso de Obligaciones, I, 292, núm. 652).

 

En suma, el resarcimiento por incapacidad comprende, con excepción del daño moral, todos los supuestos susceptibles de reparación patrimonial, incluso los daños a la salud y a la integridad física y psíquica, es decir, todas las consecuencias que afecten la personalidad íntegramente considerada. En cuanto a la determinación del capital indemnizatorio, si bien el cumplimiento de los lineamientos contenidos en el artículo 1746 del Código Civil y Comercial puede -desde algún punto de vista- implicar la utilización de fórmulas o cálculos aritméticos o actuariales en donde queden básicamente involucrados los porcentuales de incapacidad, la edad del afectado y su expectativa productiva, el resultado que tales operaciones arrojan no obliga al juzgador, sino que servirá como pauta referencial a los efectos de arribar a un justo resarcimiento según las circunstancias de cada caso.Es que, por un lado, las indemnizaciones tabuladas, atendiendo estrictamente a los porcentajes de incapacidad, tiene su ámbito de aplicación primordialmente en los juicios laborales por accidentes de trabajo, y por otro la reparación plena del daño consagrada en el artículo 1740 del mismo cuerpo legal y de índole constitucional (Fallos, 308:1139, 308:1160, 321:487 y 327:3753 ) requiere necesariamente un margen de valoración amplio y un criterio flexible para decidir.

 

Como se señaló, como consecuencia del accidente, Sabina Alcira Chaile fue asistida en su domicilio por un médico del Servicio de Emergencias y luego derivada al Hospital Durand, donde le realizaron radiografías y luego continuó asistiéndose por su obra social, donde le efectuaron una resonancia de hombro derecho, que evidenció una ruptura parcial de espesor completo a nivel de las fibras del supraespinoso, infraespinoso, con una brecha aproximadamente de 5 mm, y se constató que el tendón del subescapular se encontraba engrosado y con cambios en la señal, atribuible a una tendinosis. Finalmente fue intervenida quirúrgicamente en la Clínica Esperanza. El perito médico legista designado en autos, Dr. Héctor Oscar Spina, determinó que la actora, como consecuencia del accidente, sufrió luxación de hombro derecho y síndrome del manguito rotador. Al momento del examen físico, las secuelas que presentó la actora correspondían a la limitación de la movilidad del hombro en sus distintos arcos -conf. se detalla a fs. 369-, que, a criterio del experto, guardan nexo de causalidad con la mecánica del accidente. En definitiva, estimó que por las lesiones y secuelas descriptas la actora presenta una incapacidad parcial y permanente del 18% (v. fs. 361/371). En lo atinente al daño psíquico, el cuadro que presentó la actora se corresponde, según la experta designada en autos, Lic. Ana M.Acevedo, con un Desarrollo Depresivo Reactivo de carácter leve, que corresponde al grupo de las denominadas neurosis, siendo esta una alteración parcial de la personalidad, que, de acuerdo al baremo allí indicado, la incapacita de manera parcial y permanente en un 10%, guardando verosímilmente relación de concausalidad con el accidente sufrido y con sus secuelas físicas actuales. La experta aconsejó también la realización de un tratamiento psicológico de 6 meses de duración (fs. 340/346). En respuesta a las quejas esbozadas por las partes, cabe destacar que las conclusiones transcriptas resultan meramente indicativas para el Tribunal y que la cuantificación del daño dependerá de las limitaciones concretas que las secuelas ocasionen en la vida de relación de la damnificada. A eso se suma que se reconoce una suma para la realización del tratamiento psicoterapéutico aconsejado que, si bien es indicado para evitar la profundización del cuadro que la aqueja, en alguna medida, apuntará a minorarla. En función de ello, se encuentra probado que la víctima tenía 56 años al momento del accidente, que tiene pareja (pero no convive), es madre de ocho hijos todos mayores de edad y vive junto a dos de ellos en una vivienda alquilada y que trabaja en el cuidado y atención a personas mayores. En este punto, si bien sólo se acreditó que a junio de 2013 sus ingresos ascendían a la cantidad de $6500 (fs. 26 del expediente sobre beneficio de litigar sin gastos n°34.921/09), tal circunstancia no enerva la procedencia de una partida para atender las lesiones causadas por el hecho, en la medida que quedó probado que las limitaciones no sólo afectan su faz productiva sino también su vida de relación en general.Por tanto, en virtud de las pautas indicadas precedentemente, propongo al Acuerdo elevar la indemnización por daño físico a la cantidad de $108.000 por daño físico, a la de $40.000 por daño psíquico y la partida para atender los gastos de la terapia aconsejada a la cantidad de $7500 (art. 165 CPCC).

