Dado que el imputado adquirió la mayoría de edad, resulta razonable su alojamiento en el Complejo de Jóvenes Adultos de Marcos Paz, donde contará con una atención adecuada a los parámetros de los Tratados Internacionales, sin perjuicio de que el trámite del proceso continúe bajo el régimen minoril

Partes: L. H. J. K. s/ traslado de lugar de alojamiento – robo agravado y otro – Menores

Tribunal: Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional

Sala/Juzgado: VII

Fecha: 10-may-2017

Cita: MJ-JU-M-106111-AR | MJJ106111 | MJJ106111

Dado que el imputado adquirió la mayoría de edad, resulta razonable su alojamiento en el Complejo de Jóvenes Adultos de Marcos Paz, donde contará con una atención adecuada a los parámetros de los Tratados Internacionales, sin perjuicio de que el trámite del proceso continúe bajo el régimen minoril.

Sumario:

 

1.-Teniendo en cuenta la naturaleza de los hechos que se le atribuyen al menor – fue procesado como coautor de los delitos de robo agravado por el uso de armas en concurso real con tentativa de homicidio agravado por haber sido cometido para consumar el anterior y procurar su impunidad, de conformidad con los arts. 42 , 45 , 55 , 166 inc. 2º y 80 inc. 7 del CPen.), y que fue recientemente condenado a la pena de tres meses de prisión en suspenso; corresponde confirmar el auto que rechaza el pedido de la defensa de ser alojado en el Centro ‘Manuel Belgrano’, toda vez que no se advierten motivos que impidan convalidar la medida del juez de menores.

2.-En la medida que el imputado adquirió la mayoría de edad, resulta razonable su alojamiento en el Complejo de Jóvenes Adultos de Marcos Paz -Anexo Unidad 24-, sin perjuicio de que el trámite del proceso continúe bajo el régimen minoril -Ley 22.278 -, ya que en dicho establecimiento podrá recibir una adecuada atención, acorde a su franja etaria -de dieciocho a veintiún años de edad- y concordancia con lo parámetros preceptuados por la Convención sobre los Derechos del Niño.

3.-Teniendo en cuenta que los hechos que se le atribuyen al menor fueron cometidos cuando él contaba con 17 años y que, por ende, su enjuiciamiento penal se rige por las disposiciones de la ley 22.278, interpretada -claro está- bajo las previsiones de la Convención sobre los Derechos del Niño (CN., art. 75, inc. 22 ), no advierto razones que, en este caso, avalen lo resuelto por el señor juez de grado, lo que supone retirar al joven del ámbito dependiente de la SENNAF, en cuya órbita se encuentra desde que fue detenido, y alojarlo en una unidad del Servicio Penitenciario Federal ubicada en la localidad de Marcos Paz, provincia de Buenos Aires -Complejo de Jóvenes Adultos-. La modificación de las condiciones actuales de alojamiento trasladándolo a una unidad penitenciaria, no habría de acarrear ventaja alguna a los fines de lograr una adecuada inserción social de aquél, sino todo lo contrario, por lo que me inclino por revocar la resolución apelada, en cuanto fue materia de recurso (de la disidencia del Dr. Mauro A. Divito).

Fallo:

Buenos Aires, 10 de mayo de 2017.

Y VISTOS:

La defensa oficial recurrió en apelación el auto extendido a fs. 747, en cuanto se rechazó el pedido de alojamiento de H. J. K. L. en el Centro “Manuel Belgrano”.

La asistencia técnica formuló agravios pues considera que el nombrado debe permanecer en un instituto para jóvenes adultos, tal como lo es el mencionado Centro de Régimen Cerrado y no ser trasladado a una Unidad del Servicio Penitenciario Federal -como lo había ordenado el magistrado-, en razón de que en dicho lugar el sistema de encierro es más riguroso y le provocará un menoscabo en sus derechos (fs. 762/765).

El juez Mariano A. Scotto dijo:

Al respecto, en la medida que el imputado adquirió la mayoría de edad (ver copia del documento de identidad glosada a fs. 108), se considera que resulta razonable su alojamiento en el Complejo de Jóvenes Adultos de Marcos Paz -Anexo Unidad 24-.

En tal sentido, sin perjuicio de que el trámite del proceso continúe bajo el régimen minoril (ley 22.278), en dicho establecimiento podrá recibir una adecuada atención, acorde a su franja etaria de dieciocho a veintiún años de edad.

A su vez, tal traslado respeta la manda de la Convención sobre los Derechos del Niño (art. 37 inc. 4º), ya que L. convivirá con personas de su edad, no será alojado con adultos -mayores de veintiún años de edad- y se le proporcionará un tratamiento específico y diferenciado tal como lo prevé la Ley 24.660 (art. 197 y 198).