 

b.- Daño Moral. El daño moral importa en definitiva, una alteración o modificación disvaliosa del espíritu (Mosset Iturraspe, Jorge “El daño moral” Responsabilidad por Daños, V, RubinzalCulzoni Ed.) o más explícitamente, una “modificación disvaliosa del espíritu en el desenvolvimiento de su capacidad de entender, querer o sentir, y que se traduce en un modo de estar de la persona diferente de aquel (en) que se hallaba antes del hecho, como consecuencia de éste y anímicamente perjudicial”. Así surge de la recomendación que el autor citado, junto a Stiglitz, Pizarro y Zavala de González, entre otros, hiciera en las II Jornadas de San Juan (1984).

 

En otras palabras, es todo sufrimiento o dolor que se padece independientemente de cualquier repercusión de orden patrimonial (cfr. Orgaz, A., “El daño resarcible” Ed. Depalma, Buenos Aires, 1967, pág. 184). En el caso, el daño moral fue fijado por la Sra. Juez de grado en la suma de $25.000. Mientras que para la accionante resulta reducida, la parte demandada y su aseguradora cuestionan su procedencia y cuantía. En este tipo de perjuicio extrapatrimonial no existe pauta rígida alguna de índole objetiva para su determinación, de modo que queda ello librado a la prudente estimación judicial, que debe fijarse según las características del evento dañoso, las consecuencias físicas que éste produjo, la índole de los tratamientos y la incidencia que ello produjera en el fuero íntimo del damnificado (esta Sala, agosto 3-2005, “Callan, Graciela M. c/ Tagliafico, E. y ot.S/ Daños y perjuicios”, L.422.454). Me he referido ya a las consecuencias del impacto sufrido por la actora, a su inmediata atención, tratamiento y cirugía, que no logró revertir el cuadro en su totalidad. Angustia en un primer momento y certeza hoy que una incapacidad la acompañará de por vida. En función de ello, frente a las características del suceso de autos y a la naturaleza de sus implicancias, entiendo que la indemnización resulta procedente y que la suma reconocida en la sentencia de grado resulta reducida, por lo que propicio su elevación a la cantidad de $75.000 (art. 165 CPCC).

 

c.- gastos de farmacia y asistencia médica. Con relación a estos gastos, cabe destacar que no es necesaria una prueba directa de su erogación, bastando su correlación con las lesiones sufridas al tiempo de su tratamiento (cfr. CNCiv., Sala D, marzo 23-993, “García, Manuel c/ Cons. Prop. Junín 1194 y otro”, rev. J.A. 1994-I-118; íd., setiembre 18-992, “Goroso Carlos y otro c/ Transportes El Halcón S.A.”, rev. L.L. 1994-C-33). En la especie, teniendo en cuenta las lesiones padecidas, es dable presumir que la actora debió realizar erogaciones en concepto de medicamentos (analgésicos, desinflamatorios, etc.), radiografías, atención médica y rehabilitación. En su mérito, encuentro que la suma fijada en la sentencia de grado ($1000) resulta reducida, por lo que propongo su elevación a la cantidad de $2000 (art. 165 CPCC).

 

III.- Intereses. En la instancia de grado se dispuso la aplicación de intereses a la tasa activa desde la fecha del hecho y hasta el efectivo pago. De la aplicación de la tasa activa se quejan las emplazadas.