Por lo demás, los argumentos que brinda la defensa en cuanto a que el alojamiento en el Centro de Régimen Cerrado Manuel Belgrano es más favorable al no contar la Unidad 24 “con las mismas facilidades”; que en el primero se prohíbe la portación de armas a los encargados de velar por la seguridad; y que la detención bajo la órbita del Servicio Penitenciario Federal enfrenta a L.a un régimen sancionatorio que difiere de las instancias de diálogo que se usan en el centro dependiente del SENAF, son referencias de carácter genérico que abarcan a todo el colectivo de menores que, encontrándose alojados en un centro para esa condición, alcanzaran los 18 años.

Así, y habiendo solicitado esta alzada el legajo de disposición tutelar de L., no se advierten motivos que impidan convalidar la medida del juez de menores.

En tal sentido, del informe de cierre (fs. 106/107) surge que en el “1 Período”, relacionado con la vinculación de L. al primer proceso penal por el que recientemente resultara condenado a la pena de tres meses de prisión en suspenso (fs. 770), si bien participaba en las entrevistas pautadas con el equipo interdisciplinario, “no se logró que tuviera impacto concreto en el desarrollo de su vida cotidiana” (ver fs. 107, e informe de fs. 23/24 en cuanto a la falta de realización de actividades organizadas y sistemáticas, como así también la falta de concurrencia a un encuentro con el equipo interdisciplinario).

Respecto del “2º período”, que se vincula con su permanencia en “CRC Rocca” por el inicio de esta causa -y que cesó el 12 de abril del corriente año al cumplir 18 años-, de la conclusión surge que en ese reducido lapso “no se logró establecer con el joven un vínculo que promoviera el logro de los objetivos propuestos”, aunque sí que se iniciara un proceso que le permitiera relacionar la situación de vida que tenía con las consecuencias relativas a su actual detención.

Así, y mas allá de su reciente traslado al “C.R.C. Manuel Belgrano” (fs.87 del legajo tutelar), el nombrado no se encuentra escolarizado en el año en curso, y la actividad terapéutica que realizaba en el “CRC Rocca” se interrumpió, de todos modos, por su traslado al primer centro mencionado acorde a su franja etaria, por lo que no se advierte un perjuicio en este aspecto.

La ausencia de tales pautas hacen que el presente caso difiera de lo que sostuvo esta Sala en la causa nº 12.898/2015 “S. A., J. A.”, del 14 de abril de 2015.

En consecuencia, y teniendo en cuenta también la naturaleza de los hechos que se le atribuyen al menor (fue procesado a fs. 528/538 como coautor de los delitos de robo agravado por el uso de armas en concurso real con tentativa de homicidio agravado por haber sido cometido para consumar el anterior y procurar su impunidad, de conformidad con los arts. 42, 45, 55, 166 inc. 2º y 80 inc. 7 del Código Penal), y que fue recientemente condenado a la pena de tres meses de prisión en suspenso (fs. 770), voto por confirmar la resolución recurrida.

El juez Mauro A. Divito dijo:

En torno de la cuestión planteada he de disentir con la solución que propone el juez Scotto, pues estimo que -en el caso- no es conveniente que la prisión preventiva decretada respecto del joven H. J. K. L. se cumpla en una unidad del Servicio Penitenciario Federal.

Cabe recordar que el imputado, recientemente, cumplió los 18 años y, en consecuencia, ha sido trasladado del Centro de Régimen Cerrado “Manuel Rocca”, en el que se hallaba, al “Manuel Belgrano” (fs. 87 del expediente de disposición tutelar), también dependiente de la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia (SENNAF), donde -según se conoce- podría permanecer hasta los 21 años.

Al respecto, teniendo en cuenta que los hechos que se atribuyen a L.fueron cometidos cuando él contaba con 17 años y que, por ende, su enjuiciamiento penal se rige por las disposiciones de la ley 22.278, interpretada -claro está- bajo las previsiones de la Convención sobre los Derechos del Niño (Constitución Nacional, art. 75, inc. 22), la decisión que aquí corresponde adoptar, vinculada con su alojamiento durante la sustanciación del proceso, ha de tomar en consideración, necesariamente, cuál es el ámbito que mejor contempla su interés superior (CDN, artículo 3.1).

Es menester recordar que, según lo sostuvo la Corte Suprema de Justicia de la Nación en el precedente “Maldonado”, los menores de edad cuentan con los mismos derechos que los adultos y, además, con derechos especiales, derivados de su condición, cuyo reconocimiento constituye un imperativo jurídico (cfr. “Fallos” 328:4343 -considerandos 32º y 33º del voto mayoritario-).

Por otra parte, el punto 19.1 de las Reglas Mínimas de las Naciones Unidas para la Administración de Justicia de Menores (“Reglas de Beijing”) dispone que “El confinamiento de menores en establecimientos penitenciarios se utilizará en todo momento como último recurso y por el más breve plazo posible”, mientras que el punto 29.1 consagra que “Se procurará establecer sistemas intermedios como establecimientos de transición, hogares educativos, centros de capacitación diurnos y otros sistemas pertinentes que puedan facilitar la adecuada reintegración de los menores a la sociedad”.