 

La doctrina plenaria sentada por esta Excma. Cámara en autos “Samudio de Martínez, Ladislaa c/ Transportes Doscientos Sesenta s/ Daños y perjuicios” obliga a aplicar, conforme su punto III, la tasa activa cartera general (préstamos) nominal anual vencida a treinta días del Banco de la Nación Argentina.Sin embargo, la convocatoria incluyó un cuarto punto referido al tiempo en que dicha tasa debía aplicarse, lo que deja al descubierto que, a pesar de la amplia mayoría con que contara la mentada tasa activa -luego de fracasar la moción sustentada, entre otros, por quienes entonces integrábamos esta Sala, en el sentido de dejar libertad a los jueces para establecerla en cada caso particular- había una opinión generalizada de adecuar la aplicación de dicho rédito atendiendo a diversas circunstancias como pueden serlo la forma de establecer el monto de la condena, las indemnizaciones u otras obligaciones a las que pudiera aplicársele, la necesidad de acortar el tiempo de los procesos, etc., considerando así diversas tasas según el período en el que debía enjugarse el daño moratorio. Sin alterar, acertadamente, la doctrina plenaria sentada en el fallo “Gómez c/ Empresa Nac. de Transportes” respecto al tiempo en que se produce la mora de la obligación de indemnizar con relación a cada perjuicio (criterio ahora ratificado por el artículo 1748 del Código Civil y Comercial de la Nación), ello no implica per se que hasta el efectivo cumplimiento deba aplicarse la votada tasa activa, sino que será así siempre que no se alt ere el contenido económico de la sentencia, importando un desplazamiento injustificado de bienes del patrimonio del deudor al del acreedor. En este contexto, cuando votara entonces en minoría al segundo interrogante planteado en el plenario, recordé junto a otros distinguidos colegas la sabia enseñanza de Vélez en su nota al artículo 622 del Código Civil. Fue ella la que me llevó desde siempre a sostener la inconveniencia de adoptar criterios rígidos o inflexibles en esta materia y a seguir, en cambio, una postura que se adapte tanto a los factores micro y macroeconómicos, como a la cambiante economía de nuestro país y las propias circunstancias de cada caso.Así, si bien en anteriores oportunidades he realizado un distingo para calcular la tasa de interés a aplicar, según la fecha de determinación de los montos resarcitorios, una valoración de la cuestión ante la coyuntura actual me lleva a modificar ese criterio y, en consecuencia, a juzgar que en el caso la aplicación de la tasa activa prevista en el plenario no representa un enriquecimiento indebido. Ello, al no tenerse por acreditado que su aplicación altere el significado económico del capital de condena. De allí que propicie desestimar la queja de la parte demandada y la citada en garantía y la confirmación de lo decidido en la sentencia sobre el particular.

 

IV.- En síntesis. Si mi voto fuera compartido, propongo al Acuerdo: 1) Modificar el fallo apelado, elevando la indemnización por daño físico a la cantidad de $108.000, la de daño psíquico a la cantidad de $40.000, la partida del tratamiento psicoterapéutico a la suma de $7500, la de gastos de farmacia y asistencia médica a la de $2000 y la indemnización por daño moral a la suma de $75.000. 2) Confirmar la sentencia en todo lo demás que decide y fuera motivo de agravios. 3) Imponer las costas de Alzada a las accionadas sustancialmente vencidas (art. 68 CPCC).

 

El Dr. Diaz Solimine dijo : por razones análogas adhiero al voto del Dr. Álvarez Juliá. Con lo que terminó el acto.-

 

OMAR LUIS DIAZ SOLIMINE.- LUIS ÁLVAREZ JULIÁ.-

 

Buenos Aires, 9 de mayo de 2017.

 

Y VISTOS: Por lo que resulta de la votación que instruye el Acuerdo que antecede, se RESUELVE: 1) Modificar el fallo apelado, elevando la indemnización por daño físico a la cantidad de $108.000, la de daño psíquico a la cantidad de $40.000, la partida del tratamiento psicoterapéutico a la suma de $7500, la de gastos de farmacia y asistencia médica a la de $2000 y la indemnización por daño moral a la suma de $75.000. 2) Confirmar la sentencia en todo lo demás que decide y fuera motivo de agravios. 3) Imponer las costas de Alzada a las accionadas sustancialmente vencidas (art. 68 CPCC). Se deja constancia que la Vocalía n°8 se encuentra vacante. Regístrese, notifíquese, comuníquese a la Dirección de Comunicación Pública de la Corte Suprema de Justicia de la Nación (Acordada 15/2013) y devuélvase.-

 

OMAR LUIS DIAZ SOLIMINE

LUIS ÁLVAREZ JULIÁ