En ese marco, no advierto razones que, en este caso, avalen lo resuelto por el señor juez de grado, que -como puede verse- supone retirar al joven del ámbito dependiente de la SENNAF, en cuya órbita se encuentra desde que fue detenido el 6 de diciembre del año pasado, y alojarlo en una unidad del Servicio Penitenciario Federal ubicada en la localidad de Marcos Paz, provincia de Buenos Aires -Complejo de Jóvenes Adultos-.

Sobre este punto, si bien la defensa ha formulado ciertas consideraciones de orden genérico en torno de los perjuicios que acarrearía a L.su traslado a una unidad penitenciaria -los que, en rigor, no resultan difíciles de vislumbrar-, destaco que los agravios no se han limitado a ello, pues también la recurrente expuso que los informes de seguimiento del joven eran favorables, que a partir de éstos la Defensoría Pública de Menores e Incapaces había pedido su egreso ante el Tribunal Oral de Menores que venía tramitando el legajo de disposición tutelar (ver fs. 78 de ese expediente) e incluso que existía la posibilidad de que -en ese caso- consiguiera un trabajo, según se extrae de lo que expresó su progenitora a los profesionales del instituto “Rocca” (íd., fs. 76/77), extremos que, en definitiva, permitían apreciar una buena evolución de aquél en el ámbito dependiente de la SENNAF.

Por lo demás, los informes que se fueron glosando al legajo de disposición del joven dejan en claro que su internación allí ha favorecido dicha evolución y el inicio de un proceso orientado a que pueda relacionar la situación de vida que venía desarrollando con las consecuencias que ello ha tenido, habiéndose destacado, en particular, la necesidad de que continúe “accediendo a su espacio terapéutico con el objetivo de profundizar en la problematización de las situaciones de riesgo a las que ha estado expuesto, promover su responsabilización subjetiva y brindar contención psicológica” (ver el “informe de cierre” agregado a fs.106/107 del legajo citado).

Esta última sugerencia profesional permite apreciar, en mi opinión, que la modificación de las condiciones actuales de alojamiento de L., trasladándolo a una unidad penitenciaria, no habría de acarrear ventaja alguna a los fines de lograr una adecuada inserción social de aquél, sino todo lo contrario.

En este punto considero necesario recordar que el máximo tribunal, en el ya citado fallo “Maldonado”, ha señalado que los jueces -en los casos de menores de edad- tienen el deber de fundamentar la necesidad de la privación de libertad desde el punto de vista de la prevención especial, es decir, ponderando los posibles efectos nocivos del encarcelamiento respecto de las posibilidades de readaptación social (cfr. voto de los jueces Petracchi, Highton de Nolasco, Maqueda, Zaffaroni y Lorenzetti, considerandos 21º al 23º); y ha insistido en la necesidad de evitar que la pena privativa de libertad tenga efectos negativos para la reintegración social del condenado (íd., considerando 35º).

Ese mandato, en el caso, adquiere una relevancia mayor, pues si bien L. ha sido procesado por hechos de gravedad, se halla cumpliendo prisión preventiva y, por ende, amparado por el estado de inocencia que el art. 18 de la Constitución Nacional garantiza.

A mayor abundamiento, cabe señalar que esta misma Sala, e n un caso con similitudes al del sub examine, decidió revocar la decisión de trasladar al imputado a una unidad del servicio penitenciario federal, por entender que su derivación al Centro “Manuel Belgrano” se exhibía como un proceso de adaptación necesario previo a dicho eventual traslado (causa nro. 12898/2015, “S. A.”, del 14 de abril de 2015).

En conclusión, siguiendo los lineamientos apuntados, estimo que el traslado recurrido por la defensa del joven en nada habrá de contribuir al objetivo de minimizar el impacto perjudicial del encierro para la eventual reinserción de aquél.

Por lo expuesto, me inclino por revocar la resolución apelada, en cuanto fue materia de recurso.Así voto.

El juez Juan Esteban Cicciaro dijo:

Habiendo escuchado la grabación de la audiencia oral, participado de la deliberación y sin preguntas para formular, comparto sustancialmente los argumentos formulados por el juez Scotto, pues se ajustan a las particularidades del caso.

Por ello, esta Sala del Tribunal RESUELVE:

CONFIRMAR el auto extendido a fs. 747, en cuanto fuera materia de recurso.

Notifíquese, devuélvase y sirva lo proveído de respetuosa nota de envío.

El juez Jorge Luis Rimondi integra el Tribunal por disposición del Acuerdo General del pasado 16 de diciembre último, pero no intervino en la audiencia oral por hallarse en uso de licencia mientras que el juez Juan Esteban Cicciaro interviene con motivo de lo dispuesto en el artículo 36, inciso “b” del Reglamento para la Jurisdicción en lo Criminal y Correccional de la Capital Federal.

Mariano A. Scotto

Mauro A. Divito

Juan Esteban Cicciaro (en disidencia)

Ante mí:

Marcelo A. Sánchez